“María José está muy débil, estamos muy alarmados”. Lo dice al otro lado del teléfono Alejandra Matamoros, abogada de la presa del GRAPO María José Baños, encarcelada en el penal Murcia II, en Campos del Río. Baños, de 61 años y “con un estado de salud muy débil”, está pendiente de la decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que tiene que decidir sobre su libertad condicional.

Baños está diagnosticada de VIH “en estado avanzado” junto con una trombocitopenia crónica (recuento bajo de plaquetas), desnutrición calórica severa, claudicación intermitente grave (enfermedad arterial), hepatitis C y otras patologías, según la plataforma que ha puesto en marcha una campaña por su liberación en las últimas semanas y que ha lanzado un manifiesto de apoyo firmado por más de medio centenar de artistas para denunciar lo que entienden como “una negación sistemática de sus derechos básicos”. Entre los firmantes se encuentran nombres como los de Javier Bardem, Luis Tosar, Nacho Vegas, Willy Toledo o Pablo Hasel.

“El 10 de marzo aceptaron la progresión a tercer grado apoyándose en el artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario que permite clasificar en tercer grado (régimen abierto) a penados con enfermedades muy graves y padecimientos incurables por razones humanitarias y de dignidad personal”, relata Alajandra Matamoros. Un procedimiento que tiene que pasar por Vigilancia Penitenciaria para que se dicte el auto de libertad condicional, “pero se está alargando en exceso”. Según Matamoros, el expediente se ha remitido al Instituto de Medicina Legal “con todos los informes del centro penitenciario, pero está estancado desde el viernes y no sabemos nada a pesar de que todo el procedimiento se ha tramitado con carácter de urgencia”.

Desde su entorno aseguran que están “muy alarmados”, aunque confían en que se le conceda el grado “y su salida de la cárcel sea inminente”.

Baños, de una familia murciana emigrada a Francia, fue condenada por su participación en actividades terroristas vinculadas al GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) en 2002. Aunque pasó por distintos penales españoles desde 1992 al año 2000. Como ella relata en una carta fue entre rejas donde entró en contacto con presos políticos. “A primeros de mayo de 2001 me incorporé en un comando de los GRAPO, plenamente consciente, orgullosa y convencida”, escribe. En 2002 fue detenida en Vitoria por integración en banda terrorista. 

Suspensión de la privación de libertad por enfermedad

Según la instrucción 06-2018 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, hay dos supuestos para tramitar la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por enfermedad muy grave. El primero de ellos hace referencia a la existencia de un riesgo inminente y muy claro para la vida del interno. En ese caso, el procedimiento es directo. El médico que evalúa la situación clínica del paciente, si considera que la enfermedad es muy grave e incurable con peligro patente para la vida del interno, traslada la información al director del centro penitenciario, y de ahí pasa al juzgado de vigilancia penitenciaria para resolver el expediente.

En el segundo supuesto, en el que no hay un riesgo tan inminente pero sí un padecimiento incurable, el médico responsable comunica la situación al director del centro penitenciario y en la junta de tratamiento se estudia si concurren los requisitos que han de darse para obtener el tercer grado, indispensable para iniciar el expediente de libertad condicional.

“O te arrepientes o te vas a morir aquí”. Con estas palabras se dirigió supuestamente a la presa del GRAPO María José Baños, de 61 años, un funcionario de tratamiento penitenciario de Murcia II (Campos del Río) donde cumple condena, relata al otro lado del teléfono su abogada Alejandra Matamoros. “Son conscientes de su delicado estado de salud, de lo mal que está, de que no puede prácticamente moverse y de que no tiene fuerzas ni para acudir a las comunicaciones familiares; no la quieren soltar y le queda menos de un año para cumplir condena”. Cuenta tajante Matamoros, su abogada desde hace dos años y letrada también de Marcos Martín Ponce, pareja de María José, igualmente preso del GRAPO en el mismo penal y en huelga de hambre desde hace diez días para exigir la hospitalización y libertad provisional de su mujer.

Baños, de una familia murciana emigrada a Francia, fue condenada por su participación en actividades terroristas vinculadas al GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) en 2002. Aunque pasó por distintos penales españoles desde 1992 al año 2000. Como ella relata en una carta fue entre rejas donde entró en contacto con presos políticos. “A primeros de mayo de 2001 me incorporé en un comando de los GRAPO, plenamente consciente, orgullosa y convencida”, escribe. En 2002 fue detenida en Vitoria por integración en banda terrorista. 

Diagnosticada de VIH “en estado avanzado” junto con una trombocitopenia crónica (recuento bajo de plaquetas), desnutrición calórica severa, claudicación intermitente grave (enfermedad arterial), hepatitis C y otras patologías, según la plataforma que pide su liberación, “se le está retirando medicación de forma arbitraria y sin ofrecer ninguna explicación médica”, aseguran en un comunicado desde PRES.O.S., que ha lanzado un manifiesto de apoyo firmado ya por más de medio centenar de artistas para denunciar lo que entienden como “una negación sistemática de sus derechos básicos”. Entre los firmantes se encuentran nombres como los de Javier Bardem, Luis Tosar, Nacho Vegas, Willy Toledo o Pablo Hasel.

María José arrastra estos problemas de salud, “desde hace décadas; el VIH se lo detectaron hace más de veinte años y durante el tiempo que ha pasado en la cárcel se le han ido sumando otras patologías”, cuenta Alejandra Matamoros. “El problema es que en la cárcel de Campos del Río, y en otras en las que ha estado, no recibe siempre el tratamiento médico adecuado y ha pasado muchos periodos sin medicación”.

Negligencia o “práctica deliberada”

Cuando pasa en “repetidas” ocasiones, apunta, “empiezas a creer que no es una negligencia, sino una práctica deliberada”. La última vez que sucedió, anota, fue hace menos de un año “después de que la Audiencia Nacional nos denegara la libertad condicional por falta de arrepentimiento; se quedó dos semanas sin las pastillas para el corazón”.

“Se pasa el día en la celda, casi todo el tiempo en la cama; no puede caminar más de 300 metros sin cansarse”, relata Alejandra. Hace dos semanas tuvieron que hospitalizarla en la enfermería de Campos del Río “y suministrarle suero, porque tenía las constantes vitales muy bajas”. Una situación, el estado de salud de Baños, “acreditada por informes médicos en los que se le concede un 69 por ciento de discapacidad”.

Entre las peticiones de su defensa y su entorno, y que han motivado la huelga de hambre de su marido, Marcos Martín Ponce, “pedimos que pueda acudir al hospital para que le hagan revisiones más exhaustivas y revisen su medicación, lleva un año sin ir y en este tiempo ha empeorado mucho”. Ponce, que se encuentra en su décimo día de huelga de hambre, ha perdido ya seis kilos. “No está consumiendo absolutamente nada sólido, ni líquido, salvo agua; ni toma suplementación ni vitaminas de ningún tipo”, apunta Alejandra Matamoros al tiempo que recuerda que “lo máximo que aguanta el cuerpo humano sin comer son entre 40 y 60 días”.

María José “ha estado en un estado muy crítico”, se queja su abogada quien añade que “ni siquiera” la dejaron ver a su cliente cuando estuvo ingresada: “Me personé para visitarla a ella y a Marcos, pero no me dejaron; es cierto que no había horario de visita, pero era un motivo de urgencia”. No es, argumenta, el procedimiento habitual y fue “ridículo” y “notoria” la vulneración de sus derechos. “Me pidieron que acreditara la urgencia de la visita cuando sabían perfectamente que mi cliente estaba ingresada en la enfermería”

“También pedimos que si la trasladan lo hagan en un vehículo medicalizado y no en uno policial, en el que tiene que ir atada por detrás para cumplir los protocolos, los espacios son muy reducidos y los trayectos pueden durar hasta dos horas; demasiado para una mujer que no puede ni caminar”.

“No estamos pidiendo nada fuera de lo normal, la medida de gracia lo prevé en el reglamento si se han cumplido al menos las tres cuartas partes de la condena y ha habido buen comportamiento” y, según su abogada, cumple ambos requisitos.

