La primera decisión de María Azucena Recio tras llegar a la presidencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) fue trasladar por la fuerza a los jueces Luís Villares y María Dolores López de la Sección Tercera –la que estudia los casos de los parques eólicos– a la Cuarta. Una medida que ha encendido todas las alarmas porque Villares había sido señalado reiteradamente por el PP y la patronal eólica, contrariados por unas sentencias que no tomaba en solitario, sino como miembro de una Sección que, según Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD), queda ahora “desmantelada”. Dos años antes, la Xunta ya había tratado de evitar a esos mismos magistrados. Para ello, cambió su estructura de gobierno, y traspasó las atribuciones sobre la instalación de aerogeneradores de la Consellería de Economía e Industria a la de Medio Ambiente. Según el reparto del TSXG, los asuntos ambientales recaen en la Sección Segunda que, en aquel momento, estaba presidida por la propia Recio. Entonces no funcionó, pero esta semana, Recio ha firmado un acuerdo gubernativo para asegurarse de que sea la Segunda la que decida en un procedimiento sobre una línea de alta tensión que une tres parques paralizados por la Tercera.

Tras la mayoría absoluta de Alfonso Rueda en febrero de 2024, el Diario Oficial de Galicia (DOG) del 24 de abril publicó el decreto que fijaba la estructura de las consellerías de la Xunta. Entre los cambios que se hacían oficiales, destacaba el traspaso de las competencias en “materia de instalaciones de producción de energía a partir de fuentes renovables” de Industria a Medio Ambiente. “En particular”, citaba el texto, al departamento que dirige Ángeles Vázquez le tocaría, en adelante, la “autorización administrativa de las instalaciones de parques eólicos y de sus instalaciones de conexión, así como la declaración de su utilidad pública”. Lo hacía, dijo Rueda en su discurso de investidura, para “centralizar y reforzar” toda la tramitación normativa.

Cinco días antes, un post del PP gallego en la red social X acusaba a uno de los miembros de la Sección Tercera, Luís Villares, de ser “juez y parte”. Los populares acusaban a Villares, líder de En Marea entre 2016 y 2020 de haber “intentado paralizar todos los proyectos industriales de Galicia” durante esa etapa. En marzo de 2026, Villares y su compañera María Dolores López fueron trasladados forzosamente a la Sección Cuarta por la presidenta de la Sala de lo Contencioso, María Azucena Recio, que había tomado posesión una semana antes tras competir por el cargo con Villares. XXpD alertó de que se trasladaba la imagen de que el Poder Judicial “se doblaba a los intereses de algunas de las partes”. La asociación progresista Xustiza e Sociedade pidió al Consejo General del Poder Judicial que aclarase si existió desviación de poder en esa decisión.

Del DOG al TSXG

La Xunta no tardó de tratar de trasladar su nueva estructura a la acción judicial. Poco después de la aprobación del nuevo diseño, probó suerte en las alegaciones previas a la demanda contra la construcción del parque eólico de Seselle, en el entorno del Monte do Gato, en el concello coruñés de Oza Cesuras. Los vecinos, en pie de guerra, alegaban que había 16 viviendas a menos de 500 metros de la instalación, además de bienes patrimoniales y naturales. El parque era uno de los seis que formaban parte del macrocomplejo eólico promovido por Greenalia –donde ocupaba un alto cargo la exconselleira del ramo, Beatriz Mato– y Galenergy. En enero de 2023 había recibido la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable.

En el escrito enviado a la Sección Tercera, el gobierno gallego consideraba que la impugnación de esa decisión tenía “carácter ambiental” y “dado que el reparto de asuntos aprobado por la Sala de Gobierno atribuye a la Sección Segunda de la Sala el conocimiento de los asuntos en materia ambiental, es a esa Sección y no a la Tercera a la que le corresponde el conocimiento del presente procedimiento”. La presidenta de la Sección Segunda era, por aquel entonces, María Azucena Recio.

El intento cayó en saco roto. En su respuesta, la Sección Tercera acusa a la Xunta de tratar de cometer un “fraude procesual prohibido” al pretender “hacer pasar una norma de reparto entre secciones como una cuestión de competencia”. Pero, además, le señala que el litigio “no versa sobre una resolución dictada en materia ambiental”, sino sobre la autorización de la construcción de un parque eólico, “es decir, una instalación industrial, materia que es propia de la industria e innovación tecnológica, cuyo conocimiento le corresponde a esta Sección Tercera”.

Las alegaciones del gobierno gallego fueron rechazadas en marzo de 2025 por los cinco magistrados de la sección. Dos meses después, el tribunal decidía suspender cautelarmente la autorización del parque eólico de Seselle. Lo basó en su cercanía a las viviendas pero, también, en el hecho de que los vecinos consiguieron “acreditar indiciariamente la existencia de elementos ambientales altamente sensibles, bien por estar catalogados, bien por tratarse directamente de especies con distinto grado de protección o peligro”. La instalación, concluía la sentencia, amenazaba con “causar un grave daño a valores ambientales sensibles”. La Xunta no volvió a ensayar esa estrategia.

Una nueva “vuelta de tuerca”

Sin embargo, el ascenso de Recio a presidenta de la Sala ha venido acompañado de novedades también en este sentido. La primera –adelantada por La Voz de Galicia– se conoció a principios de mes: fue la decisión de desestimar la suspensión de la línea de alta tensión diseñada para evacuar la energía de los parques eólicos de Campelo, Bustelo y Monte Toural (A Coruña), todos ellos impulsados por Greenalia y paralizados por la Sección Tercera del TSXG. En este caso, el cambio de criterio vino acompañado de un cambio de sección: la desestimación fue obra de la Sección Segunda.

Los denunciantes, la asociación ecologista Petón do Lobo, presentaron entonces un escrito solicitando que el asunto pasase, como venía siendo habitual, a la Sección Tercera. Recio respondió esta misma semana. Emitió un acuerdo gubernativo en el que explica que ese procedimiento, “de acuerdo con las normas de reparto vigentes desde 2023, es competencia de la Segunda, pues es sobre una cuestión medioambiental”, según explica una portavoz del TSXG. Por ese mismo motivo, añade, “no admite discusión”, algo que sí tendría, pone como ejemplo, “una cuestión de competencia entre diferentes órganos judiciales”.

Desde el alto tribunal se insiste en que no ha habido “ningún cambio de criterio” desde la publicación de las competencias de cada sección en el Boletín Oficial del Estado del 27 de diciembre de 2023. “La Segunda es competente en medio ambiente; y la Tercera, en industria y minas. Otra cosa es que la tercera, a la hora de resolver asuntos que le llegan por industria o minas, pueda aludir a cuestiones medioambientales”, aseguran. Ese reparto lo realiza el funcionariado de la Oficina de Registro y no magistrados del TSXG. Estos sí tienen “potestad” para “remitir el procedimiento a otra sección si desde la oficina se lo reparten, por ejemplo, a la Segunda por medioambiente y ven que el fondo del asunto trata sobre industria o expropiaciones, por lo que lo derivarían a la Tercera”, concluye.

Por su parte, XXpD mostraron su “preocupación” por la que definen como “sorpresiva reinterpretación” de las normas de reparto. En un comunicado emitido este mismo viernes destacan que, en un “cambio radical” se hayan retirado de la Sección Tercera “las autorizaciones administrativas industriales”, como las de los parques eólicos, lo que va “en contra del criterio aplicado en los últimos años”.

Esto, recuerdan, sucede “tras años de reiteradas presiones mediáticas, políticas y empresariales por las suspensiones cautelares” de instalaciones que dictaminó el órgano “y después del también sorpresivo cambio forzoso de Sección” de parte de sus integrantes. La asociación enmarca esta “vuelta de tuerca” en la “batería de medidas gubernativas” que, desde la toma de posesión de Recio, “afectan, sin que advirtamos una explicación razonable, a la imagen de imparcialidad y neutralidad de la Sala del Contencioso-Administrativo del TSXG”. “Una situación”, finalizan, “que no podemos contemplar en silencio”.

Colectivos vecinales y ecologistas han convocado una marcha de protesta contra el polígono eólico El Escudo este domingo 19 de abril, a las 11 horas, bajo el lema 'No al sacrificio de Iguña y Campoo-Los Valles'. La marcha recorrerá diversas zonas afectadas por la construcción del polígono. La salida tendrá lugar exactamente desde la estación de Renfe de Bárcena de Pie de Concha y terminará en la Braña de San Martín, ubicada en el municipio de Molledo. Áreas que los organizadores denominan como “zonas de sacrificio”.

La movilización, organizada por los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio, la plataforma Son Gigantes y el movimiento STOP macroeólicas Sur de Cantabria, es una protesta que lleva realizándose desde hace años, conforme avanza el proyecto, como respuesta a una situación de “inseguridad jurídica” .

La convocatoria se produce con las obras paradas desde finales de marzo, cuando la Guardia Civil intervino en las obras, después de que los colectivos presentaran una serie de recursos ante el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

Este parón ha dejado al descubierto un proyecto que, bajo la promoción de Biocantaber e Iberdrola, pretendía erigir 25 aerogeneradores para generar 105 MW de energía destinada a abastecer a miles de hogares. No obstante, el Ministerio ha dictaminado que las autorizaciones esenciales —incluyendo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y los permisos de construcción— carecen actualmente de ejecutividad debido al silencio administrativo ante los recursos de alzada interpuestos.

En este punto, la infraestructura está ya en un punto muy avanzado, a falta únicamente de instalar los últimos dos aerogeneradores, y permanece parada a expensas de las resoluciones del Ministerio.

