Joaquim Bosch, magistrado: “La inviolabilidad del rey supone una invitación a delinquir”

El magistrado Joaquim Bosch (Cullera, 1965), portavoz de Jueces para la Democracia en la Comunitat Valenciana, acaba de publicar La patria en la cartera (Ariel, 2022), un libro en el que desgrana la historia de la corrupción en España. Bosch repasa los orígenes históricos del fenómeno de la corrupción desde la Restauración y muestra los fallos de las instituciones y, singularmente, de la judicatura. En esta entrevista con elDiario.es analiza las claves de un libro que ya ha agotado su primera edición en apenas un día.

¿Por qué es tan importante, para entender el presente, la corrupción del régimen franquista?

Lo que hace tan importante la corrupción del franquismo es que se produce en una etapa de gran expansión de los Estados en el mundo occidental por los cambios tecnológicos, económicos y sociales que hacen disponer de muchos presupuestos públicos. Esto en democracias se lleva a cabo con controles, independencia de los jueces y derecho a la información pero en España lo lleva a cabo una dictadura con todas las consecuencias que eso generó, entre ellas que la corrupción se instalara en todos los ámbitos del régimen. Así se enriqueció Franco, sus familiares directos, una parte relevante de sus ministros, sectores de cierta importancia del empresariado y se extendió de arriba abajo en todos los ámbitos del país, en alcaldes, concejales, o gobernadores civiles. Y no olvidemos, además, que se trata de una etapa de enorme amplitud, de cerca de 40 años y precedente inmediato del sistema democrático, con lo cual era inevitable que al acabar la dictadura siguieran secuelas muy importantes.

En la dictadura franquista la corrupción alcanzó niveles que nos distanciaron enormemente de los países democráticos europeos

¿Hay razones naturales para que la corrupción se haya extendido tanto en la historia de España?

No existe un gen hispánico que predisponga a la corrupción, lo que existen son configuraciones institucionales que la favorecen. A mediados del siglo XIX no había grandes diferencias en los países europeos sobre prácticas corruptas en las instituciones y es en esa época cuando se produce el tránsito al Estado contemporáneo a través de reformas democráticas y de fortalecimiento de las instituciones. Ahí es cuando España se queda rezagada, primero con las tensiones internas de la Restauración y el sistema del turno dinástico que generó una ingente corrupción electoral pero también indecencias en el ámbito económico. La Segunda República intentó recuperar el terreno perdido a través de reformas democráticas pero esto fue frenado por el golpe de Estado de 1936. Nuestras instituciones se fueron quedando atrás en relación con los avances democráticos en los países europeos. En la etapa de Franco la corrupción alcanzó niveles que nos distanciaron enormemente de los países democráticos europeos.

¿Hubo una continuación durante la Transición?

La mitad de los 50 últimos ministros de Franco continuó en política después de la muerte del dictador. El primer Parlamento democrático de 1977 tenía 110 parlamentarios que habían sido altos cargos del franquismo. Decenas de miles de empleados públicos del Movimiento Nacional y de los sindicatos verticales pasaron a la Administración sin ningún tipo de oposición. Lo mismo ocurrió con todo tipo de cargos políticos que continuaron en democracia. La otra mitad de los altos cargos de Franco se integró en los consejos de administración de las principales empresas del país. Todo esto necesariamente tuvo que generar elementos de continuidad y el franquismo se adaptó a un sistema pluripartidista. De ser una corrupción de partido único de una dictadura pasó a ser un sistema de corrupción pluripartidista.

¿Qué lastres supuso para el proceso de Transición?

Las redes clientelares del régimen pasaron a ser las redes clientelares de los principales partidos. La Transición tuvo muchas dificultades para afrontar directamente y cuestionar la corrupción que venía heredada. Era muy difícil cuestionar los crímenes de la dictadura y las corruptelas del régimen cuando se estaba negociando con dirigentes que procedían de esa dictadura y alcanzando pactos de Estado. Era prácticamente incompatible poder cuestionar lo que se había hecho mal anteriormente. Al mismo tiempo, las dinámicas de la Transición favorecieron algunas continuidades. La Transición tiene elementos muy positivos, como haber alcanzado un sistema democrático en muy poco tiempo, con una Constitución y un sistema de derechos fundamentales equivalentes a los de los países europeos democráticos, pero también generó un sistema de partidos con un enorme poder para las cúpulas dirigentes, muy opacos en materia de gestión económica interna y muy poco democráticos en el control de sus propios militantes. Las estructuras legales del franquismo pudieron ser aprovechadas porque favorecían mucho la corrupción.

¿Qué papel jugó la judicatura?

