La administración concursal ha informado al comité de empresa de la planta de Tubos Reunidos que se han presentado en torno a una decena de potenciales interesados en hacer alguna oferta por la empresa, sin especificar si por una parte de su actividad o por toda la unidad productiva. La compañía de Amurrio está en concurso de acreedores en un proceso paralelo a una investigación por corrupción.

Este martes está habiendo reuniones con los comités de las diferentes plantas. La primera reunión, en Trapagaran, ha tenido lugar a las 10.00 horas, con la presencia de representación de la empresa, y ha durado aproximadamente una hora. Tras el encuentro celebrado en la planta vizcaína, la segunda de las reuniones ha sido convocada a las 12.00 horas en Amurrio y la tercera a las 16.00 horas en Iruña de Oca, informa Europa Press.

Respecto a la identidad de los alrededor de 10 ofertantes, debido a las características de confidencialidad del proceso, las fuentes han señalado que no se ha especificado ningún extremo y, tal y como han subrayado, se “temen” que los nombres no les sean desvelados hasta septiembre. En todo caso, han concluido, la presencia de esos ofertantes no les ha sorprendido porque era algo de lo que “eran conscientes” por el ruido generado“ pero que, hasta que lleguen y no conocer si son en firme, ”las plantillas seguirán pendientes de un hilo“.

Representantes de los sindicatos ELA, CCOO, LAB, UGT y ESK en los comités de empresa de Tubos Reunidos exigirán en las tres reuniones previstas este martes con la administración concursal “transparencia” y conocer “de primera mano y no por la prensa” la información “oportuna” de las posibles ofertas que vayan entrando así como que no espere hasta “última hora” y al cierre del plazo, el 14 de septiembre, para desvelar “potenciales interesados”. La compañía de Amurrio está en concurso de acreedores, un proceso que coincide con la investigación judicial por presunta corrupción como consecuencia del posible pago de comisiones ilegales por el rescate millonario de 2021 a manos de la SEPI.

Las cinco centrales con presencia en los comités de empresa de las plantas del fabricante de tubos han sido citadas por la administración concursal a tres reuniones este martes. La primera, a las 10.00 horas en la planta de Trapagaran; la segunda, prevista a las 12.00 en Amurrio y la última a las 16.00 horas en Iruña de Oca, informa Europa Press.

Los sindicatos llegan a estas reuniones, tal y como han trasladado, “expectantes” y abiertos a recibir “información y explicaciones” sobre el estado de la empresa y de todos los interesados en la compra de Tubos Reunidos que hayan presentado su solicitud formal de interés para participar en el proceso concursal. Además de estar de acuerdo en que hay que esperar a si se les traslada “algo relevante o se trata de reuniones rutinarias sin novedades” otro de los puntos de coincidencia entre los cinco sindicatos es su postura favorable a la venta unitaria de toda la unidad productiva y no por separado.

En ese sentido, desde CCOO han trasladado que “igual hay alguna sorpresa pero es mejor valorar tras las reuniones para ver la situación general” y también “cuál es la situación actual de la empresa”. Desde UGT coinciden en este diágnostico acerca del proceso concursal y confían en que se les “trasladen las posibles ofertas que se están planteando para la posible compra de la unidad productiva, si es que las hay”.

Por su parte, desde ELA, también han confirmado que acuden “expectantes”, aunque van a exigir “transparencia, información en el tiempo oportuno o quién puede estar como oferente”. Por parte LAB coinciden en apuntar a la actitud de la dirección y esperan “transparencia” por parte del administrador. ESK agrega que reclamará “explicaciones” sobre “asuntos pendientes”, como los días de libre disposición, la externalización del servicio de vigilancia de la salud y otras materias relacionadas con las condiciones laborales de la plantilla, como el intento de cambio del calendario laboral o la comunicación a los trabajadores de bloqueo de parte de sus días de libre disposición, considerándolos “deuda” contra la masa pasiva.

Al filo del plazo legal que obliga a las empresas a celebrar su junta anual de accionistas en el primer semestre del año, la empresa de Amurrio Tubos Reunidos ha completado el trámite este martes, en segunda convocatoria. La reunión, exclusivamente telemática y cerrada a los medios de comunicación por vez primera, ha durado exactamente 37 minutos, no ha habido ni una sola pregunta y ni se ha mencionado el gran elefante, la investigación por corrupción abierta por el juez Santiago Pedraz en torno al rescate de la compañía por parte de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) de 2021, valorado en 112,8 millones de euros.

El CEO de la compañía, Carlos López de las Heras, es de hecho uno de los imputados junto con su predecesor, Francisco Irazusta, y con el directivo recientemente dimitido Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. Una denuncia de la Fiscalía inició esta causa a finales de 2025 al conocer, por el móvil del empresario guipuzcoano Antton Alonso, que el grupo autodenominado Hirurok, conformado por Alonso con los socialistas Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, y Leire Díez, pudo haber intermediado con la entidad estatal para facilitar la inyección económica a cambio de un “agradecimiento”, según la expresión del propio Fernández Guerrero. Se sospecha que Fernández Guerrero mantuvo una capacidad de influencia en su antigua entidad que permitió superar obstáculos y no solamente en 2021 sino también cuando tocó renegociar el pago de unos intereses en 2024.

La Guardia Civil, que ha registrado la sede de Amurrio en dos momentos y también en una ocasión las oficinas de Bilbao, estima que la comisión ascendió a unos 250.000 euros y que se pagó de dos modos. El primero, a través de la mercantil instrumental de Alonso en Zaragoza Mediaciones Martínez. El segundo, directamente con pagos a Fernández Guerrero. La compañía no niega la existencia de ese flujo de dinero y, de hecho, la secretaria del consejo de administración y responsable jurídica, Inés Núñez de la Parte, ya ha dado explicaciones como testigo sobre esas facturas a lo largo de la investigación de la trama de Hirurok.

Tubos Reunidos, que está en concurso de acreedores carcomida por las deudas y que ha ejecutado centenares de despidos este 2026, ha enviado ya a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el acta de la junta anual. El documento, datado en Amurrio, indica que las pérdidas en 2025 fueron de 160 millones de euros y que los accionistas han aprobado “la gestión social desarrollada y las actuaciones llevadas a cabo por el consejo de administración de la sociedad durante el ejercicio 2025”

Este martes, a mediodía, la compañía de Amurrio Tubos Reunidos celebra su junta general anual de accionistas. Por vez primera, la convocatoria es únicamente telemática y no será un foro abierto, sino que solamente podrán participar los socios que se hayan registrado previamente. Salvo filtraciones, se desconocerá lo que allí se discuta. La dirección de la empresa ha decidido blindarse al máximo coincidiendo con su entrada en concurso de acreedores y, sobre todo, con la investigación de la Audiencia Nacional por corrupción. Otro detalle: la reunión llega al límite legal, que obliga a hacer esas reuniones dentro del primer semestre del año.

2026 está siendo el 'annus horribilis' de Tubos Reunidos. Centenares de despidos, huelgas y movilizaciones y ahora el concurso de acreedores son la muestra de la delicadísima situación económica, con un pasivo de unos 260 millones de euros. De esa deuda, unos 160 millones corresponden a la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Son los 112,8 millones del rescate de 2021 y otros más de 40 millones en intereses acumulados. Y la SEPI es, precisamente, el otro gran problema para la compañía.

El juez Santiago Pedraz inició a finales de 2025 una causa penal para analizar si el rescate de 2021 escondió el pago de comisiones ilegales a quienes lo posibilitaron. Lo hizo a instancias de la Fiscalía, que vio una sólida base de indicios. ¿De dónde surgieron? En junio de 2025 fue arrestado en Elorrio el empresario guipuzcoano Antton Alonso, amigo del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. De su casa y de una oficina en Pamplona, la UCO de la Guardia Civil se llevó decenas y decenas de documentos, aparatos electrónicos e incluso bolsas con dinero en efectivo. Ese material se fue procesando y, en noviembre, la Policía judicial elaboró un atestado para la causa contra Cerdán.

En él, se mencionaba por vez primera que Alonso usaba una aplicación de mensajería supuestamente mejor encriptada que WhatsApp y Telegram, Threema. Allí tenía un grupo llamado Hirurok con dos socialistas, Leire Díez, de Portugalete, y Vicente Fernández Guerrero, andaluz. Éste último había sido presidente de la SEPI desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 hasta su imputación en un proceso sobre Aznalcóllar en Andalucía, en 2019. Sin embargo, se sospecha que mantuvo capacidad de influencia sobre el organismo estatal y que movió los hilos para engrasar la inyección económica a Tubos Reunidos a cambio de un “agradecimiento”, como llamaba a la presunta comisión en un mensaje el propio expresidente de la SEPI.

El sumario del caso muestra que la trama Hirurok se empezó a interesar por Tubos Reunidos en 2020, cuando ya iba barruntando la necesidad de apoyo público. La relación no se cortó hasta noviembre de 2025, hasta el momento previo a que Alonso, Fernández Guerrero y Díez acabaron detenidos. La causa, que ha comportado varios registros policiales en las instalaciones de Tubos Reunidos de Amurrio y de Bilbao, ha permanecido en secreto hasta junio. El sumario ha generado más morbo porque, a la vez, analiza el papel de Díez y Cerdán en las presuntas 'cloacas' del PSOE, pero su origen está en el rescate de Tubos Reunidos, que dobla al de la aerolínea Plus Ultra por el que se investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Según la Guardia Civil, se eleva a 247.459 euros la presunta mordida que obtuvo Hirurok. La compañía no niega que se produjeran los pagos. Se canalizaron por una doble vía. Hay 114.950 euros que se pagaron a través de una pantalla, una mercantil de Zaragoza llamada Mediaciones Martínez. Giraba unas facturas por supuestos asesoramientos que eran “mendaces”, en descripción de la UCO. En realidad, era una sociedad controlada en un 98% por Alonso. Asimismo, Fernández Guerrero obtuvo directamente 130.000 euros más. Los “agradecimientos”, siempre usando la expresión de Fernández Guerrero, se produjeron por facilitar el rescate en 2021 y, tres años después, en 2024, para flexibilizar la devolución de intereses. La empresa obtuvo una inyección de 15 millones por la venta de un terreno en Sestao, tenía que devolver 9,8 a su acreedor, a la SEPI, y presuntamente entró en juego de nuevo la intermediación de Hirurok y de Cerdán a cambio de otro pago, que se cifra en 40.000 euros. Este dato está recogido también en un acta interna de Tubos Reunidos de 2025 a la que ha tenido acceso este periódico.

