Iberdrola ha generado un impacto económico de más de 300 millones de euros en Canarias en los dos últimos años -en torno a 150 millones de euros cada ejercicio-, ha dicho este martes la compañía a través de un comunicado. De este modo, “ratifica su papel como uno de los principales motores económicos de esta comunidad autónoma”. 

Iberdrola presume de ser una de las empresas que más aporta a la región y lo argumenta en que su contribución fiscal “se ha incrementado más de un 3% en 2025, hasta rozar los 125 millones de euros”.

Iberdrola define su proyecto como “un modelo empresarial de largo plazo, que es capaz no solo de conseguir resultados económicos sino de generar progreso y bienestar en nuestro entorno, a través del fomento del tejido empresarial, con compras, inversiones y creación de empleo, y cuyo objetivo es la electrificación de la economía”.

Iberdrola llega a su Junta General de Accionistas, la de su 125 aniversario, que se celebra este viernes 29 de mayo, cerca de máximos históricos de capitalización bursátil con 135.000 millones de euros, lo que la consolida como la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo. Este año, además, pone a disposición de sus accionistas múltiples canales para participar a distancia y la posibilidad de asistir de forma telemática, además de la asistencia presencial con reserva de asiento.

Durante la reunión, la compañía someterá a sus accionistas la aprobación de los resultados del ejercicio 2025, en el que invirtió 14.460 millones de euros e incrementó su beneficio neto en un 12% hasta alcanzar los 6.285 millones de euros.  

Iberdrola cuenta con cientos de accionistas en Canarias que este año recibirán un dividendo de 0,68 euros por acción. De hecho, en el orden del día se ha propuesto un dividendo complementario de 0,427 euros por acción, que se suma a los 0,253 euros por acción abonados el 2 de febrero como dividendo a cuenta. De esta manera, se destinarán 4.500 millones a dividendos correspondientes al ejercicio 2025, lo que supone un incremento del 12% respecto a la cuantía distribuida el año pasado.

Adicionalmente, la compañía ha propuesto por cuarto año consecutivo un dividendo de involucración de 0,005 euros brutos por acción (1 euro bruto por cada 200 acciones) que cobrarán todos los accionistas con derecho a participación si se alcanza un quórum de constitución de, al menos, el 70% del capital social. 

En cuanto al mercado local, durante 2025 Iberdrola ha alcanzando una cuota en el mercado eléctrico canario superior al 10%. Además, dispone de una infraestructura de recarga para vehículo eléctrico de 310 puntos distribuidos en 56 ubicaciones repartidas por todas las islas.

En el ámbito de la Administración Pública, ha formalizado contratos de suministro de energía eléctrica con 27 administraciones, reforzando así el posicionamiento de la compañía en el sector institucional.

Generación renovable

Iberdrola ha construido en estos últimos meses el parque eólico Finca San Juan, ubicado en Arico, en Tenerife. Con una potencia de 17,3 MW, produce energía limpia y renovable equivalente al consumo de cerca de 16.000 hogares, lo que supone una población cercana a la de La Orotava. Su producción llega a los 56 GWh/año, evitando 28.000 toneladas de emisiones de C02. 

También en Tenerife, Iberdrola España opera el parque eólico de Chimiche. Desarrollado con una agrupación de pequeños empresarios locales, cuenta con una potencia de 18,3 megavatios (MW). Actualmente, el parque abastece de energía limpia a una población equivalente a 15.000 hogares, evitando la emisión de 33.000 toneladas de CO2 al año. Además, cuenta con su primera planta fotovoltaica en Canarias desde 2023. Con 7 MW, Llanos Pelos III, en Fuerteventura, permite abastecer de energía limpia a más de 4.000 hogares. La planta ha recibido el Sello de Sostenibilidad de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) por todas las medidas ambientales emprendidas en el proyecto, relata la compañía en un comunicado.

Vecinos del entorno del proyecto de ampliación del parque eólico Tórtoles, en la provincia de Burgos, han denunciado que se intenta avanzar en un proceso de expropiación forzosa “plagado de irregularidades y que ignora los derechos fundamentales de los habitantes de la zona”.

Exigen la paralización inmediata de la ocupación por falta de transparencia, porque conocieron el proyecto a través del BOE (Boletín Oficial del Estado) hace tres años, sin comunicación previa por parte de la empresa promotora, ni del Ayuntamiento ni de ninguna otra Administración.

En un comunicado, aseguran que después de 18 meses de publicarse en el BOE, llegó una carta de la empresa a los propietarios afectados en el proyecto, la única comunicación con los propietarios en estos tres años.

Consideran también que la empresa ha tomado “decisiones sospechosas”, como el cambio de potencia del parque por encima de los 50 MW justo antes de la resolución, discrepancias entre el número de aerogeneradores y la potencia proyectada, y cambios sustanciales en el proyecto sin someterse a ningún control, ni anuncio.

Los vecinos insisten en que este proyecto no cuenta con el consentimiento de quienes poseen la tierra y no es una infraestructura pública, sino un negocio industrial privado que opera en libre mercado.

De hecho, aseguran que el 89% de los propietarios donde se ubicarán los aerogeneradores, ocho de los nueve titulares, están en contra, igual que el 78% de los afectados por las líneas de evacuación y otras infraestructuras.

Los vecinos consideran que la imposición de este proyecto, “alimentada por bulos y amenazas encubiertas”, está rompiendo la paz social en el pueblo, provocando enfrentamientos incluso entre familias.

Señalan que es un proyecto que ocupa terrenos agrícolas que son el alimento de muchos y el medio de vida de familias de la zona.

Además, creen que la tramitación ha ignorado “riesgos críticos”, ya que, pese a informes de la Subdirección General de Evaluación Ambiental y de la propia Junta de Castilla y León que recomendaban una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, se optó por un Informe de Afección Ambiental (IDAA) en el que se le eximió de dicha evaluación ambiental.

Entienden que esa decisión ignora el riesgo crítico para especies protegidas en la zona como la avutarda, el milano real, el águila imperial, entre otras.

En su escrito, explican que han interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid solicitando unas medidas cautelares, y aunque inicialmente fueron denegadas, dicha decisión fue recurrida y se encuentra actualmente a la espera de trámite judicial. 

La previsión meteorológica de lluvia ha obligado a Son Gigantes a aplazar la parte festiva y cultural prevista este sábado 16 de mayo en Rosequillo (Villaescusa), incluyendo los conciertos, como el de Quique González, además de actividades infantiles, puestos de productores y artesanos y comida popular. Aun así, el encuentro seguirá adelante en formato reducido bajo el nombre de 'Feria de Energía y Territorio', trasladando la actividad a la Casa de Cultura de Rosequillo, en La Concha.

La jornada mantendrá la mesa redonda 'Energía y territorio', con la participación de la antropóloga y ecofeminista Yayo Herrero, Francisco J. Vaquero -director del documental 'Vidas irrenovables'- y Javier Tobías, del colectivo aragonés No es sequía, es saqueo.

El encuentro, según un comunicado del colectivo, reunirá también a distintos colectivos sociales y vecinales vinculados a conflictos socioambientales y defensa del territorio, como STOP macro-eólicas Sur de Cantabria, Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio, La Velorta, Asociación Stop Macroplanta de Hazas de Cesto o Asamblea Abierta de Piélagos contra el cementerio de amianto, que contarán con mesas informativas y espacios de exposición durante toda la jornada.

Además, representantes de Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio compartirán la situación actual del despliegue eólico en Cantabria y las respuestas sociales, técnicas y vecinales articuladas frente a distintos proyectos en tramitación o ya aprobados.

Por su parte, Tobías abordará la relación entre macroinfraestructuras energéticas, centros de datos, inteligencia artificial y los impactos territoriales, hídricos y energéticos asociados a estos modelos de desarrollo.

La jornada contará con un primer espacio de encuentro de No Normal Cantabria, iniciativa centrada en reflexión y debate sobre crisis energética, límites materiales y modelos de sociedad.

Y es que, según han explicado los promotores en un comunicado, la Feria de Energía y Territorio busca abrir un espacio de reflexión colectiva sobre energía, paisaje y gestión territorial, además de apoyar distintas acciones jurídicas y vecinales frente a proyectos eólicos en Cantabria.

Durante la jornada podrán firmarse alegaciones relacionadas con proyectos actualmente en tramitación, colaborar económicamente con la defensa jurídica impulsada desde los territorios afectados, además de disfrutar del café solidario.

