La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ya con nueva composición sin los magistrados Luís Villares y Dolores López trasladados de forma forzosa a la sección cuarta, ha resuelto por unanimidad acoger el recurso de Adega y paralizar el parque Pena do Pico, que impulsa Greenalia con autorización de la Xunta en los Ancares lucense.

Este auto con fecha de 15 de junio de 2026, recogido por Europa Press, la Sala sostiene que “tolerar el inicio de la actividad bajo la promesa de una reparación futura e incierta contravendría la lógica más elemental de la protección ecológica, que exige evitar la producción del daño antes de que este adquiera carácter irreversible”.

En una pieza separada de medidas cuatelares, este auto da la razón a la asociación ecologista Adega y estima su solicitud de decretar la suspensión de las autorizaciones previas y de construcción emitidas por la Xunta.

“El hecho de que las codemandadas”, en referencia a Xunta y Greenalia, “invoquen un interés público general (como la transición energética), no lo convierte automáticamente en prevalente, ya que dicho interés debe coexistir armónicamente con la preservación del entorno regulado en la DIA (declaración ambiental) y los informes sectoriales”, deja claro el TSXG. “Ninguna norma valida, ni en sede cautelar ni sustantiva/principal, el desarrollo de un proyecto industrial si puede menoscabar algún elemento del medio susceptible de protección”, avisa.

En concreto, se trata de la primera paralización cautelar adoptada en un contencioso eólico tras el polémico traslado de jueces entre secciones, cuestión recurrida ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Adega censura que esos cambios fueron “una maniobra aplaudida sin disimulo por la Xunta, que achacó a la supuesta parcialidad de Villares la paralización del sector eólico del TSXG”.

Adega carga contra la “chapuza” de la tramitación ambiental de la Xunta

Esta resolución recoge los argumentos de Adega que apunta a la existencia de peligro de daño jurídico ('periculum in mora') por la afección a elementos de patrimonio natural, ya que se autorizó en un territorio (municipio de Baralla y Quiroga, en los Ancares lucenses), designado por la propia Xunta para ampliar la Red Natura 2000, considerado como zona de exclusión eólica por parte del Ministerio. Apunta a la presión sobre especies amenazadas como el aguilucho cenizo o el aguilucho pálido.

El Tribunal indica que la documentación aportada por Adega “goza de un indubidable valor indiciario y de verosimilitud que no puede ser ignorado por esta Sala”.

Al respecto, Adega carga contra la “chapuza” de la tramitación ambiental del Gobierno gallego, que “ejerce más como expedidora de permisos que como garante del patrimonio y del interés público”. “Este Auto del TSXG apunta directamente a las graves carencias en la tramitación administrativa del proyecto, particularmente en el que alcanza a la DIA (Declaración de Impacto Ambiental)”, agrega.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha eximido a la Xunta de pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras decretar que le corresponde hacerlo a la concesionaria. Es la misma decisión que había tomado en 2022 y que, entonces, fue tumbada por el Tribunal Supremo al considerar que existían dudas sobre la “imparcialidad” del juez Luís Villares. “Salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad” fue el argumento que utilizó la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Azucena Recio, para trasladar a Villares y su compañera Dolores López a la sección cuarta desde una sección tercera donde habían sido duramente criticados por PP y patronal debido a sus sentencias sobre los parques eólicos. El entorno del juez considera esta nueva sentencia, emitida por un tribunal totalmente diferente, una “buena noticia” ya que “disipa las dudas sobre su imparcialidad” pero admiten que “llega tarde”.

Entre diciembre de 2025 y enero de este año, el Supremo anuló tres sentencias de la sala tras otros tantos recursos de casación de la concesionaria del Cunqueiro poniendo en tela de juicio la “imparcialidad” de Villares, que fue líder de En Marea entre 2012 y 2016. Pese a que la Xunta de Alfonso Rueda lo había convertido en una de sus bestias negras, el juez, en todas sus resoluciones, había admitido los recursos de la Consellería de Sanidade y el Sergas (Servizo Galego de Saúde) frente al fallo de los juzgados de instancia. Tras aceptar los recursos, el alto tribunal ordenó retrotraer las causas al momento anterior a los señalamientos para resolver el fondo de los asuntos previa constitución de una sala que “garantice el derecho a un juez imparcial”. Esa sala es la que acaba de fallar en el mismo sentido que la anterior.

La decisión del Supremo sobre un “caso concreto”, algo que es –según Xuíces e Xuízas para a Democracia– “habitual en la vida normal de los tribunales”, dio a una recién nombrada presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el argumento que necesitaba para “desmantelar” –el término es también de XXpD– la Sección Tercera, que llevaba tiempo en el objetivo de la derecha política y mediática por sus sentencias que llegaron a paralizar, de forma cautelar, más de 60 parques eólicos en Galicia.

Recio y Villares compitieron por la presidencia de la Sala y en el entorno del juez existe el convencimiento de que esa supuesta falta de imparcialidad fue determinante en el apoyo a su rival por parte de los magistrados conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Recio tomó posesión en mayo y en sólo unos días firmaba la resolución que enviaba a Villares y López a la Sección Cuarta. Se amparaba en lo dicho por el Supremo: “Esto es lo que motiva la necesidad de modificar la composición personal de la Sección Tercera de esta Sala y, por consecuencia, de la Sección Cuarta”, escribió en una resolución en la que invocaba la “finalidad última” de “salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad” con que funciona una sala compuesta por dieciocho magistrados. Villares ha recurrido su traslado forzoso.

Antes, XXpD fue la primera entidad en oponerse. Consideraba que se estaba enviando a la sociedad el mensaje de que el TSXG se “doblaba” ante los intereses de las partes tras unas “inusuales” y “desmedidas” presiones. La asociación de juristas Xustiza e Sociedade pidió al CGPJ que aclarase si se podía entender “desviación de poder” en la decisión de Recio. La CIG, el principal sindicato gallego, junto a la asociación ecologista ADEGA han denunciado a la presidenta de la Sala por una posible prevaricación. Y la Fiscalía Superior de Galicia cree que los traslados adolecen de “falta de motivación” y “ausencia de criterios objetivos y precisos”, lo que puede generar “apariencia de influencia externa indebida” y de “arbitrariedad”.

La sentencia

La nueva sentencia del TSXG anula la emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela, en la que se condenaba a la Xunta a reembolsar a la concesionaria del Cunqueiro el IBI correspondiente a 2019 por un importe cercano al millón de euros. Según la Sección Tercera, la documentación del contrato “no permitiría deducir racionalmente a un licitador medio” que los derechos y obligaciones que adquiría “resultarían distintos a los previstos en dicha documentación”. Particularmente, destaca “que en el caso de que el Ayuntamiento de VIgo eliminase la exención del IBI –como sucedió–, el Sergas debía garantizar la indemnidad del futuro concesionario”.

Los jueces explican así que rechazan “una interpretación al abrigo de la documentación complementaris que suponga generar una obligación” frente a “cualquier vicisitud surgida durante la ejecución del contrato por la que esta última dejase de disfrutar del beneficio fiscal previamente existente”.

En un tono que suena a reproche, la Sala destaca que, “ante la claridad de los términos del contrato”, la regla interpretativa del Código Civil “impide acudir a alambicadas interpretaciones extraídas de documentos que carecen de naturaleza contractual para constituir nuevas obligaciones no expresamente previstas y que contradicen de forma radical su clausulado”.

El fallo de la Sección Tercera no es firme y cabe presentar, una vez más, recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio han denunciado este miércoles la aplicación de criterios políticos en la tramitación de “megaproyectos” eólicos en Cantabria.

