El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en su recurso contra la compañía Cepsa, propietaria de la antigua Refinería, a la que ha obligado a pagar 406.500 euros por el servicio de recogida de basura durante el año 2014.

En primera instancia un juzgado estimó el recurso de Cepsa, que actualmente se denomina Moeve, y consideró que no estaba obligada a pagar la tasa dado que en ese ejercicio los alrededores de las instalaciones carecían de contenedores de basura, por lo que el servicio lo tenía que prestar la propia empresa.

El fallo se basaba en actas notariales en las que se acreditaba que el servicio nunca se prestó de forma “real y efectiva”, pero el Ayuntamiento mantuvo que las actas se correspondían a ejercicios posteriores y a momentos puntuales.

La corporación local sostuvo que en las cercanías de este recinto desde 2007 sí existían contenedores e incluso uno estaba situado en el interior de la refinería, que eran utilizados cada día tal y como confirman informes técnicos de 2023 y actas notariales emitidas desde 2018 a 2023.

Los documentos de Cepsa iban en sentido contrario y demostrarían que se vio obligada a asumir este servicio, que el Ayuntamiento incumplió su compromiso de 2013 de instalar 6 recipientes y que los informes municipales se refieren al periodo 2019 a 2021, por lo que no serían considerados “relevantes”.

El TSJC sentencia que lo decisivo en esta cuestión es determinar que el servicio estaba establecido en la zona de influencia de las instalaciones, al margen de que la industria se aprovechara o no del mismo, y cree errónea la conclusión que va en sentido contrario de la sentencia inicial.

Inicialmente se dio la razón a las actas notariales aportadas por Cepsa, en las que se indica que ningún contenedor se encuentra en el perímetro de la Refinería pero sí en la puerta donde se realizaba el vertido.

Sin embargo, el Ayuntamiento presentó un documento en el que se refleja que a la entidad le fue revocada la autorización de autotraslado de residuos en 2012, sin que luego se volviera a conceder y alude a la colocación de contenedores según propuesta de la empresa en 2007.

En concreto, se considera que el punto más adecuado era la puerta donde irían 6 contenedores de 3.200 litros cada uno, lo que determinó el informe del Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM) que obliga a pagar esta tasa, aunque ahora es posible recurrir ante el Tribunal Supremo (TS).

25 años antes de que la Xunta hiciese suya la idea de convertir a la macrocelulosa de Altri en un “elemento arquitectónico atractivo” —un “Guggenheim”, como ironiza el BNG— y a su chimenea de 75 metros de altura en un “icono”, A Coruña ya hizo bandera de esta filosofía. El entonces alcalde socialista Francisco Vázquez presentó a bombo y platillo un proyecto del arquitecto César Portela para transformar a la refinería de Repsol en “la mayor escultura de la ciudad”. Portela embarcó en esa aventura al artista Agustín Ibarrola, quien tendría que transfigurar el conjunto de chimeneas y antorchas del complejo en un nuevo bosque pintado, inspirado en el que él mismo había creado en el valle vizcaíno de Oma, pero con árboles metálicos de más de 100 metros de altura. Al contrario que ahora, aquella propuesta no provocó ninguna tormenta. Seguramente, porque en A Coruña llevaban más de tres décadas conviviendo con la instalación mientras que el proyecto de Palas de Rei ha encontrado antes de nacer la mayor contestación social en Galicia desde la catástrofe del Prestige.

La transformación de la refinería era el mascarón de proa del proyecto con el que Portela ganó el concurso de ideas para diseñar el Parque Atlántico, el que estaba llamado a ser el pulmón de A Coruña: tres millones de metros cuadrados de zona verde, desde el Monte de San Pedro hasta Bens, la ladera que servía como vertedero a la ciudad hasta que, en 1996, 200.000 toneladas de basura y tierra cayeron sobre la zona de O Portiño y sepultaron a un hombre de 58 años que estaba lavando su coche. Su cuerpo nunca apareció.

Muchas de las ideas de aquel ambicioso diseño de Portela no pasaron del papel, como el jardín japonés o los tres museos científicos dedicados a las mariposas, los pájaros y las plantas. Otras, como el ascensor panorámico y el restaurante en el Monte de San Pedro sí llegaron a hacerse realidad. La intervención en el complejo industrial fue de las del primer grupo.

“Aquello quedó en nada”, rememora hoy Portela a través del teléfono. El arquitecto confirma la sensación de que la idea, simplemente, se dejó morir. “Agustín (Ibarrola) tenía otros encargos —como el jardín de O Rexo, en Allariz (Ourense), en el que ambos colaboraron—, el Ayuntamiento tampoco tiró para adelante...”. Un concejal de aquel gobierno local, tras hacer memoria, recuerda que los condicionantes técnicos y de seguridad eran demasiados para que la nave llegase a buen puerto.

Repsol no confirma este extremo, pero las crónicas de la época ya recogían los numerosos requisitos que apuntaba la empresa. “Si técnicamente es posible, nosotros no pondremos ningún impedimento”, citaba entonces La Voz de Galicia entre los mareantes números de la planta: el “lienzo” de Ibarrola alcanzaba el millón y medio de metros cuadrados, de los que 700.000 correspondían a los depósitos, las siete chimeneas y las dos antorchas; las más altas, de 140 y 120 metros de altura.

Frente a tanta cautela, Portela lo veía “facilísimo”: Ibarrola pintaría siguiendo un catálogo de colores, lo que facilitaría el mantenimiento si era necesaria una restauración. La refinería ya advirtió que tendrían que usar una pintura especial, una mezcla concebida para que resistiese las condiciones de temperatura extrema de la instalación. El arquitecto proponía trabajar por tramos, aprovechando el repintado que hacía la propia petrolera en períodos de seis años... pero todas esas intenciones murieron en un cajón.

As Pontes: símbolo, pero después del cierre

La frustrada transformación de la refinería en un objeto artístico no era algo que surgiese de Repsol. El caso de Altri, sin embargo, es todo lo contrario: fue la pastera portuguesa la que pagó el informe de Jordi Tresserras, antiguo presidente de ICOMOS-España —la entidad que asesora a la UNESCO sobre patrimonio—, en el que se apuesta por esa iconicidad, tanto de la chimenea como de todo el conjunto. Esa fue la postura que después la Xunta hizo suya en el expediente de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que informó favorablemente del proyecto de macrocelulosa.

“Cuando se plantea un complejo industrial, conseguir la mayor integración en el paisaje, si va a haber una chimenea, es lógico”. El presidente de la Xunta asumía también esta filosofía y aprovechaba para disparar contra el BNG: “A mí me hace mucha gracia que los mismos que cirtican esta intervención están pidiendo que se declare Bien de Interés Cultural (BIC) una chimenea que es cuatro o cinco veces más alta. Un ejemplo más de las incoherencias que estamos viendo en este asunto”.

En su comparecencia tras el Consello de la Xunta del lunes, Alfonso Rueda se refería a la chimenea de la central térmica de As Pontes (A Coruña), que ha iniciado por segunda vez su tramitación como BIC, una iniciativa hoy respaldada por PP y PSOE pero que partió de las filas nacionalistas. Según la Consellería de Cultura, la chimenea, de 356 metros de altura —la más alta de Europa cuando se construyó, en 1974— “dejó de ser simplemente un elemento industrial para convertirse en símbolo de la identidad local”. El Bloque ha intentado, de momento sin éxito, que esa declaración se amplíe a otras instalaciones de la antigua térmica, esas que le dan el sobrenombre de la Springfield gallega, por su parecido con la central nuclear donde trabaja Homer Simpson.

La diferencia entre una y otra propuesta es que, mientras la chimenea de Altri —si llega a entrar en funcionamiento—, emitirá “azufre, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y material particulado”, tal y como recuerda Greenpeace, la de As Pontes ya se ha apagado para siempre. La casualidad quiso que Rueda criticase la postura del BNG apenas unos minutos después de sacar pecho por la reducción de emisiones de Galicia en 2023: un 38,3%, “a un ritmo cinco veces mayor que el conjunto de España”. La causa fue, precisamente, el cierre ese año de la central térmica. En 2024, el primero completo sin que Endesa quemase allí carbón, los gases de efecto invernadero se quedaron en mínimos que no se veían en más de 50 años.

Ence toma apuntes

Quien pareció tomar buena nota del intento coruñés fue Ence. Por aquella época, presidía el grupo pastero un buen amigo de Francisco Vázquez: José Luis Méndez. El director general de Caixa Galicia era uno de los hombres más poderosos de Galicia y lo fue hasta 2010 cuando, tras forzar la fusión con Caixanova —operación impulsada y apadrinada por la Xunta de Feijóo—, el Banco de España lo apartó de su cargo por la mala gestión que llevó a la entidad a la quiebra técnica. El rescate de Novacaixagalicia, la caja resultante, costó al erario público más de 9.000 millones de euros.

Pero, entonces, todo eso quedaba aún muy lejos. Hablamos de los tiempos en los que Méndez, ante la contestación social, presumía de que era más barato comprar voluntades para cambiar la opinión pública que trasladar la factoría de Pontevedra. La prórroga decretada por el gobierno Rajoy en funciones, avalada por el Supremo y criticada por Bruselas, garantiza su permanencia en Lourizán al menos hasta 2073, pero no todas las voluntades tenían precio: este 1 de junio, los opositores a las dos celulosas —la que existe y la que se proyecta— sumarán fuerzas en la ciudad del Lérez bajo el lema Nin Ence na ría nin Altri na Ulloa.

Méndez, el hombre que había querido ser pintor, lanzó a los estudiantes de la Facultade de Belas Artes de Pontevedra el “reto” de convertir la fábrica de la ciudad en “el primer monumento industrial gallego”. En este caso, las chimeneas no se tocaban. El objetivo era utilizar como soporte artístico la caldera de recuperación, de 4.000 metros cuadrados de base y 55 metros de altura. An(h)ellus, una intervención artística que cubría la fachada de anillos de luz, imitando a los que indican la edad del árbol en su tronco cortado, fue la ganadora.

Es fácil localizar ecos de todas estas experiencias en el informe que Jordi Tresserras redactó para Altri, envuelto en el supuesto marco de independencia que le concedía su pasado en ICOMOS, pese a que la entidad no dudó en desvincularse de sus llamativas conclusiones. En su propuesta para la chimenea, además de “incorporar” esos “elementos decorativos o artísticos” que la conviertan en un “icono”, o pintarla con verdes, marrones o grises, “tonos que se mimeticen con el entorno”, propone trabajar “formas de expresión y conceptuales”, precisamente, con “con escuelas de bellas artes y arquitectura del territorio”.

Pese a la existencia de puntos en común, para César Portela, su propuesta para la refinería y la de Tresserras para Altri no se pueden comparar: “Son cosas muy diferentes. Lo de A Coruña [la factoría de Repsol], estaba hecho; aquí aún hay que discutir si [la macrocelulosa] se hace o no se hace”.

La planta de Lubricantes del Complejo Industrial de Repsol en Puertollano (Ciudad Real) ha registrado a las 17.10 horas de este jueves un conato de incendio en el que no ha habido que lamentar daños personales.

Según ha informado la compañía, inmediatamente se ha puesto en marcha el Plan de Emergencia Interior. “Todos los equipos y sistemas de seguridad han funcionado correctamente y el conato ha sido controlado y extinguido con medios propios, declarándose el fin de la emergencia parcial a las 18.00 horas”, ha aclarado.

