La organización Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio han convocado dos marchar de protesta este fin de semana contra “la falsa transición verde” del polígono eólico Bustasur y de los siete almacenes de baterías de energía que se proyectan en Cantabria.

El sábado 3 de octubre han oganizado la primera marcha en protesta por el polígono eólico Bustatur en el sur de Cantabria. El punto de encuentro es el lavadero público de Villanueva de las Rozas, desde donde saldrán a las 10:30 horas de la mañana en una marcha que se prevé que tenga una duración de dos horas.

El domingo, una segunda ruta familiar en Astillero ante uno de los siete proyectos de baterías “Bess” que se están tramitando en la comunidad. Unos seis kilómetros de recorrido que partirá también a las 10:30 horas desde el parking del polígono de Morero, junto a la segunda rotonda, en Astillero.

Esta movilización se produce “ante la avalancha de megaproyectos energéticos”, explica la organización que con estas dos acciones consecutivas pretende seguir sensibilizando sobre el terreno “con ejemplos concretos del expolio de los territorios, la estafa económica y los ecocidios ambientales que implica este modelo de falsa transición verde”.

Un modelo que -en su opinión- supone una continua “transacción económica” al servicio de grandes empresas como Red Eléctrica Española, Iberdrola, Repsol o EDP Renovables, entidades bancarias como el Banco Santander, grandes fondos de inversión como BlackRock.

“Todo ello con la complicidad de las administraciones públicas con sus autorizaciones y resoluciones favorables injustificadas, instituciones públicas como la Universidad de Cantabria, a través de la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria y la Fundación Leonardo Torres Quevedo”, denuncian.

Además, los Colectivos Vecinales reprochan que cada vez que convocan una acción informativa y de protesta “como reacción aparecen publirreportajes” en medios de comunicación.

Contra los almacenes de energía

Las plantas de baterías Bess, que almacenan energía, son para ellos “una nueva amenaza” que a su juicio “implica una pata más de este modelo especulativo que hacen llamar transición verde”.

Por ahora, hay siete proyectos tramitándose en Valdeolea (Bess Mataporquera), en Castro Urdiales (Bess Elcano), Camargo (Bess Camarreal), dos en Astillero (Bess Marina de Cudeyo y Bess Astillero), y dos en Ruesga y Solórzano (Bess Cantabria 1 y Bess Solórzano).

Los dos de Astillero se encuentran actualmente en periodo de alegaciones y de recurso de alzada, respectivamente. Un tercer proyecto, el de Mataporquera, acaba de cerrar su periodo de alegaciones.

“Estos proyectos no van a la raíz del problema energético, que son los combustibles, ni a la necesidad de cambiar el modelo energético de nuestras sociedades”, apuntan.

Además, añaden que se vincularían “a los ecocidios que implican los polígonos eólicos en construcción y tramitación, así como otros megaproyectos energéticos”. A estas circunstanciase se añade el impacto ambiental y social que implica alterar los entornos donde se pretenden ubicar estas instalaciones y sus infraestructuras asociadas.

En este sentido, recuerdan que las baterías que se pretenden instalar se componen de materiales cuya disponibilidad en el mundo es muy limitada y fuente de conflictos sociales. “Su extracción implica enormes impactos ambientales y son componentes en muchos casos con un elevado grado de toxicidad si se vierten al medioambiente”, aseguran.

En cuanto a los lugares donde se pretenden instalar, a su juicio, “se verían radicalmente transformados en polígonos industriales”. En este sentido, la marcha del próximo domingo transcurrirá por la zona donde se pretende instalar el almacén de baterías de Astillero, “que destruiría un valioso entorno natural junto a la Ría de Solía”, como parte de un nuevo polígono industrial -bautizado como Federico Cobo- que incluirá también la construcción de las fases dos y tres del centro de datos Altamira.

Este polígono se situaría en territorios municipales de Astillero, Camargo, Villaescusa y Piélagos. A escasos kilómetros de este emplazamiento -denuncian- se encuentran las obras “de otro faraónico proyecto que hoy en día sigue sin tener un objetivo claro” como es el polígono industrial de La Pasiega, en Parbayón.

“Genera una enorme frustración e indignación ver el destrozo de enormes extensiones de suelos con un alto nivel de fertilidad que han sido destruidos, siendo otro ejemplo más de derroche de dinero público sin contar con la población para nada”, expresan en un comunicado los Colectivos Vecinales.

Marcha del sábado

El sábado llevarán a cabo una primera marcha en el sur de Cantabria, para recorrer el área donde se pretende instalar el polígono eólico Bustatur. Uno de los ocho proyectos planificados en la actualidad en esta zona junto a Iguña y Soba. Áreas con una gran biodiversidad por sus humedales, bosques como Canales e Hijedo, zona estratégica de migración y vuelo de aves, hábitat del oso pardo o el patrimonio arqueológico de las guerras cántabras.

A pesar de todo ello, desde los Colectivos Vecinales vienen denunciando desde hace meses que estos territorios “se pretenden entregar al expolio” mediante el “discriminatorio Plan de Ordenación del Territorio (PROT)” que el Gobierno de Cantabria está tratando de aprobar.

En total, en un área de menos de 10 kilómetros a la redonda, se encuentran los proyectos de polígonos eólicos Bustatur, Henestrosas, Ornedo, Morosos, Somaloma-Las Quemadas, Cotío, Lomba y Anjana; así como el proyecto de baterías Bess Mataporquera.

A ello suman que en el Valle de Iguña continúan las obras para ampliar la central hidroeléctrica reversible Aguayo II, y recientemente se ha reactivado, tras su anulación por el TSJC, el proceso de tramitación del polígono eólico Alsa, “que junto a Campo Alto-La Costana y Cuesta Mayor, compone uno de los brazos adicionales al enorme polígono eólico El Escudo, actualmente con sentencia de paralización de las obras”.

Aragón generó casi 22.400 gigavatios hora (GWh) de electricidad en 2025, el doble del consumo eléctrico de la comunidad (11.190 GWh), según el último Boletín de Coyuntura Energética del Gobierno de Aragón. La comunidad sigue exportando prácticamente la mitad de lo que produce (46,5%), pero el margen se estrecha: la ratio entre producción total y consumo cae por segundo año consecutivo, al bajar en dos años del 213,4% al 200,1%. Las comunidades deficitarias que reciben este exceso de electricidad aragonesa son la Comunidad de Madrid, Cataluña, la Comunitat Valenciana o el País Vasco.

Es precisamente el peso de las renovables en ese modelo el que retrocede, y lo hace en los dos indicadores que mide el boletín a la vez, algo que no había ocurrido en ningún año en esta década. Sobre el consumo de energía primaria, la cuota renovable cae del 48% al 44,4%, mientras el gas natural recupera peso, del 23,3% al 27,8%. Sobre la producción eléctrica total, el retroceso es todavía mayor: del 90,1% de 2024 al 83,6% de 2025. Entre 2021 y 2024, ambos indicadores habían subido de forma casi ininterrumpida; 2025 es el primer año en que caen a la vez.

La eólica ilustra bien el fenómeno. La comunidad cerró el año con 5.709 megavatios (MW) de potencia eólica en funcionamiento –233 centrales, 409 MW y 16 centrales más que en 2024–, un máximo histórico. Y sin embargo produjo menos electricidad que el año anterior: 10.928 GWh, un 3,1% menos que los 11.278 GWh de 2024. El factor de capacidad –producción real frente a la máxima teórica– cayó al 21,8%, el segundo peor dato del periodo 2021-2025, solo por delante del 23,9% de 2022. Es la primera vez en la serie en que más potencia instalada no se traduce, como mínimo, en producción estable.

La fotovoltaica sí creció en todos los parámetros de potencia y producción, pero también perdió rendimiento. La potencia conectada a red aumentó un 28,9%, hasta 3.270 megavatios, y la producción subió un 5,5%, hasta 4.193 GWh. El autoconsumo –instalaciones que generan su propia electricidad– también se disparó: 19.888 instalaciones y 689 MW de potencia, frente a las 16.468 instalaciones y 560 MW de 2024. Pero el factor de capacidad fotovoltaico cayó del 17,9% al 14,6%, el nivel más bajo de todo el periodo junto al de 2021. La producción crece solo porque la nueva potencia instalada compensa sobradamente la pérdida de rendimiento por megavatio.

Gas natural

El hueco que deja la caída del peso renovable lo llena, sobre todo, el ciclo combinado, la central que quema gas natural para generar electricidad. Su producción se disparó un 115,3% en 2025, hasta 2.240 GWh, frente a los 1.040 GWh de 2024 –el mayor repunte porcentual de cualquier tecnología del año–. El propio boletín del Gobierno de Aragón vincula ese salto a un aumento directo del consumo de gas natural en la comunidad.

Ese repunte coincide con el año del apagón que se registró el 28 de abril de 2025, aunque los datos mensuales de Aragón apuntan a que el ciclo combinado ya producía muchísimo a principio de año que en 2024. La subida se intensifica en el segundo semestre, coincidiendo con las nuevas exigencias regulatorias.

Mientras, la hidroeléctrica protagoniza el mayor desplome porcentual del año: produjo 3.447 GWh, un 17,4% menos que en 2024. Ese año había sido excepcionalmente lluvioso —la producción hidroeléctrica subió un 61,1% sobre 2023—, y 2025 corrigió buena parte de esa subida puntual.

El dato más singular de todo el periodo 2021-2025, sin embargo, no está en ninguna de las grandes tecnologías, sino en el autoconsumo: las instalaciones se han multiplicado por 10,3 en cuatro años, de 1.924 en 2021 a 19.888 en 2025, y la potencia casi se ha quintuplicado, hasta 689 GW. Es el único indicador del boletín que crece todos los años sin excepción, mientras eólica, fotovoltaica a gran escala, hidroeléctrica y ciclo combinado oscilan al alza y a la baja según el año.

En realidad, el techo de la autosuficiencia renovable aragonesa no se tocó en 2025, sino antes: la producción renovable llegó a cubrir el 185,9% del consumo eléctrico en 2024, su máximo histórico, y ya bajó al 167,30% en 2025. Dicho de otro modo, la desaceleración empezó un año antes de que existiera ningún apagón al que atribuírsela.

El Consejo de Gobierno de Cantabria (PP) ha aprobado el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria (PSEC) 2021-2030, con el objetivo de reducir la dependencia energética para que la región sea autosuficiente e, incluso, que genere más energía que la que necesita, concretamente un excedente del 10,26%. Se trata de un objetivo “muy ambicioso”, teniendo en cuenta que en 2024 “solo” se produjo en Cantabria el 30% de la energía eléctrica consumida. Así lo ha anunciado el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, este viernes en rueda de prensa para informar del nuevo Plan de Sostenibilidad Energética.

Según ha explicado, esta herramienta básica de orientación estratégica para la región en materia energética entrará en vigor el próximo miércoles, 19 de agosto, tras su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), en sustitución del anterior plan 2014-2020, para dotar a los desarrollos en materia energética de “la mayor seguridad jurídica posible”.

Arasti ha señalado que, a pesar de la reducción del consumo de energía eléctrica en el periodo 2014-2023, la dependencia energética ha aumentado como consecuencia del desplome de la generación eléctrica mediante la cogeneración, pasando del 57% en 2014 al 70% en 2024.

Entre los objetivos del plan se encuentran reducir las emisiones, priorizar el uso de las fuentes renovables, mejorar la dependencia energética de la comunidad autónoma e impulsar la inversión en I+D+I en el ámbito de las tecnologías energéticas.