Según los colectivos, “las instituciones cómplices suelen aprovechar la desconexión social para acelerar procesos de tramitación” de megaproyectos energéticos en Cantabria, especialmente durante el verano, en un momento en el que han recibido lo que consideran una “incomprensible noticia”, la concesión de nuevas autorizaciones para la construcción del polígono eólico Somaloma-Las Quemadas tras haber sido paralizado dos veces en los tribunales, la segunda en 2026 con sentencia firme.

En un comunicado, han mostrado su sorpresa e indignación porque, simultáneamente a la aprobación de Somaloma-Las Quemadas, se desestimaba por su “elevado impacto ambiental” la solicitud para el polígono eólico de Benavieja, ubicado frente a Cabárceno, lo que a su juicio evidencia que “algunos polígonos eólicos son descartados con facilidad, mientras otros vuelven una y otra vez en función de la zona en la que se sitúen, aplicando criterios políticos y no estrictamente técnicos ni ambientales”.

Los Colectivos Vecinales han señalado que este hecho queda confirmado por la tramitación del “discriminatorio PROT”, que pretende “entregar al expolio la comarca de Campoo-Los Valles, el valle de Iguña y el de Soba, bajo la falacia de que no existe patrimonio natural, paisajístico e histórico-cultural que preservar”, mientras que el resto de Cantabria quedaría oficialmente excluido del riesgo de estos proyectos.

Como ejemplo de la situación, han señalado que el PE El Escudo lleva más de tres meses paralizado, después de haber sido construido prácticamente en su totalidad; el PE Somaloma-Las Quemadas ha sido paralizado dos veces por los tribunales; y que, respecto de la ampliación de la presa de bombeo -el proyecto Aguayo II-, promovida por Repsol y cuyas obras se iniciaron hace semanas, la CROTU está contestando ahora a las alegaciones registradas en el verano de 2022.

La organización ha advertido de nuevo de los riesgos que implicaría una situación de escasez de agua con situaciones meteorológicas prolongadas, como las que se están viviendo estos días, “de enorme calor y sequía, en la que se prioricen los intereses de Repsol en vez de mantener los caudales ecológicos o el abastecimiento de agua a los municipios de Cantabria”.

Respecto al polígono El Escudo, han denunciado la celebración de un “lamentable curso de verano de la Universidad de Cantabria”, que consideran un “nuevo lavado verde de las empresas que destrozan el territorio”.

Por otra parte, han criticado la nueva Ley de Control Ambiental, aprobada recientemente con los votos del PP y del PRC, que consideran que “facilita la vida a las empresas promotoras de los megaproyectos energéticos, ya que no obliga a revisar desde cero los proyectos ya aprobados o en tramitación, les da continuidad y les permite modificar, prorrogar o adaptar sus autorizaciones dentro del nuevo marco”, además de posibilitar que “varios proyectos puedan apoyarse en infraestructuras comunes o ya existentes, como accesos, líneas de evacuación o subestaciones”, lo que supone “todavía más manga ancha por parte de la Administración hacia las empresas”.

Ante esta situación, han hecho un llamamiento a las organizaciones y movimientos sociales sobre la importancia de mantener criterios de denuncia “robustos y coherentes”, ante lo que consideran “incoherencias” en la reciente petición pública de SEO/BirdLife respecto del PE Anjana, en la que exige frenar el proyecto por su impacto sobre especies protegidas, y lamentan que en esa petición no se incluya la situación de otros eólicos ubicados en la misma unidad ambiental y que afectan a las mismas poblaciones de avifauna.

En este sentido, señalan que el proyecto Somaloma-Las Quemadas se encuentra a dos kilómetros de uno de los núcleos del PE Anjana, por lo que echan en falta la misma petición de SEO/BirdLife para este y otros proyectos eólicos que generan impactos similares sobre las especies amenazadas.

Finalmente, los Colectivos Vecinales han anunciado que continuarán luchando “por la vía judicial contra todos estos polígonos, movilizándose en las calles y trabajando para situar en los medios de comunicación información rigurosa y técnica”.

La doctora en Ingeniería Industrial y profesora de Ingeniería Eléctrica Raquel Martínez ha analizado la situación energética de Cantabria en el marco de un curso de verano monográfico de la Universidad de Cantabria sobre la capacidad de la comunidad para valerse de sus propios recursos mineros y energéticos. Martínez ha participado en 28 proyectos de investigaciones y actualmente forma parte del Grupo de Tecnologías Electro‑Energéticas Avanzadas (GTEA) de la UC, contando con una amplia trayectoria en la investigación de la integración de energías renovables y eficiencia energética. Además, es coordinadora del máster en Formación Permanente en Energías Renovables y Gestión Energética.

El título de su curso menciona el “abastecimiento sostenible de Cantabria”. ¿Es realista pensar que la región puede ser autosuficiente?

Es fundamental empezar aclarando que hablar de un autoabastecimiento total es, en la práctica, una utopía. Especialmente en el ámbito energético, no tiene sentido plantearse la autonomía absoluta de una sola región. Formamos parte de un mercado eléctrico integrado a nivel nacional e incluso europeo, lo que significa que la electricidad fluye según la eficiencia del sistema global. El objetivo real que debemos perseguir es una estrategia para reducir las dependencias externas y participar de forma activa en ese paradigma de generación. En este mercado único, técnicamente nos es indiferente si la energía se genera en Madrid, Andalucía o aquí, pero lo que sí es vital para Cantabria es “poner su granito de arena” aprovechando los recursos en los que somos competitivos para fortalecer el sistema conjunto.

Siendo así, ¿podría estimarse un porcentaje aproximado del potencial real de autonomía de la región sin caer en expectativas falsas?

Como ingenieros, podemos calcular cifras exactas sobre el potencial técnico basándonos en los recursos naturales disponibles, como el viento o el agua. Sabemos que Cantabria es rica en estos recursos, pero los proyectos no surgen de forma automática solo por existir el recurso. La viabilidad de una instalación depende de un equilibrio extremadamente complejo: financiación asegurada, cumplimiento estricto de normativas medioambientales y soluciones técnicas que se adapten a terrenos a veces muy difíciles. Por tanto, más que dar un porcentaje de autonomía, lo que analizamos es la capacidad de desarrollar proyectos que sean económica, técnica y ambientalmente viables.

El autoabastecimiento total de Cantabria es una utopía, la clave es la diversificación

En la formulación del curso se ha mencionado que uno de los principales obstáculos en Cantabria para las renovables es social. ¿Por qué ese rechazo es tan fuerte en nuestra comunidad?

Cantabria tiene una identidad muy vinculada a su entorno natural y actualmente su economía está muy enfocada hacia el turismo. Esto genera una sensibilidad especial ante cualquier instalación que pueda alterar el paisaje. El rechazo social suele estar motivado principalmente por el impacto visual o ambiental en nuestras montañas, incluso cuando hablamos de instalaciones cuya naturaleza es, irónicamente, sostenible, como los parques eólicos. Las barreras técnicas o administrativas son superables mediante ingeniería y localización adecuada, pero la barrera social es la más difícil de gestionar. A menudo, no basta con ofrecer compensaciones económicas; el ciudadano siente que pierde algo que el dinero no puede pagar, que es su entorno.

¿Qué se puede hacer para superar esa barrera social o alcanzar un equilibrio?

El cambio de mentalidad es notable. Actualmente, cualquier gran proyecto —ya sea energético o minero— incluye planes de restauración medioambiental extraordinariamente minuciosos. Durante el curso hemos visitado instalaciones como el parque eólico del Escudo y Dolomitas del Norte, y hemos comprobado que una parte muy sustancial del presupuesto total se destina ahora a la recuperación del entorno. Estas medidas, que hace unos años eran mínimas o inexistentes, hoy son centrales en los proyectos. Existe un esfuerzo técnico real por alcanzar una “paz social” con las comunidades locales y cumplir con una legislación de evaluación ambiental que en Cantabria se mira con lupa.