La falta de arrepentimiento

La defensa de Baños ha pedido la libertad condicional por su situación médica, “pero tuvimos que solicitar previamente la progresión de grado y la junta se lo denegó por falta de arrepentimiento; la cuestión es que estamos reclamándolo por motivos humanitarios”, insiste.

Según Matamoros, Baños se encuentra anímicamente “muy mal” y está “muy preocupada porque sabe que en cualquier momento su cuerpo puede volver a colapsar y volver a la enfermería”.

Además del manifiesto firmado por representantes del mundo de la cultura, otro medio centenar de firmas del ámbito jurídico y médico se han unido a las reclamaciones del entorno de María José Baños. “Se le ha denegado el tercer grado y la libertad condicional, no por razones de peligrosidad, riesgo de reincidencia o criterios médicos, sino exclusivamente por motivos de arrepentimiento ideológico”, señalan en su manifiesto. Una postura que, según escriben, “vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 3, al someterla a un trato inhumano y degradante, el artículo 2, al generar un riesgo real para su vida, y el 8, al impedirle afrontar el deterioro de su salud en condiciones de dignidad”.

Suspensión de la privación de libertad por enfermedad

Según la instrucción 06-2018 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, hay dos supuestos para tramitar la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por enfermedad muy grave. El primero de ellos hace referencia a la existencia de un riesgo inminente y muy claro para la vida del interno. En ese caso, el procedimiento es directo. El médico que evalúa la situación clínica del paciente, si considera que la enfermedad es muy grave e incurable con peligro patente para la vida del interno, traslada la información al director del centro penitenciario, y de ahí pasa al juzgado de vigilancia penitenciaria para resolver el expediente.

En el segundo supuesto, en el que no hay un riesgo tan inminente pero sí un padecimiento incurable, el médico responsable comunica la situación al director del centro penitenciario y en la junta de tratamiento se estudia si concurren los requisitos que han de darse para obtener el tercer grado, indispensable para iniciar el expediente de libertad condicional.

A este respecto, la abogada Alejandra Matamoros señala que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos “entiende que con que haya enfermedad incurable, que cause sufrimiento en la cárcel es posible la excarcelación”.

Coincide María Molina, abogada penalista de la Asociación Libre de Abogados: “A Baños se le denegó la progresión al tercer grado por falta de arrepentimiento ideológico, pero no está recogido en la ley; se pide la excarcelación en base al artículo 80.4 del Código Penal, que está pensado para proteger la dignidad de la persona y la vida”. Al estar “tan grave de salud”, continúa la penalista, “el mejor entorno para cubrir sus necesidades no es una institución penitenciaria, donde no se le van a poder dar todos los tratamientos que necesita”.

Esther González es una joven madrileña que estudia en un instituto de Moratalaz. Su vida da un vuelco irremediable cuando conoce a Israel, un joven revolucionario que marcará un antes y un después en la que podría ser la trayectoria de una “pequeña burguesa” normal, pero en la que el amor implacable la llevó por otros cauces.

Ahora es psicóloga, le encantaría contar su historia a alguno de sus pacientes, pero sabe que significaría un punto de no retorno al reconocer que, hace tiempo, fue miembro de la banda armada de los GRAPO, realizó uno de los atentados más violentos de la organización y sufrió permanentes violaciones por uno de los líderes del comando. Un testimonio sobrecogedor que protagoniza La Terapia, uno de los episodios de Hechos reales, el podcast de la compañía True Story que, pese a parecer una historia de ciencia ficción, es tan cruda como la verdad misma.

El proyecto fue fundado por Álvaro de Cózar, periodista que trabajó durante 14 años en El País y fue enviado especial para cubrir la Primavera Árabe, y Pilar Sayáns, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y tras años de recorrido por agencias de publicidad se embarcó en True Story. Además, también cuenta con Carola Solé, corresponsal en América Latina, y Eva Lamarca, reportera que ocupa el cargo de Directora de Contenidos y que trabajó durante cuatro años en el programa de La Sexta, Salvados, y otros 12 en Vanity Fair en los que fue Jefa de actualidad y redactora de contenidos.

Álvaro explica en una conversación con elDiario,es que el criterio que siguen para seleccionar el contenido que se transmitirá en el podcast se fundamenta en contar una buena historia. “Lo que buscamos es que sea una buena historia, que transmita y conecte. Cada una tiene la potencialidad de poder ser una película”, señala apuntando que el podcast tiene a dos productoras detrás que precisamente se dedican al cine.

“Queremos que sea un lugar donde la gente venga a compartir sus historias, algo que se quiera contar y que diga algo sobre nosotros o sobre el país en el que vivimos. Hay algunas que te persiguen, pero muchas de ellas se consiguen hablando con la gente, siendo consciente de que habitas en este mundo y preguntando”, comenta Eva Lamarca a este periódico, la responsable directa de poder contar la vida de Esther y su experiencia en los GRAPO. “Fue una historia que llegó fácil, a mí me interesaba la vida de las mujeres en los grupos terroristas porque al ser teóricamente tan de izquierdas luego resulta que el feminismo brillaba por su ausencia. Tuvimos muchos contactos, conocí a su madre y parte de su familia, se gestó todo en los tiempos requeridos para que todo saliera de la forma más natural posible”.

Ninguna historia es igual y cada elaboración tiene sus tiempos y procedimientos, en Hechos reales sucede lo mismo. “Cada episodio es diferente, hay algunos que pueden tener de elaboración tres semanas, meses o incluso un año”, explica Álvaro matizando que “lo que diferencia una anécdota de una historia es que esta tiene una verdad más profunda”. Eva comparte su experiencia con uno de los últimos casos, un episodio que, entre tener la idea en la cabeza, hablar con gente y trabajar en el contenido, le llevó desde septiembre año pasado. “Es uno de los episodios que saldrá próximamente, pero al final entre unas cosas y otras es casi una año de dedicación a una misma historia”.

Las pretensiones de Hechos reales no se limitan a las fronteras nacionales, sino que aspiran a ser un lugar en el que se puedan encontrar vidas de cualquier lugar e índole. “Empezamos contando historias nacionales como carta de presentación, pero también contaremos historias de Estados Unidos o América Latina, la clave es que sean sucesos que merezcan la pena”, comenta Álvaro. Es el caso de Seis de enero, uno de los episodios que cuenta la vida de Aquilino, un migrante en EEUU que, tras haber servido en el ejército del país que le acogió en el ejército, se vio envuelto en asalto al Capitolio como agente de policía.

“Hasta hace relativamente poco vivía en Estados Unidos y el asalto sabía que era uno de los temas que quería contar. Se dio la casualidad de que contactamos con Aquilino, aquel que intentó adaptarse de todas las maneras posibles al país y que, justo ese día, tuvo que defender la principal institución americana de aquellos hombres blancos que le decían que, pese a todo, no era suficiente”, explica Álvaro.

Las historias, a la par que pudieran parecer sacadas de novelas, también son ricas en diversidad. No hay una igual. Desde la de una psicóloga que esconde un pasado en los GRAPO, hasta un policía migrante en Estados Unidos que estuvo presente en el asalto al Capitolio que tuvo que renunciar a su puesto de trabajo por las fatídicas consecuencias físicas y psicológicas de aquel día e incluso dos españoles que lograron trabajar en la NASA por una oferta en el periódico cuando el hombre pisó la Luna y que fueron los primeros en escuchar las palabras de Amstrong.

True Story, la productora de las historias

El podcast es producido por True Story, empresa fundada en 2021 que también ha sido responsable de otros contenidos como “Misterio de la Moraleja”, la historia que desentraña la incógnita del barrio más rico del país en el que por costumbre la derecha arrasa en las elecciones, sin embargo, en las últimas elecciones autonómicas una papeleta despierta el desconcierto entre los vecinos, uno de los votos fue para Podemos; “Los papeles de Bárcenas”, el desarrollo de uno de los entramados de corrupción más conocidos en España que también indaga en las disputas personales dentro del Partido Popular con desenlaces fatídicos como traiciones y amistades rotas; o “El país de los Demonios”, que narra la apertura de la caja fuerte del más famoso de los policías, José Manuel Villarejo, en la que se encuentran grabaciones con periodistas, jueces, abogados y políticos que, durante 40 años, destaparon los demonios y entresijos del poder.