La compañía ha comunicado inmediatamente los hechos a las autoridades. Repsol ha abierto una investigación para aclarar las causas de este incidente, concluye.

El 14 de agosto de 2003 una explosión en el Complejo Industrial de Repsol Puertollano sobrecogió a la población minera. A las 8.15 horas de ese día el Servicio de Emergencias 112 recibió la primera llamada de una persona que alertaba de una explosión en la refinería.

El efecto del estallido de un tanque se propagó a otros cercanos provocando un incendio de grandes dimensiones. Costó la vida a nueve trabajadores y otras 17 personas resultaron heridas de diversa consideración. 

La nube tóxica preocupó durante días. Sobre todo, tras el colapso de los últimos tanques de combustible y la gran bola de fuego sobre el Complejo, según recogen las crónicas de la época. Las alarmas activadas dentro del Plan de Emergencia Interior del complejo - primero la general y luego la parcial- se prolongarían hasta el 22 de agosto. 

Jesús Camacho estaba en casa ese día. “Escuché el estruendo, recibí la llamada de un compañero y salimos corriendo hacia la empresa”. Era trabajador de Repsol y secretario provincial de CCOO en Ciudad Real. 

Los trabajadores de las contratas de mantenimiento y albañilería se estaban incorporando a aquella hora a su puesto de trabajo. En aquella época Repsol realizaba obras de ampliación de las instalaciones. “La explosión les pilló en las furgonetas”, cuenta Camacho, que hoy está jubilado y relata cómo se produjo una auténtica “estampida” de los empleados en el complejo petroquímico.

Fue dice, una reacción “lógica” porque quienes trabajaban en la planta “sabían que se podía ir todo al garete. Querían ponerse a salvo porque había todo un parque tanques y a su lado esferas con butano y propano que podían originar una onda expansiva. Afortunadamente tenían un sistema contra incendios”. 

El incendio duró cuatro días. En las tareas para controlar y apagar el fuego trabajaron más de 800 personas. “Llegaron incluso a venir los bomberos del aeropuerto de Madrid”. El Ayuntamiento de Puertollano decretó seis días de luto. Hoy la televisión pública de Castilla-La Mancha, CMMedia, recordaba aquellos días y las imágenes del terrible incendio.

Tras el accidente se inició una investigación interna y otra externa. En las conclusiones de la investigación interna la compañía atribuyó el accidente a “un error humano”. El documento decía que se produjo por “acumulación indebida” de gases en días precedentes, lo que terminó provocando la explosión. Se apuntaba que no se hizo caso de los “avisos y alarmas” y que “no se atendieron ni adoptaron las decisiones operativas para corregir la acumulación de gases, si bien los sistemas para detectar el problema funcionaron correctamente”. 

Los sindicatos rechazaron esta versión y no llegaron a firmar el acta de la investigación interna. “Hubo mucha tensión porque había cuestiones divergentes en las conclusiones finales”, explica Jesús Camacho.

Los representantes de los trabajadores incidieron en “aspectos técnicos” como el diseño de este complejo, “idéntico” a los de A Coruña o Tarragona. “Se podía haber evitado la licuación de gases en una instalación de primera magnitud y tan informatizada”, asegura.

“Algo anormal que no debería haber ocurrido”

En octubre de 2003, Jesús Camacho incidiría en las causas del accidente en un artículo publicado en la revista de Salud Laboral de ISTAS-CCOO. En su opinión, la salida de gases de un tanque de techo flotante, diseñado y preparado para contener combustible fue “algo anormal que no tenía que haber ocurrido” y añadía que “tampoco se debería haber mantenido en marcha la unidad de producción de cabecera de forma desestabilizada sin que ningún máximo responsable del departamento de Producción o de la propia Dirección del centro ordenara la parada inmediata”, aseguraba este sindicalista y trabajador en la planta durante toda su vida laboral, al recordar que semanas antes del siniestro se habían detectado fallos en la cadena productiva.

Dice que fue “sorprendente que no se hubieran tomado decisiones para separar adecuadamente los hidrocarburos ligeros de la gasolina, evitando así su llegada a un tanque atmosférico”. Y es que en un recipiente de esas características no se puede acumular una masa de gas a presión “que eleva su techo, lo bascula y libera butano y otros gases explosivos que, cuando encuentran un punto caliente, originan una deflagración”.

Es justo lo que ocurrió y dos décadas después recuerda cómo “se empezaba entonces a sustituir en las grandes empresas buena parte de la mano de obra por contratas externas”. Lamenta que no se escucharan las propuestas sindicales por introducir normas de prevención de riesgos laborales “modernas” que también llegasen a los trabajadores subcontratados por Repsol-YPF porque “se dispersaban las responsabilidades y obligaciones de las empresas”.  

El caso fue archivado judicialmente en la vía penal en abril de 2005. Pese a que la familia de uno de los fallecidos, Juan de Dios García Piña, logró en octubre de ese mismo año reabrir el caso ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real, terminó diluyéndose en los tribunales, más allá de las indemnizaciones a las víctimas por valor de unos 2,6 millones de euros.

Dio lugar lugar probablemente a uno de mayores los conflictos que hubo en la planta de Puertollano. Llevábamos tiempo intentando sacar adelante una negociación sobre las subcontratas y el accidente lo aceleró

Juan Antonio Mata — Secretario general de CCOO Castilla-La Mancha en 2003

Juan Antonio Mata era secretario regional de CCOO en el año 2003. “Me enteré del accidente por una periodista de RNE que me llamó cuando estaba en el coche con mi mujer y mis hijas”. Salía de vacaciones hacia su Málaga natal. 

Estuvo en Puertollano durante más de tres días. “Fue terrible, el ambiente era desolador. Yo llegué a las cinco y media de la tarde del día 14. Estábamos todos asustados por el riesgo para la población”. 

Después, la preocupación pasó no solo por investigar las causas o depurar responsabilidades sino por “establecer medidas de seguridad pactadas de cara al futuro”. Ese otoño tocaba negociar las condiciones laborales de los trabajadores del medio centenar de contratas de Repsol YPF de Puertollano. El ambiente era muy tenso tras lo ocurrido.

El 18 de agosto de 2003, durante una manifestación convocada por UGT y CCOO, los entonces secretarios generales de ambos sindicatos, Cándido Méndez y José María Fidalgo, respectivamente, fueron abucheados en la ciudad minera. En septiembre los trabajadores del más de medio centenar de empresas subcontratadas por Repsol-YPF se sumaron a una huelga convocada por ambos sindicatos. En octubre la empresa tuvo que parar la planta que entonces presidía Alfonso Cortina.

Hasta el PSOE anunció que promovería en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para regular la subcontratación, limitar la temporalidad y evitar la siniestralidad laboral.

“Había mucha presión desde CEOE porque esa negociación lo que iba a suponer era un coste mayor para la empresa principal, en cuanto a los pluses de trabajo que iban a tener las empresas del metal o de otras actividades auxiliares en los complejos petroquímicos. Se iba a poner bajo el foco el hecho de que se estuvieran externalizando tareas para abaratar costes”, recuerda Jesús Camacho. 

“Todo eso dio lugar probablemente a uno de mayores los conflictos que hubo en la planta de Puertollano en el mes de octubre. Llevábamos tiempo intentando sacar adelante esa negociación. En la región se están dando pasos para avanzar en la prevención laboral, especialmente en zonas con más riesgos como las industriales y el accidente no solo lo aceleró sino que lo reforzó”, añade Juan Antonio Mata.

Ambos sindicalistas coinciden en definir el momento como “durísimo”, aunque el acuerdo llegó a mediados de octubre. “Hoy cualquier trabajador que entra al complejo ha de pasar por cursos de seguridad preceptivo para firmar un contrato”. Jesús Camacho apunta también que aquel accidente “obligó” a cambiar el Plan de Emergencia Exterior del complejo petroquímico, el que dependía de las administraciones públicas, porque quedó claro que “estaba en mantillas”. 

Un homenaje simbólico sostenido en las dos últimas décadas

En 2004 el Ayuntamiento de Puertollano descubrió en el paseo de San Gregorio, frente a la emblemática Casa de Baños, una placa conmemorativa, con el lema ‘Los ciudadanos de Puertollano en memoria de los que han dado su vida trabajando’.

Cada 14 de agosto se depositan nueve rosas en el lugar. Una por cada víctima de aquella tragedia. 

José Manuel es el actual secretario provincial de CCOO Ciudad Real y explica que el objetivo del gesto simbólico es que aquello no se olvide. A él, el siniestro le pilló en su domicilio de Almodóvar del Campo, a apenas ocho kilómetros de la planta de hidrocarburos. “Lo recuerdo muy bien. Esperaba mi primer hijo. Se veía la columna de humo y lo viví como el resto de población de Puertollano y alrededores. El pánico fue generalizado por las dimensiones del incendio”. 

Hoy recordaba en un acto que siempre ha querido ser “sencillo e íntimo” que “las familias de los fallecidos siguen sufriendo su ausencia. Les mandamos nuestro aliento”. 

Se mostraba tajante al recordar que aquella desgracia sirvió para “concienciar a los mandos de la importancia que tiene la salud para los trabajadores y trabajadoras y que está por encima de cualquier resultado productivo y económico. Eso fue un avance”. 

En su opinión, fue “un antes y un después en la prevención de accidentes laborales de las contratas y subcontratas que entran al complejo”. De hecho, cree que los avances en la coordinación para los temas de salud y seguridad laboral se han terminado trasladando a otras empresas.

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Entre agosto de 2012 y agosto de 2022 se han registrado “19 incidencias relacionadas con vertidos procedentes de las instalaciones de Petronor” en localidad vizcaína de Muskiz, según datos facilitados al Parlamento Vasco por la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, en respuesta a preguntas de Elkarrekin Podemos-IU. Precisa el Gobierno que han sido “15 vertidos en la zona de atraque del puerto”, en concreto en la terminal marítima de la compañía en Punta Lucero, y tres casos más “a la ría del Barbadún”. Traducido en sanciones, el monto total de las multas por estos hechos es apenas 5.200 euros.

Precisa Tapia que recientemente “la Agencia Vasca del Agua (URA) ha iniciado de oficio un expediente de investigación para poder determinar las causas y obtener toda la información necesaria para valorar el impacto del vertido en el medio receptor” a raíz de un “arrastre de gasóleo” al Barbadún a finales de agosto. Se trata de “poder determinar las causas y obtener toda la información necesaria para valorar el impacto del vertido en el medio receptor”, explica el Ejecutivo, que indica que solamente después de la investigación se determinará “si procede” incoar un expediente sancionador. También el propio Departamento, a través de la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular, ha abierto otro expediente para analizar estos mismos hechos.

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, justificaba la pregunta por que “no parece que se estén tomando las medidas de precaución suficientes por parte de Petronor” en vista de la sucesión de problemas. Añade Gorrotxategi que “las leves multas” no han implicado “un cambio de su política de inversiones para prevenir accidentes y futuros vertidos”. A este respecto, señala el Gobierno que de los 19 vertidos registrados en una década solamente dos han concluido con la incoación de procedimientos sancionadores.

