La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada denuncia al Gobierno asturiano por la vigilancia del Centro de Sograndio

El Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo/Uviéu, está inmerso en una de sus mayores crisis. A las fugas y motines protagonizados por internos y las agresiones sufridas por los vigilantes que derivaron en la dimisión de la directora del centro, Aida Rodrigo, se ha sumado ahora un nuevo capítulo: la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA) ha denunciado al Principado y a la empresa contratada para ejercer la vigilancia y control en las instalaciones a los que acusa por “el incumplimiento de la Ley de Seguridad Privada y el Reglamento que la desarrolla”.

El presidente de la asociación, Jorge Fernández Cuesta, ha interpuesto una denuncia ante la Delegación del Gobierno contra la Viceconsejería de Justicia del Gobierno del Principado y el Grupo Asepro Seguridad.

Fernández Cuesta solicita a la Delegación del Gobierno que requiera un informe preceptivo de análisis de los hechos que denuncia a la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional en Asturias y posteriormente se proceda a la apertura de un expediente sancionador y se adopten medidas correctoras.

El contenido

Avispa dirige la denuncia contra la Viceconsejería de Justicia en su calidad de “gestor organizativo y del funcionamiento de los centros específicos para la ejecución de medidas privativas de libertad de menores y jóvenes infractores” y contra la empresa de seguridad contratada como “adjudicataria del servicio de vigilancia y seguridad” en la Casa Juvenil de Sograndio.

Jorge Fernández Cuesta asegura que esta empresa de seguridad ha contratado a personal con la categoría laboral de “auxiliar de servicios” para realizar tareas de control, seguridad y vigilancia en las instalaciones del Centro de Menores de Sograndio y de los propios internos, con la autorización de la Viceconsejería de Justicia y ejercen sus funciones profesionales “de manera ilegal”, según la normativa.

Además, según consta en la denuncia, estos trabajadores carecen de la acreditación administrativa del Ministerio del Interior para desarrollar estas actividades reservadas, exclusivamente, a los vigilantes de seguridad.

Las acusaciones

“Se ha enmascarado la contratación de estos trabajadores con la connivencia del Gobierno del Principado de Asturias, ya que dichos trabajadores no pertenecen al sector de la seguridad privada. Se publicitó, a través de los medios de comunicación, la ampliación del dispositivo de seguridad en un número de, supuestamente, 15 vigilantes de seguridad más, cuando la realidad es que son simples 'auxiliares', porteros, controladores o figuras laborales análogas”, asegura Jorge Fernández Cuesta.

El presidente de Avispa mantiene que estos trabajadores no cuentan con la capacidad, capacitación ni formación en seguridad privada, “dándose la curiosa circunstancia -afirma- que ninguno tiene la nacionalidad española, no saben hablar castellano y todos provienen de un conocido y famoso gimnasio gijonés donde se practican artes marciales extremas”.

El rechazo a amortizar una plaza

Por otro lado, el Comité de Empresa de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos ha rechazado “rotundamente” la propuesta de amortizar una plaza de auxiliar educador de fin de semana en el Centro de Sograndio.

Los representantes sindicales de CSIF, CCOO, UGT y la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA) en el comité de empresa sostienen que Sograndio “necesita refuerzos, no amortizaciones”.

A su juicio, la “gravedad de la situación” en el centro se ha puesto de manifiesto tras la fuga de cinco menores el pasado lunes y la huida de otros tres cuatro días después.

Las peticiones del Comité de Empresa

Los trabajadores denuncian la existencia de problemas de organización, sobrecarga de trabajo y necesidades de seguridad en el centro. Por ello, exigen que se mantenga la plaza existente y reclaman la creación de una segunda plaza de auxiliar educador de fin de semana.

El comité pide también que se equilibre la dotación de los distintos turnos, se reduzca la sobrecarga de la plantilla y se refuerce con los recursos humanos necesarios para garantizar la seguridad, la atención directa y el correcto funcionamiento del centro.

Por otra parte, cinco de los ocho internos fugados la pasada semana ya han reingresado al equipamiento tras ser localizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El refuerzo de la plantilla de vigilantes

El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, que a su vez tiene la cartera de Justicia y Hacienda, ha reconocido que los incidentes registrados en el centro la pasada semana han comprometido la seguridad de los vigilantes.

El consejero ha manifestado que se ha reforzado la plantilla de vigilantes, “con entre 8 y 10 nuevos auxiliares por turno”, y ha anunciado otros cambios previstos. Así, se va a cambiaar el vallado del complejo para garantizar que no se produzcan más fugas, se construirán siete nuevas habitaciones de aislamiento para el cumplimiento del régimen sancionador y se contratará a una auditoría de seguridad para que analice las grabaciones de videovigilancia para “ver si hubo fallos y depurar responsabilidades”.

También ha señalado la posibilidad de que el nuevo equipamiento que se levantará en la parcela del actual se segmente “en diversos centros” en función del perfil de los internos.

El perfil de los internos

Peláez ha subrayado que todos los internos mayores de edad no tienen un perfil “penitenciario”, puesto que “hay muchos con conductas excelentes”.

Ha reiterado que la Viceconsejería de Justicia está instando los procesos judiciales para que los mayores de edad que “no encajan” con esa actividad socioeducativa sean trasladados al Centro Penitenciario de Asturias.

Los mayores de edad

Actualmente en el centro de Sograndio hay 53 internos de los que 23 son mayores de edad, lo que ha hecho que Sograndio “se esté convirtiendo en un centro penitenciario”, cuando fue diseñado como una instalación socioeducativa, según ha explicado el consejero.

“Ni la infraestructura ni la plantilla ni la vigilancia estaba preparada para ello. Ese es el origen de los acontecimientos”, ha apuntado el consejero en declaraciones recogidas por Efe.

Las razones del ingreso

En esta polémica se ha pronunciado el propio presidente del Principado, Adrián Barbón. A través de su perfil oficial en redes sociales ha puntualizado la situación por la que en el Centro de Menores hay adultos ingresados.

“En Sograndio, un Centro de Menores, hay mayores de edad cumpliendo una pena privativa de libertad por dos motivos: primero, porque cometieron el delito cuando eran menores. Segundo -y más importante- porque así lo determina un juez o una jueza. Es decir, es la autoridad judicial la que determina si siguen cumpliendo la pena, al alcanzar la mayoría de edad, en el Centro de Menores en el que están internados o en un Centro penitenciario normal. Ahí no hay decisión política que valga ni político que pueda decidir absolutamente nada”, ha recalcado el presidente.