Si tuviera que marcar una hoja de ruta estratégica en clave energética para Cantabria en la próxima década, ¿por dónde empezaría?

La clave es la diversidad de fuentes. No podemos jugarlo todo a una sola carta tecnológica. Cantabria tiene un recurso eólico muy potente y cierto potencial hidráulico que debemos aprovechar. Sin embargo, debemos ser inteligentes: no tiene sentido promover aquí macroparques fotovoltaicos si sabemos que en otras regiones de España el sol rinde mucho más. Cada territorio debe aportar aquello en lo que es más eficiente para el mercado común. Además, hay un factor invisible pero crítico: la red eléctrica. No sirve de nada generar energía limpia si no desarrollamos y modernizamos la red para que esa electricidad se pueda integrar y transportar de forma efectiva.

La guerra de Ucrania dejó al descubierto nuestra vulnerabilidad energética. ¿Hemos aprendido alguna lección?

La crisis de Ucrania fue un duro recordatorio de que la geopolítica es básica en el tema energético. Nos enseñó que debemos reducir la dependencia del exterior, pero hay un matiz importante: la independencia que nos dan las renovables es relativa. Es cierto que el viento y el sol son “nuestros”, pero la tecnología necesaria para transformarlos en electricidad no siempre lo es. Gran parte de los componentes de los paneles solares o de la electrónica de control provienen de países como China. Si surge un conflicto internacional o tensiones arancelarias, pasamos de depender del combustible a depender de la tecnología y los componentes, como ya hemos visto en los sectores del automóvil o la telefonía. La independencia absoluta al 100% no existe; lo que buscamos es reducir la incertidumbre ante la volatilidad global.

Como experta, ¿cree que la actual regulación del mercado eléctrico, protege al consumidor de estos vaivenes?

La liberalización del mercado en España viene de una ley de 1997, así que no es algo nuevo, aunque ha costado hacerla efectiva. Un mercado libre permite que los precios bajen cuando hay mucha oferta, como ocurre ahora en las horas de sol gracias a la fotovoltaica, lo cual es muy beneficioso para el consumidor. Pero la otra cara de la moneda es que, ante una crisis geopolítica, los precios se disparan. Existe la tentación de intervenir el mercado para bajarlos artificialmente, pero debemos ser conscientes de que eso genera un “déficit de tarifa”. Al final, la energía no es gratis y lo que no se paga en la factura eléctrica se acaba pagando vía impuestos.

La energía no es gratis y lo que no se paga en la factura eléctrica se acaba pagando vía impuestos

El cambio climático ya es una realidad en el norte de España. ¿Cómo puede afectar esto al consumo energético en Cantabria?

Es una realidad absoluta que estamos notando todos. Hasta hace poco, el aire acondicionado era algo casi anecdótico en Cantabria, pero ahora ya se implementa en casi todos los edificios nuevos y oficinas de la administración. Esto, sumado a la necesaria electrificación de la economía —sustituir calderas de gas por aerotermia y bombas de calor—, va a disparar la demanda eléctrica en la región. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ya contempla este aumento. Para absorberlo sin colapsar el sistema ni los precios, el autoconsumo será la pieza maestra.

Por tanto, ¿es el autoconsumo la solución definitiva para el ciudadano particular?

Es una parte fundamental de la solución porque fomenta la generación distribuida, restando peso a las grandes centrales. En 2019 hubo un “boom” gracias a una normativa mucho más favorecedora que eliminó las trabas que existían antes. Ahora, en la obra nueva, la integración de renovables es obligatoria por normativa. Aunque los precios del mercado bajen y las instalaciones parezcan menos rentables a corto plazo, el autoconsumo proporciona una estabilidad y una conciencia de participación en la transición energética que el ciudadano valora cada vez más. Al final, se trata de que cada uno aporte su parte para que el sistema sea más robusto frente a las crisis que puedan venir.

La nueva Ley de Control Ambiental, aprobada con los votos del PP y del PRC, es un texto remendado con las aportaciones de la oposición que no ha dejado satisfecho a nadie. Ni al resto de formaciones parlamentarias, ni a los colectivos ecologistas. Ni siquiera a sus propios impulsores: el Gobierno del Partido Popular ya ha anunciado que la cambiará si consigue la mayoría absoluta en las próximas elecciones. Únicamente el Partido Regionalista de Cantabria parece moderadamente satisfecho con el resultado final al haberse incluído algunas de sus enmiendas.

“Detrás de esta ley hay una visión de que cualquier control es un obstáculo”, denunció el diputado socialista Pablo Zuloaga. “Un retroceso ambiental que levanta la mano en muchos aspectos”, valora Floren Enríquez de Ecologistas en Acción.

El PSOE considera una línea roja la eliminación la Comisión de Comprobación Ambiental con la excusa de promover la agilidad de trámites y sospecha que podría ser una vía para facilitar el desarrollo eólico.

La crítica más dura, sin embargo, ha venido de Vox. Desde la tribuna parlamentaria el diputado Armando Blanco ha denunciado que facilita la instalación de macroproyectos eólicos. Sospecha que las prisas del Gobierno “por aprobar esta chapuza de ley” está directamente relacionada con este asunto.

En su opinión, lo que pretende el Partido Popular es permitir el fraccionamiento discrecional de los parques eólicos evitando las evaluaciones ambientales conjuntas.

Los proyectos de aerogeneradores con una potencia de 250 megavatios deben someterse a la legislación y controles nacionales, mientras que los inferiores de 50 megavatios se rigen por las normas autonómicas. Todos los aerogeneradores conectados entre sí con una evacuación única constituyen un único parque eólico. Esto se ha utilizado hasta ahora para frenar proyectos que tenían potencia inferior a 50 megavatios que pretendian en la práctica trocear macroparques eólicos “para evitar el control estatal mediante una práctica bastante irregular”, explica el diputado.

La delimitación de lo que es un parque eólico viene regulado en la disposición adicional primera de la Ley, cuyo texto definitivo con las enmiendas aprobadas todavía no ha sido publicado oficialmente. Ahí se dice que cuando un promotor utilice la misma infraestructura para evacuar la energía producida por diferentes instalaciones de generación, esas infraestructuras compartidas se considerarán parte de cada uno de los proyectos.

Así, el control de las autorizaciones estará en manos de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, no dependerá de la administración del Estado.

De esta manera, según Blanco, lo que pretende el Partido Popular es “indultar” todos los proyectos que hasta ahora se han paralizado porque, a pesar de que tramitaban la autorización como parques presuntamente independientes, compartían la red de evacuación “y a todas luces eran macroparques troceados de manera artificiosa”. “Pretende saltarse la legislación nacional de los macroparques eólicos y muy probablemente regularizar la situación de aquellos que actualmente están siendo investigados”, ha dicho en la tribuna parlamentaria.

El pasado 7 de marzo la Fiscalía de Cantabria abrió diligencias por las posibles irregularidades en la tramitación de varios parques eólicos ante la posible fragmentación ilegal de proyectos en el sur de la comunidad, que habrían sido divididos para eludir controles ambientales y estatales. La denuncia de Podemos señala las instalaciones de Cotío, Morosos, Henestrosas y Ornedo promovidos por la empresa Green Capital Power SL en Campoo de Enmedio, Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible.

“Pretenden generar impunidad a determinados proyectos eólicos”, denuncia Blanco. “Con esta medida van a disparar la contaminación paisajistica de nuestras montañas”, concluyó el representante de Vox.