Se trata de episodios que, además, son muy cercanos en el tiempo, de 2021 y 2022. En concreto, se detalla que un vertido del 13 de febrero de 2021 “culminó con la imposición a Petronor de una multa de 1.900,80 euros” más “la obligación de indemnizar los daños y perjuicios, cuestión que alcanzó un importe de 633,60 euro”). En el caso del vertido del 16 de enero de 2022 la multa fue de “2.200 euros” -de un máximo de 30.000 euros- con daños y perjuicios valorados en 531 euros. Sin embargo, en otro punto del informe Tapia indica que Petronor ha abonado “2.460 euros en concepto de multa y 1.164,60 euros en concepto de daños”. Según estos datos y a falta de mayores precisiones, la filial de Repsol ha pagado 3.625,08 euros de los 5.265,4 euros que le corresponderían. Eso sí, consta que “en el año 2015 se tramitó un expediente sancionador a la empresa en relación con un incumplimiento de la autorización ambiental integrada y que, como consecuencia de dicho procedimiento, Petronor abonó una multa por importe de 20.001 euros”.

¿Cuál es la motivación de esas multas más recientes? El caso del 13 de febrero de 2021 se originó por un “defecto interno en la unión brida-tubería [de un oleoducto], acelerado por corrosión exterior por falta de pintura”. La limpieza del medio acuático duró hasta el 22 de ese mes. En cuanto al vertido del 16 de enero de 2022, Petronor admitió en un documento enviado a la Agencia Vasca del Agua (URA) que fueron 30 litros de hidrocarburos los que salieron de sus instalaciones al medio natural y que la sustancia expulsada fue gasóleo C. La compañía insiste en que no hubo afección ni a los peces ni a la flora.

Promete el Gobierno que el área de Medio Ambiente “viene exigiendo a la empresa mejoras en la prevención y el tratamiento de los sistemas de depuración de los efluentes generados en las distintas unidades de la instalación”. Así, afirma que “en los últimos años el sistema de depuración de aguas se ha renovado en la medida en que se establecían nuevos valores límite de emisión más restrictivos”. Entre las medidas que ello ha conllevado se citan una “nueva unidad de ‘stripping’ de aguas”, “mejora del pretratamiento”, “separadores de hidrocarburos” o “almacenamiento para alivio de tormentas”. En cada expediente –recalca el Ejecutivo- “se ha requerido la implantación de medidas preventivas”. Particularmente, URA ha exigido algunas obras tras las sanciones por los vertidos de 2021 y 2022 y se ha recomendado la “impartición de charlas de concienciación medioambiental”.

Petronor ha procedido este miércoles a registrar el Expediente de Regulación de Empleo (ERTE), que empezará a aplicarse a 354 personas de su plantilla desde el próximo lunes, 3 de mayo, con una duración de ocho meses, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la compañía.

Precisamente, para mostrar su rechazo a esta medida, el comité de empresa de Petronor ha decidido continuar con las movilizaciones, entre ellas, manifestaciones y paros. Este jueves mostrarán su apoyo a Tubacex en la manifestación de Bilbao prevista a partir de las once y media de la mañana y este próximo viernes llevarán a cabo una caravana de coches con megafonía entre Muskiz y Gallarta.

El expediente, que implica a un tercio de la plantilla de la refinería, “será una afectación variable, en la medida en que se van a aprovechar todas las oportunidades que ofrezca el mercado, aunque sean puntuales, para reducir la citada afectación”, han indicado desde Petronor.

Según Petronor, es una medida “socialmente responsable” dirigida a garantizar “la reconversión eficiente de la empresa en el horizonte del 2025”. La refinería ha recordado que en 2020 el consumo de combustibles en España ha caído “de forma significativa”, lo que ha supuesto que la refinería haya visto reducida su destilación de crudo en prácticamente un 40%. Sin embargo, Petronor cree que esta situación es “coyuntural”, y, por lo tanto, “se debe afrontar adecuadamente, al mismo tiempo que trabaja para crear un futuro en la industria energética descarbonizada”.

La refinería ha añadido que, a esta situación coyuntural, “ya larga en el tiempo”, se le suma “de manera relevante y de modo estructural la incertidumbre generada por la transición energética, que va a exigir importantes proyectos e inversiones en los próximos años, a fin de alcanzar sus objetivos de descarbonización materializados en emisiones netas 0 y hacer posible así su supervivencia”.

El candidato de Coalición Canaria a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha prometido este viernes una nueva rambla, cinco parques “como el García Sanabria” y zonas de ocio ciudadano en los terrenos donde actualmente se encuentra la refinería. 

En una rueda de prensa en el Palmetum para presentar sus propuestas para una Santa Cruz Verde y Azul, Bermúdez ha apuntado que dentro del plan Santa Cruz Verde 2030 se prevé un gran sistema de espacios verdes, dotaciones y equipamientos, así como la habilitación de suelo de uso residencial y turístico con el objetivo de generar valores sostenibles, la dinamización económica y la creación de empleo.

José Manuel Bermúdez ha comparado la expansión a esos terrenos de la refinería con la que se produjo en Cabo Llanos y ha avanzado que CEPSA, dueña de los terrenos, ya está trabajando en la descontaminación del suelo y que el Ayuntamiento ya ha pedido el desmantelamiento de la zona. 

“Todo mejor que en los 525 años de historia de Santa Cruz”, ha dicho Bermúdez, que ha agregado que en los terrenos de la refinería “habrá edificios autosuficientes” y que está orgulloso de haber firmado con CEPSA la construcción “de una nueva ciudad”. 

Entre otras medidas que propuso el candidato se encuentra el impulso de la estrategia de reciclado, eliminación del uso de plástico de un solo uso en el Ayuntamiento, fomento del transporte público con renovación de la flota, conseguir vertidos cero, para lo que ha reclamado al Gobierno de España que empiecen las obras. 

Bermúdez ha abogado por convertir el tramo litoral que va desde el Palmetum a Paso Alto en una avenida “100 por cien sostenible” alimentado exclusivamente con energías renovables y cuyos jardines y plantas se rieguen solo con agua depurada. 

Para ese fin, José Manuel Bermúdez ha aseverado que se implantará una planta de placas fotovoltaicas en el aparcamiento del Parque Marítimo que a la vez que dará sombra a los coches. 

Además, ha añadido que si sale elegido potenciará en el próximo mandato la eficiencia energética en el alumbrado público y anunció una ampliación en la red de recarga para vehículos eléctricos con medio centenar de nuevos puntos en la vía público. Además, Bermúdez ha prometido asimismo la apertura de un carril bici entre el Palmetum y San Andrés. 

En cuanto a las zonas de baño y la zona litoral, el candidato de CC ha dicho que pronto se ejecutará una nueva fase de la nueva playa de Valleseco, que prevé una rehabilitación de Las Teresitas y que culminará en llamado “enlace puerto-ciudad” que permita la apertura a la ciudadanía del espacio portuario frente a la avenida Anaga.

En este sentido, Bermúdez ha dicho que queda que el puerto haga su trabajo y ha afirmado que serán “muy” exigentes, con ciudades como Barcelona, Alicante o la ría de Bilbao como referentes. 

También ha anunciado un incremento en la superficie verde 150.000 metros cuadrados de superficie verde con acciones como la rehabilitación y construcción de parques en los cinco distritos. 

El Comité de Enlace Cepsa-Santa Cruz ha celebrado su primer encuentro del año, en el que la compañía ha presentado su balance de 2018 y ha dado a conocer las novedades y los principales proyectos abordados en el primer trimestre de 2019, incluidas las actuaciones de la Fundación Cepsa.

Cuando se cumplen cuatro años desde su creación, ese comité, enmarcado en la política de transparencia informativa de Cepsa, sigue siendo uno de los puntos de encuentro que permite a la empresa escuchar y dar respuesta a las inquietudes de la sociedad chicharrera.

Durante el encuentro, el director de Cepsa en Canarias, José Manuel Fernández-Sabugo, hizo un balance de la actividad global, tanto operativa como comercial, de la compañía en 2018, año en el que las inversiones superaron los 2.200 millones de euros, además de obtener unos satisfactorios resultados económicos.

Entre otros aspectos relativos a las islas, el director destacó la celebración del Día del Proveedor de Cepsa en Canarias; la participación del área de Bunker en el encuentro internacional del sector naval Mid Atlantic Ship Repair & Supply Summit, celebrado el pasado mes en Gran Canaria; el empleo de betunes Cepsa en el asfaltado en curso del aeropuerto Tenerife Norte; la positiva acogida de los consumidores canarios a la botella de butano de Cepsa, y las acciones desarrolladas recientemente en apoyo a la campaña #Yosoytenerife en las 29 estaciones de servicio de la compañía en la isla.

Fernández-Sabugo recordó, asimismo, que la energética estará preparada para afrontar la IMO 2020 meses antes de su entrada en vigor el próximo 1 de enero; una nueva normativa internacional que obligará a los barcos a consumir combustibles con el 0,5% máximo de contenido de azufre, lo que redundará en beneficio del medio ambiente. Para ello se han realizado importantes investigaciones e inversiones, y ya se han superando con éxito las primeras pruebas.

Un total de 33 colegios e institutos de Tenerife participantes en la tercera edición del Campus de la Energía de la Fundación Cepsa visitarán las instalaciones de Cepsa en Santa Cruz de Tenerife tras haber trabajado en el aula los módulos educativos digitales que comprende este programa.

A partir de la semana que viene y durante los próximos dos meses, Cepsa recibirá en horario de mañana visitas de los centros educativos inscritos en la iniciativa, dirigida a los alumnos de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de FP.

A través de este programa, al que han sido invitados a participar todos los institutos de Educación Secundaria y los centros que imparten ciclos formativos de Tenerife, los alumnos refuerzan sus conocimientos en materia de energía a través de una plataforma web ideada por la Fundación Cepsa, lo que potencia al mismo tiempo el uso de las nuevas tecnologías en el aula.

El aprendizaje se completa con una jornada en las instalaciones de la Refinería Tenerife, que permite a los estudiantes afianzar los conocimientos adquiridos en el aula mediante una charla formativa, una actividad práctica y una visita guiada.

Además, los alumnos que lo deseen tendrán la oportunidad de presentar a concurso un trabajo de temática y formato libre, de manera individual o en grupos de hasta cinco integrantes. Los premios consistirán en material tecnológico de última generación.

Los contenidos del Campus de la Energía se basan en temas tan variados como el origen de la luz, las fuentes de energía, inventos e inventores, el tratamiento y la transformación del crudo, la producción de las plantas químicas, y la visión de Cepsa como una compañía energética global y su compromiso con el entorno, entre otros asuntos.

La consejera de Patrimonio Histórico en el Cabildo de Tenerife, Josefa Mesa (PSOE), ha asegurado a Tenerife Ahora que esta administración publica estudiará la iniciativa anunciada por la Asociación de Amigos del Espacio Cultural El Tanque de solicitar que se declaren como Bien de Interés Cultural (BIC) cinco instalaciones de la refinería de Santa Cruz, con el fin de salvarlas de la futura expansión de la ciudad, el llamado plan Santa Cruz Verde 2030.

Mesa asegura que no le ha llegado todavía ninguna propuesta formal en ese sentido, por lo que solo conoce lo que se ha publicado esta semana en la prensa, pero señala que, cuando eso ocurra, “se estudiará, y seguirá el procedimiento normal previsto para cualquier solicitud” de catalogar instalaciones que puedan ser patrimonio industrial.

En opinión de la citada asociación, en el ya programado desmantelamiento de esta industria de refino deben ser indultados la gran chimenea, otro conjunto de tres chimeneas, el conjunto de tres esferas, el depósito de agua y la casa de piedra, ya que “forman parte de la historia y el skyline de la capital tinerfeña”.