Desde Son Gigantes defienden que “la respuesta frente a estos proyectos solo puede construirse desde lo colectivo” y que crear y mantener vínculos entre personas y pueblos “se ha convertido también en una forma de cuidar el territorio”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha declarado la nulidad de la autorización administrativa previa y la declaración de impacto ambiental del parque eólico Somaloma-Las Quemadas y su línea de evacuación en municipios de Campoo de Enmedio, Valdeprado del Río y Valdeolea.

En una sentencia dada a conocer este jueves y contra la que cabe casación ante el Tribunal Supremo, la sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso presentado por la ONG Territorio Cántabro contra las resoluciones del Gobierno de Cantabria que dieron luz verde a esta instalación.

Entre los motivos que han llevado al tribunal a adoptar esta decisión se encuentra la “omisión de los efectos de las sinergias y acumulativos del parque”, y es que junto a esta instalación se encuentran en tramitación en la misma zona los parques eólicos de Henestrosas, Ornedo, Olea, Morosos, Quintanilla y Cotío.

Según explica El TSJC, se elaboró un documento denominado Estudio de Conectividad, Efectos Acumulativos y Sinérgicos que toma en consideración una envolvente de diez kilómetros a partir de las posiciones de los aerogeneradores. Sin embargo, este informe “resulta incompleto, con enunciados excesivamente generalistas y justificando, en múltiples ocasiones, la falta de datos para poder establecer un adecuado análisis de los impactos acumulativos y sinérgicos, más allá de estimaciones sin aparente sustento o rigor”.

Y es que, tal y como recuerda el tribunal, la directiva de hábitats requiere que “cuando existan otros proyectos, planes o programas que también puedan afectar a los hábitats y especies objeto de conservación en el lugar de manera acumulada o sinérgica, como el proyecto que es objeto de evaluación, en la evaluación y en la posterior decisión sobre el proyecto sean considerados sus efectos acumulados o sinérgicos”.

Además, “esta sala entiende que no solo desde el punto de vista ambiental y urbanístico se deben evaluar los parques de esta zona en su conjunto, sin fragmentación, sino, también, desde otros puntos de vista como el paisajístico (no es lo mismo un monte o pico con aerogeneradores que todos los montes en 10 kilómetros llenos de aerogeneradores), o desde la perspectiva de accesibilidad a estos lugares, sin contar con el necesario estudio conjunto del instrumento correspondiente de evaluación ambiental”.

Por tanto, dado que “son seis parques situados en una zona de diez kilómetros y son colindantes”, existen “efectos conjuntos, al menos, a efectos urbanísticos”.

Ausencia de información pública sobre el proyecto modificado

Finalmente, el tribunal también estima otro de los motivos alegados por Territorio Cántabro, como es la ausencia de información pública después de que el proyecto inicial fuera sometido a modificaciones.

Explica la sentencia que el Gobierno de Cantabria reconoció que se habían introducido cambios, si bien argumentó que estos “no empeoran los efectos que inciden sobre el estado de conservación de los hábitats y especies, sino que, al contrario, lo mejoran”. Pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que “sí estamos ante un caso de modificación sustancial del proyecto anterior que debía haber sido sometido a información pública”, toda vez que se han cambiado las ubicaciones de los aerogeneradores y se proyecta un soterramiento de las líneas, sin que se haya evaluado ni la nueva ubicación ni los efectos ambientales sobre el patrimonio cultural y el subsuelo.

“La modificación es sustancial, no solo por el número de modificaciones efectuadas, sino por la naturaleza de las mismas, que han dado lugar a tanta necesidad de información sectorial, a tantas medidas correctoras y a la modificación del proyecto, con afectación a la declaración de impacto ambiental”, concluye el tribunal.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza suspender la decisión de trasladar de forma forzosa a cuatro magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), un movimiento que implicó apartar de la sección que decide sobre eólicos a dos de los jueces que firmaron resoluciones de paralización de proyectos criticadas por la Xunta y los empresarios del sector. Uno de estos magistrados es Luís Villares, que ha recurrido, junto con la asociación Jueces y Juezas por la Democracia, ese traslado.

La decisión del CGPJ, adelantada por El País, sostiene que no hay un “perjuicio real” si se espera a que el propio Poder Judicial resuelva sobre estos dos recursos de alzada. Jueces y Juezas por la Democracia manifestó, tras conocerse el traslado forzoso, que la medida ponía en tela de juicio la independencia judicial y cargó contra un procedimiento en el que no se había dado audiencia a los cuatro jueces afectados, entre ellos Villares, asociado de la entidad y que fue líder de la formación En Marea y candidato a la Presidencia de la Xunta en 2016.

El Pleno ha rechazado suspender el traslado forzoso con 18 votos a favor. Han votado en contra los vocales elegidos a iniciativa de Sumar Inés Herreros y Carlos Hugo Preciado y la consejera designada a iniciativa del PSOE Esther Erice.

El traslado se decidió el día 12 de marzo. Lo firmaba María Azucena Recio, que había llegado a la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG seis días antes, tras medirse para ocupar el cargo con el propio Villares. La medida implicaba que dos jueces de la Sección Tercera, María Dolores López y Luís Villares, pasaban a la Cuarta y otros dos de esta pasaban a la Tercera.

Jueces y Juezas para la Democracia reaccionó ante una decisión que calificó de “sorpresiva” y recordó que en los últimos meses y años han sido habituales “declaraciones desmedidas de determinados responsables políticos y empresariales” cuestionando “no solo las resoluciones de la Sección, sino incluso la profesionalidad de sus integrantes”. En la hemeroteca constan acusaciones del PP gallego contra el TSXG, del que dijo que había emprendido “una ofensiva” contra la eólica y de la Xunta, que criticó repetidamente las decisiones que paralizaban algún parque y llego hablar de sentencias “erróneas”.

En las resoluciones de Recio, esta justificaba los cambios con la necesidad de “salvaguardar la imagen de la institución y la imparcialidad de la sala”. Entre diciembre y enero pasados, el Tribunal Supremo anuló tres sentencias de la sala tras otros tantos recursos de casación de la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo al considerar que existían dudas sobra la “imparcialidad” de Villares.

Cuando presentó su recurso contra el traslado, Jueces y Juezas para la Democracia aludió al contexto de “presión por parte de representantes políticos y empresariales” en el que se tomó la decisión y manifestó que estas circunstancias hacen que sea “más necesario, si cabe, extremar las garantías”.

La eólica en Galicia se encuentra atascada en una maraña de litigios, afectada por continuos cambios normativos y envuelta en la polémica tras los traslados forzosos que afectan a la sala que revisa los casos relacionados con el sector. La Xunta trató de evitar a estos jueces con una modificación de su estructura, tras la primera mayoría absoluta de Alfonso Rueda. Lo que hizo fue concentrar todas las atribuciones sobre los permisos referidos a parques eólicos en la Consellería de Medio Ambiente. El reparto de trabajo del TSXG hacía recaer los asuntos ambientales en la Sección Segunda.

El Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Cantabria ha abierto el periodo de información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del anteproyecto del parque eólico Anjana, de 86,8 MW de potencia, y sus infraestructuras de evacuación en cuatro municipios de Cantabria, además de en otros de Burgos y Palencia.

Promovido por la empresa Mowe Eólica 4, S.L., la instalación cuenta con una inversión de 91 millones de euros, según ha publicado este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Afecta a los municipios cántabros de Valderredible, Valdeprado del Río, Valdeolea y Campoo de Enmedio; más Valdebezana, Arija y Santa Gadea de Alfoz, en Burgos, y Aguilar de Campoo y Barruelo de Santullán en Palencia.

El proyecto contempla 17 aerogeneradores divididos en dos agrupaciones: 'Anjana Este' (10) y 'Anjana Oeste' (7), y sus líneas subterráneas a 30 kV hasta cada una de las dos subestaciones de ambas agrupaciones.

Los aerogeneradores, con una potencia unitaria de 5.200-5.000 KW, tendrán un diámetro del rotor de 163 metros; mientras que la altura de la torre será de 98,5 metros y la altura del aerogenerador a punta de pala se prevé de 180 metros.

El periodo de alegaciones tiene un plazo de 30 días a partir del siguiente a su publicación y se puede consultar el anteproyecto de la instalación así como su Estudio de Impacto Ambiental en el enlace https://run.gob.es/dxoProyectosIndustriaCantabria o en la sede de la Delegación del Gobierno solicitando la correspondiente cita.

El Gobierno de Cantabria ha denegado la autorización administrativa previa para la construcción del parque eólico denominado 'Olea', de 27,72 megavatios, entre Campoo de Enmedio, Valdeolea y Campoo de Suso, que promueve la firma Green Capital Power S.L..

