El magistrado Joaquim Bosch considera que el “auge del nacional-populismo conservador es un síntoma de las insuficiencias del sistema democrático”. Así lo ha afirmado el mismo día que Donald Trump ha ganado las elecciones en EEUU tras una campaña de bulos y desinformación. “De poco nos va a servir presumir de que vivimos en un país democrático si la gente no puede encontrar una vivienda digna, si no todas las personas tienen garantizada la cobertura de sus necesidades básicas, si la gente joven no tiene esperanzas en una vida a medio y largo plazo…” Cree que todo ello es caldo de cultivo para quienes desacreditan las instituciones democráticas. Sostiene que ello fue combustible en EEUU pero que también está ocurriendo con la gestión de la DANA en Valencia y en cómo la extrema derecha alienta que todos los políticos son “iguales”. 

El magistrado ha presentado en Gran Canaria su libro ‘Jaque a la democracia’ el día en el que se conocía el resultado de los republicanos en las elecciones en EEUU, que él ya vaticinaba. “El auge de un Trump conservador es un síntoma de las insuficiencias de la democracia”, insiste. En el acto, conducido por el director de Canarias Ahora, Carlos Sosa y la periodista de TVE, Paqui González, contó con la intervención del presidente del Cabildo, Antonio Morales, que destacó que “la victoria del populismo ‘trampista’ en EEUU augura retrocesos profundos en democracia, relaciones internacionales y derechos fundamentales”.

Bosch coincidió en que “personajes como Donald Trump y el trumpismo y todo lo que representa, pueden alterar muy seriamente la democracia tal y como la conocemos actualmente” y sostiene que hay que preguntarse si los demócratas en el Gobierno han sido capaces de satisfacer las necesidades de la mayoría americana. En este punto, puso el ejemplo de Dinamarca, que llegó a ser referente en materia de integración a las personas migrantes, pero que a raíz de la revolución digital y del aumento de las desigualdades, crecieron los mensajes xenófobos. “El detonante de ese retroceso, precisamente, se ha producido cuando las instituciones democráticas no han sido capaces de atender a las necesidades básicas de las personas”, afirma. 

El magistrado subraya que los partidos ultraconservadores son los que mejor han leído las claves de la revolución digital y por eso han organizado mecanismos de desinformación, con bulos y con el apoyo de grandes magnates como Elon Musk. Mientras, cree que los partidos tradicionales no han sabido leer lo que está ocurriendo y no han dado con la clave. En este sentido, alertó de que la población en general se informa por las redes, y que incluso los medios de comunicación tienen más lecturas gracias a estos espacios. 

“Si un medio se dedica a difundir basura informativa no puede recibir subvenciones públicas”

Por ello, insiste en que hay que legislar en materia de desinformación. “Un bulo si viene de los medios y se lee en redes sociales es más fácil de creer que si lo dice un anónimo de estos en las redes. Y a mí no me parece intolerable que haya medios que se dediquen sistemáticamente a desinformar y advertir bulos tóxicos. Y creo que el sistema democrático debe defenderse de esto”, remarca. 

La propuesta que plantea Bosch en el libro, que se está introduciendo en países como Francia y otros, “es articular un proceso judicial bajo el control de los tribunales con un catálogo de sanciones para los medios que practican sistemáticamente la desinformación”. Y una de las sanciones afirma que tiene que ser la prohibición de recibir subvenciones públicas. “Porque la ciudadanía, con sus impuestos, no tiene que estar pagando a empresas privadas que se dediquen a manipular y a vulnerar los propios derechos de la ciudadanía”, destaca. Sobre el plan regenerador de Pedro Sánchez apunta que es muy poco concreto y que eso ha alentado a que la extrema derecha lo desacredite. 

“Mi impresión es que el problema de la desinformación debe atacarse en muchos frentes. En el ámbito de las empresas privadas, creo que es fundamental conocer quiénes son sus propietarios, que es un elemento de transparencia básico. Yo quiero saber el que está vendiendo información qué intereses puede tener, y para eso creo que desde una perspectiva de integridad pública y de transparencia, nadie debería estar en contra de eso”, apuntó. 

El magistrado hizo hincapié en que “difundir bulos y mentiras en redes sociales para engañar a la población como se hace muchas veces, eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Y si un medio, o un pseudomedio para generar mecanismos de xenofobia en la población difunde que hay una manada de magrebíes que han violado a una mujer y eso es falso, eso no es una opinión y no afecta a la libertad de expresión. Eso es una mentira tóxica que lo que busca es generar racismo y discursos excluyentes”. Y añade que “si un medio se dedica a difundir ese tipo de basura informativa, pienso que no puede recibir subvenciones públicas”. 

En este sentido, agregó que los medios de comunicación públicos, precisamente, deben compensar posibles desajustes en el acceso a información de los medios privados, y por eso “necesitamos medios de comunicación públicos potentes, creíbles, independientes y plurales”.

Bosch también incide en que hay que definir muy bien lo que es extrema derecha y separarla del fascismo, pues cree que la actual extrema derecha es mucho más peligrosa porque es capaz de seducir a las masas. “La nueva extrema derecha sí que tiene capacidad de ganar y desarticular a la democracia mundial”, incide. 

Además, en relación del ataque a Pedro Sánchez el pasado fin de semana destacó que “en un sistema democrático que no se condene una agresión a dirigentes de cualquier partido, a mí me parece ya un retroceso preocupante”. No obstante, incidió en que la actual extrema derecha se diferencia del fascismo en que no utiliza de forma estructural la violencia para derribar la democracia, “sin perjuicio de que hay que estar atento para que no haya una mutación de la democracia de la derecha hacia estrategias tipo fascista”. 

“El poder judicial debe ser sometido a límites y controles”

Joaquim Bosch hizo hincapié en que “el poder judicial debe ser sometido a límites y controles”, ya que “un poder del Estado que no tiene límite y que no tiene control, pues nos lleva a problemáticas como la de lawfare. En España hay casos claramente diagnosticados sentenciados y condenados” y puso el ejemplo del exjuez corrupto Salvador Alba que maquinó para perjudicar a Victoria Rosell. 

Recordó que Alba ahora está en prisión y destacó que Canarias Ahora (“que tiene como seña de identidad la actuación contra las prácticas corruptas de cualquier tipo, lo cual creo que es un servicio público al sistema democrático denunciar prácticas de corrupción”) informó “de una serie de cuestiones de relevancia pública sobre este magistrado, que desde la prisión presenta una querella al director de Canarias Ahora y en la actualidad está a espera de juicio”. Por ello, mostró su apoyo al director de este periódico, Carlos Sosa. 

“Yo comparto como jurista claramente las alegaciones públicas de la Fiscalía que explican que, en el caso, del juez condenado se difundieron noticias e informaciones por parte de Canarias Ahora sobre evidentemente una figura de interés público, un juez condenado por prácticas corruptas. Creo que es una cuestión de interés general. La Fiscalía lo explica muy bien en su petición de archivo, que no ha sido atendida, que en este caso prevalece la libertad de información y además hay que tener en cuenta que si no fuera así,  los periodistas pudieran ser juzgados por ejercer derechos fundamentales no solo suyo sino el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz y se genera un efecto desaliento con esas dinámicas vamos a una prensa amordazada”, apuntó. 

Bosch insistió en que “todos las jueces y juezas tenemos ideología y el que diga que no la tiene  son de derecha o extrema derecha”, por ello, recalcó que el problema no es tanto la ideología sino la imparcialidad. “El problema es como están configurados los altos tribunales del país y del Poder Judicial y creo que los principales partidos no van a renunciar tener esa cuota de poder”, apuntó.

En este sentido, remarcó que el sistema de cuotas no ha beneficiado por igual a los grandes partidos del país sino que ha beneficiado a la derecha política. Y argumentó que a la izquierda política igual que en las fuerzas armadas y otros espacios siempre les da miedo de tocar nada.

Así mismo, como apuntaba ya en su anterior libro, la “corrupción en el sistema democrático tiene raíces históricas” y apuntó que “España tiene una fortaleza democrática relevante pero también debilidades”. En este sentido enumeró que entre los aspectos positivos destaca sus elecciones, que nunca son cuestionadas o su pluralismo político. Pero “tenemos un sistema de contrapeso débil y eso viene de la dictadura”. “El problema es que los partidos que diseñaron el sistema democrático no tenían una cultura democrática como en otros puntos de Europa”, resume.

El juez Joaquim Bosch presenta este lunes en València su último libro, Jaque a la democracia (Ariel, 2024). El acto, a modo de conversación con los periodistas Francesc Arabí y Laura Ballester, se celebra a las 19h en la librería Fan Set del Octubre Centre de Cultura Contemporània, en pleno centro de la ciudad.

El magistrado, portavoz en el País Valenciano de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, ha escrito una obra que alerta sobre los peligros para la institucionalidad democrática de la deriva autoritaria en Europa y en el resto del mundo. ¿Cómo afecta el avance de las extremas derechas en el contexto específico valenciano? “Hay signos de retroceso en valores democráticos en el ámbito valenciano”, observa Bosch, quien alude a la derogación de la ley valenciana de Memoria Democrática.

“Las nuevas medidas implican que la administración autonómica deja de asumir la obligación legal de realizar las exhumaciones de las fosas comunes de víctimas del franquismo”, recuerda el magistrado.

El autor advierte del retroceso en materia de actuación contra la simbología de la dictadura y para la protección de lugares de memoria histórica que implica la nueva normativa aprobada por el PP y Vox con la denominación de 'ley de Concordia'.

“Y, peor aún, la nueva ley asume el discurso de la dictadura, al configurar falsamente a un sistema democrático como la II República, desde 1931, como un régimen de terror, que fue la excusa del franquismo para perpetrar el golpe de estado de 1936”, afirma el juez, quien alerta sobre estas “regresiones en materia de principios democráticos”.

Tras su anterior libro —el exitoso ensayo La patria en la cartera (Ariel, 2022), sobre la corrupción en España— el juez analiza en Jaque a la democracia las amenazas de la ola autoritaria a consecuencia del auge de la extrema derecha.

“La deriva autoritaria”, sostiene Bosch, “puede afectar la solidez del sistema autonómico”. “Los dirigentes de la extrema derecha en España”, recuerda, “han llegado a plantear la desaparición de las comunidades autónomas y apuestan claramente por una fuerte recentralización. Además, los discursos ultraconservadores no aceptan la pluralidad cultural y la diversidad lingüística del Estado español, lo cual puede llevar a situaciones de conflicto en diversos territorios autonómicos”.

Joaquim Bosch apuesta por reforzar las instituciones “para evitar una posible involución autoritaria”. Tras la tanda de casos “muy graves” de corrupción en el ámbito valenciano, la creación de la Agencia Antifraude “fue un gran paso adelante, que obtuvo incluso relevantes reconocimientos internacionales”. “Sin embargo, se están desmantelando algunas de estas mejoras”, lamenta.

“Las instituciones autonómicas valencianas también deberían mejorar sus instrumentos de transparencia e incrementar herramientas de participación ciudadana para fortalecer la democracia”, concluye Joaquim Bosch.

Jesús Cintora, el magistrado Joaquim Bosch, la exdirigente de Esquerra Unida Gloria Marcos y el periodista Miquel Ramos abordan el problema de los bulos y la posverdad en un coloquio en València. Será en el marco de la presentación de El precio de la verdad, nuevo libro de Cintora. Juntos charlarán este miércoles, a las 19:00, en la Sala Russafa, situada en la calle de Dénia, 55. La entrada es libre.

El periodista propone en su libro un diálogo sobre la situación y el futuro del periodismo, de los medios de comunicación y de las redes sociales. Dialogar con la ciudadanía es también la propuesta en su visita a València. El autor abrirá el coloquio a preguntas del público.

El libro aborda la encrucijada de los medios, su relación con la ciudadanía, las amenazas y oportunidades de las redes sociales, la importancia de la cultura y el pensamiento crítico y las relaciones entre política y medios. El precio de la verdad (Ediciones B-Penguin Random House) salió a la venta el pasado 11 de abril y es el quinto libro en la trayectoria del periodista de Ágreda.

Jesús Cintora acumula más de 25 años de experiencia presentando programas tanto en la televisión como en la radio. Es uno de los referentes del periodismo político y social en España. Ha presentado espacios como Las cosas claras, en TVE; Las mañanas de Cuatro, en Mediaset; Carretera y manta, en La Sexta, y diversos programas en la Cadena SER, donde trabajó con Iñaki Gabilondo. Antes, publicó libros como No quieren que lo sepas, La Conjura o Conspiraciones.

