El servicio jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presentó el pasado miércoles ante la Audiencia Provincial un escrito en el que solicita a este órgano que dicte las diligencias necesarias que impulsen la ejecución de la sentencia sobre Las Teresitas, en particular la responsabilidad civil y la recuperación del dinero. 

La solicitud se produce tras la instrucción formulada por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, el pasado 29 de marzo, un día después de conocerse la resolución del Tribunal Supremo sobre esta causa y una vez los servicios jurídicos hayan constatado que las aclaraciones solicitadas por algunas de las partes no tienen afección sobre el ámbito del Ayuntamiento.

Una nota del Ayuntamiento indica que la citada instrucción, de la que ahora dimana la petición a la Audiencia, ordenaba a la asesoría jurídica del Ayuntamiento las actuaciones necesarias para recuperar el dinero público invertido en la compra de los terrenos del frente de la playa, así como hacer efectivas las indemnizaciones en favor de esta entidad local.

Para el Ayuntamiento, con esta actuación se da un nuevo paso para la restitución de los perjuicios provocados al patrimonio municipal en el llamado caso Las Teresitas, por el que cumplen condena el exalcalde de la ciudad y exsenador de CC Miguel Zerolo (de CC), el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo (de CC), el exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo Juan Víctor Reyes y el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín González. También se encuentran cumpliendo condena los empresarios Antonio Plasencia y Ignacio González.

La nota remitida desde el Ayuntamiento afirma que acordó en mayo de 2017 adherirse a la solicitud de medidas cautelares planteada por el Ministerio Fiscal y asegurar “la totalidad de las cantidades que en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos reconoce la sentencia a favor del Ayuntamiento”.

Dos años “sin mover un dedo”

Sin embargo, la oposición ha criticado en repetidas ocasiones la inacción del Ayuntamiento ya que, en palabras del portavoz socialista local, José Ángel Martín, tras ese acuerdo en mayo de 2017 no se llevó a cabo ninguna medida para recuperar el dinero. 

El portavoz socialista negó en marzo de 2019 esa buenas intenciones del alcalde y de Coalición Canaria, y señalaba dos operaciones (de momento fallidas), del Cabildo de Tenerife, presidido por Carlos Alonso (CC), y de la Comunidad Autónoma, por Fernando Clavijo (CC), con las que se ha tratado de beneficiar económicamente a uno de los empresarios condenados, Antonio Plasencia, históricamente vinculado a las grandes operaciones económicas del partido.

Patricia Hernández, candidata del PSOE a la alcaldía de Santa Cruz, criticaba el pasado 30 de marzo que el alcalde no haya “movido un solo dedo en estos dos últimos años en los que se podría haber pedido la ejecución de la sentencia para salvaguardar los intereses de la ciudad”.

En su opinión, “tardar dos años da el suficiente margen a los condenados para mover su dinero y que, a la hora de la verdad, puedan utilizar triquiñuelas para no pagar ni un solo euro de los que le deben a los chicharreros”, alertó.

La sentencia sobre este caso, avalada por el Tribunal Supremo, afirma que el Ayuntamiento pagó 52 millones de euros por la compra de varias parcelas del frente de la playa a la empresa Inversiones Las Teresitas, SL, cuando algunas tasaciones, entre ellas la municipal, situaban el precio en 20 millones de euros. Además, había parcelas que se ha demostrado que son de titularidad pública.

Antes de esta sentencia, la Audiencia Provincial había anulado la operación de compraventa y requería la devolución de los fondos pagados a los vendedores, Inversiones Las Teresitas, al Ayuntamiento capitalino.

El empresario Ignacio González ha ingresado este jueves en el centro penitenciario de Tenerife II para cumplir su pena de 5 años y tres meses de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos, al disponerse del patrimonio del Ayuntamiento para la adquisición de unos terrenos en la playa de Las Teresitas por un precio muy superior al que tenía en realidad.

El empresario retrasó su entrada en la cárcel, una condena que fue confirmada por el Tribunal Supremo el pasado 28 de marzo, alegando problemas de salud, que fueron desestimados por dos médicos forenses que le examinaron. “Tras el reconocimiento médico del Sr. González Martín, se informa de que el mismo, si bien presenta problemas de salud relacionados con su edad, no presenta en el momento actual una repercusión cognitiva que le impida entender el sentido de la pena que se le ha impuesto, por lo que no resulta posible suspender la ejecución de la pena (art. 60 CP)”, indicó entonces el tribunal en un auto.

González fue encontrado culpable de un delito de malversación de caudales públicos, al disponerse del patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la adquisición de unos terrenos por un precio (52 millones de euros) muy superior al que tenía en realidad (casi 20 millones).

El gasto que suponía la compra de las parcelas del frente de playa por 8.750 millones de pesetas hizo necesario aprobar una modificación y ampliación del presupuesto municipal para hacer frente a la compra de los terrenos.

Con su ingreso en prisión, todos los condenados por el caso de Las Teresitas se encuentran ya entre rejas para cumplir sus respectivas condenas.

Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador de CC, así como el que fuera gerente de Urbanismo de la capital tinerfeña, Miguel Parejo, se encuentran desde el 1 de abril internados también en el centro penitenciario Tenerife II, donde cumplen su condena de 7 años de cárcel por los delitos de malversación y prevaricación administrativa.

Unidas Podemos (Podemos-Izquierda Unida-Equo) pide a Coalición Canaria (CC) que, si quiere asumir sus responsabilidades políticas por el caso Las Teresitas, debe expulsar a quienes integraron su representación parlamentaria en julio de 2011 “y votaron para que Miguel Zerolo fuera nombrado senador” por la Comunidad Autónoma de Canarias.

Asimismo, propone que también deberá dejar fuera de sus listas a quienes en julio de 2001 votaron en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz a favor de la operación de Las Teresitas.

Unidas Podemos recuerda en una nota que, en julio de 2011, un periódico ya advirtió de la existencia de tasaciones del frente de playa de Las Teresitas por un valor muy inferior al que asumiría el pleno.

De hecho, comenta que “hubo destacados representantes políticos que advirtieron públicamente de que el expediente de Las Teresitas iba a pleno sin informe de valoración de los técnicos municipales, y todo apuntaba a que se iba a producir un pelotazo contra las arcas municipales”.

Unos años más tarde, apuntan, la compraventa del entorno de Las Teresitas fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo y, por otra parte, la Fiscalía presentó un “demoledor” escrito de acusación contra Zerolo y otros implicados en el caso Las Teresitas.

Así, “fue después de estos hechos cuando Coalición Canaria decidió enviar a Zerolo al Senado sabiendo que esa decisión conllevaba aforarlo ante el Tribunal Supremo y retrasar la acción de la Justicia”.

Unidas Podemos considera también que, en 2011, “Coalición Canaria tenía la obligación de ser perfectamente consciente de la operación corrupta que había protagonizado la persona que elegían para ser nombrado senador”.

Por ello, la confluencia sostiene que “quienes votaron a favor de nombrar senador a un político corrupto humillaron la dignidad del Senado y, asimismo, demostraron una tolerancia hacia la corrupción indigna de cualquier cargo público en cualquier país democrático”.

En su opinión, “Coalición Canaria debe expulsar a quienes tomaron tan indigna y miserable decisión”.

Unidas Podemos recuerda que en el Parlamento de Canarias, en 2011, tenían escaño por Coalición Canaria Isaac Castellano, Flora Marrero, María del Mar Julios, José Miguel Barragán, Belén Allende, María Luisa Zamora, Claudina Morales, José Miguel Ruano o Antonio Castro, entre otros.

Ignacio González, empresario condenado a cinco años y tres meses de cárcel por el caso Las Teresitas, seguirá en su casa al menos un día más.

El empresario, que ha sido evaluado hoy por médicos forenses, alega motivos de salud y elude, por el momento, su ingreso en prisión. 

Fuentes del TSJC afirman que la audiencia aún no ha tomado una decisión acerca del ingreso en prisión del empresario, por lo que este continuará en su casa a la espera.

Mientras tanto, Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador de CC, así como el que fuera gerente de Urbanismo de la capital tinerfeña, Miguel Parejo, ya se encuentran desde este martes internados en el centro penitenciario Tenerife II, donde deberán cumplir su condena de 7 años de cárcel por el 'pelotazo' de Las Teresitas.

El concejal lagunero y denunciante del caso Las Teresitas, Santiago Pérez, ha señalado que la operación “especulativa urbanística” involucra a Coalición Canaria (CC) en su conjunto, pues “fue promovida por el Ayuntamiento de Santa Cruz, pero fue secundada por CC en todos los planos institucionales y prácticamente por todos sus líderes”.

Según dijo Santiago Pérez en una nota de prensa, “no fue Zerolo y ya está”. “La intervención de la Comunidad Autónoma en este asunto fue jurídicamente decisiva, aprobando la modificación parcial del Plan General de Santa Cruz propuesta por el Ayuntamiento para reordenar el ámbito de Las Teresitas”, ha explicado.

El concejal ha añadido que la última aportación a este proceso ha sido la del actual alcalde, José Manuel Bermúdez, que “lleva años en ese puesto y no ha tenido la menor diligencia en promover las medidas de aseguramiento que permitirían recuperar el dinero: el paso del tiempo es oro en el mundo de los paraísos fiscales y de las anotaciones electrónicas para evadir bienes y acabar zafándose de la devolución del dinero al pueblo de Santa Cruz”.

Santiago Pérez ha querido recordar que todas las iniciativas que tomó como responsable de los socialistas tinerfeños “estaban encaminadas exclusivamente a recuperar el dinero del sobreprecio que pagó el Ayuntamiento por el frente de playa (5.500 millones de pesetas) y la participación de Santa Cruz en las plusvalías que se originaron en los valles de Las Huertas y El Cercado (reclasificaciones de suelo que le dieron un valor astronómico)”.

“Es uno de los principios esenciales de nuestro derecho urbanístico la participación de la comunidad en las plusvalías originadas por la acción de los poderes públicos. Fue una reclasificación tan importante que permitió a Inversiones Las Teresitas vender ese terreno por 16.000 millones de pesetas pocos años después. Y de ese dinero el pueblo de Santa Cruz se benefició con cero pesetas”, afirmó Pérez.

El edil aseguró que la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y llevar todo el caso Las Teresitas a la vía penal fue la “última opción” a su alcance “para impedir que el paso del tiempo acabara haciendo olvidar y absolviendo toda aquella operación”.

“Pero la operación de Las Teresitas, cuya importancia viene del perjuicio económico que causó al pueblo de Santa Cruz, no es una cosa en la que participaran solo Miguel Zerolo y el Ayuntamiento, sino que fue toda una operación secundada al más alto nivel por el conjunto de Coalición Canaria (CC)”, insistió.