Más allá del conflicto administrativo, la marcha de este domingo busca advertir de lo que consideran los problemas centrales del proyecto energético: el “ecocidio” sobre la Sierra del Escudo y en el riesgo irreparable para el patrimonio arqueológico de las Guerras Cántabras en el yacimiento de Mediajo Frío.

Denuncias al PROT

En este sentido, los colectivos convocantes no solo celebran que las obras hayan parado, sino que exigen que las promotoras asuman los costes que implica la restauración del entorno afectado por las obras, y denuncian el futuro Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT). Para estos colectivos, la planificación regional fragmenta Cantabria y condena a las comarcas del sur a ser expropiadas para beneficio de grandes fondos de inversión internacionales como BlackRock.

Los colectivos también critican la tramitación del PROT y recuerdan que tres colegios profesionales rechazaron participar en la votación interna para su aprobación inicial por no disponer de tiempo suficiente para estudiarlo. En ese contexto, el consejero Roberto Media aseguró que el PROT se aprobará “con o sin los colegios profesionales”.

El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha insistido en reclamar la paralización urgente del clúster eólico del Maestrazgo para evitar que se repitan situaciones como la de Pozondón, donde la justicia “ha llegado tarde”. La petición se produce tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que anula la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del parque eólico Santos de la Piedra, una resolución que la organización celebra, aunque subraya que llega cuando la instalación ya está construida “y el daño ya está hecho”.

En la misma línea, organizaciones ambientales como Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables, Greenpeace y WWF España —junto a ANSAR, ECODES y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos— han expresado su “profunda indignación” por las irregularidades detectadas en la tramitación del clúster del Maestrazgo, actualmente bajo investigación, y han reclamado la anulación definitiva del proyecto.

El portavoz del grupo de energía y medio ambiente de Teruel Existe, Jesús Villamón, ha advertido de que el caso de Pozondón “no es un hecho aislado, sino el reflejo de un modelo de implantación de renovables que ha priorizado la rapidez frente a la protección del territorio”. Una idea que comparten las organizaciones ecologistas, que consideran que estas prácticas evidencian “posibles incumplimientos de los estándares ambientales” y malas praxis en la planificación energética.

“Durante años se nos vendió una transición energética modélica que, en la práctica, ha estado plagada de irregularidades y falta de control”, ha señalado Villamón, en referencia a investigaciones judiciales en curso. A su juicio, lo ocurrido es “la punta del iceberg de un modelo que ha fallado”.

Las entidades ambientales apuntan en la misma dirección y detallan que las DIA concedidas al clúster han permitido tramitar hasta 25 parques eólicos en un corredor de alto valor ecológico, con afecciones a la Red Natura 2000 y a especies protegidas como el quebrantahuesos. Además, denuncian que algunos proyectos se fragmentaron para eludir evaluaciones estatales o se aprobaron sin estudios acumulativos suficientes.

Villamón ha insistido en que el sistema de evaluación ambiental “no estaba funcionando con las garantías necesarias” y ha recordado que “más del 96% de las declaraciones de impacto ambiental resultaban favorables”, un dato que, a su juicio, evidencia un problema estructural. En este sentido, ha llegado a afirmar que el Inaga “era un coladero” y que “el sistema de evaluación ambiental estaba siendo pervertido”.

Las organizaciones coinciden en que estas prácticas no solo afectan al medio ambiente, sino que también “ponen en jaque la credibilidad de la transición energética” y alimentan el rechazo social hacia las renovables, perjudicando a los proyectos que sí cumplen la legalidad.

Ante este escenario, Teruel Existe reclama medidas cautelares para frenar proyectos en curso: “No podemos permitir que se repita lo ocurrido en Pozondón y que la justicia dé la razón cuando ya no hay solución posible”, ha advertido Villamón, quien ha añadido que “no queremos que Aragón se convierta en una suma continua de ‘Santos de la Piedra’”.

Mejor planificación

Por su parte, las entidades ecologistas subrayan que, en un contexto de inseguridad energética y dependencia de combustibles fósiles, el despliegue de renovables es “más necesario que nunca”, pero debe hacerse “de forma ágil, justa y al servicio de la ciudadanía”, con garantías suficientes para evitar prácticas irregulares o especulativas.

Ambas partes coinciden en la necesidad de una mejor planificación. Mientras Teruel Existe reclama “parar para proteger, investigar y garantizar que la transición energética se haga con rigor”, las organizaciones ambientales exigen una ordenación territorial que excluya de forma vinculante las zonas de mayor valor ambiental y priorice suelos ya degradados o artificiales.

Asimismo, valoran positivamente el compromiso del Gobierno de definir antes del 20 de junio las Zonas de Aceleración para Renovables (ZAR), aunque piden que su diseño incluya una amplia participación ciudadana y criterios claros de protección ambiental.

Las organizaciones también reclaman mecanismos que refuercen la participación pública desde fases tempranas en los grandes proyectos, más allá de los requisitos actuales, y recuerdan que muchas de estas medidas “no son nuevas”, sino demandas históricas que, de haberse aplicado, “habrían impedido casos como el del Maestrazgo”.

“Cuando se permite que proyectos basados en procedimientos cuestionables sigan adelante, no solo se pone en riesgo el territorio, sino que se genera una burbuja económica cuyas consecuencias acabarán pagando todos”, ha advertido Villamón, que ha apelado a actuar con “responsabilidad y anticipación”.

En este contexto, tanto el movimiento ciudadano como las organizaciones ambientales coinciden en que lo ocurrido con el parque eólico Santos de la Piedra debe marcar “un antes y un después”. “Es hora de parar. Parar para proteger, para investigar y para que se haga verdadera justicia”, ha concluido el portavoz de Teruel Existe, mientras las entidades insisten en que “las malas praxis deben ser prohibidas y perseguidas” para garantizar una transición energética compatible con el territorio y la biodiversidad.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha resuelto dos iniciativas de hibridación de energías renovables en la comarca de Tarazona y el Moncayo, ambas de empresas bajo el paraguas del grupo Forestalia. Mientras el denominado proyecto Castor ha recibido una declaración de impacto ambiental favorable, aunque condicionada y limitada a determinados suelos, la planta fotovoltaica Los Borjas II ha sido declarada “incompatible con la protección del medio ambiente” por su afección a la fauna, el paisaje y la normativa urbanística.

En el caso de Castor, promovido por Habidite Energy SL, se trata de la hibridación fotovoltaica de 17,58 megavatios sobre una superficie de 40 hectáreas en Tarazona, Grisel y Vera de Moncayo, integrada con el parque eólico Castor ya operativo.

El Inaga concluye que la actuación puede ser compatible con el medio ambiente siempre que se ajuste a las condiciones impuestas, especialmente en lo relativo al suelo. El organismo limita su viabilidad a las zonas clasificadas como suelo no urbanizable genérico y excluye aquellas áreas protegidas por interés forestal o de pastos, conforme al planeamiento urbanístico de Tarazona, declarando dichas zonas como “incompatibles con la adecuada conservación de los valores naturales y patrimoniales”.

El informe también impone restricciones para minimizar el impacto ambiental, como la obligación de implantar los seguidores solares exclusivamente “mediante hinca en el terreno” , la prohibición del uso de herbicidas y la gestión de la vegetación mediante métodos como el pastoreo. Asimismo, el proyecto deberá respetar la regeneración de las zonas afectadas por el incendio de Añón de Moncayo de 2022, ya que los desarrollos en ese suelo no pueden obstaculizar la regeneración vegetal por un plazo de diez años.

Lo que se deberá dirimir es el conflicto con la empresa de renovables RWE, impulsora del parque eólico Grisel y que alegó el solapamiento de terrenos, algo en lo que la DIA no entra.

'Los Borjas II': rechazo total

Frente a este escenario, el Inaga ha rechazado de forma íntegra el proyecto Los Borjas II, promovido por Innovación Energética Sostenible SL—empresa también vinculada al grupo Forestalia—, al considerar que resulta “incompatible con la protección del medio ambiente y desfavorable”. Se trata de una planta fotovoltaica de 20,118 MW sobre 41,5 hectáreas también en Tarazona y con línea de evacuación de 15,4 kilómetros hasta la SET Castor.

La resolución se apoya, en primer lugar, en su ubicación sobre suelo no urbanizable protegido por razones de interés forestal o de pastos (SNU-FP) del municipio de Tarazona, donde este tipo de instalación “no es viable urbanísticamente” según el planeamiento urbanístico vigente, de 1985.

A ello se suma que todo el suelo del proyecto se ubica en el monte de utilidad pública denominado Valcardera, de titularidad municipal , sin que el promotor haya “justificado adecuadamente la imposibilidad de emplazamiento alternativo fuera del monte” ni tramitado la correspondiente concesión de uso privativo.

El expediente señala además un impacto significativo sobre la avifauna, en un entorno de alta sensibilidad ecológica. La planta se proyectaba a solo 245 metros del área crítica Mochales, vinculada a la conservación de la alondra ricotí, especie en peligro de extinción, y en zonas consideradas clave para aves esteparias. El Inaga advierte de la “presencia muy significativa de especies de avifauna incluidas en los catálogos aragonés y español de especies amenazadas”, como el milano real, el cernícalo primilla o la ganga ibérica, cuya presencia ha sido “constatada en el estudio de avifauna de ciclo anual”.

Alta presión energética y transformación del paisaje

La evaluación ambiental también incorpora el efecto acumulativo de las infraestructuras energéticas en la zona. En un radio de diez kilómetros, el Inaga identifica la presencia de decenas de proyectos eólicos y fotovoltaicos en funcionamiento o tramitación, lo que ha provocado una transformación progresiva del paisaje.