“Las penas del delito de sedición en España son absolutamente desproporcionadas”, si se tiene en cuenta que en otros países europeos hay penas entre tres y cinco año y en nuestro país, “si eres cargo público, tiene una pena entre 10 y 15 años, lo mismo que el delito de homicidio”, ha asegurado el magistrado y jurista Joaquim Bosch, al hilo de la petición de ERC de reformar este aspecto, entre otros, en el Código Penal.

Lo decía en Toledo durante la presentación de su último libro, 'La patria en la cartera' (Ariel, 2022), un ensayo que ofrece una visión transversal desde la historia, el derecho, la política criminal, la ética o la sociología.

“Es evidente que hay un trasfondo político en la idea de reformar el delito de sedición. Si los dirigentes independentistas creen que eso les puede servir para resolver diferencias políticas, ya lo explicarán a la sociedad. Como jurista no entraré ahí”, decía, para añadir que “es difícilmente discutible que el delito de sedición es una figura penal del siglo XIX que no tiene nada que ver con la sociedad actual. Está pensado para algaradas de aquella época y por eso tiene penas elevadas que no tienen equivalente en otros países europeos”.

En su opinión, tiene sentido “si lo que ha pasado en Catalunya sirve para poner el foco y regular mejor el delito para equipararlo a otros países europeos”.

Joaquim Bosch es actualmente juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Moncada (Valencia) en cuyo partido judicial es el magistrado decano. “La impunidad en la corrupción es una amenaza que daña la democracia, porque genera la percepción de que hay personas más fuertes que el propio sistema democrático”, publicaba en sus redes sociales horas antes de pasar por Toledo.

“El CGPJ es un órgano degradado al servicio de los partidos”

Se refería también en Toledo a la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en plena negociación de la renovación del órgano. El magistrado cree que “ha habido complicidades en la cúpula judicial con los principales partidos políticos que en algunos casos explican la maniobra del principal partido de la oposición para mantener un Consejo General del Poder Judicial caducado hace cuatro años y actuando como correa de transmisión del propio partido. No es la primera vez que pasa”.

En su opinión “el problema del Consejo General del Poder Judicial y las injerencias partidistas está relacionado con la Transición y con cómo hicimos la democracia en este país”. Entonces, añadía, “queríamos ser europeos cuando no lo éramos en relación a la Judicatura que torpedeó las reformas democráticas de la UCD de Suárez y después las de Felipe González hasta que el gobierno socialista cambió la ley repartiendo cuotas entre partidos”.

Un sistema que, dice, “se ha ido degradando hasta llegar a ser un órgano desprestigiado al servicio de los partidos y el principal partido de la oposición es el que más ha aprovechado la situación”, decía en alusión al PP. En su opinión, en la configuración del CGPJ, “una de las soluciones sería ir al sistema original de elección de vocales que es el que usan el resto de países europeos porque permitiría equilibrios institucionales y controles mutuos, pero los partidos no quieren ir ahí ni de broma”.

En el caso de mantenerse el actual sistema de elección parlamentaria sostiene que “hay que tomar ciertas cautelas para que el CGPJ no sea mera correa de transmisión de los partidos. Es posible hacerlo” porque, matiza, “una cosa es que los jueces tengan ideología y otra que sean comisarios de partido. Han de velar por la independencia del poder judicial. Hay que nombrar a los mejores, no a los más cercanos a los partidos”.

Si se mantiene el actual sistema de elección parlamentaria hay que tomar ciertas cautelas para que el CGPJ no sea mera correa de transmisión de los partidos

Bosch comenta que ha apostado por la “ecuanimidad” a la hora de explicar la corrupción como un problema endémico, que no “biológico”. El recorrido histórico del libro se remonta a los “sobornos” en Navarra allá por el siglo XIV, pero fija su mirada en la dictadura franquista para explicar “las claves” de la persistencia corrupta en nuestro país que no logró extirpar la Transición. “Mi impresión es que el nuevo sistema democrático asumió la corrupción del franquismo como un mal aprovechable. Si se mantenía, era un comodín a usar. Y hoy está demostrado que ese comodín se usó para financiar a los principales partidos como dicen las sentencias. Desde 1976, todos los grandes partidos se financiaron ilegalmente y en muchos casos a través de prácticas delictivas”.

El magistrado abunda en que la corrupción tuvo una “finalidad funcional facilitó el pago de campañas electorales, sedes de los partidos o ejércitos de burocracia, así como la continuidad de los enriquecimientos empresariales” que se habían institucionalizado durante el franquismo.

Este jurista valenciano muestra cierto optimismo. Dice que “hemos mejorado en algunas cosas”, pero matiza que “todavía hay enormes resistencias”. En particular se refiere a algunas consideraciones de los evaluadores internacionales: “Nos dicen que tenemos un grave problema de corrupción política, que hay graves injerencias partidistas en el sistema judicial y que los órganos que deberían controlar los abusos de poder están colonizados y son extremadamente débiles”.

La “ponderada” Ley de Memoria Democrática

Bosch se ha referido también a la Ley de Memoria Democrática que entró en vigor el pasado viernes y se mostraba expectante respecto a su aplicación. “Hay mucha innovación a diferencia de la antigua Ley de Memoria Histórica” de la que, según explicaba, “apenas regulaba funciones ejecutivas o sancionadoras”. Valoraba cómo la nueva norma permite mayor iniciativa “coercitiva” al Gobierno de España, vía multas que, recordaba el magistrado, “pueden llegar a los 150.000 euros, por ejemplo, para la Hermandad de la Macarena si no cumpliera [con el traslado de los restos de Queipo de Llano]”.

Coincidiendo con la entrada en vigor de la ley, algunas voces piden la exhumación de los restos de José Moscardó y Jaime Milans del Bosch del Alcázar de Toledo donde fueron enterrados. Bosch ve previsible que muchas causas acaben en los tribunales “porque algunas decisiones judiciales pueden haber sido discutibles en este ámbito. Basta con ver lo que costó exhumar a Franco”, pero más allá de lo que ocurra, sostiene que “lo fundamental es que hubiera una ley y esta es ponderada porque regula muy bien lo esencial: la Memoria Democrática no afecta al pasado sino fundamentalmente al presente y busca reforzar los valores democráticos”.

Ojalá que el Poder Judicial resuelva los litigios que se planteen en la Ley de Memoria Democrática de acuerdo a los principios constitucionales

Cree que hay que “recordar los gravísimos daños que causó la dictadura y lo importante que es vivir en democracia sin que se blanquee al régimen dictatorial”. Para el magistrado la nueva ley “es un avance importantísimo y ojalá que el Poder Judicial resuelva los litigios que se planteen de acuerdo a los principios constitucionales”.

“Las puertas giratorias deben regularse”

Hoy sabemos que la corrupción cuesta cada año más de 40.000 millones de euros. “Es una cifra que nos limita enormemente como país”, asegura.

El libro abunda en la práctica de las puertas giratorias en España. “Deben regularse como han hecho otros países europeos por el riesgo que generan en el ámbito de la corrupción”. El 40% de los ministros de la democracia, también algunos expresidentes del Gobierno y otros cargos públicos, han dado el salto de la política a los consejos de administración de las grandes empresas. Uno de los ejemplos que Bosch cita en su último libro es el de Ignacio López del Hierro, que fuera gobernador civil en Toledo y que pasó a formar parte del Consejo de Administración de Iberdrola. Casado con la expresidenta castellanomanchega Dolores de Cospedal se ha visto involucrado (incluso imputado) en el conocido como caso Kitchen, aparecía como donante de la caja B del PP en los papeles de Bárcenas, extremo que él negó y se hicieron públicas conversaciones con el comisario Villarejo.

“Si los políticos han accedido a las principales empresas del país sin una trayectoria empresarial que los justifique, surgen las preguntas. Si las grandes empresas no pagan por su experiencia profesional, con los sueldos desorbitados que reciben… ¿Por qué están pagando entonces?”, se pregunta el también juez valenciano. “Es razonable pensar que es un pago por los servicios prestados y genera dudas sobre si ese político realmente ha estado defendiendo intereses generales”.

La corrupción y el ¿oasis? castellanomanchego

El libro navega, con abundante literatura judicial, académica o periodística, entre los cientos de casos relacionados con la corrupción en España en las comunidades autónomas, con escasas referencias a Castilla-La Mancha. ¿Es un oasis?, le preguntamos. “Tiene menos casos exteriorizados que la Comunidad Valenciana, por ejemplo, pero es que a los juzgados llega la punta del iceberg de los casos de corrupción”.

La razón estriba en su opinión en que “la corrupción es un delito difícil de detectar y las grandes tramas corruptas cuentan con expertos en ingeniería financiera. O cuando se descubre es porque se ha producido ‘fuego amigo’ como en el caso de la defenestración de Pablo Casado”.

Por eso, asegura, “es difícil cuantificar cuántos casos de corrupción puedan haberse producido en Castilla-La Mancha. En todo caso no lanzaría las campanas al vuelo. Puede ser que en cuatro o cinco años quienes pensaban que esto era un oasis, resulta que se equivocaban”.

El  ‘papelón’ del Tribunal de Cuentas: “No ha descubierto ni un solo caso de corrupción”

El magistrado no elude ni un solo recoveco por el que pueden colarse las prácticas corruptas. Como el despilfarro público o los sobrecostes en las obras pública, entre cuyos casos más sonados cita al aeropuerto de Ciudad Real: “1.029 millones de euros de inversión para conseguir 2,5 millones de pasajeros pese a ubicarse en una ciudad de 75.000 habitantes”, reza el libro.

“El despilfarro público es una de las claves de la corrupción. Y es una ingenuidad pensar que la corrupción se resuelve con el derecho penal. Ningún país avanzado tiene leyes penales más duras que España, más bien al contrario. No se trata de endurecer las penas sino de cumplirlas y que no haya esos elevados niveles de impunidad. Toda la carne se tiene que poner en el asador de la prevención: que no sea tan fácil corromperse”.

En este punto criticaba el papel del Tribunal de Cuentas en España. “Que yo sepa no ha descubierto ni un solo caso de corrupción en su historia. Quizá algún día suene la flauta” y lo contrapone con el Tribunal de Cuentas Europeo. “Descubrieron un caso en el que se puso de manifiesto que las autopistas españolas costaban el doble que las alemanas. Lo atribuyeron a que en España había mecanismos artificiosos para alterar las contrataciones públicas con fraccionamientos, modificados posteriores de proyectos y otros trucos para que el precio final fuera superior al de mercado. Es una propina que se reparte entre el empresario y el político corrupto”.

Junto a esto, añade, “está la construcción de obras innecesarias. Es muy frecuente en España hacer lo que no necesita la sociedad sino lo que necesitan los que quieren cobrar del erario público. Entre estas obras, aeropuertos cuya construcción no estaba justificada”.

Una ley que regule la Jefatura del Estado

El libro propone soluciones para extirpar la corrupción que pasan por mejorar la calidad en las instituciones. Quizá, decía, una de las prioritarias “por su fuerte carácter simbólico” pasa por “una ley que regule la Jefatura del Estado” porque “provocaría un efecto pedagógico y de concienciación ciudadana”, después de los episodios relacionados con el rey emérito, Juan Carlos I. “Se ha producido un enorme descrédito a la vida pública del país”. 

El magistrado va más allá y apuesta por que “todos, todos los cargos públicos deben actuar con transparencia, rendir cuentas y dar explicaciones de su gestión. Lo he dicho en un artículo en eldiario.es sobre el derecho divino del rey inviolable. Hoy parece una broma. ¿Por qué no se le puede tocar si comete un delito? En el fondo lo que subyace es que todavía a los reyes se les atribuye algo de divinidad”.

La Audiencia Nacional investiga desde hace meses la difusión de bulos y denuncias supuestamente falsas del exmagistrado Fernando Presencia y del ultraderechista Santiago Royuela contra fiscales, magistrados y políticos. Recientemente la sala de lo penal ha tomado cartas en el asunto y ha avalado la decisión de abrir la investigación contra Presencia y sus bulos, mientras los investigados han dirigido sus invenciones contra Joaquim Bosch, magistrado de Juezas y Jueces para la Democracia. Después de atribuirle falsamente durante semanas la posesión de cuentas bancarias en paraísos fiscales, ahora han pasado a atribuirle más de estas cuentas falsas con una supuesta “esposa” que es igualmente inventada por los imputados.

El juez Fernando Presencia, antiguo decano de Talavera de la Reina, fue expulsado de la carrera judicial después de ser condenado e inhabilitado dos veces distintas por prevaricación al haber intentado favorecer a amigos y conocidos en distintos casos tramitados en su juzgado de la ciudad toledana. Desde hace años denuncia ser víctima de una persecución por parte de sus antiguos compañeros de la judicatura, de determinados políticos así como por parte de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y en los últimos tiempos ha unido sus fuerzas a la de los ultraderechistas Alberto y Santiago Royuela, padre e hijo, canalizando algunas de sus denuncias y documentos del conocido como 'Expediente Royuela' acusando sin pruebas a todo tipo de personalidades públicas de tener cuentas bancarias ocultas o, directamente, de participar en una red de asesinatos a gran escala.