Para Santiago Pérez, “es evidente, si tomamos en cuenta que el convenio urbanístico se tramitó contraviniendo la regulación establecida por primera vez en la legislación canaria del año 2000, el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y los Espacios Naturales, que pasó a regular jurídicamente lo que hasta entonces había sido un territorio sin ley: el de los convenios urbanísticos que se prestaban a abusos y corruptelas”.

Agregó que el convenio de Las Teresitas “fue cumplido antes siquiera de que acabara el plazo para formular alegaciones, como las que presentó en nombre del PSOE, y la reclasificación del suelo incumbía también a las responsabilidades del Gobierno de Canarias”.

“Yo planteé una iniciativa en el Parlamento de Canarias para pedir al Gobierno que, a la vista de que la Fiscalía Anticorrupción había formulado la querella contra la operación, iniciara de oficio el procedimiento para revocar la modificación del Plan Parcial de Las Teresitas y la reclasificación del suelo en Las Huertas y El Cercado, en cumplimiento de un convenio urbanístico que no obligaba al Ayuntamiento. Y se negaron”, apuntó.

Pérez terminó diciendo que todas las iniciativas que tomaron en aquel tiempo, a pesar de la reacción “desmedida” de algunos dirigentes socialistas de Santa Cruz, “estaban encaminadas a impedir que la imagen del PSOE quedara involucrada en aquella operación porque la buena imagen del PSOE es el fruto del trabajo de muchas generaciones de socialistas honestos, comprometidos con la democracia y la defensa de los intereses generales”.

“Es ese legado el que intenté preservar y que me incumbe seguir haciendo hoy porque soy del PSOE aunque no esté dentro”, recalcó Santiago Pérez.

El empresario de la construcción Antonio Plasencia y el exconcejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife Manuel Parejo han sido detenidos y conducidos a la prisión Tenerife II para cumplir las condenas impuestas por el caso de Las Teresitas mientras que el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo se les ha unido una hora después tras acudir voluntariamente al centro penitenciario

Zerolo se encontraba desde junio de 2017 en libertad provisional y con el pasaporte retirado, con obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado, ya que la Audiencia Provincial rechazó entonces las peticiones de la fiscalía y acusación popular de prisión cautelar.

Fuentes del TSJC informaron a primera hora de la tarde de hoy de que las fuerzas del orden habían acudido al domicilio de Miguel Zerolo y, al no encontrarse allí, se procedió a intentar localizarle a través de sus familiares. Poco después el exsenador de CC se personó en el centro penitenciario, por lo que no fue necesaria la orden de arresto, tal y como se había previsto en el caso de que no se lograra encontrarle.

Respecto al otro empresario condenado en este caso, Ignacio González Martín, los agentes que lo fueron a detener informaron que este alegó severos problemas de salud por lo que la Audiencia ha ordenado que mañana sea reconocido por un médico forense antes de tomar una nueva decisión.

En cuanto a los otros dos acusados, el exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, Juan Víctor Reyes, y el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín González, se les ha dado un plazo de 5 días para que ingresen en prisión.

Las detenciones se producen después de que el Tribunal Supremo confirmara el jueves la condena para todos los acusados en el caso de Las Teresitas, una vez que hoy la Audiencia Provincial recibió oficialmente el certificado con la sentencia del TS.

Dado el elevado riesgo de fuga de los acusados y de su capacidad económica, se ha procedido a su inmediata detención.

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que condenó al que fuera alcalde de la capital en 2001, Miguel Zerolo, que acabó su carrera política como senador por Coalición Canaria. Igualmente se confirman las condenas al exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo; al exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, Juan Víctor Reyes, y al exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín González, todos ellos de Coalición Canaria, así como a los dos propietarios vendedores de un terreno en la zona de Las Teresitas al Ayuntamiento por importe de 8.750 millones de pesetas (52,5 millones de euros), cuando el precio de tasación de los mismos era muy inferior, según se desprende de informes periciales que fueron valorados por el tribunal, elevándose, en consecuencia, el precio de tasación en perjuicio del Ayuntamiento.

El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de 7 años de prisión a Miguel Zerolo y a Manuel Parejo, que ya acumulan otras condenas por delitos relacionados con la corrupción; de cuatro años y 6 meses de prisión a Juan Víctor Reyes; cuatro años de prisión a José Tomás Martín González, y a la pena de cinco años y tres meses de prisión a los empresarios Antonio Ramón Plasencia e Ignacio González Martín por un delito de malversación de caudales públicos, al disponerse del patrimonio del Ayuntamiento para la adquisición de unos terrenos por un precio muy superior al que tenía en realidad, así como a penas de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa a los intervinientes en la operación citados, según ha informado este jueves el Tribunal Supremo.

La sentencia del Supremo confirma la connivencia y cooperación de los intervinientes en la alteración del precio de los terrenos adquiridos para su venta al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, alterando el precio del valor real de los mismos, con perjuicio a las arcas municipales, y mediante las operaciones llevadas a cabo, que, además, de quedar incursas en el delito de malversación, con la agravante de la notoria gravedad de los hechos por el perjuicio causado al Ayuntamiento, es constitutivo de prevaricación por las resoluciones dictadas a sabiendas de su injusticia para conseguir el fin pretendido. El gasto que suponía la compra de las parcelas del frente de playa por 8.750 millones de pesetas hizo necesario aprobar una modificación y ampliación del presupuesto municipal para hacer frente a la compra de los terrenos.

A pesar de que la primera sentencia resultó condenatoria, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, siempre en manos de Coalición Canaria, no ha hecho jamás el más mínimo intento por recuperar los 52,5 millones de euros que pagó por el frente de la playa de Las Teresitas a los empresarios de cabecera del partido, Ignacio González y Antonio Plasencia. Ambos se embolsaron un pelotazo de 150 millones de euros porque, además de la compra-venta, el convenio urbanístico incluyó la recalificación urbanística de los cercanos suelos de Valle de Huertas, que vendió a Mapfre por 16.000 millones de pesetas, unos 96 millones de euros.

El denunciante: “La Fiscalía fue mi último recurso”

“A ninguna persona de buena voluntad le agrada que se le imponga a nadie una pena privativa de libertad, pero mi denuncia ante la Fiscalía fue el último recurso que me quedaba para evitar una pérdida millonaria para el Ayuntamiento de Santa Cruz”, ha declarado este jueves a Canarias Ahora el denunciante de Las Teresitas, el concejal lagunero Santiago Pérez, por entonces secretario general del PSOE en Tenerife.

Efectivamente, Pérez intentó parar el convenio de Las Teresitas, primero presentando alegaciones ante el Ayuntamiento y luego mediante un recurso contencioso-administrativo que resultó derrotado por considerar el tribunal que era un acto administrativo no recurrible. Finalmente acudió a la Fiscalía.

Santiago Pérez es también el denunciante del caso Grúas, que en estos momentos sitúa bajo sospecha al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por su gestión del servicio municipal de retirada de vehículos de La Laguna mientras fue concejal y luego alcalde de esa ciudad.

Tras la sentencia firme del Supremo, acaba la vía jurisdiccional del caso de Las Teresitas, por lo que en cualquier momento se puede ordenar la prisión para los condenados. Sólo les cabe un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero esa vía no paraliza la ejecución de sentencia.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha acordado el sobreseimiento de los cargos de cohecho que se imputaban al empresario tinerfeño José Ana Pérez Labajos dentro del caso Fórum. El archivo se refiere a la causa seguida contra el promotor y el exalcalde Miguel Zerolo, que, a finales de 2014, culminó con la absolución de este último por parte del Tribunal Supremo (TS).

Ahora el Juzgado considera que esa decisión es extensible a Labajos, en contra del criterio que mantenía la Fiscalía Anticorrupción, según ha informado la defensa del empresario en un comunicado.

El auto conocido este miércoles ratifica que no se encuentra fundamento alguno para mantener la existencia de indicios sobre una supuesta entrega de dádivas y decide el sobreseimiento parcial y provisional, ya que el empresario tinerfeño está también acusado de un delito de blanqueo de capitales en este caso.

La nota indica que el pasado 19 de junio la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife anuló una resolución emitida en abril en la que el Juzgado de Instrucción número 5 rechazaba la petición de sobreseimiento provisional del delito de cohecho solicitada por el empresario tinerfeño.

La Audiencia ordenó entonces que las actuaciones volvieran al momento procesal en el que se cometió el vicio que generó la indefensión del investigado y que era su petición de quedar libre de este cargo, por el que en su momento estuvo procesado también el exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo. Ambos declararon en el Tribunal Supremo (TS) y a finales de 2014 se dictó la resolución absolutoria.

Pablo Neruda

Decía Willy Brandt que “permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen”. En el juicio del caso Las Teresitas, esa injusticia primigenia la podríamos situar en el momento en que, a escasas semanas de iniciarse el juicio oral, el tribunal impuso una fianza tan desproporcionada como injusta -veintiocho mil euros a pagar en 10 días- a la acusación popular que ejercía y ejerce, Justicia y Sociedad, que se consiguió gracias a la dignidad y solidaridad de muchísimas personas.

La acción popular no es el bálsamo de Fierabrás que dé respuesta a los graves problemas -incluso de corrupción judicial- que padece la Justicia española, pero sin ella se condena irremisiblemente al Estado de Derecho y a la democracia misma a una lenta muerte por asfixia en estos tiempos caracterizados por las componendas entre la política y el dinero.

Se sabe que el Partido Popular, plagado de imputados por casos de corrupción, lucha a brazo partido para restringir y/o impedir la acción popular. Lo que no sabemos es si la fianza impuesta a la acusación popular por los magistrados del caso Las Teresitas va en esa misma dirección o simplemente se debió a un supuesto berrinche del presidente del tribunal tras haber sido recusado por el letrado de Justicia y Sociedad.

A este desafuero le siguieron otros, pero la traca final ha llegado estos días, con el auto que deja en libertad provisional a todos los condenados. Lo primero que llama la atención es el doble rasero con que el tribunal ha tratado a la acusación popular y a los condenados, en cuanto a la fijación de fianzas que garanticen el cumplimiento de las responsabilidades de todos ellos.

Pareciera que los delincuentes fueran los abogados de la acusación, ya que han sido los únicos a los que se les ha impuesto la obligación de responder pecuniariamente a las posibles consecuencias de sus actos. Por el contrario, a los integrantes de la trama delictiva organizada -así califica la sentencia a la banda de atracadores de lo público que han sido condenados a duras penas de cárcel-, solo se les impone la retirada del pasaporte. Al cabecilla Zerolo, además, una visita quincenal a comisaría; al resto de maleantes, ni eso. Bien es cierto que también se les obligan a devolver el dinero expoliado, pero eso es lo menos que se debe exigir en este tipo de delitos contra el patrimonio público.

La acusación popular y la Fiscalía solicitaron en balde el ingreso en prisión de Miguel Zerolo o, en su defecto, la imposición de una fianza que cubriera la responsabilidad civil y el alto riesgo de fuga según la gravedad de los delitos por los que ha sido condenado a siete años de cárcel, los grandísimos daños ocasionados a las arcas municipales, el desarraigo profesional y el convencimiento del Ministerio Fiscal, la acusación popular y la policía de que el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife podría ser titular de un cuantioso patrimonio colocado en el extranjero, fuera del alcance y el conocimiento de las autoridades españolas.