“Los periodistas somos como soldados, nos apuntamos a un pelotón y ahí nos dicen qué hacer. Yo siempre tenía la inquietud de que, si encontraba yo la historia y la contaba, ¿por qué no montármelo por mi cuenta?”, explica Álvaro, cofundador de True Story. Finalmente, así fue. Tras tres años de proyecto mantiene el barco a flote de contar las historias de una manera diferente.

“Hechos reales es nuestro buque insignia, pero también hacemos otras cosas y llevamos la publicidad de algunas empresas”, explica el cofundador que aspira a que su creación “logre ser una referencia para las historias en español”.

El futuro

Hechos reales contará con 10 episodios en esta primera temporada, que tanto Eva como Álvaro aseguran que seguirán siendo igual de interesantes que los que ya han visto la luz. “En realidad la división por temporadas es algo más para las marcas y oyentes. De forma interna, nuestra intención es la de seguir contando historias y que un día, cuando miremos alguna plataforma, veamos que vamos por cientos de ellas”, comenta Álvaro.

“Una de las ya emitidas es precisamente la que decía que llevaba un año detrás de ella. Trata de un grupo de personas muy diversas que deciden ir a Ucrania en una especie de brigadas y, en la guerra, pasan cosas. Es lo que puedo adelantar”, explica Eva, que reconoce que tuvo que moverse por diferentes zonas del país e incluso hacer un curso que fue el primero que aceptó que ella estuviese para poder indagar, hablar y lograr contar lo que los oyentes de Hechos reales ya pueden escuchar.

“Desde luego hemos venido para quedarnos, en estos momentos el proyecto se mantiene y esperamos que podamos crecer todo lo posible para poder seguir dedicándonos a contar las mejores historias posibles y que merezcan la pena”, concluyen ambos miembros del podcast, a los que les gustaría colaborar con medios de comunicación y que estas historias crecieran gracias a la cooperación entre miembros de la profesión periodística.

Invierno en Madrid hacia 1950 –parafraseo a Juan Benet–: una ciudad sucia, triste y fría. Como cada mañana, mi hermano Joaquín y yo nos dirigíamos al colegio Calasancio, de los escolapios –checa de Porlier, en la Guerra Civil– rompiendo los espejos de hielo de los innumerables baches de las aceras con nuestras botas Gorila. En la calle de Lista –hoy, José Ortega y Gasset; entonces, un demonio para el régimen nacionalcatólico–, casi esquina a la de Torrijos –hoy, calle del conde de Peñalver–, en un barrio más bien menestral del distrito de Salamanca, nos encontramos a mi compañero de curso Francisco Javier Sauquillo y a su hermana Paquita tratando de separar a su perra de la enérgica monta de un perro callejero –aún numerosos en aquel Madrid de interminable posguerra incivil–: inútilmente, como nuestra ayuda. Todos niños de entre 11 y 12 años, ignorábamos el mecanismo coital de los canes, que no se soltarían hasta que hubieran terminado por mucho que tiráramos de ellos.

Nos reencontramos años después con motivo de informaciones para Cambio 16 y Opinión de los conflictivos años laborales de finales de la dictadura y comienzo de la Transición democrática. Francisco Javier era abogado laboralista y militante del Partido Comunista de España (PCE) y de Comisiones Obreras (CCOO). Y 25 años después de aquel encuentro canino, que habíamos recordado entre risas, el 24 de enero de 1977 fue asesinado en su despacho profesional de la calle Atocha 55 por pistoleros falangistas del Sindicato Vertical del Transporte y del partido Fuerza Nueva del ultraderechista franquista Blas Piñar.

Buscaban a Joaquín Navarro, secretario general del Sindicato de Transportes de CCOO, cuyas exitosas convocatorias huelgas habían contribuido decisivamente a descuadernar la mafia franquista del transporte y, al no encontrarlo en el despacho, donde solía refugiarse cuando era amenazado, decidieron ejecutar a todos los presentes: nueve asesinatos, cinco consumados y cuatro frustrados, dijo la sentencia que condenó a José Fernández Cerrá y a Carlos García Juliá como ejecutores materiales de la matanza y a otro falangista, Francisco Albadalejo, secretario del Sindicato Vertical del Transporte Privado de Madrid, como inductor y encubridor.

Otro de los asesinos, Fernando Lerdo de Tejada, que había vigilado la puerta del despacho laboralista y cortado los cables del teléfono, no pudo ser juzgado: el juez instructor de la Audiencia Nacional, Rafael Gómez Chaparro, de desgraciada memoria, procedente del extinguido Tribunal de Orden Público, le dio un permiso carcelario para pasar la Semana Santa en su casa, lo que le permitió huir a Sudamérica.

Chaparro fue apartado de la instrucción –“más bien destrucción”, sostiene CCOO– del sumario, que ralentizaba y denegaba las declaraciones pedidas por los abogados de la acusación –lo mejor de cada casa: Blas Piñar, presidente de Fuerza Nueva, Mariano Sánchez Covisa, dirigente de los Guerrilleros de Cristo Rey, y el torturador 'Billy el Niño', el inspector José Antonio González Pacheco, segundo del brutal comisario Roberto Conesa de la Brigada Político-Social–.

En marzo de 1984, el diario romano Il Messaggero reveló que el neofascista italiano Carlo Cicuttini había participado en la matanza, información confirmada en 1990 por un informe oficial italiano del gobierno italiano: Cicuttini había escapado a España tras el asesinato de cuatro carabinieri, donde había sido acogido y protegido por las tramas clandestinas franquistas y continuado sus fechorías criminales.

La trágica Semana Negra de Madrid

Ese 24 de enero de 1977 fue un día maldito de una semana trágica, la Semana Negra, de un mes execrable, que parecía un diseño malévolo de la extrema derecha y el búnker del régimen para provocar una asonada militar.

Por la mañana, terroristas de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) secuestraron al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Emilio Villaescusa. La víspera, dos matones parapoliciales asesinaron al estudiante Arturo Ruiz, de 19 años, durante una manifestación proamnistía: el argentino Jorge Cesarsky, un asesino de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) refugiado y protegido en España como colaborador del Servicio de Coordinación, Organización y Enlace (SCOE) –un grupo policial paralelo a las órdenes del coronel Eduardo Blanco, director general de Seguridad, muy ligado a Fuerza Nueva– y un matón de los Guerrilleros de Cristo Rey, José Ignacio Fernández Guaza, alias ‘El Posturas’, que huyó de España gracias a sus relaciones con la Guardia Civil, con cuyos servicios de información colaboraba.

Ese 24 de enero, en la manifestación madrileña por el asesinato de Arturo Ruiz, la estudiante María Luz Nájera murió por el impacto de un bote de humo lanzado por los antidisturbios. Por la noche, la matanza de Atocha.

El mes, que había comenzado con el asesinato por ETA del inspector de policía Félix Ayuso, el día 11 en Madrid, terminó el 28 de enero con tres asesinatos de la banda de los GRAPO de dos policías, Fernando Sánchez y José María Martínez, y el guardia civil José María Lozano en sendas sucursales bancarias donde hacían guardia a causa de una ola de atracos a esas entidades.

Unos directamente –por ver amenazado su poder omnímodo durante la dictadura– y otros de manera indirecta –por lo de 'agudizar las contradicciones', que se decía por entonces– buscaban un pronunciamiento militar que impidiera el proceso democratizador: “Los terroristas consiguieron exactamente lo contrario (...) levantó una oleada de solidaridad con el Partido Comunista que dio, por su parte, pruebas de disciplina y contención”, escribió el historiador Santos Juliá.