Estas grandes metas están asociadas al cumplimiento de objetivos específicos para el horizonte del plan, que son descender las emisiones de gases de efecto invernadero en casi un 27% respecto de las que había en 1990, así como reducir la dependencia energética, alcanzando el 46% de contribución de las energías renovables en la generación total de energía eléctrica en 2030; y reducir en un 23,5% el consumo de productos derivados del petróleo.

Para lograr estos objetivos, el plan contempla una serie de actuaciones transversales, como el fomento del autoconsumo, el uso de energías renovables, la mejora de la eficiencia en edificios, en procesos industriales y en municipios, y el fomento a la movilidad sostenible.

Ampliación de Aguayo y eólicos

En concreto, el titular de Industria ha citado proyectos como la ampliación de la central hidroeléctrica reversible de Aguayo, que va a incrementar su potencia en 1.000 megavatios más, con una inversión de 900 millones de euros, y que podría estar operativa en 2030 o 2031. Se trata de una de las mayores inversiones privadas de la historia de Cantabria, para convertirse en la segunda central de bombeo más grande de España y una de las mayores de toda Europa, tras recibir la autorización administrativa de construcción en el pasado mes de junio y la declaración el interés público de la infraestructura.

El consejero ha señalado que la segunda gran medida del Plan de Sostenibilidad es la energía eólica, que recoge una potencia objetivo de 700 megavatios, que también es un objetivo “ambicioso”, ha dicho.

Entre los proyectos más avanzados, ha dicho, se encuentra el parque Somaloma-Las Quemadas, que el pasado 23 de junio fue nuevamente autorizado y se estima que entre en servicio en el segundo semestre de 2028; y el del Escudo, cuya construcción está “prácticamente completada”, a falta de que el Ministerio de Transición Energética resuelva con urgencia los recursos existentes para que el parque pueda comenzar a generar energía este mismo año. “Estamos sentando las bases para un sector energético más eficiente, sostenible y autosuficiente, capaz de sustentar el cambio de modelo productivo que queremos para la región”, ha sentenciado.

Una fiesta como forma de protesta contra los proyectos eólicos. Música, dj´s y baile. Pero no solo, también un espacio de encuentro y de información. De esto va la romería que ha organizado la plataforma Son Gigantes, en la finca El Rosequillo, en Villaescusa: “Para mostrar que en el medio rural no solo se resiste, sino que se construye y se crea arte frente a la industrialización de los montes”. El matiz lo marca Alejandro Isidro, portavoz de la romería, que señala que todo lo recaudado en el evento irá destinado al fondo jurídico común “para defender a todos los valles de Cantabria frente a estos polígonos”.

Son Gigantes opera fundamentalmente en Trasmiera, pero “como la batalla en Trasmiera parece más controlada gracias a las miles de firmas y la presión vecinal, el foco de la lucha más fuerte está en el centro-sur”, advierte Isidro, portavoz de los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio. Nacido en 1990, vive en Liérganes y cuenta que se metió en la lucha contra los eólicos porque su familia es de San Roque de Riomiera. En su grupo, dice, participa gente “muy diversa y sin afiliación política”: educadores, agricultores, de Iguña, Campoo o Trasmiera: “Nuestro objetivo es defender el territorio frente a una proyección desorganizada que no cuenta con la opinión local”.

En Son Gigantes denominan a los molinos macroproyectos energéticos. ¿Por qué?, ¿cuál es el riesgo?

Nosotros utilizamos tanto macroproyectos energéticos como el término polígono eólico. No utilizamos parque eólico porque, sea en los montes o en llano, constituyen una industrialización del terreno que requiere una enorme cantidad de hormigonado, elaboración de pistas, anclajes y uso de estructuras metálicas que son prácticamente imposibles de reciclar. A nuestro juicio, esto es un polígono industrial, igual que los que hay a las afueras de Torrelavega o Santander; lo montado en el Escudo es un polígono, no un parque. Son macroproyectos porque, lejos de estar enfocados al abastecimiento local a pequeña escala o de forma descentralizada, constituyen polos de concentración de generación eléctrica para mover la energía a través de redes de distribución, que es donde está el beneficio empresarial. Esto genera impactos en aguas manantiales, corrimientos de tierra y destrucción de bosques autóctonos, invadiendo suelo rústico de protección especial que debería dedicarse a la conservación o al aprovechamiento ganadero para garantizar la soberanía alimentaria. Además, se está proyectando una cantidad de electricidad que supera con creces lo que realmente se puede aprovechar en este país, según informes de expertos.

El Banco de España emitió un informe en el que concluía que los polígonos eólicos no asientan empleo en los entornos rurales

¿Es un reto convencer a las comunidades de que el beneficio, como defiende Son Gigantes, es menor que el riesgo?

Depende mucho de la propaganda y la capacidad de presión de las empresas. En Cantabria hemos visto que, cuando hay una respuesta potente, como en la zona pasiega, el Gobierno se pone de perfil o informa desfavorablemente. Sin embargo, cuando hay una presión fuerte como en el Escudo —proyecto de una filial de Iberdrola financiado por el Banco Santander y promovido por el Gobierno—, se despliega una maquinaria de propaganda difícil de contrarrestar. Aun así, en los pueblos y en los puntos nacionales afectados por el polígono del escudo hay de todo; hay gente que se ha mostrado a favor y hay gente que se ha mostrado en contra. Hubo mucha gente que se mostró en contra al principio, pero cuando el propio gobierno se salta la normativa aplicable y termina haciendo la construcción a pesar de todas las irregularidades que hemos ido enunciando, pues llega un momento en el que también juegan un poco con el desgaste y con ciertas promesas de que la luz va a ser gratis. Luego hay mantras que se repiten como la lucha contra la despoblación y la generación de empleo, que son los dos grandes mantras con los que se intenta convencer de las bondades de estos polígonos. Hay informes que lo desmienten claramente: en 2023 el Banco de España emitió un informe en el que concluía que los polígonos eólicos no asientan empleo en los entornos rurales donde se instalan. Generan cierto empleo durante los 18-24 meses de construcción, pero la mayor parte de esos empleos no se dan en las zonas donde se plantan porque requieren de mano de obra cualificada. Además, pasados esos dos años de construcción, durante la época de mantenimiento son muy pocos empleos, altamente cualificados y la mayoría de ellos en remoto. Es decir, que pasados dos años no se ha generado prácticamente empleo y en muchos casos tampoco hay una fijación de población, sino todo lo contrario. En el caso de Cantabria tenemos el ejemplo de Soba, el único ayuntamiento con polígonos eólicos instalados; desde 2006 ha perdido habitantes al ritmo similar al que los venía perdiendo antes, incluso más, y sigue siendo el municipio con menor renta per cápita de Cantabria, con lo cual ni dinero, ni empleo, ni fijación de población. Nosotros intentamos convencer con esos argumentos porque consideramos además que las desventajas que traen —afecciones al suelo, a las aguas, a la salud que se han constatado por distintos estudios científicos, afecciones de tipo ecológico y medioambiental— son mucho mayores que los beneficios que puede aportar, sobre todo cuando no hay una planificación real ni un objetivo de transición ecológica real con una reducción del consumo y una descentralización.

en los Valles Pasiegos, un argumento de peso fue la devaluación del precio de las cabañas ante el potencial turístico

A la hora de apelar a los vecinos indecisos, ¿las afecciones del impacto ecológico en el territorio surten efecto o tienen más impacto las afecciones directas a la vida humana?

Ambas cosas están entrelazadas. Por ejemplo, en los Valles Pasiegos, un argumento de peso fue la devaluación del precio de las cabañas ante el potencial turístico. Pero cuando el polígono del Escudo destroza turberas protegidas por la Unión Europea, eso pone en peligro los acuíferos de los que se abastece buena parte de Cantabria; ahí lo ecológico toca directamente la salud humana. En nuestros colectivos hay gente muy diversa con perspectivas distintas. Recuerdo a ganaderos decir: “nosotros no podemos ni desbrozar un poco para el ganado y luego vienen ellos y montan esta pista de hormigón”. Al final, lo que un urbanista ve como algo no ecologista, para un ganadero es poner por delante el uso sostenible del suelo frente a la industrialización.

Echando la vista atrás, a la última gran lucha ambiental en Cantabria, ¿tiene la impresión de que cuesta más interiorizar la gravedad de un proyecto eólico versus el impacto del fracking?

Sí, porque ahora hay una apuesta muy fuerte de las instituciones y los gobiernos por lo que llaman energías renovables, lo cual dota a estos proyectos de una propaganda verde que el fracking no tenía. El fracking era imposible de recubrir de esa pátina y ya había casos probados de contaminación muy graves en otros países. Además, mucha gente en ámbitos urbanos vive de espaldas al medio rural y no ve los perjuicios directos. Aun así, se ha generado ya un caldo de cultivo para la respuesta porque territorios como Aragón, Galicia o Castilla y León ya están saturados, aunque cueste más que con el fracking.

¿Qué caracteriza empresarialmente a los proyectos eólicos que han tratado de implantarse en Cantabria?

Hay de todo. Desde empresas subsidiarias creadas ad hoc sin experiencia previa en el sector, que buscan captar subvenciones europeas, hasta grandes multinacionales como Iberdrola o Repsol. Detrás hay financiación de entidades como el Banco Santander y fondos de inversión. También denunciamos el papel de la Universidad de Cantabria, que da espacio a talleres y encuentros de este entramado empresarial, funcionando a veces como un altavoz de proyectos privados en lugar de generar un debate público y científico sobre la implantación masiva de estas energías y sus contradicciones. Creemos que es una burbuja especulativa, similar a la inmobiliaria, que no responde a una planificación ordenada para reducir el consumo.

Cantabria tiene muchos cordales con viento, aunque muchos molinos no podrían funcionar en picos de viento sur por seguridad

¿Cuál es la zona más atractiva de Cantabria para estas empresas y por qué?

Cantabria tiene muchos cordales con viento, aunque muchos molinos no podrían funcionar en picos de viento sur por seguridad. Tras la fuerte respuesta en Valles Pasiegos y Trasmiera, el actual Gobierno redactó un Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que declara esas áreas, junto con el Saja y Picos, como zonas de exclusión eólica. Solo quedan como aptas Campoo, el sur de Cantabria y Valderredible. El argumento oficial es que tienen menos valor natural o paisajístico, lo cual es falso. El criterio es claramente electoralista: hay menos población, menos resistencia y así no se molesta a tanta gente. Básicamente se sacrifica el sur para no perjudicar el modelo de “turismo infinito” de la costa y los valles del norte, donde un polígono eólico “no quedaría bien” visualmente.

¿Cuántos proyectos eólicos hay vigentes?

Tenemos un total de 18 polígonos eólicos en distintos estados de tramitación. La mayoría de ellos están en el centro-sur de Cantabria, pero todavía quedan algunos en tramitación en otras áreas. En Trasmiera tenemos cuatro polígonos en información pública, Moncubo y luego tres muy próximos entre sí, Fuente del Pico, Las Mazas y Sierra del Sel, que realmente deberían conformar un solo proyecto y que se encuentran a apenas 2 km del Parque Natural de las Marismas de Santoña. En los Valles Pasiegos y zonas aledañas tenemos Astillero I y Astillero II en información pública, pero con informe desfavorable del Gobierno de Cantabria (los tramita el Estado al ser de más de 50 MW). En Soba, donde están los únicos dos polígonos en funcionamiento y que según el PROT sí podría albergar más; tenemos el polígono Sierra de Zalama, que de momento solo cuenta con autorización administrativa previa. Se ubica en una zona conocida por la importancia de sus turberas, al igual que la Sierra de El Escudo.