El Boletín Oficial de Cantabria publica ha publicado este jueves la resolución que se adopta tras emitir en febrero la Dirección General de Medio Ambiente del Ejecutivo regional una declaración de impacto ambiental desfavorable al proyecto.

Según la evaluación ambiental practicada, los impactos negativos sobre la fauna y sus hábitats con este parque iban a ser “críticos” y no podían ser “prevenidos, corregidos o compensados, con suficientes garantías, con las medidas propuestas” por la empresa promotora del parque eólico.

Además, el informe sostiene que la zona del Monte Endino, donde se proyecta el paruqe eólico, presenta valores ambientales de relevancia entre los cuales se destacan: las zonas de cría y alimentación de aguilucho cenizo y aguilucho pálido o la principal vía de expansión del oso pardo hacia el suroeste de la región.

También señala que hay una “severa acumulación de efectos sinérgicos” con otras instalaciones del entorno, como los parques eólicos 'Cotío', 'Bustatur', 'Escudo', 'Morosos' y 'El Pical'; y que el proyecto provocaría una “afección paisajística irreversible”.

Asimismo, indica la resolución que el promotor pospone la realización de análisis de impactos sobre la población a una fase posterior a la resolución administrativa, “vulnerando el principio de acción preventiva y el principio de evaluación previa”. De otro lado, los presupuestos parciales presentados se estiman “insuficientes” para hacer frente con garantías a la protección del patrimonio cultural.

Por ello, la Dirección General de Industria del Ejecutivo cántabro resuelve denegar la autorización administrativa previa para construir ese proyecto, contra la que cabe recurso ante la Consejería de la que depende este departamento. 

El magistrado Luís Villares y Juezas y Jueces para la Democracia han presentado sendos recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) frente al acuerdo de la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, por el que se decide el traslado forzoso del juez de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso, la cual ha paralizado decenas de proyectos eólicos en los últimos tiempos, para pasar a la sección cuarta.

De ello informa a Europa Press un portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia que explica que se han presentados los dos recursos. En un comunicado, Juezas y Jueces para la Democracia explica que ha planteado recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial frente a los traslados forzosos de cuatro magistrados de lo Contencioso del TSXG, entre los que se encuentra Villares.

Considera que estas decisiones “adolecen de graves defectos que ponen en tela de juicio la inamovilidad de los magistrados afectados y, con ello, la propia independencia judicial”.

Juezas y Jueces para la Democracia sostiene que el procedimiento para adoptar esta decisión se ha verificado “sin audiencia de los cuatro magistrados y magistradas afectados” entre los que se encuentra Luis Villares, asociado de la entidad.

El hecho es que el TSXG decidió el trasladó forzoso de la sección tercera a la cuarta de Luís Villares y María Dolores López López. Mientras que Rosa Agrasso y Alexis Fernández pasan de la sección cuarta a la tercera.

Sin “motivos claros” ni “criterios objetivos”

Además, sostienen que se llevó a cabo con “una motivación meramente aparente e inidónea para justificarla”, “incumpliendo la norma que exige una serie de contenidos y trámites” que, según Juezas y Jueces para la Democracia, “no se atienden en el presente caso”. Así, señala que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Bilinski contra Polonia y la del Tribunal de Justicia de la Unión de 6 de marzo de 2025, apunta la necesidad de “motivos claros y criterios objetivos” que consideran que en este caso no concurren.

El resultado de estos defectos, para la asociación, “es la ausencia de tales criterios objetivos y motivos claros”, que, en su opinión, “ponen en tela de juicio la propia medida, dentro de un contexto de presión por parte de representantes políticos y empresariales que hacen más necesario, si cabe, extremar las garantías”. “La quiebra de la forma, según el TEDH, junto con la ausencia de motivos claros, llevan a apreciar un riesgo evidente para la inamovilidad y la independencia del tribunal que JJpD no puede ignorar”, apunta.

JJpD ha solicitado también al CGPJ la suspensión de los acuerdos recurridos, recordando que la quiebra en la formación de los órganos judiciales y en el nombramiento de sus integrantes, puede llegar a ser motivo de nulidad de las resoluciones según la jurisprudencia del TEDH.

Por último, defienden que la asociación está plenamente legitimada en base a las previsiones de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial como conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para “actuar en defensa de la independencia judicial”.

JJpD traslada su confianza en las instituciones y espera que el sistema de garantías de un Estado de Derecho “robusto” conjure lo que representa un verdadero y objetivo peligro para la independencia judicial y la integridad del sistema jurisdiccional europeo.

La semana pasada, el magistrado Luís Villares acudió a apoyar al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz en el homenaje vecinal organizado en Santiago de Compostela.

El proyecto híbrido 'Escuderos', situado en la provincia de Cuenca entre los términos municipales de Altarejos, Poveda de Obispalía, Pineda de Gigüela y Torrejoncillo del Rey, es una iniciativa de Grenergy que combina energía solar fotovoltaica y eólica. Cuenta con varias plantas fotovoltaicas que se hibridan con nuevos módulos eólicos para optimizar la producción, sumando una potencia significativa en la región.

Ahora, la empresa ha firmado un acuerdo de 'tolling' financiero para su sistema de almacenamiento de energía. Esta fórmula se basa en un contrato entre una compañía 'energy manager', que suministra el combustible y el constructor de una planta ('tollee') y tiene el objetivo de repartir los riesgos relativos a la actividad de producción de la energía.

En concreto, Grenergy ha firmado este acuerdo con una 'utility' internacional con calificación 'Investment Grade' por Moody's y Standard & Poor's. El contrato tendrá una duración de 12 años y entrará en vigor en julio de 2028 y la propia empresa asumirá la operación y la gestión del 'trading' (compra y venta activa de activos financieros) de las baterías.

'Escuderos' es el proyecto de hibridación “insignia” de Grenergy en España, ya que el complejo contará con 200 megavatios solares y 680 megatavios por hora de almacenamiento. La construcción del sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) comenzará en el segundo semestre de este año y tiene como objetivo entrar en operación en 2027.

Este nuevo acuerdo para el sistema de almacenamiento de 'Escuderos' se suma al convenio de compra de energía (PPA, por sus siglas en inglés) diurno suscrito con Galp en 2020, también por un periodo de 12 años, para la parte solar de esta planta híbrida.

El proyecto de Cuenca se suma al 'stand alone' de Oviedo

Se trata del segundo 'tolling' financiero que Grenergy firma en España, tras el acuerdo alcanzado el pasado mes de febrero para su proyecto 'stand alone' en Oviedo.

Con 'Escuderos', Grenergy busca replicar en España el modelo de hibridación solar-almacenamiento desarrollado en Chile en sus plataformas 'Oasis de Atacama' y 'Oasis Central', origen del modelo de hibridación desarrollado por la compañía.

Además, Grenergy ha asegurado que continúa avanzando en 'Greenbox', su plataforma de baterías 'stand alone' en Europa, que constituye otra pieza “clave” de su plan estratégico.

Su consejero delegado, David Ruiz de Andrés, ha subrayado que 'Escuderos' marca el inicio de “una nueva etapa” para Grenergy en España. “Es nuestro primer gran proyecto híbrido en el país, al que se sumarán nuevos proyectos”, ha afirmado, añadiendo que en el mercado español ven “un potencial enorme para seguir desarrollando una cartera híbrida, apoyándose en la experiencia y el recorrido que ya han construido en Chile con las plataformas Oasis”.

El Gobierno de Cantabria ha emitido una declaración de impacto ambiental favorable, aunque con el cumplimento de una serie de condiciones, para los parques eólicos de Ornedo y Henestrosas, previstos en el municipio de Valdeolea.

De acuerdo con la resolución que ha publicado este martes la Consejería de Medio Ambiente en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), la ejecución de los dos parques se considera viable siempre que se lleven a cabo medidas correctoras para minimizar su impacto.

El parque Henestrosas tiene una potencia de 17,32 megavatios y el de Ornedo, de 6,93. Green Capital Power presentó la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas en febrero de 2021 para estos dos parques y para el de Morosos, y sus líneas de evacuación.

El parque eólico Morosos obtuvo la declaración favorable en febrero pero para los otros el Gobierno pidió informes complementarios antes de pronunciarse. 

La Fiscalía de Zamora ve indicios de que la empresa Renner Energies España creó un informe municipal para avalar su proyecto eólico, puesto que tanto la abogada de una asociación local como la Guardia Civil han constatado que los metadatos de dos convenios entre la compañía y Ayuntamientos de la zona de Sayago y el informe de la Secretaría Municipal de Almeida de Sayago han sido en realidad creados por la misma persona, un abogado de la empresa colegiado en Valencia. elDiario.es se ha puesto en contacto con la empresa, que no ha respondido.

