La Ley de control ambiental favorece la instalación de macroparques eólicos que podrá autorizar el Gobierno autonómico
La nueva Ley de Control Ambiental, aprobada con los votos del PP y del PRC, es un texto remendado con las aportaciones de la oposición que no ha dejado satisfecho a nadie. Ni al resto de formaciones parlamentarias, ni a los colectivos ecologistas. Ni siquiera a sus propios impulsores: el Gobierno del Partido Popular ya ha anunciado que la cambiará si consigue la mayoría absoluta en las próximas elecciones. Únicamente el Partido Regionalista de Cantabria parece moderadamente satisfecho con el resultado final al haberse incluído algunas de sus enmiendas.
“Detrás de esta ley hay una visión de que cualquier control es un obstáculo”, denunció el diputado socialista Pablo Zuloaga. “Un retroceso ambiental que levanta la mano en muchos aspectos”, valora Floren Enríquez de Ecologistas en Acción.
El PSOE considera una línea roja la eliminación la Comisión de Comprobación Ambiental con la excusa de promover la agilidad de trámites y sospecha que podría ser una vía para facilitar el desarrollo eólico.
La crítica más dura, sin embargo, ha venido de Vox. Desde la tribuna parlamentaria el diputado Armando Blanco ha denunciado que facilita la instalación de macroproyectos eólicos. Sospecha que las prisas del Gobierno “por aprobar esta chapuza de ley” está directamente relacionada con este asunto.
En su opinión, lo que pretende el Partido Popular es permitir el fraccionamiento discrecional de los parques eólicos evitando las evaluaciones ambientales conjuntas.
Los proyectos de aerogeneradores con una potencia de 250 megavatios deben someterse a la legislación y controles nacionales, mientras que los inferiores de 50 megavatios se rigen por las normas autonómicas. Todos los aerogeneradores conectados entre sí con una evacuación única constituyen un único parque eólico. Esto se ha utilizado hasta ahora para frenar proyectos que tenían potencia inferior a 50 megavatios que pretendian en la práctica trocear macroparques eólicos “para evitar el control estatal mediante una práctica bastante irregular”, explica el diputado.
La delimitación de lo que es un parque eólico viene regulado en la disposición adicional primera de la Ley, cuyo texto definitivo con las enmiendas aprobadas todavía no ha sido publicado oficialmente. Ahí se dice que cuando un promotor utilice la misma infraestructura para evacuar la energía producida por diferentes instalaciones de generación, esas infraestructuras compartidas se considerarán parte de cada uno de los proyectos.
Así, el control de las autorizaciones estará en manos de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, no dependerá de la administración del Estado.
De esta manera, según Blanco, lo que pretende el Partido Popular es “indultar” todos los proyectos que hasta ahora se han paralizado porque, a pesar de que tramitaban la autorización como parques presuntamente independientes, compartían la red de evacuación “y a todas luces eran macroparques troceados de manera artificiosa”. “Pretende saltarse la legislación nacional de los macroparques eólicos y muy probablemente regularizar la situación de aquellos que actualmente están siendo investigados”, ha dicho en la tribuna parlamentaria.
El pasado 7 de marzo la Fiscalía de Cantabria abrió diligencias por las posibles irregularidades en la tramitación de varios parques eólicos ante la posible fragmentación ilegal de proyectos en el sur de la comunidad, que habrían sido divididos para eludir controles ambientales y estatales. La denuncia de Podemos señala las instalaciones de Cotío, Morosos, Henestrosas y Ornedo promovidos por la empresa Green Capital Power SL en Campoo de Enmedio, Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible.
“Pretenden generar impunidad a determinados proyectos eólicos”, denuncia Blanco. “Con esta medida van a disparar la contaminación paisajistica de nuestras montañas”, concluyó el representante de Vox.
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