El caso de Somaloma-Las Quebradas ha sido nuestra primera victoria jurídica importante y debería sentar precedente

Menciona El Escudo, ¿cuál es la zona que más preocupa actualmente a la plataforma?

La amenaza se centra en el sur de Iguña y comarca Campoo-Los Valles, zona declarada por el Gobierno para el desarrollo eólico. De norte a sur, aquí tenemos por supuesto El Escudo, (Luena, Campoo de Yuso y Molledo), construido casi en su totalidad a pesar de todas las irregularidades e incumplimientos que hemos denunciado de mil formas posibles; ahora está paralizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), sin que sepamos del todo por qué, lo cual no deja de ser un tanto sospechoso. Al norte del embalse del Ebro, en terrenos de Campoo de Yuso, Santiurde de Reinosa y San Miguel de Aguayo, tenemos Campo Alto-La Costana, Alsa y Cuesta Mayor. Estos son los siguientes más avanzados, pues cuentan con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable y autorización de construcción. A todos ellos hemos presentado demanda contencioso-administrativa con pericial, pendiente de resolución. Al sur del embalse del Ebro tenemos, por un lado, el PE Somaloma-Las Quemadas, en términos de Las Rozas de Valdearroyo, Campoo de Enmedio y Valdeprado del Río. Lo de este polígono también es surrealista: tenía autorización de construcción y DIA favorable, por lo que lo llevamos a contencioso-administrativo y lo ganamos. Luego, el Tribunal Superior de Justicia anuló la autorización y condenó a costas a la administración y a la codemandada, fundamentalmente por inadecuada evaluación ambiental de los impactos sinérgicos, es decir, los impactos derivados de la acumulación de hasta 6 polígonos en un radio de apenas 10 km, que deberían evaluarse conjuntamente. Ha sido nuestra primera victoria jurídica importante y debería sentar precedente. Sin embargo, el Gobierno regional va y saca a información pública un nuevo proyecto, prácticamente igual, tras declararlo de utilidad pública. Vamos a intentar tumbar este proceso remitiendo a la sentencia firme de la magistrada. Cerca tenemos el PE Bustatur (Las Rozas de Valdearroyo), que ha sufrido varias modificaciones y también ha sido declarado recientemente de utilidad pública, a lo cual hemos presentado también un recurso de alzada, por el momento sin respuesta. Los siguientes en estado avanzado serían los PE Cotío (Campoo de Enmedio y Las Rozas de Valdearroyo) y Morosos (Valdeolea). Cuentan con DIA favorable y autorización administrativa previa, ante la cual hemos presentado recursos de alzada, de momento sin respuesta. En Valdeolea hay otros dos con DIA favorable, pero aún sin autorización administrativa previa: Ornedo y Henestrosas. Y por último, recientemente salió a información pública otro polígono de gran extensión, llamado Anjana, que abarcaría terrenos de Campoo de Enmedio, Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible y Alfoz de Santa Gadea en Burgos. Parece una tomadura de pelo que le den el nombre de un hada mitológica de los bosques a un proyecto que precisamente afectaría a uno de los robledales más importantes de España, el Monte Hijedo. De momento, está en información pública, sin ninguna autorización. Veremos.

Son muchos y en muy distintas situaciones. A veces cuesta seguir el estado de los expedientes de los proyectos y su judicialización...

Cuesta y nos cuesta a nosotros también. Quiero decir, hay un entramado institucional y burocrático asociado a ello. Varias veces se autorizan polígonos en pleno verano, en el momento en que la mayor parte de la gente quizá está de vacaciones. Entonces, es complicado seguirlo todo y es complicado alegar a todo: es una tramitación enrevesada; hay algunos polígonos que han salido varias veces con modificaciones, para poder tramitarlo en función de las condiciones... Muchas veces, vuelven a sacar el mismo proyecto, en el mismo sitio, con otra empresa.

¿Qué postura diría usted que tiene el Gobierno del PP respecto a las empresas que quieren instalar eólicos en Cantabria?

La apuesta del gobierno actual ha sido claramente un desarrollo eólico masivo. Creo que la palabra utilizada por Roberto Media ha sido “desbloquear” la situación del desarrollo eólico en Cantabria. En la zona de los pasiegos, una vez vieron la respuesta social, que fue muy fuerte —esto ya sucedió con el gobierno anterior de Miguel Ángel Revilla, cuando Garma Blanca y Ribota—, el Gobierno contemporizó al sacar un PROT que excluye esa zona. Pero en las otras zonas apuestan por un claro desarrollo eólico con un montón de proyectos sin seguir criterios técnicos y coherentes. Hay proyectos desestimados en ciertas zonas, mientras en otras con similares o superiores valores ecológicos, ambientales, culturales e históricos, como es el caso de la sierra del Escudo o de Somalomas- Las Quemadas, se aprueba e incluso después de los varapalos jurídicos se sigue apostando por ellos. Yo creo que el Gobierno de Cantabria no sigue criterios técnicos, medioambientales, sino que apuesta claramente por facilitar la tramitación a las empresas, dentro de una dinámica general que se puede calificar como una burbuja, pues se está proyectando más generación de energía eléctrica de la que se consume. Y la prueba está en el PROT planteado, con el cual el Gobierno de Cantabria apuesta claramente por la especulación eólica en el sur y la turistificación masiva en la costa y la cabecera de los valles cantábricos. El Gobierno intenta salvaguardar de alguna manera la imagen prototípica de Cantabria y desarrollar turísticamente esa zona, y las otras zonas desarrollarlas eólicamente porque no le importa lo que pase, tampoco importa las especies que haya, ni los bosques que se van a destrozar.

¿Es necesario plantear fórmulas alternativas como una romería para que cale un mensaje al margen de manifestaciones?

Frente a un desarrollo que no consulta a las comunidades, nuestra propuesta es devolver al territorio la dimensión humana: juntarse, hablar y conocer proyectos culturales o agroecológicos locales. Queremos enviar el mensaje de que tenemos voluntad de seguir unidos y resistiendo como comunidad. La romería en Villaescusa sirve para recaudar fondos para la lucha jurídica, pero también para mostrar que en el medio rural no solo se resiste, sino que se construye y se crea arte frente a la industrialización de los montes. El encuentro y la fiesta también son una forma de resistir al pesimismo, la polarización y al enfrentamiento, dotándolo de contenido social con charlas y reflexión sobre cuánta energía necesitamos realmente.

La Plataforma Son Gigantes reunirá el domingo 2 de agosto, desde las 12.00 horas, música, actividades familiares, artesanía y productos locales en La Concha de Villaescusa. La jornada recupera la programación festiva aplazada en mayo con una propuesta ampliada y vuelve a situar en el centro una cuestión decisiva: cuánta energía necesitamos, para qué y para quién; cómo reducir el consumo y reorganizar la producción a una escala ajustada a las necesidades reales; y cómo evitar que el despliegue de macroinfraestructuras eléctricas concentre sus costes ambientales, materiales, paisajísticos y sociales en el medio rural hasta convertirlo en una zona de sacrificio.

La lluvia obligó a aplazar en mayo la programación festiva al aire libre, pero no deshizo el encuentro. Más de un centenar de personas participaron entonces en la Feria de Energía y Territorio, celebrada bajo techo en la Casa de Cultura de Rosequillo, con las intervenciones de la activista y escritora Yayo Herrero; Javier Tobías, integrante del colectivo aragonés No es sequía, es saqueo; representantes de Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio, y Francisco José Vaquero Robustillo, director de documentales como 'Vidas irrenovables' o 'Ladrones de fuego'.

Ahora, Son Gigantes recupera la dimensión festiva de aquella convocatoria en la arbolada finca de Rosequillo. Con acceso gratuito y actividades durante todo el día, la romería reunirá música en directo, propuestas infantiles, cuentacuentos, teatro, un mercado de artesanía y producción local, así como espacios de encuentro e información. “No nace como un festival añadido a una reivindicación, sino como otra forma de sostenerla: encontrarse, compartir conocimiento y recordar que un paisaje no es un decorado vacío, sino un lugar vivo, sostenido por el agua, la biodiversidad, el trabajo, la memoria y los vínculos humanos”, señalan desde la plataforma.

Música, cultura y comunidad

El programa musical contará con Quique González, Casapalma, Pindio Rural, Javi Lost + La Mala Hierba, Sara Puaj DJ, Mario San Miguel, Iguña Ceilidh Band, Álvaro Fombellida, ConchaJuana, Soltxu y compañía, Chebú y DJ Aitor.

“Renovables sí, pero no así y no solo”, afirma Gema Martínez, de La Mala Hierba. Para la artista, “la jornada permite generar oportunidades para escuchar a quienes saben mucho sobre todo esto y apuestan por la defensa de nuestro territorio y el bien común”. Su participación junto a Javi Lost se integra en una programación concebida también como una forma de “apoyar a quienes trabajan denodadamente por hacer pedagogía e impulsar acciones necesarias para tratar de parar este modelo, de consecuencias devastadoras e irreversibles”. Mario San Miguel explica su presencia desde la confianza en quienes trabajan para que las decisiones sobre el modelo energético no se desvinculen del bienestar colectivo ni de la belleza de lo natural.

Quique González, por su parte, reivindica la necesidad de “defender la importancia de lo de todos por encima de los intereses de fondos de inversión y grandes corporaciones que toman decisiones pensando solamente en sus beneficios”. El músico advierte también de las consecuencias que estas transformaciones tienen sobre “el paisaje compartido y el horizonte visual y de futuro”. Desde Casapalma, Irene Atienza recuerda que “los polígonos eólicos tienen mucho impacto en el ámbito rural, que ya está bastante maltratado, y los pueblos no los quieren”.

La programación familiar incluirá el espectáculo de clown Lulú, de Vera Marina; la obra teatral 'Los seres mágicos no quieren gigantes', con Antonio Manrique; y un cuentacuentos de Nahúm Cobo del Barrio, quien afirma: “La ciudadanía debe poder decidir sobre todo aquello que le afecta de manera directa, como es el caso de la instalación de polígonos eólicos, y debemos hacerlo con compromiso y alegría, sin dejar que el pesimismo ni las presiones del poder nos derroten”.

El mercado reunirá a productores locales como Arándanos La Garma, Quesos Riscos Pasiegos, Miel Sierra del Dobra, Ajipé y Finca Gaura, junto a proyectos artesanos como Cien Nudos Más, Fragua Norte, Ecoquchu, Musoju, Somadera y Ecotela. Su presencia pondrá de relieve el papel de las economías de proximidad en la conservación del territorio, al sostener saberes, oficios y circuitos que generan y retienen valor en el ámbito local.

Defensa jurídica y trabajo colectivo

La plataforma ciudadana Son Gigantes impulsa la cita con el apoyo del Ayuntamiento de Villaescusa y de Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio. La jornada permitirá recaudar fondos para afrontar los costes de las acciones jurídicas frente a distintos proyectos eólicos de gran escala, canalizadas a través de esta última organización.

La vía administrativa y judicial resulta necesaria en determinados casos para defender los derechos de las poblaciones afectadas y proteger sus territorios. En Cantabria existen varios proyectos eólicos industriales en distintas fases de tramitación o ya autorizados, especialmente en Campoo-Los Valles y otras áreas rurales del sur de la comunidad, territorios afectados por la despoblación, pero de elevado valor ambiental, paisajístico y cultural.