Mientras que en el caso de Castor el organismo considera que el impacto global puede ser asumible bajo condiciones estrictas , en Los Borjas II concluye que la actuación supondría una “transformación significativa del entorno” y una pérdida de conectividad ecológica en un área de alta sensibilidad ambiental, próxima a espacios de la Red Natura 2000 como la ZEC Peñadil, Montecillo y Monterrey.

La resolución subraya que, en este caso, ni las medidas correctoras ni los condicionantes propuestos por el promotor serían suficientes para garantizar la compatibilidad del proyecto con la conservación de los valores naturales del entorno. Así, el principio de cautela se utiliza como criterio determinante para su rechazo.

“Accipere quam facere praestat iniuriam” (É mellor sofrer unha inxustiza que facela) Cicerón. Tusculanas.

“Cae na fosa aquel/a que a cavou”. Proverbios 26, 27.

1. Castigo

Azucena Recio toma posesión despois de ser designada polo Consello Superior do Poder Xudicial presidenta da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, e en uso de gran dilixencia (5 días despois) toma as primeiras decisións en exercicio do seu cargo. Traslada de maneira inmediata e forzosa á sección Cuarta os maxistrados Luís Villares Naveira e María Dolores López López, membros até ese momento da Terceira. Así mesmo, dous maxistrados da sección Cuarta son tamén, e de forma forzosa, trasladados á Terceira: Rosa Agrasso Barbeito e César Alexis González Fernández. Dunha primeira leitura poderíase desprender nada máis que un acto de xestión sobre a marcha da Administración de Xustiza ou de disciplina no exercicio das competencias da súa responsabilidade; mais, como se verá co paso do tempo, o deseño, decisión e execución destes traslados teñen unha raíz moito máis fonda e interesante que un asunto disciplinario ou reorganizador. Visto que as decisións admiten recursos e que algún dos castigados manifestou a súa intención de levalo a cabo podemos abandonar aquí este relato, dirimido só no interior do recinto das sedes xudiciais e pasearnos por outros ámbitos máis diáfanos e esclarecedores dos acontecementos.

2. Presión

Vén existindo desde hai tempo unha fonda presión mediática sobre a actuación do Contencioso do TSXG no asunto das autorizacións dos eólicos. Os dardos enfocábanse sempre cara ao maxistrado Luís Villares, nunha manobra de cariz propagandístico e de baixa estofa, para sinalar a un inimigo unipersoal das eléctricas. Mal enfoque, porque unha sala é unha sala (órgano colexiado, non individual), e as seccións tamén son órganos colectivos. O liderado na portavocía dos ataques á Xustiza é exercida, nomeadamente, polo xornal que cre que é a amígdala de Galicia, usando todo tipo de xogos informativos, arrodeando a verdade ou violándoa, cando for preciso. O aguillón final é do poder político do réxime, en consonancia co lobby eólico que non dan feito a patrañas, terxiversacións e propaganda, todo e unicamente en defensa dos intereses desta parte do capital.

Podemos, querendo, empezar polo principio: en que libro sagrado de guións da vida dos galegos está escrito que debamos ser produtores de enerxía eléctrica sen límite, condicións nen teito? Quen decide o destino económico dun pobo como o noso? As compañías eléctricas? Pois a resposta é: case si. Así foi nun tempo da negra ditadura. E non fixemos máis que producir electricidade en todas as modalidades a fin de servir para industrializar España, e aquí non ter nen luz para uso doméstico ou para uso industrial. Convivimos cun estadio Bernabéu (do Real Madrid) iluminado ostentosamente para os partidos nocturnos, servido con electricidade producida na Galiza, que pasaba de largo cara á meseta, ou cara onde Fenosa dispuxese. Seguimos exportando máis enerxía eléctrica da que consumimos e seguimos tendo problemas de distribución e de potencia para as necesidades propias. Quen escrebe o guión dos nosos destinos? Fenosa, Endesa, Iberdrola... o lobby eólico? Primeiro corolario.

Non necesitamos producir máis e moito menos encher o país de muíños como se fose un pesadelo do Quixote. Pero este é o meu razoamento, non o de ninguén máis. O TSXG atense no seu labor ao estrito guión que as leis marcan, e en función delas e da súa correcta aplicación actúa. De modo e maneira que unha vez concedidos permisos de instalación á compañías eólicas e recorridas polos afectados que observan unha aplicación administrativa deficiente, acoden ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e atopan que o Contencioso lles dá a razón. E o Contencioso debe actuar con toda xusteza legal, xa que todos os recursos, contra as medidas cautelares que foron recorridas en casación ao Tribunal Supremo, foron inadmitidos. É dicer, a secuencia é: a lei, a petición de permiso de instalación á Xunta, a concesión (polo que se ve en precario), os recursos de afectados ante o TSXG, exame e medida cautelar e finalmente recurso polas empresas contra as cautelares, e finalmente inadmisión no Tribunal Supremo. Agochado este paso do Supremo só se da a coñecer o cabreo maiúsculo da Xunta do PP acompañado das eólicas. E para maior eco mediático fixase a atención nunha persoa cuxo nome e apelidos son abusados até a saciedade groseira. E onde estará o poder omnímodo dun home para poder facer todo isto só e chegar até o mesmo Supremo? E non será que na Xunta son vicarios dos intereses eólicos e atrapalladamente dan permisos coma churros, en forma de porras, neste caso? Onde está a raíz do mal funcionamento? Na lei? Na aplicación administrativa das condicións da súa aplicación? Na urxencia de cumprir rápido e dilixentemente cos intereses das compañías que albiscan o negocio de se instalar en terreo fácil: Galiza? Podemos escoller calquera das respostas. Nós inclinámonos pola chambonada de aplicación na concesión dos permisos (en concreto, a valoración do impacto ambiental) e pola urxencia dos intereses a satisfacer. O poder executivo debería reflexionar, como adoitan dicer, ás veces. Tamén pode ser unha boa praxe se analisa onde está o miolo da cuestión e comeza a mudar.

3. A obscenidade da relación poder político/económico

O Estado e o poder económico teñen relacións de proximidade sempre. No capitalismo poden aparecer máis formalizadas que noutros sistemas, mais danse sempre. O que podemos discutir son as formas ou a intensidade en cada formación social e en cada momento histórico. Que o poder político teña conexións co poder económico non é novo nen orixinal deste país. O feito de que exista relación máis ou menos íntima entre o PP e o lobby eólico non é novidoso, nen asombroso nen orixinal. Pior foi en Corea na etapa histórica coñecida como de relacións incestuosas entre eses poderes. Mal van tamén nas repúblicas inestábeis latinoamericanas sen control nengún das interferencias notábeis entre un e outro poder. En Europa –a dos máis desenvolvidos–, o Estado cohabita co poder económico tamén pero existen mecanismos de control legal que mitigan bastas interferencias. No noso caso amosouse como obscena esa relación de inxerencia. O intento de control por parte do executivo sobre o poder xudicial asoma nas declaracións de urxir ao xudicial a cumprir cos desexos do executivo, neste caso aguilloado polos intereses do lobby eólico. O que hai detrás é o negocio das compañías interesadas en lograr o primeiro posto de instalación –é dicer, a ocupación– do territorio propicio para a instalación de parques eólicos. O medular é a ocupación, o dereito conseguido de producir enerxía, neste momento, aproveitando as vantaxes da transición enerxética.

Noutros casos podería ser interpretábel a interconexión entre poder e goberno; neste, e como paradigma de mal funcionamento, ficou ao descuberto. Queda moito camiño cara unha democracia de maior calidade.

El Tribunal Supremo ha acordado inadmitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la Xunta contra el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ordenó la paralización cautelar de las obras del parque eólico Acibal a instancia del colectivo ecologista Adega, según informa Amil Sen Eólicos.

La inadmisión se produce por falta de fundamentación suficiente y ausencia de interés casacional objetivo, según destaca esta asociación en una nota.

En concreto, la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo, en una providencia con fecha del pasado 11 de marzo, considera que la Xunta no justificó que el caso tenga relevancia general ni cumple los requisitos para ser revisado en casación. De este modo, se mantiene la paralización de las obras y se imponen 1.000 euros en costas a la Xunta.

Por su parte, Amil Sen Eólicos recuerda que “el conflicto tiene su origen en la aparición, en el transcurso de las obras, de numerosos restos arqueológicos en el Monte Acibal (incluyendo petroglifos y otros elementos de alto valor patrimonial) que no habían sido debidamente identificados ni evaluados durante la tramitación ambiental y patrimonial del proyecto”.

La plataforma STOP macroeólicas Sur de Cantabria ha puesto en marcha el denominado 'Proyecto AMorosos', una iniciativa de carácter social y simbólico que busca reforzar el vínculo con el territorio y visibilizar su rechazo a los proyectos de parques eólicos en la zona.

“Queremos decir que estamos aquí, que no somos los de siempre, que los campurrianos defendemos nuestra tierra y que no aceptamos ser un territorio de sacrificio en beneficio de unos pocos”, ha reivindicado el colectivo.

El proyecto se ha iniciado con un marcha celebrada este pasado fin de semana con la asistencia de cerca de medio centenar de personas en defensa de los hayedos del sur de la comunidad, en concreto, en el entorno de Sotillo (Valdeprado del Río), afectado por el proyecto eólico Morosos, previsto en los municipios de Valdeprado del Río, Valderredible y Valdeolea.

Así, bajo el lema 'Amadrina un haya', los participantes desafiaron a las condiciones meteorológicas adversas y recorrieron el hayedo por zonas donde está prevista la implantación de infraestructuras vinculadas al polígono, lo que además les permitió conocer sobre el terreno el alcance del mismo.

La jornada incluyó un acto simbólico de amadrinamiento de hayas como gesto de protección colectiva. Asimismo, se entregaron diplomas acreditativos a los asistentes y la jornada concluyó con una comida popular en la localidad de Hormiguera, donde se reunieron más de 75 personas.