La nueva Ley de control ambiental de Cantabria establece una nueva categoría de evaluación ambiental simplificada para proyectos e instalaciones “de escasa relevancia” que ha levantado polémica. Quiere decir que bastará una declaración responsable del promotor en la que se compromete a que cumple con los requisitos. El control, en todo caso, se hará a posteriori.

Ecologistas en Acción ya advirtió en las comparecencias parlamentarias previas a la Ley que “se hace un uso excesivo de la declaración ambiental responsable” y que se hacen caer demasiadas competencias de vigilancia y control en los ayuntamientos “sabiendo que en su mayoría carecen de recursos humanos para realizar tareas de control e inspección de forma eficaz”. También llamó la atención, entre otras cuestiones, sobre las antenas de telefonía móvil, que son competencia municipal y están desplegadas por todo el territorio, y no se incluían “ni siquiera como declaración ambiental responsable”.

“Cuando un acuífero está contaminado o un paisaje ha sido alterado de forma irreversible, la inspección llega tarde”, alerta el diputado socialista Pablo Zuloaga. En ese sentido, denunció que la tendencia del Gobierno de Buruaga ha sido clara desde el principio de la legislatura: menos órganos colegiados, menos controles previos, más declaraciones responsables. “Más confianza en mecanismo de control posteriores”, resume.

Durante el debate parlamentario de la ley, el PSOE acusó al consejero de Medio Ambiente Roberto Media de querer una Comisión de Comprobación Ambiental “debilitada y eliminada”. “Nosotros creemos exactamente lo contrario: que cuando una institución pública necesita mejorar, la solución no es eliminarla, es mejorarla”, explicó.

La Comisión representa algo más que un trámite administrativo -defendió el diputado socialista- “representa la deliberación técnica, la participación de distintas áreas de la administración, la presencia de ayuntamientos y la posibilidad de constrastar criterios antes de adoptar decisiones con impacto sobre el territorio y el medio ambiente”.

En este sentido, advirtió que con la declaración ambiental simplificada se sustituye un órgano colegiado por una simple actuación administrativa, “lo que supone una perdida de garantías”. “La protección medioambiental necesita más protección, más control público y más espacios de deliberación técnica” -ha insistido- “ninguna simplificación administrativa puede justificar la desaparición de mecanismos de control que fortalezcan la protección ambiental”.

Un desarrollo eólico afecta simultáneamente a la biodiversidad, al paisaje, al patrimonio cultural, al territorio, a la actividad económica y a la vida de los municipios y de los pueblos. “¿De verdad alguien en este Parlamento cree que la mejor respuesta sea reducir los espacios donde todas esas visiones puedan encontrarse y debatirse?, inquirió el diputado socialista.

Qué es la 'escasa relevancia'

Una de las polémicas más relevantes es que la ley permite eliminar el trámite previo de la evaluación de impacto ambiental en asuntos calificados como “de escasa relevancia”. En el anexo de la nueva norma se especifica qué es esa nueva categoría de proyectos de 'simplificación ambiental'.

En primer lugar, la categoría de 'escasa relevancia' que elimina el requisito previo del impacto ambiental, alude a las modificaciones puntuales del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), del Plan de Ordenación del Litoral (POL), los planes generales de ordenación urbana y los planes singulares de interés general (PSIR). Se exceptúa todo lo que tenga que ver con turismo, minas, energía, transporte, gestión de recursos hídricos, costas o uso del suelo seguirá necesitando un informe previo de impacto ambiental.

También bastará con una declaración responsable en las modificaciones de Planes Parciales y Especiales contenidos en Planes Generales de Ordenación Urbana que previamente hayan sido sometidos a evaluación ambiental.

La simplificación también libra de permisos medioambientales a los Estudios de Detalle Especiales y sus modificaciones, las Áreas de Desarrollo Rural y sus modificaciones o las Delimitaciones Gráficas de Suelo Urbano y sus modificaciones.

Dentro de estas categorías, el PSOE consiguió aprobar una enmienda que garantiza que las actividades e instalaciones que generen emisiones industriales seguirán necesitando evaluación ambiental previa.

La CIG y la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) han remitido un escrito a la Fiscalía del Tribunal Supremo para ampliar la denuncia por posible prevaricación presentada contra la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, por el “traslado injustificado” de procedimientos judiciales, relacionados con las líneas de alta tensión de los parques eólicos, de la Sección Tercera a la Sección Segunda del TSXG.

“Este traslado de procedimientos, requerido por la Xunta ante la Sala en ocasiones anteriores, se hizo incumpliendo las normas vigentes de reparto de competencias entre secciones y vulnerando el derecho a un juez predeterminado por ley y el derecho a la tutela judicial efectiva”, han señalado, según recoge Europa Press.

“Resulta perentorio que el Ministerio Fiscal investigue si detrás de esta alteración arbitraria de las normas de reparto de asuntos –hechas en paralelo al traslado de magistrados de la Sección Tercera de la Sala– existen motivaciones espúreas, presuntamente relacionadas con satisfacer el interés presentado por la Xunta de Galicia y las empresas del sector de apartar a determinados magistrados de los procesos judiciales relativos a proyectos eólicos y líneas de alta tensión”, aseguran en un comunicado.

El sindicato y la entidad ecologista detallan que esta ampliación de denuncia se realiza tras conocer que la presidenta de la Sala del Contencioso-Administrativo del TSXG “manifiesta su intención de trasladar” a la Sección Segunda “no solo los procesos de impugnación de líneas de alta tensión, sino también todos los litigios contra autorización administrativa y de construcción de parques eólicos”, de los que se hacía cargo la Sección Tercera, competente en asuntos industriales.

En este contexto, Adega enumeró “varias notificaciones” de las presidenta de la Sala del Contencioso aprobando el traslado de los litigios sobre los proyectos eólicos Monte Toural, O Cerqueiral, Chao do Marco, Cunca, Carballal y Patiñeiro.

Adega y la CIG han afirmado que estas “resoluciones de cambio de sección” de asuntos en trámite “vulneran las normas de reparto del TSXG” aprobadas en 2023.

Finalmente, han recordado que presentaron escritos ante las presidencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galiza y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que “todavía no recibieron respuesta”.

El cuestionado traslado de los jueces Luís Villares y Dolores López, después de haber sido señalados por Xunta y patronal debido a sus sentencias sobre los parques eólicos, no deja de sumar críticas. La última, y muy contundente, la de la Fiscalía Superior de Galicia, que alega “falta de motivación” y “ausencia de criterios objetivos y precisos” en la decisión de la presidenta de la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Azucena Recio. Ese movimiento, escriben, “puede generar una apariencia de influencia externa indebida” y de “arbitrariedad” que afectan “a la imagen de imparcialidad y a la confianza legítima de la ciudadanía en el sistema judicial”.

El Ministerio Público se manifiesta con esta claridad en su dictamen –al que ha tenido acceso elDiario.es– sobre un recurso presentado por el sindicato CIG contra el relevo de López como relatora de una causa de la que fue apartada tras su cambio a otra sección de la Sala. Fiscalía recoge y amplifica la demanda planteada por la central nacionalista, la de mayor representación en Galicia. Considera que la medida contradice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el propio tratado de la Unión. Llega a pedir a la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG que desobedezca la providencia de su presidente, Juan Carlos Fernández, y mantenga a López al frente del caso, una denuncia por la supuesta vulneración de derechos fundamentales en la huelga contra el genocidio de Palestina.