Varios proyectos eólicos de gran escala se encuentran en fases administrativas diferentes como El Escudo —actualmente paralizado, pero construido casi en su totalidad pese a las irregularidades denunciadas—, Somaloma-Las Quemadas ―que fue anulado por el TSJ de Cantabria siguiendo la demanda de Colectivos Vecinales, pero ha sido nuevamente relanzado por el Gobierno vía declaración de utilidad pública―, Bustatur, Cotío, Morosos, Henestrosas y Ornedo, además de otras instalaciones e infraestructuras asociadas.

Desde julio de 2025, Son Gigantes ha promovido y registrado con el apoyo de miles de vecinas y vecinos, entidades locales y organizaciones sociales, según datos de la propia plataforma, 37.391 alegaciones frente a los proyectos Benavieja, Briesa, Las Américas 3 y 16 y Astillero 1 y 2. Su equipo técnico también ha analizado expedientes administrativos y ambientales, identificado afecciones y redactado alegaciones técnicas. Además, la plataforma ha acompañado a comunidades vecinales y ayuntamientos y ha impulsado actos informativos y movilizaciones ciudadanas.

Cuánta energía, para qué y para quién

“El problema no se resuelve sustituyendo una tecnología por otra. Como planteó Yayo Herrero durante la Feria de Energía y Territorio, es necesario preguntarse cuánta energía necesitamos, para qué, para quién y a costa de qué”, defienden desde Son Gigantes.

Durante la jornada habrá mesas informativas sobre distintos proyectos con incidencia en Cantabria y sobre los conflictos territoriales relacionados con ellos. Participarán colectivos y plataformas vinculados a la defensa del territorio y a diversas luchas ambientales y sociales, entre ellos STOP Macro-eólicas Sur de Cantabria, Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio, la Asamblea Abierta de Piélagos, Stop Biogas Karrantza Bizirik, el Sindicato de Vivienda de Cantabria y la Asociación Stop Macroplanta.

Son Gigantes reclama que las comunidades afectadas dispongan de información comprensible, capacidad efectiva de participación y evaluaciones ambientales que analicen el conjunto de las instalaciones existentes y proyectadas, en lugar de examinar cada expediente de forma aislada.

“En un momento en el que muchas decisiones sobre el suelo, la energía y las infraestructuras se toman desde kilómetros de distancia y se traducen en mapas, megavatios y expedientes, la romería propone devolver al territorio su dimensión humana: la de quienes lo habitan, lo trabajan, lo conocen y lo cuidan. Porque su defensa necesita informes, alegaciones y conocimiento técnico, pero también una comunidad capaz de encontrarse y sostenerse”, recuerda este colectivo.

El 2 de agosto, Rosequillo reunirá ambas dimensiones: información para comprender qué está en juego y música, cultura y encuentro para celebrar aquello que merece ser cuidado. Desde las 12.00 horas y con acceso gratuito, la invitación es sencilla: “Acercarse, escuchar, compartir y formar parte”.

Teruel Existe ha anunciado que presentará una batería de medidas para oponerse a la reactivación de macroparques eólicos en la comarca del Matarraña, proyectos que ya fueron desestimados o caducaron, y que ahora retoman dos empresas, Green Capital y Repsol, tras haber comprado los proyectos, en el caso de Repsol, a Forestalia.

En rueda de prensa, el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, y la consejera de la Comarca del Matarraña, Inmaculada Antón, han anunciado las medidas que se van a tomar para intentar frenar lo que consideran un intento de colar “por la puerta de atrás” proyectos caducados o desestimados.

“Si ellos lo intentan de nuevo, nosotros, con toda la fuerza que nos permite la ley y la movilización ciudadana, les diremos otra vez que no”, ha afirmado Guitarte. Además, ha señalado que tanto en las Cortes de Aragón como en la Comarca del Matarraña presentarán proposiciones no de ley y mociones para conocer la postura del resto de grupos parlamentarios ante la reactivación de estos macroproyectos.

Los ayuntamientos afectados y particulares presentarán alegaciones al considerar que estos proyectos no deberían salir adelante, ya que afectan gravemente al modelo de desarrollo que la comarca lleva décadas impulsando, basado en el patrimonio natural y cultural y que, aseguran, está dando buenos resultados.

Durante su intervención, Inmaculada Antón ha puesto de manifiesto que la Comarca del Matarraña, “ya sea de manera colateral o de manera directa, ha vuelto a estar en el punto de mira con la reactivación de los proyectos eólicos de Green Capital y Repsol, estos últimos adquiridos hace un año a la empresa Forestalia”. Green Capital, con sus parques Arlo, Céfiro y Paucali, instalará 36 aerogeneradores que junto con sus infraestructuras ocuparán parte de Mazaleón, Valjunquera, Calaceite, Valdealgorfa y Maella. A todo ello se sumarán más de 700 afecciones.

Proyectos que se solapan

Por otra parte, Repsol con sus parques Odiseo y Menecio instalará 17 aerogeneradores que junto con sus infraestructuras ocuparán territorios de Mazaleón, Valdeltormo, Valjunquera, Valdealgorfa y Maella. Se verán afectadas más de 600 fincas. Estos dos proyectos se solapan y algunos de sus aerogeneradores están muy próximos o incluso están situados en las mismas coordenadas.

La consejera ha expuesto que las empresas han hecho algunas modificaciones. “Green Capital reduce seis aerogeneradores y mueve 19 de los 36 previstos. Repsol en sus parques elimina un aerogenerador, desplaza 2 de ellos de su ubicación inicial y también hay una modificación del destino. Aun así, sus afecciones siguen siendo una brutalidad”.

Antón ha añadido que tanto Repsol como Green Capital han contactado con los ayuntamientos afectados, pero ninguna de ellas lo ha hecho con los particulares, “parte muy importante en todo esto, puesto que gran parte de las personas que viven en nuestro territorio no quieren que les destroce su principal motor económico, el sector agrícola”. Estos proyectos tendrán que ser sometidos a una nueva evaluación medioambiental, debido a que las modificaciones realizadas son sustanciales y al nuevo punto de evacuación.

La consejera comarcal ha apuntado que Green Capital en el año 2023 obtuvo una DIA negativa y a Forestalia le caducaron las licencias de obra. “Por todo esto, ayuntamientos de nuestra comarca, y también particulares, presentarán alegaciones. En los consejos comarcales también se presentarán mociones. Renovables sí, pero no así”, indica.

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ya con nueva composición sin los magistrados Luís Villares y Dolores López trasladados de forma forzosa a la sección cuarta, ha resuelto por unanimidad acoger el recurso de Adega y paralizar el parque Pena do Pico, que impulsa Greenalia con autorización de la Xunta en los Ancares lucense.

Este auto con fecha de 15 de junio de 2026, recogido por Europa Press, la Sala sostiene que “tolerar el inicio de la actividad bajo la promesa de una reparación futura e incierta contravendría la lógica más elemental de la protección ecológica, que exige evitar la producción del daño antes de que este adquiera carácter irreversible”.

En una pieza separada de medidas cuatelares, este auto da la razón a la asociación ecologista Adega y estima su solicitud de decretar la suspensión de las autorizaciones previas y de construcción emitidas por la Xunta.

“El hecho de que las codemandadas”, en referencia a Xunta y Greenalia, “invoquen un interés público general (como la transición energética), no lo convierte automáticamente en prevalente, ya que dicho interés debe coexistir armónicamente con la preservación del entorno regulado en la DIA (declaración ambiental) y los informes sectoriales”, deja claro el TSXG. “Ninguna norma valida, ni en sede cautelar ni sustantiva/principal, el desarrollo de un proyecto industrial si puede menoscabar algún elemento del medio susceptible de protección”, avisa.

En concreto, se trata de la primera paralización cautelar adoptada en un contencioso eólico tras el polémico traslado de jueces entre secciones, cuestión recurrida ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Adega censura que esos cambios fueron “una maniobra aplaudida sin disimulo por la Xunta, que achacó a la supuesta parcialidad de Villares la paralización del sector eólico del TSXG”.

Adega carga contra la “chapuza” de la tramitación ambiental de la Xunta

Esta resolución recoge los argumentos de Adega que apunta a la existencia de peligro de daño jurídico ('periculum in mora') por la afección a elementos de patrimonio natural, ya que se autorizó en un territorio (municipio de Baralla y Quiroga, en los Ancares lucenses), designado por la propia Xunta para ampliar la Red Natura 2000, considerado como zona de exclusión eólica por parte del Ministerio. Apunta a la presión sobre especies amenazadas como el aguilucho cenizo o el aguilucho pálido.

El Tribunal indica que la documentación aportada por Adega “goza de un indubidable valor indiciario y de verosimilitud que no puede ser ignorado por esta Sala”.

Al respecto, Adega carga contra la “chapuza” de la tramitación ambiental del Gobierno gallego, que “ejerce más como expedidora de permisos que como garante del patrimonio y del interés público”. “Este Auto del TSXG apunta directamente a las graves carencias en la tramitación administrativa del proyecto, particularmente en el que alcanza a la DIA (Declaración de Impacto Ambiental)”, agrega.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha eximido a la Xunta de pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras decretar que le corresponde hacerlo a la concesionaria. Es la misma decisión que había tomado en 2022 y que, entonces, fue tumbada por el Tribunal Supremo al considerar que existían dudas sobre la “imparcialidad” del juez Luís Villares. “Salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad” fue el argumento que utilizó la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Azucena Recio, para trasladar a Villares y su compañera Dolores López a la sección cuarta desde una sección tercera donde habían sido duramente criticados por PP y patronal debido a sus sentencias sobre los parques eólicos. El entorno del juez considera esta nueva sentencia, emitida por un tribunal totalmente diferente, una “buena noticia” ya que “disipa las dudas sobre su imparcialidad” pero admiten que “llega tarde”.

Entre diciembre de 2025 y enero de este año, el Supremo anuló tres sentencias de la sala tras otros tantos recursos de casación de la concesionaria del Cunqueiro poniendo en tela de juicio la “imparcialidad” de Villares, que fue líder de En Marea entre 2012 y 2016. Pese a que la Xunta de Alfonso Rueda lo había convertido en una de sus bestias negras, el juez, en todas sus resoluciones, había admitido los recursos de la Consellería de Sanidade y el Sergas (Servizo Galego de Saúde) frente al fallo de los juzgados de instancia. Tras aceptar los recursos, el alto tribunal ordenó retrotraer las causas al momento anterior a los señalamientos para resolver el fondo de los asuntos previa constitución de una sala que “garantice el derecho a un juez imparcial”. Esa sala es la que acaba de fallar en el mismo sentido que la anterior.

La decisión del Supremo sobre un “caso concreto”, algo que es –según Xuíces e Xuízas para a Democracia– “habitual en la vida normal de los tribunales”, dio a una recién nombrada presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el argumento que necesitaba para “desmantelar” –el término es también de XXpD– la Sección Tercera, que llevaba tiempo en el objetivo de la derecha política y mediática por sus sentencias que llegaron a paralizar, de forma cautelar, más de 60 parques eólicos en Galicia.

Recio y Villares compitieron por la presidencia de la Sala y en el entorno del juez existe el convencimiento de que esa supuesta falta de imparcialidad fue determinante en el apoyo a su rival por parte de los magistrados conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Recio tomó posesión en mayo y en sólo unos días firmaba la resolución que enviaba a Villares y López a la Sección Cuarta. Se amparaba en lo dicho por el Supremo: “Esto es lo que motiva la necesidad de modificar la composición personal de la Sección Tercera de esta Sala y, por consecuencia, de la Sección Cuarta”, escribió en una resolución en la que invocaba la “finalidad última” de “salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad” con que funciona una sala compuesta por dieciocho magistrados. Villares ha recurrido su traslado forzoso.