El tribunal no lo tuvo en cuenta, como tampoco consideró el enorme daño ocasionado a la vida social y política de esta ciudad por la impunidad y determinación delictiva con que actuaron los condenados para arramblar con más de 53 millones de euros del erario público, en lo que todo el mundo no duda en calificar como un pelotazo de libro.

Señores magistrados, enfadar a los bribones incorregibles tiene también una finalidad ética, todo lo contrario a lo que han hecho ustedes. El cabecilla de la trama, como califica a Zerolo la sentencia emitida y firmada por ustedes, se ha permitido retar a la Fiscalía a que encuentre esas propiedades que los numerosos indicios policiales le adjudican y se vacila de todos al afirmar que ha vivido estos años a todo tren gracias a las ayudas de los amigos. Como dice Saramago, “oculto el crimen, reservados para otra ocasión los remordimientos”. Y, para más inri, se envalentona y afirma, como un mal intérprete de serie B, que, si tiene que ir a la cárcel, lo hará “con la cabeza alta y la conciencia tranquila”.

Pero una cosa son los intentos, más o menos afortunados -en este caso más-, de un reo por no entrar en prisión y otra que un tribunal tenga en cuenta argumentos tan inconsistentes como los esgrimidos en el auto. Definitivamente, los magistrados parecen contentarse con la versión del delincuente Zerolo de que “no puede ir a ninguna parte porque no tiene dinero” y desecha aspectos como su declaración de bienes presentada en el Senado y las investigaciones policiales que le adjudican acciones en minas de uranio, molibdeno, zinc, oro, etcétera, localizadas en lugares tan exóticos como Botswana, Congo o Mongolia, a lo que se añaden inversiones en parajes protegidos del sur de Tenerife o los más de cien décimos de lotería premiados y la pasta gansa ganada en los casinos de Isla Mauricio. A ello habría que sumar los generosos sueldos que durante muchos años disfrutó como alcalde -el que más cobraba de Canarias-, diputado autonómico y senador.

Dice que todo eso se ha evaporado y, por lo visto, ustedes se lo han creído, a pesar de que este indigente personaje viva en un lujoso chalet localizado en el exclusivo paraje del campo de golf de El Peñón y se haya permitido mandar a sus hijos a universidades privadas de Madrid.

La Constitución de 1978, en su artículo 14, afirma que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, pero todos sabemos que eso no es verdad. Son tantos los casos que lo confirman que el de Zerolo es solo un ejemplo más que añadir a una regla cuyas excepciones se pueden contar con los dedos de una mano.

Ya solo falta que sus congéneres en el poder lo indulten…

El exsenador de Coalición Canaria (CC) Miguel Zerolo, condenado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a siete años de prisión por malversación de caudales públicos y prevaricación en el caso Las Teresitas, ha quedado en libertad provisional y deberá personarse en el juzgado más cercano a su residencia entre los diez primeros días de cada mes. No podrá salir de territorio nacional hasta que el Tribunal Supremo confirme o no la sentencia de la Audiencia Provincial.

El tribunal no se ha pronunciado aún sobre la garantía de indemnización al Ayuntamiento en lo que se llaman las “medidas reales”, que no son otras que las referentes a la responsabilidad civil, lo que se espera en un próximo auto judicial. Esa responsabilidad civil es de cerca de 62 millones de euros, que se deben devolver a las arcas públicas del Ayuntamiento.

En cuanto a los otros cinco condenados, que son dos técnicos municipales (Víctor Reyes y Tomás Martín); el exconcejal de Urbanismo y mano derecha de Zerolo, Manuel Parejo (ya en prisión por otra causa judicial, el caso Mamotreto), y los empresarios beneficiados, Antonio Plasencia e Ignacio González, la Audiencia Provincial ordenó la entrega del pasaporte , sin necesidad de comparecer en un juzgado periódicamente.

Esta es la medida salomónica que ha dictado la Sección Segunda de la Audiencia Provincial seis días después de que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular solicitaran, en una vista que se celebró el pasado viernes, que se dictara la prisión provisional para el exsenador y exalcalde de la capital Santa Cruz de Tenerife, condenado por la compraventa fraudulenta del frente de la principal playa de la ciudad, la de Las Teresitas.

Esa operación benefició a los empresarios condenados, en contra de los intereses ciudadanos, al permitirles la compra de 101 parcelas de la playa y aledaños, parte de ellas de propiedad municipal, de las que 11 de ellas luego fueron recompradas por el Ayuntamiento por tres veces el valor de toda lo pagado por los empresarios. Fueron 33 millones de euros por todos los terrenos y 52 millones por la venta de las 11 parcelas. El dinero que deberá devolverse a las arcas municipales es de cerca de 62 millones de euros, sumados los más de nueve millones que corresponden a intereses.

La sombra del cohecho sobreseído

El auto judicial dado a conocer este jueves fundamenta que la prisión “es una medida excepcional” y que solo debe aplicarse a casos en los que el riesgo de fuga para eludir la acción de la justicia sea más que razonable y que no estén marcados “por una alarma social”.

Para el tribunal juzgador, los hechos esgrimidos por la Fiscalía Anticorrupción, en los que se alegaba un riesgo “altísimo” de posibilidad de fuga por parte de Miguel Zerolo, dado que debía poseer ingresos ocultos que le han permitido vivir seis años (justo tras la compraventa de la playa) sin que se percibieran movimientos en sus cuentas bancarias, no son suficientes para ordenar su ingreso en prisión.

Al contrario, dice el tribunal que son “indicios” que se manejaron durante la investigación de este calificado como “pelotazo de libro” por un posible cohecho que que finalmente fue sobreseído.

En este sentido, dice el auto judicial que “el Ministerio Fiscal y la acusación apuntan a la existencia de indicios de que Zerolo Aguilar podría ser titular de un patrimonio ubicado probablemente en el extranjero y mantenido fuera del alcance y conocimiento de las autoridades españolas. Para mantener tales afirmaciones se alude a diversos informes policiales unidos a una de las piezas del procedimiento (las investigaciones por cohecho) que fue finalmente sobreseída”.

También añade que “este  tribunal ya hizo en su sentencia referencia a que los hechos que se declaraban probados habían generado extraordinarias plusvalías y que incluso se había acreditado la recepción de elevadas cantidades de dinero por alguna de las personas relacionadas con ellos”.

Pero estas sospechas no pudieron concretarse, por lo que, dicen los jueces, no cabe basarse en ellas para adoptar la medida cautelar para cuatro de los condenados, para los que se pedía la prisión provisional: además de Miguel Zerolo, Manuel Parejo y los dos empresarios, Plasencia y González.

Las acusaciones particulares argumentaron que Miguel Zerolo, aparte de la posibilidad de tener dinero fuera de España, no tenía en la actualidad empleo conocido, al contrario de los técnicos Víctor Reyes y Tomás Martín (exsecretario de la Gerencia de Urbanismo y exdirector de esta entre 1999 y 2001, cuando se ejecutó la compra y luego la compraventa del frente de la playa), quienes mantienen sus puestos de trabajo.

Sin embargo, los magistrados consideran que la prisión provisional es desproporcionada hasta que sea firme, y que el “riesgo de fuga” puede ser compensado con la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse en algún juzgado, el que designe, los primeros días de cada mes. Agregan que Zerolo siempre “ha estado a disposición de este tribunal”. Lo estuvo en la vistilla del pasado viernes, en la que defendió su falta de medios económicos y su intención de no huir.

En cuanto al exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial estima que, dado que ya está en prisión, los controles sobre su posible riesgo de fuga están en manos de las autoridades penitenciarias. También señalan que, como Zerolo, no ha faltado a las comparecencias ante el tribunal.

Ni la Fiscalía ni la acusación particular, representada por el abogado de Justicia y Sociedad Pérez Ventura, solicitaron el ingreso en prisión de Víctor Reyes y Tomás Martín, para quienes ha dictado la liberad provisional con retirada del pasaporte, pero sin necesidad de comparecer ante un juzgado.

Es la misma medida adoptada para los empresarios condenados. El tribunal admite que cuentan con un cuantioso patrimonio que les ha permitido hacer frente a las fianzas impuestas, pero argumentan que “se trata nuevamente de personas que han atendido cada citación judicial que se les ha dirigido; que tienen un arraigo personal extraordinario en Santa Cruz de Tenerife”.

Continúa el auto con que “ambos son personas ”de edad avanzada. Es difícil imaginar llevando una vida clandestina, ocultándose a las autoridades. No se aprecia, a la vista de lo anterior, la concurrencia de circunstancias de las que quepa derivar un riesgo de fuga...“.

Falta el auto que dirima la necesidad de garantizar el pago de la indemnización al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el negocio fraudulento.

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, condenado a siete años de prisión por el caso de las Teresitas, ha asegurado este viernes durante la vista judicial para examinar las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones y la Fiscalía, que no puede fugarse a ningún sitio porque no quiere, además de que no tiene dinero ni patrimonio.

Zerolo ha hecho uso a su derecho a intervenir en la vista después de que la Fiscalía y la acusación particular pidieran su ingreso en prisión por riesgo de fuga hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación sobre la sentencia.

“Si tengo que subir a la cárcel ingresaré con la cabeza alta y la conciencia tranquila”, ha afirmado Zerolo, quién ha asegurado que se siente inocente y que confía en que el Supremo, “en la distancia”, haga justicia.

El exalcalde ha afirmado que carece de patrimonio y de voluntad para eludir la acción de la justicia porque está arraigado en Tenerife, donde reside su familia y porque le gusta esta tierra.

Ha retado a la fiscal y a la acusación particular “a que sigan buscando” porque no tiene dinero y ha atribuido a leyendas urbanas la suposición de que tiene patrimonio oculto.

La alocución de Zerolo ante el tribunal no estaba prevista, pero el exalcalde pidió la palabra dolido porque para justificar su ingreso provisional en prisión la fiscalía y la acusación particular aludieran a que llevaba un elevado nivel de vida sufragado con dinero de origen desconocido y que posiblemente cuente con un patrimonio oculto.

Los coches que compraba “eran coches normales” y los gastos en efectivo procedían de la caja de la perfumería de su mujer, aseguró Zerolo.

“Todo esto se va diciendo, va generando leyendas urbanas y va calando en toda la población y hay personas de buena fe que se creen” lo que va diciendo una acusación popular que “es totalmente política”, manifestó.

Entre otras cosas, mucha gente se ha creído que le ha tocado la lotería “170 veces” cuando el premio que se sacó también benefició a gente de otros partidos, de sindicatos y trabajadores del casino donde se adquirieron los décimos, afirmó.