Uno de los magistrados del juzgado 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, finalmente abrió diligencias el pasado mes de junio tras una denuncia de la Fiscalía e investiga desde entonces la difusión masiva de estas informaciones falsas de Presencia y Royuela sobre magistrados, fiscales y políticos por posibles delitos de injurias o calumnias y otro más contra las altas instituciones del Estado. El juez ordenó, además, el cierre de la página web de su asociación ACODAP y encargó un análisis de las donaciones que supuestamente recibe de sus seguidores para luchar contra la corrupción que denuncia.

En su última batería de denuncias y notas de prensa, Presencia ha cargado contra prácticamente toda la sala de lo penal del Tribunal Supremo –que tiene que tomar una decisión sobre una condena de cárcel del exmagistrado– así como contra el juez Gadea que le investiga y, sobre todo, contra la exfiscal general Dolores Delgado y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. A estos últimos les acusan no solo de tener dinero oculto en paraísos fiscales, sino de participar de una red de asesinos que durante años han acabado en secreto con la vida de cientos de personas. Las pruebas que presentan siempre son las mismas: extractos bancarios y notas manuscritas de procedencia desconocida.

Presencia recurrió ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional la decisión de abrir una causa contra él tras las denuncias de la Fiscalía y los magistrados del Tribunal Supremo, y los magistrados acaban de rechazar el recurso. Tras analizar la documentación, los magistrados destacan la “plena acomodación a la legalidad” de las actuaciones contra él y rechazan todos sus argumentos: que se vulnera su libertad de expresión y la normativa sobre denunciantes de corrupción, que las medidas cautelares que pesan sobre su asociación son nulas y, finalmente, que en todo caso la causa debe estudiarse por la jurisdicción civil y no por la penal.

En las últimas semanas distintos afectados por estas notas de prensa, denuncias y comunicados –que ahora difunden, sobre todo, a través de distintos canales de Telegram– se han personado como potenciales perjudicados en esta causa, apuntando tanto a Fernando Presencia y su asociación como al canal de difusión de los documentos que, supuestamente, proceden de Santiago Royuela. Un Santiago Royuela que, según fuentes del caso, no ha comparecido por el momento ante el juez Gadea: tal y como explica él mismo en su canal de YouTube, se ha ido al Líbano, país con el que España no tiene convenio de extradición. “En el exilio y protegiéndome de la narcocélula terrorista que nos quiere encausar en la Audiencia Nacional”, explicó.

Uno de sus últimos objetivos ha sido el magistrado Joaquim Bosch Grau. Con gran exposición mediática y un perfil progresista asociado, entre otras cosas, a la asociación Juezas y Jueces para la Democracia a la que pertenece y de la que ha sido portavoz a nivel nacional, Bosch se ha personado en la causa abierta en la Audiencia Nacional para exigir responsabilidades por estas afirmaciones que, entre otras cosas, le atribuyen falsamente y sin ningún dato una cuenta bancaria en el extranjero. Se lo atribuyen, además, de forma conjunta con una pareja que tampoco existe.

Denunciante de corrupción

Desde hace más de un año, Fernando Presencia y su Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) presenta denuncias y emite comunicados alertando tanto del hallazgo de cuentas bancarias en el extranjero de personalidades públicas que, por norma general, le han perjudicado en el pasado, así como también sobre la supuesta pertenencia de juristas como José María Mena o Dolores Delgado a un grupo de asesinos responsables de cientos de muertes clandestinas en España.

Lo hace a través de esta asociación, investigada ahora por la Audiencia Nacional, y alegan que se trata de una acción de denuncia de corrupción protegida, entre otras cosas por la directiva europea de 2019 que llama a defender a los 'whistleblowers' o denunciantes de corrupción.

Para la Audiencia Nacional, esta directiva “tampoco resulta aplicable al caso” ya que, entiende, precisamente a través de esta investigación “se descubrirá o no la conducta presuntamente típica del denunciado, sin que pueda ser considerado de inicio ”alertador“ de casos de corrupción”.

“Hubo muchos dirigentes franquistas canarios que posteriormente se incorporaron a fuerzas políticas de la democracia y era inevitable que una dictadura que duró casi 40 años, que generalizó la corrupción en todos sus rincones, después no tuviera efectos muy negativos para la integridad de las instituciones democráticas”. Así resume el magistrado Joaquim Bosch parte de la historia de la corrupción en España en su nuevo libro, donde también aborda casos ocurridos en el Archipiélago, como el Dimas Martín, que en 2003 fue votado como presidente del Cabildo de Lanzarote con el apoyo de PP y CC pese a estar condenado por corrupción y pendiente de entrar en prisión.

El magistrado presenta este sábado a las 12.00 horas en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria La patria en la cartera. En esta entrevista se pronuncia sobre el caso Alba (condenado a seis años y medio de cárcel y expulsado de la carrera judicial por maquinar contra la magistrada en excedencia Victoria Rosell), la inviolabilidad del jefe de Estado o el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial. “Yo sí que pienso que sería muy importante revisar figuras como la inviolabilidad porque en una sociedad democrática el principio de igualdad ante la ley debe ser sagrado y ningún cargo público y tampoco el jefe del Estado debería cometer infracciones penales sin que eso tuviera ningún tipo de consecuencias porque supone un descrédito enorme para las instituciones”, afirma.

En 'La patria en la cartera' destaca que el franquismo empezó a institucionalizar la corrupción en España. ¿De qué manera se acabaron asentando estas prácticas en las instituciones?

Gran parte de las prácticas corruptas en democracia comenzaron durante la dictadura y Canarias es un claro ejemplo de ello, en el que hubo todo tipo de movimientos especulativos y corruptos en el ámbito turístico y las construcciones del litoral que después continuaron en democracia. De hecho, es conocido que hubo muchos dirigentes franquistas canarios que posteriormente se incorporaron a fuerzas políticas de la democracia y era inevitable que una dictadura que duró casi 40 años, que generalizó la corrupción en todos sus rincones, después no tuviera efectos muy negativos para la integridad de las instituciones democráticas. 

Varios historiadores como Ángel Viñas han conseguido demostrar que Franco se enriqueció durante la dictadura, algo que también ocurrió con otras familias hasta la actualidad. ¿Esta desmemoria e idealización de la dictadura por parte de algunos partidos (de extrema derecha) puede provocar un retroceso en nuestro país en términos democráticos?

Hay signos preocupantes de blanqueamiento de lo que fue el franquismo y en parte el desconocimiento histórico nos dificulta entender en las dinámicas actuales la corrupción. Evidentemente, Franco no es culpable de la corrupción actual, la responsabilidad es de los políticos democráticos y de la propia ciudadanía para exigir que se acaben esas prácticas. Ahora bien, si queremos entender la gravedad del problema, su intensidad y las dificultades para erradicarlo, haremos bien comprendiendo lo que fue el sistema político precedente de nuestra democracia porque la mayor parte de las dinámicas de corrupción del presente nacieron durante la dictadura. 

40 años de dictadura, de censura, de impedir una educación de calidad que generara conciencia crítica, cuatro décadas de subordinación de la población... ¿Todo ello ha hecho de España un país quizás más tolerante a las prácticas corruptas?

La larga presencia de la dictadura arraigó hábitos sociológicos enormemente comprensivos y justificadores de la corrupción. Un estudio de los años 80 al poco de entrar España en la entonces Comunidad Económica Europea reflejaba que España era el único país europeo que no ponía como primera virtud de los políticos la honradez. No estaba valorado en aquellos años, era aceptado que la corrupción formaba parte de las reglas del juego. Yo creo que hemos mejorado en ese ámbito y la prueba es que en los estudios del CIS de los últimos años, la corrupcón aparece reiteradamente como uno de los tres temas principales problemas del país, pero pienso que esto que se ha llamado franquismo sociológico que es una serie de hábitos y efectos que venían del régimen anterior, una de sus manifestaciones es la justificación de la corrupción que todavía hoy sigue presente en algunos sectores de la sociedad. 

Hay sectores sociales poco exigentes que incluso aplauden la corrupción.

Lo pregunto porque no parece que los electores castiguen ejemplarmente la corrupción ¿Nos hemos acostumbrado a convivir con la corrupción?

Hay sectores sociales poco exigentes que incluso aplauden la corrupción. Nosotros hemos tenido ejemplos de esto en los últimos meses en nuestro país porque hay digamos como un efecto de mimetización en el sentido de que quienes aplauden seguramente les encantaría estar en el lugar del corrupto y esto es un problema de ausencia de ética pública que debe resolverse a través de reformas estructurales pertinentes en nuestro país. Al mismo tiempo conocemos casos de alcaldes claramente implicados en casos de corrupción que han sido reelegidos  en varias ocasiones en un fenómeno que yo denomino electorado corrupto. Puede haber un electorado corrupto que apoya y defiende la corrupción y esto es un síntoma preocupante de falta de ejemplaridad en nuestro país. 

Usted sostiene que no se pudo exigir más al proceso de la transición política española por las circunstancias en las que se produjo, pero ¿no cree que este es el momento de revisar aspectos entonces implanteables como por ejemplo la inviolabilidad del jefe del Estado?

Las circunstancias de la transición impidieron que se pudiera analizar el problema de la corrupción porque implicaba exigir responsabilidades a los dirigentes que venían del franquismo y por eso la corrupción de la etapa franquista se afrontó ignorándola, simplemente no se podía hablar. Y por eso el tema no se solucionó y ha habido en líneas generales una clara falta de voluntad política de luchar contra la corrupción y de justificarla o mirar hacia otro lado. En Canarias hay algunos casos extremos que cito en el libro como por ejemplo en 2003 se votó como presidente del Cabildo de Lanzarote a Dimas Martín con el apoyo de PP y CC cuando estaba condenado por soborno y solo pendiente de prisión. Se observan datos que muestran de una manera muy gráfica la falta de rechazo frontal a la corrupción y efectivamente en esa reformas de conjunto yo sí que pienso que sería muy importante revisar figuras como la inviolabilidad porque en una sociedad democrática el principio de igualdad ante la ley debe ser sagrado y ningún cargo público y tampoco el jefe del Estado debería cometer infracciones penales sin que eso tuviera ningún tipo de consecuencias porque supone un descrédito enorme para las instituciones. 

Hace falta una legislación de protección de los denunciantes de corrupción

Ya que menciona el caso de Dimas Martín y la corrupción en Lanzarote, la abogada  Irma Ferrer ha explicado en ocasiones el coste de denunciar la corrupción, que es muy complicado. En el caso de Canarias tal y como es el sistema, muy basado en el desarrollismo, en ese modelo turístico. Tal y como está planteado nuestro sistema económico ¿se hace más complicado combatir la corrupción?

Es muy complicado llegar hasta el fondo de los casos de corrupción si no hay denuncias desde dentro. Por eso a menudo hay arrepentidos o personas de la propias tramas que han sido clave, pero llama la atención que se haya movido tantísimos millones de euros con la corrupción de los organismos públicos sin que haya saltado alarmas  internas y en gran parte por miedo a las represalias. Porque es conocido que las personas que se han atrevido a denunciar la corrupción han tenido graves problemas. Hace falta una legislación de protección de los denunciantes de corrupción, una directiva europea nos obligaba en diciembre de 2021 a tener una ley de protección de los denunciantes y todavía seguimos esperando a que se apruebe. Por lo tanto, hay que reclamar a los grupos políticos que resuelvan esta importante carencia. Y lo hemos visto en líneas generales que todos los jueces que han investigado la corrupción han tenido serios problemas. los jueces del caso Naseiro, del caso Filesa, del caso los ERES, del caso Gürtel, del caso Urdangarín. Es una dinámica constante que el que denuncie la corrupción o que quiere investigarla puede tener consecuencias negativas y esto implica también el revisar todo nuestro modelo de respuesta contra las prácticas corruptas. 

Si a la muerte de Franco hubiéramos acabado con la corrupción hoy tendríamos una renta per cápita muy superior a la media europea

¿Es posible calcular el coste real que la corrupción ha supuesto en España? 

Todos los estudios de economistas expertos en corrupción nos dicen que nos cuesta al año más de 40.000 millones de euros. Son cantidades enormes y por eso también los economistas nos explican que si a la muerte de Franco hubiéramos acabado con la corrupción hoy tendríamos una renta per cápita muy superior a la media europea y cercana a las de Finlandia. El coste a nuestras prestaciones sociales y a nuestro estado social es enorme y la prueba es que los países que tienen niveles más bajos de corrupción como Dinamarca, Suiza, Alemania o Nueva Zelanda, al mismo tiempo son los países que tiene un nivel económico más alto y han conseguido eliminar las bolsas de pobreza y tener unos servicios públicos muy desarrollados porque precisamente esas decenas de miles de millones de euros no las pierden y pueden activar todo su potencial económico al servicio del bien común. 