Antes, XXpD fue la primera entidad en oponerse. Consideraba que se estaba enviando a la sociedad el mensaje de que el TSXG se “doblaba” ante los intereses de las partes tras unas “inusuales” y “desmedidas” presiones. La asociación de juristas Xustiza e Sociedade pidió al CGPJ que aclarase si se podía entender “desviación de poder” en la decisión de Recio. La CIG, el principal sindicato gallego, junto a la asociación ecologista ADEGA han denunciado a la presidenta de la Sala por una posible prevaricación. Y la Fiscalía Superior de Galicia cree que los traslados adolecen de “falta de motivación” y “ausencia de criterios objetivos y precisos”, lo que puede generar “apariencia de influencia externa indebida” y de “arbitrariedad”.

La sentencia

La nueva sentencia del TSXG anula la emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela, en la que se condenaba a la Xunta a reembolsar a la concesionaria del Cunqueiro el IBI correspondiente a 2019 por un importe cercano al millón de euros. Según la Sección Tercera, la documentación del contrato “no permitiría deducir racionalmente a un licitador medio” que los derechos y obligaciones que adquiría “resultarían distintos a los previstos en dicha documentación”. Particularmente, destaca “que en el caso de que el Ayuntamiento de VIgo eliminase la exención del IBI –como sucedió–, el Sergas debía garantizar la indemnidad del futuro concesionario”.

Los jueces explican así que rechazan “una interpretación al abrigo de la documentación complementaris que suponga generar una obligación” frente a “cualquier vicisitud surgida durante la ejecución del contrato por la que esta última dejase de disfrutar del beneficio fiscal previamente existente”.

En un tono que suena a reproche, la Sala destaca que, “ante la claridad de los términos del contrato”, la regla interpretativa del Código Civil “impide acudir a alambicadas interpretaciones extraídas de documentos que carecen de naturaleza contractual para constituir nuevas obligaciones no expresamente previstas y que contradicen de forma radical su clausulado”.

El fallo de la Sección Tercera no es firme y cabe presentar, una vez más, recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio han denunciado este miércoles la aplicación de criterios políticos en la tramitación de “megaproyectos” eólicos en Cantabria.

Según los colectivos, “las instituciones cómplices suelen aprovechar la desconexión social para acelerar procesos de tramitación” de megaproyectos energéticos en Cantabria, especialmente durante el verano, en un momento en el que han recibido lo que consideran una “incomprensible noticia”, la concesión de nuevas autorizaciones para la construcción del polígono eólico Somaloma-Las Quemadas tras haber sido paralizado dos veces en los tribunales, la segunda en 2026 con sentencia firme.

En un comunicado, han mostrado su sorpresa e indignación porque, simultáneamente a la aprobación de Somaloma-Las Quemadas, se desestimaba por su “elevado impacto ambiental” la solicitud para el polígono eólico de Benavieja, ubicado frente a Cabárceno, lo que a su juicio evidencia que “algunos polígonos eólicos son descartados con facilidad, mientras otros vuelven una y otra vez en función de la zona en la que se sitúen, aplicando criterios políticos y no estrictamente técnicos ni ambientales”.

Los Colectivos Vecinales han señalado que este hecho queda confirmado por la tramitación del “discriminatorio PROT”, que pretende “entregar al expolio la comarca de Campoo-Los Valles, el valle de Iguña y el de Soba, bajo la falacia de que no existe patrimonio natural, paisajístico e histórico-cultural que preservar”, mientras que el resto de Cantabria quedaría oficialmente excluido del riesgo de estos proyectos.

Como ejemplo de la situación, han señalado que el PE El Escudo lleva más de tres meses paralizado, después de haber sido construido prácticamente en su totalidad; el PE Somaloma-Las Quemadas ha sido paralizado dos veces por los tribunales; y que, respecto de la ampliación de la presa de bombeo -el proyecto Aguayo II-, promovida por Repsol y cuyas obras se iniciaron hace semanas, la CROTU está contestando ahora a las alegaciones registradas en el verano de 2022.

La organización ha advertido de nuevo de los riesgos que implicaría una situación de escasez de agua con situaciones meteorológicas prolongadas, como las que se están viviendo estos días, “de enorme calor y sequía, en la que se prioricen los intereses de Repsol en vez de mantener los caudales ecológicos o el abastecimiento de agua a los municipios de Cantabria”.

Respecto al polígono El Escudo, han denunciado la celebración de un “lamentable curso de verano de la Universidad de Cantabria”, que consideran un “nuevo lavado verde de las empresas que destrozan el territorio”.

Por otra parte, han criticado la nueva Ley de Control Ambiental, aprobada recientemente con los votos del PP y del PRC, que consideran que “facilita la vida a las empresas promotoras de los megaproyectos energéticos, ya que no obliga a revisar desde cero los proyectos ya aprobados o en tramitación, les da continuidad y les permite modificar, prorrogar o adaptar sus autorizaciones dentro del nuevo marco”, además de posibilitar que “varios proyectos puedan apoyarse en infraestructuras comunes o ya existentes, como accesos, líneas de evacuación o subestaciones”, lo que supone “todavía más manga ancha por parte de la Administración hacia las empresas”.

Ante esta situación, han hecho un llamamiento a las organizaciones y movimientos sociales sobre la importancia de mantener criterios de denuncia “robustos y coherentes”, ante lo que consideran “incoherencias” en la reciente petición pública de SEO/BirdLife respecto del PE Anjana, en la que exige frenar el proyecto por su impacto sobre especies protegidas, y lamentan que en esa petición no se incluya la situación de otros eólicos ubicados en la misma unidad ambiental y que afectan a las mismas poblaciones de avifauna.

En este sentido, señalan que el proyecto Somaloma-Las Quemadas se encuentra a dos kilómetros de uno de los núcleos del PE Anjana, por lo que echan en falta la misma petición de SEO/BirdLife para este y otros proyectos eólicos que generan impactos similares sobre las especies amenazadas.

Finalmente, los Colectivos Vecinales han anunciado que continuarán luchando “por la vía judicial contra todos estos polígonos, movilizándose en las calles y trabajando para situar en los medios de comunicación información rigurosa y técnica”.

La doctora en Ingeniería Industrial y profesora de Ingeniería Eléctrica Raquel Martínez ha analizado la situación energética de Cantabria en el marco de un curso de verano monográfico de la Universidad de Cantabria sobre la capacidad de la comunidad para valerse de sus propios recursos mineros y energéticos. Martínez ha participado en 28 proyectos de investigaciones y actualmente forma parte del Grupo de Tecnologías Electro‑Energéticas Avanzadas (GTEA) de la UC, contando con una amplia trayectoria en la investigación de la integración de energías renovables y eficiencia energética. Además, es coordinadora del máster en Formación Permanente en Energías Renovables y Gestión Energética.

El título de su curso menciona el “abastecimiento sostenible de Cantabria”. ¿Es realista pensar que la región puede ser autosuficiente?

Es fundamental empezar aclarando que hablar de un autoabastecimiento total es, en la práctica, una utopía. Especialmente en el ámbito energético, no tiene sentido plantearse la autonomía absoluta de una sola región. Formamos parte de un mercado eléctrico integrado a nivel nacional e incluso europeo, lo que significa que la electricidad fluye según la eficiencia del sistema global. El objetivo real que debemos perseguir es una estrategia para reducir las dependencias externas y participar de forma activa en ese paradigma de generación. En este mercado único, técnicamente nos es indiferente si la energía se genera en Madrid, Andalucía o aquí, pero lo que sí es vital para Cantabria es “poner su granito de arena” aprovechando los recursos en los que somos competitivos para fortalecer el sistema conjunto.

Siendo así, ¿podría estimarse un porcentaje aproximado del potencial real de autonomía de la región sin caer en expectativas falsas?

Como ingenieros, podemos calcular cifras exactas sobre el potencial técnico basándonos en los recursos naturales disponibles, como el viento o el agua. Sabemos que Cantabria es rica en estos recursos, pero los proyectos no surgen de forma automática solo por existir el recurso. La viabilidad de una instalación depende de un equilibrio extremadamente complejo: financiación asegurada, cumplimiento estricto de normativas medioambientales y soluciones técnicas que se adapten a terrenos a veces muy difíciles. Por tanto, más que dar un porcentaje de autonomía, lo que analizamos es la capacidad de desarrollar proyectos que sean económica, técnica y ambientalmente viables.

El autoabastecimiento total de Cantabria es una utopía, la clave es la diversificación

En la formulación del curso se ha mencionado que uno de los principales obstáculos en Cantabria para las renovables es social. ¿Por qué ese rechazo es tan fuerte en nuestra comunidad?

Cantabria tiene una identidad muy vinculada a su entorno natural y actualmente su economía está muy enfocada hacia el turismo. Esto genera una sensibilidad especial ante cualquier instalación que pueda alterar el paisaje. El rechazo social suele estar motivado principalmente por el impacto visual o ambiental en nuestras montañas, incluso cuando hablamos de instalaciones cuya naturaleza es, irónicamente, sostenible, como los parques eólicos. Las barreras técnicas o administrativas son superables mediante ingeniería y localización adecuada, pero la barrera social es la más difícil de gestionar. A menudo, no basta con ofrecer compensaciones económicas; el ciudadano siente que pierde algo que el dinero no puede pagar, que es su entorno.

¿Qué se puede hacer para superar esa barrera social o alcanzar un equilibrio?

El cambio de mentalidad es notable. Actualmente, cualquier gran proyecto —ya sea energético o minero— incluye planes de restauración medioambiental extraordinariamente minuciosos. Durante el curso hemos visitado instalaciones como el parque eólico del Escudo y Dolomitas del Norte, y hemos comprobado que una parte muy sustancial del presupuesto total se destina ahora a la recuperación del entorno. Estas medidas, que hace unos años eran mínimas o inexistentes, hoy son centrales en los proyectos. Existe un esfuerzo técnico real por alcanzar una “paz social” con las comunidades locales y cumplir con una legislación de evaluación ambiental que en Cantabria se mira con lupa.

Si tuviera que marcar una hoja de ruta estratégica en clave energética para Cantabria en la próxima década, ¿por dónde empezaría?

La clave es la diversidad de fuentes. No podemos jugarlo todo a una sola carta tecnológica. Cantabria tiene un recurso eólico muy potente y cierto potencial hidráulico que debemos aprovechar. Sin embargo, debemos ser inteligentes: no tiene sentido promover aquí macroparques fotovoltaicos si sabemos que en otras regiones de España el sol rinde mucho más. Cada territorio debe aportar aquello en lo que es más eficiente para el mercado común. Además, hay un factor invisible pero crítico: la red eléctrica. No sirve de nada generar energía limpia si no desarrollamos y modernizamos la red para que esa electricidad se pueda integrar y transportar de forma efectiva.

La guerra de Ucrania dejó al descubierto nuestra vulnerabilidad energética. ¿Hemos aprendido alguna lección?

La crisis de Ucrania fue un duro recordatorio de que la geopolítica es básica en el tema energético. Nos enseñó que debemos reducir la dependencia del exterior, pero hay un matiz importante: la independencia que nos dan las renovables es relativa. Es cierto que el viento y el sol son “nuestros”, pero la tecnología necesaria para transformarlos en electricidad no siempre lo es. Gran parte de los componentes de los paneles solares o de la electrónica de control provienen de países como China. Si surge un conflicto internacional o tensiones arancelarias, pasamos de depender del combustible a depender de la tecnología y los componentes, como ya hemos visto en los sectores del automóvil o la telefonía. La independencia absoluta al 100% no existe; lo que buscamos es reducir la incertidumbre ante la volatilidad global.