En octubre pasado, el alcalde José Manuel Bermúdez (CC) ya admitió en una entrevista con Tenerife Ahora que, “sin duda, hay elementos en la refinería que son claramente protegibles, y me consta que Cepsa lo ve muy claro”.

El regidor municipal incluso enumeró que “como mínimo” hay “dos edificios” que podrían preservarse por su valor como patrimonio histórico industrial, “pero puede que haya alguno más”. Eso sí, Bermúdez puso una condición: “Todo dentro de un orden, pues podemos empezar a proteger tanques en todos lados”.

El Cabildo es la administración que debe instruir el expediente para la protección de inmuebles cuando la categoría propuesta sea la máxima, BIC, que luego debe ser aprobada por el Gobierno canario. Pero también el Ayuntamiento puede decidir directamente la preservación de elementos de esta industria, dándoles una categoría de protección inferior, e incluyéndolos en el catálogo de protección que acompaña al Plan General de Ordenación. Precisamente ambos van a ser objeto de revisión a partir de ahora.

Controversia a la vista, como con El Tanque

Amigos de El Tanque es una asociación abanderada por Dulce Xerach Pérez, exviceconsejera de Cultura del Gobierno canario y principal impulsora en su día de que se declarara BIC un antiguo depósito de combustible de Cepsa luego convertido en espacio cultural en Cabo Llanos, cuando esta industria se replegó y liberó suelo de uso residencial.

Precisamente sobre este inmueble, cuyo entorno está descuidado, se reavivó este otoño la polémica, porque el PP se adhirió a una iniciativa vecinal para pedir su desmantelamiento, aunque luego terció el alcalde, que negó tal posibilidad pero coincidió con sus socios populares en que se debe construir la plaza jardín prometida por el Gobierno canario y dar más contenido cultural a ese antiguo espacio industrial. El Ejecutivo regional anunció posteriormente que tiene avanzado ese proyecto y que lo desarrollará en breve.

La asociación cultural Amigos del Espacio Cultural El Tanque va a solicitar a la Comisión Insular de Patrimonio y al Cabildo de Tenerife la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para cinco instalaciones de la refinería de Santa Cruz de Tenerife con el fin de salvarlos de la futura expansión de la ciudad según el plan Santa Cruz Verde 2030.

En opinión de esta organización, deben ser indultados la gran chimenea, el conjunto de tres chimeneas, el conjunto de tres esferas, el depósito de agua y la casa de piedra, ya que “forman parte de la historia y el skyline” de la capital tinerfeña.

El colectivo apela a tener una “visión imaginativa del futuro” y a no pensar en la refinería únicamente como elemento contaminante, e incide en “transformar toda esa estética de ingeniería en algo realmente único, que, intercalado en un urbanismo moderno y audaz, permita a esa nueva parte de la ciudad tener un carácter propio, recuperar el poder del paisaje de la isla en áreas que fueron industrializadas rápidamente y no siempre con sensibilidad, huyendo del anonimato de tantas ciudades, a través de las huellas de la historia, que no deben borrarse”.

En esta línea, entienden que “las esferas, las chimeneas, el depósito de agua, la casa de piedra casi primigenia, junto a los ya protegidos almacén y tanque, serán suficientes para poder leer, con el paso de los años la historia de la ciudad, que la ciudad también fue industrial”.

La asociación entiende que los cinco edificios tienen valor histórico-industrial; artístico-arquitectónico; tecnológico; testimonial; singularidad y representatividad tipológica; autenticidad; integridad y estado de conservación, y también por la posibilidad de su conservación integral, su situación jurídica como bien de propiedad pública y por su rentabilidad social.

Los partidos políticos en la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz Izquierda Unida Canaria (IUC) y Sí Se Puede llevarán al pleno municipal que se celebra este viernes una moción para destinar el 40% del suelo urbanizable en los terrenos de la refinería a la construcción de viviendas sociales.

El acuerdo inicial sellado entre Cepsa y el Ayuntamiento, llamado proyecto Santa Cruz Verde 2030, establece el desarrollo de 573.000 metros cuadrados en la actual ubicación de la refinería, cuyo 67% se destinará a uso público y el 33% restante será de explotación lucrativa.

La propuesta conjunta plantea que el Ayuntamiento reserve la mayor parte posible de suelo destinado a vivienda protegida al planificar el uso futuro de los terrenos de la refinería, sobre los que se ubicará la próxima expansión importante de la zona urbana capitalina.

Es uno de los cuatro puntos de acuerdo que establece la moción, que será defendida por los portavoces de IUC, Ramón Trujillo, y de Sí Se Puede, Pedro Fernández Arcila. El texto además pide que se incluya en todos los planes generales de ordenación, todos los planes rectores de uso y gestión de parques rurales y todos los planes especiales protegidos, al menos el 40% del suelo urbano o urbanizable para la construcción de viviendas sometidas a regímenes de protección pública y que la distribución de tal adscripción “se realice en todos los elementos de ordenación que se aprueben, de tal forma que no se formen barrios en los que la totalidad de las viviendas sean solo de protección”.

Asimismo, se insta al Gobierno de Canaria a la firma de convenios con el Ayuntamiento de Santa Cruz para edificar viviendas protegidas, igual que lo hace en otros municipios.

Ramón Trujillo explicó que Santa Cruz necesita dotarse de un parque público de viviendas para el alquiler muy superior al actual, que es “la manera de disponer de vivienda protegida que no acabe en el mercado libre y que, además, sirva para atender en cada momento a quienes cuentan con rentas más bajas es con la reserva de suelo”.

La moción responde a las conclusiones de un informe elaborado en agosto pasado por el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) que destaca el incremento de las dificultades de encontrar vivienda para los colectivos con rentas bajas en el municipio.

El creciente empobrecimiento social, sumado a la presión del alquiler vacacional (en los dos últimos años ha aumentado el 58%), y la creciente adquisición de viviendas por extranjeros (en Canarias en 2017 el 31,3% de las viviendas vendidas fueron compradas por extranjeros frente al 13,1% estatal) hacen casi imposible acceder a una vivienda en un mercado reducido como el de Santa Cruz.

Según datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, la ciudad cuenta con 12.600 viviendas en régimen de alquiler de las que 4.884 son viviendas públicas de alquiler social ya habitadas. Frente a estas cifras, Trujillo recuerda que en este momento hay en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias 6.463 demandas de vivienda protegida en régimen de arrendamiento en el municipio capitalino.

Los cálculos de un estudio publicado por la Fundación Alternativas señalan que de 2016 a 2030 España deberá dotarse de 2.650.000 viviendas para el alquiler social. Trasladando esas cifras a Santa Cruz, se necesitan unas 11.660 viviendas, lo que supone incorporar más de 900 viviendas anuales al parque público.

Más allá del ruido que algunos quieren crear a propósito de este histórico acuerdo, el Ayuntamiento, la propia compañía, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias hemos dado pasos desde entonces para que el proyecto Santa Cruz Verde 2030 sea realidad en los términos y plazos previstos. El último, esta misma semana, en una reunión en la que se planteó como fecha de inicio de los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones el primer semestre de 2019.

Una ciudad no se construye de un día para otro, pero sí un día tras otro, con trabajo, dedicación y constancia. Y eso es, precisamente, lo que llevo haciendo casi ocho años al frente del Ayuntamiento. Más aún en este caso concreto, cuando tenemos entre las manos un proyecto enormemente ambicioso e igualmente complejo, tanto desde el punto de vista administrativo como desde la ejecución directa de los trabajos.

Quiero insistir en que el objetivo de Santa Cruz Verde 2030, tal y como está recogido en el propio acuerdo, es la regeneración urbana del área que actualmente ocupa la refinería, logrando una ciudad más equilibrada y sostenible mediante la creación de un gran sistema de espacios libres en los terrenos que actualmente ocupa, sustituyendo el actual uso industrial por otros de carácter residencial, turístico, comercial o, incluso, dotacional, o una combinación de ellos que complementen los usos recreativos de la zona, como el Parque Marítimo César Manrique o el Palmetum, o los de ferias y congresos, con el recinto ferial y el Auditorio de Tenerife Adán Martín.

De los cerca de 600.000 metros cuadrados que ocupa ahora la refinería, el 67 por ciento quedará como suelo público; es decir, como suelo para zonas verdes, equipamientos y dotaciones. El resto será suelo de carácter lucrativo, donde se podrán desarrollar usos residenciales, turísticos o terciarios.

Más allá de esta distribución genérica, en el acuerdo firmado no está categorizado ningún suelo, ni urbano consolidado ni urbano no consolidado. Cualquier interpretación que se realice a partir de esa distribución es, hoy por hoy, una mera conjetura. También resulta sorprendente que se entienda la expresión “regeneración urbana” como equivalente de una determinada categorización del suelo.

Santa Cruz Verde 2030 es un gran proyecto que transformará completamente el aspecto de la ciudad en esa zona y que facilitará nuevas formas de ocio y esparcimiento para los vecinos y generará oportunidades económicas para el municipio.

Y por descontado, respetará escrupulosamente lo que fije la ley en materia de cesiones de suelo y lo que se disponga en la normativa urbanística del municipio.

Estos días se han escuchado voces contrarias al plan y falsedades en torno a este que el tiempo se encargará de corregir. Son los que propugnan el “no” por sistema y se colocan en contra de Santa Cruz por exclusivos intereses partidistas.

Por mi parte, seguiré trabajando en hacer realidad el gran sueño de los chicharreros, a quienes nadie puede hurtar su legítima aspiración de vivir cada día mejor en esta ciudad.

*Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

El PSOE de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado este miércoles que la Justicia ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo, que ya se ha traducido en una petición de documentación al Ayuntamiento, contra el decreto por el que el alcalde José Manuel Bermúdez (CC) da curso al convenio firmado con Cepsa para el desmantelamiento de la refinería y la conversión de sus terrenos en una parte más de la ciudad.

En rueda de prensa, la candidata a la alcaldía capitalina, Patricia Hernández, y el portavoz municipal del PSOE, José Ángel Martín, han explicado que el motivo de llevar este asunto a los tribunales es que el convenio no recoge que el ámbito de la refinería sea suelo urbano no consolidado, tal cual lo cataloga una sentencia judicial firme a raíz de un litigio que ganó en el Tribunal Supremo el propio Ayuntamiento.

Eso implica, según los socialistas, que Cepsa deberá ceder al consistorio el 10% de la superficie total del suelo construido y, del restante, el 30% para viviendas de protección oficial, independientemente de lo que ceda para zonas verdes y viales. El PSOE valora en 75 millones de euros esas cesiones que no constan expresadas en el acuerdo y en 1.200 las viviendas de protección oficial que se puedan construir en esa zona.

Hernández y Martín, quienes han dejado claro que el traslado de la refinería es una reivindicación histórica por la que han trabajado también los socialistas, han presentado además este miércoles una moción para su debate en el pleno municipal, en la que proponen que tales “correcciones” se hagan en el contenido del convenio y, si tal medida es apoyada y llevada a cabo, estarían dispuestos a retirar el contencioso administrativo.

La exvicepresidenta del Gobierno canario y diputada regional aludió a la reciente entrevista concedida a Tenerife Ahora por Bermúdez, en la que el alcalde calificó de “declaración de intenciones” el acuerdo firmado con Cepsa, cuando antes lo había catalogado de “acuerdo histórico”. Lamentó que “desgraciadamente” su contenido “no pasara antes por el pleno municipal ni que haya participado la ciudadanía” en él.