Antes nombraba algunas directivas, ¿hay mecanismos para prevenir y combatir la corrupción?

Lo demuestran los países más avanzados en la materia que de manera muy eficaz han afrontado el problema. Es importante que la legislación no facilite tanto adjudicar los contratos públicos a las tramas corruptas y ahí la regla general es que a precio de mercado no puede haber corrupción. Hace falta ese sobrecoste para repartirse beneficio entre el político corrupto y la empresa corrupta y por eso en materia de prevención es fundamental tener una legislación más estricta en materia de contratación pública y es importantísimo tener controles internos a través de altos cargos de la administración imparciales que vigilen que no se produzca la corrupción y también mejorar los mecanismos de transparencia y las estructuras éticas dentro de las administraciones. 

Lo vemos en casos recientes como el caso mascarillas de Madrid, por ejemplo, y ese cobro de comisiones, que se intenta justificar en el peor momento de la pandemia. Además, vemos que los partidos suelen acusarse mutuamente de casos de corrupción pero no se realiza un ejercicio de honestidad y se depuran responsabilidades... 

Los casos de las mascarillas deben investigarse y hay actuaciones para ello, pero muestran pautas muy habituales en las que cuando no hay concurrencia libre entre las empresas y adjudicación a precio de mercado deben activarse todas las alarmas porque ahí pueden estar produciéndose casos de corrupción. En España ha sido deporte nacional embestir contra la corrupción del partido rival y al mismo tiempo proteger a los propios corruptos y por eso sería importantísimo que se impusiera un pacto de Estado contra la corrupción en el que todas las fuerzas políticas se sentaran y aportaran esas medidas que imposibilitarían la corrupción a cinco, diez o quince años y que todos la cumplieran. El hecho de que se considere uno de los principales problemas del país y que no haya habido hasta ahora la menor tentativa de impulsar un acuerdo de este tipo nos da pistas de que no existe voluntad política suficiente y con voluntad política suficiente hace décadas que habríamos acabado con la corrupción. 

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias fue muy criticado por comentar que España no es una democracia plena, ¿una sociedad donde la corrupción sigue generando un alto coste a la ciudadanía lo es?

Los indicadores internacionales coinciden en dos aspectos sobre España que son interesantes. El primero es que estamos entre los diez mejores países del mundo en limpieza del proceso electoral, en eficacia en la organización de elecciones y en respeto al pluralismo político. Creo que este elemento positivo es muy favorable, pero los mismos indicadores que nos dicen eso también nos dicen otra cosa. Nos dice que tenemos un gravísimo problema de corrupción en las instituciones que tenemos debilidades institucionales que dificultan el control del poder político y que hay una injerencia enorme de los partidos en los órganos que debieran estar diseñados para vigilar su actuación y que todo esto debilita mucho a las instituciones españolas. Por tanto, yo creo que estas son las dos caras de la moneda que deberíamos analizar y creo que las dos son ciertas y si hemos sido capaces de avanzar en materia democrática y electoral en un ámbito, se tiene que hacer un esfuerzo para también avanzar en el otro. 

El caso de Alba es un caso de corrupción judicial que supone un abuso del poder público para beneficiar determinados intereses privados

Otra cuestión que golpea nuestra democracia son las cloacas del Estado. En Canarias tenemos por ejemplo el caso Alba... un juez condenado por maquinar contra una magistrada en excedencia y que aún no ha entrado en prisión ... ¿En qué situación dejan casos como este al sistema judicial y a nuestra democracia? 

El caso de Alba es un caso de corrupción judicial que supone un abuso del poder público para beneficiar determinados intereses privados, según dicen los hechos probados de la sentencia. Afortunadamente, en el ámbito judicial no se cometen muchos delitos de este tipo y los que se han perpetrado han tenido una respuesta judicial de condena y no se puede acusar al sistema judicial de haber mirado a otro lado cuando se han producido estas situaciones y la realidad es que España por suerte existen pocos casos de este tipo pero realmente es preocupante que desde el ámbito judicial se puedan cometer conductas como la de Alba.  

En abstracto, lo que se dice en las grabaciones sí podría suponer elementos indiciarios para que hubiera una reapertura (del caso Kitchen)

Otro caso que es de actualidad son los nuevos audios de Villarejo y exdirigentes del PP ¿ son suficientes para reabrir el caso Kitchen?

Hay algunos elementos en esas conversaciones que pueden suponer elementos indiciarios para la reapertura de las actuaciones siempre y cuando las pruebas aportadas o grabaciones tengan elementos suficientes de autenticidad y se hayan obtenido de manera lícita y no puedan quedar anuladas por haberse realizado de forma contraria al ordenamiento jurídico, pero en abstracto, lo que se dice en las grabaciones sí que podría suponer elementos indiciarios para que hubiera una reapertura del procedimiento respecto a algunas de las personas que aparecen en las grabaciones. 

Llevamos tres años de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial... ¿cómo lo valora? ¿cree que es seña de que aún arrastramos determinadas prácticas del franquismo?

Estas dinámicas explican por ejemplo que uno de los indicadores internacionales de The Economist nos haya empezado a calificar como democracia defectuosa precisamente y es comprensible ese reproche porque no es normal que el máximo órgano de Gobierno judicial esté tres años y medio caducado y en funciones y esto es como si un Gobierno después de una legislatura de cuatro años decide que no convoca elecciones y se mantiene en el poder por tiempo indefinido, esto no pasa en democracias avanzadas y por eso es lógico ese toque de atención desde las evaluaciones internacionales. Es una muestra más de las injerencias partidistas en la cúpula judicial y un ejemplo de la debilidad de nuestro sistema de separación de poderes que también nos reprocha el grupo Greco, el grupo anticorrupción del Consejo de Europa para que abordemos las reformas necesarias para que no se produzcan estas anomalías en el sistema de separación de poderes. 

El juez Luis Manglano, instructor del 'caso Naseiro', cuenta por primera vez el viacrucis que sufrió tras investigar la presunta financiación ilegal del PP en 1990. “Supone un alto coste profesional y personal”, ha dicho Manglano durante la presentación del libro de su amigo Joaquim Bosch en la Fira del Llibre de València. El juez, destacado miembro de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, ordenó el 9 de abril de 1990 la detención del entonces tesorero del PP, Rosendo Naseiro, del concejal en el Ayuntamiento de Valencia Salvador Palop y del delegado de Dragados en Valencia, Luis Janini.

La investigación del 'caso Naseiro' se inició por casualidad. La Policía tenía intervenido el teléfono del despacho del abogado Rafael Palop, hermano del edil popular, en busca de pistas sobre su posible implicación en una trama de narcotráfico. Salvador Palop solía utilizar el teléfono del despacho situado en la calle de Cirilo Amorós de Valencia. Dos meses antes de las detenciones, los agentes pincharon una conversación que ha pasado a la historia oral de la corrupción en España.

Al habla Voro Palop y Eduardo Zaplana: “Tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir. Ahora me tengo que comprar un coche. ¿Te gusta el Opel Vectra 16 válvulas?”, le pregunta a su amigo quien llegaría a presidente de la Generalitat Valenciana y ministro del Gobierno de José María Aznar. Zaplana, investigado en el marco del 'caso Erial' tres décadas después de esta reveladora conversación, tenía la necesidad perentoria, según quedó registrado en las famosas cintas, de “hacerse rico”.

La investigación del juez Luis Manglano afectaba de lleno a la presunta financiación ilegal del PP bajo el control del 'clan de Valladolid', liderado por José María Aznar. El epicentro de la presunta trama estaba situado en el número 5 de la calle Génova de Madrid, sede de la empresa Futuro Financiero, apenas a cuatro portales de distancia de la sede del PP.

Una exitosa estrategia jurídica pilotada por Alberto Ruiz-Gallardón, entonces presidente del Comité Nacional de Conflictos y Disciplina del PP, consiguió tumbar la causa. La historia del 'caso Naseiro' ha sido relatada, con todo detalle, por el periodista Francesc Arabí en su biografía Ciudadano Zaplana (Foca, 2019), probablemente el mejor retrato periodístico de la corrupción en el País Valenciano.

Las impúdicas conversaciones del personaje —ya en 1990— no impidieron que Eduardo Zaplana se hiciera un año más tarde con la alcaldía de Benidorm con la ayuda de la concejal tránsfuga Maruja Sánchez, conocida por el sabio acervo popular como Maruja la bien pagá. En 1995, el político que quería “ganar mucho dinero” inauguró las dos décadas ininterrumpidas de poder del PP en el Palau de la Generalitat Valenciana. Zaplana, cuyo futuro judicial a consecuencia del 'caso Erial' tiene francamente mala pinta, llegaría incluso a ostentar una cartera de ministro del Gobierno de España, con José María Aznar de presidente. 

¿Qué fue del juez instructor del 'caso Naseiro'? Luis Manglano, un hombre serio y de izquierdas amén de excelente magistrado, sufrió las consecuencias de haber ordenado investigar, por primera vez en España, la presunta financiación ilegal del PP (acreditada mucho más tarde en el marco del 'caso Gürtel').

“Investigar a los dos grandes partidos supone una gran desconfianza hacia el juez”, asegura durante la presentación del libro de Joaquim Bosch titulado La patria en la cartera (Ariel, 2022) y cuya quinta edición está a punto de ver la luz. El subtítulo del libro de Bosch es Pasado y presente de la corrupción en España, muy apropiado para la ocasión.

La judicatura “no es precisamente muy progresista”

Luis Manglano inició su carrera como jurista en el despacho del abogado Alberto García Esteve (1909-1997), el más activo defensor del antifranquismo en los tribunales franquistas (siempre se ha considerado, sin pizca de exageración, que fue la persona más amenazada de Valencia en el tardofranquismo y la Transición). Tras aprobar la oposición a la carrera judicial y fiscal, recaló como juez de instrucción hasta que se topó con las cintas magnetofónicas en las que Zaplana comentaba trapicheos varios. En la época, las cintas de cassettes fueron guardadas a buen recaudo dado que eran material altamente sensible.

Cuando el PP consiguió tumbar el 'caso Naseiro', creando de paso una nueva doctrina en España, Manglano pasó a ser una suerte de apestado en la carrera judicial, cuya cúpula controla un búnker claramente escorado a estribor. “Te cierra la posibilidad de llegar a cualquier puesto, ya sea en el Tribunal Superior de Justicia, en la presidencia de la Sala o en el Tribunal Supremo”, lamenta el juez, quien recuerda que la judicatura española “no es precisamente muy progresista”. 

Hubo un momento en que, harto de los reveses de las alianzas inconfesables de la cúpula judicial, dejó de postularse y actualmente es magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ-CV, a la que llegó por escalafón. Los jueces que suelen llegar a puestos en los altos tribunales, mantiene Manglano, “no es que sean de derechas, es que son de confianza”.

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia en el País Valenciano, ha incidido en que a su amigo Manglano la investigación del 'caso Naseiro' le supuso unas “enormes presiones y perjuicios notorios en su carrera profesional”. Cuando en 2004 Bosch tomó posesión de su toga, eligió a Luis Manglano sin dudarlo como padrino. El autor de La patria en la cartera ha definido al instructor del 'caso Naseiro' como un “magistrado enormemente respetado” aunque sistemáticamente perjudicado en la carrera judicial.

¿Cómo ven estos dos magistrados, de dos generaciones distintas, la corrupción hoy en día? Luis Manglano ha criticado el “manejo de recursos públicos en beneficio privado” y ha definido a los corruptos como “personas sin escrúpulos”, aunque también se muestra optimista: “Tenemos una sociedad más sana de lo que parece”. El juez también ha aludido al lastre “de una serie de oligarquías” en materia de corrupción en España. “Cada vez que lees sobre corrupción es fácil cabrearse”, remacha Manglano. 

Joaquim Bosch recuerda que “en el País Valenciano han sido condenados, encausados o encarcelados presidentes de la Generalitat, consellers, alcaldes de las tres principales ciudades y diputaciones y concejales”. En su libro se remonta hasta la Restauración para analizar las causas del tristemente expandido fenómeno en España e incide en el papel de la dictadura franquista, heredado en la Transición y más allá.