Como experta, ¿cree que la actual regulación del mercado eléctrico, protege al consumidor de estos vaivenes?

La liberalización del mercado en España viene de una ley de 1997, así que no es algo nuevo, aunque ha costado hacerla efectiva. Un mercado libre permite que los precios bajen cuando hay mucha oferta, como ocurre ahora en las horas de sol gracias a la fotovoltaica, lo cual es muy beneficioso para el consumidor. Pero la otra cara de la moneda es que, ante una crisis geopolítica, los precios se disparan. Existe la tentación de intervenir el mercado para bajarlos artificialmente, pero debemos ser conscientes de que eso genera un “déficit de tarifa”. Al final, la energía no es gratis y lo que no se paga en la factura eléctrica se acaba pagando vía impuestos.

La energía no es gratis y lo que no se paga en la factura eléctrica se acaba pagando vía impuestos

El cambio climático ya es una realidad en el norte de España. ¿Cómo puede afectar esto al consumo energético en Cantabria?

Es una realidad absoluta que estamos notando todos. Hasta hace poco, el aire acondicionado era algo casi anecdótico en Cantabria, pero ahora ya se implementa en casi todos los edificios nuevos y oficinas de la administración. Esto, sumado a la necesaria electrificación de la economía —sustituir calderas de gas por aerotermia y bombas de calor—, va a disparar la demanda eléctrica en la región. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ya contempla este aumento. Para absorberlo sin colapsar el sistema ni los precios, el autoconsumo será la pieza maestra.

Por tanto, ¿es el autoconsumo la solución definitiva para el ciudadano particular?

Es una parte fundamental de la solución porque fomenta la generación distribuida, restando peso a las grandes centrales. En 2019 hubo un “boom” gracias a una normativa mucho más favorecedora que eliminó las trabas que existían antes. Ahora, en la obra nueva, la integración de renovables es obligatoria por normativa. Aunque los precios del mercado bajen y las instalaciones parezcan menos rentables a corto plazo, el autoconsumo proporciona una estabilidad y una conciencia de participación en la transición energética que el ciudadano valora cada vez más. Al final, se trata de que cada uno aporte su parte para que el sistema sea más robusto frente a las crisis que puedan venir.

La nueva Ley de Control Ambiental, aprobada con los votos del PP y del PRC, es un texto remendado con las aportaciones de la oposición que no ha dejado satisfecho a nadie. Ni al resto de formaciones parlamentarias, ni a los colectivos ecologistas. Ni siquiera a sus propios impulsores: el Gobierno del Partido Popular ya ha anunciado que la cambiará si consigue la mayoría absoluta en las próximas elecciones. Únicamente el Partido Regionalista de Cantabria parece moderadamente satisfecho con el resultado final al haberse incluído algunas de sus enmiendas.

“Detrás de esta ley hay una visión de que cualquier control es un obstáculo”, denunció el diputado socialista Pablo Zuloaga. “Un retroceso ambiental que levanta la mano en muchos aspectos”, valora Floren Enríquez de Ecologistas en Acción.

El PSOE considera una línea roja la eliminación la Comisión de Comprobación Ambiental con la excusa de promover la agilidad de trámites y sospecha que podría ser una vía para facilitar el desarrollo eólico.

La crítica más dura, sin embargo, ha venido de Vox. Desde la tribuna parlamentaria el diputado Armando Blanco ha denunciado que facilita la instalación de macroproyectos eólicos. Sospecha que las prisas del Gobierno “por aprobar esta chapuza de ley” está directamente relacionada con este asunto.

En su opinión, lo que pretende el Partido Popular es permitir el fraccionamiento discrecional de los parques eólicos evitando las evaluaciones ambientales conjuntas.

Los proyectos de aerogeneradores con una potencia de 250 megavatios deben someterse a la legislación y controles nacionales, mientras que los inferiores de 50 megavatios se rigen por las normas autonómicas. Todos los aerogeneradores conectados entre sí con una evacuación única constituyen un único parque eólico. Esto se ha utilizado hasta ahora para frenar proyectos que tenían potencia inferior a 50 megavatios que pretendian en la práctica trocear macroparques eólicos “para evitar el control estatal mediante una práctica bastante irregular”, explica el diputado.

La delimitación de lo que es un parque eólico viene regulado en la disposición adicional primera de la Ley, cuyo texto definitivo con las enmiendas aprobadas todavía no ha sido publicado oficialmente. Ahí se dice que cuando un promotor utilice la misma infraestructura para evacuar la energía producida por diferentes instalaciones de generación, esas infraestructuras compartidas se considerarán parte de cada uno de los proyectos.

Así, el control de las autorizaciones estará en manos de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, no dependerá de la administración del Estado.

De esta manera, según Blanco, lo que pretende el Partido Popular es “indultar” todos los proyectos que hasta ahora se han paralizado porque, a pesar de que tramitaban la autorización como parques presuntamente independientes, compartían la red de evacuación “y a todas luces eran macroparques troceados de manera artificiosa”. “Pretende saltarse la legislación nacional de los macroparques eólicos y muy probablemente regularizar la situación de aquellos que actualmente están siendo investigados”, ha dicho en la tribuna parlamentaria.

El pasado 7 de marzo la Fiscalía de Cantabria abrió diligencias por las posibles irregularidades en la tramitación de varios parques eólicos ante la posible fragmentación ilegal de proyectos en el sur de la comunidad, que habrían sido divididos para eludir controles ambientales y estatales. La denuncia de Podemos señala las instalaciones de Cotío, Morosos, Henestrosas y Ornedo promovidos por la empresa Green Capital Power SL en Campoo de Enmedio, Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible.

“Pretenden generar impunidad a determinados proyectos eólicos”, denuncia Blanco. “Con esta medida van a disparar la contaminación paisajistica de nuestras montañas”, concluyó el representante de Vox.

La nueva Ley de control ambiental de Cantabria establece una nueva categoría de evaluación ambiental simplificada para proyectos e instalaciones “de escasa relevancia” que ha levantado polémica. Quiere decir que bastará una declaración responsable del promotor en la que se compromete a que cumple con los requisitos. El control, en todo caso, se hará a posteriori.

Ecologistas en Acción ya advirtió en las comparecencias parlamentarias previas a la Ley que “se hace un uso excesivo de la declaración ambiental responsable” y que se hacen caer demasiadas competencias de vigilancia y control en los ayuntamientos “sabiendo que en su mayoría carecen de recursos humanos para realizar tareas de control e inspección de forma eficaz”. También llamó la atención, entre otras cuestiones, sobre las antenas de telefonía móvil, que son competencia municipal y están desplegadas por todo el territorio, y no se incluían “ni siquiera como declaración ambiental responsable”.

“Cuando un acuífero está contaminado o un paisaje ha sido alterado de forma irreversible, la inspección llega tarde”, alerta el diputado socialista Pablo Zuloaga. En ese sentido, denunció que la tendencia del Gobierno de Buruaga ha sido clara desde el principio de la legislatura: menos órganos colegiados, menos controles previos, más declaraciones responsables. “Más confianza en mecanismo de control posteriores”, resume.

Durante el debate parlamentario de la ley, el PSOE acusó al consejero de Medio Ambiente Roberto Media de querer una Comisión de Comprobación Ambiental “debilitada y eliminada”. “Nosotros creemos exactamente lo contrario: que cuando una institución pública necesita mejorar, la solución no es eliminarla, es mejorarla”, explicó.

La Comisión representa algo más que un trámite administrativo -defendió el diputado socialista- “representa la deliberación técnica, la participación de distintas áreas de la administración, la presencia de ayuntamientos y la posibilidad de constrastar criterios antes de adoptar decisiones con impacto sobre el territorio y el medio ambiente”.

En este sentido, advirtió que con la declaración ambiental simplificada se sustituye un órgano colegiado por una simple actuación administrativa, “lo que supone una perdida de garantías”. “La protección medioambiental necesita más protección, más control público y más espacios de deliberación técnica” -ha insistido- “ninguna simplificación administrativa puede justificar la desaparición de mecanismos de control que fortalezcan la protección ambiental”.

Un desarrollo eólico afecta simultáneamente a la biodiversidad, al paisaje, al patrimonio cultural, al territorio, a la actividad económica y a la vida de los municipios y de los pueblos. “¿De verdad alguien en este Parlamento cree que la mejor respuesta sea reducir los espacios donde todas esas visiones puedan encontrarse y debatirse?, inquirió el diputado socialista.

Qué es la 'escasa relevancia'

Una de las polémicas más relevantes es que la ley permite eliminar el trámite previo de la evaluación de impacto ambiental en asuntos calificados como “de escasa relevancia”. En el anexo de la nueva norma se especifica qué es esa nueva categoría de proyectos de 'simplificación ambiental'.

En primer lugar, la categoría de 'escasa relevancia' que elimina el requisito previo del impacto ambiental, alude a las modificaciones puntuales del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), del Plan de Ordenación del Litoral (POL), los planes generales de ordenación urbana y los planes singulares de interés general (PSIR). Se exceptúa todo lo que tenga que ver con turismo, minas, energía, transporte, gestión de recursos hídricos, costas o uso del suelo seguirá necesitando un informe previo de impacto ambiental.

También bastará con una declaración responsable en las modificaciones de Planes Parciales y Especiales contenidos en Planes Generales de Ordenación Urbana que previamente hayan sido sometidos a evaluación ambiental.

La simplificación también libra de permisos medioambientales a los Estudios de Detalle Especiales y sus modificaciones, las Áreas de Desarrollo Rural y sus modificaciones o las Delimitaciones Gráficas de Suelo Urbano y sus modificaciones.

Dentro de estas categorías, el PSOE consiguió aprobar una enmienda que garantiza que las actividades e instalaciones que generen emisiones industriales seguirán necesitando evaluación ambiental previa.

La CIG y la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) han remitido un escrito a la Fiscalía del Tribunal Supremo para ampliar la denuncia por posible prevaricación presentada contra la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, por el “traslado injustificado” de procedimientos judiciales, relacionados con las líneas de alta tensión de los parques eólicos, de la Sección Tercera a la Sección Segunda del TSXG.

“Este traslado de procedimientos, requerido por la Xunta ante la Sala en ocasiones anteriores, se hizo incumpliendo las normas vigentes de reparto de competencias entre secciones y vulnerando el derecho a un juez predeterminado por ley y el derecho a la tutela judicial efectiva”, han señalado, según recoge Europa Press.

“Resulta perentorio que el Ministerio Fiscal investigue si detrás de esta alteración arbitraria de las normas de reparto de asuntos –hechas en paralelo al traslado de magistrados de la Sección Tercera de la Sala– existen motivaciones espúreas, presuntamente relacionadas con satisfacer el interés presentado por la Xunta de Galicia y las empresas del sector de apartar a determinados magistrados de los procesos judiciales relativos a proyectos eólicos y líneas de alta tensión”, aseguran en un comunicado.

El sindicato y la entidad ecologista detallan que esta ampliación de denuncia se realiza tras conocer que la presidenta de la Sala del Contencioso-Administrativo del TSXG “manifiesta su intención de trasladar” a la Sección Segunda “no solo los procesos de impugnación de líneas de alta tensión, sino también todos los litigios contra autorización administrativa y de construcción de parques eólicos”, de los que se hacía cargo la Sección Tercera, competente en asuntos industriales.