La fiscal jefe de Zamora ha remitido al Juzgado una denuncia —en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es— porque ve indicios de un delito de prevaricación “al haber podido existir actuación administrativa irregular o realizada al margen del correcto funcionamiento de la administración pública” en unas diligencias admitidas tras la denunciade agosto de 2025 de la asociación Otra vez No en Sayago, que es muy activa contra la proliferación de macroparques eólicos. En septiembre de 2025, la Fiscalía pidió un informe a la Guardia Civil, que presentó un informe atestado a principios de marzo de 2026 que sirve de base para su denuncia.

El pleno del Ayuntamiento de Almeida de Sayago (411 habitantes) aprobó en mayo del año pasado un convenio de colaboración con Renner Energies España después de que se desestimaran las alegaciones presentadas por la asociación. El convenio es “en esencia idéntico” al que la empresa presentó en los consistorios de Bermillo de Sayago (1.028 habitantes) y Muga de Sayago (313 habitantes) para desarrollar un proyecto sobre terrenos municipales, que obtuvieron un informe jurídico negativo en 2023 de la secretaria-interventora del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Zamora. Este convenio preveía la instalación de siete aerogeneradores en el entorno de la ermita de Gracia, más cerca de las viviendas de un pueblo cercano (Villamor de Cadozos) que de las propias.

En mayo de 2025 la Secretaría Municipal de Almeida de Sayago “hizo suyas” las argumentaciones de la empresa en el convenio, “limitándose a estampar su firma digital pese a las dudas sobre la legalidad”. Según el escrito de Fiscalía, la secretaria firmó el informe el 30 de mayo, pero el autor informático era un abogado de la empresa mercantil promotora. Al día siguiente, el pleno municipal aprobó el convenio de colaboración; un acuerdo que la asociación llevó a Fiscalía y que esta, a su vez, ha elevado al Juzgado. El alcalde de Almeida de Sayago, Miguel Alejo, ha pedido la “máxima prudencia”, ha mostrado su “respeto” al procedimiento judicial y ha evitado ante elDiario.es pronunciarse de cualquier otra manera.

El convenio anulado de un pueblo cercano

En 2018 el Ayuntamiento de Bermillo aprobó un convenio marco para instalar un parque eólico de casi 60 aerogeneradores de 245 metros de altura y acordó bonificar a la empresa un 95% de algunos impuestos municipales. Al año siguiente se aprobó la autorización a la empresa de que cediera el convenio a otras seis sociedades eólicas. En 2021 el pleno aprobó una prórroga del convenio y, a petición de una concejala, se pidió la revisión del convenio original.

Este convenio de Bermillo de Sayago no concretaba los terrenos municipales sobre los que se iba a ubicar el parque eólico —algo que consideraba necesario— y subrayaba que podían verse “comprometidas” las potestades públicas que correspondían al Ayuntamiento. Un año antes, el Consejo Consultivo declaró nulo este convenio de 2018 firmado entre la empresa (antes Windvisión Energía Renovable) y el Ayuntamiento de Bermillo de Sayago para los dos años siguientes, que se había prorrogado durante otros dos años.

En 2023, la secretaria interventora de la Diputación de Zamora emitió un informe jurídico negativo y advirtió de las irregularidades administrativas que presentaban estos convenios, algo que ha obviado el Ayuntamiento de Almeida de Sayago.

Respuesta de la asociación

Varios concejales del PP y la teniente de Alcalde han votado hace unos días en contra de la propuesta de la oposición de desmontar y retirar una torre anemométrica de 120 metros de altura, instalada tras el primer convenio de 2018, que firmó el anterior equipo de gobierno municipal para desarrollar seis parques eólicos.

La asociación Otra Vez No en Sayago ha reprochado que se vaya a mantener la antena “sin contraprestación económica ni beneficio para la población local” y carga contra un modelo de transición energética que considera que no está lo suficientemente planificado o estudiado su impacto medioambiental, económico y demográfico. Para esta entidad, este tipo de proyectos no se ajustan a las “necesidades reales” de los municipios y suponen “un negocio especulativo en beneficio de las empresas promotoras”.

La primera decisión de María Azucena Recio tras llegar a la presidencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) fue trasladar por la fuerza a los jueces Luís Villares y María Dolores López de la Sección Tercera –la que estudia los casos de los parques eólicos– a la Cuarta. Una medida que ha encendido todas las alarmas porque Villares había sido señalado reiteradamente por el PP y la patronal eólica, contrariados por unas sentencias que no tomaba en solitario, sino como miembro de una Sección que, según Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD), queda ahora “desmantelada”. Dos años antes, la Xunta ya había tratado de evitar a esos mismos magistrados. Para ello, cambió su estructura de gobierno, y traspasó las atribuciones sobre la instalación de aerogeneradores de la Consellería de Economía e Industria a la de Medio Ambiente. Según el reparto del TSXG, los asuntos ambientales recaen en la Sección Segunda que, en aquel momento, estaba presidida por la propia Recio. Entonces no funcionó, pero esta semana, Recio ha firmado un acuerdo gubernativo para asegurarse de que sea la Segunda la que decida en un procedimiento sobre una línea de alta tensión que une tres parques paralizados por la Tercera.

Tras la mayoría absoluta de Alfonso Rueda en febrero de 2024, el Diario Oficial de Galicia (DOG) del 24 de abril publicó el decreto que fijaba la estructura de las consellerías de la Xunta. Entre los cambios que se hacían oficiales, destacaba el traspaso de las competencias en “materia de instalaciones de producción de energía a partir de fuentes renovables” de Industria a Medio Ambiente. “En particular”, citaba el texto, al departamento que dirige Ángeles Vázquez le tocaría, en adelante, la “autorización administrativa de las instalaciones de parques eólicos y de sus instalaciones de conexión, así como la declaración de su utilidad pública”. Lo hacía, dijo Rueda en su discurso de investidura, para “centralizar y reforzar” toda la tramitación normativa.

Cinco días antes, un post del PP gallego en la red social X acusaba a uno de los miembros de la Sección Tercera, Luís Villares, de ser “juez y parte”. Los populares acusaban a Villares, líder de En Marea entre 2016 y 2020 de haber “intentado paralizar todos los proyectos industriales de Galicia” durante esa etapa. En marzo de 2026, Villares y su compañera María Dolores López fueron trasladados forzosamente a la Sección Cuarta por la presidenta de la Sala de lo Contencioso, María Azucena Recio, que había tomado posesión una semana antes tras competir por el cargo con Villares. XXpD alertó de que se trasladaba la imagen de que el Poder Judicial “se doblaba a los intereses de algunas de las partes”. La asociación progresista Xustiza e Sociedade pidió al Consejo General del Poder Judicial que aclarase si existió desviación de poder en esa decisión.

Del DOG al TSXG

La Xunta no tardó de tratar de trasladar su nueva estructura a la acción judicial. Poco después de la aprobación del nuevo diseño, probó suerte en las alegaciones previas a la demanda contra la construcción del parque eólico de Seselle, en el entorno del Monte do Gato, en el concello coruñés de Oza Cesuras. Los vecinos, en pie de guerra, alegaban que había 16 viviendas a menos de 500 metros de la instalación, además de bienes patrimoniales y naturales. El parque era uno de los seis que formaban parte del macrocomplejo eólico promovido por Greenalia –donde ocupaba un alto cargo la exconselleira del ramo, Beatriz Mato– y Galenergy. En enero de 2023 había recibido la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable.

En el escrito enviado a la Sección Tercera, el gobierno gallego consideraba que la impugnación de esa decisión tenía “carácter ambiental” y “dado que el reparto de asuntos aprobado por la Sala de Gobierno atribuye a la Sección Segunda de la Sala el conocimiento de los asuntos en materia ambiental, es a esa Sección y no a la Tercera a la que le corresponde el conocimiento del presente procedimiento”. La presidenta de la Sección Segunda era, por aquel entonces, María Azucena Recio.

El intento cayó en saco roto. En su respuesta, la Sección Tercera acusa a la Xunta de tratar de cometer un “fraude procesual prohibido” al pretender “hacer pasar una norma de reparto entre secciones como una cuestión de competencia”. Pero, además, le señala que el litigio “no versa sobre una resolución dictada en materia ambiental”, sino sobre la autorización de la construcción de un parque eólico, “es decir, una instalación industrial, materia que es propia de la industria e innovación tecnológica, cuyo conocimiento le corresponde a esta Sección Tercera”.