La judicatura tardó mucho en reaccionar contra la corrupción porque procedía de un sistema dictatorial en el que era un instrumento más del régimen. Durante la Transición y los primeros años de democracia, apenas hubo investigaciones judiciales de oficio. Únicamente cuando los medios de comunicación, a finales de los años 80 y con la democracia ya estabilizada, empezaron a denunciarla y a llegar denuncias a los juzgados y el Poder Judicial empezó a actuar como la judicatura de una sociedad democrática. Se judicializaron cuestiones que ya venían de antiguo y que no habían sido investigadas en el momento de los hechos. Algunas concepciones del franquismo de la justicia como poder subordinado pasaron en gran parte a los partidos políticos. Los dirigentes del postfranquismo no tenían experiencia de gestión democrática por cuestiones obvias pero los dirigentes del antifranquismo tampoco porque se habían forjado en las catacumbas de la clandestinidad sin posibilidad de hacer congresos abiertos. Se tuvo que improvisar un sistema institucional y eso facilitó que hubiera concepciones en los partidos democráticos de que la justicia y otros órganos de control tenían que ser colonizados y supervisados. Esto dificultó que hubiera espacios de vigilancia institucional que ejercieran como contrapeso al poder político. Sigue siendo una característica de la democracia española.

Las estructuras legales del franquismo pudieron ser aprovechadas en la Transición porque favorecían mucho la corrupción

Su libro analiza los numerosos casos de corrupción en las instituciones valencianas. ¿Qué pasó para que alcanzara tal nivel?

La situación de corrupción en el ámbito valenciano nos muestra que se ha producido todo el catálogo de delitos de corrupción, además a unos niveles elevadísimos sin equivalentes en otros países europeos. No olvidemos que aquí han estado condenados, investigados o en prisión provisional presidents de la Generalitat, consellers, presidentes de las diputaciones, alcaldes y concejales de las principales ciudades. Se han evidenciado todas las patologías de nuestro sistema: los peligros de un poder absoluto, sin espacios de supervisión institucional y el despilfarro que siempre genera todos los huecos posibles de la corrupción. Si las obras públicas se adjudican a precio de mercado no puede haber corrupción, tiene que haber derroche y sobrecostes para que exista corrupción. Ha sido fácil que en el ámbito valenciano se produjera esa tormenta perfecta de la corrupción masiva.

También repasa la corrupción en otros territorios. ¿Ha eclipsado el caso valenciano a la corrupción en el resto de España?

El caso valenciano puede ser el más llamativo pero hemos tenido niveles altísimos de corrupción en Catalunya y en Baleares, en Madrid y en Andalucía, en Galicia y en Canarias, y en muchos otros territorios. Está repartida de manera muy homogénea, se trata de una corrupción política estructural. La corrupción política española se ha aproximado a la de Honduras o Guatemala. Una característica muy singular de nuestro país es que no es una corrupción sistémica que afecta, no solo a los políticos sino a los funcionarios públicos, policía, militares y a todo tipo de entornos vinculados a las instituciones. Aquí está muy concentrada en el ámbito político.

La corrupción ha afectado incluso a la jefatura del Estado. ¿Qué papel juega la inviolabilidad del rey?

Impide investigar cualquier posible delito por completo, ese es el gran problema. Si tenemos una figura de este tipo supone una invitación a delinquir y a que exista impunidad porque no se puede enjuiciar penalmente ninguna conducta de un jefe del Estado aunque se haya cometido fuera de sus funciones. Creo que se trata de una protección política desproporcionada. Una cosa es que haya algún tipo de regulación sobre las funciones ejercidas pero que pueda haber completa impunidad no tiene una justificación razonable. Puede haber diferencias de trato institucional si hay una justificación objetiva y razonable. Un jefe del Estado, sea de una monarquía parlamentaria o de una república, en una sociedad democrática debe cumplir unas funciones institucionales y, a partir de ellas, se debe analizar qué tipo de andamiaje jurídico le rodea. La figura de la inviolabilidad, tal como está concebida, me parece desproporcionada y, al mismo tiempo, creo que la jefatura del Estado es una institución tan importante como para que tenga los mismos mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas de cualquier otro organismo público de nuestro país.

El propio sistema institucional ya supone una presión profesional para los jueces que investigan la corrupción

'La patria en la cartera' también repasa el papel de la judicatura en España. ¿Cómo son las presiones a los jueces en este tipo de casos?