En este contexto, Adega enumeró “varias notificaciones” de las presidenta de la Sala del Contencioso aprobando el traslado de los litigios sobre los proyectos eólicos Monte Toural, O Cerqueiral, Chao do Marco, Cunca, Carballal y Patiñeiro.

Adega y la CIG han afirmado que estas “resoluciones de cambio de sección” de asuntos en trámite “vulneran las normas de reparto del TSXG” aprobadas en 2023.

Finalmente, han recordado que presentaron escritos ante las presidencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galiza y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que “todavía no recibieron respuesta”.

El cuestionado traslado de los jueces Luís Villares y Dolores López, después de haber sido señalados por Xunta y patronal debido a sus sentencias sobre los parques eólicos, no deja de sumar críticas. La última, y muy contundente, la de la Fiscalía Superior de Galicia, que alega “falta de motivación” y “ausencia de criterios objetivos y precisos” en la decisión de la presidenta de la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Azucena Recio. Ese movimiento, escriben, “puede generar una apariencia de influencia externa indebida” y de “arbitrariedad” que afectan “a la imagen de imparcialidad y a la confianza legítima de la ciudadanía en el sistema judicial”.

El Ministerio Público se manifiesta con esta claridad en su dictamen –al que ha tenido acceso elDiario.es– sobre un recurso presentado por el sindicato CIG contra el relevo de López como relatora de una causa de la que fue apartada tras su cambio a otra sección de la Sala. Fiscalía recoge y amplifica la demanda planteada por la central nacionalista, la de mayor representación en Galicia. Considera que la medida contradice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el propio tratado de la Unión. Llega a pedir a la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG que desobedezca la providencia de su presidente, Juan Carlos Fernández, y mantenga a López al frente del caso, una denuncia por la supuesta vulneración de derechos fundamentales en la huelga contra el genocidio de Palestina.

Recio accedió al cargo de presidenta de la Sala a principios de marzo, tras competir por el cargo con el propio Villares. Apenas unos días después, en la que fue su primera decisión de calado, trasladaba a los dos magistrados de la sección tercera a la cuarta. Los retiraba así de atender recursos sobre expropiaciones forzosas, minería o proyectos industriales para destinarlos juzgar reclamaciones sobre tributos y catastros. La oposición gallega, entidades progresistas del ámbito de la Justicia, sindicatos y ecologistas vieron una relación directa entre ese movimiento y las acusaciones del PP, el gobierno gallego y la patronal eólica, que no ocultaron su contrariedad por las paralizaciones de parques decididas por el conjunto de la sección y que ejemplificaron en Villares por su pasado como portavoz de En Marea entre 2016 y 2020. Las sospechas de que el movimiento buscaba un cambio de criterio se plasmaron en la denuncia por prevaricación presentada por la Coordinadora Eólica Así Non –formada por una veintena de entidades– que la Fiscalía Superior derivó a la del Tribunal Supremo.

Aquella decisión inicial de Recio provocó una providencia del presidente de la sección tercera, Fernández, en la que asumía los cambios y “redistribuía” el trabajo. “Habida cuenta de que la actual ponente ha dejado de formar parte de esta Sección, se redistribuye el presente asunto, a tales efectos a la nueva Magistrada Ponente, la Ilma. Sra Dª Rosa Agraso Barbeito, a quien corresponde por número, conforme el turno de ponencias de la Sección”.

Esa fue la providencia que la CIG consideró “contraria a derecho” por “vulneración del derecho al tribunal predeterminado por la ley”. El sindicato recurrió con unos argumentos que, en su mayoría, han sido recogidos por la Fiscalía. Al tratarse de una causa que puede afectar a derechos fundamentales, el ministerio público actúa como parte en el proceso. En el escrito que envía a la sección tercera , Fiscalía rechaza la posibilidad de impugnar “directamente” el traslado, un “acuerdo gubernativo de la presidenta de Sala” pero considera que “sí se puede inaplicar a este procedimiento por ser contrario al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como exige el principo de primacía del Derecho de la Unión y la sentencia invocada”.

Pese a no impugnar la decisión de Recio, la Fiscalía sí la ataca en el “encuadramiento jurídico” de su dictamen. Considera que careció de “criterios objetivos y precisos” pese a que la presidenta “apeló a 'razones organizativas' y a la necesidad de 'preservar tanto la aparencia como la realidad de la imparcialidad'. Tampoco encuentra ”motivación suficiente“ y afirma que fue ”genérica y no individualizada, sin explicar por qué el traslado forzoso era necesario para preservar la imparcialidad del tribunal en todos los asuntos“, más allá de los ”tres casos concretos“ en que habían sido recusados.

El ministerio público recuerda que, para el Tribunal Constitucional, un cambio en los miembros del tribunal “sólo constituye una violación” del derecho “si supone una alteración arbitraria de la composición del órgano judicial susceptible de afectar a su imagen de imparcilidad e independencia”.“En este caso”, argumenta, “la alteración de la composición fue sustancial (dos de cuatro magistrados)”. A ello suma las carencias de motivación y la ausencia de criterios objetivos ya apuntadas para afirmar que “pueden generar una apariencia de influencia externa indebida sobre la modificación de la composición y de arbitrariedad que afectan a la imagen de imparcialidad y a la confianza legítima de la ciudadanía en el sistema judicial, en contra del principio de seguridad jurídica”.

Por eso, “en estas circunstancias, la mera invocación de una comunicación gubernativa interna no puede considerarse suficiente para satisfacer las exigencias de transparencia inherentes al derecho fundamental al juez legalmente predeterminado”, continúa para concluir: “En consecuencia, procede revocar la providencia de 19 de mayo de 2026. Esto implicaría que la magistrada relatora originaria debe seguir conociendo del asunto hasta su conclusión, excepto que concurra una causa justa de abstención o recusación”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha vuelto a desestimar el recurso del Gobierno de Buruaga contra la suspensión de licencias del Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo que paraliza, entre otras cuestiones, la instalación de parques eólicos. Una cuestión que había molestado profundamente al Gobierno que presentó un recurso para suspender el acuerdo municipal sin ningún éxito ni en primera ni en segunda instancia.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander, mediante un auto fechado a 17 de junio de 2024, ya había desestimado la solicitud presentada por el Ejecutivo autonómico (PP) de suspender el acuerdo municipal alcanzado en el Pleno del 6 de marzo. El Juzgado dio la razón a Aguayo y subrayó que la solicitud del Gobierno de Cantabria no puede estimarse puesto que “su adopción produciría daños medioambientales irreparables”. Ahora el TSJC reafirma la decisión.

El Consistorio de Aguayo decidió suspender el otorgamiento de licencias para estudiar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) “a los efectos de dotar de la debida protección a los suelos rústicos de especial protección del municipio y preservar sus valores naturales, especialmente los ecológicos y paisajísticos y, de ese modo, impedir que la nueva regulación del PGOU quede anticipadamente condicionada”.

Así, los tribunales respaldan la decisión municipal criticada no solo por el Gobierno de Cantabria “sino también por algunas empresas promotoras de parques eólicos”, explica en un escrito el alcalde del municipio, Eduardo Gutiérrez.

En esta ocasión, según refieren fuentes municipales, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria “deja muy claro” que el Ayuntamiento ha actuado dentro de sus competencias dado que en asuntos como la instalación de parques eólicos “es incuestionable que existe también un interés municipal , porque esas instalaciones se van a construir en terrenos del municipio”. También añade que la posibilidad de un planeamiento más restrictivo aparece expresamente recogida en la Ley conocida como LOTUCA. “Este precepto permite expresamente, a pesar de las competencias autonómicas sectoriales, y estatales también, que los planeamientos prohiban determinadas instalaciones aún cuando pudieran declararse de interés público”, refiere el escrito.

Iberdrola ha generado un impacto económico de más de 300 millones de euros en Canarias en los dos últimos años -en torno a 150 millones de euros cada ejercicio-, ha dicho este martes la compañía a través de un comunicado. De este modo, “ratifica su papel como uno de los principales motores económicos de esta comunidad autónoma”. 

Iberdrola presume de ser una de las empresas que más aporta a la región y lo argumenta en que su contribución fiscal “se ha incrementado más de un 3% en 2025, hasta rozar los 125 millones de euros”.

Iberdrola define su proyecto como “un modelo empresarial de largo plazo, que es capaz no solo de conseguir resultados económicos sino de generar progreso y bienestar en nuestro entorno, a través del fomento del tejido empresarial, con compras, inversiones y creación de empleo, y cuyo objetivo es la electrificación de la economía”.

Iberdrola llega a su Junta General de Accionistas, la de su 125 aniversario, que se celebra este viernes 29 de mayo, cerca de máximos históricos de capitalización bursátil con 135.000 millones de euros, lo que la consolida como la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo. Este año, además, pone a disposición de sus accionistas múltiples canales para participar a distancia y la posibilidad de asistir de forma telemática, además de la asistencia presencial con reserva de asiento.

Durante la reunión, la compañía someterá a sus accionistas la aprobación de los resultados del ejercicio 2025, en el que invirtió 14.460 millones de euros e incrementó su beneficio neto en un 12% hasta alcanzar los 6.285 millones de euros.  

Iberdrola cuenta con cientos de accionistas en Canarias que este año recibirán un dividendo de 0,68 euros por acción. De hecho, en el orden del día se ha propuesto un dividendo complementario de 0,427 euros por acción, que se suma a los 0,253 euros por acción abonados el 2 de febrero como dividendo a cuenta. De esta manera, se destinarán 4.500 millones a dividendos correspondientes al ejercicio 2025, lo que supone un incremento del 12% respecto a la cuantía distribuida el año pasado.

Adicionalmente, la compañía ha propuesto por cuarto año consecutivo un dividendo de involucración de 0,005 euros brutos por acción (1 euro bruto por cada 200 acciones) que cobrarán todos los accionistas con derecho a participación si se alcanza un quórum de constitución de, al menos, el 70% del capital social. 

En cuanto al mercado local, durante 2025 Iberdrola ha alcanzando una cuota en el mercado eléctrico canario superior al 10%. Además, dispone de una infraestructura de recarga para vehículo eléctrico de 310 puntos distribuidos en 56 ubicaciones repartidas por todas las islas.

En el ámbito de la Administración Pública, ha formalizado contratos de suministro de energía eléctrica con 27 administraciones, reforzando así el posicionamiento de la compañía en el sector institucional.

Generación renovable

Iberdrola ha construido en estos últimos meses el parque eólico Finca San Juan, ubicado en Arico, en Tenerife. Con una potencia de 17,3 MW, produce energía limpia y renovable equivalente al consumo de cerca de 16.000 hogares, lo que supone una población cercana a la de La Orotava. Su producción llega a los 56 GWh/año, evitando 28.000 toneladas de emisiones de C02. 

También en Tenerife, Iberdrola España opera el parque eólico de Chimiche. Desarrollado con una agrupación de pequeños empresarios locales, cuenta con una potencia de 18,3 megavatios (MW). Actualmente, el parque abastece de energía limpia a una población equivalente a 15.000 hogares, evitando la emisión de 33.000 toneladas de CO2 al año. Además, cuenta con su primera planta fotovoltaica en Canarias desde 2023. Con 7 MW, Llanos Pelos III, en Fuerteventura, permite abastecer de energía limpia a más de 4.000 hogares. La planta ha recibido el Sello de Sostenibilidad de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) por todas las medidas ambientales emprendidas en el proyecto, relata la compañía en un comunicado.