Las alegaciones del gobierno gallego fueron rechazadas en marzo de 2025 por los cinco magistrados de la sección. Dos meses después, el tribunal decidía suspender cautelarmente la autorización del parque eólico de Seselle. Lo basó en su cercanía a las viviendas pero, también, en el hecho de que los vecinos consiguieron “acreditar indiciariamente la existencia de elementos ambientales altamente sensibles, bien por estar catalogados, bien por tratarse directamente de especies con distinto grado de protección o peligro”. La instalación, concluía la sentencia, amenazaba con “causar un grave daño a valores ambientales sensibles”. La Xunta no volvió a ensayar esa estrategia.

Una nueva “vuelta de tuerca”

Sin embargo, el ascenso de Recio a presidenta de la Sala ha venido acompañado de novedades también en este sentido. La primera –adelantada por La Voz de Galicia– se conoció a principios de mes: fue la decisión de desestimar la suspensión de la línea de alta tensión diseñada para evacuar la energía de los parques eólicos de Campelo, Bustelo y Monte Toural (A Coruña), todos ellos impulsados por Greenalia y paralizados por la Sección Tercera del TSXG. En este caso, el cambio de criterio vino acompañado de un cambio de sección: la desestimación fue obra de la Sección Segunda.

Los denunciantes, la asociación ecologista Petón do Lobo, presentaron entonces un escrito solicitando que el asunto pasase, como venía siendo habitual, a la Sección Tercera. Recio respondió esta misma semana. Emitió un acuerdo gubernativo en el que explica que ese procedimiento, “de acuerdo con las normas de reparto vigentes desde 2023, es competencia de la Segunda, pues es sobre una cuestión medioambiental”, según explica una portavoz del TSXG. Por ese mismo motivo, añade, “no admite discusión”, algo que sí tendría, pone como ejemplo, “una cuestión de competencia entre diferentes órganos judiciales”.

Desde el alto tribunal se insiste en que no ha habido “ningún cambio de criterio” desde la publicación de las competencias de cada sección en el Boletín Oficial del Estado del 27 de diciembre de 2023. “La Segunda es competente en medio ambiente; y la Tercera, en industria y minas. Otra cosa es que la tercera, a la hora de resolver asuntos que le llegan por industria o minas, pueda aludir a cuestiones medioambientales”, aseguran. Ese reparto lo realiza el funcionariado de la Oficina de Registro y no magistrados del TSXG. Estos sí tienen “potestad” para “remitir el procedimiento a otra sección si desde la oficina se lo reparten, por ejemplo, a la Segunda por medioambiente y ven que el fondo del asunto trata sobre industria o expropiaciones, por lo que lo derivarían a la Tercera”, concluye.

Por su parte, XXpD mostraron su “preocupación” por la que definen como “sorpresiva reinterpretación” de las normas de reparto. En un comunicado emitido este mismo viernes destacan que, en un “cambio radical” se hayan retirado de la Sección Tercera “las autorizaciones administrativas industriales”, como las de los parques eólicos, lo que va “en contra del criterio aplicado en los últimos años”.

Esto, recuerdan, sucede “tras años de reiteradas presiones mediáticas, políticas y empresariales por las suspensiones cautelares” de instalaciones que dictaminó el órgano “y después del también sorpresivo cambio forzoso de Sección” de parte de sus integrantes. La asociación enmarca esta “vuelta de tuerca” en la “batería de medidas gubernativas” que, desde la toma de posesión de Recio, “afectan, sin que advirtamos una explicación razonable, a la imagen de imparcialidad y neutralidad de la Sala del Contencioso-Administrativo del TSXG”. “Una situación”, finalizan, “que no podemos contemplar en silencio”.

Colectivos vecinales y ecologistas han convocado una marcha de protesta contra el polígono eólico El Escudo este domingo 19 de abril, a las 11 horas, bajo el lema 'No al sacrificio de Iguña y Campoo-Los Valles'. La marcha recorrerá diversas zonas afectadas por la construcción del polígono. La salida tendrá lugar exactamente desde la estación de Renfe de Bárcena de Pie de Concha y terminará en la Braña de San Martín, ubicada en el municipio de Molledo. Áreas que los organizadores denominan como “zonas de sacrificio”.

La movilización, organizada por los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio, la plataforma Son Gigantes y el movimiento STOP macroeólicas Sur de Cantabria, es una protesta que lleva realizándose desde hace años, conforme avanza el proyecto, como respuesta a una situación de “inseguridad jurídica” .

La convocatoria se produce con las obras paradas desde finales de marzo, cuando la Guardia Civil intervino en las obras, después de que los colectivos presentaran una serie de recursos ante el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

Este parón ha dejado al descubierto un proyecto que, bajo la promoción de Biocantaber e Iberdrola, pretendía erigir 25 aerogeneradores para generar 105 MW de energía destinada a abastecer a miles de hogares. No obstante, el Ministerio ha dictaminado que las autorizaciones esenciales —incluyendo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y los permisos de construcción— carecen actualmente de ejecutividad debido al silencio administrativo ante los recursos de alzada interpuestos.

En este punto, la infraestructura está ya en un punto muy avanzado, a falta únicamente de instalar los últimos dos aerogeneradores, y permanece parada a expensas de las resoluciones del Ministerio.

Más allá del conflicto administrativo, la marcha de este domingo busca advertir de lo que consideran los problemas centrales del proyecto energético: el “ecocidio” sobre la Sierra del Escudo y en el riesgo irreparable para el patrimonio arqueológico de las Guerras Cántabras en el yacimiento de Mediajo Frío.

Denuncias al PROT

En este sentido, los colectivos convocantes no solo celebran que las obras hayan parado, sino que exigen que las promotoras asuman los costes que implica la restauración del entorno afectado por las obras, y denuncian el futuro Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT). Para estos colectivos, la planificación regional fragmenta Cantabria y condena a las comarcas del sur a ser expropiadas para beneficio de grandes fondos de inversión internacionales como BlackRock.

Los colectivos también critican la tramitación del PROT y recuerdan que tres colegios profesionales rechazaron participar en la votación interna para su aprobación inicial por no disponer de tiempo suficiente para estudiarlo. En ese contexto, el consejero Roberto Media aseguró que el PROT se aprobará “con o sin los colegios profesionales”.

El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha insistido en reclamar la paralización urgente del clúster eólico del Maestrazgo para evitar que se repitan situaciones como la de Pozondón, donde la justicia “ha llegado tarde”. La petición se produce tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que anula la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del parque eólico Santos de la Piedra, una resolución que la organización celebra, aunque subraya que llega cuando la instalación ya está construida “y el daño ya está hecho”.

En la misma línea, organizaciones ambientales como Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables, Greenpeace y WWF España —junto a ANSAR, ECODES y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos— han expresado su “profunda indignación” por las irregularidades detectadas en la tramitación del clúster del Maestrazgo, actualmente bajo investigación, y han reclamado la anulación definitiva del proyecto.

El portavoz del grupo de energía y medio ambiente de Teruel Existe, Jesús Villamón, ha advertido de que el caso de Pozondón “no es un hecho aislado, sino el reflejo de un modelo de implantación de renovables que ha priorizado la rapidez frente a la protección del territorio”. Una idea que comparten las organizaciones ecologistas, que consideran que estas prácticas evidencian “posibles incumplimientos de los estándares ambientales” y malas praxis en la planificación energética.

“Durante años se nos vendió una transición energética modélica que, en la práctica, ha estado plagada de irregularidades y falta de control”, ha señalado Villamón, en referencia a investigaciones judiciales en curso. A su juicio, lo ocurrido es “la punta del iceberg de un modelo que ha fallado”.

Las entidades ambientales apuntan en la misma dirección y detallan que las DIA concedidas al clúster han permitido tramitar hasta 25 parques eólicos en un corredor de alto valor ecológico, con afecciones a la Red Natura 2000 y a especies protegidas como el quebrantahuesos. Además, denuncian que algunos proyectos se fragmentaron para eludir evaluaciones estatales o se aprobaron sin estudios acumulativos suficientes.

Villamón ha insistido en que el sistema de evaluación ambiental “no estaba funcionando con las garantías necesarias” y ha recordado que “más del 96% de las declaraciones de impacto ambiental resultaban favorables”, un dato que, a su juicio, evidencia un problema estructural. En este sentido, ha llegado a afirmar que el Inaga “era un coladero” y que “el sistema de evaluación ambiental estaba siendo pervertido”.

Las organizaciones coinciden en que estas prácticas no solo afectan al medio ambiente, sino que también “ponen en jaque la credibilidad de la transición energética” y alimentan el rechazo social hacia las renovables, perjudicando a los proyectos que sí cumplen la legalidad.