Hernández advirtió de que se trata de un convenio “mal hecho, y por eso el PSOE ha tomado acciones administrativas para corregirlo”, ya que, “por ineptitutd, se le hurta a Santa Cruz la posibilidad de construir 1.200 viviendas en la zona”.

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE dejó claro que su partido “siempre ha luchado por que la refinería saliera de la ciudad y deje de ser un problema medioambiental y un freno al desarrollo urbanístico de Santa Cruz, cuando el PP ha defendido que se quedara y CC por épocas se quedaba callada”. Sin embargo, subrayó que los socialistas “no comparten ni las formas ni el contenido del convenio”.

En las formas, critica que se haya hecho “de prisa y corriendo, por electoralismo, para que salieran todos en la foto, incluyendo Fernando Clavijo y Carlos Alonso; pero de espaldas a los grupos de la oposición, porque el alcalde me llamó 15 minutos antes de firmarlo”.

En el contenido, según dijo Martín, el convenio “contiene errores o despistes” que cifró en 75 millones de euros, porque “usan conceptos como regeneración o renovación urbanas, propios de suelo urbano consolidado, cuando es no consolidado”.

De modo que, según su punto de vista, que basó en la Ley del Suelo, Cepsa debe ceder un 10% del suelo urbanizable (lo cifró en 50 millones), “y la reserva de suelo para viviendas de protección oficial, que sería del 10% si fuera consolidado, pero que debe ser del 30% porque es no consolidado”.

En la reciente entrevista con este diario, publicada el pasado domingo, Bermúdez, preguntado sobre estas acciones legales que ya había esbozado el PSOE, respondió que “aún no hay ningún acto administrativo que recurrir” y que“ la distinción de suelo no figura en el texto del acuerdo con Cepsa”, pero que de todos modos la cesión de terrenos al Ayuntamiento es del 67%, superior, dijo, a la prevista por ley.

José Manuel Bermúdez enfila la recta final de su segundo mandato como alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Y lo hace con la “ilusión” intacta para intentar repetir otros cuatro años en el puesto. Sabe que ya no hay mayorías absolutas y que CC, en general, no está en su mejor momento, pero aspira a ganar de nuevo los comicios en 2019. De antemano, no descarta pactar con ningún partido.

Entrevistado por Tenerife Ahora, el líder de la CC chicharrera avanza que la revisión del Plan General de Ordenación (PGO), cuyo proceso ha lanzado ya el pleno de la Corporación santacrucera esta semana [este viernes] para cumplir con la que casi seguro será la anulación definitiva del aún vigente, incluirá la expansión de la ciudad hacia los terrenos de la refinería, primer paso del llamado proyecto Santa Cruz Verde, que el Ayuntamiento ha acordado con Cepsa.

En cuanto al polémico concurso público del servicio de basura, confirma que se adjudicará a Valoriza pese al informe técnico que duda de la viabilidad de la propuesta, y no ve razones para contrariar a la mesa de contratación. Sobre su socio en el Gobierno local, el Partido Popular (PP), Bermúdez se desmarca con diplomacia del apoyo de este partido, a través de Zaida González, a un escrito vecinal que pide desmantelar el Espacio Cultural El Tanque, un bien de interés cultural (BIC). Esto es algo que el actual alcalde no piensa solicitar, sino solo que el Gobierno canario arregle el entorno.

Sobre los inmuebles de Miraflores, el regidor municipal reconduce el discurso del Gobierno local, hasta ahora marcado por el PP, y ahora reconoce que sí tienen valor histórico y artístico los tres que siguen en pie, como defienden el Cabildo, otros partidos y asociaciones ciudadanas. Bermúdez confía en cerrar un acuerdo con los promotores de la nueva urbanización del antiguo barrio para salvar sus fachadas.

¿Cuál es su postura sobre el apoyo que la primera teniente de alcalde en Santa Cruz, Zaida González (PP), ha dado a un escrito vecinal de Cabo Llanos en que se pide el desmantelamiento del Espacio Cultural El Tanque, que es un BIC, por el estado de abandono de su entorno?

Creo que la concejala lo que realmente persigue, y lo comparto, es que su entorno esté decente, se gestione bien, se halle limpio, que haya un programación definida, mucho más que la que existe, pues no es posible desmantelar un bien de interés cultural que se justificó y aprobó en su momento, y que podrá gustarnos más o menos, pero lo cierto es que es un BIC, y no se va a desmantelar. El Ayuntamiento no lo hará. Por lo menos el alcalde no quiere eso, sino que esté bien cuidado. Y sanseacabó. No pretendemos otra cosa. Yo no cuestiono el interés de patrimonio industrial que tiene, por coherencia, porque lo defendí cuando estaba en el Cabildo de Tenerife.

Precisamente, el Gobierno canario ha anunciado a raíz de esas polémicas declaraciones del PP que en 2019 va a licitar el proyecto para una plaza jardín en el entorno de El Tanque.

Me consta que el Gobierno de Canarias está tramitando la aprobación de ese proyecto, para luego sacarlo a concurso. Me parece bien y ojalá lo veamos cuanto antes. Pero sí quiero zanjar la polémica: no perseguimos para nada desmantelar ni desafectar El Tanque.

En esa zona de la ciudad, Cabo Llanos, otras parcelas también públicas tampoco están en mucho mejor estado.

Dice usted bien: son públicas, pero no del Ayuntamiento, como he leído decir a Dulce Xerach Pérez. Allí el Ayuntamiento solo tiene una parcela, que no ha desarrollado, la que está entre las dos torres, y hemos iniciado expediente para hacer un aparcamiento y una plaza. En 2011, cuando llegué a la alcaldía, con un Ayuntamiento en quiebra, eso no era la prioridad, pero ahora sí podemos. Fuera de esa, hay otra parcela de uso docente, la famosa para el nuevo Campus de la Justicia, pero eso le corresponde a la Consejería de Educación.

¿No cree que en el proyecto Santa Cruz Verde que usted ha anunciado con la refinería, para desmantelar esa industria que ya no refina y convertir esa zona en nueva ciudad, debe salvar más bienes como patrimonio industrial al tratarse de una actividad que en poco será historia en Tenerife?Santa Cruz Verde

Sin duda, hay elementos en la refinería que son claramente protegibles, y me consta que Cepsa lo ve muy claro. Como mínimo, dos edificios, pero puede que haya alguno más. Eso sí, todo dentro de un orden. No podemos empezar a proteger tanques en todos lados.

Ese acuerdo entre el Ayuntamiento y Cepsa para desmantelar la refinería sorprendió a propios y extraños. ¿Cuáles son los plazos para ese gran cambio urbano?

He firmado un acuerdo que es un cambio radical en la postura que Cepsa había mantenido hasta ahora, que era que seguiría refinando petróleo, por lo que en cualquier momento hubieran podido reiniciar esa actividad [la abandonó en 2014], pues tienen licencia en vigor. Por eso, es un acuerdo histórico para Santa Cruz, porque además inicia un cambio absoluto de rumbo en unos terrenos que son los únicos de expansión del núcleo urbano hacia el sur. Es un acuerdo que parece que a algunos de la oposición les molesta que yo lo haya firmado, pero no por eso deja de ser histórico. Me veo como el eslabón de una cadena que se llama Santa Cruz y otras personas y corporaciones culminarán este proceso.

¿Pero de cuánto tiempo estamos hablando?

Este no es un asunto de hoy para mañana, sino de 15 a 20 años, como ya pasó con Cabo Llanos y como ocurre en otras ciudades. Las transformaciones de estas características no son algo baladí: convertir una refinería en ciudad es un proyecto único en Europa, como mínimo, aunque Cepsa no tiene constancia de que algo como esto se haya hecho en el mundo. Para recorrer ese camino hay que descontaminar el espacio, desmantelar y construir.

¿Ya se va a reflejar ese cambio en la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) cuyo inicio de la tramitación acaba de aprobar el Ayuntamiento?

La nueva revisión del Plan General de Santa Cruz recogerá la expansión de la ciudad en los terrenos que ahora ocupa la refinería. Esto, por supuesto. Si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dijera que el nuevo PGO no es nulo y cambiara de criterio, y así se mantuviera el plan actual, habría que modificarlo. Si no, irá en el nuevo. Los redactores de esa revisión ya tienen instrucciones para ello, para que el suelo de la refinería quede una parte como suelo público, mucho más allá de la cesión obligatoria, y otra como suelo privado con usos de ciudad donde hoy hay tanques, tuberías y podredumbre en muchos casos. Yo solo veo ventajas a este acuerdo, ni un solo inconveniente, la ciudad gana sí o sí.

¿Prevé el Ayuntamiento comprar algún suelo en esa zona?

No, porque Cepsa cede más de lo que le corresponde.

El PSOE, sin embargo, deja entrever un pelotazo urbanístico con ese suelo de la refinería y ha dicho que ha iniciado acciones legales para aclarar algunas cuestiones del acuerdo base ya rubricado.

El PSOE ha iniciado un proceso de recurso de mi acuerdo con Cepsa. Pero se trata solo de un acuerdo de voluntades, que por sí mismo hay que desarrollar luego con los actos administrativos que lo hagan posible, entre otros el Plan General. Así que no sé qué es lo que puede recurrir el PSOE. Por lo que dice Patricia Hernández, ellos sostienen que el acuerdo firmado, con suelo urbano consolidado, debe ser con no consolidado, porque así lo establece ya una sentencia. Pero la realidad es que esa distinción de suelo no figura en el texto del acuerdo. Por tanto, me da la sensación de que el PSOE está enseñando la peor versión de la izquierda chicharrera, la del no a todo, la del no porque no soy yo quien lo propone... Curiosamente, el PSOE proponía para Cabo Llanos en su día una cesión privada de suelo público que no llegaba al 40% de los terrenos, y ahora con Cepsa logramos el 67%.

En general, el acuerdo ha tenido buena acogida, de todos modos, esto es a la espera de concretarse su aplicación.

Sí Se Puede ha sido bastante más razonable que el PSOE en esto. Y es cierto que ahora está por desarrollar la letra pequeña. Con Ciudadanos no se sabe si sí o si no, ni blanco ni negro, y ha dicho que esto es un acto electoralista. Pues bueno, posiblemente el acuerdo más importante que se ha firmado desde el punto de vista urbanístico en los últimos 50 años en Santa Cruz de Tenerife les parezca electoralista. ¿Entonces tendría yo que haber dejado pasar esta oportunidad histórica para que se firmara en el siguiente mandato?

¿Lo que se ha hecho antes en Cabo Llanos puede servir para aprender de los errores?

No creo que sean errores, sino circunstancias que tienen que ver con la economía de las administraciones públicas, que no han tenido recursos financieros suficientes por la crisis económica para desarrollar lo previsto. Cuando llegué al Ayuntamiento en 2011, tenía cinco millones de euros para invertir. También ha habido falta de decisión en algunas cuestiones, como con la futura la Ciudad de la Justicia.

Sin salir de Cabo Llanos... Llama la atención el deterioro que tiene el entorno costero del Auditorio, con el muellito incluido y sin actividad de restauración.

Bueno, hay varios motivos, como que está lejos de la zona urbana. Pero es verdad que necesita una rehabilitación, sobre todo la parte del muelle, adonde la gente se va a bañar... y algunos a algo más que bañarse. Ese muelle no es competencia del Ayuntamiento. El castillo Negro no puede albergar un restaurante porque no cumple la normativa de seguridad.