Suelen ser de tipo indirecto. Hay numerosos precedentes de jueces que han investigado la corrupción y eso les ha generado importantes problemas profesionales. Empezó muy pronto: en el 'caso Naseiro', el juez que investigó, Luis Manglano, recibió ataques durísimos y es conocido en la profesión que se le cerraron todas las puertas de promoción posterior. El juez que investigó el 'caso Filesa', Marino Barbero, que además era magistrado del Tribunal Supremo, tuvo también todo tipo de ataques desmesurados por los que tuvo que renunciar a su cargo. Es un caso único que un magistrado del Tribunal Supremo tenga que dejar el cargo por las presiones. Mercedes Alaya, cuando instruyó el caso de los ERE, también tuvo que soportar todo tipo de descalificaciones y presiones públicas. El caso más reciente es el de José Ricardo de Prada, uno de los jueces de la Audiencia Nacional que dictó sentencia en el 'caso Gürtel', que tuvo que soportar ser llamado 'filoetarra' en el Parlamento y todo tipo de descalificaciones y de situaciones que han dificultado también su propia actividad profesional. En un país como el nuestro en el que la cúpula judicial está configurada con una fuerte intervención de los partidos políticos, el propio sistema institucional ya supone una presión profesional para los jueces que investigan la corrupción.

El 'caso Gürtel' demuestra anomalías estructurales en el conjunto de nuestro sistema político

Escribe que el 'caso Gürtel' ha tenido una enorme importancia en España. ¿Por qué?

El 'caso Gürtel' es importante porque no se analiza una corrupción política aislada, no es un supuesto de cuatro manzanas podridas como a veces se dice, sino que, según los hechos probados de la sentencia, esta trama constituyó un eficaz sistema de corrupción institucional. Y conecta la tesorería de uno de los principales partidos del país con una trama de sobornos en numerosas instituciones públicas para adjudicarse millones de euros de manera fraudulenta, que acaban gestionándose en negro en la propia tesorería del partido afectado e incluso tienen incidencia en mecanismos de financiación irregular en el ámbito electoral. En conjunto, esto desvirtúa reglas básicas de una democracia: el respeto al ordenamiento jurídico, la desigualdad en el ámbito electoral o la propia gestión fraudulenta del dinero obtenido para reinvertirla en otras actividades. Es un supuesto que demuestra anomalías estructurales en el conjunto de nuestro sistema político.

También se muestra muy crítico con lo que denomina “la colonización partidista” de los organismos de la judicatura encargados de enjuiciar la corrupción.

Con voluntad política, la corrupción habría acabado hace décadas. Si hemos llegado a esta situación, obviamente no es por errores técnicos, por imprevisiones legales o por desconocimiento. Desde hace bastante tiempo, los partidos optaron por desembarcar en los propios organismos que debían vigilar su actuación institucional, lo cual nos demuestra que ahí no hay imprevisión. Hay una voluntad sostenida en el tiempo de dificultar que haya contrapesos a la propia gestión pública. El problema es que tenemos un conflicto de intereses: sería muy fácil decir que los dirigentes de los partidos que permiten esas actuaciones son corruptos y que se enriquecen, pero esto no es cierto, el problema es mucho más complejo.

Con voluntad política, la corrupción habría acabado hace décadas

¿Qué papel juegan los partidos políticos?

En nuestro país hay cerca de 100.000 empleados públicos nombrados a dedo como cargos de confianza y designaciones de tipo discrecional en las distintas administraciones públicas que van cambiando según van acabando las legislaturas. No hay equivalentes ni de lejos en ningún país europeo democrático. Las cúpulas de los partidos podrían retirarse de estos espacios, sería un gran avance para nuestra calidad institucional y nos pareceríamos a los países más avanzados que tienen controlada a niveles bajos la corrupción. Podían retirarse de los espacios que ocupan en el Consejo General del Poder Judicial, en la Fiscalía, en el Tribunal de Cuentas, en el Tribunal Constitucional, pero eso haría perder capacidad de influencias a los propios dirigentes políticos. Incluso en algunos ámbitos más masivos, como los cargos de confianza, sabemos que ahí se sitúan cuadros superiores, intermedios y de base de las propias fuerzas políticas. Lo que es mejor para el país puede perjudicar en abstracto el poder interno que tienen las cúpulas sobre sus partidos y en ese conflicto de intereses estamos.

¿Tiene solución?

Yo creo que sí que se puede solucionar. Hay países que han tenido problemas de este tipo y ha habido una gestión más generosa en defensa del interés general para romper estas prácticas aunque puede generar incertidumbre sobre las consecuencias políticas internas de estos cambios. Una de las finalidades del libro es abrir un debate sobre estas cuestiones, de las que se habla muy poco además. Está asumido que tiene que ser así porque siempre lo ha sido. Y se trata de remover conciencias en la ciudadanía pero también en los propios dirigentes políticos para que entiendan que el desarrollo institucional de España pasa por hacer reformas democráticas de este tipo.