En este segundo momento, la investigación ha localizado una reunión en Ferraz, la sede del PSOE, con Díez, Cerdán y directivos de la empresa. Allí, en el cuartel general socialista, apareció una “agenda con anotaciones manuscritas” de Cerdán. ¿Qué decían? Estaban “específicamente vinculadas a la autorización del aplazamiento de la amortización parcial anticipada de la deuda con la SEPI”, cree la Fiscalía. Añade que “dichas anotaciones pondrían de manifiesto, en conjunto con los indicios recogidos en el atestado [de la UCO de mayo de 2026] que Santos Cerdán habría tenido conocimiento de las pretensiones de Tubos Reunidos”.

La investigación judicial tiene tres focos. Por un lado, está el grupo Hirurok. Cerdán, por el momento, no consta como investigado en este procedimiento. Por otro lado, están los directivos de Tubos Reunidos. Son tres los señalados. Francisco Irazusta es el primero. Era el presidente de la compañía en el momento del rescate y quien conversaba con regularidad con Fernández Guerrero sobre el asunto, como consta en los mensajes del sumario. “Vicente sigue siendo una persona de peso dentro del partido y gobierno. Sigue estando muy unido a la Ministra de Hacienda [María Jesús Montero]. De echo [sic] cuando no teníamos feedback directo de la presidenta lo tenía por su parte ya que sigue teniendo un vínculo muy estrecho con muchos miembros de SEPI. La primera persona a la que informó Charo, la técnico que llevaba nuestra solicitud de la aprobación fue él, quien me envió un mensaje inmediato. Yo os lo explicaré sí queréis más en detalle en el próximo consejo”, contó Irazusta en un correo electrónico compartido con la dirección de su empresa.

Pero Irazusta se marchó en 2023. Es más, la trama Hirurok dudó si las facturas que giraba Mediaciones Martínez iban a continuar sin él en la empresa. Sin embargo, lograron mantener la relación con Carlos López de las Heras, su sucesor y todavía primer ejecutivo de la empresa alavesa. Fue él el que gestionó la renegociación de los intereses en 2024. El nexo común entre ambos mandatos era Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, directivo bilbaíno afincado en Andalucía y relacionado con Fernández Guerrero en la mercantil Denarius. Él estuvo en los contactos para el rescate y también en Ferraz por los intereses. Dimitió hace dos semanas tras ser imputado por el juez Pedraz, aunque alegó que era por otras razones profesionales. Según 'El Correo', López de las Heras ha sido apartado de las negociaciones con inversores interesados en reflotar la compañía.

Y, claro, el tercer grupo investigado son los miembros de la SEPI que, supuestamente, se dejaron controlar por su expresidente desde fuera, facilitándole información privilegiada. En otras derivadas del caso, como la relacionada con un contrato en Asturias a la empresa navarra Erri Berri, incluso hicieron movimientos a su dictado, siempre según la Fiscalía y la Policía judicial. “Estoy influyendo”, se jactaba Fernández Guerrero en otro mensaje. Son hasta ocho los diferentes cargos del 'holding' estatal los señalados en los informes policiales.

Mediaciones Martínez, según la Guardia Civil, tuvo una facturación próxima al millón de euros. Entraba dinero también en Servinabar 2000, la principal empresa de Alonso. El sumario muestra que, con esos fondos, Alonso se reformó su casa de Elorrio -160.000 euros de obra-, que Fernández Guerrero siguió comprando pisos en Marbella para alquiler turístico y que Díez cambió de coche.

Hasta hace pocas semanas, ya con la existencia de la investigación de la Audiencia Nacional con un elemento de dominio público, diferentes cargos institucionales han abogado por que la SEPI facilite una quita de la deuda para salvar a Tubos Reunidos, que busca inversores que den continuidad a la actividad industrial en la comarca más tocada de Álava, la de Ayala. El consejero del PNV Mikel Jauregi, de hecho, lo hizo el mismo día que la Guardia Civil estaba realizando registros en el marco de esta operación, a comienzos de junio. Sin embargo, fuentes de la compañía dan por hecho que dadas las circunstancias el organismo estatal no puede hacer ningún movimiento con dinero público que pueda dar a entender que hay un nuevo trato de favor a una empresa bajo la lupa de la Justicia.

El socialista andaluz y expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero, el empresario guipuzcoano Antxon Alonso y la socialista de Portugalete Leire Díez conformaron un grupo llamado Hirurok, pretendidamente constituido para recaudar comisiones ilegales en los negocios públicos y privados en los que intermediaban, según la Fiscalía. La UCO de la Guardia Civil, en un informe entregado al juez instructor de este caso, Santiago Pedraz, del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional), estima que la trama pudo captar una cantidad cercana al millón de euros a través de sociedades controladas por Alonso: Mediaciones Martínez, domiciliada en Zaragoza, Servinabar 2000, de Pamplona, e incluso Next Generation Caliope Innova. Y ha encontrado también cómo se gastó parte del dinero. Solamente tres ejemplos: Fernández Guerrero compró un piso en Marbella para ponerlo en alquiler turístico, Alonso realizó una reforma de 163.000 euros en su casa de Elorrio y Díez adquirió en coche de la marca Škoda.

Hirurok empezó a operar en 2021. Adquiere su nombre de un grupo de la aplicación de mensajería Threema, pretendidamente más encriptada que WhatsApp o Telegram, y que luego fue renombrado como Hirurok berriro. Su primera gran operación por la mediación para que la SEPI rescatara con 112,8 millones de euros la empresa de Amurrio Tubos Reunidos. Los responsables de la investigación estiman que Fernández Guerrero mantenía hilos en el organismo que dirigió hasta 2019 y que los usó con fines de lucro personal. La compañía no niega los pagos a Hirurok. Son 247.459, 114.950 vía Mediaciones Martínez y el resto directamente a Fernández Guerrero. Después de Tubos Reunidos llegó la navarra Erri Berri, que pudo acceder a un contrato de una filial de la SEPI en Asturias -“estoy influyendo”, dejó por escrito Fernández Guerrero- y otros negocios. El grupo usaba a Alonso como una suerte de 'comercial' ante grandes empresas vascas como ITP, Teknei o Sapa.

En un atestado de finales de 2025 al que ha tenido acceso este periódico, la UCO rastrea no ya los ingresos sino cómo gastaron las presuntas comisiones ilícitas obtenidas. Mediaciones Martínez fue adquirida precisamente en 2021 en un 98% por Alonso justo cuando estaban negociando un “agradecimiento” por parte de Tubos Reunidos, de nuevo en palabras de Fernández. Sin actividad ni trabajadores, según la Agencia Tributaria, facturó 913.199,29 euros en total en poco más de dos años e ingresó incluso algo más, 1.089.715,05 euros. Servinabar 2000, en la que el exdirigente del PSOE aparentemente tenía una participación del 45% según un documento en poder de su amigo Alonso, también movilizó importantes sumas de dinero. En Next Generation Caliope Innova, con interés en algunos proyectos de renovables, tenía una participación societaria los dos hijos de Alonso.

Según la Guardia Civil, Alonso empleó 163.350 euros de los fondos supuestamente ilícitos en reformar su dúplex en Elorrio, en Bizkaia. Es precisamente allí donde los agentes de la Policía judicial encontraron en junio del pasado año todo el material que está dando pie a estas investigaciones de corrupción. ¿Qué exactamente? Papeles, dinero en efectivo, el documento de Cerdán y, sobre todo, dispositivos electrónicos que revelaron la existencia del grupo Hirurok. La obra se pagó en tres partes idénticas de 54.450 euros en tres momentos de 2022.

Las dos primeras corrieron a cargo de Mediaciones Martínez y la tercera de Servinabar 2000, aunque después esta segunda mercantil le giró un cargo del mismo importe a la sociedad de Zaragoza por “asesoramiento comercial”. Hubo también un peloteo de otros 96.448,23 euros en facturas de “general corporate consulting” que Servinabar 2000 extrajo de Mediaciones Martínez. Alonso, igualmente, dispuso de 6.970,95 euros con la tarjeta de crédito de Mediaciones Martínez. La UCO estima que “el importe total percibido por Antxon de Mediaciones Martínez habría ascendido a 266.769,18 euros”.

En el caso de Fernández Guerrero, dispuso de 37.650 euros en 'nóminas' de Mediaciones Martínez -que no tenía trabajadores dados de alta- y de 128.092,80 euros de pagos de Servinabar 2000, donde sí estuvo dado de alta como trabajador desde junio de 2021 hasta abril de 2023. De cajeros sacó 11.700 euros en efectivo con cargo a los depósitos de Mediaciones Martínez. Eran cuantías de entre 100 y 1.200 euros. La Guardia Civil menciona también que hubo unas transferencias a Fernández Guerrero por valor de 100.000 euros, aunque el dinero luego fue reintegrado en apenas tres semanas.

En los mensajes intercambiados entre Alonso y Fernández Guerrero se aprecia que el expresidente de la SEPI pidió a su socio un adelanto de sus retribuciones en un momento dado a comienzos de 2022. “Antton, una cosa de las que -como ya me vas conociendo- me cuesta mucho trabajo hablar. Tengo pensado comprar otro piso al lado del que tengo en Marbella para doblar los alojamientos turísticos. Ya tengo concedida la hipoteca pero me falta algo de cash para ir lo suficientemente desahogado. ¿Crees que podrías anticiparme algunas nóminas ahora junto con la de enero? Gracias en cualquier caso, puedas o no. Y perdona. Pedir para mí es algo que toda mi vida me ha costado muchísimo trabajo”, le escribió. En apenas dos minutos, tenía el dinero: “Sí, claro. Dime cómo te puedo ayudar. El miércoles lo cerramos. Sin problema. Abrzs”. “Besarkada!”, le agradeció en euskera el andaluz. Fernández Guerrero tenía muchos guiños en ese idioma con sus socios vascos.

Según la Guardia Civil, “tan sólo unos días después” de la transferencia de Alonso al expresidente de la SEPI se firmó la escritura de un piso en Marbella valorado en 199.500 euros en total. Fernández Guerrero era titular al 50%. A los nueve meses, Fernández Guerrero adquirió otra propiedad en esa misma localidad andaluza, de nuevo al 50%. Aquí no consta si había o no fondos procedentes de Hirurok.