Zerolo dijo al tribunal que hasta ahora ha estado callado y le ha salido mal, a la vista de la sentencia condenatoria en primera instancia, y señaló que “nunca hubo presunción de inocencia, sino de culpabilidad”.

Se mostró preocupado por los titulares que en su opinión reflejarán los medios sobre esta vistilla, en la línea de “Zerolo tiene que tener patrimonio, tiene patrimonio pero no sé donde, ha ganado muchísimo dinero, tenía un nivel de vida y comía fuera muchas veces”.

Pero aseguró que nunca en su vida ha tenido patrimonio, “le guste a quien le guste” y retó a que lo sigan buscando porque no existe.

Se quejó de que desde que dejó la política ha intentado ganarse la vida honradamente, sin acceso a los bancos por las investigaciones judiciales, y a las personas que han intentado apoyarle económicamente “los ha llamado la policía para ver qué hacían con Zerolo”.

“He subsistido a veces con ayudas de amigos, sigan buscando porque no me importa, no tengo dinero, ni áticos, ni fincas ni yates, sigan buscando porque no lo tengo”, reiteró.

El exalcalde descartó cualquier intento de fuga, no sólo por su arraigo en la isla, sino por principios, porque ni su familia ni amigos, ni él mismo, entenderían que fuera un prófugo.

Por eso aseguró que aunque confía en que el Tribunal Supremo declare su inocencia, si tiene que entrar en la cárcel lo hará “con la cabeza alta y la conciencia tranquila”.

La vista, o vistilla, para la ejecución provisional de la sentencia sobre el caso Las Teresitas ya tiene fecha, el 26 de mayo. Ese día, la acusación particular y la Fiscalía solicitarán al tribunal que ha juzgado esta causa que se lleven a cabo las medidas cautelares previstas en la ley, entre ellas el ingreso en prisión provisional del exsenador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo.

El ingreso en prisión sin fianza es la medida solicitada para Miguel Zerolo tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, representada por el abogado Pérez Ventura, ante la posibilidad de ocultación de bienes y de fuga del condenado.

Pero esta no es la única opción que tienen los magistrados porque también pueden decidir la retirada de pasaporte y la comparecencia en los juzgados cada 15 días, el conocido como modelo Urdangarin.

No se sabe aún si en esa vistilla se pronunciará también el abogado que representa al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El pasado 11 de mayo, el actual concejal de Urbanismo sostuvo que el plazo para solicitar la ejecución de la sentencia “es amplio”, hasta que sea firme el fallo (cabe recurso ante el Tribunal Supremo).

El caso es que, en esa comparecencia de los abogados de la defensa y de las acusaciones, la Fiscalía también ha interesado que se avale el pago de los 109 millones de euros, a los que deben hacer frente los seis condenados.

El exalcalde y exlíder de CC en Santa Cruz fue considerado culpable de un delito de malversación y de otro de prevaricación por la compra por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del frente de la principal playa de la ciudad, Las Teresitas, a un precio tres veces superior al estimado, por lo que ha sido condenado a siete años de prisión y 17 años y medio de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público.

Las partes no se pronunciarán sobre Manuel Parejo, exconcejal de Urbanismo en Santa Cruz (considerado la mano derecha de Zerolo en lo que los jueces calificaron como una “trama delictiva jerarquizada”), que ya ingresó en el penal de Tenerife, en cumplimiento de los tres años de prisión a los que fue condenado por el caso Mamotreto.

Junto a Zerolo y Parejo, fueron condenados los extécnicos municipales Víctor Reyes y Tomás Martín, además de los empresarios beneficiados con la compraventa de la playa, Antonio Plasencia Santos e Ignacio González Martín. Reyes estará de nuevo en el banquillo en julio, por la supuesta malversación en la compra por parte del Ayuntamiento de la casa Siliuto, mientras que Tomás Martín coincidirá más adelante en el banquillo con Parejo por el caso La Ninfa.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recordado este viernes, a través de una nota de prensa, que dispone de plazo suficiente para solicitar, si así lo decide finalmente, la ejecución provisional de la responsabilidad civil de la reciente sentencia sobre la playa de Las Teresitas, la dictada por la Audiencia Provincial y recurrida ante el Supremo por al menos cuatro de los seis condenados.

La oposición en el Consistorio santacrucero, sobre todo PSOE, Sí Se Puede e IUC, han pedido que este trámite se haga de forma inmediata para evitar males mayores: posibles alzamientos de bienes por parte de los condenados y el paso del tiempo para recuperar los en torno a 100 millones de euros que fija la sentencia de la Audiencia Provincial, que no es firme.

El artículo 527 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala textualmente que “la ejecución provisional podrá pedirse en cualquier momento desde la notificación de la resolución en que se tenga por interpuesto el recurso de apelación, o en su caso, desde el traslado a la parte apelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso, y siempre antes de que haya recaído sentencia en este”.

La segunda teniente de alcalde y concejala responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, Marisa Zamora, dijo a este repecto -tal y como ya hizo el jueves durante la celebración de la Comisión de Control- que la Corporación no está limitada por ningún plazo a la hora de solicitar la ejecución provisional de la sentencia y que esta petición se puede formalizar en cualquier momento del proceso, antes de que haya una resolución firme sobre la casación, la decisión del Supremo.

El Ayuntamiento, en cualquier caso y en cumplimiento de una instrucción del alcalde dictada el mismo 27 de abril, continuará “con el ejercicio de aquellas actuaciones procesales que sean necesarias en defensa del interés general de todos los santacruceros y sobre todo en la recuperación del dinero público invertido en la compra de los terrenos, para hacer efectivas las indemnizaciones que, a favor de esta Corporación municipal, se recogen en dicha resolución judicial”.

Zamora advirtió que el Ayuntamiento no ha ejercitado nunca la acción penal y sí la civil para el caso que se declarara la responsabilidad penal, y añadió que, como regla general, el juez, en virtud de su potestad jurisdiccional, es quien debe juzgar y ejecutar lo juzgado. Ahora bien, matizó la concejala, el artículo 989 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que la parte perjudicada, en este caso el Ayuntamiento, pueda pedir la ejecución provisional de la responsabilidad civil que, en cualquier caso, no es obligatoria ni preceptiva ni está sometida plazo, como queda de manifiesto en el artículo 527 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular han solicitado a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el ingreso en prisión provisional de Miguel Zerolo y los otros cinco condenados por el caso Las Teresitas, para lo que se deberá llevar a cabo una comparecencia. Las acusaciones igualmente han solicitado que se depositen los avales suficientes para garantizar el pago de 109 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

La acusación particular (representada por el abogado Pérez Ventura) y la fiscal del caso Las Teresitas, María Farnés Martínez, han pedido en concreto que se lleven a cabo las medidas cautelares que se recogen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ante posibles riesgos como el de fuga o la ocultación de bienes, algo que la acusación particular considera posible en el caso del exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador de Coalición Canaria Miguel Zerolo. En la sentencia, que se hizo pública el pasado 27 de abril, a Zerolo se le considera la cabeza visible de una “trama delictiva jeraquizada”, en la que su mano derecha era Parejo, exconcejal de Urbanismo en el mismo consistorio.

Esas medidas cautelares pueden variar desde la prisión provisional sin fianza a la prisión provisional con fianza, o bien el conocido como modelo Urdangarin, que es la entrega del pasaporte y comparecencia cada 15 días en los juzgados. Para dictar esas medidas, la Audiencia Provincial deberá fijar una comparecencia y escuchar también los alegatos de los abogados de la defensa.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene hasta este viernes de plazo para sumarse a la petición de la Fiscalía y la acusación particular, según recoge Radio Club Tenerife en su página web.

Miguel Zerolo y Manuel Parejo, que fueron emblemas de Coalición Canaria en Tenerife, han sido condenados por prevaricación y malversación a siete años de prisión y 26 años, en total, de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público.

También fueron condenados los técnicos municipales Víctor Reyes y José Tomás Martín (secretario y gerente de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife) a cuatro años y medio de prisión y cuatro años de prisión, respectivamente. Los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González Martín, beneficiados por la compraventa del frente de la playa y demás terrenos aledaños, en un negocio que se ha visto frustrado tras esta sentencia, han sido condenados a cinco años y medios de cárcel.

El pago de los 109 millones de euros también alcanza a las empresas puente de los empresarios condenados: la promotora Punta Larga, de Plasencia e hijos, y la promotora Victoria, de Ignacio González y su hijo Pedro González.

Manuel Parejo ya está en prisión

Las medidas cautelares que solicitan las acusaciones pública y particular incluyen a Manuel Parejo, que fue concejal de Urbanismo entre 1999 y 2001, cuando se fraguó la venta fraudulenta del frente de la principal playa de la capital tinerfeña, Sin embargo, Manuel Parejo, que había sido condenado a tres años y medio de prisión por el caso mamotreto (pieza separada del caso Las Teresitas), ya está en la prisión de Tenerife desde este miércoles.

Por el caso mamotreto fueron igualmente condenados la extécnico municipal Loreto Ariz, que ingresó el pasado 4 de mayo en la prisión de Tahíche, en Lanzarote, y el exconcejal de Santa Cruz de Tenerife Norberto Plasencia, cuya fecha para ingresar en la única cárcel de Tenerife concluye este viernes a las 12.00.

En una época no muy lejana, cuando aún no había políticos condenados por corrupción en Santa Cruz de Tenerife, el director de un periódico cualquiera llama a su despacho al becario de turno para encargarle la entrevista de su vida. “Pibe, quiero que telefonees a Miguel Zerolo y quedes con él para hacerle un par de preguntas. Una fuente me ha soplado que están dando pelotazos en Las Teresitas y los bañistas están cansados de aguantar balonazos”.

El joven, atrapado por el desconcierto, decide ponerse en contacto con el gabinete de prensa para cerrar la entrevista y, de paso, preguntar si está permitido jugar al fútbol en la playa. “¿Pelotazos? Imposible, hace tiempo que prohibimos usar balones en la arena. Por cierto, ¿usted es nuevo? No lo conozco”. El becario, después de identificarse como mandan los cánones del periodismo, consigue concertar una cita con el alcalde para la mañana siguiente. Desde el Ayuntamiento le explican que a Zerolo le cuesta madrugar, así que acuerdan verse al mediodía.

Al llegar a casa, el muchacho revisa sus notas y se da cuenta de que algo no cuadra. Se sienta delante del ordenador y escribe dos palabras en el buscador de internet: “pelotazo” y “teresitas”. Para su sorpresa, descubre entonces que varios periódicos de Gran Canaria han publicado noticias sobre un caso de corrupción relacionado con la compra de los terrenos del frente de la playa. “¿Pero eso no es un acantilado?”, se pregunta antes de empezar a llenar su libreta de apuntes. Cuando termina, se acuesta en la cama, a sabiendas de que no va a ser fácil dormir. Mañana es un día grande.