Recio accedió al cargo de presidenta de la Sala a principios de marzo, tras competir por el cargo con el propio Villares. Apenas unos días después, en la que fue su primera decisión de calado, trasladaba a los dos magistrados de la sección tercera a la cuarta. Los retiraba así de atender recursos sobre expropiaciones forzosas, minería o proyectos industriales para destinarlos juzgar reclamaciones sobre tributos y catastros. La oposición gallega, entidades progresistas del ámbito de la Justicia, sindicatos y ecologistas vieron una relación directa entre ese movimiento y las acusaciones del PP, el gobierno gallego y la patronal eólica, que no ocultaron su contrariedad por las paralizaciones de parques decididas por el conjunto de la sección y que ejemplificaron en Villares por su pasado como portavoz de En Marea entre 2016 y 2020. Las sospechas de que el movimiento buscaba un cambio de criterio se plasmaron en la denuncia por prevaricación presentada por la Coordinadora Eólica Así Non –formada por una veintena de entidades– que la Fiscalía Superior derivó a la del Tribunal Supremo.

Aquella decisión inicial de Recio provocó una providencia del presidente de la sección tercera, Fernández, en la que asumía los cambios y “redistribuía” el trabajo. “Habida cuenta de que la actual ponente ha dejado de formar parte de esta Sección, se redistribuye el presente asunto, a tales efectos a la nueva Magistrada Ponente, la Ilma. Sra Dª Rosa Agraso Barbeito, a quien corresponde por número, conforme el turno de ponencias de la Sección”.

Esa fue la providencia que la CIG consideró “contraria a derecho” por “vulneración del derecho al tribunal predeterminado por la ley”. El sindicato recurrió con unos argumentos que, en su mayoría, han sido recogidos por la Fiscalía. Al tratarse de una causa que puede afectar a derechos fundamentales, el ministerio público actúa como parte en el proceso. En el escrito que envía a la sección tercera , Fiscalía rechaza la posibilidad de impugnar “directamente” el traslado, un “acuerdo gubernativo de la presidenta de Sala” pero considera que “sí se puede inaplicar a este procedimiento por ser contrario al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como exige el principo de primacía del Derecho de la Unión y la sentencia invocada”.

Pese a no impugnar la decisión de Recio, la Fiscalía sí la ataca en el “encuadramiento jurídico” de su dictamen. Considera que careció de “criterios objetivos y precisos” pese a que la presidenta “apeló a 'razones organizativas' y a la necesidad de 'preservar tanto la aparencia como la realidad de la imparcialidad'. Tampoco encuentra ”motivación suficiente“ y afirma que fue ”genérica y no individualizada, sin explicar por qué el traslado forzoso era necesario para preservar la imparcialidad del tribunal en todos los asuntos“, más allá de los ”tres casos concretos“ en que habían sido recusados.

El ministerio público recuerda que, para el Tribunal Constitucional, un cambio en los miembros del tribunal “sólo constituye una violación” del derecho “si supone una alteración arbitraria de la composición del órgano judicial susceptible de afectar a su imagen de imparcilidad e independencia”.“En este caso”, argumenta, “la alteración de la composición fue sustancial (dos de cuatro magistrados)”. A ello suma las carencias de motivación y la ausencia de criterios objetivos ya apuntadas para afirmar que “pueden generar una apariencia de influencia externa indebida sobre la modificación de la composición y de arbitrariedad que afectan a la imagen de imparcialidad y a la confianza legítima de la ciudadanía en el sistema judicial, en contra del principio de seguridad jurídica”.

Por eso, “en estas circunstancias, la mera invocación de una comunicación gubernativa interna no puede considerarse suficiente para satisfacer las exigencias de transparencia inherentes al derecho fundamental al juez legalmente predeterminado”, continúa para concluir: “En consecuencia, procede revocar la providencia de 19 de mayo de 2026. Esto implicaría que la magistrada relatora originaria debe seguir conociendo del asunto hasta su conclusión, excepto que concurra una causa justa de abstención o recusación”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha vuelto a desestimar el recurso del Gobierno de Buruaga contra la suspensión de licencias del Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo que paraliza, entre otras cuestiones, la instalación de parques eólicos. Una cuestión que había molestado profundamente al Gobierno que presentó un recurso para suspender el acuerdo municipal sin ningún éxito ni en primera ni en segunda instancia.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander, mediante un auto fechado a 17 de junio de 2024, ya había desestimado la solicitud presentada por el Ejecutivo autonómico (PP) de suspender el acuerdo municipal alcanzado en el Pleno del 6 de marzo. El Juzgado dio la razón a Aguayo y subrayó que la solicitud del Gobierno de Cantabria no puede estimarse puesto que “su adopción produciría daños medioambientales irreparables”. Ahora el TSJC reafirma la decisión.

El Consistorio de Aguayo decidió suspender el otorgamiento de licencias para estudiar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) “a los efectos de dotar de la debida protección a los suelos rústicos de especial protección del municipio y preservar sus valores naturales, especialmente los ecológicos y paisajísticos y, de ese modo, impedir que la nueva regulación del PGOU quede anticipadamente condicionada”.

Así, los tribunales respaldan la decisión municipal criticada no solo por el Gobierno de Cantabria “sino también por algunas empresas promotoras de parques eólicos”, explica en un escrito el alcalde del municipio, Eduardo Gutiérrez.

En esta ocasión, según refieren fuentes municipales, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria “deja muy claro” que el Ayuntamiento ha actuado dentro de sus competencias dado que en asuntos como la instalación de parques eólicos “es incuestionable que existe también un interés municipal , porque esas instalaciones se van a construir en terrenos del municipio”. También añade que la posibilidad de un planeamiento más restrictivo aparece expresamente recogida en la Ley conocida como LOTUCA. “Este precepto permite expresamente, a pesar de las competencias autonómicas sectoriales, y estatales también, que los planeamientos prohiban determinadas instalaciones aún cuando pudieran declararse de interés público”, refiere el escrito.

Iberdrola ha generado un impacto económico de más de 300 millones de euros en Canarias en los dos últimos años -en torno a 150 millones de euros cada ejercicio-, ha dicho este martes la compañía a través de un comunicado. De este modo, “ratifica su papel como uno de los principales motores económicos de esta comunidad autónoma”. 

Iberdrola presume de ser una de las empresas que más aporta a la región y lo argumenta en que su contribución fiscal “se ha incrementado más de un 3% en 2025, hasta rozar los 125 millones de euros”.

Iberdrola define su proyecto como “un modelo empresarial de largo plazo, que es capaz no solo de conseguir resultados económicos sino de generar progreso y bienestar en nuestro entorno, a través del fomento del tejido empresarial, con compras, inversiones y creación de empleo, y cuyo objetivo es la electrificación de la economía”.

Iberdrola llega a su Junta General de Accionistas, la de su 125 aniversario, que se celebra este viernes 29 de mayo, cerca de máximos históricos de capitalización bursátil con 135.000 millones de euros, lo que la consolida como la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo. Este año, además, pone a disposición de sus accionistas múltiples canales para participar a distancia y la posibilidad de asistir de forma telemática, además de la asistencia presencial con reserva de asiento.

Durante la reunión, la compañía someterá a sus accionistas la aprobación de los resultados del ejercicio 2025, en el que invirtió 14.460 millones de euros e incrementó su beneficio neto en un 12% hasta alcanzar los 6.285 millones de euros.  

Iberdrola cuenta con cientos de accionistas en Canarias que este año recibirán un dividendo de 0,68 euros por acción. De hecho, en el orden del día se ha propuesto un dividendo complementario de 0,427 euros por acción, que se suma a los 0,253 euros por acción abonados el 2 de febrero como dividendo a cuenta. De esta manera, se destinarán 4.500 millones a dividendos correspondientes al ejercicio 2025, lo que supone un incremento del 12% respecto a la cuantía distribuida el año pasado.

Adicionalmente, la compañía ha propuesto por cuarto año consecutivo un dividendo de involucración de 0,005 euros brutos por acción (1 euro bruto por cada 200 acciones) que cobrarán todos los accionistas con derecho a participación si se alcanza un quórum de constitución de, al menos, el 70% del capital social. 