En el caso de Díez, la Guardia Civil sostiene que hay “diversos indicios” que, “bajo el prisma policial”, podrían hacer concluir que igualmente se lucró con el dinero de Mediaciones Martínez. En concreto, se menciona la adquisición de un Škoda Octavia de 21.500 euros. El coche estaba a nombre de la empresa, pero las revisiones las ha pasado en estaciones de ITV cercanas a las residencias de Díez, que es natural de Portugalete. El administrador nominal de Mediaciones Martínez, Carmelo Aznárez, que hacía las veces de contable del dueño real, Alonso, llegó a preguntar por una multa que había llegado. “Del coche Skoda que compraste para una amiga... Entiendo que la multa se la vas a remitir para su pago”, le planteaba a Alonso. Aznárez, de su lado, cobró 16.452 euros por sus funciones a través de otra sociedad llamada Azpe.

Los flujos de dinero apuntan también a la participación de Mediaciones Martínez en la creación de una mercantil en Marbella para la “adquisición de una serie de parcelas” que eran propiedad de “filiales de Acciona”. Acciona estaba asociada a Alonso y recibió varias adjudicaciones públicas de la mano de Servinabar 2000. “El tema de Marbella va ya como las balas [...] Para el día de la compraventa, de acuerdo con las cuentas del excel que adjunto, tendremos que contar con la mitad del precio que hay que desembolsar al contado, que es el 10% más el IVA total, lo que totaliza 837.000,31 euros, lo que implica que la parte de Mediaciones Martínez con la que habrá que contar el día de la escritura son 418.500,15 euros”, planteaba Fernández Guerrero a Díez y Alonso en un correo electrónico.

A la vez, el expresidente de la SEPI urgía a ingresar dinero de Erri Berri, que no solamente había participado en la operación de Asturias con la SEPI. “Necesitamos que Félix [el dueño de la empresa navarra] nos abone los 250K que hablamos el otro día. ¿Te encargas tú, Antton, ahora que está reciente la reunión del jueves, de pasarle las dos facturas de 100K por Avilés más los 150K por el FC Barcelona?”, agregaba. La trama, aparentemente, medió igualmente para que Erri Berri pudiera demoler el Camp Nou a cambio de una gratificación.

La investigación de Hirurok está en el Tribunal Central de Instancia. El secreto de sumario se levantó hace unos días. Deriva de la causa abierta en el Supremo el pasado año contra Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Fueron los datos incautados a Alonso en Elorrio los que dieron pie a esta nueva vía, luego refrendada porque en el material encontrado en poder de Fernández Guerrero y Díez es idéntico. Con todo, en ese otro sumario la Guardia Civil ya indicó que los fondos de Servinabar 2000 se habían empleado con fines personales por parte del entorno de Cerdán. En concreto, la UCO señaló que el político había pagado con cargo a ese dinero quince mensualidades de un alquiler en Madrid, a lo que se suman 7.849 euros en muebles.

Igualmente, se dispusieron de 33.574 euros en las tarjetas de crédito justo hasta el momento en que fue arrestado en 2024 Koldo García, socialista navarro y recomendado por Cerdán al ahora condenado José Luis Ábalos. Se da la circunstancia de que la esposa de Alonso, que residía en la vivienda reformada con cargo a Mediaciones Martínez, se quejaba en un mensaje que se hizo muy sonado de que la esposa de Cerdán no hacía más que “gastar y gastar”. “La Paqui. Que la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés. Gastar y gastar. Y restaurantes fin de semana sí y otro también. Ya les vale. Todos de lo bueno, lo mejor. Eso no es plan. Y encima no son nada discretos”, protestaba.

El empresario guipuzcoano Antxon Alonso es también el titular del 98,3% de las participaciones de Mediaciones Martínez, la empresa a través de la que Tubos Reunidos canalizó parte de las presuntas comisiones ilegales tras su rescate de 112,8 millones por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según constata la UCO de la Guardia Civil. Mediaciones Martínez, con sede en Zaragoza, también cobró de otros proyectos investigados por corrupción, como los relacionados con la empresa navarra de demoliciones Erri Berri.

En un atestado de finales de 2025 que motivó la apertura de una nueva causa en la Audiencia Nacional en torno al rescate de la empresa de Amurrio, al que ha tenido acceso este periódico, la UCO sitúa al empresario en un papel adicional al que ya se le conocía como principal referencia de Servinabar 2000, en la que aparentemente el dirigente del PSOE Santos Cerdán tenía una participación del 45%.

Alonso conformaba un grupo llamado Hirurok con el expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, y con la vizcaína Leire Díez. Según la tesis de la Fiscalía, que solicitó la apertura de esta nueva causa, Hirurok presuntamente cobraba las comisiones ilegales por intermediación en el rescate de Tubos Reunidos y de otras gestiones con empresas como la navarra Erri Berri. Se sospecha que Fernández Guerrero mantenía en 2021, cuando se sustanciaron estas operaciones, una capacidad influencia en la SEPI a pesar de haber dejado el cargo en 2019.

En ambos casos, Tubos Reunidos y Erri Berri, se ha constatado que los pagos -o parte de ellos- se hicieron a través de Mediaciones Martínez, con sede en Zaragoza. En el caso del rescate, inicialmente se había planteado hacerlo a través de Servinabar 2000 pero, finalmente, se cambió de idea. Los nuevos datos indican que, en realidad, seguía estando detrás la misma persona, Alonso.

La Policía judicial acredita que el 27 de julio de 2021 Alonso adquirió el 98,33% de las acciones de Mediaciones Martínez. Es decir, lo hizo a los pocos días de consumarse el rescate de Tubos Reunidos y un día antes de que, en una cena, Fernández Guerrero le comunicara al primer ejecutivo de la compañía, Francisco Irazusta, que quería un “agradecimiento” por sus gestiones, como detalló la Fiscalía.

Las participaciones restantes, añade la UCO, “con el aparente objetivo de evitar la unipersonalidad de la sociedad” quedaron en manos de Carmelo Aznárez —el anterior propietario—, que “formalmente asumió el cargo de administrador único” de la sociedad “con el propósito de encubrir la titularidad y administración real de la sociedad, en manos del grupo Hirurok”, apostilla la Guardia Civil. Mediaciones Martínez llevaba años inactiva por aquel entonces. Según la documentación remitida por la Agencia Tributaria a la investigación esta mercantil no contó con personal dado de alta entre octubre de 2021 y mayo de 2025. Así, las facturaciones con conceptos como “prospección de mercado” eran “mendaces”.

Es a partir de la entrada de Alonso en el accionariado cuando, siempre según la UCO, Mediaciones Martínez comenzó a ser utilizada por el grupo Hirurok para el cobro de mordidas. La Guardia Civil cifra en 913.000 euros las comisiones que podrían haber cobrado Alonso, Fernández Guerrero y Díez a través de la empresa. En detalle, a los 114.950 euros de Tubos Reunidos -al margen, Fernández Guerrero cobró a título individual otros 130.000-, y a los 400.000 de Erri Berri cobrados a través la empresa hermana Derribos Olite y Servinabar 2000, se suman 237.033 de VUSA, 77.137 del Grupo Aldesa, 38.720 de Alto Mineral, 24.200 de Madrid Aranda Empresa Constructora, 33.800 de LAAM Arquitectura o 17.545 de SDP Carrillo y Montes Abogados.

La UCO de la Guardia Civil ha localizado 1.288 mensajes de WhatsApp en el período comprendido entre 2020 y 2025 entre la socialista de Portugalete Leire Díez, investigada por corrupción, y el vicelehendakari segundo del Gobierno vasco, Mikel Torres. Cabeza de la parte socialista del Ejecutivo de coalición de Imanol Pradales, Torres es el líder del PSE-EE vizcaíno y durante años fue alcalde de Portugalete, donde se conocieron. La Policía judicial resalta de esas conversaciones lo relativo al rescate de Tubos Reunidos, aunque no aporta indicios de que el dirigente del PSE-EE realizara alguna gestión en ese sentido.

Díez, aunque tuvo su primer cargo público en Cantabria, es originaria de Portugalete, donde ha solido participar en actos del PSE-EE como la festividad del Primero de Mayo. Esta localidad del área metropolitana de Bilbao es un feudo socialista. Torres ha sido alcalde desde 2008 hasta 2024, cuando accedió al Gobierno vasco. También es el lugar de origen del lehendakari Patxi López y de residencia del actual secretario general en Euskadi, Eneko Andueza.

Díez conformaba un grupo llamado Hirurok con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y con el empresario guipuzcoano Antxon Alonso. La Guardia Civil eleva a 250.000 euros las comisiones que percibió presuntamente Fernández Guerrero por intermediar tanto en el rescate de 2021 de Tubos Reunidos, empresa de Amurrio, como en la renegociación de la devolución de unos intereses en 2024. La empresa admite los pagos realizados.

El atestado de la UCO de mayo sobre Tubos Reunidos destaca solamente los mensajes relaciones con esa compañía y ya en la segunda fase, la de los intereses. A los pocos días de acceder al cargo de vicelehendakari, el socialista andaluz Fernández Guerrero le pidió a Díez un encuentro entre “Mikel” y un directivo de la compañía, Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, uno de los tres imputados. “Podrías gestionar una reu con él y con Jesús Urrutia? Informal. Rollo caña”, le plantea en un mensaje el expresidente de la SEPI. “Lo intento”, dijo ella. “No va a pedir nada. Solo colocarse en situación. Ya pedirá en la siguiente ocasión [...] Pero así le empoderamos (y a nosotros de paso)”, explica Fernández Guerrero.

Torres lidera las carteras de Economía, Trabajo y Empleo, pero la política industrial la gestiona el PNV por medio del consejero Mikel Jauregi. Fernández Guerrero, en cambio, cometió ese error en una nota que guardaba en su Drive: “Modelo presión política. Ramo de industria en el Gobierno Vasco al PSE, nombrándose responsable del ramo y vicelehendakari al alcalde de Portugalete. Mikel Torres. Gestionando reunión con él para el día 24/25 de julio a través de Leire Díez”.

La Guardia Civil no ha encontrado rastro de esa reunión, pero sí conversaciones sobre Tubos Reunidos entre el vicelehendakari y Díez de meses después, de octubre de 2024. Antes, en septiembre, Fernández Guerrero -que buscaba una nueva “success fee” de la empresa, es decir, nuevos pagos por sus gestiones- insistía en mantener abiertos los canales también “con la vicepresidencia del GV”.

En ese otoño, Díez planteó a Tubos Reunidos “ayuda desde otras vías”. En ese contexto, le insistió a Torres para que atendiera a los directivos de la empresa. “Recuerdas que te dije el día que nos vimos la posibilidad de ver a Jesús Urrutia, el Consejero Coordinador de Tubos Reunidos? Tu podrías verle el miércoles x la tarde en algún momento (miércoles 30). Me dices cuando puedas si es posible? Me esta insistiendo. La situación de TTRR es complicada” [sic], le mandó por WhatsApp Díez al vicelehendakari.