Ante este escenario, Teruel Existe reclama medidas cautelares para frenar proyectos en curso: “No podemos permitir que se repita lo ocurrido en Pozondón y que la justicia dé la razón cuando ya no hay solución posible”, ha advertido Villamón, quien ha añadido que “no queremos que Aragón se convierta en una suma continua de ‘Santos de la Piedra’”.

Mejor planificación

Por su parte, las entidades ecologistas subrayan que, en un contexto de inseguridad energética y dependencia de combustibles fósiles, el despliegue de renovables es “más necesario que nunca”, pero debe hacerse “de forma ágil, justa y al servicio de la ciudadanía”, con garantías suficientes para evitar prácticas irregulares o especulativas.

Ambas partes coinciden en la necesidad de una mejor planificación. Mientras Teruel Existe reclama “parar para proteger, investigar y garantizar que la transición energética se haga con rigor”, las organizaciones ambientales exigen una ordenación territorial que excluya de forma vinculante las zonas de mayor valor ambiental y priorice suelos ya degradados o artificiales.

Asimismo, valoran positivamente el compromiso del Gobierno de definir antes del 20 de junio las Zonas de Aceleración para Renovables (ZAR), aunque piden que su diseño incluya una amplia participación ciudadana y criterios claros de protección ambiental.

Las organizaciones también reclaman mecanismos que refuercen la participación pública desde fases tempranas en los grandes proyectos, más allá de los requisitos actuales, y recuerdan que muchas de estas medidas “no son nuevas”, sino demandas históricas que, de haberse aplicado, “habrían impedido casos como el del Maestrazgo”.

“Cuando se permite que proyectos basados en procedimientos cuestionables sigan adelante, no solo se pone en riesgo el territorio, sino que se genera una burbuja económica cuyas consecuencias acabarán pagando todos”, ha advertido Villamón, que ha apelado a actuar con “responsabilidad y anticipación”.

En este contexto, tanto el movimiento ciudadano como las organizaciones ambientales coinciden en que lo ocurrido con el parque eólico Santos de la Piedra debe marcar “un antes y un después”. “Es hora de parar. Parar para proteger, para investigar y para que se haga verdadera justicia”, ha concluido el portavoz de Teruel Existe, mientras las entidades insisten en que “las malas praxis deben ser prohibidas y perseguidas” para garantizar una transición energética compatible con el territorio y la biodiversidad.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha resuelto dos iniciativas de hibridación de energías renovables en la comarca de Tarazona y el Moncayo, ambas de empresas bajo el paraguas del grupo Forestalia. Mientras el denominado proyecto Castor ha recibido una declaración de impacto ambiental favorable, aunque condicionada y limitada a determinados suelos, la planta fotovoltaica Los Borjas II ha sido declarada “incompatible con la protección del medio ambiente” por su afección a la fauna, el paisaje y la normativa urbanística.

En el caso de Castor, promovido por Habidite Energy SL, se trata de la hibridación fotovoltaica de 17,58 megavatios sobre una superficie de 40 hectáreas en Tarazona, Grisel y Vera de Moncayo, integrada con el parque eólico Castor ya operativo.

El Inaga concluye que la actuación puede ser compatible con el medio ambiente siempre que se ajuste a las condiciones impuestas, especialmente en lo relativo al suelo. El organismo limita su viabilidad a las zonas clasificadas como suelo no urbanizable genérico y excluye aquellas áreas protegidas por interés forestal o de pastos, conforme al planeamiento urbanístico de Tarazona, declarando dichas zonas como “incompatibles con la adecuada conservación de los valores naturales y patrimoniales”.

El informe también impone restricciones para minimizar el impacto ambiental, como la obligación de implantar los seguidores solares exclusivamente “mediante hinca en el terreno” , la prohibición del uso de herbicidas y la gestión de la vegetación mediante métodos como el pastoreo. Asimismo, el proyecto deberá respetar la regeneración de las zonas afectadas por el incendio de Añón de Moncayo de 2022, ya que los desarrollos en ese suelo no pueden obstaculizar la regeneración vegetal por un plazo de diez años.

Lo que se deberá dirimir es el conflicto con la empresa de renovables RWE, impulsora del parque eólico Grisel y que alegó el solapamiento de terrenos, algo en lo que la DIA no entra.

'Los Borjas II': rechazo total

Frente a este escenario, el Inaga ha rechazado de forma íntegra el proyecto Los Borjas II, promovido por Innovación Energética Sostenible SL—empresa también vinculada al grupo Forestalia—, al considerar que resulta “incompatible con la protección del medio ambiente y desfavorable”. Se trata de una planta fotovoltaica de 20,118 MW sobre 41,5 hectáreas también en Tarazona y con línea de evacuación de 15,4 kilómetros hasta la SET Castor.

La resolución se apoya, en primer lugar, en su ubicación sobre suelo no urbanizable protegido por razones de interés forestal o de pastos (SNU-FP) del municipio de Tarazona, donde este tipo de instalación “no es viable urbanísticamente” según el planeamiento urbanístico vigente, de 1985.

A ello se suma que todo el suelo del proyecto se ubica en el monte de utilidad pública denominado Valcardera, de titularidad municipal , sin que el promotor haya “justificado adecuadamente la imposibilidad de emplazamiento alternativo fuera del monte” ni tramitado la correspondiente concesión de uso privativo.

El expediente señala además un impacto significativo sobre la avifauna, en un entorno de alta sensibilidad ecológica. La planta se proyectaba a solo 245 metros del área crítica Mochales, vinculada a la conservación de la alondra ricotí, especie en peligro de extinción, y en zonas consideradas clave para aves esteparias. El Inaga advierte de la “presencia muy significativa de especies de avifauna incluidas en los catálogos aragonés y español de especies amenazadas”, como el milano real, el cernícalo primilla o la ganga ibérica, cuya presencia ha sido “constatada en el estudio de avifauna de ciclo anual”.

Alta presión energética y transformación del paisaje

La evaluación ambiental también incorpora el efecto acumulativo de las infraestructuras energéticas en la zona. En un radio de diez kilómetros, el Inaga identifica la presencia de decenas de proyectos eólicos y fotovoltaicos en funcionamiento o tramitación, lo que ha provocado una transformación progresiva del paisaje.

Mientras que en el caso de Castor el organismo considera que el impacto global puede ser asumible bajo condiciones estrictas , en Los Borjas II concluye que la actuación supondría una “transformación significativa del entorno” y una pérdida de conectividad ecológica en un área de alta sensibilidad ambiental, próxima a espacios de la Red Natura 2000 como la ZEC Peñadil, Montecillo y Monterrey.

La resolución subraya que, en este caso, ni las medidas correctoras ni los condicionantes propuestos por el promotor serían suficientes para garantizar la compatibilidad del proyecto con la conservación de los valores naturales del entorno. Así, el principio de cautela se utiliza como criterio determinante para su rechazo.

“Accipere quam facere praestat iniuriam” (É mellor sofrer unha inxustiza que facela) Cicerón. Tusculanas.

“Cae na fosa aquel/a que a cavou”. Proverbios 26, 27.

1. Castigo

Azucena Recio toma posesión despois de ser designada polo Consello Superior do Poder Xudicial presidenta da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, e en uso de gran dilixencia (5 días despois) toma as primeiras decisións en exercicio do seu cargo. Traslada de maneira inmediata e forzosa á sección Cuarta os maxistrados Luís Villares Naveira e María Dolores López López, membros até ese momento da Terceira. Así mesmo, dous maxistrados da sección Cuarta son tamén, e de forma forzosa, trasladados á Terceira: Rosa Agrasso Barbeito e César Alexis González Fernández. Dunha primeira leitura poderíase desprender nada máis que un acto de xestión sobre a marcha da Administración de Xustiza ou de disciplina no exercicio das competencias da súa responsabilidade; mais, como se verá co paso do tempo, o deseño, decisión e execución destes traslados teñen unha raíz moito máis fonda e interesante que un asunto disciplinario ou reorganizador. Visto que as decisións admiten recursos e que algún dos castigados manifestou a súa intención de levalo a cabo podemos abandonar aquí este relato, dirimido só no interior do recinto das sedes xudiciais e pasearnos por outros ámbitos máis diáfanos e esclarecedores dos acontecementos.