La prensa ejerció de abanderada de la democracia, ya venía siendo el 'Parlamento de papel' más representativo que las caricaturescas Cortes de la dictadura. Por primera vez en la historia de la prensa española –a lo que se me alcanza– y a iniciativa –creo– de Juan Tomás de Salas, el esclarecido editor del Grupo 16, los diarios que se denominaban de difusión nacional, publicaron el 29 de enero un editorial conjunto –incluso lo hizo el progolpista El Alcázar– de condena del terrorismo y en apoyo del proceso democratizador.

“Por la unidad de todos”

“En estos momentos de crisis nacional, cuando fuerzas poderosas amenazan a la esencia misma del Estado y tratan de usurpar por la violencia el mandato popular en favor de la democracia y la paz, la prensa considera que es su obligación hacer un llamamiento a la unidad de todos, sin exclusiones. El derecho de un pueblo a decidir libremente su destino colectivo no puede ser impedido por la violencia y el crimen organizado (...) El terror no tiene ideología (...) Quienes han puesto en marcha esta maquinación son los enemigos de todos, son los enemigos del pueblo español. Su designio es patente: tratan de impedir que se establezcan las fórmulas civiles de convivencia libre y ordenada a que los españoles tienen derecho. Ante este reto, todas las fuerzas políticas y sociales están obligadas a hacer un frente común y, dejando a un lado sus diferencias, proclamar su decisión de continuar hasta el final el camino hacia la democracia a través de unas elecciones libres (...) Está en juego el ser o no ser de la democracia en España y el futuro de nuestro país como sociedad pluralista y libre”.

El día 26 despedimos a Francisco Javier Sauquillo y sus compañeros asesinados en una multitudinaria y serena manifestación. Millones de trabajadores de toda España observaron una jornada de luto, de paro. Madrid, capital del dolor –“Madrid, ciudad habitual de los que sufrieron/ de este terrible bien que niega ser ejemplo”, había escrito el poeta francés Paul Eluard en 1938–, fue un mar de más de 200.000 puños alzados en un impresionante silencio, apenas roto por algunos aplausos al paso de los féretros, desde el Palacio de Justicia hasta el Cementerio de la Almudena. Las férreas consignas y el servicio de orden del PCE y de CCOO evitaron el mínimo incidente, incluso gritos. Una exhibición de fuerza controlada que impulsó la legalización del PCE el 9 abril siguiente, el llamado 'sábado santo rojo'.

La “mujer de las tres muertes” en enero

Mientras el féretro de Francisco Javier recorría Madrid, su mujer, María Dolores González Ruiz, abogada laboralista de Atocha 55, superviviente de la matanza, se debatía contra la muerte en el Hospital 12 de Octubre: había perdido al hijo que esperaba, un tiro le había destrozado la mandíbula y otro, mortal, había sido interceptado por la espalda de su marido, que, agonizante, la protegió con su cuerpo.

Era la segunda muerte de Lola González: ocho años y siete días antes había sido asesinado por la policía franquista su novio, el estudiante Enrique Ruano, un joven militante del Felipe (Frente de Liberación Popular).

Tras haber sido detenido, en un registro domiciliario de su casa el 17 de enero de 1969, fue tiroteado y arrojado por una ventana por tres policías de la odiosa Brigada de Investigación Social, conocida como Brigada Político-Social, que, algunos 'siglos' después, el 19 de julio de 1996, fueron absueltos por la socorrida “falta de pruebas”, aunque, para no pringarse del todo con asunto tan repugnante, la sentencia añadía sin rubor que “no es posible admitir sin dudas razonables la versión oficial del suicidio”.

De aquel tribunal hay que salvar la gallardía, no obstante contenida e insuficiente, de la magistrada María José de la Vega Llanes, cuyo voto particular estimaba que Ruano fue asesinado de un disparo, aunque, al no haberse podido establecer cuál de los procesados fue el asesino material, estimaba que debían ser absueltos los tres. Gallardía que, por lo visto, no daba para la lógica: condenar a los tres criminales como coautores, cómplices, colaboradores necesarios y/o encubridores.

Para más injusto inri, al cadáver del desventurado estudiante se le había serrado el trozo de clavícula, justo donde había recibido un disparo antes de tirarlo por la ventana. De todo ello, tampoco nadie fue responsable. Pero, cómo estaría de claro el caso que tanto el fiscal como el abogado del Estado, que, cuando se celebró el juicio, ¡en julio de 1996!, solicitaron, como de oficio, la absolución de los procesados –dijeron que los hechos, ¡no eran constitutivos de delito!– y, alternativamente, la aplicación de la amnistía decretada en 1977.

Años después, el Tribunal Supremo trató de limpiar un poco el baldón judicial y absolvió a Francisco Umbral por intromisión ilegítima en el honor y la intimidad del exdirector del diario ABC, Torcuato Luca de Tena, anulando una condena de la misma Audiencia Provincial que había absuelto a los policías por haber acusado a Luca de cometer “el crimen literario” con Ruano. Pues, en efecto, cuando dirigía ABC en la fecha del crimen, él trató de justificarlo publicando el diario personal del joven, confiscado por los responsables, como mínimo, de la custodia de la vida del detenido y entregado por sus superiores al periódico, que, en un baldón profesional competidor del judicial, seleccionó las páginas en las que el chico se confesaba a sí mismo sus angustias por sus dudas sexuales y la depresión que le producía su indecisión, a fin de apuntalar la vergonzosa versión del suicidio a la que se aferraban policía, gobierno y magistratura franquistas.

Fue tal la ira ciudadana y estudiantil –“El horror de aquel crimen que marcó a mi generación”, escribió Gabriel Albiac– que Franco decretó el estado de excepción en toda España, con el añadido de una Orden Ministerial del de Gobernación de Camilo Alonso Vega (‘Camulo’ para los estudiantes) que restablecía la censura previa: “Las publicaciones que se editen en territorio nacional (...) quedan sometidas a la previa censura de todo su contenido”. La censura había sido abolida por la ley de Prensa de 1966, de la que Miguel Delibes, director de El Norte de Castilla, decía: “Antes te obligaban a escribir lo que no sentías, ahora se conforman con prohibirte que escribas lo que sientes. Algo hemos ganado”.

Acerca de Ruano, Francisco Umbral escribió: “Pero el crimen literario lo perpetró don Torcuato Luca de Tena, novelista de éxito entre las marquesas, explicando en un artículo que había tenido acceso a los diarios íntimos de Enrique y que el chico era maricón, como diciendo que daba igual matarle o dejar que se matase; que era material de desecho, carnaza del patio de caballos, despojo adolescente que está mejor muerto”. El Tribunal Supremo se desembarazó de la querella de Luca con maneras salomónicas: “Por muy fuertes que suenen las expresiones que se utilizan, responden a un fondo de veracidad, en el que la acusación más grave es la de ‘crimen literario’, que, obviamente, por ser ‘literario’ no es un crimen (...) Estos escarceos responden, en muchas ocasiones, a piques o rivalidades entre autores”.

Lola González no supo nada del asesinato de su novio, por estar encarcelada. Y, por estar en coma, tampoco supo del asesinato de su marido. Ni del suicidio de su tercera pareja, José María Zaera, que se administró una sobredosis de medicamentos tras morir Lola, el 27 de enero de 2015, a los 68 años, en su domicilio madrileño, a causa de un cáncer terminal. “No se podía vivir sin Lola”, lamentó y comprendió un amigo de su juventud leonesa.

Los asesinos fugados e impunes están entre nosotros

En estos tiempos donde se exige, con toda razón, que los restos del naufragio de la banda etarra aclaren los 379 crímenes de ETA aún sin resolver, hemos de exigir, con la misma razón, que se desvelen los autores y cómplices de los crímenes de la dictadura y la transición también aún sin resolver.

Ayer, como quien dice, el 28 de julio de 2023, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó la reapertura del sumario por el asesinato de Arturo Ruiz, tanto por haber prescrito el crimen del fugado durante años Fernández Guaza como por no ser aplicable la Ley de Memoria Democrática al “no estar acreditado que la muerte del hermano de los recurrentes fuera una actuación terrorista (...) imprescriptible” ni tampoco “que dicha muerte fuera debida o como consecuencia de la dictadura franquista”.