La entrevista tiene lugar bajo un sol de Justicia en la terraza de un quiosco de Las Teresitas. El alcalde llega en un Volkswagen Golf de color gris y los cristales tintados. Se baja acompañado por sus dos escoltas y se acerca hasta una mesa donde un joven no despega la mirada de su móvil. Viste pantalones apretados, camiseta suelta y no lleva calcetines. Debe de ser el becario. Se sienta.

Miguel Zerolo: BuenoS díaS, ¿ereS el becario? (Habla como si fuera natural de San Millán de la Cogolla).

Periodista becario: El mismo. Pensaba que usted era canario y nacionalista…

MZ: (Deja de sonreír). Lo soy, lo soy, no hagas caso de mis bromas. Es más, te voy a decir una cosa. Algún día, Canarias será un Estado Libre Asociado.

PB: ¿Como Puerto Rico?

MZ: Como Puerto Rico. En mi partido tenemos que plantear este debate cuanto antes. Ya está bien de que los canarios paguen de su bolsillo los sueldos de, por ejemplo, políticos que solo van a Madrid a hacer lo que les sale de la polla. Y perdona la expresión, pero esto no pasaría si tuviéramos unas Cortes Nacionales en Canarias.

PB: Yo venía a hablar de Las Teresitas…

MZ: Ah sí, Las Teresitas. Bonita playa, pero podía haber sido la Copacabana de Santa Cruz.

PB: ¿Qué paso?

MZ: Pues que se judicializó. El PSOE ha tenido una gran parte de la culpa de que la playa no se haga, pero no voy a entrar en quién es culpable y quién no.

PB: ¿Quién es culpable?

MZ: Bueno, ya que insistes, te diré que Santiago Pérez es un fracasado de la política y un pedazo de inútil.

PB: ¿La culpa es de Santiago Pérez por denunciar el pelotazo en la Fiscalía Anticorrupción?

MZ: No hubo pelotazo. Fue una operación maravillosa. Era para felicitar a la Gerencia de Urbanismo, a los funcionarios y a todo el mundo que participó en ese tema.

PB: Yo soy de letras pero a mí no me salen las cuentas. ¿Me puede explicar por qué fue maravillosa?

MZ: Lo que tienes que hacer es preguntarle a Pedro González, que es un empresario hecho a sí mismo. Él puede explicarte esto mejor que nadie.

PB: A mí me gustaría hablar con Pía Oramas. He leído que hizo un informe que dice que los terrenos costaban tres veces menos de lo que pagó el Ayuntamiento. ¿Me puede dejar su teléfono?

MZ: ¿De qué periódico me dijiste que eras? ¿No serás de Gran Canaria?

PB: No, yo soy de aquí, de El Toscal. ¿Sabe dónde queda la casa Siliuto? Pues de esa zona. ¿Me puede dejar el teléfono de Pía Oramas?

MZ: Llama a mi jefe de prensa. Yo hace tiempo que dejé de hablar por teléfono. Esa gente lee hasta los mensajes de texto.

PB: ¿Qué gente?

MZ: Los policías enviados por las Fuerzas Nacionales Españolas. Me han baqueteado, como dice el compatriota Juan Manuel García Ramos.

PB: Perdone, pero me he vuelto a perder. ¿Qué tiene que ver Pía Oramas con todo esto?

MZ: (Saca un cigarro y lo enciende mientras mira de arriba abajo al becario). Pibe, si quieres llegar lejos en el periodismo, no vayas por ahí. El informe de Pía Oramas no existió jamás, eso es un disparate de los medios. Y no lo digo yo, lo dice José Luis Martín, un socialista de los pies a la cabeza. ¿Apuntaste eso?

PB: ¿El qué?

MZ: Lo de socialista. Es importante.

PB: ¿Quiere que lo escriba en rojo para que no me olvide?

MZ: No, tampoco es eso. José Luis es socialista pero no rojo. Los marxistas-leninistas son Santiago Pérez, Juan Fernando López Aguilar, José Ángel Martín y esa gente que se debería llamar Asamblea contra Tenerife. Pero mira, yo estoy tranquilo, a mí siempre me ha apoyado mi partido.

PB: Lo cierto es que también lo ha apoyado toda la gente que lo ha votado…

MZ: Ahí eStá. AprendeS rápido, chaval (recupera su acento riojano por un segundo). Por eso utilizaron el aparato del Estado contra mí, para quitarme de en medio porque en las urnas no pueden. “Vengo de una isla surrealista que no es ni África ni Europa, donde vivir es una forma de estar muerto y estar muerto es la única manera de ser importante”. ¿Conoce esa cita?

PB: ¿Es de un cantante?

MZ: No, es de Óscar Domínguez. La frase la pronuncia Joaquim de Almeida en la primera e impresionante película de Lucas Fernández, con el que, por cierto, no tengo nada que ver.

PB: Ya que lo menciona. ¿Ese Lucas Fernández es el mismo que guardaba en su casa 17 millones de pesetas? Me suena haber leído algo sobre eso.

MZ: No te creas nada de lo que leas. Yo de la prensa, sobre todo si es canariona, no me fío. Esto es una conspiración. A mí me han acusado hasta de comprar décimos de Lotería premiados. ¿Qué culpa tengo yo de tener suerte?

PB: Ya le digo que soy de letras, pero la probabilidad de que a una misma persona le toque la Lotería dos veces en un mes no debe ser muy alta…

MZ: Pues a mí la fortuna me sonríe, que quieres que te diga. Una vez fui de viaje a Isla Mauricio y entré en un casino. A mí no me gustan esas cosas porque yo solo juego al envite, pero los colegas me dijeron que probara y me animé. Pues resulta que gané “mucho dinero”.

PB: ¿Y qué hizo con ese dinero?

MZ: Me compré una finca en El Medano. Otra prueba de que sé algo de urbanismo. Me costó unos 60.000 euros y la vendí por diez veces más. ¿Acaso alguien que es capaz de algo así impulsaría una operación ruinosa para el Ayuntamiento? Las acusaciones se caen por sí solas.

(Entonces, el alcalde saca un paraguas de CajaCanarias y se lo entrega a uno de sus dos escoltas, que lo abre sobre la cabeza del político, cada vez más roja por el impacto directo del sol en el extremo izquierdo de la calva).

MZ: Perdona, pero el solajero este me tiene el totizo frito.

PB: ¡Un paraguas de CajaCanarias! Nunca me lo hubiera imaginado…

MZ: Me lo regaló un amigo de altos vuelos, Rudy. ¿Sabes quién es?

PB: Ni idea.

MZ: Buena gente. Era presidente de CajaCanarias, una entidad limpia y prestigiosa, como dicen los editoriales del periódico El Día. Si quieres aprender periodismo, apúntalo como lectura obligatoria. Ves, también soy un alcalde que fomenta la cultura. En esta entrevista ya te he hablado de cine y de literatura.

PB: Estoy aprendiendo mucho, señor alcalde. Esto no se paga con dinero. Voy a ser la envidia de mis amigos becarios.

(Justo en ese momento, llega la guagua de Titsa a Las Teresitas y se baja un grupo de personas, no más de cinco ni menos de tres, que se coloca delante del set improvisado para la entrevista. La que parece liderar el movimiento lleva una camiseta con el lema Libertad para Rosi Cubas, un megáfono en la mano derecha y una ristra de chorizos de perro en la izquierda. Al unísono, los rebeldes comienzan a corear gritos contra el alcalde: “¡No hay pan pa tanto chorizo!”. “¡Ahí está, la cueva de Alí Baba!”).

MZ: Ves lo que ocurre cuando los periódicos publican mentiras, que llegan cuatro gatos y se las creen. Me vas a disculpar pero así no podemos continuar la entrevista. Ha sido un placer. Si algún día me juzgan y el aparato del Estado español me condena, recuerda todo lo que te he enseñado. ¿Pagas los cafés?

PB: Yo no cobro, don Miguel, soy becario.

MZ: Déjalo de mi cuenta. Camarero, ¿tiene datáfono?

(Esta entrevista es ficticia. Le recomiendo que no se crea nada. Miguel Zerolo nunca pagaba con tarjeta).

Fernando Clavijo dijo en su última entrevista en Mírame TV que a Coalición Canaria no le importaría pedir disculpas si la sentencia del caso Las Teresitas condenará a Miguel Zerolo a penas de prisión. Bienvenido al club de los ingenuos si te creíste las palabras del nacionalista.

Parece que a la cúpula de Coalición Canaria le importa, y mucho, pedir disculpas a los ciudadanos de Santa Cruz. Lo primero que hizo Fernando Clavijo cuando le preguntaron por la sentencia fue pasarle la pelota a Barragán, lo que se llama marcarse un Mariano Rajoy; algo así como: “Eso es cosa del partido”, porque en el Gobierno “somos puros y castos”. Nuestro presidente también añadió que del caso de Las Teresitas han pasado 16 años. Nadie le respondió: “Gracias por el dato presidente, ¿sabe usted en qué año dejó Miguel Zerolo de ser senador?”.

Una buena noticia para los que lloraron al conocer la sentencia de Las Teresitas es que el mismo jueves 27 de abril salía un auto que ponía fecha para la entrada en prisión de Manuel Parejo. Mientras unos lloran de alegría, otros deben estar escondiéndose debajo de las piedras. Por ejemplo, la diputada Ana Oramas. Quedará guardada en la retina de muchos la imagen de Oramas abrazada a Zerolo. La rueda de prensa en la que se saca esa foto y que yo vi por Antena 3 es uno de mis primeros recuerdos políticos. Ani, no te escondas, mujer, si tampoco es para tanto. Al fin y al cabo que son siete años de prisión y una multita de nada.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, es otro político que se niega a dar el brazo a torcer. “Mientras yo he sido alcalde en el Ayuntamiento no ha habido corruptelas”, este es el mensaje que lanza el alcalde para no pronunciar una simple disculpa. Bermúdez siempre ha querido desmarcarse de la época de Zerolo, cosa que parece lógica. Lo que muchos no entenderán es que le cueste tanto criticar una etapa tan oscura. Ahora mismo Zerolo es el Ignacio González (expresidente de la comunidad de Madrid y del PP) de CC. Todos lo defendían y se abrazaban a él hasta que, llegado el momento, “se sienten traicionados” y sueltan un “no era una persona de mi confianza”.

Barragán optó por un clásico. Nos explicó que lo de la disculpa está muy bien, pero que, de momento, nanai, hasta que la sentencia sea firme. Y ya sabemos todos que Miguel Zerolo va a recurrir la sentencia al Tribunal Supremo, un clásico también del exalcalde: buscar segundas opciones para no enfrentarse a los hechos. Ya lo hizo siendo “senador molón”. Punto y minipunto para Zerolo. Como lo de disculparse por las tramas de corrupción está pasado de moda, Barragán prefirió deleitarnos con un “esa persona de la que usted me habla ya no pertenece al partido”.

