La locura inmobiliaria de Valencia: una propietaria llama a Desokupa para vaciar un piso turístico ilegal y recurrir una multa de 10.000 euros

La cuestión es algo compleja de explicar, y pese a lo anecdótico, resulta un ejemplo paradigmático de la locura inmobiliaria de la ciudad. Los personajes principales son: una propietaria de un piso en València que reside en Estados Unidos, una pareja de Letonia y Estados Unidos que tiene ese piso alquilado, una unidad de Policía Local que acude a un aviso y dos trabajadores de la empresa Desokupa. El conflicto, o uno de ellos: un alquiler turístico ilegal, un intento de desalojo por incumplimiento de contrato y una cuantiosa multa. El escenario: un crecimiento exacerbado de viviendas de uso turístico que sirven para hacer negocio.

A finales de febrero, la Policía Local inspecciona un piso turístico en Benicalap y levanta acta de sanción por no tener licencia, pese a estar en el registro autonómico desde 2018. Semanas después, en mayo, finaliza el trámite y el Ayuntamiento establece una sanción de 10.000 euros por una falta grave —carencia de título habilitante y de informe de compatibilidad urbanística— y se la traslada a la propietaria, una mujer extranjera cuya nacionalidad no ha trascendido y que se encuentra en EEUU.

La segunda semana de marzo, una mujer llama a la Policía Local en València y explica que no puede entrar en su domicilio en el barrio de Benicalap. La mujer, con pasaporte de Letonia, explica que hay dos hombres dentro de la vivienda, en la que reside de alquiler, que hablan en representación de la propietaria, que también está dentro, y que no le permiten acceder. Los agentes se personan en el piso, donde se encuentran dos miembros de la empresa 'Desokupa 24 horas', que se identifican y les muestran la vivienda.

Dentro del piso apenas hay enseres o efectos personales. Lo que hay son tres habitaciones, una de ellas en el comedor, cerradura individual electrónica con código de acceso, unas toallas cuidadosamente enrolladas sobre la cama y otras tantas en un armario. Los dos hombres explican a los agentes que han sido contratados por la propietaria porque sospecha que los inquilinos realquilan ilegalmente el piso en portales turísticos y que así han conseguido entrar: lo han alquilado por Booking y han obtenido el código de acceso. Para más inri, la propietaria apunta que finalizó el contrato en 2024 y que la pareja se ha negado a abandonar la vivienda pese a los constantes requerimientos. Tras algo más de una hora, los agentes recogen la información, la documentación y trasladan las diligencias a la comisaría de Policía Nacional más cercana.

Cuatro días después, el representante legal de la propietaria presenta una instancia al ayuntamiento en la que reclama las actas policiales y otras actuaciones que se hayan podido realizar en su vivienda. Ya conocedora de la multa, solicita la documentación para presentar un recurso. La mujer, a través de su representante, vuelve a alegar que los inquilinos, que solo tenían contrato para 11 meses, han realquilado ilegalmente el piso desde el inicio y que lleva desde 2024 tratando de echarlos.

Según argumenta, la pareja permanece en la vivienda sin su consentimiento, haciendo uso indebido de ella, hasta que pudieron recuperarla “con intervención de la Policía Local y de una empresa de recuperación de inmuebles ocupados”. También afirma que los vecinos aseguran que hay otras denuncias por turistas estafados.

Tras estudiar la documentación, y en un tiempo prácticamente récord, el Ayuntamiento ha retirado la sanción a la propietaria. El pasado 1 de junio el consistorio aprobó la resolución, en la que reconoce que la mujer expedientada no estaba en posesión de la vivienda y baraja sancionar a la inquilina. En paralelo, la Policía Nacional también estudia las diligencias.