Firmaron el despropósito los magistrados Vieira Morante y Gutiérrez Gómez; el tercer magistrado, De Prada Solaesa, emitió un contundente voto particular que dejaba en mantillas los supuestos razonamientos de los otros dos: el asesinato de Arturo Ruiz fue una “violación de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario” y, por tanto, plenamente aplicable la Ley de Memoria Democrática (...), que declara “imprescriptibles y no amnistiables” tales delitos.

Y ahí los tenemos, asesinos fugados e impunes, entre nosotros. Como otro criminal huido de aquella Semana Negra de Madrid, el Lerdo de Tejada, que se presentó a las elecciones municipales en Euskadi del 28 de mayo de 2023 en la lista/tonta de Falange Española. El primero, beneficiado por la amnistía por la que se manifestaba su víctima; el segundo, beneficiado por el estado de derecho por el que trabajaban sus víctimas.

La Justicia no hará justicia a los, digamos mártires para entendernos. Confiemos en la europea, porque en la divina... Mientras, la gente de bien –exactamente la contraria de la que predican Feijóo, Ayuso et alii– les debemos recordarlos, reivindicarlos, admirarlos.

Espía, confidente de la policía, sindicalista y militante del PSOE durante la transición; guerrillero del Frente de Liberación Nacional argelino, miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota –FRAP–; integrante de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre –GRAPO– y lugarteniente en Madrid del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario –MPAIAC–. Fueron algunas de las aristas de la vida del murciano José Luis Espinosa Pardo, un personaje “siniestro, poliédrico y oscuro”, le define Paco López Mengual, autor del libro 'Espinosa Pardo. Historia de un confidente' publicado recientemente en la editorial 'La Fea Burguesía'. “La historia detrás de este libro es larga y es la historia de una obsesión”, cuenta el también murciano López Mengual. La investigación para armar el relato le ha llevado doce años, pero lleva “toda una vida fascinado por este personaje”.

En 1979, recuerda Mengual, “había cumplido yo los 16 y leí un día en el periódico que habían atentado sin éxito en Argel contra un independentista canario, todo parecía apuntar a que habían sido los servicios secretos españoles; me impactó muchísimo”. La víctima del ataque era el abogado, profesor y político Antonio Cubillo, líder del MPAIAC, que el 5 de abril de 1978 fue apuñalado en su casa en Argel y aunque sobrevivió, sufrió lesiones irreversibles en la columna vertebral. A aquella operación se le conoció como Tierra Nueva y la ejecutaron dos mercenarios, José Luis Cortés Rodríguez y Juan Antonio Alfonso González, antiguo militante del FRAP.

Días después de leer la noticia en el periódico se publica que uno de los personajes que habían organizado el atentado frustrado había sido el murciano de San Javier José Luis Espinosa Pardo que tres o cuatro meses antes había estado al frente de la secretaría general de la UGT en la Región, “cuando la UGT era un sindicato revolucionario”, apunta Mengual.

El MPAIAC nació en 1964 y desde 1976 asumió la lucha armada como medio para lograr la independencia de Canarias, sumándose a otros grupos en el Estado español durante la transición. Además, la posición estratégica de las Islas en el contexto de la Guerra Fría contribuía a aumentar la tensión internacional. Argelia, que se había independizado de Francia, jugó un papel clave a favor de las tesis del Movimiento y Argel se convirtió en la residencia de Cubillo, desde donde dirigía las operaciones.

Cubillo fue ganando apoyos políticos, como la Organización de Estados Africanos, y cuando se planteó en la ONU reconocer al Archipiélago como territorio no autónomo, se organizó el atentado, tal y como recuerda Eduardo Cubillo, sobrino del fundador del MPAIAC y autor del documental Cubillo, historia de un crimen de Estado. Al inicio de la pieza audiovisual, el propio autor del crimen, Juan Antonio Alfonso, relata que le habían amenazado con matar a toda su familia si no acometía la orden y narra cómo hundió el cuchillo en el estómago “y en toda la espalda” de Antonio Cubillo, creyendo que lo había asesinado. 

Pero Cubillo sobrevivió porque en ese momento se jugaba un partido de fútbol entre Hungría y Argelia y no había tráfico ni nadie en las calles, tal y como relata él mismo en el documental, esta circunstancia le permitió acudir rápidamente al hospital. Y a González lo detiene la policía argelina, siendo encarcelado durante 7 años hasta que fue indultado. El autor directo del crimen acusó a Espinosa de haberlo organizado. Espinosa se había infiltrado en el Movimiento casi desde su fundación e iba poniendo al corriente al comisario general de Información, Roberto Conesa, “de todo lo que sucedía en Argelia”, explica Eduardo Cubillo, quien recuerda que para su tío fue “la gran decepción”. Años después, en 1982, con Espinosa Pardo residiendo en Madrid en la clandestinidad, el periódico murciano La Verdad publica una entrevista del periodista Joaquín García Cruz al espía en la que reconoce que mandó apuñalar al canario.

En la vertiente política, Espinosa fue un militante destacado del socialismo. De hecho, participó como delegado en el mitin de Suresnes, en París, donde sale elegido en la clandestinidad secretario general del PSOE Felipe González y participó en la organización de la primera intervención política del sevillano en el Campo de la Condomina en Murcia.

Pero Espinosa Pardo había sido también miembro del FRAP en los últimos años del franquismo. Y de los GRAPO, en cuya desarticulación tuvo un papel clave. Se movía con soltura por Marruecos y Argelia, donde había luchado con el Frente de Liberación Nacional y todo ello, “de forma clandestina, porque él parecía en su día un hombre muy normal, que se dedicaba como tapadera a la carpintería en su exilio de Argel”, indica Mengual, a donde huyó con su madre a los 18 años tras negarse a realizar el servicio militar obligatorio.

“Yo de lo que sé realmente es de botones y de hilos para hacer punto de cruz”, cuenta humilde el autor de la obra, conocido en Molina de Segura por ser el mercero 'de toda la vida'. Gran apasionado de la lectura y la escritura, aprovecha cualquier momento para dar rienda suelta a su afición, que se ha volcado ya en 18 títulos. Escribiendo uno de ellos, 'Ejecutar a Otto Maïer', se dio cuenta de que “muchas de las tramas tenían como fuente los detalles que conocía de Espinosa Pardo, y me comenzó a interesar más la vida del personaje real que la propia ficción; fue entonces cuando empecé a recopilar datos sobre su recorrido”.

En ese tiempo, López Mengual consigue localizar a Espinosa Pardo. “Pensaba que había fallecido, pero lo encontré en unos jardines de Murcia, ya mayor, a sus ochenta y tantos años, convertido en un viejecito que pasaba las horas dando de comer a las palomas”. La novela está basada en el testimonio de Espinosa Pardo, en sus encuentros periódicos, cada semana o cada 15 días, alrededor de un café. “Recuerdo que me sentaba con él y me contaba muchas cosas, pero yo no tomaba nota y luego me lanzaba corriendo al ordenador al llegar a casa”. El proceso de escritura no lo encaró “ni como novela negra ni como novela periodística, sino como no ficción, al estilo de Truman Capote en 'A sangre fría', en el que el autor se mete como personaje y relato mi búsqueda”. La novela se cierra con el fallecimiento del personaje hace cuatro años, asegura. En su periplo, se acerca también a Espinosa Pardo el cineasta murciano Alfonso Palazón, profesor de Cine en Madrid, y le convence para hacer un documental sobre su vida, que se presentó este pasado agosto en Portugal y ha sido galardonado en el Film Festival Internacional Avanca.

Paco López Mengual reconoce haber sufrido el síndrome de Estocolmo con Espinosa Pardo, “era un encantador de serpientes y caía bien en las distancias cortas, era muy amable y como cuento en la novela, me costaba discernir a veces si estaba ante un héroe o un villano; él negaba haber matado a nadie directamente y consideraba que si ponía en una balanza a las personas que habían muerto o se habían salvado por su intervención, el saldo se inclinaba a su favor de manera positiva”.