En un comunicado, desde la Plataforma han subrayado que el proyecto eólico Morosos cuenta con la oposición del Concejo de Sotillo-San Vitores, propietario de los montes afectados, y han criticado que la tramitación administrativa haya continuado “sin que se haya notificado adecuadamente a los propietarios ni atendido sus alegaciones”.

En este sentido, han denunciado “posibles irregularidades en el desarrollo del proyecto”, señalando que “se estaría tramitando de forma fragmentada para evitar controles más exhaustivos”, lo que, a su juicio, “facilitaría su aprobación administrativa”.

“No vamos a tolerar que se ignore a quienes vivimos y cuidamos este territorio”, ha advertido el colectivo, para aseverar que este proyecto “representa una forma de intervenir el territorio que nos deja fuera y que prioriza intereses ajenos a la vida de los pueblos”.

Frente a ello, el 'Proyecto AMorosos' se presenta como una iniciativa de carácter social y simbólico que busca reforzar el vínculo con el territorio y visibilizar el rechazo a este tipo de intervenciones.

“Hemos lanzado el proyecto como una iniciativa de defensa de la naturaleza frente a la instalación de aerogeneradores en nuestros montes”, han insisitido desde la Plataforma.

Decenas de proyectos frenados en los tribunales, ataques de la Xunta a decisiones de los jueces, continuas modificaciones normativas y una potencia instalada estancada en los últimos años. El intrincado sector eólico gallego mantiene abiertos varios frentes que se dirimen, sobre todo, en el ámbito de la Justicia. Y que acaban de sumar un nuevo capítulo con un traslado forzoso que cambia la sección de los jueces que hasta ahora se ocupaban de los litigios de la eólica en Galicia. Una decisión que, según avisa la asociación Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD), se puede interpretar como una cesión a otros poderes: “No es descartable que la ciudadanía pueda pensar que las reiteradas presiones políticas y empresariales finalmente consiguieron el resultado perseguido”. Los partidos de la oposición creen que se ve comprometida la independencia judicial y el BNG traza una línea directa con “el poder de las eléctricas y los tentáculos del PP”.

La beligerancia en torno a la energía eólica viene de lejos en Galicia: el concurso que llevó adelante el bipartito de PSdeG y BNG -que gobernó entre 2005 y 2009- fue uno de los caballos de batalla de la primera campaña electoral que Alberto Núñez Feijóo hizo al frente del PP gallego, la de las autonómicas de hace 17 años. Logró entonces su primera mayoría absoluta. Una de las medidas con las que se estrenó en la Xunta fue la de anular aquellos planes, en los que veía “tachas graves de legalidad”. La Justicia compartía la opinión de que había irregularidades, pero no por los mismos motivos: lo que el Tribunal Supremo declaró ilegal fue la anulación del ahora presidente del PP español.

Hubo después una década de parálisis en el sector y los aerogeneradores pasaron a ser un asunto recurrente en los juzgados. En los primeros años de la presente década, las nuevas propuestas para instalar molinillos empezaron a multiplicarse en los despachos del Gobierno gallego -con maratón de tramitación incluido-. Y esa proliferación hizo que saltasen las alarmas entre los vecinos que se veían a la sombra de los proyectos. También algunas organizaciones ecologistas, aunque pueda sonar paradójico, empezaron a denunciar ante la Justicia muchos de los planes para renovables que recibían el visto bueno de la administración autonómica: veían fragmentaciones irregulares, problemas en la exposición pública y defectos en la evaluación ambiental.

Estos fueron los tres motivos fundamentales que llevaron a los tribunales decenas de planes empresariales en Galicia. En un sector en el que hay cerca de 200 parques en funcionamiento, con alrededor de 4.000 megavatios de potencia instalada, actualmente son 91 los proyectos eólicos autorizados por el Gobierno autonómico contra los que se ha presentado algún recurso. De ellos, según los datos de la Xunta, 85 -con 2.325 megavatios- están parados provisionalmente por decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Esas sentencias proceden de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en la que hasta ahora trabajaba el juez Luís Villares, que ha sido apartado en un polémico traslado forzoso -pasa a la sección cuarta, en la que tendrá que ocuparse de cuestiones de tributos y catastrales-. No es el único que cambia de puesto: la nueva presidenta de esa Sección Tercera, María Azucena Recio, que es la que ha tomado la decisión, mueve a otros tres jueces. Una es María Dolores López, compañera de sección de Villares y firmante con él de algunas de las sentencias sobre la eólica, que han sido cuestionadas por la Xunta y por el PP.

Recio justifica el cambio forzoso con que, entre diciembre de 2025 y enero de este año, el Supremo anuló tres sentencias de la sala en respuesta a tres recursos de casación de la empresa concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo porque consideraba que había dudas sobre la imparcialidad de Villares, que fue líder de En Marea entre 2016 y 2020. Esas anulaciones son “lo que motiva la necesidad de modificar la composición personal de la Sección Tercera de esta Sala”, expone la resolución que firma Recio, en la que argumenta que debe “salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad”.

La asociación Xuíces e Xuízas para a Democracia, sin embargo, pone el foco en las críticas recibidas por las decisiones de esta sección y recuerda que en los últimos meses y años hubo “declaraciones desmedidas de determinados responsables políticos y empresariales” que ponían en entredicho “no solo las resoluciones de la sección, sino incluso la profesionalidad de sus integrantes”. El PP gallego ha acusado al TSXG de haber emprendido “una ofensiva” contra la eólica y la Xunta llegó a calificar de “errónea” alguna de sus sentencias.

El sector, a la espera del Supremo

La batalla judicial relacionada con los planes eólicos no se limita al ámbito del TSXG, muchas de cuyas resoluciones han sido recurridas o consultadas en otras instancias. El pasado verano quedó despejada una de las alegaciones que estaban paralizando los proyectos en Galicia: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio la razón a la Xunta en cuanto a la forma en la que estaba haciendo la exposición pública y manifestó que, al hacer la evaluación ambiental, pueden ser consultados al mismo tiempo el público interesado y las administraciones que emiten informes sectoriales, sin necesidad de que estos estén antes a disposición de los ciudadanos. Aunque el Gobierno gallego presentó este pronunciamiento como un punto de inflexión que debía franquear el camino a los aprovechamientos parados en los tribunales, no era así. De hecho, la primera sentencia tras el pronunciamiento europeo anuló el permiso de un parque eólico. Daba por buena la tramitación, pero no la evaluación ambiental.

El presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), Manuel Pazo, admitía días después de conocerse la decisión del TJUE que el desbloqueo iba a ser “muy complicado” porque la cuestión de la tramitación no era la única que se había alegado en los recursos contra parques eólicos: “Hay una resolución sobre [el procedimiento de] información pública, pero los proyectos tienen otra serie de contenciosos diferentes”, indicaba a elDiario.es en agosto de 2025. Esos otros contenciosos a los que se refería tienen que ver, por una parte, con posibles daños ambientales, que han frenado decenas de iniciativas, y, por otra, con la fragmentación ilegal de parques.

Y este último aspecto es el que centra en la actualidad la atención. El sector está a la espera que de se pronuncie el Tribunal Supremo para aclarar qué se considera fragmentación ilegal. Existe ya un dictamen que afecta al parque de Campelo, entre los municipios coruñeses de Santa Comba y Coristanco. El TSXG consideraba que debía evaluarse conjuntamente con otros aprovechamientos planteados en la misma zona y había impuesto, por ello, una paralización cautelar. El Supremo rechazó esta interpretación y manifestó que el hecho de que dos o más parques compartan instalaciones de conexión a la red “no comporta, ineludiblemente” que haya que considerar que se trata de uno solo a efectos de su evaluación ambiental. Ahora hay otro caso admitido en casación en el Supremo, que se refiere al parque de Bustelo, uno de los que está en las inmediaciones del de Campelo. La decisión se espera para mayo, según publica La Voz de Galicia, y una sentencia en el mismo sentido establecería ya un criterio reiterado.

Un infrecuente desencuentro entre Xunta y eléctricas

Ante el goteo de sentencias del TSXG que iban paralizando cautelarmente proyectos, la postura crítica de Xunta y empresas del sector era compartida. Pero ese entendimiento habitual se resquebrajó con dos decisiones del Gobierno gallego, incluidas -de nuevo, como muchos otros cambios eólicos- en la ley de acompañamiento. En este caso, en la que se aprobó junto a los presupuestos para 2025. Uno de los desacuerdos era en torno a la exigencia de la Administración autonómica de que los nuevos aprovechamientos eólicos e hidráulicos vendiesen al menos la mitad de su producción a ciudadanos y negocios gallegos. El otro se refería a la obligación de repotenciar los parques de aerogeneradores con 25 años de antigüedad. Los promotores empresariales llegaron a acusar al equipo de Alfonso Rueda de ir en contra de la Constitución española.

Estos cambios en la normativa eólica gallega provocaron otras fricciones, estas más esperables. El Gobierno central llevó al Tribunal Constitucional varios puntos de esa ley de acompañamiento que se referían a la repotenciación y a cuestiones relativas a la atención a la dependencia. Aunque inicialmente esos artículos fueron suspendidos, los magistrados votaron después por permitir que la norma gallega se siga aplicando, a la espera de la sentencia.

En medio de todos estos hilos que se entrecruzan en el desarrollo de la eólica en Galicia, la Xunta anunció, en enero de 2025, la elaboración de un nuevo plan eólico, para el que no tenía previsto consultar a las organizaciones ambientalistas. Los trabajos, para los que el Gobierno gallego se dio un plazo de tres años, siguen pendientes.

El Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico paralizó este martes las polémicas obras del parque eólico El Escudo promovido por Biocantaber que suponen la instalación de 24 aerogeneradores y afectan a los municipios cántabros de Luena, Campoo de Yuso, San Miguel de Aguayo y Molledo.

Cada uno de estos molinos de la empresa participada por Iberdrola Renovables, Ocyener y Banco Santander tiene una altura de 150 metros, con aspas de 68 metros, y una capacidad de 4,2 megavatios. La obra ya está muy avanzada y solo faltan de instalar dos aerogeneradores.

La Delegación del Gobierno de Cantabria ha confirmado que la Guardia Civil acompañada de un técnico del Ministerio se personó en el parque para comunicar la suspensión de las obras, que siguen paradas en todo el trazado, a consecuencia de unos recursos de alzada presentados por asociaciones ecologistas ante el Ministerio.

Fuentes de Iberdrola aseguran que las obras se han parado por petición de la Delegación del Gobierno, pero que el parque eólico tiene “todos los permisos administrativos en vigor”. También subrayan que los tribunales les han dado la razón hasta la fecha frente a los recursos y alegaciones que han presentado las asociaciones ecologistas.

La orden de suspender la actividad se produjo como consecuencia de un oficio del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de su Secretaría Técnica. El documento consultado por elDiario.es informa de que se han presentado varios recursos contra cinco resoluciones y autorizaciones del parque eólico, sin especificar qué cuestiones concretas alegan los denunciantes ni quiénes son.

El oficio ministerial sí explica que los recursos afectan a resoluciones de la declaración de impacto ambiental del proyecto y la autorización de la Dirección General de Política y Energética y Minas para las lineas subterráneas y aéreas y la instalación de la subestación eléctrica. Además de otras resoluciones de este último departamento sobre los aerogeneradores que se suprimen, la potencia y la infraestructura de evacuación y la extensión del plazo solicitado por Biocantaber para obtener la autorización definitiva de explotación.

Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio explican que, aunque aún no tienen confirmación del motivo exacto que ha motivado la paralización de las obras en este momento, creen que “la lógica lleva a pensar” que el desencadenante ha sido el documento emitido el pasado 9 de marzo por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que declaraba que las autorizaciones otorgadas al polígono eólico El Escudo tienen la ejecutividad suspendida por silencio administrativo. “Esta falta de ejecutividad afecta tanto a la Declaración de Impacto Ambiental, como a la Autorización Administrativa Previa y de Construcción”, señalan.

El parque eólico de El Escudo ha sido objeto de numerosas alegaciones y recursos por parte de diferentes asociaciones y colectivos sociales, mientras que para la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Burauga (PP), es “un símbolo de progreso y sostenibilidad”. “Hoy es un gran día”, dijo la jefa del Ejecutivo autonómico cuando visitó el inicio de las obras y dio la enhorabuena a Iberdrola “por no tirar la toalla ni perder la fe” para sacar adelante una iniciativa que ha tenido que “sortear un camino lleno de dificultades y con épica algo quijotesca”.

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROU) autorizó en 2023 la instalación del parque que ha generado numerosas protestas sociales en contra. La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) recurrió la instalación sin que los tribunales le dieran la razón. Otras agrupaciones como Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio o la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria también presentaron recursos.

Los municipios de Molledo, Luena y Campoo de Yuso acogen 23 de los 24 aerogeneradores previstos -en el municipio de Aguayo se instalará el aerogenerador restante- así como la subestación eléctrica del parque. El proyecto de Biocantaber cuenta con u2na inversión de 120 millones. La empresa promotora aseguró que “una parte importante” de la partida destinada a la construcción está comprometida con empresas locales y “tendrá un impacto en el empleo de hasta 200 puestos de trabajo en periodos de punta”.

“Sucesión de irregularidades”

Desde los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio denuncian sin embargo una “sucesión de irregularidades” en todo el proceso de tramitación del polígono eólico El Escudo: inexactitudes en los emplazamiento de las infraestructuras, sondeos iniciales sin permiso legal y las obras posteriores.

Ahora, el colectivo celebra la paralización de las obras, pero exige que los promotores asuman la responsabilidad de las consecuencias del “ecocidio” que han cometido en una zona protegida por la Directiva Hábitats de la Unión Europea, “en la que han destruido áreas de turberas, se han eliminado ejemplares de especies de flora protegidas, se ha fragmentado un importante corredor de aves migratorias y se han asfaltado pistas para el tránsito de camiones sin ningún tipo de autorización.

A ello suman que se ha alterado la capacidad de infiltración del acuífero Puerto de El Escudo y que “se han ignorado los diferentes vestigios culturales que la empresa ni siquiera consignó en sus informes”, además del enorme impacto social y visual.

El juez Luís Villares, que fue líder de En Marea entre 2016 y 2020 y al que la Xunta había señalado en varias ocasiones por sus sentencias sobre los parques eólicos, ha sido apartado de la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La decisión la ha tomado la nueva presidenta de la sala, María Azucena Recio, quien tomó posesión a principios de mes tras competir por el cargo con el propio Villares. La asociación Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD) teme que el mensaje que se envíe a la ciudadanía con esta “inusual” medida es que las “desmedidas” presiones políticas y empresariales han conseguido cambiar a los miembros de la sección y que el poder judicial se “dobla” a los intereses de las partes.

Según ha adelantado la Cadena SER, Recio justifica el traslado forzoso de la Sección Tercera de la sala a la cuarta –donde entenderá sobre tributos o catastro– para “salvaguardar la imagen de la institución y la imparcialidad de la sala”. Junto a él, mueve a otros tres jueces –una de ellas, María Dolores López, compañera de sección de Villares y firmante con él de algunas de las sentencias cuestionadas por el PP–, aunque lo hace por motivos bien diferentes: promover su “crecimiento profesional” y una “oportunidad” en su carrera.

Entre diciembre y enero pasados, el Tribunal Supremo anuló tres sentencias de la sala tras otros tantos recursos de casación de la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo al considerar que existían dudas sobra la “imparcialidad” de Villares. En todas ellas había admitido los recursos de la Consellería de Sanidade y el Sergas (Servizo Galego de Saúde) frente a las sentencias iniciales del juzgado de instancia. El Supremo ordenó entonces retrotraer las causas al momento anterior a los señalamientos para resolver el fondo de los asuntos previa constitución de una sala que “garantice el derecho a un juez imparcial”.

“Esto es lo que motiva la necesidad de modificar la composición personal de la Sección Tercera de esta Sala y, por consecuencia, de la Sección Cuarta”, escribe Recio en una resolución en la que invoca la “finalidad última” de “salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad” con que funciona una sala compuesta por dieciocho magistrados. La presidenta incluye la “propia salvaguarda” de Villares, “el magistrado cuya imparcialidad ha sido sometida a valoración judicial por el Tribunal Supremo” y suma a ella las “necesidades reorganizativas” derivada de número de procedimientos de cada sección para concluir que la reestructuración “va a reforzar el buen funcionamiento de la Sala”.

Para XXpD, la resolución del Supremo sobre un “caso concreto”, algo que considera “habitual en la vida normal de los tribunales”, no justifica un movimiento con el que se “discuten los criterios jurisdiccionales de la sección”.

“Ataques mediáticos y políticos”

La asociación de jueces ve “sorpresiva” una decisión tomada por Recio el pasado día 12, sólo seis días después de asumir el cargo de presidenta de la sala. En un comunicado, recuerda que durante los últimos “meses y años” fueron habituales “declaraciones desmedidas de determinados responsables políticos y empresariales” que ponían en entredicho “no sólo las resoluciones de la Sección, sino incluso la profesionalidad de sus integrantes”.

En el texto, ponen el foco en lo “inusual” de un traslado forzoso “de tanta envergadura” y las formas en las que se llevó a cabo, sin consulta previa a los presidentes de las secciones ni a los magistrados afectados. Frente al modo habitual de realizar cambios individuales para no “perturbar” el trabajo de las secciones, aquí se “desmantela” la tercera al trasladar a dos de sus cuatro integrantes. Todos llegan a nuevos puestos en los que carecen de experiencia previa, lo que provocará “disfunciones” en el funcionamiento de ambas salas.

XXpD considera que apartar a la mitad de la sección “afecta directamente a la continuidad de los criterios jurisdiccionales defendidos”, lo que les provoca “serias dudas” de que esa no sea la “intención” real del movimiento. “No es descartable que la ciudadanía pueda pensar que las reiteradas presiones políticas y empresariales finalmente consiguieron el resultado perseguido: el cambio de la composición de la Sección del TSXG que conoce de los litigios sobre los parques eólicos en Galicia”.

“La imagen del Tribunal y de su independencia quedan muy afectadas”, añaden. Les preocupa que se transmita que “el poder judicial se estaría doblando a los intereses de algunas de las partes en los litigios señalados”. Temen que “la especial trascendencia mediática y social” de los casos tratados por la Sección Tercera –los eólicos, pero también causas de contratación administrativa, como el propio hospital de Vigo– junto al “sorpresivo y difícilmente explicable cambio de su actual composición”, trasladen a la ciudadanía una “sospecha” –“esperemos que infundada”– sobre la “finalidad perseguida” por la decisión de la nueva presidenta.

BNG: “El poder de las eléctricas y los tentáculos del PP”

El BNG, primera fuerza de la oposición en la cámara gallega, respaldó los argumentos de XXpD. “Estamos ante una decisión absolutamente arbitraria, injustificada y a golpe de decreto, porque no es un juez en concreto”, sino que, según la viceportavoz parlamentaria, Olalla Rodil, “cambia por completo en su integridad la Sección Tercera del TSXG”.