¿Está contento con la gestión que hace el PP del patrimonio histórico de la ciudad?

Sí, porque somos la Administración pública que más invierte en rehabilitación del patrimonio histórico, y ello solo teniendo los ayuntamientos competencias residuales, que aquellas son del Cabildo y del Gobierno canario.

¿Qué le pareció a usted la foto de los concejales del PP junto a los escombros de las viviendas derribadas en Miraflores, pese a que para el Cabildo de Tenerife eran patrimonio histórico?

El dicho de toda la vida: soy dueño de mis silencios y esclavo de mis palabras, pues hoy somos dueños de nuestras no apariciones y esclavos de nuestras fotos. No quiero valorar lo que cada uno haya hecho. Sí digo que hubo una polémica que fundamentalmente no creo que sea política, sino entre los técnicos y juristas de la Gerencia de Urbanismo y de Patrimonio Histórico en el Cabildo. A partir de ahí, surge el problema político.

En cualquier caso, ¿cómo va la negociación con los promotores de la nueva urbanización de Miraflores para salvar las fachadas antiguas que quedan en pie?

Ahí estamos. Pero aún tardaremos, porque la Ley del Suelo establece un procedimiento para aprobar la modificación que estamos negociando, en torno año y medio. Sería el primer programa de actuación sobre el medio urbano (PAMU) que se haga en Canarias. Los promotores lo que quieren es no perder, y para eso hay que darles más edificabilidad... Yo espero que lleguemos a un buen acuerdo y que se mantengan al menos las tres fachadas que quedan en pie. A mí me parece que esas fachadas tienen valores que merecen ser protegidos, pero ni estuvieron protegidas ni hubo un plan especial que las protegiera ni nada de eso. Luego está que los propietarios tenían unos derechos.

Lo que parece claro es que en los últimos decenios la ciudad ha tenido una gestión de sus barrios e inmuebles históricos bastante caótica.

Ahora mismo tenemos los planes especiales de los cascos históricos en tramitación. Con lo que no estoy de acuerdo es con proteger para dejar caer. La protección tiene que tener una finalidad porque al propietario le puede resultar imposible rehabilitar el inmueble, y entonces pondrá las mallas verdes por fuera.

Ahí está la labor del Ayuntamiento: dar incentivos y hacer gestión urbanística.

Pero las subvenciones tampoco pueden ser suficientes en estos casos. De todos modos, el próximo año volverá a haber una convocatoria de ayudas para rehabilitar fachadas, como la de este año, hasta 6.000 euros por inmueble. Sorprende cómo la gente no las pide.

El Cabildo propone desde hace un decenio dar protección a 500 inmuebles más que los que considera el Ayuntamiento. ¿Habrá un acercamiento de posturas con la nueva revisión del Plan General y su catálogo de patrimonio histórico?

No habrá problema siempre que la filosofía no sea la de proteger para dejar caer, es decir, si habilitamos fórmulas para que a los propietarios pueda serles rentable la rehabilitación de sus viviendas. Si no es así, se acabarán cayendo. Ya nos ha pasado, porque en la calle de Cruz Verde un proyecto del Ayuntamiento nos lo encareció el Cabildo medio millón de euros, y el Ayuntamiento lo tiene, pero un privado no. Este es el asunto.

Pero estas cuestiones se resuelven en otras muchas ciudades en sus centros históricos. ¿No sería cuestión de ver lo que se hace en otros sitios?

Es una cuestión de criterios técnicos. Y el Ayuntamiento tiene tan buenos técnicos como cualquier otra administración, y le aseguro que no quieren destruir el patrimonio histórico. Otro ejemplo es que en el quiosco Numancia el Cabildo, sin decir por qué, no permitiera una pérgola que se preveía en el proyecto técnico del concesionario que ganó el concurso para rehabilitar esa cafetería. Por eso, ahora los usuarios del quiosco se mojan cuando llueve.

El Ayuntamiento fue pionero en un protocolo antidesahucios...

... y pionero en firmar un convenio con un banco para poner en alquiler social 66 viviendas, y el primero en España que, en 2013, retiró fondos (un millón y medio) de un banco (Bankia) que desahuciaba y se negó a un alquiler social con una familia. A los dos días, Bankia aceptó. También se ha hecho con los que estaban previstos ahora en Añaza. No es la primera vez que lo hago; no es por oportunismo, como dicen algunos.

Con estos nuevos casos de desahucios, masivos, pues pueden afectar a más de 300 familias, ¿ha llevado a cabo esa misma advertencia?

No fue solo advertencia: a la media hora de decirlo públicamente, ya habíamos retirado dos millones del Banco Santander. Y nos dijeron a raíz de eso que los pisos son de ellos y no de un fondo buitre, que no iban a seguir desahuciando y que estaban dispuestos a negociar. Al día siguiente se sentaron con Fernando Clavijo y llegaron a un preacuerdo para que el Gobierno canario ejerciera el derecho a adquirir preferentemente esos pisos porque son VPO, a precios baratos. Así que los vecinos seguirán en sus casas, aunque pagando el alquiler al Gobierno. Quienes no tengan recursos para afrontarlo, podrán acogerse a las ayudas del Ayuntamiento o del propio Gobierno. Lo que estaba haciendo el Santander era no renovar los contratos, con lo que los vecinos afectados no podían tampoco pedir ayudas al alquiler. La operación ha salido bien, de forma coordinada con los vecinos y las demás administraciones. Nosotros ahora vamos a mandar cartas al juzgado para que no haya lanzamientos, aunque el banco ya ha dicho que va a desistir. El Santander debería comunicárselo a los jueces.

El problema de la vivienda está completamente desbordado y muchos ciudadanos se las ven y desean para acceder a un hogar.

Durante el año yo mando muchas cartas a los juzgados y a los bancos, y se evitan muchos desahucios, lo que pasa es que no lo retransmitimos en directo, ni en redes sociales, porque eso para mi es inmoral. Algunos se van a hacer la foto con los afectados cuando los van a desahuciar. Yo no lo he hecho nunca: hago llamadas, me reúno, pero no me hago esas fotos. Y además tenemos otras dos medidas en marcha: la primera es construir 44 viviendas para alquiler social. Tenemos licencia para ello, y ya se sacará la construcción a concurso. En noviembre vamos a adquirir entre 20 y 30 pisos a un banco, para alquiler social y emergencia social, que gestionarán el IMAS y Viviendas Municipales.

Otra polémica, aún no cerrada, es la de la propuesta de adjudicar el concurso de recogida de basura y limpieza viaria a Valoriza, con un informe de los técnicos en contra de esa decisión de la mesa de contratación.

En la mesa de contratación están la Intervención y los servicios jurídicos de la cCorporación, y se propone por unanimidad a Valoriza. ¿Qué tengo que hacer yo?

La responsabilidad legal es de la Junta de Gobierno que usted preside, en cualquier caso.

Se va a adjudicar esa propuesta en la Junta de Gobierno, y seguramente habrá recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública. Yo no puedo firmar el contrato hasta que ese tribunal decida. Su informe es vinculante. Si dice que lo hemos hecho mal, que hay que empezar de cero, no tengo ningún inconveniente, pero si el Tribunal Administrativo de Contratación Pública confirma la propuesta de la mesa de contratación, voy a dormir a pierna suelta. No podemos separarnos de una propuesta de la mesa de contratación en ningún caso. Esto sería prevaricar, pues ya ha analizado todos los informes técnicos.

Toda la oposición ha expresado sus dudas sobre esa propuesta, porque Valoriza no garantiza, según tres técnicos del Ayuntamiento, que pueda cumplir sus objetivos de calidad durante el servicio.

Pero no vamos a adjudicarlo a la empresa que diga la oposición, sino a la que propone la mesa de contratación. Yo me pregunto qué intereses tiene que haber para que la oposición defienda la oferta de la segunda empresa clasificada en este concurso y no la de la primera. El escrito de Sí Se Puede y el de FCC son calcados; ahí lo dejo. Yo en 30 años que llevo en esto nunca he cuestionado una propuesta de una mesa de contratación. Eso sí que sería sorprendente. Además, tengo que decir que no es cierto que la empresa ganadora vaya a tener menos personal que la de ahora, pues eso no lo puede hacer. Incluso puede ocurrir que para cumplir sus parámetros de calidad decida contratar más personal. Casi seguro.

Sí Se Puede e IUC defienden que el servicio vuelva a ser prestado por el propio Ayuntamiento.

Que se le digan a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, los del cambio.

Todo lo relativo a la compraventa de los terrenos de Las Teresitas es una herencia envenenada que usted recibió. ¿Cuándo va a reclamar el Ayuntamiento el dinero que se pagó por el frente de playa?

Estamos pendientes de que sea firme la sentencia en el Supremo. Nosotros estamos defendiendo que tenemos derecho al dinero y a los terrenos, que en la actualidad, de todos modos, están inscritos a nombre del Ayuntamiento.

¿El próximo año la deuda pública municipal será cero?

Sí, en 2011, cuando llegué a la alcaldía, teníamos 140 millones de euros y pagábamos a más de 300 días a los proveedores. Hoy ya podemos plantearnos deuda cero y pagamos en menos de un mes. Nadie puede dudar de que el Ayuntamiento hoy está mucho mejor que hace unos años: está saneado. Y tenemos 56 millones para hacer obras; en 2012, solo eran cinco.

Se habla mucho de la crisis de CC, que pierde votos desde hace varias elecciones. ¿Qué expectativas tiene para 2019?

En 2011 no gané las elecciones y en 2015 sí. Lo que intentaré es volver a ganarlas en 2019, con el mayor número de concejales posible. Luego ya veremos qué acuerdos son posibles para un pacto estable. En estos cuatro años, la gestión ha sido mucho más pacífica y estable con el pacto con el PP, sin estar mirando si te van a dar una puñalada o no. Creo que no hay un proyecto político más claro de ciudad que el nuestro, pues lo único que hacen los demás partidos es criticar las propuestas que nosotros hacemos, van a nuestro rebufo. No tienen un proyecto de ciudad alternativo al nuestro.

¿Descarta pactar con algún partido?

No descarto nada. Siempre he mantenido una postura de diálogo y mano tendida. Y no descarto ni al PP ni al PSOE ni a CS, incluso a Sí Se Puede, aunque sabemos que con estos últimos es más difícil.

¿Se ha plantado poner fin a su etapa política?

A mí me gusta la política y tengo ilusión en volver a ser alcalde porque quiero terminar algunas cosas que están a punto de comenzar o están ya iniciadas, de ese proyecto de ciudad que tengo en la cabeza y que tiene que ver con las personas, con el litoral, con la ampliación de la ciudad hacia la zona de la refinería y con prestar mejores servicios, aunque desgraciadamente la burocracia no te deje terminar algunas iniciativas. Nadie puede decir que la ciudad no se ha reactivado económicamente en los últimos años.

¿Y dar el salto al Gobierno de Canarias o al Cabildo? Pues CC en algún momento puede buscar un relevo para Fernando Clavijo o Carlos Alonso.

No creo que sea un ascenso. Para mí ser alcalde de Santa Cruz es lo máximo, y políticamente no creo que sea más el hecho de ser presidente del Cabildo o del Gobierno canario, sinceramente. Ser alcalde es para mí un honor tremendo. Soy de los que todavía cree en eso. También es una responsabilidad de la que no desconecto en mi casa. Yo no desconecto nunca de Santa Cruz.