Nuevamente, la Guardia Civil admite que “no se han encontrado conversaciones posteriores que puedan confirmar o desmentir la definitiva celebración de este encuentro”, pero sí constata que Torres y Díez cruzaron 1.288 mensajes, a la luz de los dispositivos incautados a la segunda y volcados en el sumario de una causa dirigida por el juez Santiago Pedraz, del Tribunal Central de Instancia.

En noviembre de 2024, el CEO de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, asumió la interlocución con Díez y Fernández Guerrero. Les participa que la situación de la empresa es crítica. Incluso no se descarta el concurso de acreedores. “Se lo he mandado tal cual a Santos y a Mikel”, escribe ella. Santos, según infiere la UCO, es Cerdán. Ése es el origen de una reunión en Ferraz con directivos de la compañía que acabó con otro pago de 40.000 euros a la trama, según sostiene la Guardia Civil y no niega Tubos Reunidos.

Desde el entorno del vicelehendakari, han querido “puntualizar” que “en ningún momento el vicelehendakari se ha reunido con Leire Díez para el rescate de ninguna empresa”. Añaden que “los mensajes de WhatsApp intercambiados se deben a que Leire Díez era una persona muy activa socialmente en Portugalete, formó parte de las Ampas de varios centros educativos y equipos deportivos de la localidad y realizó un sello de Correos de Portugalete coincidiendo con el 700 aniversario de la villa cuando Díez era la responsable institucional de Correos”. “Ni Leire Díez le solicitó nunca una reunión para hablar de Tubos Reunidos ni le pidió nada con respecto a esta empresa. Por tanto, durante los 16 años como alcalde del ahora vicelehendakari mantuvo una relación como con otros vecinos activos en la vida social de Portugalete”, abundan estas fuentes.

Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia ha presentado este viernes su dimisión como consejero independiente de la empresa de Amurrio Tubos Reunidos. La empresa, actualmente en concurso de acreedores, ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su cargo es “incompatible” con otras “responsabilidades”, pero coincide con su imputación en la investigación por corrupción seguida en la Audiencia Nacional en relación al rescate de la compañía por parte de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en 2021, valorado en 112,8 millones de euros. Se analiza si se abonaron comisiones ilegales al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y a su grupo Hirurok, conformado también por Leire Díez y Antxon Alonso.

Según el sumario, el ejecutivo participó en reuniones con Fernández Guerrero en el momento del rescate, cuando el socialista andaluz reclamó un “agradecimiento” por su participación como facilitador de la financiación. Igualmente, participó en un momento posterior en que tocaba renegociar la devolución de intereses y, supuestamente, se celebró un encuentro en Ferraz, la sede del PSOE, en el que también estuvo Santos Cerdán. En el primer momento Fernández Guerrero cobró 114.950 euros a través de la pantalla Mediaciones Martínez, unos hechos ya admitidos por Tubos Reunidos. En el segundo momento se sospecha que se pudo abonar una nueva comisión de 40.000 euros, según un informe de la UCO de la Guardia Civil.

El empresario es bilbaíno de nacimiento pero andaluz de adopción. Según Tubos Reunidos, “cuenta con una amplia experiencia de más de 36 años ejerciendo funciones de dirección en grandes compañías como CEO o de dirección general y dirección financiera”. “A lo largo de su larga experiencia profesional ha sido presidente en España de BNPP Real Estate, CEO de Occidental Hoteles, CFO de Metrovacesa, Director General Corporativo de Grupo Ence y CEO de Planeta DeAgostini así como CFO y secretario general de Abengoa. [Y] Cuenta con amplia experiencia en consejos de administración donde ha pertenecido a los consejos de Abengoa, Befesa,Telvent, Logista, la Socimi francesa Gecina, GMP, Levantina de Mármoles o Denarius, entre otros. Asimismo ha sido presidente en España de BNPRE y consejero de las compañías Project Qsar Investments y Rio Narcea Recursos SA. Actualmente es miembro del consejo asesor de Schindler en España, senior advisor de Denarius Metals en España, miembro del consejo de Vertikal Elevadores, S.L.U. y director general en Madrid de Cesur (Círculo de Empresarios del Sur de España)”, se puede ver en su curriculum.

En la causa judicial está imputado también Francisco Irazusta, el presidente de la compañía en el momento del rescate y que presuntamente cenó con Fernández Guerrero a finales de julio de 2021 para acordar la mecánica de los pagos, según describió la Fiscalía en un documento adelantado por este periódico. Cesó en 2023 y, por lo tanto, no participó ya en la siguiente fase. Hay un tercer directivo de Tubos Reunidos investigado que acompañó a Pérez Rodríguez-Urrutia a Ferraz, siempre según el sumario.

La empresa, sumida en concurso de acreedores, ha comunicado también a la CNMV que entrará al consejo Carmen Motellón. Será presidenta de la comisión de auditoría. Ingenera de formación, es funcionaria del Estado y cuenta con “amplia experiencia”, según la compañía.

El diputado general de Álava, Ramiro González, del PNV, ha confiado en que la investigación judicial por presunta corrupción en Tubos Reunidos “no influya en el futuro” de la empresa, que necesita de “la llegada de un inversor” y de “la reestructuración de la deuda”. La compañía, con sede principal en Amurrio, fue rescatada en 2021 por la SEPI y se analiza si la inyección de 112,8 millones escondía el pago de comisiones ilegales.

“Evidentemente, esta investigación judicial no es positiva para el futuro de la empresa. El deseo de la Diputación Foral de Álava es que no interfiera, no tenga ninguna influencia y que el proceso que se lleva a cabo dentro del procedimiento concursal pueda acabar como todos deseamos, que es con la continuidad de la actividad empresarial”, ha manifestado este martes en rueda de prensa, según informa Europa Press.

Tubos Reunidos está ahora mismo en concurso de acreedores. Ha sido un 2026 de despidos, huelgas y movilizaciones. Sin embargo, antes, en diciembre de 2025, la compañía fue registrada por la UCO de la Guardia Civil por orden de la Audiencia Nacional. Fueron también arrestados el expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, que cobró de la compañía a través de una mercantil de Zaragoza, la vizcaína Leire Díez y el guipuzcoano Antxon Alonso, socio del exdirigente del PSOE Santos Cerdán.

El pasado jueves, de nuevo por orden judicial y por los mismos hechos, la Guardia Civil se volvió a personar tanto en la planta de Amurrio como en las oficinas de Bilbao. La empresa envió el viernes un comunicado a toda la plantilla informando de la entrada de la Policía y exhibiendo voluntad de “colaborar” con la Justicia. La nota estaba en castellano, euskera e inglés.

La investigación de la Audiencia Nacional sobre las maniobras de Leire Díez o Santos Cerdán, que tantos y tantos titulares está copando, tiene su origen en otro hito. Se trata del rescate por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (conocida por sus siglas SEPI) de la empresa de Amurrio Tubos Reunidos. Fue una operación de 112,8 millones de euros y se sospecha que encerró el pago de comisiones, el primero de otra serie de negocios similares y que han sido bautizados con el nombre en euskera Hirurok ('Nosotros tres', en castellano) por aglutinar a tres personas del entorno de Cerdán, la propia Díez, socialista vizcaína, Antxon Alonso, empresario guipuzcoano, y Vicente Fernández Guerrero, socialista andaluz y expresidente de la SEPI.

La UCO de la Guardia Civil, en calidad de Policía judicial, ha elaborado para el instructor Santiago Pedraz un informe específico sobre este asunto. Tiene fecha de 6 de mayo. Además, menciona el tema en otro dictamen más amplio y más reciente, del 26 de mayo. En él, señala también la “intermediación” de “algún miembro” del PNV en la operación de Tubos Reunidos, aunque no se aporta ningún dato identificativo y deja el rol de estas personas en condicional. No es la primera vez que en las investigaciones de la UCO que rodean al exsecretario de Organización del PSOE, el navarro Cerdán, se menciona al PNV. En otro informe se apuntaba a que los nacionalistas sugirieron unos nombramientos tras apoyar en 2018 la moción de censura que aupó al poder a Pedro Sánchez.

La empresa ha sido registrada nuevamente este mismo jueves. Ya lo fue durante horas en diciembre de 2025, justo antes de que trascendieran las detenciones de los tres de Hirurok. En aquel momento se llevaron una ingente cantidad de archivos informáticos y buscaron el rastro de dos directivos concretos de la empresa, los mismos que habían mantenido más contacto con Cerdán y Díez.

El rescate fue ejecutado en 2021. En ese momento, el expresidente de la SEPI, Fernández Guerrero, fue contratado por Tubos Reunidos como asesor externo. Cobró 114.950 euros a través de la asesoría zaragozana Mediaciones Martínez, según ha detectado la Policía judicial. La empresa no lo niega. En paralelo, Fernández Guerrero fue dado de alta como trabajador de Servinabar 2000, mercantil pamplonesa del empresario guipuzcoano Antxon Alonso y en la que Cerdán, aparentemente, controlaba el 45% de forma oculta.

Técnicamente, llevaba más de dos años fuera de su cargo y no había incompatibilidad legal en estas actividades mercantiles, pero los responsables de la investigación sostienen que en el período de 2019 a 2021, aunque formalmente estuvo fuera por otro problema legal relacionado con Aznalcóllar, siguió influyendo en el organismo estatal o intentando regresar. Es más, se sostiene que, cuando Belén Gualda fue elegida ese mismo 2021 para cubrir la vacante, la trama intentó que Díez fuese su jefa de gabinete.

Sobre los hechos de 2021, expone la Guardia Civil que “se pudo comprobar cómo Leire y Vicente, en un momento dado en el que el rescate se encontraba bloqueado, propusieron acudir a Santos y Antxón para impulsar el mismo”. En sus informes, este cuerpo siempre cita a los implicados por su nombre de pila. Agrega que, “previsiblemente como resultado de lo anterior, las acciones desarrolladas por el grupo Hirurok consistieron, según las palabras de los propios investigados, en al menos su 'intermediación' con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco, lo cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda en cuestión”.

Abunda la UCO que, años después del rescate, “se ha identificado una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025, a los fines de conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la cual habría podido participar Santos”. ¿En qué se basan? El 13 de noviembre de 2024 se celebró en el despacho de Cerdán “en la sede del PSOE, sita en la calle Ferraz”, una cita entre el dirigente socialista, Díez “y dos directivos de Tubos Reunidos”. Después, arreglado el problema, Fernández Guerrero facturó 40.000 euros adicionales a Tubos Reunidos. El expresidente de la SEPI mantuvo su relación económica con la empresa hasta un mes antes de ser detenido, hasta noviembre de 2025, según fuentes de la compañía.

