Leire Díez y los otros dos detenidos por la trama de la SEPI quedan en libertad tras comparecer en la Audiencia Nacional

El expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, vinculado al exdirigente del PSOE Santos Cerdán, han quedado este sábado en libertad tras comparecer en la Audiencia Nacional y después de que la Fiscalía Anticorrupción no solicitara su ingreso en prisión, infoman a elDiario.es fuentes jurídicas. Los tres han abandonado la sede judicial antes de las 14 horas a bordo de sendos taxis tras permanecer casi tres días detenidos en los calabozos de la Guardia Civil.

El juez Antonio Piña ha acordado retirarles el pasaporte y les obliga a comparecer cada 15 días en los juzgados, tal y como había reclamado la fiscal Elisa Lamelas. Leire Díez y Antxon Alonso se han acogido a su derecho a no declarar, mientras que Vicente Fernández sí ha respondido a las preguntas de todas las partes y ha negado su participación en los supuestos amaños de contratos públicos. Los tres están investigados por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal en relación con supuestos amaños de contratos públicos a partir del año 2021, informan fuentes jurídicas.

Durante la comparecencia, la abogada de Leire Díez ha afirmado que su clienta no iba a declarar porque no había tenido acceso a los datos esenciales de las actuaciones. La causa sigue bajo secreto, por lo que las defensas no han podido examinar los indicios que presuntamente les incriminan. El expresidente de la SEPI ha sido preguntado por cantidades facturadas que los investigadores sospechan que pueden ser comisiones por presuntos amaños y él lo ha negado.

La investigación apunta a uno de los centros neurálgicos del uso de dinero público en la administración central: las empresas de propiedad estatal. En el epicentro aparece la SEPI, el holding público que administra y coordina todas las empresas públicas estratégicas o con participación del Estado. Vicente Fernández fue su presidente tras la llegada del PSOE a la Moncloa: entre junio de 2018 y octubre de 2019. Político de la confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pasó apenas 15 meses al frente de la empresa pública hasta que su implicación en el caso Aznalcóllar —del que acabó absuelto la semana pasada— motivó su cese.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron esta semana en las oficinas de la SEPI y reclamaron documentación. Otras cinco empresas públicas participadas por el holding público han sido objeto de requerimientos de información. Se trata de Correos, Mercasa (gestora de los mercados centrales de abastecimientos), Sepides (dedicada a la promoción industrial y el desarrollo empresarial), Cofivacasa (cuyo objeto principal es la liquidación de sociedades y la administración de patrimonios) y Enusa (sector nuclear), donde los agentes sí llevaron a cabo un registro, informa EFE. 

Las fuentes consultas afirman que durante los próximos se van a acordar más diligencias. Además, los investigadores tienen que analizar el material incautado en los registros y requerimientos de información realizados durante esta semana.

Leire Díez, que está siendo investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía y altos mandos de la Guardia Civil, ocupó puestos directivos en dos de estas empresas públicas bajo gobiernos de Pedro Sánchez. Fue responsable de comunicación de Enusa entre octubre de 2018 y diciembre de 2021, época en la que Vicente Fernández presidía la SEPI. Dirigentes socialistas afirman que durante esta etapa ambos acudían juntos a reuniones del holding público. Leire Díez pasó a ser después directora de Relaciones Institucionales y Filatelia en Correos, donde estuvo hasta finales de 2023. 

También se han producido requerimientos de información en las sedes de organismos dependientes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales, donde se ha reclamado documentación sobre contratos y subvenciones investigados en relación con la trama. Los agentes se han desplazado a la Dirección General de Patrimonio del Estado, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (de Hacienda) y la Dirección General de Política Energética y Minas (Transición Ecológica).