Vecinos del entorno del proyecto de ampliación del parque eólico Tórtoles, en la provincia de Burgos, han denunciado que se intenta avanzar en un proceso de expropiación forzosa “plagado de irregularidades y que ignora los derechos fundamentales de los habitantes de la zona”.

Exigen la paralización inmediata de la ocupación por falta de transparencia, porque conocieron el proyecto a través del BOE (Boletín Oficial del Estado) hace tres años, sin comunicación previa por parte de la empresa promotora, ni del Ayuntamiento ni de ninguna otra Administración.

En un comunicado, aseguran que después de 18 meses de publicarse en el BOE, llegó una carta de la empresa a los propietarios afectados en el proyecto, la única comunicación con los propietarios en estos tres años.

Consideran también que la empresa ha tomado “decisiones sospechosas”, como el cambio de potencia del parque por encima de los 50 MW justo antes de la resolución, discrepancias entre el número de aerogeneradores y la potencia proyectada, y cambios sustanciales en el proyecto sin someterse a ningún control, ni anuncio.

Los vecinos insisten en que este proyecto no cuenta con el consentimiento de quienes poseen la tierra y no es una infraestructura pública, sino un negocio industrial privado que opera en libre mercado.

De hecho, aseguran que el 89% de los propietarios donde se ubicarán los aerogeneradores, ocho de los nueve titulares, están en contra, igual que el 78% de los afectados por las líneas de evacuación y otras infraestructuras.

Los vecinos consideran que la imposición de este proyecto, “alimentada por bulos y amenazas encubiertas”, está rompiendo la paz social en el pueblo, provocando enfrentamientos incluso entre familias.

Señalan que es un proyecto que ocupa terrenos agrícolas que son el alimento de muchos y el medio de vida de familias de la zona.

Además, creen que la tramitación ha ignorado “riesgos críticos”, ya que, pese a informes de la Subdirección General de Evaluación Ambiental y de la propia Junta de Castilla y León que recomendaban una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, se optó por un Informe de Afección Ambiental (IDAA) en el que se le eximió de dicha evaluación ambiental.

Entienden que esa decisión ignora el riesgo crítico para especies protegidas en la zona como la avutarda, el milano real, el águila imperial, entre otras.

En su escrito, explican que han interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid solicitando unas medidas cautelares, y aunque inicialmente fueron denegadas, dicha decisión fue recurrida y se encuentra actualmente a la espera de trámite judicial. 

La previsión meteorológica de lluvia ha obligado a Son Gigantes a aplazar la parte festiva y cultural prevista este sábado 16 de mayo en Rosequillo (Villaescusa), incluyendo los conciertos, como el de Quique González, además de actividades infantiles, puestos de productores y artesanos y comida popular. Aun así, el encuentro seguirá adelante en formato reducido bajo el nombre de 'Feria de Energía y Territorio', trasladando la actividad a la Casa de Cultura de Rosequillo, en La Concha.

La jornada mantendrá la mesa redonda 'Energía y territorio', con la participación de la antropóloga y ecofeminista Yayo Herrero, Francisco J. Vaquero -director del documental 'Vidas irrenovables'- y Javier Tobías, del colectivo aragonés No es sequía, es saqueo.

El encuentro, según un comunicado del colectivo, reunirá también a distintos colectivos sociales y vecinales vinculados a conflictos socioambientales y defensa del territorio, como STOP macro-eólicas Sur de Cantabria, Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio, La Velorta, Asociación Stop Macroplanta de Hazas de Cesto o Asamblea Abierta de Piélagos contra el cementerio de amianto, que contarán con mesas informativas y espacios de exposición durante toda la jornada.

Además, representantes de Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio compartirán la situación actual del despliegue eólico en Cantabria y las respuestas sociales, técnicas y vecinales articuladas frente a distintos proyectos en tramitación o ya aprobados.

Por su parte, Tobías abordará la relación entre macroinfraestructuras energéticas, centros de datos, inteligencia artificial y los impactos territoriales, hídricos y energéticos asociados a estos modelos de desarrollo.

La jornada contará con un primer espacio de encuentro de No Normal Cantabria, iniciativa centrada en reflexión y debate sobre crisis energética, límites materiales y modelos de sociedad.

Y es que, según han explicado los promotores en un comunicado, la Feria de Energía y Territorio busca abrir un espacio de reflexión colectiva sobre energía, paisaje y gestión territorial, además de apoyar distintas acciones jurídicas y vecinales frente a proyectos eólicos en Cantabria.

Durante la jornada podrán firmarse alegaciones relacionadas con proyectos actualmente en tramitación, colaborar económicamente con la defensa jurídica impulsada desde los territorios afectados, además de disfrutar del café solidario.

Desde Son Gigantes defienden que “la respuesta frente a estos proyectos solo puede construirse desde lo colectivo” y que crear y mantener vínculos entre personas y pueblos “se ha convertido también en una forma de cuidar el territorio”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha declarado la nulidad de la autorización administrativa previa y la declaración de impacto ambiental del parque eólico Somaloma-Las Quemadas y su línea de evacuación en municipios de Campoo de Enmedio, Valdeprado del Río y Valdeolea.

En una sentencia dada a conocer este jueves y contra la que cabe casación ante el Tribunal Supremo, la sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso presentado por la ONG Territorio Cántabro contra las resoluciones del Gobierno de Cantabria que dieron luz verde a esta instalación.

Entre los motivos que han llevado al tribunal a adoptar esta decisión se encuentra la “omisión de los efectos de las sinergias y acumulativos del parque”, y es que junto a esta instalación se encuentran en tramitación en la misma zona los parques eólicos de Henestrosas, Ornedo, Olea, Morosos, Quintanilla y Cotío.

Según explica El TSJC, se elaboró un documento denominado Estudio de Conectividad, Efectos Acumulativos y Sinérgicos que toma en consideración una envolvente de diez kilómetros a partir de las posiciones de los aerogeneradores. Sin embargo, este informe “resulta incompleto, con enunciados excesivamente generalistas y justificando, en múltiples ocasiones, la falta de datos para poder establecer un adecuado análisis de los impactos acumulativos y sinérgicos, más allá de estimaciones sin aparente sustento o rigor”.

Y es que, tal y como recuerda el tribunal, la directiva de hábitats requiere que “cuando existan otros proyectos, planes o programas que también puedan afectar a los hábitats y especies objeto de conservación en el lugar de manera acumulada o sinérgica, como el proyecto que es objeto de evaluación, en la evaluación y en la posterior decisión sobre el proyecto sean considerados sus efectos acumulados o sinérgicos”.

Además, “esta sala entiende que no solo desde el punto de vista ambiental y urbanístico se deben evaluar los parques de esta zona en su conjunto, sin fragmentación, sino, también, desde otros puntos de vista como el paisajístico (no es lo mismo un monte o pico con aerogeneradores que todos los montes en 10 kilómetros llenos de aerogeneradores), o desde la perspectiva de accesibilidad a estos lugares, sin contar con el necesario estudio conjunto del instrumento correspondiente de evaluación ambiental”.

Por tanto, dado que “son seis parques situados en una zona de diez kilómetros y son colindantes”, existen “efectos conjuntos, al menos, a efectos urbanísticos”.

Ausencia de información pública sobre el proyecto modificado

Finalmente, el tribunal también estima otro de los motivos alegados por Territorio Cántabro, como es la ausencia de información pública después de que el proyecto inicial fuera sometido a modificaciones.

Explica la sentencia que el Gobierno de Cantabria reconoció que se habían introducido cambios, si bien argumentó que estos “no empeoran los efectos que inciden sobre el estado de conservación de los hábitats y especies, sino que, al contrario, lo mejoran”. Pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que “sí estamos ante un caso de modificación sustancial del proyecto anterior que debía haber sido sometido a información pública”, toda vez que se han cambiado las ubicaciones de los aerogeneradores y se proyecta un soterramiento de las líneas, sin que se haya evaluado ni la nueva ubicación ni los efectos ambientales sobre el patrimonio cultural y el subsuelo.

“La modificación es sustancial, no solo por el número de modificaciones efectuadas, sino por la naturaleza de las mismas, que han dado lugar a tanta necesidad de información sectorial, a tantas medidas correctoras y a la modificación del proyecto, con afectación a la declaración de impacto ambiental”, concluye el tribunal.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza suspender la decisión de trasladar de forma forzosa a cuatro magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), un movimiento que implicó apartar de la sección que decide sobre eólicos a dos de los jueces que firmaron resoluciones de paralización de proyectos criticadas por la Xunta y los empresarios del sector. Uno de estos magistrados es Luís Villares, que ha recurrido, junto con la asociación Jueces y Juezas por la Democracia, ese traslado.

La decisión del CGPJ, adelantada por El País, sostiene que no hay un “perjuicio real” si se espera a que el propio Poder Judicial resuelva sobre estos dos recursos de alzada. Jueces y Juezas por la Democracia manifestó, tras conocerse el traslado forzoso, que la medida ponía en tela de juicio la independencia judicial y cargó contra un procedimiento en el que no se había dado audiencia a los cuatro jueces afectados, entre ellos Villares, asociado de la entidad y que fue líder de la formación En Marea y candidato a la Presidencia de la Xunta en 2016.

El Pleno ha rechazado suspender el traslado forzoso con 18 votos a favor. Han votado en contra los vocales elegidos a iniciativa de Sumar Inés Herreros y Carlos Hugo Preciado y la consejera designada a iniciativa del PSOE Esther Erice.

El traslado se decidió el día 12 de marzo. Lo firmaba María Azucena Recio, que había llegado a la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG seis días antes, tras medirse para ocupar el cargo con el propio Villares. La medida implicaba que dos jueces de la Sección Tercera, María Dolores López y Luís Villares, pasaban a la Cuarta y otros dos de esta pasaban a la Tercera.

Jueces y Juezas para la Democracia reaccionó ante una decisión que calificó de “sorpresiva” y recordó que en los últimos meses y años han sido habituales “declaraciones desmedidas de determinados responsables políticos y empresariales” cuestionando “no solo las resoluciones de la Sección, sino incluso la profesionalidad de sus integrantes”. En la hemeroteca constan acusaciones del PP gallego contra el TSXG, del que dijo que había emprendido “una ofensiva” contra la eólica y de la Xunta, que criticó repetidamente las decisiones que paralizaban algún parque y llego hablar de sentencias “erróneas”.

En las resoluciones de Recio, esta justificaba los cambios con la necesidad de “salvaguardar la imagen de la institución y la imparcialidad de la sala”. Entre diciembre y enero pasados, el Tribunal Supremo anuló tres sentencias de la sala tras otros tantos recursos de casación de la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo al considerar que existían dudas sobra la “imparcialidad” de Villares.

Cuando presentó su recurso contra el traslado, Jueces y Juezas para la Democracia aludió al contexto de “presión por parte de representantes políticos y empresariales” en el que se tomó la decisión y manifestó que estas circunstancias hacen que sea “más necesario, si cabe, extremar las garantías”.

La eólica en Galicia se encuentra atascada en una maraña de litigios, afectada por continuos cambios normativos y envuelta en la polémica tras los traslados forzosos que afectan a la sala que revisa los casos relacionados con el sector. La Xunta trató de evitar a estos jueces con una modificación de su estructura, tras la primera mayoría absoluta de Alfonso Rueda. Lo que hizo fue concentrar todas las atribuciones sobre los permisos referidos a parques eólicos en la Consellería de Medio Ambiente. El reparto de trabajo del TSXG hacía recaer los asuntos ambientales en la Sección Segunda.