2. Presión

Vén existindo desde hai tempo unha fonda presión mediática sobre a actuación do Contencioso do TSXG no asunto das autorizacións dos eólicos. Os dardos enfocábanse sempre cara ao maxistrado Luís Villares, nunha manobra de cariz propagandístico e de baixa estofa, para sinalar a un inimigo unipersoal das eléctricas. Mal enfoque, porque unha sala é unha sala (órgano colexiado, non individual), e as seccións tamén son órganos colectivos. O liderado na portavocía dos ataques á Xustiza é exercida, nomeadamente, polo xornal que cre que é a amígdala de Galicia, usando todo tipo de xogos informativos, arrodeando a verdade ou violándoa, cando for preciso. O aguillón final é do poder político do réxime, en consonancia co lobby eólico que non dan feito a patrañas, terxiversacións e propaganda, todo e unicamente en defensa dos intereses desta parte do capital.

Podemos, querendo, empezar polo principio: en que libro sagrado de guións da vida dos galegos está escrito que debamos ser produtores de enerxía eléctrica sen límite, condicións nen teito? Quen decide o destino económico dun pobo como o noso? As compañías eléctricas? Pois a resposta é: case si. Así foi nun tempo da negra ditadura. E non fixemos máis que producir electricidade en todas as modalidades a fin de servir para industrializar España, e aquí non ter nen luz para uso doméstico ou para uso industrial. Convivimos cun estadio Bernabéu (do Real Madrid) iluminado ostentosamente para os partidos nocturnos, servido con electricidade producida na Galiza, que pasaba de largo cara á meseta, ou cara onde Fenosa dispuxese. Seguimos exportando máis enerxía eléctrica da que consumimos e seguimos tendo problemas de distribución e de potencia para as necesidades propias. Quen escrebe o guión dos nosos destinos? Fenosa, Endesa, Iberdrola... o lobby eólico? Primeiro corolario.

Non necesitamos producir máis e moito menos encher o país de muíños como se fose un pesadelo do Quixote. Pero este é o meu razoamento, non o de ninguén máis. O TSXG atense no seu labor ao estrito guión que as leis marcan, e en función delas e da súa correcta aplicación actúa. De modo e maneira que unha vez concedidos permisos de instalación á compañías eólicas e recorridas polos afectados que observan unha aplicación administrativa deficiente, acoden ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e atopan que o Contencioso lles dá a razón. E o Contencioso debe actuar con toda xusteza legal, xa que todos os recursos, contra as medidas cautelares que foron recorridas en casación ao Tribunal Supremo, foron inadmitidos. É dicer, a secuencia é: a lei, a petición de permiso de instalación á Xunta, a concesión (polo que se ve en precario), os recursos de afectados ante o TSXG, exame e medida cautelar e finalmente recurso polas empresas contra as cautelares, e finalmente inadmisión no Tribunal Supremo. Agochado este paso do Supremo só se da a coñecer o cabreo maiúsculo da Xunta do PP acompañado das eólicas. E para maior eco mediático fixase a atención nunha persoa cuxo nome e apelidos son abusados até a saciedade groseira. E onde estará o poder omnímodo dun home para poder facer todo isto só e chegar até o mesmo Supremo? E non será que na Xunta son vicarios dos intereses eólicos e atrapalladamente dan permisos coma churros, en forma de porras, neste caso? Onde está a raíz do mal funcionamento? Na lei? Na aplicación administrativa das condicións da súa aplicación? Na urxencia de cumprir rápido e dilixentemente cos intereses das compañías que albiscan o negocio de se instalar en terreo fácil: Galiza? Podemos escoller calquera das respostas. Nós inclinámonos pola chambonada de aplicación na concesión dos permisos (en concreto, a valoración do impacto ambiental) e pola urxencia dos intereses a satisfacer. O poder executivo debería reflexionar, como adoitan dicer, ás veces. Tamén pode ser unha boa praxe se analisa onde está o miolo da cuestión e comeza a mudar.

3. A obscenidade da relación poder político/económico

O Estado e o poder económico teñen relacións de proximidade sempre. No capitalismo poden aparecer máis formalizadas que noutros sistemas, mais danse sempre. O que podemos discutir son as formas ou a intensidade en cada formación social e en cada momento histórico. Que o poder político teña conexións co poder económico non é novo nen orixinal deste país. O feito de que exista relación máis ou menos íntima entre o PP e o lobby eólico non é novidoso, nen asombroso nen orixinal. Pior foi en Corea na etapa histórica coñecida como de relacións incestuosas entre eses poderes. Mal van tamén nas repúblicas inestábeis latinoamericanas sen control nengún das interferencias notábeis entre un e outro poder. En Europa –a dos máis desenvolvidos–, o Estado cohabita co poder económico tamén pero existen mecanismos de control legal que mitigan bastas interferencias. No noso caso amosouse como obscena esa relación de inxerencia. O intento de control por parte do executivo sobre o poder xudicial asoma nas declaracións de urxir ao xudicial a cumprir cos desexos do executivo, neste caso aguilloado polos intereses do lobby eólico. O que hai detrás é o negocio das compañías interesadas en lograr o primeiro posto de instalación –é dicer, a ocupación– do territorio propicio para a instalación de parques eólicos. O medular é a ocupación, o dereito conseguido de producir enerxía, neste momento, aproveitando as vantaxes da transición enerxética.

Noutros casos podería ser interpretábel a interconexión entre poder e goberno; neste, e como paradigma de mal funcionamento, ficou ao descuberto. Queda moito camiño cara unha democracia de maior calidade.

El Tribunal Supremo ha acordado inadmitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la Xunta contra el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ordenó la paralización cautelar de las obras del parque eólico Acibal a instancia del colectivo ecologista Adega, según informa Amil Sen Eólicos.

La inadmisión se produce por falta de fundamentación suficiente y ausencia de interés casacional objetivo, según destaca esta asociación en una nota.

En concreto, la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo, en una providencia con fecha del pasado 11 de marzo, considera que la Xunta no justificó que el caso tenga relevancia general ni cumple los requisitos para ser revisado en casación. De este modo, se mantiene la paralización de las obras y se imponen 1.000 euros en costas a la Xunta.

Por su parte, Amil Sen Eólicos recuerda que “el conflicto tiene su origen en la aparición, en el transcurso de las obras, de numerosos restos arqueológicos en el Monte Acibal (incluyendo petroglifos y otros elementos de alto valor patrimonial) que no habían sido debidamente identificados ni evaluados durante la tramitación ambiental y patrimonial del proyecto”.

La plataforma STOP macroeólicas Sur de Cantabria ha puesto en marcha el denominado 'Proyecto AMorosos', una iniciativa de carácter social y simbólico que busca reforzar el vínculo con el territorio y visibilizar su rechazo a los proyectos de parques eólicos en la zona.

“Queremos decir que estamos aquí, que no somos los de siempre, que los campurrianos defendemos nuestra tierra y que no aceptamos ser un territorio de sacrificio en beneficio de unos pocos”, ha reivindicado el colectivo.

El proyecto se ha iniciado con un marcha celebrada este pasado fin de semana con la asistencia de cerca de medio centenar de personas en defensa de los hayedos del sur de la comunidad, en concreto, en el entorno de Sotillo (Valdeprado del Río), afectado por el proyecto eólico Morosos, previsto en los municipios de Valdeprado del Río, Valderredible y Valdeolea.

Así, bajo el lema 'Amadrina un haya', los participantes desafiaron a las condiciones meteorológicas adversas y recorrieron el hayedo por zonas donde está prevista la implantación de infraestructuras vinculadas al polígono, lo que además les permitió conocer sobre el terreno el alcance del mismo.

La jornada incluyó un acto simbólico de amadrinamiento de hayas como gesto de protección colectiva. Asimismo, se entregaron diplomas acreditativos a los asistentes y la jornada concluyó con una comida popular en la localidad de Hormiguera, donde se reunieron más de 75 personas.

En un comunicado, desde la Plataforma han subrayado que el proyecto eólico Morosos cuenta con la oposición del Concejo de Sotillo-San Vitores, propietario de los montes afectados, y han criticado que la tramitación administrativa haya continuado “sin que se haya notificado adecuadamente a los propietarios ni atendido sus alegaciones”.

En este sentido, han denunciado “posibles irregularidades en el desarrollo del proyecto”, señalando que “se estaría tramitando de forma fragmentada para evitar controles más exhaustivos”, lo que, a su juicio, “facilitaría su aprobación administrativa”.

“No vamos a tolerar que se ignore a quienes vivimos y cuidamos este territorio”, ha advertido el colectivo, para aseverar que este proyecto “representa una forma de intervenir el territorio que nos deja fuera y que prioriza intereses ajenos a la vida de los pueblos”.

Frente a ello, el 'Proyecto AMorosos' se presenta como una iniciativa de carácter social y simbólico que busca reforzar el vínculo con el territorio y visibilizar el rechazo a este tipo de intervenciones.