Rodil cree que no hay “ninguna justificación” al traslado forzoso de personas “que estaban desarrollando su trabajo con absoluta normalidad. ”Es evidente que ya ni siquiera esconden cómo el poder de las eléctricas y, sobre todo, los tentáculos del PP injiriendo en la judicatura son cada vez más extensos“, concluyó.

El seguimiento remoto de fauna silvestre liderado por investigadores de la Universidad de Oviedo en colaboración con el CSIC muestra que las actuales evaluaciones de impacto ambiental de los parques eólicos no captan adecuadamente los efectos acumulativos de las instalaciones ni el riesgo real para especies vulnerables, lo que obliga a revisar tanto la planificación eólica como los protocolos de vigilancia ambiental.

Esta es la principal conclusión de un proyecto de investigación financiado por la Fundación Biodiversidad que ha empleado tecnologías de seguimiento remoto para contribuir a minimizar los impactos negativos de los parques eólicos en el medio ambiente.

El trabajo ha sido desarrollado por miembros del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (Universidad de Oviedo - CSIC - Principado de Asturias).

La lucha contra el cambio climático

Patricia Mateo-Tomás, una de las investigadoras principales del proyecto, recuerda que, tal y como reclaman los paneles intergubernamentales de cambio climático (IPCC) y biodiversidad (IPBES), la lucha contra el primero no puede comprometer la conservación de la segunda.

“Este proyecto se ha llevado a cabo para mejorar la eficacia de los procedimientos que evalúan el impacto ambiental de los parques eólicos”, comenta.

Impactos sobre el hábitat

La investigadora destaca que uno de los principales aspectos a mejorar en esas evaluaciones es la valoración de los efectos sinérgicos de la concentración de parques y sus impactos sobre el hábitat de las especies silvestres.

Elena Bravo-Chaparro, doctoranda y técnica del proyecto, hace hincapié en la importancia de una adecuada planificación espacial previa a la construcción de los parques eólicos.

Especies vulnerables a la colisión

“El seguimiento GPS de grandes aves rapaces realizado en este proyecto ha permitido detectar zonas en las que las herramientas de planificación de energía eólica elaboradas por las administraciones públicas infraestiman la presencia de especies vulnerables a la colisión con los aerogeneradores como los grandes buitres”, explica.

Carlos Cabo, otro de los investigadores principales del proyecto, subraya la necesidad de mejorar los seguimientos de fauna siniestrada en los parques eólicos.

La detectabilidad

“Se requieren seguimientos sistemáticos que tengan en cuenta factores clave como la detectabilidad, ya que los datos recabados durante esta vigilancia ambiental son fundamentales para conocer el impacto real de las instalaciones en la fauna y evaluar la efectividad de las medidas correctoras adoptadas”.

A este respecto, el investigador destaca el gran potencial de sistemas cómo las cámaras que detectan automáticamente la presencia de aves en riesgo de colisión y activan la parada automática de los aerogeneradores.

La financiación

“Se trata de una tecnología con gran potencial que está avanzando muy rápido, pero cuya instalación en los aerogeneradores debe ir acompañada de un seguimiento riguroso de su efectividad, precisamente para mejorar el sistema con esa información”.

Esta investigación ha sido financiada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) del Gobierno de España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), costeado por la Unión Europea a través del programa NextGenerationEU, y cuenta con la colaboración del Principado de Asturias.

El pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes una moción del PRC, con el apoyo de PSOE y Vox, para rechazar la ejecución de seis parque eólicos en la comunidad y pedir al Gobierno autonómico que emita informes negativos de los proyectos, que ha contado con la abstención del PP.

Los populares han criticado que, con esta iniciativa, la Cámara “suple” a los técnicos que son los que emiten los informes a los que se atiene el Gobierno de Cantabria en la tramitación administrativa de esos proyectos.

La iniciativa rechaza la instalación de los parques eólicos Fuente Pico, Moncubo, Las Mazas y Sierra de Sel, así como sus infraestructuras de evacuación, proyectados en los términos municipales de Voto, Bárcena de Cicero, Ruesga, Hazas de Cesto y Meruelo.

También ha instado a que no se ejecuten los parques de Astillero 1 y Astillero 2 y la instalación de almacenamiento energético mediante baterías “BESS Solórzano”, con sus infraestructuras comunes de evacuación.

Para evitar la ejecución de esas instalaciones eólicas, la moción insta al Gobierno de Cantabria a que, conforme a la normativa vigente y en coherencia con la estrategia energética regional, formule los informes, observaciones y alegaciones desfavorables en las autorización administrativa previa y la declaración de impacto ambiental, para impulsar la denegación de la autorización de esos proyectos.

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha alertado de la “degradación” que van a provocar estos proyectos eólicos en una zona sensible de Cantabria y los efectos negativos que van a tener sobre el sector ganadero, el agua y el patrimonio de las áreas donde está previsto que se instalen.

El popular Alejandro Liz ha acusado del PRC de sostener una postura que “no es honesta” por ser “irresponsable” con las empresas que necesitan esa energía e “incoherente” al haber pretendido desde el Ejecutivo instalar 1.500 megavatios de energía eólica y criticar que se vayan a desarrollar 700. “El Gobierno toma sus decisiones amparado en informes técnicos y cumpliendo la tramitación administrativa”, ha sentenciado.

El socialista Pablo Zuloaga ha pedido suspender todas las licencias para instalaciones eólicas hasta que no se aprueba el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) porque, ha alegado, la transición ecológica debe hacerse con planificación y haciéndolo compatible con la protección del entorno. “El objetivo no debe ser parar el desarrollo eólico, es hacerlo bien”, ha defendido.

La diputada de Vox Natividad Pérez Salazar han afirmado que estos proyectos representan un “atentado” contra Cantabria, ha apostado por una soberanía energética para lo que ha afirmado que “la solución no es llenar los montes de la región de acero y cemento” y ha acusado al Gobierno de atender a los intereses de las empresas promotoras, y “no a los de los ciudadanos”.

El portavoz del PRC en el Parlamento de Cantabria, Pedro Hernando, propondrá este lunes, al pleno de la Cámara, un acuerdo contra los parques eólicos Fuente Pico, Moncubo, Las Mazas, Sierra de Sel y Astillero 1 y 2 y el proyecto de almacenamiento de baterías planteado en Solórzano. Los regionalistas quieren buscar el acuerdo con PP, PSOE y Vox porque aseguran que así apoyarán “el rechazo ciudadano” que hay a esos proyectos eólicos.

El PRC va a plantear, además, que el pleno pida al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) actuar “en coherencia con la estrategia energética regional” y formular los informes, observaciones y alegaciones desfavorables que procedan en los procedimientos de autorización administrativa y declaración de impacto ambiental.

“Ha llegado el momento de que el Gobierno abandone la ambigüedad y atienda las más de 11.000 alegaciones presentadas por ayuntamientos, juntas vecinales y entidades por el enorme impacto de estos proyectos sobre el territorio”, ha subrayado en una nota de prensa Pedro Hernando.

A su juicio, la ejecución de esos parques representa “una amenaza permanente e irreversible” para espacios como los Valles Pasiegos y ha cuestionado la “respuesta tibia” del Ejecutivo y su “reticencia” a rechazar parques eólicos que no tienen cabida en el Plan Regional de Ordenación del Territorio.

“El Gobierno está manteniendo en cartera proyectos que no tienen ninguna posibilidad de salir adelante, lo cual solo sirve para promocionar la especulación con el desarrollo eólico”, ha denunciado.

El Gobierno vasco ha tumbado un proyecto para instalar seis parques eólicos en Álava por sus afecciones en el medio ambiente, en especial en las aves y quirópteros. Se trata del proyecto denominado Clúster Eólico Vitoria 30 kV, de una potencia de 29,94 MW, compuesto por seis parques eólicos de un solo aerogenerador de 4,99 MW de potencia unitaria y una torre meteorológica ubicados en los términos municipales alaveses de Elburgo, Alegría-Dulantzi, Iruraiz-Gauna, San Millán y Barrundia. El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad considera que estas instalaciones, promovidas por la empresa Savanna Power Solar 14, S.L.U, son incompatibles con la existencia en la zona de varias especies de aves y quirópteros “amenazadas y vulnerables a la actividad de los parques eólicos”.

Además de los molinos eólicos, la infraestructura contemplaba una línea de evacuación de la energía eléctrica generada desde el centro de seccionamiento en el término municipal de Barrundia hasta la subestación eléctrica de Vitoria, discurriendo con tramos aéreos y subterráneos por los términos municipales de Barrundia, Elburgo, Arrazua-Ubarrundia y Vitoria.

Según la resolución de impacto medioambiental desfavorable que publica este jueves el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), el emplazamiento donde se proyecta el Clúster Eólico Vitoria ocupa una posición central respecto a numerosos espacios Red Natura 2000, donde deben conservarse aves necrófagas, varias especies de aves sedentarias y migratorias asociadas a las masas forestales circundantes y a los humedales interiores, entre las que se encuentra el milano real y numerosas especies de quirópteros, amenazadas y vulnerables a la actividad de los parques eólicos por el riesgo de accidentes con los aerogeneradores y la línea eléctrica aérea, que suponen una barrera a sus desplazamientos en busca de alimento.

Señala que en el radio de influencia del proyecto existe una elevada frecuencia de uso del espacio por parte del milano real, buitre leonado, aguiluchos cenizo y pálido, tórtola europea e, incluso, del quebrantahuesos y que, además, el área del proyecto “constituye un hábitat potencial para la reproducción, caza y campeo del aguilucho cenizo y del aguilucho pálido,” siendo la zona de mayor interés del Territorio Histórico para ambas especies, las cuales presentan un fuerte declive poblacional en la actualidad y cuyas poblaciones “podrían verse afectadas de forma crítica”. En el caso del alimoche, además de contar con una abundante presencia en el ámbito, a menos de 10 km del área de implantación se localiza un nido, y numerosos puntos de nidificación y un dormidero a menos de 15 k., lo que se une a que por la zona pasan “rutas migratorias de varias especies, entre las que se encuentran ”especies amenazadas como el milano real“, que se encuentra en peligro de extinción.

