Vigilantes del Centro de Menores de Sograndio aseguran que ya no pueden garantizar la seguridad

La situación en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo/Uviéu, es “grave e insostenible” y los vigilantes ya “no garantizan la seguridad”, según han explicado los trabajadores que, este viernes, se han concentrado a las puertas de las instalaciones para reclamar mejoras laborales. Una concentración en la que ha participado el diputado del Partido Popular (PP) Manuel Cifuentes, quien ha afirmado que el Gobierno de Asturias “ha perdido el control sobre la seguridad y el fin de reinserción de los menores”.

El diputado ha cuestionado la actuación del Ejecutivo autonómico en un centro en el que se han producido varios motines, fugas y agresiones y ha declarado que la gestión del Principado, en este tema, “ha fracasado”.

“El problema de gestión de Sograndio va mucho más allá de la subcontrata de seguridad. Es un centro que lleva abandonado por la Viceconsejería de Justicia desde hace muchos años y, al final, eso ha generado una serie de consecuencias que tienen que ver con el personal y con las infraestructuras”, ha manifestado.

Escasos medios materiales

Los trabajadores han denunciado la falta de chalecos anticorte, fallos en los dispositivos para detectar metales defectuosos y en el sistema de cámaras de seguridad, lo que deja zonas sin vigilancia, la existencia de puntos muertos de cobertura donde no funciona el sistema de comunicación entre trabajadores o mangueras antiincendios obsoletas y extintores caducados en su revisión son algunas de las deficiencias.

“A día de hoy, es imposible garantizar la seguridad de los trabajadores del centro de menores, ni para el personal educativo, ni para los trabajadores de las contratas de cocina, limpieza o mantenimiento, ni tampoco para el personal de seguridad”, lamenta Carlos Lozano, portavoz de los trabajadores del centro.

Lozano advierte de que, con estas condiciones, no pueden garantizar la seguridad. En su opinión, debería haber un mínimo de once vigilantes por turno.

La petición de información

“No sabemos cómo puede ser que el Gobierno de Adrián Barbón, la Consejería de Hacienda y la Viceconsejería de Justicia estén consintiendo que en un centro donde están internos especialmente menores, se esté contratando a personas que no tienen ningún tipo de acreditación ni de capacitación”, añade Manuel Cifuentes quien ha vuelto a pedir al Gobierno información sobre cuántas de las personas incorporadas al dispositivo son vigilantes de seguridad debidamente habilitados, cuántas son auxiliares, qué funciones desempeña exactamente cada una de ellas y quién ha autorizado esas funciones.

Por su parte, los profesionales han reclamado al consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, que “suprima de inmediato la contrata con la empresa” a la que señalan como “principal causante de todo lo que está ocurriendo”.

Además, solicitan la intervención de la unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional para que investigue las labores que realizan las personas contratadas como auxiliares.