En cuanto al mercado local, durante 2025 Iberdrola ha alcanzando una cuota en el mercado eléctrico canario superior al 10%. Además, dispone de una infraestructura de recarga para vehículo eléctrico de 310 puntos distribuidos en 56 ubicaciones repartidas por todas las islas.

En el ámbito de la Administración Pública, ha formalizado contratos de suministro de energía eléctrica con 27 administraciones, reforzando así el posicionamiento de la compañía en el sector institucional.

Generación renovable

Iberdrola ha construido en estos últimos meses el parque eólico Finca San Juan, ubicado en Arico, en Tenerife. Con una potencia de 17,3 MW, produce energía limpia y renovable equivalente al consumo de cerca de 16.000 hogares, lo que supone una población cercana a la de La Orotava. Su producción llega a los 56 GWh/año, evitando 28.000 toneladas de emisiones de C02. 

También en Tenerife, Iberdrola España opera el parque eólico de Chimiche. Desarrollado con una agrupación de pequeños empresarios locales, cuenta con una potencia de 18,3 megavatios (MW). Actualmente, el parque abastece de energía limpia a una población equivalente a 15.000 hogares, evitando la emisión de 33.000 toneladas de CO2 al año. Además, cuenta con su primera planta fotovoltaica en Canarias desde 2023. Con 7 MW, Llanos Pelos III, en Fuerteventura, permite abastecer de energía limpia a más de 4.000 hogares. La planta ha recibido el Sello de Sostenibilidad de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) por todas las medidas ambientales emprendidas en el proyecto, relata la compañía en un comunicado.

Vecinos del entorno del proyecto de ampliación del parque eólico Tórtoles, en la provincia de Burgos, han denunciado que se intenta avanzar en un proceso de expropiación forzosa “plagado de irregularidades y que ignora los derechos fundamentales de los habitantes de la zona”.

Exigen la paralización inmediata de la ocupación por falta de transparencia, porque conocieron el proyecto a través del BOE (Boletín Oficial del Estado) hace tres años, sin comunicación previa por parte de la empresa promotora, ni del Ayuntamiento ni de ninguna otra Administración.

En un comunicado, aseguran que después de 18 meses de publicarse en el BOE, llegó una carta de la empresa a los propietarios afectados en el proyecto, la única comunicación con los propietarios en estos tres años.

Consideran también que la empresa ha tomado “decisiones sospechosas”, como el cambio de potencia del parque por encima de los 50 MW justo antes de la resolución, discrepancias entre el número de aerogeneradores y la potencia proyectada, y cambios sustanciales en el proyecto sin someterse a ningún control, ni anuncio.

Los vecinos insisten en que este proyecto no cuenta con el consentimiento de quienes poseen la tierra y no es una infraestructura pública, sino un negocio industrial privado que opera en libre mercado.

De hecho, aseguran que el 89% de los propietarios donde se ubicarán los aerogeneradores, ocho de los nueve titulares, están en contra, igual que el 78% de los afectados por las líneas de evacuación y otras infraestructuras.

Los vecinos consideran que la imposición de este proyecto, “alimentada por bulos y amenazas encubiertas”, está rompiendo la paz social en el pueblo, provocando enfrentamientos incluso entre familias.

Señalan que es un proyecto que ocupa terrenos agrícolas que son el alimento de muchos y el medio de vida de familias de la zona.

Además, creen que la tramitación ha ignorado “riesgos críticos”, ya que, pese a informes de la Subdirección General de Evaluación Ambiental y de la propia Junta de Castilla y León que recomendaban una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, se optó por un Informe de Afección Ambiental (IDAA) en el que se le eximió de dicha evaluación ambiental.

Entienden que esa decisión ignora el riesgo crítico para especies protegidas en la zona como la avutarda, el milano real, el águila imperial, entre otras.

En su escrito, explican que han interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid solicitando unas medidas cautelares, y aunque inicialmente fueron denegadas, dicha decisión fue recurrida y se encuentra actualmente a la espera de trámite judicial. 

La previsión meteorológica de lluvia ha obligado a Son Gigantes a aplazar la parte festiva y cultural prevista este sábado 16 de mayo en Rosequillo (Villaescusa), incluyendo los conciertos, como el de Quique González, además de actividades infantiles, puestos de productores y artesanos y comida popular. Aun así, el encuentro seguirá adelante en formato reducido bajo el nombre de 'Feria de Energía y Territorio', trasladando la actividad a la Casa de Cultura de Rosequillo, en La Concha.

La jornada mantendrá la mesa redonda 'Energía y territorio', con la participación de la antropóloga y ecofeminista Yayo Herrero, Francisco J. Vaquero -director del documental 'Vidas irrenovables'- y Javier Tobías, del colectivo aragonés No es sequía, es saqueo.

El encuentro, según un comunicado del colectivo, reunirá también a distintos colectivos sociales y vecinales vinculados a conflictos socioambientales y defensa del territorio, como STOP macro-eólicas Sur de Cantabria, Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio, La Velorta, Asociación Stop Macroplanta de Hazas de Cesto o Asamblea Abierta de Piélagos contra el cementerio de amianto, que contarán con mesas informativas y espacios de exposición durante toda la jornada.

Además, representantes de Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio compartirán la situación actual del despliegue eólico en Cantabria y las respuestas sociales, técnicas y vecinales articuladas frente a distintos proyectos en tramitación o ya aprobados.

Por su parte, Tobías abordará la relación entre macroinfraestructuras energéticas, centros de datos, inteligencia artificial y los impactos territoriales, hídricos y energéticos asociados a estos modelos de desarrollo.

La jornada contará con un primer espacio de encuentro de No Normal Cantabria, iniciativa centrada en reflexión y debate sobre crisis energética, límites materiales y modelos de sociedad.

Y es que, según han explicado los promotores en un comunicado, la Feria de Energía y Territorio busca abrir un espacio de reflexión colectiva sobre energía, paisaje y gestión territorial, además de apoyar distintas acciones jurídicas y vecinales frente a proyectos eólicos en Cantabria.

Durante la jornada podrán firmarse alegaciones relacionadas con proyectos actualmente en tramitación, colaborar económicamente con la defensa jurídica impulsada desde los territorios afectados, además de disfrutar del café solidario.

Desde Son Gigantes defienden que “la respuesta frente a estos proyectos solo puede construirse desde lo colectivo” y que crear y mantener vínculos entre personas y pueblos “se ha convertido también en una forma de cuidar el territorio”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha declarado la nulidad de la autorización administrativa previa y la declaración de impacto ambiental del parque eólico Somaloma-Las Quemadas y su línea de evacuación en municipios de Campoo de Enmedio, Valdeprado del Río y Valdeolea.

En una sentencia dada a conocer este jueves y contra la que cabe casación ante el Tribunal Supremo, la sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso presentado por la ONG Territorio Cántabro contra las resoluciones del Gobierno de Cantabria que dieron luz verde a esta instalación.

Entre los motivos que han llevado al tribunal a adoptar esta decisión se encuentra la “omisión de los efectos de las sinergias y acumulativos del parque”, y es que junto a esta instalación se encuentran en tramitación en la misma zona los parques eólicos de Henestrosas, Ornedo, Olea, Morosos, Quintanilla y Cotío.

Según explica El TSJC, se elaboró un documento denominado Estudio de Conectividad, Efectos Acumulativos y Sinérgicos que toma en consideración una envolvente de diez kilómetros a partir de las posiciones de los aerogeneradores. Sin embargo, este informe “resulta incompleto, con enunciados excesivamente generalistas y justificando, en múltiples ocasiones, la falta de datos para poder establecer un adecuado análisis de los impactos acumulativos y sinérgicos, más allá de estimaciones sin aparente sustento o rigor”.