El magistrado progresista ha explicado que, en paralelo a la “represión y las gravísimas violaciones de los derechos humanos”, el régimen franquista construyó una enorme estructura corrupta que incluía desde ministros hasta gobernadores civiles. Bosch ha citado el relato del escritor Max Aub en La gallina ciega sobre su visita a España décadas después de exiliarse en México, en pleno desarrollismo franquista como un fino retrato de la sociedad adormecida y tolerante con la corrupción y el caciquismo que precedería a la Transición, un periodo que se cobró la vida de 250 personas en acciones policiales o parapoliciales de extrema derecha, ha recordado el juez. “Las circunstancias de la transición lo complicaron todo y el nuevo sistema democrático asumió la corrupción sin problema”, apostilla.

“Las estructuras institucionales que permitieron la corrupción en la dictadura no fueron reformadas”, lamenta. Bosch anhela un sistema “institucionalmente más sólido”. Sobre el 'caso Azud' de corrupción urbanística masiva durante la era de la fallecida alcaldesa popular Rita Barberá, el magistrado se ha preguntado “cómo es posible que se muevan semejantes cantidades de dinero negro sin que salten las alarmas internas”. A su lado, el juez que investigó por primera vez la financiación ilegal del PP, asiente. Él fue el primer instructor de la historia de España que escuchó en unos pinchazos policiales a un dirigente del PP que quería “ganar mucho dinero”. Sabe de lo que habla.

El magistrado Joaquim Bosch (Cullera, 1965), portavoz de Jueces para la Democracia en la Comunitat Valenciana, acaba de publicar La patria en la cartera (Ariel, 2022), un libro en el que desgrana la historia de la corrupción en España. Bosch repasa los orígenes históricos del fenómeno de la corrupción desde la Restauración y muestra los fallos de las instituciones y, singularmente, de la judicatura. En esta entrevista con elDiario.es analiza las claves de un libro que ya ha agotado su primera edición en apenas un día.

¿Por qué es tan importante, para entender el presente, la corrupción del régimen franquista?

Lo que hace tan importante la corrupción del franquismo es que se produce en una etapa de gran expansión de los Estados en el mundo occidental por los cambios tecnológicos, económicos y sociales que hacen disponer de muchos presupuestos públicos. Esto en democracias se lleva a cabo con controles, independencia de los jueces y derecho a la información pero en España lo lleva a cabo una dictadura con todas las consecuencias que eso generó, entre ellas que la corrupción se instalara en todos los ámbitos del régimen. Así se enriqueció Franco, sus familiares directos, una parte relevante de sus ministros, sectores de cierta importancia del empresariado y se extendió de arriba abajo en todos los ámbitos del país, en alcaldes, concejales, o gobernadores civiles. Y no olvidemos, además, que se trata de una etapa de enorme amplitud, de cerca de 40 años y precedente inmediato del sistema democrático, con lo cual era inevitable que al acabar la dictadura siguieran secuelas muy importantes.

En la dictadura franquista la corrupción alcanzó niveles que nos distanciaron enormemente de los países democráticos europeos

¿Hay razones naturales para que la corrupción se haya extendido tanto en la historia de España?

No existe un gen hispánico que predisponga a la corrupción, lo que existen son configuraciones institucionales que la favorecen. A mediados del siglo XIX no había grandes diferencias en los países europeos sobre prácticas corruptas en las instituciones y es en esa época cuando se produce el tránsito al Estado contemporáneo a través de reformas democráticas y de fortalecimiento de las instituciones. Ahí es cuando España se queda rezagada, primero con las tensiones internas de la Restauración y el sistema del turno dinástico que generó una ingente corrupción electoral pero también indecencias en el ámbito económico. La Segunda República intentó recuperar el terreno perdido a través de reformas democráticas pero esto fue frenado por el golpe de Estado de 1936. Nuestras instituciones se fueron quedando atrás en relación con los avances democráticos en los países europeos. En la etapa de Franco la corrupción alcanzó niveles que nos distanciaron enormemente de los países democráticos europeos.

¿Hubo una continuación durante la Transición?

La mitad de los 50 últimos ministros de Franco continuó en política después de la muerte del dictador. El primer Parlamento democrático de 1977 tenía 110 parlamentarios que habían sido altos cargos del franquismo. Decenas de miles de empleados públicos del Movimiento Nacional y de los sindicatos verticales pasaron a la Administración sin ningún tipo de oposición. Lo mismo ocurrió con todo tipo de cargos políticos que continuaron en democracia. La otra mitad de los altos cargos de Franco se integró en los consejos de administración de las principales empresas del país. Todo esto necesariamente tuvo que generar elementos de continuidad y el franquismo se adaptó a un sistema pluripartidista. De ser una corrupción de partido único de una dictadura pasó a ser un sistema de corrupción pluripartidista.

¿Qué lastres supuso para el proceso de Transición?

Las redes clientelares del régimen pasaron a ser las redes clientelares de los principales partidos. La Transición tuvo muchas dificultades para afrontar directamente y cuestionar la corrupción que venía heredada. Era muy difícil cuestionar los crímenes de la dictadura y las corruptelas del régimen cuando se estaba negociando con dirigentes que procedían de esa dictadura y alcanzando pactos de Estado. Era prácticamente incompatible poder cuestionar lo que se había hecho mal anteriormente. Al mismo tiempo, las dinámicas de la Transición favorecieron algunas continuidades. La Transición tiene elementos muy positivos, como haber alcanzado un sistema democrático en muy poco tiempo, con una Constitución y un sistema de derechos fundamentales equivalentes a los de los países europeos democráticos, pero también generó un sistema de partidos con un enorme poder para las cúpulas dirigentes, muy opacos en materia de gestión económica interna y muy poco democráticos en el control de sus propios militantes. Las estructuras legales del franquismo pudieron ser aprovechadas porque favorecían mucho la corrupción.

¿Qué papel jugó la judicatura?

La judicatura tardó mucho en reaccionar contra la corrupción porque procedía de un sistema dictatorial en el que era un instrumento más del régimen. Durante la Transición y los primeros años de democracia, apenas hubo investigaciones judiciales de oficio. Únicamente cuando los medios de comunicación, a finales de los años 80 y con la democracia ya estabilizada, empezaron a denunciarla y a llegar denuncias a los juzgados y el Poder Judicial empezó a actuar como la judicatura de una sociedad democrática. Se judicializaron cuestiones que ya venían de antiguo y que no habían sido investigadas en el momento de los hechos. Algunas concepciones del franquismo de la justicia como poder subordinado pasaron en gran parte a los partidos políticos. Los dirigentes del postfranquismo no tenían experiencia de gestión democrática por cuestiones obvias pero los dirigentes del antifranquismo tampoco porque se habían forjado en las catacumbas de la clandestinidad sin posibilidad de hacer congresos abiertos. Se tuvo que improvisar un sistema institucional y eso facilitó que hubiera concepciones en los partidos democráticos de que la justicia y otros órganos de control tenían que ser colonizados y supervisados. Esto dificultó que hubiera espacios de vigilancia institucional que ejercieran como contrapeso al poder político. Sigue siendo una característica de la democracia española.

Las estructuras legales del franquismo pudieron ser aprovechadas en la Transición porque favorecían mucho la corrupción

Su libro analiza los numerosos casos de corrupción en las instituciones valencianas. ¿Qué pasó para que alcanzara tal nivel?

La situación de corrupción en el ámbito valenciano nos muestra que se ha producido todo el catálogo de delitos de corrupción, además a unos niveles elevadísimos sin equivalentes en otros países europeos. No olvidemos que aquí han estado condenados, investigados o en prisión provisional presidents de la Generalitat, consellers, presidentes de las diputaciones, alcaldes y concejales de las principales ciudades. Se han evidenciado todas las patologías de nuestro sistema: los peligros de un poder absoluto, sin espacios de supervisión institucional y el despilfarro que siempre genera todos los huecos posibles de la corrupción. Si las obras públicas se adjudican a precio de mercado no puede haber corrupción, tiene que haber derroche y sobrecostes para que exista corrupción. Ha sido fácil que en el ámbito valenciano se produjera esa tormenta perfecta de la corrupción masiva.

También repasa la corrupción en otros territorios. ¿Ha eclipsado el caso valenciano a la corrupción en el resto de España?

El caso valenciano puede ser el más llamativo pero hemos tenido niveles altísimos de corrupción en Catalunya y en Baleares, en Madrid y en Andalucía, en Galicia y en Canarias, y en muchos otros territorios. Está repartida de manera muy homogénea, se trata de una corrupción política estructural. La corrupción política española se ha aproximado a la de Honduras o Guatemala. Una característica muy singular de nuestro país es que no es una corrupción sistémica que afecta, no solo a los políticos sino a los funcionarios públicos, policía, militares y a todo tipo de entornos vinculados a las instituciones. Aquí está muy concentrada en el ámbito político.

La corrupción ha afectado incluso a la jefatura del Estado. ¿Qué papel juega la inviolabilidad del rey?

Impide investigar cualquier posible delito por completo, ese es el gran problema. Si tenemos una figura de este tipo supone una invitación a delinquir y a que exista impunidad porque no se puede enjuiciar penalmente ninguna conducta de un jefe del Estado aunque se haya cometido fuera de sus funciones. Creo que se trata de una protección política desproporcionada. Una cosa es que haya algún tipo de regulación sobre las funciones ejercidas pero que pueda haber completa impunidad no tiene una justificación razonable. Puede haber diferencias de trato institucional si hay una justificación objetiva y razonable. Un jefe del Estado, sea de una monarquía parlamentaria o de una república, en una sociedad democrática debe cumplir unas funciones institucionales y, a partir de ellas, se debe analizar qué tipo de andamiaje jurídico le rodea. La figura de la inviolabilidad, tal como está concebida, me parece desproporcionada y, al mismo tiempo, creo que la jefatura del Estado es una institución tan importante como para que tenga los mismos mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas de cualquier otro organismo público de nuestro país.

El propio sistema institucional ya supone una presión profesional para los jueces que investigan la corrupción

'La patria en la cartera' también repasa el papel de la judicatura en España. ¿Cómo son las presiones a los jueces en este tipo de casos?

Suelen ser de tipo indirecto. Hay numerosos precedentes de jueces que han investigado la corrupción y eso les ha generado importantes problemas profesionales. Empezó muy pronto: en el 'caso Naseiro', el juez que investigó, Luis Manglano, recibió ataques durísimos y es conocido en la profesión que se le cerraron todas las puertas de promoción posterior. El juez que investigó el 'caso Filesa', Marino Barbero, que además era magistrado del Tribunal Supremo, tuvo también todo tipo de ataques desmesurados por los que tuvo que renunciar a su cargo. Es un caso único que un magistrado del Tribunal Supremo tenga que dejar el cargo por las presiones. Mercedes Alaya, cuando instruyó el caso de los ERE, también tuvo que soportar todo tipo de descalificaciones y presiones públicas. El caso más reciente es el de José Ricardo de Prada, uno de los jueces de la Audiencia Nacional que dictó sentencia en el 'caso Gürtel', que tuvo que soportar ser llamado 'filoetarra' en el Parlamento y todo tipo de descalificaciones y de situaciones que han dificultado también su propia actividad profesional. En un país como el nuestro en el que la cúpula judicial está configurada con una fuerte intervención de los partidos políticos, el propio sistema institucional ya supone una presión profesional para los jueces que investigan la corrupción.

El 'caso Gürtel' demuestra anomalías estructurales en el conjunto de nuestro sistema político

Escribe que el 'caso Gürtel' ha tenido una enorme importancia en España. ¿Por qué?

El 'caso Gürtel' es importante porque no se analiza una corrupción política aislada, no es un supuesto de cuatro manzanas podridas como a veces se dice, sino que, según los hechos probados de la sentencia, esta trama constituyó un eficaz sistema de corrupción institucional. Y conecta la tesorería de uno de los principales partidos del país con una trama de sobornos en numerosas instituciones públicas para adjudicarse millones de euros de manera fraudulenta, que acaban gestionándose en negro en la propia tesorería del partido afectado e incluso tienen incidencia en mecanismos de financiación irregular en el ámbito electoral. En conjunto, esto desvirtúa reglas básicas de una democracia: el respeto al ordenamiento jurídico, la desigualdad en el ámbito electoral o la propia gestión fraudulenta del dinero obtenido para reinvertirla en otras actividades. Es un supuesto que demuestra anomalías estructurales en el conjunto de nuestro sistema político.

También se muestra muy crítico con lo que denomina “la colonización partidista” de los organismos de la judicatura encargados de enjuiciar la corrupción.

Con voluntad política, la corrupción habría acabado hace décadas. Si hemos llegado a esta situación, obviamente no es por errores técnicos, por imprevisiones legales o por desconocimiento. Desde hace bastante tiempo, los partidos optaron por desembarcar en los propios organismos que debían vigilar su actuación institucional, lo cual nos demuestra que ahí no hay imprevisión. Hay una voluntad sostenida en el tiempo de dificultar que haya contrapesos a la propia gestión pública. El problema es que tenemos un conflicto de intereses: sería muy fácil decir que los dirigentes de los partidos que permiten esas actuaciones son corruptos y que se enriquecen, pero esto no es cierto, el problema es mucho más complejo.