Etapa en la cárcel

Espinosa Pardo “estaba muy dolido tras su paso por la cárcel”. Estuvo relacionado con el PSOE durante años “y desde arriba le pidieron que se entregase por el atentado de Cubillo porque estaba declarado en rebeldía”. Le hicieron creer, cuenta el autor, que pasaría solo uno o dos meses en la cárcel y quedaría enterrado el expediente. “Pero coincidió con el estallido de los Grupos Antiterroristas de Liberación –GAL–, y nadie se acordó de él, pasó siete años en prisión, le dejó colgado todo el mundo y fue el único que pagó por el asunto de Cubillo cuando había estado detrás la policía, los servicios secretos y el gobierno”. La última vez que vio a Cubillo, en el juicio, “contaba que el canario ni le miró a la cara”. Espinosa Pardo había sido su lugarteniente en Madrid. Eran amigos, tenían una relación estrecha y conocía a su familia, pero terminó traicionándole. Rondando los 65 años, en los 90, sale de la cárcel y sigue un tiempo ligado a sus “negocios”. Se sabe que estuvo traficando con armas en las guerras yugolasvas, suministrando armamento a una facción croata.

En la novela, el molinense cuenta también la relación de Espinosa Pardo con Julio Álvarez del Bayo, diputado y ministro socialista al final de la República. “Fue su guardaespaldas, su hombre de confianza; y le acompañó a una reunión en la casa parisina de Arthur Miller donde se fundó el FRAP de la conjunción de la Unión Socialista Española y el Partido Comunista Español Marxista Leninista; tuvo una vida trepidante” y camaleónica.

Condicionada por la deflagración causada por un escape de gas, este miércoles ha sido presentada en el Memorial de víctimas del terrorismo de Vitoria una herramienta interactiva para geolocalizar en toda España los monumentos, placas y hasta jardines o bosques en honor a los asesinados sea por ETA o sea por otras organizaciones. Son cerca de 400, algunos de muy reciente instalación. Los promotores, en todo caso, asumen que no están todos y, por ejemplo, no se recogen las calles dedicadas a las víctimas o, en el caso de Vitoria, el pabellón de baloncesto que lleva el nombre del socialista Fernando Buesa, que fue dedicado a su memoria.

“Evidentemente”, según ha expuesto Alejandra Ibarra, promotora de la iniciativa de la mano del Instituto Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Euskadi es la zona con más lugares de este tipo. Son 113 del total de los recogidos y, de ellos, 60 se concentran en Gipuzkoa. No obstante, en muchos casos las víctimas asesinadas en Euskadi, particularmente agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, han sido homenajeabas en sus localidades origen en otras comunidades españolas.

Según el resumen que ha expuesto ante los medios de comunicación, hay casi un tercio de hitos dedicados, en general, a todas las víctimas y otros monumentos específicos para atentados multitudinarios simbólicos como el 11M o los de Hipercor, pero los hay de tipo individual, como las placas que desde hace años existen en Vitoria justo en los puntos de los atentados. El 60%, ha estimado Ibarra, son en memoria de víctimas de ETA, aunque los hay de asesinados por los GAL o el Grapo, entre otras organizaciones. Ibarra ha mencionado que, con motivo del vigésimo quinto aniversario del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, se están sucediendo iniciativas para impulsar aún más estos espacios.

Para Tomás Caballero, presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que es pública, es un “nuevo proyecto de reconocimiento y recuerdo” y una herramienta “útil” para contribuir a la “deslegitimación del terrorismo”. “Pretende preservar y dignificar la memoria de las víctimas del terrorismo en España”, ha enfatizado. A su lado, el catedrático de Historia Antonio Rivera, en nombre del Instituto Valentín de Foronda, ha destacado la importancia de la historiografía rigurosa para acercar la memoria del pasado al presente. El mapa, ha indicado, proporciona “referencias tangibles” de “personas que murieron por culpa de proyectos políticos enfundados en naturalezas de tipo violento o terrorista”.

Consulta aquí el mapa con los monumentos e hitos de homenaje a las víctimas del terrorismo en España

Fernando Iñigo Aristu es, según su tarjeta, “maestro cortador de jamón” y ofrece sus servicios para “bodas, comuniones, bautizos y todo tipo de eventos”. Sin embargo, este miércoles el Memorial de víctimas del terrorismo de Vitoria lo ha invitado como coleccionista de 60.000 pegatinas sobre política para inaugurar una exposición con una selección de 600 de ellas relativas a ETA, a la kale borroka, al GRAPO y a otras organizaciones violentas de extrema derecha. La muestra, abierta al pública desde este miércoles y hasta 17 de julio, es uno de los hitos con motivo del primer aniversario del recinto, que ha recibido 30.000 visitas desde entonces.

“Lavoriamo per la vostra sicurezza. La nostra non è violenza, é giustizia!” ('trabajamos por vuestra seguridad; lo nuestro no es violencia, ¡es justicia!'), se puede leer en una pieza única de apoyo a ETA escrita en italiano. En 'Pegatinas del odio' hay varios paneles sobre esta organización terrorista. Raúl López Romo, uno de los historiadores del Memorial, ha enfatizado en la presentación que el Memorial abarca “todos los terrorismos” porque “todas las víctimas de todos los terrorismos son iguales” pero ha insistido también en que lo hace “en su proporción”, es decir, sin orillar lo que supuso a ETA en cuanto a duración temporal de su acción, su volumen de víctimas, el apoyo social con el que contó y su impacto político en Euskadi y en el conjunto de España.

En las pegatinas se ve una ETA contra la Constitución de 1978, pidiendo “boicot a Suárez” y clamando “por una democracia sin grises ni tricornios”. Su entorno produjo y produjo propaganda de amenaza a las Fuerzas de Seguridad del Estado y a la Ertzaintza, como prueba una imagen de un Renault 19 de la Policía vasca decorado con la bandera de España y con una diana roja apuntándole en el medio. En la muestra se recogen también mensajes directos contra el periodista ya fallecido José María Calleja -colaborador de este periódico- o contra Juan María Atutxa -exconsejero vasco de Interior con el PNV-, proclamas contra medios de comunicación y presiones a las familias de secuestrados para que pagasen el rescate (“Aldaia, ¡pasta ya!”).

En la exposición hay algunos apartados también sobre el GRAPO o sobre organizaciones violentas de la extrema derecha durante la Transición, como Fuerza Nueva. López Romo ha ironizado que los “supuestos opuestos” en lo ideológico presentan mensajes bastante parejos en lo tocante a fomentar el odio y la violencia. Hay ejemplares de pegatinas de apoyo a Terra Lliure y a organizaciones nacionalistas gallegas. Iñigo Aristu lamenta que en su colección no ha conseguido incorporar nada del grupo terrorista canario MPAIAC.

¿Cómo se alimenta una colección de tal calado histórico? El dueño de las pegatinas ha explicado que se aficionó a la muerte de Francisco Franco cuando consiguió una en la que ponía “Juan Carlos I, Rey de España”. Estos objetos eran un potente vehículo de comunicación política en aquella España e incluso un negocio. Ha revelado la identidad de un “Ibáñez” de Madrid que imprimía todo tipo de soflamas de la ultraderecha y cobraba dos duros la pieza. “Yo he tenido que meterme en manifestaciones de todo tipo e infiltrarme en pueblos para jugársela”, ha bromeado. Lo mismo estaba en un mitin de la UCD de Adolfo Suárez que en Hernani pescando material de la izquierda abertzale. No parece haber perdido su afición y lamenta que la pandemia haya causado la suspensión de muchos actos en los que todavía hoy recoge nuevos ejemplares para su colección.

López Romo ha aprovechado el acto para hacer balance del primer año abierto al público del Memorial. Ha señalado que han sido doce meses de “deslegitimación del terrorismo”, de “desmitificación de tópicos” como que hubo una primera ETA “buena” por su oposición al franquismo y de “conversación”. “Habíamos callado mucho y durante mucho tiempo”, ha señalado el portavoz del centro, que depende del Gobierno de España y que se ubica en el antiguo Teatro Principal primero y Banco de España después de la capital vasca.