Y es que, tal y como recuerda el tribunal, la directiva de hábitats requiere que “cuando existan otros proyectos, planes o programas que también puedan afectar a los hábitats y especies objeto de conservación en el lugar de manera acumulada o sinérgica, como el proyecto que es objeto de evaluación, en la evaluación y en la posterior decisión sobre el proyecto sean considerados sus efectos acumulados o sinérgicos”.

Además, “esta sala entiende que no solo desde el punto de vista ambiental y urbanístico se deben evaluar los parques de esta zona en su conjunto, sin fragmentación, sino, también, desde otros puntos de vista como el paisajístico (no es lo mismo un monte o pico con aerogeneradores que todos los montes en 10 kilómetros llenos de aerogeneradores), o desde la perspectiva de accesibilidad a estos lugares, sin contar con el necesario estudio conjunto del instrumento correspondiente de evaluación ambiental”.

Por tanto, dado que “son seis parques situados en una zona de diez kilómetros y son colindantes”, existen “efectos conjuntos, al menos, a efectos urbanísticos”.

Ausencia de información pública sobre el proyecto modificado

Finalmente, el tribunal también estima otro de los motivos alegados por Territorio Cántabro, como es la ausencia de información pública después de que el proyecto inicial fuera sometido a modificaciones.

Explica la sentencia que el Gobierno de Cantabria reconoció que se habían introducido cambios, si bien argumentó que estos “no empeoran los efectos que inciden sobre el estado de conservación de los hábitats y especies, sino que, al contrario, lo mejoran”. Pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que “sí estamos ante un caso de modificación sustancial del proyecto anterior que debía haber sido sometido a información pública”, toda vez que se han cambiado las ubicaciones de los aerogeneradores y se proyecta un soterramiento de las líneas, sin que se haya evaluado ni la nueva ubicación ni los efectos ambientales sobre el patrimonio cultural y el subsuelo.

“La modificación es sustancial, no solo por el número de modificaciones efectuadas, sino por la naturaleza de las mismas, que han dado lugar a tanta necesidad de información sectorial, a tantas medidas correctoras y a la modificación del proyecto, con afectación a la declaración de impacto ambiental”, concluye el tribunal.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza suspender la decisión de trasladar de forma forzosa a cuatro magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), un movimiento que implicó apartar de la sección que decide sobre eólicos a dos de los jueces que firmaron resoluciones de paralización de proyectos criticadas por la Xunta y los empresarios del sector. Uno de estos magistrados es Luís Villares, que ha recurrido, junto con la asociación Jueces y Juezas por la Democracia, ese traslado.

La decisión del CGPJ, adelantada por El País, sostiene que no hay un “perjuicio real” si se espera a que el propio Poder Judicial resuelva sobre estos dos recursos de alzada. Jueces y Juezas por la Democracia manifestó, tras conocerse el traslado forzoso, que la medida ponía en tela de juicio la independencia judicial y cargó contra un procedimiento en el que no se había dado audiencia a los cuatro jueces afectados, entre ellos Villares, asociado de la entidad y que fue líder de la formación En Marea y candidato a la Presidencia de la Xunta en 2016.

El Pleno ha rechazado suspender el traslado forzoso con 18 votos a favor. Han votado en contra los vocales elegidos a iniciativa de Sumar Inés Herreros y Carlos Hugo Preciado y la consejera designada a iniciativa del PSOE Esther Erice.

El traslado se decidió el día 12 de marzo. Lo firmaba María Azucena Recio, que había llegado a la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG seis días antes, tras medirse para ocupar el cargo con el propio Villares. La medida implicaba que dos jueces de la Sección Tercera, María Dolores López y Luís Villares, pasaban a la Cuarta y otros dos de esta pasaban a la Tercera.

Jueces y Juezas para la Democracia reaccionó ante una decisión que calificó de “sorpresiva” y recordó que en los últimos meses y años han sido habituales “declaraciones desmedidas de determinados responsables políticos y empresariales” cuestionando “no solo las resoluciones de la Sección, sino incluso la profesionalidad de sus integrantes”. En la hemeroteca constan acusaciones del PP gallego contra el TSXG, del que dijo que había emprendido “una ofensiva” contra la eólica y de la Xunta, que criticó repetidamente las decisiones que paralizaban algún parque y llego hablar de sentencias “erróneas”.

En las resoluciones de Recio, esta justificaba los cambios con la necesidad de “salvaguardar la imagen de la institución y la imparcialidad de la sala”. Entre diciembre y enero pasados, el Tribunal Supremo anuló tres sentencias de la sala tras otros tantos recursos de casación de la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo al considerar que existían dudas sobra la “imparcialidad” de Villares.

Cuando presentó su recurso contra el traslado, Jueces y Juezas para la Democracia aludió al contexto de “presión por parte de representantes políticos y empresariales” en el que se tomó la decisión y manifestó que estas circunstancias hacen que sea “más necesario, si cabe, extremar las garantías”.

La eólica en Galicia se encuentra atascada en una maraña de litigios, afectada por continuos cambios normativos y envuelta en la polémica tras los traslados forzosos que afectan a la sala que revisa los casos relacionados con el sector. La Xunta trató de evitar a estos jueces con una modificación de su estructura, tras la primera mayoría absoluta de Alfonso Rueda. Lo que hizo fue concentrar todas las atribuciones sobre los permisos referidos a parques eólicos en la Consellería de Medio Ambiente. El reparto de trabajo del TSXG hacía recaer los asuntos ambientales en la Sección Segunda.

El Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Cantabria ha abierto el periodo de información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del anteproyecto del parque eólico Anjana, de 86,8 MW de potencia, y sus infraestructuras de evacuación en cuatro municipios de Cantabria, además de en otros de Burgos y Palencia.

Promovido por la empresa Mowe Eólica 4, S.L., la instalación cuenta con una inversión de 91 millones de euros, según ha publicado este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Afecta a los municipios cántabros de Valderredible, Valdeprado del Río, Valdeolea y Campoo de Enmedio; más Valdebezana, Arija y Santa Gadea de Alfoz, en Burgos, y Aguilar de Campoo y Barruelo de Santullán en Palencia.

El proyecto contempla 17 aerogeneradores divididos en dos agrupaciones: 'Anjana Este' (10) y 'Anjana Oeste' (7), y sus líneas subterráneas a 30 kV hasta cada una de las dos subestaciones de ambas agrupaciones.

Los aerogeneradores, con una potencia unitaria de 5.200-5.000 KW, tendrán un diámetro del rotor de 163 metros; mientras que la altura de la torre será de 98,5 metros y la altura del aerogenerador a punta de pala se prevé de 180 metros.

El periodo de alegaciones tiene un plazo de 30 días a partir del siguiente a su publicación y se puede consultar el anteproyecto de la instalación así como su Estudio de Impacto Ambiental en el enlace https://run.gob.es/dxoProyectosIndustriaCantabria o en la sede de la Delegación del Gobierno solicitando la correspondiente cita.

El Gobierno de Cantabria ha denegado la autorización administrativa previa para la construcción del parque eólico denominado 'Olea', de 27,72 megavatios, entre Campoo de Enmedio, Valdeolea y Campoo de Suso, que promueve la firma Green Capital Power S.L..

El Boletín Oficial de Cantabria publica ha publicado este jueves la resolución que se adopta tras emitir en febrero la Dirección General de Medio Ambiente del Ejecutivo regional una declaración de impacto ambiental desfavorable al proyecto.

Según la evaluación ambiental practicada, los impactos negativos sobre la fauna y sus hábitats con este parque iban a ser “críticos” y no podían ser “prevenidos, corregidos o compensados, con suficientes garantías, con las medidas propuestas” por la empresa promotora del parque eólico.