Con voluntad política, la corrupción habría acabado hace décadas

¿Qué papel juegan los partidos políticos?

En nuestro país hay cerca de 100.000 empleados públicos nombrados a dedo como cargos de confianza y designaciones de tipo discrecional en las distintas administraciones públicas que van cambiando según van acabando las legislaturas. No hay equivalentes ni de lejos en ningún país europeo democrático. Las cúpulas de los partidos podrían retirarse de estos espacios, sería un gran avance para nuestra calidad institucional y nos pareceríamos a los países más avanzados que tienen controlada a niveles bajos la corrupción. Podían retirarse de los espacios que ocupan en el Consejo General del Poder Judicial, en la Fiscalía, en el Tribunal de Cuentas, en el Tribunal Constitucional, pero eso haría perder capacidad de influencias a los propios dirigentes políticos. Incluso en algunos ámbitos más masivos, como los cargos de confianza, sabemos que ahí se sitúan cuadros superiores, intermedios y de base de las propias fuerzas políticas. Lo que es mejor para el país puede perjudicar en abstracto el poder interno que tienen las cúpulas sobre sus partidos y en ese conflicto de intereses estamos.

¿Tiene solución?

Yo creo que sí que se puede solucionar. Hay países que han tenido problemas de este tipo y ha habido una gestión más generosa en defensa del interés general para romper estas prácticas aunque puede generar incertidumbre sobre las consecuencias políticas internas de estos cambios. Una de las finalidades del libro es abrir un debate sobre estas cuestiones, de las que se habla muy poco además. Está asumido que tiene que ser así porque siempre lo ha sido. Y se trata de remover conciencias en la ciudadanía pero también en los propios dirigentes políticos para que entiendan que el desarrollo institucional de España pasa por hacer reformas democráticas de este tipo.

Estamos a la cola europea en el número de jueces y a la cabeza en el número de políticos corruptos

¿Cuenta con suficientes recursos la Fiscalía Anticorrupción?

La Fiscalía Anticorrupción tiene recursos muy insuficientes, no sólo en el ámbito del número de fiscales, sino de los instrumentos que tiene a su disposición directa y también de los instrumentos indirectos, como las propias unidades policiales o la insuficiencia de peritos especializados en ingeniería financiera. Es un problema general, por desgracia no sólo un problema de la Fiscalía. Hay que recordar que nuestro país están en la mitad de jueces de la mediana europea. Me gusta repetir que estamos a la cola europea en el número de jueces y a la cabeza en el número de políticos corruptos. No ha habido la menor tentativa de vertebrar un Pacto de Estado contra la corrupción, un problema social importante y asumido que afecta a la calidad institucional y también a la capacidad económica del país y a la renta per cápita. 

La corrupción empobrece a los más débiles y enriquece a privilegiados indecentes, es una dinámica de captura de rentas y de redistribución de los recursos públicos que con mucha razón debería provocar una intervención de un Estado social para evitar que ese saqueo no perjudique al conjunto de la sociedad. El problema de la Fiscalía Anticorrupción forma parte de una estructura de medios personales y materiales que no tiene capacidad suficiente para que se pueda perseguir la corrupción. Tienen más medios para eludir la acción de la justicia las tramas corruptas de las que tenemos los jueces para perseguirlas.

¿Aboga por una mayor especialización para evitar las instrucciones interminables?

Mi impresión es que más que una especialización, lo que haría falta son más medios materiales y personales y una reforma de los instrumentos procesales, que son los que explican que las instrucciones se retrasen tanto. Tenemos una Ley de Enjuiciamiento Criminal que en gran parte procede del siglo XIX. Todos los partidos prometen que van a resolver esta cuestión pero pasan los años y seguimos con la legislación del siglo XIX. Perfectamente podemos tener instrumentos procesales más ágiles que, desde el respeto a las garantías de los investigados, permitan que las causas no se dilaten tanto en el tiempo. Creo que una combinación de instrumentos procesales mejores y de más medios materiales y personales podría ser suficiente pero esto implica una voluntad política de cierta entidad.

En España también existe un Código Penal enfocado a lo que se ha llamado 'roba gallinas'.

Es un problema de concepciones de qué es lo prioritario. En su momento se creó la figura de los juicios rápidos que consistían en que de manera inmediata, a veces el mismo día, determinados delitos de menor entidad contra la propiedad, se debían juzgar en muy poco tiempo. Yo no he visto ninguna propuesta que pueda parecerse en el ámbito de los delitos de corrupción y de la alta delincuencia económica. Nunca se ha planteado una propuesta de estructuras procesales para poder resolver estos casos en tiempos más cortos y esto perjudica las investigaciones. Si las causas se dilatan, muchas veces cuesta reunir pruebas o aparecen a lo largo del proceso indicios contra investigados nuevos a los que ya no se puede perseguir porque la causa ha prescrito. Se pierden elementos de prueba, a menudo fallecen testigos que pueden aportar datos importantes. Y esto explica que muchas veces queda la contradicción de causas judiciales muy largas que luego acaban en archivos o en condenas que parecen de poca entidad. Cuantas más demoras judiciales es mucho más difícil que las condenas sean ajustadas a determinados hechos.

La justicia ha interesado mucho más para controlarla que para mejorar las prestaciones que pueda aportar

¿Qué le parece el veto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial?

No tiene parangón en Europa porque tenemos la particularidad de que aquí los partidos se han repartido históricamente por cuotas la cúpula judicial. Creo que es un episodio lamentable el de un Consejo General del Poder Judicial que lleva más de tres años caducado y en funciones. Es como si un Gobierno, después de una legislatura de cuatro años, se negara a convocar elecciones y siguiera en el mismo lugar hasta que el tema se resuelve. Es una situación inadmisible y un síntoma de una batalla por el control de la cúpula judicial. No es un conflicto para la mejora de sistema judicial sino puramente por intereses puntuales de ver cómo se sitúan las fuerzas políticas. Me llama la atención que jamás hayamos tenido un debate amplio sobre la situación de la justicia, los medios que tenemos o la modernización. En nuestro país, en líneas generales, la justicia ha interesado mucho más para controlarla que para mejorar las prestaciones que pueda aportar.

Juntos escribieron El secuestro de la Justicia, un libro en el que Ignacio Escolar y el magistrado Joaquim Bosch arrojaban luz sobre la crisis del sistema judicial centrándose, entre otros temas, en la lucha contra la corrupción y las múltiples injerencias del poder político en el sistema.

Este martes, el director de eldiario.es y el ex portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia se han vuelto a ver las caras a través de las pantallas en Confinados para tratar las múltiples cuestiones relacionadas con los derechos en torno a la crisis sanitaria que estamos viviendo.

Respondiendo a varios socios y socias que se interesaban sobre la posible sanción de los bulos, Joaquim Bosch ha intentado arrojar algo de luz al respecto.

“La libertad de expresión ampara las opiniones subjetivas y las criticas, pero no ampara el derecho a mentir”, ha afirmado, incidiendo en que “la Constitución ampara el derecho a difundir información veraz” pero que no existe protección constitucional “contra la mentira”.

Así, el magistrado ponía como ejemplo algunas informaciones y afirmaciones que señalan al 8M y sus manifestaciones como el origen de la pandemia en nuestro país. “Que el 8M es el origen del contagio me parece una opinión disparatada y absurda pero es una opinión”, explicaba. Otra cosa es “que alguien publique que antes del 8M hubo una reunión de feministas en la que se acordó difundir el virus. Eso es un bulo tóxico, no una opinión, y ahí puede haber consecuencias jurídicas”, ha señalado.

El juez ha añadido que en toda esta polémica sobre los bulos y cómo perseguirlos “la cuestión es quién tiene que resolver esas consecuencias jurídicas de la mentira”.

“El gobierno no puede impedir las criticas, pero el estado de derecho a través del sistema judicial tiene que tener la capacidad de resolver estas cuestiones e implementar instrumentos para desenmascarar a los que mienten”, ha abundado.

Preguntado por un ejemplo concreto, sobre si hacer pasar por un documento del BOE afirmaciones falsas en este momento sería perseguible, Bosch ha explicado que “falsificar documentos es un delito”. “Habría que ir al caso concreto, pero la falsedad documental es alterar elementos fundamentales de un documento de manera que pueda generar confusión sobre su veracidad, por lo que se podría incurrir en ese delito”.

Sobre las declaraciones de algunos miembros del parlamento que han llegado a pedir la intervención del ejército contra el Gobierno de Pedro Sánchez, el magistrado ha asegurado que “nunca había visto algo así” aunque por ahora no le ve “encaje en el código penal”.

Sin embargo, ha señalado que el hecho de que “no tengan relevancia penal no significa que no haya que estar alerta” y ha reconocido su preocupación por la crispación que existe en el ambiente.

Derechos individuales y estado de alarma

Sobre si son constitucionales las medidas extraordinarias que se han tomado para restringir la circulación de personas durante el estado de alarma, Bosch ha afirmado que “hay juristas muy críticos que consideran que estos límites a las libertades solo se pueden acordar bajo restado de excepción”.

Sin embargo, esta opinión no es compartida por el magistrado, que cree que “el estado de excepción está para otro tipo de supuestos y alteraciones gravísimas del orden público, como un golpe de estado” y que es una opción que da muchos más poderes restrictivos al gobierno.

El ex portavoz de Juezas y Jueces para la democracia se ha mostrado crítico con el exceso de sanciones a la ciudadanía y ha pedido “cierta apertura mental” al respecto. Si hay “600.000 denuncias, estas afectan seguro a personas en situación precaria que no pueden hacer frente a las multas y les puede ser difícil asumirlas”.

Según Bosch, si se aplican sanciones, estas deben ser “poco discutibles” ya que la ley lo que castiga es la “desobediencia a una orden concreta o a los agentes y si estos acaban decidiendo algo que no dice la ley es más que probable que muchas sanciones acaben siendo anuladas”.

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El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y el magistrado de Juezas y Jueces por la Democracia Joaquim Bosch han analizado este martes el juicio del procés durante la presentación en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) del libro 'El secuestro de la justicia' (rocaeditorial, 2018). Ambos han coincidido en que el Derecho Penal en exclusiva no resolverá el problema político catalán. Además, Escolar ha valorado que la causa no terminará “con una condena máxima por rebelión pero tampoco va a haber absolución, por lo que de esa sentencia es muy posible que buena parte de la sociedad acabe con una enorme decepción”.

En un acto organizado por el grupo de la abogacía joven del ICAB, Bosch ha confiado en que la sentencia del Supremo “valorará todos los elementos” del delito de rebelión “para no provocar más conflicto”. “Si en el 1-O hubiese habido una rebelión violenta y armada con explosivos, que es lo que dice la jurisprudencia, alguien se hubiera enterado”, ha abundado Escolar, que también se ha preguntado si la Fiscalía hubiera formalizado su querella por rebelión el 30 de octubre de 2017 de haber convocado elecciones Puigdemont en vez de apostar por la DUI.

“Situarse al margen del ordenamiento jurídico lleva al caos y no facilita soluciones políticas”, ha valorado Bosch en referencia a los políticos independentistas. El magistrado también ha tildado de “discutibles” algunos elementos de la acusación por rebelión, y ha recordado la resolución del tribunal alemán de Schleswig-Holstein, que concluyó que los hechos del 20-S y el 1-O no tuvieron la suficiente entidad violenta para doblegar al Estado. “Ningún medio ni ningún político vio la rebelión cuando Puigdemont y Rajoy se cruzaban mensajes”, ha añadido.

Escolar también ha incidido en el derecho al juez natural que los acusados creen que se ha vulnerado al juzgarse su causa en el Supremo en vez de en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).  “El derecho al juez natural es que te toque el juez que te toque, no el que quiera el poder político”, ha zanjado. 

A preguntas del público que ha llenado el patio de columnas del ICAB, Escolar y Bosch también han analizado noticias recientes relacionadas con el mundo de la abogacía, como el fichaje de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por Cuatrecasas. “Me cuesta pensar en un sector que no lleve el bufete en el que no haya actuado la vicepresidenta”, ha valorado Escolar.

El director de eldiario.es ha recordado que la Abogacía del Estado dirigida por Sáenz de Santamaría llegó a un acuerdo con Emilio Cuatrecasas en su caso de fraude fiscal. “No creo que haya habido trato de favor, pero contribuye a erosionar la credibilidad de las instituciones”, ha agregado Bosch.