¿Y cómo se conformó Hirurok con gentes de tan variada procedencia? La Guardia Civil ubica el inicio de la relación “personal” entre Fernández Guerrero y Díez en la SEPI, donde ella era responsable de comunicación de la filial Enusa. Era el año 2019. Un poco después, a finales de 2020, ambos conocieron a Alonso por mediación de Cerdán. Para demostrar que Cerdán y Fernández Guerrero también se conocían, la UCO muestra unos mensajes del actual secretario de Organización del PSE-EE, Miguel Ángel Morales. A finales de 2018, Cerdán le pidió a Morales, con quien mantenía una estrecha relación, que contactara con el entonces presidente de la SEPI.

“Es un favor que nos tienes que hacer”, ponía el socialista vasco. Hace un año, cuando Morales salía mencionado en otro informe sobre las causas que rodean a Cerdán, el PSE-EE desmintió totalmente cualquier implicación en irregularidades. Morales vuelve a ser mencionado en un mensaje de Díez a Fernández Guerrero. “Hoy volveré a ver a Santos porque ayer se reunía con Eneko y Morales”, le decía, en referencia previsible a Eneko Andueza, secretario general del partido en Euskadi. Fuentes del PSE-EE explican que Morales planteaba un favor de índole persona, dentro de la legalidad y sin relación alguna con los hechos investigados.

Hirurok como tal nace en 2021. Es un grupo de Threema, una aplicación de mensajería aparentemente más segura que WhatsApp. Se crea el mismo día en que Fernández Guerrero es dado de alta como trabajador de Servinabar 2000. Sin embargo, operaba de antes, según la tesis de la Guardia Civil.

La UCO sostiene que cobraron 117.612 euros en comisiones de otros dos negocios además de Tubos Reunidos. Menciona 18.119,75 euros ingresados en Servinabar 2000 por una adjudicación en Mercasa y 99.492,25 euros de la empresa navarra Excavaciones Erri-Berri por unos trabajos en Asturias. Se menciona, igualmente, que Forestalia “pactó” el pago de 200.000 euros a Hirurok para que Sepides aprobara una inversión de 17,32 millones para Arapellet, una filial. Alonso ejerció de representante de Forestalia ante numerosos cargos públicos y Fernández Guerrero también participó en reuniones, siempre según la Guardia Civil. Por otro lado, Díez creó en Marbella una sociedad llamada “Andalukadi”, en probable referencia a la unión de Andalucía y Euskadi.

Por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, agentes de la UCO de la Guardia Civil han realizando registros este jueves en la sede central de Tubos Reunidos, en la localidad alavesa de Amurrio, y en las oficinas de la compañía en el centro de Bilbao, según fuentes internas. Es ya la segunda operación policial en esta compañía, ya que en diciembre los agentes ya se personaron en Amurrio. Se buscan nuevas pruebas relacionadas con presuntas irregularidades en el rescate de la empresa propiciado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021, de 112,8 millones. La empresa contrató ese año y hasta 2025 como asesor al expresidente del organismo estatal, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero.  Los agentes de la UCO también tiene orden de realizar un requerimiento de información en la sede de la SEPI, en Madrid.

A falta de detalles de la operación policial, en diciembre se buscaron correos electrónicos de un período temporal muy amplio y se analizó el papel de dos directivos de la empresa. Ahora se desconoce el alcance de las nuevas pesquisas. El registro de Amurrio ha sido breve, de apenas unos minutos. Ambas entradas han comenzado a la vez. El de Bilbao ha terminado hacia las 18.30 horas.

Se da la circunstancia de que los últimos meses han sido muy duros para Tubos Reunidos, que ahora mismo está en concurso de acreedores y que llegó a plantear 300 despidos a comienzos de 2026. En estos meses se han sucedido las huelgas y movilizaciones tanto en Amurrio como en otra planta vizcaína, la de Trapagaran. La SEPI es el principal acreedor, con créditos por valor de 160 millones sumados los intereses que ha generado el rescate de 2021.

El rescate de Tubos Reunidos es el origen de la investigación del juez Pedraz sobre el entorno de Leire Díez, una socialista de origen vizcaíno, aunque actualmente los nuevos datos hayan revelado temas completamente diferenciados. Aunque Fernández Guerrero dejó la SEPI en 2019, se analiza si seguía manteniendo influencia en 2021 para propiciar la inyección económica millonaria, el doble de la de Plus Ultra. Fernández Guerrero conformaba con Díez y con un tercero, el empresario vasco Antxon Alonso, un grupo de Threema llamado Hirurok, en euskera, que aparentemente coordinaba estas operaciones a cambio de comisiones. Threema es una aplicación de mensajería aparentemente más segura que WhatsApp o Telegram.

El expresidente de la SEPI estuvo dado de alta durante cuatro años como consultor externo de la empresa Tubos Reunidos. Eso sí, habían pasado los dos años que marca la ley para evitar conflictos de intereses. La cantidad facturada por Fernández Guerrero en Amurrio ascendería a 114.950 euros. Los pagos no eran directos, sino a través de una “consultora” que él mismo había indicado y que estaba residenciada en Zaragoza, según contaron fuentes de la empresa a este periódico. Después, hubo nuevas facturas ya a título individual cuyas cantidades concretas no se conocen aún.

Se da la circunstancia de que mientras Fernández Guerrero cobraba de Tubos Reunidos vía Zaragoza estuvo dado de alta también en Servinabar 2000 de Pamplona, la mercantil de Alonso en la que, supuestamente, Santos Cerdán tenía una participación del 45%. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. La investigación sobre Servinabar 2000 sigue otro recorrido judicial paralelo. 

El registro buscaba en Tubos Reunidos indicios de anotaciones manuscritas halladas en poder de Leire Díez, quien conformaba con Fernández Guerrero y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, un grupo llamado Hirurok creado aparentemente para cobrar comisiones. Dos directivos de la compañía que habían mantenido reuniones con miembros de esta trama están siendo investigados, aunque su identidad no ha trascendido.

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, estuvo dado de alta durante cuatro años como consultor externo de la empresa Tubos Reunidos, con sede en Amurrio, en Álava, y rescatada por la SEPI en 2021 con una inyección de 112,8 millones de euros. Según ha adelantado también 'El Mundo', la cantidad facturada por Fernández Guerrero ascendería a 114.950 euros. Los pagos no eran directos, sino a través de una “consultora” que él mismo había indicado y que estaba residenciada en Zaragoza, según añaden fuentes de la empresa.

Fernández Guerrero tuvo una relación económica para Tubos Reunidos entre diciembre de 2021 y noviembre de 2025. Las fechas son relevantes. Sobre la de inicio, Fernández Guerrero dejó la SEPI en 2019, de modo que cumplió con la espera legal de dos años para que exaltos cargos no incurran en incompatibilidades. Y, sobre la de final, fue justo antes de que fuera arrestado por ser parte de un grupo llamado Hirurok, en euskera, del que formaban parte también el empresario guipuzcoano Antxon Alonso y la socialista vizcaína Leire Díez.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz analiza si este grupo influyó en la SEPI para garantizar el millonario rescate de la empresa de Amurrio, que es de más del doble de cantidad que el de Plus Ultra, por ejemplo. Esta operación es el origen de la investigación más amplia de la pasada semana que incluyó la entrada en Ferraz o en el domicilio del exdirigente del PSOE Santos Cerdán, al que se sitúa indiciariamente como coordinador del grupo Hirurok. En uno de los mensajes se alude “Andalukadi”, un posible juego de palabras sobre Andalucía y Euskadi, el origen de los integrantes de Hirurok, que se comunicaba en Threema, una plataforma de mensajería supuestamente mejor cifrada que WhatsApp.

La UCO de la Guardia Civil, en calidad de Policía judicial, acudió a las instalaciones de Amurrio en diciembre de 2025, antes de trascender los arrestos de Fernández Guerrero, Alonso y Díez. Después de horas de registro, clonaron abundantísima cantidad de documentación y correos electrónicos. Se espera que el secreto de sumario de esa causa pueda ser levantado de forma inmediata después de varias prórrogas.

Se da la circunstancia de que mientras Fernández Guerrero cobraba de Tubos Reunidos vía Zaragoza estuvo dado de alta también en Servinabar 2000 de Pamplona, la mercantil de Alonso en la que, supuestamente, Cerdán tenía una participación del 45%. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. La investigación sobre Servinabar 2000 sigue otro recorrido judicial paralelo. 

La de Tubos Reunidos, en todo caso, coincide con un momento crítico para la empresa. Acaba de entrar en concurso de acreedores. Ha vivido un arranque de 2026 marcado por una propuesta de 300 despidos que finalmente se han concretado en 242 y que han acarreado huelgas y movilizaciones. Los intereses del rescate de la SEPI elevan ya a 160 millones el montante adeudado al Estado, que es el principal acreedor de un pasivo total de unos 260 millones. Las instituciones vascas y alavesas, dirigidas por el PNV, demandan a la SEPI que flexibilice su deuda con Tubos Reunidos.

El grupo municipal de EH Bildu ha solicitado realizar una auditoría externa independiente de los contratos de los últimos cinco años en el Ayuntamiento de Amurrio (Álava), tras la elaboración de varios informes de reparo por parte de la interventora respecto a la contratación del año 2025. La coalición abertzale lo demandará a través de una moción que se debatirá en el próximo pleno municipal, con el objetivo de que “estas contrataciones sean analizadas y aclaradas”, así como para solicitar que se creen instrumentos para “mejorar la contratación municipal”.

EH Bildu ha reclamado que dicha auditoría esté finalizada antes de finales de junio para poder poner en marcha cuanto antes medidas de mejora de la gestión pública. Según ha trasladado, los informes de contratación de la Intervención, tanto informativos como suspensivos, se han repetido a lo largo de toda la legislatura, pero este último informe con reparos a la contratación de 2025 supera los 200.000 euros, lo que “rebasa lo que puede considerarse como un error puntual”, recoge Europa Press.

En este sentido, ha señalado que por un único contrato, que se adjudicó directamente en mayo de 2024, se han pagado mediante facturas 117.490 euros en año y medio, cuando según “la ley no se pueden superar los 15.000 euros en el plazo de un año para este tipo de contratos”. Un caso, ha añadido, que “no es aislado”, ya que el informe menciona que durante los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 la Intervención ha avisado de que los contratos adjudicados directamente a la misma empresa por el mismo servicio han superado la barrera legal de 15.000 euros para la adjudicación directa durante al menos estos cinco años y “exige la adopción de medidas para el año 2026”.