El director de Cepsa en Canarias, José Manuel Fernández-Sabugo, ha confirmado este martes que para el desarrollo de todas sus actividades en el archipiélago cuenta con 550 empleados en las islas y que, en línea con su plan estratégico, seguirá contando con sus profesionales de la refinería de Tenerife para el desarrollo de su actividad en Canarias y para afrontar los diferentes proyectos de la compañía, tanto en España como en el extranjero.

Así lo ha asegurado en la tercera reunión de este año del comité de enlace Cepsa-Santa Cruz, centrada en esta ocasión en dar a conocer a sus integrantes los detalles del acuerdo alcanzado entre la compañía y el Ayuntamiento capitalino el pasado 26 de junio, por el que se empieza a estudiar los nuevos usos de los terrenos de la refinería.

El comité de enlace contó en esta ocasión con la presencia del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, que expuso los pormenores del proyecto Santa Cruz Verde 2030 y resaltando, como ya ha hecho en otros foros, que se trata de “una oportunidad única para completar y transformar la ciudad, con un proyecto que será referencia internacional, a través de la reconversión de una refinería de petróleo en el nuevo pulmón verde de Santa Cruz”.

El alcalde hizo referencia a la vinculación histórica de Cepsa con Santa Cruz de Tenerife, ciudad donde se originó la compañía. “Tenemos mucho que agradecerles desde 1930, pues gracias a Cepsa muchas familias han tenido empleo durante generaciones, aparte de que sin esta empresa muchas barriadas no habrían existido, ni Santa Cruz habría podido desarrollarse tanto”, aseveró.

Bermúdez quiso recordar, asimismo, que Cepsa “ha mostrado una gran generosidad, pues está dispuesta a ceder mucho más terreno del que está obligada legalmente; y esto es así porque su ADN es canario y sus actuaciones en las islas contienen una parte emocional”. “Es un acuerdo para la historia”, enfatizó al cierre de su discurso.

El director de Cepsa en Canarias, José Manuel Fernández-Sabugo, hizo especial hincapié en que la empresa “mantiene en la actualidad la capacidad para seguir siendo el principal actor en la seguridad del suministro energético que Canarias necesita, por lo que se ha de garantizar la viabilidad del proyecto, así como la continuidad de las actividades de la compañía en Tenerife, como empresa impulsora del desarrollo económico y social de la isla”.

“Para poder llevar a buen término el acuerdo, es preciso, además, definir los instrumentos de planeamiento y la normativa urbanística que permitan desarrollarlo en las debidas condiciones de estabilidad normativa y seguridad jurídica”, remarcó Fernández-Sabugo.

Tanto el alcalde como el director de Cepsa en Canarias atendieron las numerosas preguntas del comité y remarcaron que “la intención de Cepsa, lejos de irse del archipiélago, es no solo mantenerse, sino incrementar su actividad en las islas, como viene haciendo en los últimos tiempos”.

A este respecto, se ha producido la entrada de las nuevas líneas de negocio de GLP (gas licuado del petróleo) envasado y asfaltos en las islas, además de una ampliación de la red de estaciones de servicio, reforzando su presencia en el mercado canario y ampliado la oferta para sus clientes.

Además, cuenta con venta directa de combustibles y mantiene tradicionalmente una posición clave en el suministro de combustibles para la navegación área y marítima a través de filiales como Petrocan, Cepsa Aviación y CMD.

José Ángel Martín habla de decisión "acertada", puesto que así la capital puede crecer hacia esa zona; el PSOE había solicitado esa medida y el pleno de este viernes debatirá una moción al respecto

El portavoz del grupo municipal socialista, José Ángel Martín, ha celebrado que Cepsa acepte la salida de la refinería de la trama urbana de Santa Cruz y ha calificado esta decisión como “acertada”, puesto que así la capital puede crecer hacia esa zona. Precisamente, el PSOE había solicitado esta medida y el pleno de este viernes debatirá una moción al respecto.

José Ángel Martín, que había señalado estos terrenos como “fundamentales” en el desarrollo del municipio, pide “cierta cautela” con el anuncio hecho este martes, ya que la expansión de Santa Cruz deberá reflejarse en un convenio. En ese sentido, reclama que el Gobierno municipal “no haga lo mismo que en Cabo Llanos y no renuncie al suelo que tiene la ciudad como derecho”.

“Cabo Llanos fue una parte que se recuperó a la refinería pero con un modelo fallido, ya que a Cepsa se le regaló el 10% de los aprovechamientos urbanísticos que correspondían al Consistorio local”, recuerda el edil. Al ser suelo urbano no consolidado, una parte importante de esa bolsa de suelo es municipal, apuntó Martín, que calcula que se estaría hablando del 47% del medio millón de metros cuadrados de superficie, si se tienen en cuenta el viario, las dotaciones y los aprovechamientos que van al Ayuntamiento.

El grupo municipal socialista mantendrá su propuesta en el pleno de este viernes. El objetivo es que el Ayuntamiento debata sobre el futuro de esos terrenos y reclamar que, pese a cualquier idea que surja estos días, sea la ciudadanía a través de un proceso participativo la que marque las necesidades de futuro para colocar en esta zona.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la compañía Cepsa han firmado este martes un acuerdo “histórico” de colaboración por el que los terrenos que ocupa actualmente la refinería en la capital tinerfeña serán regenerados para crear una gran zona de expansión público-privada basada en la sostenibilidad ambiental y la recuperación del acceso al mar.

El acuerdo ha sido suscrito por el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y el vicepresidente y consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró Roig, que han estado acompañados por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso.

El acuerdo de colaboración fija la disposición de ambas partes para trabajar, junto al Cabildo, el Gobierno de Canarias y demás administraciones implicadas, en ese proyecto, en la conformación de un gran sistema de espacios verdes, dotaciones y equipamientos públicos, en el que también se habilitará suelo de uso residencial y turístico.

Bajo la denominación Santa Cruz Verde 2030, el programa contempla el desarrollo de una gran área de unos 573.000 metros cuadrados -lo que miden 80 campos de fútbol-, cuyo 67% se destinará a uso público y el 33% restante será de explotación lucrativa, mientras que la edificabilidad estaría en el 1,1 m/m.

El alcalde José Manuel Bermúdez ha comentado que este acuerdo queda “para la historia” porque marcará “un antes y un después” en el desarrollo urbanístico de la ciudad. Además, se hará contando con la “participación” de los vecinos y “de la mano” del Cabildo y del Gobierno de Canarias.

Pedro Miró, por parte de Cepsa, señaló que la operación de la refinería es hoy “prácticamente inviable”, de ahí que se haya optado por poner en marcha un proyecto que, en su opinión, es una oportunidad “única” para la ciudad, pero también como ejemplo de transformación de una refinería urbana.

La compañía seguirá operando como lo hace ahora, sin refino

Miró añadió que, pese a abandonar los terrenos de la refinería, Cepsa seguirá desarrollando su proyecto industrial para continuar garantizando el suministro energético en el archipiélago, satisfaciendo su compromiso con sus empleados, sus clientes y su único accionista.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, resaltó que Santa Cruz Verde 2030 es un “gran sueño” para los chicharreros que permitirá tener una ciudad “más verde, más amigable y más abierta al mar”, y este ayudará a desarrollar la potencialidad tecnológica de la isla y una movilidad más sostenible.

En su intervención, Fernando Clavijo afirmó que este proyecto servirá de “ejemplo” en España y en el ámbito internacional, y no cree que haya en el mundo ningún precedente de la recuperación de un área urbana de esta magnitud. Anunció, además, que el Gobierno canario va a acompañar para que este sueño se convierta en una realidad y animó a todos a participar.

Dada la envergadura del proyecto, el análisis y las futuras actuaciones que se deriven de este requieren de una planificación compleja y minuciosa en un marco urbanístico estable, junto a una ejecución paulatina en diferentes fases que se vaya acompañando de la progresiva demanda de espacios y servicios.

Toda la Corporación local, manos a la obra

Por ello, el alcalde ha firmado un decreto para ordenar a las áreas de gobierno municipales que estudien, informen, planifiquen y actúen para conseguir este nuevo objetivo que tiene la ciudad, trabajando de la mano con el Cabildo y el Gobierno de Canarias. Además, este martes ha informado a los portavoces de los grupos municipales.

Entre los objetivos del acuerdo figuran la recuperación del encuentro de la ciudad con el mar a través de un gran sistema de espacios libres conectados con el Palmetum y el Parque Marítimo y la regeneración del litoral a través de una zona de baño o playa, un puerto deportivo y un paseo marítimo peatonal y ciclista, conformando, además, un gran espacio multifuncional.

Asimismo, se persigue el impulso de la relación con el mar a través del llamado Balcón al mar de la ciudad, en el acantilado sobre La Hondura, con el paseo Anaga-Añaza (Peatonal de Cornisa), generando además un circuito transitable, fundamentalmente deportivo, ligado al sistema de espacios libres e incluyendo la prolongación del carril-bici por el litoral de Añaza.

En cuanto a la movilidad y la accesibilidad, otro objetivo es la adaptación del trazado del sistema viario territorial (TF-4), básicamente para tráfico portuario, de manera que sea posible crear una zona deportiva lúdico-recreativa asociada al litoral. La conexión de este sistema con el gran espacio libre que se crea y los existentes Palmetum y Parque Marítimo conformará un espacio multifuncional vinculado al ocio de la ciudad y garantizando la relación con el mar.

Al mismo tiempo, se habilitará una nueva entrada rápida a la ciudad por el sur, alternativa a la TF-4 y situada al norte de los terrenos del plan Santa Cruz Verde 2030, y una nueva rambla de penetración a la capital, entendida como la espina dorsal de la nueva urbanización definida en este documento.

A dotaciones, equipamientos e infraestructuras se destinará el 10% del suelo de titularidad municipal, donde se prevé la construcción de un nuevo intercambiador de transportes que facilite la ejecución del proyecto del futuro tren del sur de la isla.

Respecto a las dotaciones públicas, se generarán espacios que permitan implantar dotaciones para equipamientos y usos comunitarios, como los sociosanitarios, docentes, culturales, social-asistenciales o de seguridad y protección ciudadana, y se llevarán a cabo las cesiones para vivienda protegida correspondientes a un proceso de renovación urbana.

Del total del suelo de titularidad municipal, el 41% se reservará a zonas verdes (157.440 m), donde se creará un eje verde que conectará la rambla con el Palmetum y el Parque Marítimo y una gran zona verde al norte de los terrenos.

El desarrollo del proyecto incluirá los procesos de participación ciudadana precisos, mediante la escucha activa de los vecinos de Santa Cruz en todas las fases de actuación, desde la transparencia y el intercambio continuo de información.

Asimismo, esta nueva zona de la ciudad representa la posibilidad de fortalecer la actividad económica de Santa Cruz y la creación de 3.200 nuevos empleos directos e indirectos a través de la generación de espacios para el desarrollo turístico, comercial y administrativo.

En el año 2012 surgieron algunos estudios que alertaban de la contaminación que producía CEPSA, que afectaba a los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife, lo que suponía un riesgo para el medio ambiente y para la propia salud de las personas.

Esos estudios, sumados a los trabajos periodísticos de Vicente Pérez (Diario de Avisos) y David Cuesta (Mírame TV), hicieron que las críticas hacia la refinería aumentaran y sin duda contribuyeron a que los entonces concejales de Ciudadanos por Santa Cruz, Guillermo Guigou y el abogado Ángel Isidro Guimerá, decidieran presentar una denuncia judicial contra la citada industria instalada en la capital tinerfeña. Esto ocurrió en 2012.