Según sus datos, han pasado por Vitoria 30.000 visitantes, la mitad de ellos de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, otro 45% de comunidades como Madrid, Catalunya o Andalucía y un 5% extranjeros. Además, 20.000 personas han asistido a exposiciones temporales auspiciadas por el Memorial fuera de Vitoria. 300 profesores se han formado en la deslegitimación del terrorismo -pero no los vascos, por el momento- y ha habido 350 visitas institucionales y 30 de centros escolares. Se ha hecho “pedagogía democrática” y se ha puesto a las víctimas “en el centro de relato”, según López Romo, quien ha apuntado que “la legitimación del terrorismo de ETA sigue teniendo una presencia destacada” en el espacio público.

La pregunta que recorre la mente de quienes visitan el Memorial por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York es dónde estaban cuando los aviones atacaron las torres gemelas del World Trade Center de Manhattan. En Vitoria, los promotores del nuevo Memorial de las víctimas del terrorismo en España, inaugurado por el jefe del Estado, Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, y cuya visita es gratuita, pretende que broten otras: “¿Cómo pudo ocurrir?”, “¿Qué habría hecho yo en esas circunstancias?” o “¿Qué puedo hacer para que no se repita”. Se lee en el folleto que se entrega a los visitantes que este museo tiene “un archivo triste” pero también que “es necesario conocerlo porque contiene un enorme valor pedagógico”.

El centro, ubicado en el antiguo edificio del Banco de España de Vitoria -que antes aún fue teatro-, tiene como punto más destacado la reproducción del zulo de Arrasate-Mondragón en el que ETA retuvo durante 532 días al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. En realidad, son dos los zulos. Uno se puede ver desde arriba, mediante una claraboya. Al segundo, mediante visita concertada, se puede acceder por una portezuela de pequeño tamaño. Deliberadamente, genera una sensación de claustrofobia. Deliberadamente, viene acompañado de algunas reflexiones de la víctima durante su cautiverio, todas ellas trufadas por la desesperación. Deliberadamente, se muestra que estaba oculto bajo un mecanismo mecánico en una nave industrial perfectamente integrada en la vida del pueblo y visible desde los balcones de las viviendas cercanas.

Se trata de una estancia de tres metros de largo, dos y medio de ancho y menos de dos de alto. Sus paredes estaban desprovistas de toda iluminación natural o visión al exterior. Solamente unos pósteres las decoraban y la luz provenía de una bombilla vieja. Tenía una minúscula mesa con un poco de agua y una bandeja para la comida. Estaba pegada al camastro para 'descansar'.

El Memorial divide la visita en un repaso a la historia del terrorismo, a los discursos y prácticas de odio, a la “respuesta al terror” de la sociedad, de las fuerzas de seguridad y de la Justicia y, finalmente, pone voz a las víctimas, que son 1.453 asesinados -en los paneles faltan por incorporar las dos últimas, David Beriain y Roberto Fraile- y 4.977 heridos. Hay un pasillo en completa oscuridad con tantos cristales como muertos. Los paneles trilingües -castellano, euskera e inglés- señalan a ETA como el principal perpetrador. Pero se concede un espacio importante a la nueva amenaza que constituye el yihadismo y que ya se ha cobrado decenas de vidas en Madrid en 2004 y en Barcelona en 2017, o incluso a españoles que vivían o estaban en el extranjero. De hecho, hay una sala con una exposición temporal sobre el 11-M que incluye las iniciales a gran tamaño de todos los muertos. Están apiladas. Si fuesen esparcidas por el suelo, podrían ocupar todo el espacio del ala con la muestra.

El Memorial recupera organizaciones ya extintas como el GRAPO, el MPAIAC, Terra Lliure o el Batallón Vasco Español y otros grupos de extrema izquierda y de extrema derecha y denuncia la actividad del GAL, banda de la que se reseña que fue “promovido por varios altos cargos del Gobierno socialista” de Felipe González junto con miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Hay víctimas de los GAL que dan por vez primera su testimonio en este centro. En la cronología, se detiene singularmente en los años de plomo del inicio de la década de 1980 y en las personas secuestradas. Hay un trozo del armario en el que Publio Cordón, finalmente asesinado por el GRAPO, iba poniendo una muesca por cada día que pasaba encerrado.

Parte del material expuesto procede de donantes, desde el robot de los artificieros de la Policía Nacional hasta la cartera con restos de sangre del jefe del cuerpo de Miñones de Álava, Jesús Velasco, cuya esposa, Ana María Vidal-Abarca, creó la primera asociación de víctimas. También se exponen decomisos policiales. Hay armas y explosivos que utilizó ETA. Hay documentación falsa que empleaban los terroristas. Hay planos con los croquis de las acciones y atentados. Hay grabaciones de llamadas con avisos de bomba. Hay incluso un evolutivo de las cartas de extorsión en las que el sistema se fue perfeccionando desde un texto a máquina de escribir a un documento a ordenador con marca de agua y código alfanumérico por el cual la organización tenía fichados a sus 'contribuyentes' como si fuera Hacienda.

Explica Gorka Angulo, responsable de Comunicación del Memorial, que no hay imágenes crudas de cadáveres pero que tampoco se oculta el sufrimiento para que adquiera su verdadera dimensión. Desde el curso que viene, las puertas quedarán abiertas a escolares. El banco de testimonios suma más de 1.000 voces. Sería imposible escuchar todos los relatos en un solo día. Algunas familias han cedido incluso vídeos caseros de la vida cotidiana de sus muertos. La visita termina con un vídeo de Fernando Buesa, socialista y que había sido vicelehendakari y a quien ETA mató en 2000, bailando en una boda. “Tenían una vida”.

Al hablar sobre terrorismo en España es prácticamente inevitable que vengan a la cabeza de cualquiera las siglas de ETA, los GRAPO o los GAL. Sin embargo, desde los años 60 más de 50 bandas terroristas han cometido atentados de los cuales, según los datos del Ministerio del Interior, 1.451 personas han sido asesinadas y 4.983 heridas hasta 2020. Un número que probablemente sea mayor, si se tienen en cuenta las víctimas del terrorismo no reconocidas.

Así lo detalla Gaizka Fernández Soldevilla, responsable del área de Archivo, Investigación y Documentación del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo en su libro 'El Terrorismo en España: de ETA al Dáesh, en el que analiza la trayectoria de las distintas bandas terroristas además de prestar un interés especial en sus damnificados, rescatando las biografías de algunos ellos. Como la de la primera víctima del terrorismo, una niña llamada Begoña Urroz, que el 27 de junio de 1960 fue alcanzada por la explosión de una bomba que le causó heridas y falleció al día siguiente. El atentado fue cometido por el DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación) una organización antifascista formada en 1959 por exiliados españoles y portugueses para luchar contra las dictaduras salazarista y franquista.

Fernández se basa en la teoría del politólogo David C. Rapoport para identificar las cuatro grandes oleadas de terrorismo que han sacudido al planeta desde finales del siglo XIX. La primera, es la conocida como nihilista o anarquista, cuyo punto álgido se situó entre 1880 y 1900, aunque algunos autores consideran que tuvo como precedente al Ku Klux Klan. La segunda, la denominada como nacionalista o anticolonial, tuvo lugar entre 1917 y 1965. La tercera oleada, incluye bandas de extrema izquierda, extrema derecha y nacionalistas radicales que empezaron a cometer atentados mortales a finales de los 60. Entre esas bandas, en España, actuaría ETA, pero no sería la única aunque sí la más longeva y letal. Por último, la cuarta ola es la yihadista, que se desarrolla a partir de los 80 y perdura hasta la actualidad.

En España, hubo organizaciones terroristas más allá de Euskadi en lugares como Cataluña, Canarias, Asturias, León, Galicia, Aragón o Andalucía. Fernández calcula que han llegado a existir cerca de 50 organizaciones que él mismo denomina como “flor de un día”. Es decir, que no se prolongaron en el tiempo. Esa es una de las razones por las que se han vuelto más desconocidas. En su estudio que data entre 1960 y 2020 destaca entre muchos otros en Andalucía los 'Grupos armados 28 de febrero', en Aragón el Frente Revolucionario Vasco-Aragonés, en León el grupo ‘Terre Lleunesa’ o en Galicia el Exèrcito Gerrilheiro do Povo Galego Ceive (EGCPC).