El portavoz de EH Bildu Amurrio, Jon Berganza, ha reclamado elaborar una “fotografía en profundidad de la situación de la contratación municipal, para dar solución a los errores detectados por los trabajadores municipales” y que “las conclusiones de ese estudio nos den herramientas para una buena actuación”.

En marzo de 1956, muy cerca de Central Park, en pleno corazón de Nueva York, fue visto por última vez el alavés Jesús de Galíndez, de 41 años. Era profesor en Columbia y, oficialmente, este militante del PNV desde adolescente ocupaba desde 1949 el simbólico puesto de delegado del Gobierno de Euzkadi (en el exilio por la dictadura franquista) en Estados Unidos. Extraoficialmente, además, era espía para el FBI y la CIA. Galíndez fue secuestrado, torturado y asesinado. La versión más consolidada es que fue una orden del dictador Leónidas Trujillo, de República Dominicana, donde había residido de 1939 a 1946. Sin embargo, mucha de la información del caso, que ha atraído por igual a novelistas y a historiadores, sigue en una nebulosa setenta años después.

Galíndez nació en Madrid, pero se crió en la localidad alavesa de Amurrio. En la Guerra Civil, el PNV accedió por vez primera al Gobierno de España. El navarro Manuel de Irujo fue ministro de Justicia de la república y un veinteañero licenciado en Derecho ejerció letrado en la Dirección General de Prisiones. Con la derrota de la legalidad, como buena parte de la dirigencia del PNV, pasó al exilio. Su destino fue República Dominicana. Entre otras actividades, fue profesor del hijo del tirano, Ramfis. En 1946, pasó a Estados Unidos, donde lideró la delegación vasca.

En la Guerra Civil, el Gobierno autonómico que tuvo al frente a José Antonio de Aguirre creó el Servicio Vasco de Información, una agencia de espionaje. En el caso de Estados Unidos, el propio lehendakari se puso al frente del acercamiento a la CIA (nacida en esos años como OSS) y al FBI. Esto está perfectamente documentado en los archivos desclasificados por ambos organismos. En el caso del Reino Unido, la relación con la agencia conocida como SOE la capitaneó el que luego sería lehendakari en el exilio a la muerte de Aguirre, Jesús María de Leizaola.

El SVI, que buscaba ganarse la confianza de Estados Unidos para intentar un derrocamiento del franquismo en España que nunca llegó, colaboró con CIA y FBI en casi todos los países de habla hispana de América, incluida República Dominicana. Y también realizó operaciones internas en Estados Unidos desde su base era el 30 de la Quinta Avenida, la oficina de la Delegación. Galíndez era primero el agente DR-10 estando en Santo Domingo, donde aparentemente inició sus actividades en 1944, cuando la ciudad se llamaba Ciudad Trujillo. Y luego, ya en Nueva York, era el NY-507-s.

En Columbia, a finales de febrero de 1956, el Galíndez profesor había presentado una tesis crítica con el régimen dominicano. El Gobierno de España tiene publicado que “testimonios confidenciales recogidos posteriormente permiten establecer que fue sacado de su apartamento por personas de su confianza, drogado y trasladado en avioneta a la República Dominicana, donde se habría encontrado con el dictador antes de pasar a manos de sus torturadores”. Añade esta misma publicación que “los sicarios de Trujillo le sacaron, presuntamente, los ojos, le cortaron la lengua, le arrancaron las uñas y le machacaron los huesos lentamente con un mazo”. “Luego quemaron el cadáver y lo echaron a los tiburones”, se apunta. La historia completa se puede consultar aquí.

El asunto no es un detalle más en la historia del exilio vasco. Acaparó portadas y titulares en la prensa estadounidense. Manuel Vázquez Montalbán lo convirtió en novela en 1990. Recibió el premio nacional de narrativa y el premio europeo de literatura. En 2003, se convirtió en película con Eduard Fernández en la piel de Galíndez y Harvey Keitel como agente de la CIA.

En la historia del SVI emerge otra figura muy relevante, la de Antón de Irala, secretario del PNV y del lehendakari Aguirre. Él también estuvo en nómina de la OSS. Fue el predecesor de Galíndez al frente de la Delegación estadounidense. El archivo de la Universidad de Navarra, donde la familia Irala depositó el legado del exdiplomático vasco y que ha sido consultado por este periódico, conserva cartas entre Irala y Galíndez e incluso una reprimenda del lehendakari Aguirre porque operaban al margen de sus directrices. “Estás recibiendo copias cartas que me escribe Galíndez. Y eso no me parece bien. Es una cuestión de orden y más necesario de evitar en estos momentos en los que no veo con claridad vuestra actuación”, le afeó el lehendakari a Irala en 1950 estando ya en París.

Con la desaparición de Galíndez se esfumaron muchos archivos del SVI, la agencia de espionaje vasca creada en la Guerra Civil y que, en la II Guerra Mundial, se puso al servicio de las agencias estadounidenses. En 1962, 'The Washington Post' contaba bajo el título 'Operations in Spain' que después del secuestro de “Prof. Jesus de Galindez” la CIA había empezado a revisar sus “papeles”. “La CIA había entregado 1.016.000 dólares a Galíndez para operar una red vasca en España. Los vascos odian a Franco, por lo que esta red solamente podía estar operando contra Franco, quien ha cedido bases militares a Estados Unidos. El Departamento de Estado no sabía nada de esto”, contaba la crónica del rotativo de la capital.

Constan movimientos posteriores a la desaparición de Galíndez en los que Irala regresó a Nueva York a intentar recuperar esos archivos. Y tuvo un encontronazo con las autoridades. Les explicó que los papeles no eran del delegado, sino de la institución, y que entregárselos al viejo padre del desaparecido sería un error mayúsculo, porque acabarían en poder de las autoridades españolas. Para entonces, Estados Unidos había normalizado ya sus relaciones con la España franquista y no mantenía relación alguna con el espionaje vasco.

El veterano del PNV Iñaki Anasagasti cuenta que, durante la presidencia de Bill Clinton, Xabier Arzalluz recibió una invitación del entonces embajador en España, Richard Gardner. En una cena en Bilbao, les expuso que en 1956, siendo un joven abogado, fue comisionado para encontrar la documentación perdida de Galíndez, sin que la labor diera sus frutos.

Anasagasti promovió también en 1986, hace ahora cuarenta años, un homenaje a Galíndez en su Amurrio natal. Y es que, en su testamento, había dejado la siguiente petición: “Me declaro cristiano y vasco. Como tal quiero ser enterrado en la fe y en la tierra de mis antepasados cuando esto sea posible. Y ruego a quien se haga cargo de mi cuerpo y bienes que mis restos sean llevados un día a Amurrio, en la provincia de Álava, Euzkadi, para ser enterrados allí. Quisiera que fuese en la finca que mi padre tiene cerca de Zaraobe, en la parte alta donde se divisan las montañas de mi Patria”. El Archivo de Álava conserva una colección de 22 fotografías de ese momento.

En Vitoria, la capital de Álava, pasa completamente inadvertida una gran escultura de “Homenaje a Galíndez” en una rotonda entre Telefónica y el hospital de Txagorritxu. Fue instalada en 1999 con una gran grúa y es de Jorge Oteiza. En 2025 se encargó su restauración. En Bilbao, tiene también una avenida con su nombre. También tiene una calle en Santo Domingo, en la República Dominicana. Y en Bahía Blanca, en Argentina, hay un paseo marítimo en su memoria.

“Salvó a personas de las 'checas' madrileñas. Luchó con las milicias vascas en la defensa de Madrid. Escribió obras de referencia sobre el derecho público vasco y contra la dictadura de Trujillo. Delegado del Gobierno Vasco en Nueva York, estaba preparando la lucha legal para impedir el reconocimiento del régimen franquista en Naciones Unidas cuando fue secuestrado. Jelkide eredugarria, harro egoteko modukoa”, escribió en X, el 12 de marzo, el presidente del PNV, Aitor Esteban.

Este fin de semana han aparecido pintadas en contra de la Ertzaintza, según han denunciado el Departamento de Seguridad, sindicatos y partidos políticos tanto el sábado como el domingo. ¿Dónde se han dado los hechos? Las pintadas se han detectado en las localidades alavesas de Araia (municipio de Asparrena) y Amurrio y en Donostia.

El primer caso es el de Araia. La fachada del polideportivo de la localidad alavesa ha aparecido este sábado con varias pintadas con lemas como “Zipaioak falanjistak sokara”. El segundo, de nuevo en Álava, es de Amurrio. Allí, este domingo, han aparecido pintadas contra otro ertzaina con mensajes como “zipaio” o “Herriaren etsaia zarete”. Finalmente, el principal sindicato policial, Erne, ha denunciado que también este domingo en Donostia se ha insultado a los opositores que pretenden acceder al cuerpo policial. “Ni zipas ni aspirantes”, se puede leer en ellas.

El equipo del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, ha condenado “rotundamente” las nuevas pintadas y ha denunciado a “los enemigos de la convivencia” que quieren “imponer su totalitarismo” en Euskadi. Desde los sindicatos, Erne ha avisado de que “las amenazas contra agentes de la Ertzaintza no pueden ser relativizadas”, y ha instado al Gobierno de PNV y PSE-EE “a perseguir estos actos con toda la contundencia, activando los protocolos necesarios para su investigación, identificación de los autores y denuncia ante los tribunales”. Igualmente, señala a EH Bildu “con claridad”, porque “sigue sin condenar de forma clara y rotunda” estos hechos. “Acciones como estas no representan el sentir mayoritario de Asparrena”, expuso, de su lado, la formación abertzale sobre el primero de los tres casos.

Para Esan, la segunda central en representación, existe un “acoso organizado, odio ideológico y amenaza directa” a agentes de la Policía vasca. Por ello, ha reclamado “investigación inmediata, identificación de los responsables y condenas públicas claras y sin ambigüedades”. El sindicato Euspel, por su parte, ha interpuesto en la comisaría de la Ertzaintza una denuncia por injurias por las pintadas aparecidas. Sipe ha destacado que la mención a la Falange Española y de las JONS en Araia guarda relación con los incidentes del 12 de octubre, cuando las contramanifestaciones tras la visita de ese partido fascista acabaron con enfrentamientos con los antidisturbios. Desde la oposición el PP condena “con firmeza” lo que ve como una “permanente campaña de acoso y desprestigio contra la Ertzaintza y sus agentes”. Ve “silencio cómplice” en la izquierda abertzale y “apatía” en el PNV a la hora de denunciarlo.

