PP y PRC aprueban una ley ambiental que rebaja los controles tras una complicada tramitación que incorporó 52 enmiendas

El Parlamento de Cantabria ha aprobado una Ley autonómica de Control Ambiental rodeada de polémica después de un cuestionado trámite en la Comisión previa que forzó al Gobierno del Partido Popular a negociar y aceptar 52 enmiendas para corregir los 70 artículos del texto inicial.

Los cambios afectan a cuestiones sustanciales hasta tal punto que en la última comisión parlamentaria previa se armó un revuelo y los populares barajaron la posibilidad de retirar la ley antes de la votación en el Parlamento, por lo desvirtuado que quedaba su texto inicial. Finalmente, el PRC ha votado a favor en el Pleno de este lunes, salvando al PP de una derrota parlamentaria.

La norma ha salido adelante con los diputados del PP y del PRC en la Cámara, además del voto del diputado no adscrito Cristóbal Palacio. También Vox votó en contra.

Los socialistas no han votado a favor a pesar de que se aceptaron 26 de las 36 enmiendas que presentaron los diputados Pablo Zuloaga y Jorge Gutiérrez, que han trabajado sobre el proyecto de ley durante los meses de tramitación. El PSOE considera una línea roja la eliminación la Comisión de Comprobación Ambiental con la excusa de promover la agilidad de trámites y sospecha que podría ser una vía para facilitar el desarrollo eólico.

En su intervención parlamentaria, Zuloaga ha subrayado que Cantabria “necesita” agilizar procedimientos y facilitar la actividad económica“, pero considera que ”ninguna simplificación administrativa puede justificar la desaparición de mecanismos de control y de elaboración que fortalezcan la protección ambiental“. En paralelo, ha destacado que los socialistas están ”orgullosos de haber contribuido decididamente a mejorar“ esta ley.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, ha dicho que si los ciudadanos les dan su confianza en las elecciones del próximo año, eliminarán “de forma inmediata” todas las “cuestiones superfluas” del PSOE introducidas vía enmienda, que “no aportan nada”. Es decir, que el Gobierno de Cantabria ha quedado claramente insatisfecho con las cesiones que ha tenido que hacer a la oposición para poder sacar adelante la votación.

Justificación el PRC

El diputado del PRC Guillermo Blanco ha justificado su voto favorable en que cuanto más ha avanzado la tramitación de este proyecto de ley, “más se ha acercado” al anteproyecto elaborado por su departamento en la pasada legislatura. Al recuperar planteamientos -ha considerado- que “refuerzan la seguridad jurídica”, incorporar precisiones que “evitan las interpretaciones ambiguas” y mejorar el procedimiento que en el texto inicial “generaban dudas sobre competencias”. Así, ha reividincado las enmiendas presentadas por su partido para dotar a Cantabria de una Ley “más sólida, más clara, más segura y mejor preparada para afrontar los retos ambientales de los próximos años”.

Menos control previo

La Ley supone restringir algunos controles: elimina el Informe de Control Ambiental que se exigía ahora -para asuntos calificados como “de escasa relevancia”- y lo sustituye por una declaración responsable, para reducir la carga burocrática y agilizar trámites para poner en marcha un negocio en la comunidad, que fue la idea que inspiró al Gobierno de Buruaga en el impulso a esta nueva normativa.

A partir de ahora bastará con que el interesado y el técnico competente, bajo su responsabilidad, presenten una declaración responsable indicando que cumplen con todos los requisitos establecidos en la normativa. Según el consejero Roberto Media, esto va a permitir a las empresas poner en marcha la actividad y, posteriormente la Administración comprobará que toda la documentación está en regla.

El responsable de Medio Ambiente ha aseverado que esta fórmula “permite reducir controles previos innecesarios” y mantener “al cien por cien las garantías medioambientales que ya estaban establecidas para cualquier proyecto, pero con una tramitación infinitamente más dinámica y sencilla”.

Durante su tramitación se han incorporado al texto algunas enmiendas presentadas por los grupos. Dos del PP, las 18 presentadas por el PRC, más 13 transaccionales; y 26 y 5 transaccionales del PSOE (de las 36 presentadas). No obstante, la Ley no ha logrado el apoyo de los socialistas, al eliminar la Comisión de Comprobación Ambiental.

Del mismo modo, Vox, que decidió no presentar enmiendas parciales tras decaer su enmienda a la totalidad, ha votado en contra de la Ley de Control Ambiental, al considerarla una “chapuza”, y ha advertido que tendrá “un impacto económico y administrativo muy negativo sobre el tejido productivo local”.

“Mantener 100% garantías medioambientales”

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, ha explicado que otro de los aspectos importantes que incorpora esta Ley es el régimen sancionador, en el que “no hay un endurecimiento” sino una tipificación “más clara y precisa, con criterios de graduación”.

De esta forma, si se presenta una declaración responsable y se comprueba posteriormente que existe alguna irregularidad, se procederá a la inmediata clausura de su actividad y serán sancionados tanto el promotor como el técnico responsable con multas de hasta medio millón de euros e inhabilitación de hasta dos años.

El nuevo texto también recoge que se puedan poner en marcha medidas provisionales urgentes para aquellos casos en los que sea necesaria una inmediata actuación de la Administración ante un riesgo grave. En estos casos, se puede proceder a la inmediata parada del proceso productivo y precintar tanto las instalaciones como la maquinaria y la retirada y decomiso de sus productos.

Este plan prevé la introducción de medidas cautelares o incluso la suspensión de la actividad en caso de incumplimientos flagrantes de la normativa y se incrementarán las cuantías de las sanciones más graves.

El consejero ha señalado que esta ley “nace de una necesidad jurídica, administrativa y social incuestionable”, y su aprobación es “imprescindible” ante los cambios legislativos que se han ido produciendo en las dos últimas décadas, que han dejado “desfasada” la norma vigente hasta ahora en la comunidad en materia de control ambiental, que data del 2006.