Si la cúpula de CC pidiera disculpas daría una lección de humildad y elegancia política. Igual que durante años se encargaron de decir en todas las entrevistas habidas y por haber que el caso Las Teresitas no era corrupción, hoy deberían asumir los errores. Sin embargo, para Coalición Canaria disculparse es un nombre ruso.

Hoy me acuerdo de mucha gente. Personas que decidieron plantar cara a la corrupción sin medir el riesgo que conlleva chocar de frente con el poder político y económico. Sobre todo en un trozo de tierra rodeado por mar como Tenerife. Recuerdo especialmente a los perdedores, que son demasiados cuando unos pocos traman malversaciones millonarias con el dinero de todos. En la arena de Las Teresitas están enterradas tantas historias como nombres propios tiene la mayor ola criminal que se ha formado a estas orillas del Atlántico.

Hoy me acuerdo del día en que conocí a Lola Rebrow. Su acento alemán hacía aún más apasionante su defensa de San Andrés, donde vive desde hace más de 40 años. No era para menos. Su casa de Montaña Morera desapareció del Registro de la Propiedad después de que la Junta de Compensación se la vendiera a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González en 1998. Desde entonces, no paró de luchar, ni siquiera cuando el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, le cerró la puerta en las narices a ella y al resto de vecinos expoliados de Las Huertas. Era el año 2000 y en la cocina de la Gerencia de Urbanismo se estaba preparando un pelotazo de libro. No estaba el horno como para que unos ciudadanos de segunda vinieran a fastidiar el negocio.

Hoy me acuerdo de Jacinta Baute y de tantas familias a las que arrebataron sus terrenos sin darles nada a cambio. Si algo tiene en común la trama de Las Teresitas de principio a fin, sin duda, es la capacidad con la que se iba desprendiendo de cualquier obstáculo que dificultara una operación calculada al milímetro por un abogado de apellido Hayek. Años de pesadillas para cientos de vecinos de Las Huertas, que pasaban noches en vela para amanecer frente a las palas que pretendían urbanizar sus fincas.

Hoy me acuerdo del Club Deportivo San Andrés, un equipo histórico que se desangra día a día y camina hacia el abismo de la desaparición. Cientos de niños han abandonado el club de su pueblo porque no tienen donde jugar a su deporte preferido. Son las víctimas del engaño de Antonio Plasencia, al que le sobraba un campo de fútbol en primera línea de playa. Allí quedaba mejor un mamotreto de aparcamientos ilegal, que todavía hoy se levanta sobre una tierra acostumbrada a otro tipo de pelotazos, los que daban los jugadores que llevaron al San Andrés a competiciones nacionales.

Hoy me acuerdo de los chicharreros de tantas zonas humildes de la capital tinerfeña a los que Zerolo prometió un plan de barrios que sacaría a la periferia de su abandono histórico. Recuerdo los bailes del alcalde en las asociaciones de vecinos bajo una lluvia de promesas. No olvido que para llevar a cabo su compromiso el político de CC promovió la privatización del agua en Santa Cruz, lo que desencadenó la fraudulenta venta de Emmasa, una empresa pública que daba beneficios, a una filial del grupo Sacyr. Casi 70 millones que vinieron a cubrir el agujero dejado por la operación de Las Teresitas. El dinero nunca llegó a los barrios y el agua de la capital pasó a ser de las más caras de España.

Hoy me acuerdo del año 2009, cuando Zerolo nombró a Ignacio González Santiago concejal de Políticas Sociales de Santa Cruz de Tenerife. Unas semanas después, ambos daban una rueda de prensa para declarar la emergencia social ante la incapacidad del Ayuntamiento para asumir el aumento de la demanda de ayudas por culpa de la crisis. La foto de la comparecencia resume a la perfección la política chicharrera: a la izquierda, el alcalde que trazó un plan criminal para malversar 40 millones de euros; a la derecha, el hijo del empresario que se benefició del pelotazo de Las Teresitas. Los dos con cara de preocupación por el aumento de la pobreza en el municipio.

Hoy me acuerdo de José Ángel Martín y del resto de militantes del PSOE que se atrevieron a llevar la operación de Las Teresitas a la Fiscalía. Lo hicieron cuando denunciar la corrupción daba más problemas que beneficios, en una época en la que sensibilidad social ante los saqueos políticos estaba bajo mínimos. Zerolo le pasó la factura al concejal socialista durante cada pleno de los siguientes seis años. Recuerdo al alcalde humillar al edil socialista de forma cruel en sus intervenciones. Era la imagen del niño abusón que se ceba con otro más débil en el colegio. Pero ya se sabe lo que suele pasar en estos casos. El tiempo termina poniendo a cada uno en su sitio.

Hoy me acuerdo de Santiago Pérez y de cómo se enfrentó a la Agrupación Local de su partido para evitar la peor decisión que ha tomado el PSOE chicharrero en su historia. Fue el lagunero el encargado de redactar la denuncia que despertó el hambre de la Fiscalía Anticorrupción. Y lo pagó caro. Recuerdo los ataques constantes que sufrió por parte de Miguel Zerolo y su entorno, lo que incluye las decenas de editoriales que le dedicó el periódico El Día para sacudir su honor en público. El delfín de ATI siempre tuvo buenos aliados en la prensa tinerfeña.

Hoy me acuerdo de tantos periodistas que defendieron la operación de Las Teresitas como si les fuera la vida en ello, en vez de cumplir con su obligación de fiscalizar un pelotazo que olía peor que la Refinería. No olvido las tertulias en las que comunicadores amigos de Zerolo se burlaban del trabajo de la Fiscalía y de la Policía Judicial, mientras aprovechaban para cargar contra los denunciantes. Numerosos artículos en prensa limpiaban cada día la imagen del alcalde, mientras que algunos periódicos no escribieron ni una línea cuando se levantó el secreto de sumario y salieron a flote los excrementos de la política chicharrera.

Hoy me acuerdo de los compañeros que demostraron que el periodismo es necesario. Algunos padecieron las represalias. El rodillo de Zerolo acabó con los huesos de más de un periodista en el paro, mientras que otros fueron hábilmente cambiados de sección, lejos de la podredumbre del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Recuerdo las ruedas de prensa en las que se incordiaba para buscar titulares sobre Las Teresitas, el García Cabrera y el resto de casos que salpicaban al Palacio de los Dragos. No se me borra la imagen de Noé Ramón, Óscar Martín, Humberto Gonar, Vicente Pérez, Esaú Hernández… Una pregunta y otra hasta que el alcalde sudaba la gota gorda. Claro que todo eso coincidió con el ocaso del político de ATI. Si los focos del periodismo hubieran apuntado a la operación en 2001, tal vez hoy no tendríamos que lamentar los millones perdidos.

Hoy me acuerdo de la fiscal María Farnés Martínez, a la que no le tembló el pulso para sacudir las alfombras de la élite chicharrera. Gracias a su tesón, esta trama corrupta, que se había desarrollado cinco años antes de su llegada a Tenerife, ha podido ser condenada. A ella también la atacaron. La acusaron de estar controlada por el ministro de Justicia de la época, que no era otro que el socialista Juan Fernando López Aguilar. Miraron con lupa sus decisiones en busca de cualquier error. La representante del Ministerio Público no se achantó y puso en marcha una investigación que sacó a la luz las vergüenzas del poder político y económico. Su única mancha fue tener que renunciar al cohecho, incluso a sabiendas de que existían pruebas suficientes para plantearlo en el juicio. Farnés Martínez sabía mejor que nadie que es imposible malversar 40 millones en beneficio de dos empresarios sin recibir nada a cambio. Pero eligió amarrar el resto de delitos, consciente de que cualquier desliz sería usado en su contra. La sentencia ha demostrado que tomó la decisión correcta.

Hoy me acuerdo de los miembros del Grupo 7 de la Brigada Provincial de la Policía Judicial. Frente a numerosos contratiempos, sacaron adelante una investigación extremadamente compleja, con comisiones rogatorias en el extranjero y las críticas constantes por parte del entorno de Zerolo. Tuvieron que convivir con el enemigo en casa, lo que provocó numerosas filtraciones que mantenían al alcalde al tanto de los pasos que seguían las pesquisas. Pese a todo, el trabajo dio frutos. Gracias a ellos fue posible saber que el exsenador pasó 28 meses sin mover sus cuentas, que Antonio Plasencia le ingresó cuatro millones de euros a Rudy Núñez después del crédito de CajaCanarias o descubrir unas conversaciones telefónicas que dibujan el mapa del poder tinerfeño.

Hoy me acuerdo de Justicia y Sociedad, la asociación que se personó en el procedimiento desde el principio y llegó hasta el juicio. Recuerdo las dificultades por las que pasó el abogado José Pérez Ventura, ayudado en la vista por Antonio Espinosa, que estoicamente se mantuvo firme pese a los obstáculos que supone ejercer la acusación popular en el caso más mediático de la historia de Canarias. No olvido que tuvieron que reunir 28.000 euros para ejercer su derecho a ocupar un asiento en la sala. Consiguieron el dinero y su aportación fue decisiva. Han demostrado la importancia de mantener una figura que los defensores de la corrupción quieren suprimir.

Hoy me acuerdo del magistrado Joaquín Astor Landete, que tuvo que superar dos recusaciones para mantenerse al frente de la Sección de la Audiencia Provincial encargada de juzgar la malversación de Las Teresitas. Tampoco puedo olvidar a su compañero Jaime Requena, el ponente del fallo, cuestionado por aparecer después de la vista en actos de la Universidad de La Laguna junto a uno de los abogados de los acusados, con el que comparte Departamento en la Facultad de Derecho. Las 169 páginas de la sentencia disipan cualquier sospecha sobre su independencia. Que nadie dude de que si el resultado hubiera sido distinto, hoy serían pasto de feroces críticas.

Hoy me acuerdo de los funcionarios y trabajadores de la Gerencia de Urbanismo que no se plegaron a las presiones de sus propios compañeros, con los que compartían oficina a diario. Especial mención merece Pía Oramas. No dobló la rodilla nunca, ni siquiera con el paso de los años. Defendió el interés general por encima de su situación personal. Para ella, lo más fácil hubiera sido mirar para otro lado, incluso abandonar el Ayuntamiento, como hizo después de que se firmara el convenio de Las Teresitas. Ser la hermana de Ana Oramas era un peso que dignifica aún más su integridad. Gracias a profesionales como la exarquitecta municipal, Ruymán Torres, Luisa del Toro y otras personas honradas, ha sido posible condenar la corrupción que durante años se acumuló en la orilla de Las Teresitas.

Hoy me acuerdo de muchas personas, y otras que no caben en estas líneas, que han colaborado en la condena del mayor caso de corrupción de Canarias. Pero tampoco me olvido de los que protegieron a Zerolo y compañía durante años. De los que lo propusieron para representar al Parlamento de Canarias en el Senado. Los mismos que enterraban la cabeza cuando les preguntaban a qué dedicaba el tiempo el exsenador, que solo presentó una pregunta en tres años en la Cámara Alta, de la que dimitió tras ser condenado por el caso García Cabrera. Corría el año 2011 y los residuos del pelotazo ya flotaban en Las Teresitas, empujados a la superficie por un sumario que había visto la luz meses antes. Pero en Coalición Canaria decidieron unir filas para salvar al soldado Zerolo.