Además, el informe sostiene que la zona del Monte Endino, donde se proyecta el paruqe eólico, presenta valores ambientales de relevancia entre los cuales se destacan: las zonas de cría y alimentación de aguilucho cenizo y aguilucho pálido o la principal vía de expansión del oso pardo hacia el suroeste de la región.

También señala que hay una “severa acumulación de efectos sinérgicos” con otras instalaciones del entorno, como los parques eólicos 'Cotío', 'Bustatur', 'Escudo', 'Morosos' y 'El Pical'; y que el proyecto provocaría una “afección paisajística irreversible”.

Asimismo, indica la resolución que el promotor pospone la realización de análisis de impactos sobre la población a una fase posterior a la resolución administrativa, “vulnerando el principio de acción preventiva y el principio de evaluación previa”. De otro lado, los presupuestos parciales presentados se estiman “insuficientes” para hacer frente con garantías a la protección del patrimonio cultural.

Por ello, la Dirección General de Industria del Ejecutivo cántabro resuelve denegar la autorización administrativa previa para construir ese proyecto, contra la que cabe recurso ante la Consejería de la que depende este departamento. 

El magistrado Luís Villares y Juezas y Jueces para la Democracia han presentado sendos recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) frente al acuerdo de la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, por el que se decide el traslado forzoso del juez de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso, la cual ha paralizado decenas de proyectos eólicos en los últimos tiempos, para pasar a la sección cuarta.

De ello informa a Europa Press un portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia que explica que se han presentados los dos recursos. En un comunicado, Juezas y Jueces para la Democracia explica que ha planteado recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial frente a los traslados forzosos de cuatro magistrados de lo Contencioso del TSXG, entre los que se encuentra Villares.

Considera que estas decisiones “adolecen de graves defectos que ponen en tela de juicio la inamovilidad de los magistrados afectados y, con ello, la propia independencia judicial”.

Juezas y Jueces para la Democracia sostiene que el procedimiento para adoptar esta decisión se ha verificado “sin audiencia de los cuatro magistrados y magistradas afectados” entre los que se encuentra Luis Villares, asociado de la entidad.

El hecho es que el TSXG decidió el trasladó forzoso de la sección tercera a la cuarta de Luís Villares y María Dolores López López. Mientras que Rosa Agrasso y Alexis Fernández pasan de la sección cuarta a la tercera.

Sin “motivos claros” ni “criterios objetivos”

Además, sostienen que se llevó a cabo con “una motivación meramente aparente e inidónea para justificarla”, “incumpliendo la norma que exige una serie de contenidos y trámites” que, según Juezas y Jueces para la Democracia, “no se atienden en el presente caso”. Así, señala que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Bilinski contra Polonia y la del Tribunal de Justicia de la Unión de 6 de marzo de 2025, apunta la necesidad de “motivos claros y criterios objetivos” que consideran que en este caso no concurren.

El resultado de estos defectos, para la asociación, “es la ausencia de tales criterios objetivos y motivos claros”, que, en su opinión, “ponen en tela de juicio la propia medida, dentro de un contexto de presión por parte de representantes políticos y empresariales que hacen más necesario, si cabe, extremar las garantías”. “La quiebra de la forma, según el TEDH, junto con la ausencia de motivos claros, llevan a apreciar un riesgo evidente para la inamovilidad y la independencia del tribunal que JJpD no puede ignorar”, apunta.

JJpD ha solicitado también al CGPJ la suspensión de los acuerdos recurridos, recordando que la quiebra en la formación de los órganos judiciales y en el nombramiento de sus integrantes, puede llegar a ser motivo de nulidad de las resoluciones según la jurisprudencia del TEDH.

Por último, defienden que la asociación está plenamente legitimada en base a las previsiones de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial como conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para “actuar en defensa de la independencia judicial”.

JJpD traslada su confianza en las instituciones y espera que el sistema de garantías de un Estado de Derecho “robusto” conjure lo que representa un verdadero y objetivo peligro para la independencia judicial y la integridad del sistema jurisdiccional europeo.

La semana pasada, el magistrado Luís Villares acudió a apoyar al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz en el homenaje vecinal organizado en Santiago de Compostela.

El proyecto híbrido 'Escuderos', situado en la provincia de Cuenca entre los términos municipales de Altarejos, Poveda de Obispalía, Pineda de Gigüela y Torrejoncillo del Rey, es una iniciativa de Grenergy que combina energía solar fotovoltaica y eólica. Cuenta con varias plantas fotovoltaicas que se hibridan con nuevos módulos eólicos para optimizar la producción, sumando una potencia significativa en la región.

Ahora, la empresa ha firmado un acuerdo de 'tolling' financiero para su sistema de almacenamiento de energía. Esta fórmula se basa en un contrato entre una compañía 'energy manager', que suministra el combustible y el constructor de una planta ('tollee') y tiene el objetivo de repartir los riesgos relativos a la actividad de producción de la energía.

En concreto, Grenergy ha firmado este acuerdo con una 'utility' internacional con calificación 'Investment Grade' por Moody's y Standard & Poor's. El contrato tendrá una duración de 12 años y entrará en vigor en julio de 2028 y la propia empresa asumirá la operación y la gestión del 'trading' (compra y venta activa de activos financieros) de las baterías.

'Escuderos' es el proyecto de hibridación “insignia” de Grenergy en España, ya que el complejo contará con 200 megavatios solares y 680 megatavios por hora de almacenamiento. La construcción del sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) comenzará en el segundo semestre de este año y tiene como objetivo entrar en operación en 2027.

Este nuevo acuerdo para el sistema de almacenamiento de 'Escuderos' se suma al convenio de compra de energía (PPA, por sus siglas en inglés) diurno suscrito con Galp en 2020, también por un periodo de 12 años, para la parte solar de esta planta híbrida.

El proyecto de Cuenca se suma al 'stand alone' de Oviedo

Se trata del segundo 'tolling' financiero que Grenergy firma en España, tras el acuerdo alcanzado el pasado mes de febrero para su proyecto 'stand alone' en Oviedo.

Con 'Escuderos', Grenergy busca replicar en España el modelo de hibridación solar-almacenamiento desarrollado en Chile en sus plataformas 'Oasis de Atacama' y 'Oasis Central', origen del modelo de hibridación desarrollado por la compañía.

Además, Grenergy ha asegurado que continúa avanzando en 'Greenbox', su plataforma de baterías 'stand alone' en Europa, que constituye otra pieza “clave” de su plan estratégico.

Su consejero delegado, David Ruiz de Andrés, ha subrayado que 'Escuderos' marca el inicio de “una nueva etapa” para Grenergy en España. “Es nuestro primer gran proyecto híbrido en el país, al que se sumarán nuevos proyectos”, ha afirmado, añadiendo que en el mercado español ven “un potencial enorme para seguir desarrollando una cartera híbrida, apoyándose en la experiencia y el recorrido que ya han construido en Chile con las plataformas Oasis”.

El Gobierno de Cantabria ha emitido una declaración de impacto ambiental favorable, aunque con el cumplimento de una serie de condiciones, para los parques eólicos de Ornedo y Henestrosas, previstos en el municipio de Valdeolea.

De acuerdo con la resolución que ha publicado este martes la Consejería de Medio Ambiente en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), la ejecución de los dos parques se considera viable siempre que se lleven a cabo medidas correctoras para minimizar su impacto.

El parque Henestrosas tiene una potencia de 17,32 megavatios y el de Ornedo, de 6,93. Green Capital Power presentó la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas en febrero de 2021 para estos dos parques y para el de Morosos, y sus líneas de evacuación.

El parque eólico Morosos obtuvo la declaración favorable en febrero pero para los otros el Gobierno pidió informes complementarios antes de pronunciarse.