El Gobierno considera que las medidas propuestas por la empresa para minimizar el impacto sobre aves y quirópteros son “genéricas y poco ajustadas”, limitándose al pintado de aspas de los aerogeneradores, a la instalación de salvapájaros en el tramo aéreo de la línea eléctrica, con el fin de disminuir así el riesgo de colisión con los aerogeneradores y la línea respectivamente, y la realización de un seguimiento de las poblaciones durante la fase de funcionamiento. Por lo que entiende que estas razones “motivan que el proyecto se considere ambientalmente inviable”.

Podemos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Cantabria al entender que se han dividido cuatros parques eólicos en la comunidad autónoma para evitar que se tramiten como un único proyecto y que el Ministerio para la Transición Ecológica, dada su potencia energética global, gestione ese procedimiento.

En concreto, Podemos se refiere en un comunicado a los parques eólicos Cotío, Morosos, Henestrosas y Ornedo, promovidos por la empresa Green Capital Power S.L. en los municipios de Campoo de Enmedio, Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible.

A juicio de esa formación, las resoluciones administrativas del Gobierno de Cantabria reconocen que los proyectos comparten infraestructura de evacuación, planificación y funcionamiento, aunque “han sido tramitados como expedientes independientes, cada uno por debajo del umbral de 50 megavatios”.

Podemos apunta un posible uso instrumental de la “fragmentación” por parte del promotor y plantea que la actuación administrativa podría encajar en fraude de ley o, incluso, prevaricación. Ha subrayado que este caso sigue el mismo patrón del que ya denunció en Cantabria con los parques Las Américas. A juicio de Podemos, es “un único proyecto industrial troceado para sortear los controles ambientales y administrativos más exigentes”. 

El Gobierno de Cantabria ha otorgado autorización administrativa previa para el parque eólico Cotío situado en los municipios de Campoo de Enmedio y Las Rozas de Valdearroyo, con una potencia prevista de 17,32 megavatios y cinco aerogeneradores.

En un comunicado, el Ejecutivo destaca que esta autorización se produce después de que la empresa haya reducido el número de aerogeneradores y “haya reforzado las medidas de protección ambiental y patrimonial”.

La resolución de Industria, publicada este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), recoge que la evacuación del parque eólico se llevará hasta la subestación de Mataporquera, en el municipio de Valdeolea, donde está previsto recoger la energía generada en otros cinco parques.

Durante el proceso de alegaciones y de informes técnicos recibidos, el diseño final del parque ha eliminado tres de los ocho aerogeneradores previstos inicialmente, una rebaja que permite aumentar la distancia entre los molinos y reducir la ocupación del terreno.

Además, se han introducido sistemas de detección y parada automática para evitar colisiones de aves, así como paradas selectivas en periodos de alta actividad de quirópteros.

Para minimizar la afección a la vegetación, especialmente en las zonas arboladas, la resolución contempla el uso de sistemas ‘Blade lifter’ (transporte inclinado de palas) y el montaje ‘just in time’, lo que reduce la necesidad de talas y la dimensión de las plataformas de acopio.

Asimismo, se ha modificado el trazado de la línea de evacuación y la ubicación de varios apoyos para garantizar que ninguna infraestructura afecte a la Zona de Especial Conservación (ZEC) Río Camesa ni a hábitats de interés como los robledales.

En este sentido, cabe destacar que la línea de evacuación será compartida con los parques eólicos Olea, Henestrosas, Morosos y Ornedo, “optimizando así el uso de infraestructuras y reduciendo el impacto visual en la zona”.

En respuesta a los informes de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico, la autorización condiciona la fase de construcción a la presentación de un Proyecto de Actuación Arqueológica, que incluirá un control intensivo y diario de los movimientos de tierra, así como la financiación de medidas compensatorias para el patrimonio local.

La empresa tendrá seis meses para presentar el proyecto de ejecución del proyecto y solicitar la autorización administrativa de construcción.

Junto a la autorización previa, la resolución una declaración de impacto ambiental favorable impone condiciones para que la ejecución del proyecto sea ambientalmente viable y no implique la “pérdida significativa” de valores ambientales, paisajísticos y arqueológicos.

Declaración desfavorable para el parque Olea

El Gobierno de Cantabria ha emitido, por el contrario, declaración ambiental desfavorable para el parque eólico Olea, que abarca los una instalación que abarca los municipales de Campoo de Enmedio, Hermandad de Campoo de Suso y Valdeolea, por sus posibles afecciones a la fauna y el paisaje.

En la resolución, que también publica el BOC este lunes, la Consejería de Medio Ambiente señala que este proyecto, promovido por Olea Energy, S.L., ha sido evaluado ambientalmente tras las sucesivas modificaciones técnicas y medidas adicionales a lo largo de su tramitación con el objetivo de reducir las afecciones identificadas por las diferentes administraciones, entidades y particulares.

Sin embargo, indica que, pese a las adaptaciones en el proyecto para reducir los impactos identificados, se considera que las afecciones no pueden ser prevenidas, corregidas o compensadas, con suficientes garantías, por las medidas propuestas por el promotor ni por otras que pudieran proponerse.

“A la vista de la evaluación ambiental practicada, los impactos negativos significativos sobre especies de fauna catalogadas como amenazadas y sus hábitats, considerados como críticos, no pueden ser prevenidos, corregidos o compensados, con suficientes garantías, con las medidas propuestas”, concluye el documento, que no será objeto de recurso, más allá de los que procedan por la vía administrativo o judicial.

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel y la asociación Gent del Matarranya han presentado alegaciones formales contra el proyecto de Red Eléctrica de España (REE) denominado “Eje Escatrón-Els Aubals-La Secuita”, una infraestructura de transporte eléctrico que pretende atravesar Aragón y Catalunya, y que podría suponer un “riesgo ambiental, territorial y social que consideramos inasumible”.

Ambas entidades consideran que el proyecto, pese a ser una única infraestructura lineal de más de 170 kilómetros, ha sido “fragmentado artificialmente” en siete expedientes administrativos repartidos entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Generalitat de Cataluña. “Aunque REE intenta presentarlo como si fueran siete proyectos distintos, sabemos —y lo reconoce su propio Estudio de Impacto Ambiental— que estamos ante un único eje eléctrico”, han alertado.

Trocearlo de esta manera, han asegurado, “no responde a ninguna necesidad técnica”, sino que es una forma de “rebajar artificialmente la magnitud de los impactos, impedir una evaluación ambiental realista y completa, vulnerar la legislación vigente y dificultar que la ciudadanía pueda entender y evaluar el proyecto en su conjunto”, han avisado.

Para explicar los impactos acumulativos que desaparecen al fragmentar el proyecto, las entidades han detectado que, si se analiza el eje completo —“como exige la lógica y la ley”—, el impacto es “evidente”, y argumentan que puede generar “un efecto barrera continuo para la fauna a lo largo de más de 170 kilómetros, una pérdida crítica de conectividad ecológica, impactos acumulados sobre especies protegidas como el águila perdicera, afecciones a espacios de la Red Natura 2000, y una presión añadida sobre el paisaje, el suelo agrario y los corredores naturales”.

Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) analiza cada tramo como si no tuviera relación con el resto. Por ello, creen que evaluar piezas sueltas es una forma de “ocultar la dimensión real del daño, y que lo que afecta al territorio es el conjunto”. Además, la fragmentación del proyecto obliga a vecinos y ayuntamientos a revisar siete expedientes distintos y miles de páginas dispersas. Esto dificulta “enormemente” presentar alegaciones informadas y compromete la autonomía municipal, ha comentado ambas entidades. “La ciudadanía no puede defender su territorio si la información se presenta de forma deliberadamente fragmentada”, han agregado.

Ambas entidades afirman que este eje eléctrico no es una infraestructura aislada, sino que está directamente vinculado a la evacuación de macrocentrales eólicas y fotovoltaicas proyectadas en Aragón, que “soporta una presión enorme por la implantación masiva y desordenada de renovables, y esta línea sería la infraestructura que permitiría seguir ampliando esa saturación”. Añaden que el EsIA “evita analizar” la relación entre la línea y las plantas de renovables que la justifican, pese a que la ley obliga a ello.Tras esta exposición, tanto la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel como Gent del Matarranya han solicitado declarar “insuficiente” el Estudio de Impacto Ambiental, por no evaluar el proyecto en su integridad. Por el momento, la empresa Red Eléctrica no se ha pronunciado sobre el asunto al ser contactada por este medio.

Precedente de la inviabilidad

En 2021 se evaluó un proyecto prácticamente idéntico —el “Clúster Begues”— y fue declarado ambientalmente inviable por la Generalitat de Catalunya debido a sus impactos críticos sobre el águila perdicera y la Red Natura 2000. El Miteco confirmó esa inviabilidad en enero de 2025.

A este respecto, han subrayado que la legislación es clara para subrayar que “no se puede repetir indefinidamente el mismo proyecto, y no se pueden admitir proyectos sustancialmente análogos a otros ya rechazados. Y este lo es”, han zanjado.