Hoy me acuerdo de que han pasado seis días desde que se conociera el fallo de la Audiencia Provincial y nadie en CC ha pedido disculpas. Los hechos probados de la sentencia sacarían los colores a cualquier persona con un mínimo de honradez en el bolsillo. Nadie que defienda el interés general puede sentir otra cosa que asco por los pasajes criminales que relatan los magistrados a lo largo de 169 folios de dignidad. No se trata de condenar públicamente a Zerolo, que ya tiene bastante con los años de cárcel que le han caído y la indemnización que tendrá que pagar, sino de evidenciar que se ha aprendido la lección, que no se permitirá que se vuelvan a saquear las arcas públicas. La sociedad necesita gestos; también los militantes de un partido que se avergüenzan de un pasado que quieren dejar atrás. Son mayoría y merecen que sus líderes estén a la altura. Nunca es tarde para reconocer los errores, sobre todo cuando han supuesto una factura demasiado elevada para tantas y tantas familias chicharreras.

El PSOE ha reclamado este martes al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que pida la ejecución provisional de la sentencia del caso Las Teresitas, lo que puede suponer la recuperación de 100 millones de euros para la ciudad. Al mismo tiempo acusó de pasividad al alcalde José Manuel Bermúdez.

Para José Ángel Martín, portavoz socialista en la Corporación, “es escandaloso que las primeras declaraciones del Gobierno municipal respecto a la sentencia sean tan vagas y solo muestren pasividad”.

“No hay tiempo que perder para recuperar los más de 100 millones de euros a los que tiene derecho como indemnización” el Ayuntamiento, ha señalado en un comunicado el portavoz del grupo municipal socialista, uno de los que en 2005 denunció el caso por el que ha sido condenado, entre otros, el exalcalde Miguel Zerolo a siete años de cárcel.

Según dijo Martín, “la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite ejecutar provisionalmente las cuestiones sobre responsabilidad civil, aunque la sentencia no sea todavía firme”; por eso, el fallo judicial es “una herramienta ideal” para que la ciudad recupere los 100 millones de euros y los terrenos de la playa.

El representante socialista exige a Bermúdez “que no deje pasar más el tiempo y pida que se tomen medidas cautelares para bloquear el patrimonio de los condenados y evitar el alzamiento de bienes. ”O actuamos pronto o corremos el riesgo de que se esfume el dinero que debe recuperar el Ayuntamiento“, advierte el edil del PSOE.

También reclama que se aparte de sus responsabilidades al funcionario Víctor Reyes, condenado en este caso y que en 2001 era secretario de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

José Ángel Martín denuncia que tras la sentencia el alcalde “lanza balones fuera” y su partido, Coalición Canaria, “espera a que haya sentencia firme, obviando todo lo que se hizo público durante la vista oral”.

De nada ha servido invocar dilaciones indebidas, quizás porque fue el mismo Miguel Zerolo quien dilató la investigación judicial del caso Las Teresitas con su condición de aforado por ser senador por Coalición Canaria. Tampoco el intento de recusación del presidente del tribunal enjuiciador, Joaquín Astor Landete, a través de su compañero de banquillo, el también condenado Manuel Parejo, recusación que no fue admitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La sentencia sobre el caso Las Teresitas dada a conocer este jueves considera al que fue alcalde de la capital tinerfeña desde 1995 a 2011 como clave en una operación de malversación de caudales públicos, imposible de llevar a cabo sin caer, además, en el delito de prevaricación y sin la ayuda del núcleo de la Gerencia de Urbanismo, con Parejo como su mano derecha. Ambos, Zerolo y  Parejo, eran a finales del pasado siglo dos de los  principales personajes de la vida político-empresarial de Tenerife.

Aunque la acusación inicial de la Fiscalía, en 2006, añadía el cohecho, blanqueo y apropiación indebida, ninguno de estos delitos fue sustanciado lo suficiente como para mantenerlos ante un tribunal. Aunque sin ellos tampoco se entienden algunas de las actuaciones ni los motivos por los que Zerolo y Parejo pusieron todo su empeño y “urdieron un plan”, según la sentencia, para favorecer a los empresarios afines a su partido, los también condenados Antonio Plasencia e Ignacio González Martín, dueños de Inversiones Las Teresitas (ILT).

En 1998, cuando Plasencia y González compran a la Junta de Compensación de las Teresitas la playa y parte de sus alrededores por 33 millones de euros, Miguel Zerolo estaba en su primer mandato como alcalde. En 1999 decretó convocar un concurso de ideas para, de cara al público, defender la playa para los tinerfeños, aunque los magistrados creen que fue la piedra sobre la que se montó la trama de Las Teresitas.

Se trataba de conseguir “la menor edificabilidad en la zona del frente de playa con su trasvase a otros ámbitos, si fuera posible”. El concurso de ideas se falló en el año 2000. Pese a su conformidad inicial, el que era presidente de la Junta, Jerónimo Delgado, que ya actuaba para los dueños de ILT, dirigió escritos a Zerolo en los que negó que el proyecto ganador del concurso fuera viable, y abriendo la puerta al Ayuntamiento a la compra de ese frente de la playa o su permuta.

De esta forma, según los magistrados, se pone en marcha una operación que ya estaba planeada. Hubo varias reuniones entre los empresarios, Zerolo y Parejo, hasta que perfilaron una propuesta marco entre el Ayuntamiento y la Junta de Compensación “para la viabilización del desarrollo urbanístico del Plan Parcial Las Teresitas”, y que fue básico para la posterior compra de los terrenos, la transferencia de aprovechamientos y los cambios de usos, que facilitarían a los empresarios urbanizar la trasera de la playa, con una plusvalía en los terrenos de más de 92 millones de euros.

El tribunal de la Audiencia Provincial no tiene duda de que Zerolo fue quien decidió con Manuel Parejo solicitar una tasación tras otra del frente de la playa hasta dar con la favorecería a los empresarios. Aunque señala a Manuel Parejo como quien llevaba a cabo las decisiones, apunta a Zerolo como quien las ideaba.

Como anillo al dedo

Zerolo conocía la tasación que se ajustaba como anillo al dedo, aunque sabía que no lo era en realidad. Era un informe que la empresa tasadora TINSA emitió a petición de Plasencia y González y cuyos parámetros fueron, además, alterados, aunque se incluyó como tasación objetiva elaborada para CajaCanarias, de la que Zerolo era consejero, en el expediente que se entregó a los concejales para justificar el precio de la playa. A los concejales nunca se les informó de que existían otras cuatro tasaciones sobre el valor real del mercado que rebajan ese precio de 52,6 millones a 19 millones.

Con los informes a favor, y sin mencionar que los terrenos de Valle Las Huertas y Montaña Morera tendrían un cambio radical de sus usos y planeamientos, “Miguel Zerolo y Manuel Parejo dieron las instrucciones precisas para que se procediera a la aprobación del Convenio y a la compra de los terrenos por parte del Ayuntamiento de manera inmediata”, lo que ocurrió el 18 de septiembre de 2001, el mismo día en que se formalizó la escritura pública, con el pago de unos primeros 5.600 millones de pesetas mediante un cheque que se entregó en la misma notaría.

El resto, hasta los 8.750 millones de pesetas (52,6 millones de euros), que se pagaron por las 11 parcelas de la playa, se pagaron a los seis meses.

Miguel Zerolo defendió durante el juicio que el dinero pagado se recuperaría con el hotel que se pensaba construir en lo que se conoce como batería militar o parcela 103, pero el tribunal rechazó su informe porque esa parcela, en 2001, no existía, sino que fue creada en 2005 para recoger parte de los aprovechamientos urbanísticos que el Ayuntamiento ya había adquirido.

De esa forma se echó por tierra uno de los pilares de su defensa, por el que el exalcalde pretendía justificar el elevado precio pagado, tres veces superior al real.

Los magistrados tampoco dudan de que Zerolo estuvo detrás de la operación de filigrana por la que las parcelas de toda Las Teresitas se dividieron en dos zonas. La A era el frente de playa (público) y la zona B, las restantes parcelas (privadas), cuyo uso de suelo fue modificado para que pasase a ser de turístico a residencial.

Eso supuso “transferencias injustificadas (gratuitas y sin causa) de aprovechamientos urbanísticos a la parte privada sin contraprestación alguna y a costa del aprovechamiento público; y una modificación de los usos autorizados que determinó un extraordinario incremento del valor de los  terrenos de la parte trasera que quedaron en manos privadas sin que el Ayuntamiento participara en modo alguno en las plusvalías generadas”.  Eran aprovechamientos relevantes, correspondientes a unos 23.000 metros cuadrados de posible edificabilidad.

Cuando Antonio Plasencia e Ignacio González compran los terrenos de Las Teresitas a la Junta de Compensación por 33 millones de euros, se trataba en realidad de una operación económica que “cobra sentido” por la posterior actuación de Zerolo, como fue la compra de “solo” el frente de la playa a un precio tres veces superior al real. En octubre de 1999 es Miguel Zerolo quien decreta “la agilización de la gestión urbanística y las actuaciones a emprender en el ámbito del Plan Parcial de Las Teresitas”, pendiente de que se apruebe el proyecto de urbanización, que no existe.

Manipulación del precio

Los magistrados afirman que desde el primer momento fueron los empresarios quienes marcaron sus pautas en esta operación, sin que Zerolo atendiera al bien ciudadano. Al contrario, recalcan en el extenso fallo judicial que lo que hizo el carismático representante de CC fue representar ante los concejales del Pleno municipal “un simulacro de negociación”, sin importarle “manipular” documentos e informes que fueron esenciales para que los concejales votaran a favor de la compra de la playa, sin cuestionarse el precio.

Tampoco resultó convincente el alegato de defensa de que un alcalde no puede estar al tanto de cuánto ocurre en su Ayuntamiento. La compra del frente de la playa fue una actuación “de extraordinaria relevancia”, de la que no podía quedarse al margen Zerolo, incluso cuando aparentase estar de viaje para no asistir al Consejo de CajaCanarias en el que se aprobó el crédito multimillonario que se entregó a un testaferro de Ignacio González para hacer posible la compra del frente de la playa.

“La actuación del señor Zerolo a que acaba de hacerse referencia no hace sino confirmar su implicación directa en el procedimiento de manipulación del precio”, sostienen, y añaden unos párrafos más adelante que “la realidad fáctica y jurídica subyacente fue, en una parte abiertamente manipulada y, en otra, silenciada y mantenida en la oscuridad para que no fuera tomada en consideración ni por los órganos de control ni por el Pleno de Ayuntamiento (...)”