“Hemos lanzado el proyecto como una iniciativa de defensa de la naturaleza frente a la instalación de aerogeneradores en nuestros montes”, han insisitido desde la Plataforma.

Decenas de proyectos frenados en los tribunales, ataques de la Xunta a decisiones de los jueces, continuas modificaciones normativas y una potencia instalada estancada en los últimos años. El intrincado sector eólico gallego mantiene abiertos varios frentes que se dirimen, sobre todo, en el ámbito de la Justicia. Y que acaban de sumar un nuevo capítulo con un traslado forzoso que cambia la sección de los jueces que hasta ahora se ocupaban de los litigios de la eólica en Galicia. Una decisión que, según avisa la asociación Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD), se puede interpretar como una cesión a otros poderes: “No es descartable que la ciudadanía pueda pensar que las reiteradas presiones políticas y empresariales finalmente consiguieron el resultado perseguido”. Los partidos de la oposición creen que se ve comprometida la independencia judicial y el BNG traza una línea directa con “el poder de las eléctricas y los tentáculos del PP”.

La beligerancia en torno a la energía eólica viene de lejos en Galicia: el concurso que llevó adelante el bipartito de PSdeG y BNG -que gobernó entre 2005 y 2009- fue uno de los caballos de batalla de la primera campaña electoral que Alberto Núñez Feijóo hizo al frente del PP gallego, la de las autonómicas de hace 17 años. Logró entonces su primera mayoría absoluta. Una de las medidas con las que se estrenó en la Xunta fue la de anular aquellos planes, en los que veía “tachas graves de legalidad”. La Justicia compartía la opinión de que había irregularidades, pero no por los mismos motivos: lo que el Tribunal Supremo declaró ilegal fue la anulación del ahora presidente del PP español.

Hubo después una década de parálisis en el sector y los aerogeneradores pasaron a ser un asunto recurrente en los juzgados. En los primeros años de la presente década, las nuevas propuestas para instalar molinillos empezaron a multiplicarse en los despachos del Gobierno gallego -con maratón de tramitación incluido-. Y esa proliferación hizo que saltasen las alarmas entre los vecinos que se veían a la sombra de los proyectos. También algunas organizaciones ecologistas, aunque pueda sonar paradójico, empezaron a denunciar ante la Justicia muchos de los planes para renovables que recibían el visto bueno de la administración autonómica: veían fragmentaciones irregulares, problemas en la exposición pública y defectos en la evaluación ambiental.

Estos fueron los tres motivos fundamentales que llevaron a los tribunales decenas de planes empresariales en Galicia. En un sector en el que hay cerca de 200 parques en funcionamiento, con alrededor de 4.000 megavatios de potencia instalada, actualmente son 91 los proyectos eólicos autorizados por el Gobierno autonómico contra los que se ha presentado algún recurso. De ellos, según los datos de la Xunta, 85 -con 2.325 megavatios- están parados provisionalmente por decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Esas sentencias proceden de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en la que hasta ahora trabajaba el juez Luís Villares, que ha sido apartado en un polémico traslado forzoso -pasa a la sección cuarta, en la que tendrá que ocuparse de cuestiones de tributos y catastrales-. No es el único que cambia de puesto: la nueva presidenta de esa Sección Tercera, María Azucena Recio, que es la que ha tomado la decisión, mueve a otros tres jueces. Una es María Dolores López, compañera de sección de Villares y firmante con él de algunas de las sentencias sobre la eólica, que han sido cuestionadas por la Xunta y por el PP.

Recio justifica el cambio forzoso con que, entre diciembre de 2025 y enero de este año, el Supremo anuló tres sentencias de la sala en respuesta a tres recursos de casación de la empresa concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo porque consideraba que había dudas sobre la imparcialidad de Villares, que fue líder de En Marea entre 2016 y 2020. Esas anulaciones son “lo que motiva la necesidad de modificar la composición personal de la Sección Tercera de esta Sala”, expone la resolución que firma Recio, en la que argumenta que debe “salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad”.

La asociación Xuíces e Xuízas para a Democracia, sin embargo, pone el foco en las críticas recibidas por las decisiones de esta sección y recuerda que en los últimos meses y años hubo “declaraciones desmedidas de determinados responsables políticos y empresariales” que ponían en entredicho “no solo las resoluciones de la sección, sino incluso la profesionalidad de sus integrantes”. El PP gallego ha acusado al TSXG de haber emprendido “una ofensiva” contra la eólica y la Xunta llegó a calificar de “errónea” alguna de sus sentencias.

El sector, a la espera del Supremo

La batalla judicial relacionada con los planes eólicos no se limita al ámbito del TSXG, muchas de cuyas resoluciones han sido recurridas o consultadas en otras instancias. El pasado verano quedó despejada una de las alegaciones que estaban paralizando los proyectos en Galicia: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio la razón a la Xunta en cuanto a la forma en la que estaba haciendo la exposición pública y manifestó que, al hacer la evaluación ambiental, pueden ser consultados al mismo tiempo el público interesado y las administraciones que emiten informes sectoriales, sin necesidad de que estos estén antes a disposición de los ciudadanos. Aunque el Gobierno gallego presentó este pronunciamiento como un punto de inflexión que debía franquear el camino a los aprovechamientos parados en los tribunales, no era así. De hecho, la primera sentencia tras el pronunciamiento europeo anuló el permiso de un parque eólico. Daba por buena la tramitación, pero no la evaluación ambiental.

El presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), Manuel Pazo, admitía días después de conocerse la decisión del TJUE que el desbloqueo iba a ser “muy complicado” porque la cuestión de la tramitación no era la única que se había alegado en los recursos contra parques eólicos: “Hay una resolución sobre [el procedimiento de] información pública, pero los proyectos tienen otra serie de contenciosos diferentes”, indicaba a elDiario.es en agosto de 2025. Esos otros contenciosos a los que se refería tienen que ver, por una parte, con posibles daños ambientales, que han frenado decenas de iniciativas, y, por otra, con la fragmentación ilegal de parques.

Y este último aspecto es el que centra en la actualidad la atención. El sector está a la espera que de se pronuncie el Tribunal Supremo para aclarar qué se considera fragmentación ilegal. Existe ya un dictamen que afecta al parque de Campelo, entre los municipios coruñeses de Santa Comba y Coristanco. El TSXG consideraba que debía evaluarse conjuntamente con otros aprovechamientos planteados en la misma zona y había impuesto, por ello, una paralización cautelar. El Supremo rechazó esta interpretación y manifestó que el hecho de que dos o más parques compartan instalaciones de conexión a la red “no comporta, ineludiblemente” que haya que considerar que se trata de uno solo a efectos de su evaluación ambiental. Ahora hay otro caso admitido en casación en el Supremo, que se refiere al parque de Bustelo, uno de los que está en las inmediaciones del de Campelo. La decisión se espera para mayo, según publica La Voz de Galicia, y una sentencia en el mismo sentido establecería ya un criterio reiterado.

Un infrecuente desencuentro entre Xunta y eléctricas

Ante el goteo de sentencias del TSXG que iban paralizando cautelarmente proyectos, la postura crítica de Xunta y empresas del sector era compartida. Pero ese entendimiento habitual se resquebrajó con dos decisiones del Gobierno gallego, incluidas -de nuevo, como muchos otros cambios eólicos- en la ley de acompañamiento. En este caso, en la que se aprobó junto a los presupuestos para 2025. Uno de los desacuerdos era en torno a la exigencia de la Administración autonómica de que los nuevos aprovechamientos eólicos e hidráulicos vendiesen al menos la mitad de su producción a ciudadanos y negocios gallegos. El otro se refería a la obligación de repotenciar los parques de aerogeneradores con 25 años de antigüedad. Los promotores empresariales llegaron a acusar al equipo de Alfonso Rueda de ir en contra de la Constitución española.

Estos cambios en la normativa eólica gallega provocaron otras fricciones, estas más esperables. El Gobierno central llevó al Tribunal Constitucional varios puntos de esa ley de acompañamiento que se referían a la repotenciación y a cuestiones relativas a la atención a la dependencia. Aunque inicialmente esos artículos fueron suspendidos, los magistrados votaron después por permitir que la norma gallega se siga aplicando, a la espera de la sentencia.

En medio de todos estos hilos que se entrecruzan en el desarrollo de la eólica en Galicia, la Xunta anunció, en enero de 2025, la elaboración de un nuevo plan eólico, para el que no tenía previsto consultar a las organizaciones ambientalistas. Los trabajos, para los que el Gobierno gallego se dio un plazo de tres años, siguen pendientes.