Uno de los argumentos técnicos en que se apoyó tal denuncia fue un primer informe del año 2011 proveniente de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en el que se apuntaba, en sus conclusiones, que entre los años 2000 y 2005 por cada 10% que aumentaba la emisión de dióxido de azufre (SO) paralelamente lo hacían las defunciones en el 12,5% (sin saberse con exactitud si ambas situaciones estaban estrechamente relacionadas entre sí).

La denuncia citada señalaba como responsables tanto a los incumplimientos en las emisiones como a la falta de información, o sea, a CEPSA y al Gobierno de Canarias. El mismo documento también se acompañó de un estudio elaborado en 2013 por el organismo científico Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona (BSC), donde se indicaba que el incremento diario máximo de emisiones registrado en el año 2011 se situaba en torno al 30 o 40% en un kilómetro de perímetro cercano a la refinería.

A esos informes entonces aludió uno de los denunciantes, Guillermo Guigou, que explica que tanto el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento de Santa Cruz miraron para otro lado cuando se produjo el supuesto exceso de emisiones por parte de CEPSA: “Llevamos hasta seis o siete mociones al Ayuntamiento para que se pudiera actuar y resulta que todo el mundo miraba para otro lado, aunque hay que reconocer que la competencia real la tiene el Gobierno de Canarias. Un hecho que fue vergonzoso es que, una vez la Fiscalía admitió enteramente nuestra denuncia, el Ayuntamiento no consideró personarse para saber lo que estaba pasando. Al señor Bermúdez no le interesaba mucho esto”.

El nuevo Plan de Calidad del Aire

El nuevo Plan de Calidad del AireTras la denuncia judicial de Guillermo Guigou y de Ángel Isidro Guimerá, el Gobierno de Canarias puso en marcha un nuevo Plan de Calidad del Aire, más restrictivo con las emisiones en la ciudad de Santa Cruz. Con la implantación del Plan de Calidad del Aire de 2014, el propio Gobierno de Canarias admite en el Boletín Oficial que en el año 2011 se llegaron a superar los límites de dióxido de azufre (SO2) hasta en 46 ocasiones en las proximidades de la refinería de Santa Cruz.

Es durante ese mismo año cuando la refinería realiza varios parones en su actividad hasta que en el mes de julio de ese mismo año decide parar su actividad de refino hasta hoy, porque, según han reconocido, les parecía imposible cumplir con los límites establecidos en el nuevo Plan de Calidad del Aire.

Guigou resalta que el Plan de Calidad del Aire se realiza tras la denuncia de Ciudadanos por Santa Cruz, y pone el foco en que no solo afectaba al aire sino también al subsuelo de la zona: “Aquí se equivocó alguien. O nunca se tuvo que permitir que la ciudad se extendiera o nunca se tuvo que permitir que una industria petrolera estuviera ubicada en el medio de la ciudad”.

Además, dijo que no solo se trata de la contaminación del aire: “No solo hablamos de la calidad del aire sino del subsuelo y de lo que ocurre en la zona de La Hondura. El palmetum era el vertedero de Santa Cruz y de la isla. Esa zona no está como para plantar gardenias”, sostuvo el exconcejal santacrucero.

A finales de febrero de 2014, los denunciantes deciden personarse en la causa y realizar una ampliación de la denuncia. Sin embargo, poco después la jueza del caso, Lucía Machado, del Juzgado de Instrucción número 5, ordena el archivo provisional sin realizar la probatoria solicitada por la Fiscalía.

Según ha explicado el periodista Esaú Hernández en Mírame TV, es en ese momento cuando la personación y la ampliación de la denuncia se pierde en los juzgados, y solo entonces aparecía como acusación popular José Antonio Pérez Labajos, presidente de la Fundación Canaria de la Construcción (Funcan). El presidente de la Fundación Canaria de la Construcción es una de las voces que propone que en los terrenos de la refinería se construya un campo de golf.

En septiembre de 2014, la Fiscalía recurre el archivo de la causa y se admite la personación de Guillermo Guigou y de Ángel Isidro Guimerá, pero no es hasta 2016 cuando la Audiencia Provincial reabre la causa penal contra CEPSA y admite que no se han realizado las investigaciones adecuadas.

Sobre el archivo y la posterior reapertura del caso, Guigou advierte: “La refinería es una empresa muy grande y tiene muchos brazos; tiene mucho poder. Pero nosotros hicimos un trabajo de recopilación de estudios del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, de esa estación meteorológica, y de registros de la propia comunidad autónoma, además de un seguimiento diario de los momentos de calima. Eran los momentos que supuestamente se aprovechaban. Había una circunstancia muy graciosa -dice Guigou-, y era que cuando había calima ellos no tenían que medir. Hicimos un recurso y lo ganamos”.

La elección de los peritos

La elección de los peritosTal y como se pedía en la denuncia, y posteriormente en la ampliación de esta, se solicitó realizar un peritaje para comprobar si realmente CEPSA sobrepasó los límites y cometió un delito contra el medio ambiente y la salud de las personas.

Llegados a este punto, la compañía propone presentar un informe financiado por ellos y para esto contratan a Javier Ladrón de Guevara, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Guevara, además de ser catedrático, es el perito médico que se dio a conocer a raíz de formar parte de la defensa en un caso donde unos porteros de una discoteca en Madrid le propinaron una paliza a un joven.

Finalmente, el informe presentado por CEPSA no se admitió por la Fiscalía y, tal y como contaba el periodista Esaú Hernández en Mírame TV, en septiembre de este año la magistrada María José Dorta Rodríguez emitió una providencia en la que nombraba un equipo de peritos para realizar un nuevo informe.

Aunque dentro del equipo hay diferentes expertos, no se encuentra ninguno de los que han desarrollado informes y estudios contrarios a la actuación de la refinería de Santa Cruz, como así se solicitaba en la denuncia. Además, dentro del equipo que realizará el nuevo informe se encuentra la técnico de la Dirección General de Salud Pública Elena López Villarubia.

En una entrevista periodística realizada en 2013 por José Luis Cámara y Vicente Pérez en Diario de Avisos, esa técnico señalaba que los estudios no indicaban una correlación entre las emisiones y la existencia de más muertes, y planteaba que “no significa que la refinería mate, sino que a los individuos ya frágiles les podría adelantar la muerte”. Esta afirmación se aleja algo del informe de 2011 de la Dirección General de Salud Pública, perteneciente a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a cuya conclusión general ya se ha aludido en párrafos anteriores.

Ante el nombramiento del equipo de peritos, Guigou explicó que, “en el momento del juicio, aportarán todo el material que consideren oportuno, incluso determinadas singularidades sobre cómo se recoge el crudo e incluso se va depositando en el subsuelo de Santa Cruz”.

En relación con esta cuestión, la responsable de Comunicación de CEPSA, Belén Machado, mantiene que en la compañía se encuentran a la espera de “una resolución judicial y no entran a valorar las decisiones tomadas” hasta ahora. Explicó que CEPSA no tiene mucho más que aportar a lo que ya se ha publicado respecto a esta denuncia judicial, que sigue su curso en los tribunales.

Les seues llums parpellejants de nit i el perfil de les seues torres de dia són un paisatge familiar per a qualsevol habitant de Castelló. La refineria de la companyia BP al costat del barri marítim del Grau ocupa més de 200 hectàrees i és una referència en el paisatge de la ciutat. També és una fita en la seua història socioeconòmica i el seu present, tant pels seus beneficis -l'ocupació i els patrocinis culturals i esportius- com pels seus inconvenients -la contaminació-.

Dimecres, la instal·lació petroliera ha celebrat el seu 50é aniversari. El plat fort de l'esdeveniment ha sigut la presència del rei Felip VI, que ha recorregut les instal·lacions, s'ha fotografiat al costat dels treballadors i ha descobert una placa commemorativa. A l'acte han acudit polítics de tots els nivells de l'administració, com la ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el titular de la Diputació, Javier Moliner, i l'alcaldessa, Empar Marco.

Ocupació i patrocinis

La presència dels polítics en l'acte mostra el suport de les institucions a la multinacional, l'activitat de la qual en la província genera un gran nombre d'ocupacions. Segons dades de BP, la refineria compta amb quasi 500 treballadors i més de 660 contractistes. També genera unes 2.000 ocupacions indirectes i és l'ànima del polígon industrial El Serrallo. L'empresa finança, a més, activitats organitzades per entitats culturals, esportives i educatives de la ciutat, com és el cas del marató BP que se celebra una vegada a l'any des del 2010.

La refineria té una capacitat de processament de sis milions de tones de petroli a l'any. La matèria primera procedeix de Kazakhstan, Brasil, Guinea Equatorial, Azerbaidjan, Nigèria i Rússia. Els vaixells que traslladen el cru queden amarrats a quatre quilòmetres de la costa, on es connecten a una canonada submarina d'un metre de diàmetre que trasllada la mercaderia fins a les instal·lacions de BP.

Durant l'acte d'aniversari, la companyia ha emés un vídeo i diversos espots publicitaris en els quals s'ha insistit que un dels seus principals objectius és la modernització. La refineria de Castelló és la millor de BP a tot el món, segons la pròpia empresa, gràcies a una inversió de 1.170 milions d'euros en els últims 15 anys.

Una de les empreses més contaminants de la Comunitat

El material corporatiu distribuït posa l'accent principalment en la seguretat de la seua activitat i el respecte al medi ambient. En el vídeo, podia veure's una representació de la refineria al fons d'un frondós bosc. En una nota de premsa, la multinacional ha explicat que en els últims 15 anys ha invertit 200 milions d'euros en millores mediambientals.

La multinacional ha disminuït les seues emissions de CO2 en els últims anys. En concret, de les 1.188.203 tones en 2013 s'ha passat a 1.165.464 en 2016. Malgrat aquestes millores, BP segueix sent la responsable del 12,9% de les emissions de C02 de la Comunitat Valenciana, segons les dades publicades en la pàgina web de la Conselleria de Medi Ambient.

El sector de la refineria -format només per la instal·lació de Castelló- és la cambra més contaminant, després del ceràmic, el de la fabricació de ciment i el de la generació d'electricitat.

Queixes sobre l'opacitat

La contaminació que emana de la infraestructura -molt propera al nucli urbà del Grau- ha provocat protestes ciutadanes en diversos moments de la història de la refineria. Toni Albert, president de la Plataforma contra la Contaminació, opina que les mobilitzacions de la dècada del 2000 van ser determinants perquè la multinacional iniciara millores encaminades a reduir el dany a l'entorn.

“Hi ha hagut millores mediambientals gràcies als moviments ciutadans afectats, però no prou importants en substàncies com el benzè, òxid de nitrogen i òxids de sofre. És en aqueixes tres qüestions en les quals demanem que s'apliquen mesures correctores”, explica.

Albert també exigeix que es faça pública la informació dels mesuradors que la companyia té instal·lats en els punts d'emissió de substàncies contaminants. Les dades es traslladen en temps real a l'administració autonòmica, explica la pròpia empresa. Segons Albert, la Generalitat Valenciana es resisteix a fer-los públics. Per la seua banda, la Conselleria de Medi Ambient ha explicat que “en cap moment” s'han superat els llindars de contaminació permesa en aqueixos mesuradors.