En este contexto, la fundación de los nacionalistas, la Sabino Arana, ahora dirigida por Arantxa Tapia, ha dado uno de sus premios anuales al exconsejero del ramo Juan María Atutxa. Lo ha hecho por “su sobresaliente trayectoria institucional, su coraje en tiempos de violencia, su apuesta por la convivencia democrática, y su entrega” al PNV y a la fundación Sabino Arana, de la que también fue presidente. Además de Atutxa, los galardonados han sido el médico, investigador y científico vitoriano Eduardo Anitua, el músico, compositor y folclorista Enrike Zelaia, el Bera Bera Eskubaloia, la empresa Etxeondo, y la Agencia de Naciones Unidas para las y los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

Tubos Reunidos, empresa radicada en Amurrio (Álava) y que fue rescatada en 2021 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con 112,8 millones de euros, ha tenido “hasta hace unos meses” como asesor al expresidente de este organismo estatal, Vicente Fernández Guerrero. El socialista andaluz ocupó el cargo desde la moción de censura, en el verano de 2018, y hasta octubre de 2019 y está ahora investigado por corrupción en una nueva causa abierta por la Audiencia Nacional en la que igualmente están imputados dos vascos, Leire Díez, natural de Portugalete, y Antxon Alonso, residente en Elorrio.

Después de dejar la SEPI, en 2021, 2022 y 2023 Fernández Guerrero estuvo dado de alta como trabajador de la mercantil Servinabar 2000, con oficinas en Pamplona y detrás de la que está Alonso y, con un 45% de participaciones, el exdirigente socialista Santos Cerdán. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. Sin embargo, los pagos de Tubos Reunidos a Fernández Guerrero se realizaron directamente, sin mediación de Servinabar 2000. En la causa seguida contra Cerdán y Alonso en el Supremo se investiga si esta sociedad fue una pantalla para canalizar comisiones ilegales.

Fuentes de Tubos Reunidos explican que la empresa “ha recibido una solicitud de información” del juzgado central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Ha sido en los últimos días y ya ha sido atendida. La compañía alavesa ha indicado que ha mantenido “un contrato de asesoramiento con cantidades estándar” con Fernández Guerrero. La relación mercantil se ha mantenido “hasta hace unos meses”. “En atención a esta circunstancia, y con el único interés de colaborar con la Justicia, la empresa ha puesto a disposición de las autoridades, de forma inmediata, toda la información que obraba en su poder”, abundan desde la compañía.

Desde el comité de empresa, que lleva años denunciando que la inyección de dinero estatal no ha puesto fin a situaciones como el ERTE anunciado en verano por la afección a la compañía tubera de la nueva política arancelaria de Estados Unidos, adelantan que pedirán “todas las explicaciones” sobre el papel de Fernández Guerrero en una reunión que tendrá lugar este martes. La cita ya estaba prevista pero solicitarán que se incorpore la investigación judicial al orden del día, indican desde el sindicato ESK.

La de Tubos Reunidos es, por el momento, la operación de mayor volumen bajo sospecha en esta nueva pieza. Fernández Guerrero, al igual que Alonso y Díez, con los que Tubos Reunidos niegan tener vinculación, fueron arrestados por la Guardia Civil esta semana, este sábado han pasado a disposición y han quedado en libertad con medidas cautelares. El expresidente de la SEPI ha sido el único que ha respondido a preguntas del instructor, Antonio Piña, y ha negado las imputaciones.

Martínez, Fernández, Pérez, García, Agirre, López, Sáenz, González, Salazar y Ugarte. Son los diez apellidos más frecuentes entre los alaveses que se bautizaron en alguna de las parroquias de la provincia entre los comienzos de los registros bautismales allá por el siglo XVI y finales del XIX. El primer compuesto alavés (esos apellidos que combinan un patronímico acabado en -ez o -iz y un lugar de Álava) en la lista es Ortiz de Zárate, que llega un poco después. Son algunos de los muchos datos que ha compilado el sociólogo Mikel Marañón a lo largo de una labor investigadora que le ha tomado más de diez años y que ahora ha puesto en manos de la ciudadanía a través de una colaboración con la Fundación Sancho el Sabio. Dentro de no mucho tiempo, la fundación pondrá en marcha un recurso que se podrá consultar simplemente haciendo una reserva.

Marañón ha pasado diez años sumergido entre registros bautismales. Son las partidas que el cura de la parroquia rellenaba cada vez que unos padres del pueblo llevaban un niño a que lo bautizaran. La Diócesis de Vitoria, que se separó en su momento de la de Calahorra y se quedó también en su jurisdicción con Orduña y los pueblos del Condado de Treviño, ha generado entre comienzos del siglo XVI y finales del XIX alrededor de 830.000 registros bautismales. Han sido la piedra angular del trabajo de Marañón, que también se ha fijado en algunos casos en los registros de matrimonio y de defunción. Todos los de Euskadi fueron digitalizados en su momento y ahora se pueden consultar en esta página web para posteriormente solicitar al Archivo Histórico Diocesano correspondiente las copias que se deseen.

¿Por qué se empezaron a guardar registros de cada bautismo? La tradición tiene su origen en el Concilio de Trento, que en el siglo XVI estableció algunas de las normas más importantes por las que se rige la Iglesia católica. De ahí nació la obligación de que los curas plasmaran sobre el papel datos relativos a los bautismos que se sucedían en su parroquia, so penas de multa. Ya antes de este requerimiento, la Diócesis de Calahorra, antes de la disgregación de Vitoria, había empezado a solicitarlos. En el caso de Álava, Marieta primero y Cripán segundo son las localidades que guardan los registros más antiguos, con bautismos de los que ha transcurrido ya más de medio milenio.

Ya jubilado de su trabajo como profesor en la Universidad de Deusto, Marañón, que también trabajó para la Administración vasca en sus inicios tras la dictadura, se vio inspirado para iniciar su monumental investigación por la labor de Juan Vidal-Abarca, que hace ya cuarenta años recuperó documentos del siglo X en los que figuraban apellidos alaveses. Aunque el trabajo de Marañón está más acotado, entre el siglo XVI y finales del XIX, existen también muchas limitaciones. “Cada maternidad sigue su norma”, le gusta decir, para reflejar que puede haber tantas variantes como niños hayan nacido. Y las limitaciones que surgen son igualmente abundantes y variopintas. “En el siglo XVI, por ejemplo, se da más importancia a los padrinos que a la madre. Ni siquiera se pone el nombre de la madre”, explica. Más adelante, ya a partir de mediados del XVII, se va incluyendo a la madre y también a los abuelos, con su pueblo de procedencia, lo que permite trazar genealogías más claras. También existen lagunas en el archivo. “Etxaguen, en Zigoitia, no tiene partidas, porque el libro se perdió. Un libro de matrimonios de Elvillar está sin vaciar porque falta media página y aparece quizá el nombre del marido pero no el de la mujer”, ilustra. Y hay una problemática que es recurrente: “Hay curas con una caligrafía estupenda pero también otros que la tienen malísima”. Pero se ha de arar con los bueyes que haya. “Es una base de datos que, con sus limitaciones, tiene un valor enorme”, resume Marañón. Se titula 'Arabizenak', un juego de palabras entre las palabras en euskera para designar a Álava y a los apellidos.

Un mar de tablas

¿Cuál es el resultado de este ingente volumen de trabajo? Son muy variadas las tablas que resultan de la agrupación de los datos que Marañón ha extraído y ofrecen diferente información. En primer lugar, está la frecuencia de cada uno de los 1.600 apellidos en los que se ha centrado en cada pueblo con parroquia de Álava. “Es una macrotabla con los bautizados por cuarto de siglo y apellido. Los apellidos se ordenan de mayor a menor, por lo que es monumental. Vitoria, por ejemplo, puede tener más de 6.000 líneas con sus correspondientes columnas, mientras que hay pueblos que pueden tener 300 o 50”, explica. En el periodo de estudio, los doce apellidos más frecuentes en Vitoria fueron San Vicente (con 1.001 bautizados), Agirre, Santa María, San Miguel, Ullíbarri, García, Martínez, Pérez, Urbina, San Pedro, Ortiz de Zárate y Fernández. Entre los documentos entregados a la Fundación Sancho el Sabio, hay también una segunda clase de tablas, que son las que recogen a los apellidos por su prevalencia. ¿Cuál es el apellido más importante de Moreda?, se puede preguntar, por ejemplo. Se calcula después una tasa de prevalencia de cada apellido entre el total de bautizados en la parroquia. Y se crea una dicotomía: están los apellidos prevalentes (que se dividen a su vez en dominantes, notables y frecuentes) y los infravalentes (que se clasifican como menores, minoritarios y raros).

Lo que Marañón llama “la madre del cordero” entra en escena al abordar lo que denomina la tipología referencial de cada apellido. “Los apellidos hacen referencia a un elemento identificativo. En casi todos los países es el nombre del padre, pero a veces no es suficiente y se recurre a añadirle un topónimo”, explica. Es lo que sucede con los apellidos compuestos alaveses. Martínez de Antoñana, por ejemplo, vendría a significar 'el hijo de Martín el de Antoñana', que es un pueblo de Álava. Pero no siempre es tan sencillo. “A veces es difícil saber a qué se refiere, establecer cuál es al verdadera referencia”, confiesa Marañón. ¿Por qué? Por varios motivos. Hay referencias a lugarse que con el tiempo ha quedado despoblados o de los que incluso apenas hay alguna mención antigua pero ni siquiera constancia de cuáles eran la longitud y la latitud en la que se encontraba el lugar al que se refiere el apellido, el punto concreto en el mapa sobre el que habría que colocar la chincheta. Y también hubo una época en los que estos apellidos compuestos que ahora apenas sobreviven en Álava eran más frecuentes en el norte peninsular, incluidos Navarra, Burgos y Soria. Un apellido compuesto puede nacer también por el simple hecho de que el cura uniese en uno solo el del padre y el de la madre, para pergeñar uno compuesto a partir de dos simples.

Marañón es sociólogo y las tablas son estadísticas. En más de una ocasión durante la presentación de su trabajo ante un nutrido público bromeó con que no resolvía consultas personales sobre los apellidos. Lo suyo son macrotablas con datos puramente estadísticos. “Una tentación muy frecuente en los que van a ver los registros sacramentales es sacar una conclusión general de un solo dato. Y cada bautizado tiene su caso”, recuerda una y otra vez. Desecha, asimismo, aquellas inferencias que de un mero apellido extraen la conclusión de que tal o cual rama familiar era de una etnia concreta, por ejemplo la gitana. “En los pueblos pescadores, el río es lugar de encuentro, mientras que para los de la montaña es de frontera”, recuerda que le decía un maestro, una frase que le sirve para subrayar la necesidad de relativizarlo todo.