Escolar ha recordado durante el coloquio uno de los temas que se analiza en el libro: la importancia de un Poder Judicial independiente y sin injerencias de los políticos. “Con el libro nos hemos dado cuenta que para ejercer nuestro es fundamental ser independientes y también la apariencia d imparcialidad”, ha indicado Escolar, que ha concluido que “sin ser Turquía, España tiene mucho que mejorar” en su sistema judicial, en especial en la elección de los magistrados de las altas instancias. “El libro termina con la reflexión de si nos queremos acercar Turquía o a los países europeos mas avanzados”, ha concluido Bosch.

El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y el exportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, estarán este jueves día 31 de energo en Santander para presentar 'El secuestro de la justicia', el libro que han escrito conjuntamente y que analiza las virtudes y problemas del sistema judicial español. El coloquio tendrá lugar en la Librería Estvdio (C/ Burgos, 5) a partir de las 19.30 horas, con entrada libre.

'El secuestro de la justicia' (Roca Editorial) es una obra crítica y pedagógica sobre un sistema judicial que los autores consideran que está en “grave crisis” como consecuencia de las “injerencias políticas” que se concentran en la cúpula judicial y que son “especialmente peligrosas” en los casos de corrupción.

El libro, que ya va por su tercera edición, se publicó en la primavera de 2018, coincidiendo con un notable aumento del interés de los españoles por las cuestiones relativas a la Justicia como organización y sistema, y sobre el intento de los partidos políticos por “secuestrar en beneficio propio” la política judicial.

Son numerosos los temas que aborda y que están estrechamente ligados al sistema judicial y a la actualidad informativa, como la lucha contra la corrupción, el uso de la Justicia en el conflicto territorial catalán, los abusos de la banca (preferentes, hipotecas…), el mal funcionamiento de la defensa de la mujer en cuestiones de violencia machista, el deterioro de derechos como la presunción de inocencia, la libertad de expresión y abuso de la prisión condicional, la aplicación de la Ley Memoria Histórica o la criminalización de los inmigrantes, entre otros.

La obra también analiza cómo organismos decisivos como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Anticorrupción ha sido “manipulados por el poder político” hasta el punto de perder incluso la apariencia de independencia para los ciudadanos.

Entre las notas positivas, Escolar y Bosch elogian la base del sistema, formado por miles de jueces de primera instancia que “no se han dejado contaminar” y que han propiciado que asuntos tan trascendentales para los ciudadanos como los abusos bancarios hayan llegado a los tribunales europeos o la multitud de investigaciones que llevan a cabo, sin medios suficientes, para investigar la corrupción y poner contra las cuerdas a políticos y a empresarios corruptos.

“Los partidos políticos cuentan con mecanismos muy directos para influir en la justicia: en los nombramientos y en los premios y castigos a los jueces. Lo estamos viendo en los últimos años con los grandes casos de corrupción, y con las muchas maniobras judiciales en la oscuridad con la que se intenta influir en la elección de qué jueces se ocupan de investigar y sentenciar los casos más sensibles”, denuncia Escolar en este libro.

Por su parte, Bosch señala que “las situaciones de desánimo, exasperación y agotamiento en la judicatura son bastante elevadas. Las cuatro asociaciones judiciales consensuaron 14 reivindicaciones básicas para transformar el sistema judicial y convertirlo en un servicio público de calidad, pero el poder político sigue dando la callada por respuesta”.

La polémica marcha atrás del Tribunal Supremo en la sentencia sobre las hipotecas, el inicio del juicio del procés o las decisiones del Supremo y la Fiscalía sobre el caso Cifuentes han vuelto a situar el foco de la actualidad en el funcionamiento y la organización de la Justicia española. ¿Quién manda en la Justicia? ¿Cómo se toman las decisiones judiciales que afectan a millones de personas? ¿Está la Justicia española secuestrada por los políticos?

El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y el exportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia Joaquim Bosch han conversado sobre esta y otras cuestiones en la presentación de su libro 'El secuestro de la Justicia' que ha tenido lugar este en el Palacio de la Prensa de Madrid.

Durante la presentación, a Ignacio Escolar y Joaquim Bosch les ha acompañado la directora de Roca Editorial, Blanca Rosa Roca. Blanca Rosa RocaAl final de la presentación hubo un espacio para las preguntas del público y un tiempo para la firma de ejemplares del libro, que ya va por su 3º edición.

El sistema judicial está en crisis. Así lo denuncian Ignacio Escolar (director de eldiario.es) y Joaquim Bosch en “El secuestro de la justicia”, un análisis de la justicia en una escalada sin precedentes de injerencias políticas que se concentran en la cúpula y son especialmente peligrosas en los casos de corrupción.

Al despertar para ir al colegio en el primer día tras las vacaciones de verano, Marty encontró muertos a sus padres. Tenía entonces 17 años, los mismos que pasó en la cárcel condenado como autor de los asesinatos. 'Desde la capital del imperio', Carlos Pérez Cruz nos trae una historia que contiene todos los elementos de un best-seller: asesinatos, corrupción policial, herencias familiares, huidas, matones... Pero, sobre todo, es la historia de una terrible injusticia.

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El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y el magistrado de Juezas y Jueces por la Democracia Joaquim Bosch han coincidido este lunes en que el diálogo entre políticos debe ser la vía prioritaria para resolver el proceso soberanista, más allá del resultado de las causas judiciales abiertas. En la presentación en Barcelona de 'El secuestro de la justicia' (rocaeditorial, 2018), Bosch ha valorado que las medidas judiciales “en solitario” resultan perjudiciales porque “agravan más el problema de convivencia” que existe en Catalunya.

“Los tribunales, los jueces y los fiscales han hablado muchísimo, pero los políticos entre ellos no han hablado y esto es un problema”, ha afirmado Bosch durante la presentación, que ha llenado el auditorio de la Casa del Libro en Barcelona. “Esto no se puede resolver con medidas penales, sino de convivencia, con acción política”, ha añadido.

Sobre la situación en Catalunya y los nuevos ejecutivos de Pedro Sánchez y Quim Torra ,Escolar ha visto capacidad de actuación en el terreno político. “Que haya un Govern y un Gobierno que se sienten en una mesa es una buena noticia. Ojalá haya un acuerdo de mínimos para solucionar la situación”, ha afirmado. Asimismo, ha advertido de que Pedro Sánchez, al igual que Mariano Rajoy, “no puede llamar al Supremo y decir que suelten a los 'Jordis'”.

Ambos han recordado las dudas que numerosos juristas han expresado sobre la calificación provisional de delito de rebelión que ha efectuado el Tribunal Supremo. “Un alzamiento [la característica del delito de rebelión] no se puede cometer al ralentí entre 3 y 4 años, es un movimiento rápido y violento. Después de la declaración de independencia, los políticos se fueron a su casa”, ha razonado Bosch.

El director de eldiario.es ha hecho hincapié en que las causas judiciales deberían investigar los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de los dirigentes independentistas, pero que la rebelión es un delito pensado para un alzamiento militar, algo que no se ha producido en el otoño soberanista.

Escolar y Bosch han ensalzado la apertura de un diálogo entre políticos para poner fin a la cuestión catalana. “Precisamente como magistrado no tengo confianza en la justicia para resolver problemas políticos y menos un problema de convivencia ciudadana tan grave” como el catalán, ha diagnosticado el juez.

Sobre la reciente sentencia de la trama Gürtel, Bosch ha pedido al público que ha asistido a la presentación que lea los hechos probados de la sentencia, que confirman la existencia de una “contabilidad paralela en dinero negro” que se nutría de adjudicaciones de contratos amañados, y ha recordado que el tribunal no ha dado credibilidad al testimonio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Por su lado, Escolar ha enmarcado la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de impedir al juez progresista de Gürtel decida sobre el ingreso en prisión de los condenados en uno de los intentos del poder político para interferir en la labor de los jueces.

Bosch ha pedido que el nuevo Gobierno y una mayoría alternativa en el Congreso aborden algunas de las cuestiones que se tratan en el libro, como la protección de los consumidores frente a los abusos de las grandes corporaciones y la banca o la memoria histórica. “Es inadmisible que se diga que no hay un euro para evitar exhumar las fosas comunes y se gaste un millón de euros en mantener la tumba de Franco en el Vallo de los Caídos”, ha lamentado sobre el anterior Gobierno.

De cara a la nueva etapa en la legislatura, Bosch también ha reclamado revertir el “retroceso en materia de libertades y derechos fundamentales”, en referencia a la ley de seguridad ciudadana, conocida como 'ley mordaza', o las recientes condenas a cantantes o tuiteros. “La libertad de expresión ampara no sólo lo aceptado por todos, sino también lo que desagrada o molesta a la mayoría siempre que no haya una amenaza. La represión penal no resuelve los problemas, es el debate abierto de ideas el que deja en buen lugar a las buenas y en mal lugar a las malas”, ha recordado.

“L'envestida que ha patit el poder judicial en els últims anys ha sigut molt fort”. El magistrat valencià Joaquim Bosch, exportaveu de 'Jueces para la Democracia', i el director d'eldiario.es, Ignacio Escolar, han protagonitzat un diàleg en el qual reflexionen sobre la importància de la independència de la justícia i el periodisme amb motiu de la presentació aquest dijous a València de 'El secuestro de la justicia', un llibre del qual són coautors. “Una singularitat en el panorama editorial”, com ha reconegut el jutge.

Les reformes del sistema judicial, com les executades per l'exministre Alberto Ruiz Gallardón, han permés augmentar el control per part del poder polític, tal com ha denunciat Bosch.

“Afeblir l'òrgan judicial deixa a la ciutadania indefensa per a conéixer casos d'una enorme importància”, ha explicat el magistrat, que ha posat com a exemple el cas de 'la manada': “ací el poder judicial no ha existit per a explicar, amb major o menor fortuna, les raons d'aquesta sentència o que aquesta és una part més del procés”. “Aquest és un símptoma més de feblesa”, ha dit.

“Jutges i mitjans patim l'intent de captura del poder econòmic i polític, en el cas dels jutges és més polític que econòmic, en el cas dels mitjans és més econòmic que polític”, ha assegurat Escolar, qui ha sentenciat: “el poder intenta capturar un contrapoder, i al final, perquè existisca una societat democràtica hauria d'haver-hi una separació de poders”, entre els tres poders tradicionals -legislatiu, executiu i judicial-, i un quart poder -els mitjans de comunicació-.

“El que ha fet eldiario.es amb el cas Cifuentes és un cas aïllat en els últims anys”, ha apuntat Bosch aquest cas per a lamentar que s'ha perdut independència en els mitjans per a poder actuar contra els abusos del poder.

“La embestida que ha sufrido el poder judicial en los últimos años ha sido muy fuerte”. El magistrado valenciano Joaquim Bosch, exportavoz de Jueces para la Democracia, y el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, han protagonizado un diálogo en el que reflexionan acerca de la importancia de la independencia de la justicia y el periodismo con motivo de la presentación este jueves en Valencia de 'El secuestro de la Justicia', un libro del que son coautores. “Una singularidad en el panorama editorial”, como ha reconocido el juez.

Las reformas del sistema judicial, como las ejecutadas por el exministro Alberto Ruiz Gallardón, han permitido aumentar el control por parte del poder político, tal y como ha denunciado Bosch.

“Debilitar el órgano judicial deja a la ciudadanía indefensa para conocer casos de una enorme importancia”, ha explicado el magistrado, que ha puesto como ejemplo el caso de 'la manada': “aquí el poder judicial no ha existido para explicar, con mayor o menor fortuna, las razones de esta sentencia o que ésta es una parte más del proceso”. “Éste es un síntoma más de debilidad”, ha dicho.

“Jueces y medios sufrimos el intento de captura del poder económico y político, en el caso de los jueces es más político que económico, en el caso de los medios es más económico que político”, ha asegurado Escolar, quien ha sentenciado: “el poder intenta capturar un contrapoder, y al final, para que exista una sociedad democrática debería haber una separación de poderes”, entre los tres poderes tradicionales -legislativo, ejecutivo y judicial-, y un cuarto poder -los medios de comunicación-.

“Lo que ha hecho eldiario.es con el caso Cifuentes es un hecho aislado en los últimos años”, ha apuntado Bosch, que ha lamentado que se ha perdido independencia en los medios para poder actuar contra los abusos del poder.

“El intento de captura de los medios es idéntico al intento de captura y de secuestro de la independencia judicial. Se hace a través del enorme poder de los gobiernos y los partidos”. Con estas palabras, el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, ha denunciado las injerencias políticas que padecen ambos ámbitos y que han motivado la publicación del libro El secuestro de la justicia (rocaeditorial, 2018) que el periodista ha escrito junto al magistrado y miembro de Jueces por la Democracia Joaquim Bosch.