Estamos a la cola europea en el número de jueces y a la cabeza en el número de políticos corruptos

¿Cuenta con suficientes recursos la Fiscalía Anticorrupción?

La Fiscalía Anticorrupción tiene recursos muy insuficientes, no sólo en el ámbito del número de fiscales, sino de los instrumentos que tiene a su disposición directa y también de los instrumentos indirectos, como las propias unidades policiales o la insuficiencia de peritos especializados en ingeniería financiera. Es un problema general, por desgracia no sólo un problema de la Fiscalía. Hay que recordar que nuestro país están en la mitad de jueces de la mediana europea. Me gusta repetir que estamos a la cola europea en el número de jueces y a la cabeza en el número de políticos corruptos. No ha habido la menor tentativa de vertebrar un Pacto de Estado contra la corrupción, un problema social importante y asumido que afecta a la calidad institucional y también a la capacidad económica del país y a la renta per cápita. 

La corrupción empobrece a los más débiles y enriquece a privilegiados indecentes, es una dinámica de captura de rentas y de redistribución de los recursos públicos que con mucha razón debería provocar una intervención de un Estado social para evitar que ese saqueo no perjudique al conjunto de la sociedad. El problema de la Fiscalía Anticorrupción forma parte de una estructura de medios personales y materiales que no tiene capacidad suficiente para que se pueda perseguir la corrupción. Tienen más medios para eludir la acción de la justicia las tramas corruptas de las que tenemos los jueces para perseguirlas.

¿Aboga por una mayor especialización para evitar las instrucciones interminables?

Mi impresión es que más que una especialización, lo que haría falta son más medios materiales y personales y una reforma de los instrumentos procesales, que son los que explican que las instrucciones se retrasen tanto. Tenemos una Ley de Enjuiciamiento Criminal que en gran parte procede del siglo XIX. Todos los partidos prometen que van a resolver esta cuestión pero pasan los años y seguimos con la legislación del siglo XIX. Perfectamente podemos tener instrumentos procesales más ágiles que, desde el respeto a las garantías de los investigados, permitan que las causas no se dilaten tanto en el tiempo. Creo que una combinación de instrumentos procesales mejores y de más medios materiales y personales podría ser suficiente pero esto implica una voluntad política de cierta entidad.

En España también existe un Código Penal enfocado a lo que se ha llamado 'roba gallinas'.

Es un problema de concepciones de qué es lo prioritario. En su momento se creó la figura de los juicios rápidos que consistían en que de manera inmediata, a veces el mismo día, determinados delitos de menor entidad contra la propiedad, se debían juzgar en muy poco tiempo. Yo no he visto ninguna propuesta que pueda parecerse en el ámbito de los delitos de corrupción y de la alta delincuencia económica. Nunca se ha planteado una propuesta de estructuras procesales para poder resolver estos casos en tiempos más cortos y esto perjudica las investigaciones. Si las causas se dilatan, muchas veces cuesta reunir pruebas o aparecen a lo largo del proceso indicios contra investigados nuevos a los que ya no se puede perseguir porque la causa ha prescrito. Se pierden elementos de prueba, a menudo fallecen testigos que pueden aportar datos importantes. Y esto explica que muchas veces queda la contradicción de causas judiciales muy largas que luego acaban en archivos o en condenas que parecen de poca entidad. Cuantas más demoras judiciales es mucho más difícil que las condenas sean ajustadas a determinados hechos.

La justicia ha interesado mucho más para controlarla que para mejorar las prestaciones que pueda aportar

¿Qué le parece el veto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial?

No tiene parangón en Europa porque tenemos la particularidad de que aquí los partidos se han repartido históricamente por cuotas la cúpula judicial. Creo que es un episodio lamentable el de un Consejo General del Poder Judicial que lleva más de tres años caducado y en funciones. Es como si un Gobierno, después de una legislatura de cuatro años, se negara a convocar elecciones y siguiera en el mismo lugar hasta que el tema se resuelve. Es una situación inadmisible y un síntoma de una batalla por el control de la cúpula judicial. No es un conflicto para la mejora de sistema judicial sino puramente por intereses puntuales de ver cómo se sitúan las fuerzas políticas. Me llama la atención que jamás hayamos tenido un debate amplio sobre la situación de la justicia, los medios que tenemos o la modernización. En nuestro país, en líneas generales, la justicia ha interesado mucho más para controlarla que para mejorar las prestaciones que pueda aportar.