“No existen dudas sobre la implicación y participación del alcalde en los hechos”, resumen los jueces, que señalan al exalcalde como elemento esencial e “indispensable” de lo que ha sido ese pelotazo llamado caso Las Teresitas.

Cuatro meses ha tardado el tribunal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en dictar la sentencia sobre el caso Las Teresitas y lo ha hecho de forma contundente, a lo largo de 165 folios en los que llega a calificar la actuación del exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador por Coalición Canaria Miguel Zerolo y del que era su mano derecha a comienzos de siglo, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, como “trama delictiva jerarquizada”.

Una “trama delictiva” en la que la cabeza era Zerolo, seguido de Manuel Parejo, y cuya base conformaron los extécnicos de la Gerencia de Urbanismo Víctor Reyes y José Tomás Martín, todo para favorecer los intereses de los empresarios que se beneficiaron de la compra y posterior venta del frente de la playa de la capital tinerfeña, Antonio Plasencia e Ignacio González, dueños de Inversiones Las Teresitas (ILT).

“Existen diversos indicios que confirman la participación del señor Zerolo Aguilar en la comisión de los hechos con un papel directivo, si bien su distanciamiento físico de la Gerencia y el hecho de contar para la materialización del plan delictivo con la actuación al frente de la Gerencia del acusado señor Parejo Alfonso, hace menos evidente -como es habitual en todos los supuestos de tramas delictivas jerarquizadas con cierta complejidad- su intervención, que, en todo caso, ha quedado probada”, se afirma en la sentencia.

Miguel Zerolo y Manuel Parejo han sido condenados a siete años de cárcel y 17 años y medio de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por el delito de malversación de capitales. Por el delito de prevaricación (dictar resoluciones a sabiendas de su injusticia), han sido condenados a otros ocho años y nueve meses de inhabilitación para ejercicio de cualquier función pública, ni municipal, ni autonómica ni estatal.

Ambos, junto a los también condenados Antonio Plasencia, Ignacio González, sus empresas Promotora Punta Larga y Promotora La Victoria, y los extécnicos Víctor Reyes y Tomás Martín, deberán devolver al Ayuntamiento los 52.588.156,85 euros por los que se compró el frente de la playa y deberán indemnizar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con 9.159.884,67 euros.

Todos ellos fueron los hombres fuertes del poderío de Coalición Canaria en la provincia tinerfeña. La sentencia de la Audiencia Provincial que se ha hecho pública este jueves es, también, una condena a la forma de actuar, de hacer y deshacer en contra de los intereses ciudadanos por parte de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) durante las últimas décadas.

Para llevar a cabo la malversación y prevaricación, Zerolo, Parejo, Plasencia y González contaron con la cooperación necesaria de Víctor Reyes y Tomás Martín, que eran el secretario de la Gerencia de Urbanismo y el gerente de ella en 2001, fecha en la que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acordó comprar el frente de la playa a los empresarios por tres veces su valor real tasado. En vez de 19,2 millones de euros, se pagaron 52,6 millones.

Víctor Reyes ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel, 14 de inhabilitación y 8 de inhabilitación para empleo en empresa pública, mientras que Tomás Martín ha sido condenado a cuatro años de cárcel y 19 años y medio de inhabilitación, ambos por malversación y prevaricación.

Es de destacar que Víctor Reyes y Manuel Parejo ya han sido condenados en firme a penas de prisión por el caso Mamotreto (que guarda relación con el caso Las Teresitas) y por los mismos delitos, por lo que su ingreso en prisión debe ser inmediato.

Para lograr el respaldo de los concejales municipales, se usaron tasaciones “manipuladas” y “mutiladas”, dicen los magistrados, con el objetivo de que votaran en pleno, unánimemente, en junio de 2001 la compra del frente de la playa, creyendo que el valor de los terrenos era, en efecto, de cerca de 53 millones, cuando el real era muy inferior.

Es en este punto en el que la intervención de Víctor Reyes, Tomás Martín y su jefe, el concejal de Urbanismo Manuel Parejo, fue decisiva. Y es por esa “manipulación” del expediente que se llevó al pleno, y por el engaño (“simulación de negociación”, se dice en la sentencia) del que fueron víctimas los acusados Emilio Fresco y Emilio García Gómez, portavoces entonces de los grupos municipales del PSOE y del PP, por los que estos han sido absueltos del delito de prevaricación, lo mismo que el exsecretario municipal Zárate Peraza y el exinterventor municipal Messía de Yraola.

La clave de las tasaciones

El tribunal de la Audiencia Provincial afirma que “todo el procedimiento de compra, fijación de precio y fijación del resto del contenido del convenio (de compraventa) estuvo orientado, en definitiva, a maximizar el beneficio para los particulares, a costa del patrimonio municipal y del interés público”.

La base de una afirmación tan categórica está en las tasaciones de los terrenos. La gerencia de Urbanismo ya contaba con varias de ellas, hasta cuatro, pero no satisfacían las pretensiones de Zerolo, Parejo, Plasencia y González.

Manuel Parejo encargó un primer informe a la entonces arquitecta municipal, Pía Oramas, que tuvo en cuenta la realidad de los terrenos: las zonas de dominio marítimo-terrestre que nunca pueden pasar a manos privadas; el deslinde vigente, que era el del año 1961; la moratoria existente que no permitía usos hoteleros más que en circunstancias que no se daban (hoteles como complementos de campos de golf, de parques temáticos, de centros de salud...), y que era necesario modificar todo el Plan Parcial y llevar a cabo actuaciones urbanísticas para hacer viable la pretensión de urbanización que se pretendía.

Esa es otra de las claves del caso Las Teresitas. Cuando Miguel Zerolo propuso en 1999 un concurso de ideas para modernizar la playa (un año después de que Plasencia y González compraran las 101 parcelas de Las Teresitas, incluidos sus terrenos traseros en Valle Las Huertas y Montaña Morera), las premisas fueron no urbanizar el 60%, pero sí satisfacer a los empresarios con un cambio de uso de urbanizable a urbano en los terrenos traseros.

Además, la pretensión era que zonas turísticas pasasen a hoteleras, como una parcela que era de Defensa, aunque ello chocase de lleno con la moratoria turística que dejaba fuera de toda posibilidad la urbanización de Las Teresitas.

Pía Oramas, que según manifestó en la vista oral, llegó a temer por su vida, tuvo en cuenta estas limitaciones y valoró los terrenos en 19,2 millones de euros. También que, en caso de que se pudiesen construir camas alojativas, estas se reducían bastante en cuanto a las pretensiones de los empresarios. Frente a las más de 4.500 camas que tenían en mente Plasencia y González, los estándares turísticos (mínimo 60 metros cuadrados por habitación) las reducían a poco más de 1.800. Y ello bajaba el valor de los terrenos.

Otras dos tasaciones, de la Universidad Carlos III y de la empresa Pool Gest, bajaron incluso más el valor de los terrenos, a unos 18 millones de euros.

Para lograr una tasación acorde a los intereses empresariales, la Gerencia de Urbanismo encargó otra tasación a Sociedad de Tasaciones, pero Víctor Reyes, con mandato de Manuel Parejo, les dio instrucciones. No se debía tener en cuenta limitación alguna y la posibilidad de urbanizar no contaba con impedimento alguno, lo que según los magistrados no era real.

Tan irreal que Sociedad de Tasaciones hizo un informe A, según los falsos parámetros, por el que los terrenos valdrían más de 48 millones de euros, pero hizo una tasación B, real, por el que con las limitaciones valdrían menos de 19 millones. Esa tasación B fue ocultada a los concejales que votaron en el pleno municipal la compra de la playa.

Como no se alcanzaba el precio fijado desde un principio por los empresarios, Miguel Zerolo tiró de una quinta tasación: un informe de Tinsa que se hizo a instancias de CajaCanarias para conceder el préstamo de 5.600 millones de pesetas (algo más de 33 millones de euros), pero que nunca fue una tasación real aunque se vendió a los concejales como si lo fuera, sino que fue “una tasación a medida de los vendedores y que el presidente de CajaCanarias (entonces Rodolfo Núñez) hace pasar como tasación objetiva”.

La no inclusión de un informe de un técnico municipal en la operación de compraventa fue uno de los motivos por los que el Tribunal Supremo anuló la operación en 2007.

Noventa millones de plusvalía

“No era posible construir sin modificar el Plan General de Ordenación de la ciudad”, sostienen los magistrados. Según el Plan Parcial de Las Teresitas de 1988, las 11 parcelas del frente de la playa que compró el Ayuntamiento no podían ser urbanizadas “por sus características topográficas o paisajísticas”.

En cuanto a los demás terrenos, en la zona trasera de la playa, sus aprovechamientos y usos quedaron en suspenso hasta que se resolviera un recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que había declarado nulo el Plan Parcial de Las Teresitas de 1988.

Sin embargo, un cambio de los usos de los terrenos, que dejarían de ser urbanizables para ser urbanos, aumentaría de forma considerable esas parcelas de Valle Las Huertas y Montaña Morera, pese al impacto en una zona declarada parque rural.

La plusvalía sería de 90 millones de euros, aproximadamente. A ello se refería la fiscal Anticorrupción de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, que capitaneó la investigación de este caso, cuando hizo suya la frase de “un pelotazo de libro”.

La sentencia también refleja el hecho de que parte de los terrenos que compró el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, gracias a la intervención de Miguel Zerolo, Manuel Parejo y “sus cooperadores necesarios”, ya eran propiedad municipal según el inventario de 1967, por el que el frente de la playa fue cedido a la Corporación por la Junta de Compensación a cambio de las obras de mejora que se llevarían a cabo en la playa. Esto, junto al pago a la Junta de 50 millones de pesetas, de los que 11 aún no se han pagado.

Los magistrados afirman que Manuel Parejo y Víctor Reyes conocían que parte del frente de la playa ya era de titularidad municipal porque figuraban en un inventario de bienes, pero ese inventario se guardó bajo llave, hasta que un técnico lo descubrió.

Plasencia y González no podrán mover un ladrillo

La sentencia del caso Las Teresitas no solo condena por cooperador necesario en el delito de malversación a cinco años y tres meses de prisión a Antonio Plasencia, sino que le impide ejercer actividad empresarial alguna relacionada con la promoción y desarrollo de actuaciones urbanísticas durante ese tiempo, además de quedar inhabilitado durante 21 años para cualquier empleo público tras ser condenado igualmente como cooperador necesario en el delito de prevaricación.

Es la misma condena que se ha impuesto a Ignacio Martín González, que durante décadas fue presidente de la Cámara de Comercio de la provincia tinerfeña.

Antonio Plasencia fue dirigente de la patronal de la construcción, Fepeco, y vio crecer su emporio empresarial bajo el paraguas de ATI, lo mismo que González Martín. Ya no podrán mover un ladrillo. Sus hijos, Pedro González y Carlos Plasencia, fueron absueltos por no tener iniciativa en el plan delictivo de malversación y prevaricación, del que los hicieron artífices sus padres.