Una tentación muy frecuente en los que van a ver los registros sacramentales es sacar una conclusión general de un solo dato. Y cada bautizado tiene su caso

Mikel Marañón — investigador, autor de 'Arabizenak'

De su análisis geográfico, se desprende que el apellido compuesto alavés (Ortiz de Zárate, Ruiz de Azúa, Ortiz de Urbina y Ruiz de Gauna los más frecuentes) se da sobre todo en la zona oriental de la Llanada Alavesa. “En otras zonas como Ayala y Aramaio, la razón para que haya pocos apellidos toponímicos es que cada caserío tiene su propio nombre”, aduce Marañón. Los de los pueblos más compactos se identificaban con el pueblo en su conjunto, mientras que en las poblaciones más diseminadas era más común hacerlo con el caserío o el barrio concreto. De ahí que Bárbara sea un apellido que aparece en varias ocasiones entre los registros bautismales de Llodio, porque era el nombre de un conjunto de casas.

Y otro de los ejes del estudio es la longevidad de los apellidos y el tiempo que han estado establecidos en un mismo pueblo. Lo explica Marañón apoyándose en el ejemplo del apellido Betolaza, con el que se bautizó a 378 niños entre 1500 y 1899. En 1599, ya estaban bautizados 66 de esas personas, lo que supone más de un 17%. Y así se va calculando el acumulado cuarto de siglo tras cuarto de siglo. Betolaza no es ejemplo ni de apellido muy antiguo ni muy joven, pues un 45% de los bautizados con él lo recibieron antes de 1774 y el 55% restante desde entonces hasta 1899. Hay otros casos en los que la desviación es mucho mayor. Marañón extrae siempre un coeficiente de entre 0 y 1 y esto permite etiquetar cada apellido según su longevidad.

Asegura Marañón también que tiene ya tejida la reconstrucción familiar de todos los pueblos de la Rioja Alavesa y casi todos los de la Montaña Alavesa. Pero este trabajo tan minucioso y que tanto esfuerzo requiere le ha desbordado, confiesa. “Es un trabajo costosísimo y dificilísimo”, asevera. Ilustra la dificultad con el ejemplo de Santa Cruz de Campezo, que acumula alrededor de 8.000 registros bautismales. “A ocho horas diarias, se necesita un año para ligar a los hijos con los padres y los abuelos”, asegura.

“Una base de datos descomunal”

El resultado del trabajo de Marañón no es un libro, tampoco una revista o un artículo, sino un proyecto “exhaustivo” de investigación, recalcan desde la Fundación Sancho el Sabio. Cuando se presentó ante ellos con su trabajo, quedaron sorprendidos, asegura Jesús Zubiaga, que es el director. “Es una base de datos de un tamaño descomunal. Una vida dedicada a esto. Sería una pena haber dejado este trabajo en casa. Vamos a poner este trabajo a disposición de los investigadores. No es una publicación secuencial o tradicional, sino un trabajo inmenso con una base de datos inmensa”, han explicado esta semana desde la Fundación Sancho el Sabio en un acto de presentación organizado en el Vital Fundazioa Kulturunea, sito en la primera planta del centro comercial Dendaraba.

La Fundación Sancho el Sabio ya tiene previsto incluir entre sus recursos el fondo de Marañón. “Estará disponbile para cualquier persona que esté interesada en saber el origen de su apellido. No sacaremos la base de datos tal cual, pero haremos PDF de determinadas tablas que puedan interesar”, ha informado Cristina Gareta, subdirectora de la fundación. Así, se podrá reservar como un recurso más y, en el día y hora concretados, acercarse a la fundación y consultar las tablas estadísticas confeccionadas por Marañón. Se puede encontrar en este enlace.

La Guardia Civil ha detenido este jueves a un hombre del municipio alavés de Amurrio al que se le acusa de un delito de injurias por mofarse en redes sociales del fallecimiento de dos agentes atropellados en Andalucía mientras se encontraban de servicio. La investigación, que arrancó en mayo de 2024, tuvo su origen en una llamada anónima de un ciudadano que alertó del contenido del mensaje al 062, el número de la Guardia Civil, desde Castellón.

El mensaje ofensivo se vertió, según informa la Guardia Civil en una nota de prensa, en una cuenta de una red social, lo que permitió que alcanzase “gran repercusión”. “Mejor poli muerto, abono para el huerto”, decía la publicación del usuario ahora detenido, que respondía a un mensaje publicado en la cuenta oficial del cuerpo policial en la que se hacía eco de un accidente acaecido en la localidad sevillana de Los Palacios. Allí, dos guardiaciviles habían sido atropellados por un camión en la AP-4. Otras cuatro personas fallecieron en el mismo accidente.

“Debido a la gravedad de los hechos, se realizaron las indagaciones necesarias para establecer la identidad real de la persona titular del perfil de la red social desde el que se había realizado el comenterio, consiguiendo finalmente proceder a su plena identificación y posterior localización en la localidad de Amurrio, lugar en el que se ha producido la detención”, se explica en la nota publicada este jueves. La investigación la han acometido de forma conjunta el Equipo @ de la Guardia Civil de Vitoria y la Unidad Orgánica de Polícia Judicial de Álava. Ya se han puesto a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Amurrio las diligencias llevadas a cabo.

El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) ha logrado identificar en el cementerio de Bayas, Miranda de Ebro (Burgos), a Modesto Manuel Azcona Garaicoechea, diputado por Amurrio asesinado en 1936. En un comunicado recogido por Europa Press, el Gobierno vasco ha informado de que Azcona, que entonces tenía 46 años, nació el 24 de febrero de 1891 en Villafranca (Navarra) y era diputado foral de Álava. Según ha detallado, el diputado por Amurrio fue ejecutado en 1936 junto a otras cuatro personas que sacaron de la prisión provincial de Vitoria, entre ellos el presidente de la Diputación Foral de Álava, Teodoro Olarte.

Comprometido con la causa republicana, Azcona era diputado en Amurrio por el partido Unión Republicana. Al día siguiente del golpe militar en África, los partidarios de la rebelión se presentaron en su domicilio, donde residía con su hija. Estuvo preso desde el 19 de julio hasta el 19 de septiembre de 1936. Alfonso Sanz, a la sazón delegado de Orden Público del Gobierno Civil de Álava, dio la orden de que se le trasladase, junto con otros presos, a Pamplona. “Se sabe que en la localidad de Bayas, pedanía de Miranda de Ebro (Burgos), aparecieron al borde de la carretera antigua los cadáveres de 6 personas. El alcalde pedáneo Sr. Trichuelo mandó recoger dichos cuerpos en un carro de bueyes y los mandó enterrar en el cementerio del pueblo de Bayas. No dejó constancia de la forma de la muerte ni estado de los cuerpos hallados”, cuenta 'Crónicas a pie de fosa'.

Gogora ha identificado a Azcona gracias a las pruebas genéticas realizadas a tres de sus nietas. La última prueba, realizada en febrero de 2024, ha sido la que ha hecho posible la identificación, por lo que se trata de un nuevo resultado positivo del banco de ADN. Gogora ha informado de que se ha puesto en contacto con la familia, que reside en Navarra y “siempre ha sido muy activa en la búsqueda de su familiar”, así como con la Diputación Foral de Álava y el Gobierno de Navarra.

“Verdad, reparación y justicia”

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha mostrado su “satisfacción” por la identificación de los restos. Ha instado a seguir trabajando en la recuperación de la memoria histórica y reclamar “verdad, reparación y justicia para las víctimas del franquismo”. En este sentido, ha puesto el acento en la necesidad de conocer toda la verdad de las personas represaliadas, cuyos restos no han sido aún identificados. El nombre de Modesto Manuel Azcona Garaicoechea está presente en el Monolito en homenaje de todas las personas represaliadas por el franquismo en Álava, que forma parte del conjunto escultórico 'Bosque de Luz', erigido en el exterior del Palacio Foral.

Santiago Abascal no es profeta en su tierra. En Amurrio, la localidad del norte de Álava en la que nació el ahora líder de Vox, la ultraderecha ha sido en las elecciones generales del 23 de julio la sexta fuerza política por detrás de EH Bildu, PNV, PSE-EE, Sumar y PP. En una localidad de unos 10.000 habitantes, la tercera más grande del territorio alavés después de Vitoria y Llodio, Vox ha atraído nada más que a 132 votantes.

Este partido ha logrado el 2,35% del total de apoyos, muy por debajo incluso del exiguo 3,86% del conjunto de la provincia o del 2,6% de media en Euskadi. En España el porcentaje es del 12,4%. Vox se ha dejado en Amurrio una veintena de votos en relación a la anterior convocatoria, la de 2019. Les queda el consuelo de que suben desde los 104 logrados en las municipales de mayo, donde además fueron la séptima fuerza ya que concurrió otra candidatura local llamada Ahora Amurrio.

En Amurrio, donde sigue abierto el comercio familiar Modas Abascal, en su momento en el punto de mira del entorno de ETA, ha ganado EH Bildu, que ha superado al PNV, que se impuso hace cuatro años y en las municipales. La coalición abertzale ha sacado doce veces más votos que Vox. La candidatura soberanista se ha llevado 1.656 sufragios, el 29,51%. Supera a los 1.498 y 26,7% de los nacionalistas y el PSE-EE escala a 1.290 votos y 22,99%. El anterior partido de Abascal, el PP, es quinta fuerza, con 386 apoyos y un 6,88%.

Abascal es hijo de un histórico del PP en este pueblo del valle de Ayala que se llamaba igual que él, Santiago. Ya fallecido en 2017, fue concejal en el pueblo y durante dos décadas procurador en las Juntas Generales de Álava, el parlamento alavés. Pero logró también con el PP ser diputado en el Congreso por esta provincia. Abascal hijo siempre lo ha sido presentándose fuera de ella. Euskadi es toda una excepción en la implantación de Vox. En toda su historia ha tenido cero diputados, cero senadores y cero concejales. Sus únicos cargos públicos son Amaia Martínez Grisaleña, parlamentaria autonómica desde 2020 por Álava, y Jonatan Moreno, juntero también en Álava por la circunscripción de Vitoria. Ni siquiera Ciudadanos tuvo unos resultados tan bajos.