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel y la asociación Gent del Matarranya exigen a REE un nuevo EsIA “único e integrado”, que analice el eje completo y sus impactos acumulados; inadmitir el proyecto, aplicando el artículo 39.4.c) de la Ley 21/2013, por ser sustancialmente análogo al proyecto rechazado en 2021; y retrotraer el procedimiento si no se inadmite, para corregir el alcance del estudio. Además, reclaman que se garantice una evaluación ambiental transparente, rigurosa y coordinada, respetando los principios de prevención y no regresión.

Para estas entidades, que han presentado estas alegaciones en coordinación con otras plataformas de Aragón y Catalunya con las que comparten análisis, preocupaciones y estrategia, este proyecto “no es una simple línea eléctrica, sino una infraestructura que condicionará el futuro del territorio y que se suma a una presión renovable ya insostenible”. Por ello, han hecho un llamamiento a la ciudadanía, a los ayuntamientos y a las instituciones para que “defiendan el paisaje, la biodiversidad y el derecho de los pueblos a decidir sobre su propio territorio”.

El Tribunal Constitucional levanta la suspensión provisional que había aplicado hace un mes a varios puntos de una ley gallega referidos a la repotenciación eólica y la equiparación entre dependencia y discapacidad. Esa suspensión se había aplicado de forma automática al admitir a trámite el recurso contra esa norma que presentó el Gobierno central, con el argumento de que invade competencias estatales.

El Alto Tribunal informó este martes de que la decisión de levantar la suspensión se tomó por unanimidad en el pleno, en el que se revisó la medida que afectaba a varios apartados del artículo 30 y a uno del artículo 45 de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó a los presupuestos gallegos de 2025. En el primer caso, la suspensión afectaba a la obligación de repotenciar los parques eólicos transcurridos 25 años y, en el segundo, el desacuerdo fundamental gira en torno a la equiparación que hace la ley gallega entre el reconocimiento de un grado de dependencia y uno de discapacidad.

Al admitirse a trámite el recurso del Gobierno, se aplicó el artículo de la Constitución que señala que la impugnación de una resolución adoptada por una comunidad autónoma produce su suspensión, pero el Constitucional debe ratificarla o levantarla en un plazo que no debe superar los cinco meses. La decisión definitiva queda pendiente de la sentencia, que se emitirá en los próximos meses.

El Constitucional señala que tanto la Xunta como el Parlamento de Galicia solicitaron levantar la suspensión con el argumento de que “no concurría la apariencia de un derecho en la pretensión del Estado” ni se producían perjuicios irreparables en el interés público o de particulares. El abogado del Estado sí reclamó que se mantuviese la medida.

En su nota informativa, el Tribunal considera que no hay perjuicios irreparables si se aplican los preceptos impugnados. Sobre la habilitación de zonas adecuadas para la instalación de parques eólicos argumenta que la creación de estas zonas depende de que se aprueben antes planes de ordenación del territorio, lo que hace que los posibles perjuicios para el interés del Estado sean “hipotéticos”. Tampoco ve daño grave en el punto que permite que se suspenda el plazo para obtener la autorización de explotación en los parques que hayan sido llevados ante la Justicia.

Analiza también el punto que habla de la repotenciación y concluye que hacerla efectiva defiende más el medio ambiente que impedir tal repotenciación.

Sobre el artículo que homologa los baremos de la discapacidad y de la dependencia, el Constitucional considera que los perjuicios para el interés público “no resultan ciertos ni actuales ni efectivos”.

La Xunta cargó en varias ocasiones contra el Gobierno central por haber recurrido varios puntos de su normativa. Antes de la impugnación, las dos administraciones se habían sentado a negociar, pero no lograron un acuerdo sobre todos los artículos y finalmente se presentó el recurso. El Gobierno gallego había anunciado que se personaría en el proceso y acusó al central de haber provocado la paralización del plan autonómico de agilización en la atención a la dependencia y de dejar en el aire la repotenciación de 16 parques eólicos, que pasarían de tener 572 a 112 molinos.

Medio centenar de personas se han reunido este viernes ante el Ayuntamiento de Villafufre, convocados por la plataforma Son Gigantes, para hacer visible el rechazo a los polígonos eólicos Astillero I y Astillero II tras cerrarse esta semana el plazo para presentar alegaciones.

Así, el acto ha servido para hacer una entrega simbólica de las alegaciones populares, para la que los colectivos han recogido 11.240 firmas en contra de estos proyectos que afectan a varios municipios del interior de Cantabria, y con ello mostrar la “oposición social” y visibilizar el trabajo técnico y jurídico desarrollado en los últimos meses.

“Estas firmas no son solo números: son casas vividas, montes recorridos, pueblos vivos”, han subrayado los participantes en la concentración, que han portado pancartas con lemas como 'Polígonos eólicos NO. Los Valles Pasiegos se defienden'.

Al acto han acudido vecinos de distintos valles y algunos representantes municipales. Un portavoz de la plataforma, Miguel Ángel Carbonell, ha denunciado que “estos proyectos son auténticos catálogos de promesas vacías y argumentos falaces, construidos para justificar un expolio que se disfraza de transición energética”.

Además, se ha leído un manifiesto en el que la plataforma ha reivindicado que “no existe transición justa que pase por destruir territorios vivos”. Frente a un modelo presentado como “verde”, el colectivo ha denunciado una implantación que “fragmenta hábitats, altera paisajes culturales y convierte valles habitados en zonas de sacrificio”.

Alegaciones

Las alegaciones han sido canalizadas a través de Territorio Cántabro, y las de carácter técnico han sido compartidas con la Mancomunidad de los Valles Pasiegos y con los ayuntamientos de Miera y San Roque de Río Miera.

Las alegaciones técnicas advierten de una “incoherencia” en las previsiones acústicas, ya que Astillero I, con más aerogeneradores, presenta estimaciones acústicas “inferiores a las del polígono Benavieja”, situado en la misma zona y con menos máquinas.

Además, añaden que “más de 400 edificios residenciales quedarían a menos de 200 metros de la línea de alta tensión proyectada en municipios como Penagos, Villaescusa y El Astillero”, y que “cerca de 200 cabañas incluidas en el Catálogo de Cabañas y Cabañales se sitúan a menos de un kilómetro de los aerogeneradores, con una afección directa al modo de vida tradicional pasiego”.

Los proyectos Astillero I y Astillero II, promovidos por Green Devco Energy, prevén una potencia instalada de 90 MW y 66,5 MW respectivamente, mediante un total de 35 aerogeneradores.

Según los anteproyectos sometidos a información pública, las torres alcanzan los 113 metros de altura, con rotores de 163 metros de diámetro y una altura máxima a punta de pala de 194,5 metros, e incluyen infraestructuras comunes de evacuación -subestaciones y líneas eléctricas- que afectarían a los municipios de Liérganes, Penagos, Miera, San Roque de Río Miera, Villafufre, Santa María de Cayón, Saro, Villaescusa y El Astillero.

La plataforma ciudadana Son Gigantes ha recopilado más de 11.000 firmas para las alegaciones contra los polígonos eólicos Astillero I y II y sus infraestructuras asociadas.

Así lo ha anunciado este jueves la agrupación, coincidiendo con el cierre del plazo legal de presentación de alegaciones, abierto tras la publicación de los anteproyectos en el BOE y el BOC el 23 de diciembre de 2025.

Las alegaciones técnicas advierten, entre otros aspectos, de la exposición de población cercana a niveles de ruido potencialmente superiores a los límites normativos, de la proximidad de líneas de alta tensión a viviendas y de impactos sobre la salud pública, los acuíferos y la biodiversidad, además de una afección directa al modo de vida tradicional de los Valles Pasiegos. “Las compensaciones económicas son temporales; la pérdida de valor ambiental, paisajístico y cultural es estructural, con efectos que pueden prolongarse durante generaciones”, señala la plataforma.

En un comunicado, Son Gigantes ha señalado que, desde julio de 2025, tras la salida a información pública del polígono eólico Benavieja, “los proyectos se han sucedido bajo distintos nombres y empresas, generando una tramitación fragmentada cuyos impactos se acumulan sobre las mismas zonas”. La plataforma, integrada por vecindad y colectivos de distintos valles, ha coordinado desde entonces un trabajo continuado de información técnica, acompañamiento vecinal y elaboración de alegaciones.

En el caso de Astillero I y II, el trabajo del equipo técnico voluntario y especializado ha dado lugar a dos documentos técnicos de más de 200 páginas cada uno, que analizan en detalle los impactos ambientales, paisajísticos, territoriales y socioeconómicos de ambos proyectos.

Las alegaciones han sido presentadas a través de Territorio Cántabro, entidad jurídicamente constituida para la defensa del territorio frente a macroproyectos energéticos. Además de las miles de alegaciones populares, Son Gigantes ha cedido sus alegaciones técnicas a la Mancomunidad de los Valles Pasiegos y a los ayuntamientos de Miera y San Roque de Riomiera, con el objetivo de reforzar la oposición institucional desde el ámbito local.

Como cierre visible de este proceso, la plataforma ha convocado a la ciudadanía a un acto público que tendrá lugar este viernes 6 de febrero a las 11.00 horas en el Ayuntamiento de Villafufre y que será también un espacio para la palabra y la música popular. Un grupo de pandereteras pondrá voz a la movilización a través de coplas.

Los proyectos Astillero I y Astillero II, promovidos por Green Devco Energy 10, S.L.U. y Green Devco Energy 8, S.L.U., contemplan una potencia instalada de 90 MW y 66,5 MW respectivamente, mediante 35 aerogeneradores.

Según los anteproyectos sometidos a información pública, los aerogeneradores cuentan con 113 metros de altura de torre, 163 metros de diámetro de rotor y alcanzan 194,5 metros de altura máxima a punta de pala, además de incorporar infraestructuras comunes de evacuación -subestaciones y líneas eléctricas- que afectan a numerosos municipios del interior de Cantabria.