Los dos han presentado este miércoles en Madrid este ensayo en el que denuncian “los instrumentos que utiliza el poder político para controlar la justicia”. Bosch ha querido poner en valor el reciente interés de la ciudadanía por la Justicia que se debe, a su juicio, a que vivimos en una “sociedad judicializada”, lo cual “es un síntoma de que hay carencias e insuficiencias”. “La justicia está teniendo un protagonismo excesivo porque hay muchos problemas políticos que no se deberían resolver en la justicia y porque está interviniendo en espacios en los que no tenía que hacerlo porque está afectando a derechos y deberes de las personas. El derecho penal que debería ser la última actuación se está convirtiendo en una actuación máxima, y esto está generando muchos problemas”, ha señalado.

En su opinión, “haría falta una justicia muy sólida, respetada socialmente”, si bien en España “tenemos todo lo contrario”. “Ha sido debilitada históricamente, abandonada y tiene graves problemas de medios”, ha denunciado. Todo se debe, ha dicho, a que no se ha respetado la separación de poderes tanto por la clase política gobernante como por parte de la judicatura.

“Nos compenetramos bien porque los dos creemos en la separación de poderes”, recalcaba Escolar al hablar de su relación con el coautor del libro. “Somos víctimas y beneficiados de las virtudes y los defectos de la separación de poderes”. Sobre el periodismo, ha asegurado que medios independientes como eldiario.es se asemejan al 80% a los medios controlados por el poder empresarial, si bien “hay un 20% en el que los medios independientes podemos entrar y los otros no pueden entrar”. Como ejemplo ha puesto el caso del máster de Cristina Cifuentes.

“En la justicia pasa algo parecido: en el 90% de los casos un ciudadano que acude a la justicia tiene que estar tranquilo. Solo tendrá problemas en los asuntos relacionados con la influencia política”, alertaba. “El problema de la justicia no está en los tribunales ordinarios”, insistía. El problema son, en su opinión, “aquellos juzgados por donde acabarán pasando los poderosos de la política”, como el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional. Porque allí hay “jueces que han sido seleccionados para que sean los que prefiere el poder”. Sobre la Audiencia Nacional, Escolar ha recordado que se creó por la existencia de ETA y ha explicado que se ha convertido en una herramienta “muy útil al poder porque por solo seis tribunales pasan los grandes temas corrupción”.

El director de eldiario.es ha alertado de que “se ha ido recortando la inicial poca independencia judicial que había” encaminándose a un modelo en el que los partidos políticos eligen a los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial, que a su vez escogen a los principales jueces del Supremo y que son también quienes reparten sanciones al resto de jueces. Es, a su juicio, “la herramienta de transmisión del poder político al poder judicial”.

“El problema no es en que tengamos una de las peores justicias del mundo. No tenemos una mala justicia. El problema está en la pequeña parte de casos tremendamente conocidos que acaban siendo muy sensibles para el poder”, ha señalado. Por ello, ha recordado que “a medida que ha aflorado la corrupción que afecta al principal partido del país, la presión sobre los órganos de la justicia ha crecido hasta convertirse en un problema grave”.

El modelo, ha añadido, “nace de la transición”. “El PSOE se da cuenta de que la justicia era tremendamente conservadora. Y en lugar de hacer una ruptura lo que hizo fue introducir elementos para que las clases populares pudieran entrar en la justicia. Esta herramienta la aprovecha la derecha. Se van haciendo reformas y al final acaba siendo un cambio de cromos sin ningún rubor, ni siquiera en lo formal”.

Ambos autores se han referido a asuntos judiciales que están marcando la actualidad, como el caso de 'La Manada' o la condena al rapero Valtonyc, castigado con tres años y medio de cárcel por el contenido de las letras de sus canciones. Escolar ha querido dejar claro que a él no le gustan muchas de esas letras, pero ha denunciado la desproporción judicial que supone que por ese “mal gusto” alguien entre en prisión. Ante el recorte de los derechos que a su juicio se está dando en España y, en especial, ante los retrocesos en la libertad de expresión, Escolar ha considerado que estamos en “un país que se parece a Turquía y no a Francia. Y yo quiero parecerme a Francia.

La publicación de este libro a comienzos de mayo de 2018 coincide con un notable aumento del interés de los españoles por las cuestiones relativas a la Justicia como organización y sistema, y sobre el intento de los partidos políticos por secuestrar en beneficio propio la política judicial.

Entre los temas abordados, destacan la lucha contra la corrupción, las injerencias del poder político en el sistema judicial, el uso de la Justicia en el conflicto territorial catalán, los abusos de la banca (preferentes, hipotecas…), el mal funcionamiento de la defensa de la mujer en cuestiones de violencia machista, el deterioro de derechos como la presunción de inocencia, la libertad de expresión y abuso de la prisión condicional, la limitadísima aplicación de una mala ley: la de Memoria Histórica y, además, la criminalización de los inmigrantes.

También hay cabida para el elogio de la parte más sana del sistema judicial español, formada especialmente por los miles de jueces de primera instancia a los que se debe que llegaran a los tribunales europeos los casos de abusos de la banca sobre todo en cuestiones de desahucios, a los que también se deben multitud de investigaciones sobre casos de corrupción.

Joaquim Bosch, ex portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, e Ignacio Escolar, director de eldiario.es, presentarán el domingo 3 de junio en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria El secuestro de la Justicia, una obra que aborda la crisis del sistema judicial.

El libro aborda, entre otros temas, la lucha contra la corrupción, las injerencias del poder político en el sistema judicial, el uso de la Justicia en el conflicto territorial catalán, los abusos de la banca (preferentes, hipotecas…), el mal funcionamiento de la defensa de la mujer en cuestiones de violencia machista, el deterioro de derechos como la presunción de inocencia, la libertad de expresión y abuso de la prisión condicional, la limitadísima aplicación de una mala ley: la de Memoria Histórica y, además, la criminalización de los inmigrantes.

“Los partidos políticos cuentan con mecanismos muy directos para influir en la justicia: en los nombramientos y en los premios y castigos a los jueces. Lo estamos viendo en los últimos años con los grandes casos de corrupción, y con las muchas maniobras judiciales en la oscuridad con la que se intenta influir en la elección de qué jueces se ocupan de investigar y sentenciar los casos más sensibles”, señala Ignacio Escolar en el libro.

“Las singularidades españolas en la gestión de la crisis también deben relacionarse con unas tentativas más acusadas por parte del poder político de interferir en la justicia, a través de reformas muy meditadas que pretendían debilitar el poder judicial”, apunta Joaquim Bosch.

También hay cabida para el elogio de la parte más sana del sistema judicial español, formada especialmente por los miles de jueces de primera instancia a los que se debe que llegaran a los tribunales europeos los casos de abusos de la banca sobre todo en cuestiones de desahucios, a los que también se deben multitud de investigaciones sobre casos de corrupción…

Se añade en este libro una crítica sin tapujos de la pequeña pero poderosa capa superior del mundo de la justicia: Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, y también la Fiscalía General del Estado, así como la Fiscalía Anticorrupción… son organismos decisivos que, en opinión de los autores, han sido manipulados por el poder político hasta el punto de perder incluso la apariencia de independencia.

El secuestro de la Justicia también se presentará en Madrid (16 de mayo, Fnac Callao), Valencia (17 de mayo, Octubre Centre de Cultura Contemporània), Bilbao (21 de mayo, Mediateka BBK - Azkuna Zentroa) y Barcelona (4 de junio, Casa del Libro / Rambla Catalunya, 37).

Joaquim Bosch, ex portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, e Ignacio Escolar, director de elDiario.es, han unido fuerzas para escribir El secuestro de la Justicia: un libro que aborda la crisis del sistema judicial. Los autores participaron en un coloquio el 26 de marzo en el Colegio de Abogados de Barcelona después de haber presentado el libro en Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, Cullera, Alicante, Valencia, Paiporta, Las Palmas de Gran Canaria y Zaragoza.

La publicación de este libro a comienzos de mayo de 2018 coincidió con un notable aumento del interés de los españoles por las cuestiones relativas a la Justicia como organización y sistema, y sobre el intento de los partidos políticos por secuestrar en beneficio propio la política judicial. Ahora, regresa a la actualidad en pleno juicio del procés en el Tribunal Supremo.

Entre los temas abordados, destacan la lucha contra la corrupción, las injerencias del poder político en el sistema judicial, el uso de la Justicia en el conflicto territorial catalán, los abusos de la banca (preferentes, hipotecas…), el mal funcionamiento de la defensa de la mujer en cuestiones de violencia machista, el deterioro de derechos como la presunción de inocencia, la libertad de expresión y abuso de la prisión condicional, la limitadísima aplicación de una mala ley: la de Memoria Histórica y, además, la criminalización de los inmigrantes.

“Los partidos políticos cuentan con mecanismos muy directos para influir en la justicia: en los nombramientos y en los premios y castigos a los jueces. Lo estamos viendo en los últimos años con los grandes casos de corrupción, y con las muchas maniobras judiciales en la oscuridad con la que se intenta influir en la elección de qué jueces se ocupan de investigar y sentenciar los casos más sensibles”, señala Ignacio Escolar en el libro.

“Las singularidades españolas en la gestión de la crisis también deben relacionarse con unas tentativas más acusadas por parte del poder político de interferir en la justicia, a través de reformas muy meditadas que pretendían debilitar el poder judicial”, apunta Joaquim Bosch

También hay cabida para el elogio de la parte más sana del sistema judicial español, formada especialmente por los miles de jueces de primera instancia a los que se debe que llegaran a los tribunales europeos los casos de abusos de la banca sobre todo en cuestiones de desahucios, a los que también se deben multitud de investigaciones sobre casos de corrupción…

Se añade en este libro una crítica sin tapujos de la pequeña pero poderosa capa superior del mundo de la justicia: Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, y también la Fiscalía General del Estado, así como la Fiscalía Anticorrupción… son organismos decisivos que, en opinión de los autores, han sido manipulados por el poder político hasta el punto de perder incluso la apariencia de independencia.

“El sistema judicial està en crisi”. Així ho denuncia 'El secuestro de la justicia', l'obra elaborada per l'exportaveu de 'Jueces para la Democracia', el valencià Joaquim Bosch, i el director d'eldiario.es, Ignacio Escolar, que analitzen en una obra necessària, incisiva i pedagògica les “virtuts i problemes” del sistema judicial espanyol, marcat per les injerències polítiques que es concentren en la cúpula judicial i són especialment perilloses en els casos de corrupció. A més, la ciutadania percep que les lleis no sempre són iguals per a tots.

Els autors estudien: les injustícies que pateixen les víctimes de violència masclista, i els que pateixen abusos bancaris; els problemes en l'aplicació de la presó provisional o els excessos en els límits de la política de penes de privació de llibertat; el drama dels refugiats i la criminalització dels immigrants; la falta de reparació de les víctimes del franquisme; l'actuació de la justícia en el conflicte català; i les creixents retallades de llibertats.

L'obra també analitza com a organismes decisius com el Tribunal Constitucional, el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal Suprem, l'Auidiencia Nacional, la Fiscalia General de l'Estat o la Fiscalia Anticorrupció han sigut manipulats pel poder polític fins al punt de perdre fins i tot l'aparença d'independència.

Així, s'analitza amb detall el repartiment de llocs de magistrats en els llocs clau mitjançant quotes de partits, l'enviament de llocs molt ben pagats a l'estranger als jutges que “molesten”, la designació de jutges pròxims al PP per a jutjar els casos de corrupció de membres del Partit Popular...

En aquest sentit i en paraules d'Escolar, “els partits polítics compten amb mecanismes molt directes per a influir en la justícia: en els nomenaments i en els premis i càstigs als jutges”, mentre que Bosch argumenta: “estem a la cua europea en el nombre de jutges i al capdavant en el nombre de corruptes”.

Quant al finançament dels partits, aquesta, segons l'exportaveu de Jueces para la Democracia, “el finançament del partit quasi sempre va acompanyat d'enriquiments personals delictius, perquè els qui transfereixen il·legalment els diners públics del que s'han apropiat per al partit, es consideren legitimats per a reservar-se la seua part en el botí. En relació amb les al·legacions de desconeixement del saqueig partidista de les institucions, si fóra cert que els dirigents ignoraven aqueix finançament irregular, també em semblaria molt greu. Això equival a acceptar que en els partits poden circular milions d'euros de manera fraudulenta sense que ningú s'assabente. Ni el seu president, ni la resta de l'òrgan directiu, amb excepció del tresorer”.

L'Octubre Centre de Cultura Contemporània (carrer Sant Ferran, 12 de València) acollirà aquest dijous, 17 de maig, a les 19.30 hores, l'acte de presentació de 'El secuestro de la justicia'. Comptarà amb la presència dels dos autors, Joaquim Bosc i Ignacio Escolar, i estarà presentat per Juan Antonio Lloret, president de l'Asoociació Valenciana de Juristes Demòcrates.