“ETA consigue crear un núcleo alrededor, crea un movimiento político social y tarda 10 años en matar, a diferencia de otros como el DRIL, que tarda un año en matar”, ha explicado el doctor en Historia Contemporánea durante la presentación de su libro en Bilbao.

Para Fernández, en la sociedad actual un problema puede llegar a ser el hecho de utilizar la palabra “terrorismo” con facilidad. “Utilizamos la palabra terrorismo con tanta facilidad que vaciamos el contenido. Al final nada es terrorismo, porque si todo es terrorismo, nada lo es. El terrorismo es un tipo de violencia muy específico y se diferencia de otras violencias políticas como una guerrilla, la mafia, etc. Es una violencia política que busca un impacto social político o social mucho mayor que la del simple atentado. Hay un lema de las Brigadas Rojas que era 'matar a uno para asustar a 100' que lo resume perfectamente. Un terrorista no solo quiere matar a una víctima, quiere asustar o atemorizar a una sociedad y por tanto a un Gobierno y conseguir sus objetivos, sean políticos o religiosos”, ha señalado.

¿Cuáles son las diferencias y similitudes de las bandas terroristas en España?

En el libro se explican las diferencias, pero también similitudes de las distintas bandas terroristas. Fernández, ha detallado durante la presentación que “hay bandas yihadistas que quieren implantar un califato universal, hay bandas de extrema izquierda que quieren implantar una dictadura del proletariado, bandas de extrema derecha que quieren resucitar a Franco” y que a pesar de que sea cierto que todas ellas sean diferentes, se asemejan en cuanto al tipo de violencia que emplean y en que creen que la violencia merece la pena y que las víctimas que producen son un precio necesario que pagar para lograr su objetivo.

Para ello, una de las estrategias que emplean es cosificar y deshumanizar a las víctimas. “Es un ”txakurra“, es una rata, un animal, una cosa…Entonces matarla es más fácil. Ha pasado aquí y también pasaba con los judíos en Alemania que eran ratas y cucarachas. En Ruanda también. Antes de matarles se les suele cosificar para que luego el siguiente paso sea más fácil. Y no es fácil matar. Culturalmente estamos educados para que la vida sea sagrada, por tanto desmontar ese mecanismo no es fácil. Te tienes que adoctrinar y radicalizar y es un proceso lento, hasta llegar a poder matar has pasado por un montón de influencias, los que no aprietan el gatillo pero influyen en ti para que tú lo hagas”, ha explicado Fernández.

En cuanto a las posibles diferencias Fernández destaca las culturales a la hora de matar. Mientras los grupos terroristas en Europa emplean armas de fuego o bombas, los yihadistas pueden llegar a usar armas blancas y además, “son más modernos” puesto que graban sus atentados. Sin embargo, Fernández ha señalado que “si ETA en los años 70 hubiera tenido twitter, quizás los atentados hubieran sido de otra manera”.

Según los datos que aporta el estudio realizado y publicado en el libro, las víctimas mortales de ETA son en total 853, las del yihadismo, 288 y las de los GRAPO 92. En cuanto a las víctimas mortales de bandas menos reconocidas, Fernández calcula que hay 110 víctimas de bandas de extrema izquierda, 91 de extrema derecha o parapoliciales, 13 de terrorismo 'preyihadista' y 9 víctimas asesinadas por bandas de ideología nacionalista radical.

Más leña al fuego. Después de que el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, haya interpuesto una querella contra el presidente del PP Pablo Casado por llamarle “amigo del GRAPO”, el candidato popular a la Alcaldía de la capital aragonesa, Jorge Azcón, sube la apuesta: es “amigo de golpistas, de dictadores venezolanos y de filoetarras”, ha dicho de Santisteve.

Casado llamó “amigo del GRAPO” a Santisteve después de que se celebrara una jornada, en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, en la que participó Carmen López, exmiembro de esta banda terrorista, quien fue condenada por el atentado de la cafetería California en Madrid en 1979.

En la querella, presentada el pasado 21 de marzo, el alcalde argumenta que tanto él como el Consistorio “no intervinieron ni participaron en la organización o celebración de la charla programada por este centro social, que dispone de un inmueble en la ciudad cedido legalmente por el Ayuntamiento”.

Este lunes, Santisteve ha hecho unas declaraciones afirmando que “no podemos consistir que el señor Casado siga diciendo barbaridades sin que nadie le ponga coto”. Para él, “la ambición desmedida que el PP tiene por el poder, por el sillón y por descalificar a todo el que hace un trabajo de gobierno es más que evidente. Ahí está su irresponsabilidad, su incapacidad y lo poco que tienen que aportar”.

“Siempre se ha puesto del lado de los terroristas y de los golpistas”

Y ha llegado la réplica inmediata de los líderes populares en Aragón en defensa de su presidente. Azcón ha asegurado que el alcalde “no tiene motivos para sentirse ofendido porque cuando ha tenido que elegir entre víctimas, terroristas, golpistas y constitucionalistas siempre se ha puesto del lado de los terroristas y de los golpistas”.

Lo demostró, ha dicho el portavoz popular en el Consistorio, “encabezando una lista electoral con partidos filoetarras como Puyalón, lo demostró con la terrorista de los GRAPO Carmen López y lo demostró cuando ningún miembro de su gobierno acudió al acto de conmemoración del 11M”.

Para Azcón, “la realidad y la valoración política es que Zaragoza tiene un alcalde impresentable e indigno al que no quieren los zaragozanos”. Por eso, ha dicho, “los zaragozanos resolverán este asunto el 26 de mayo diciéndole a la cara que no quieren un alcalde que sea amigo de los GRAPO, de golpistas, de dictadores venezolanos o amigo de los filoetarras”.

“Con las víctimas siempre se pone de perfil”

También se ha referido a la querella el presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte, que, según informa EFE, ha calificado la querella de “postureo”. Lleva un tiempo “desaparecido con sus problemas orgánicos y ha decidido entrar en campaña preocupándose por unas manifestaciones de Pablo Casado”.

En línea similar a Azcón, aunque con menos inquina, ha invitado al alcalde a “preocuparse por las víctimas del terrorismo y de sus familias porque, el pasado día 11, pudo acercarse a San Juan de los Panetes a estar con ellos a ver el sufrimiento y la situación en la que se han quedado”. Sin embargo, ha señalado, “prefirió quedarse unos metros más allá, en su despacho, como siempre ha hecho con las víctimas, poniéndose de perfil”.

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, anunció que había presentado una querella contra el presidente del PP, Pablo Casado, por un delito de injurias graves. Es la respuesta del edil a lo dicho por el popular en un acto de su partido, el pasado 16 de febrero, en la capital aragonesa. Casado aseguró que Santisteve “es conocido por ser amigo del Grapo y por hacerle un homenaje a una presa del Grapo, a unos de Alsasua e intentar, incluso, tal y como hace Carmena y por supuesto Ada Colau, decir que Zaragoza es un sitio amable para los independentistas”.

El líder popular (en lo concerniente al acto con la exmiembro de los Grapo) se refiere a la Jornada Antifascista que, en noviembre de 2018, organizó el Centro Social Comunitario Luis Buñuel de Zaragoza, y en la que participó Carmen López, miembro de esta banda terrorista, quien fue condenada por el atentado de la cafetería California en Madrid en 1979.

En el escrito presentado por el Ayuntamiento de Zaragoza al Juzgado de Primera Instancia de Madrid, con fecha de 21 de marzo, al que tuvo acceso EFE, se solicita celebrar el acto conciliatorio previo a la interposición de la querella por presunto delito de injurias graves con publicidad para que Casado reconozca los hechos y rectifique públicamente esta afirmación.

El texto argumenta que el alcalde de Zaragoza y el Consistorio “no intervinieron ni participaron en la organización o celebración de la charla programada por este centro social, que dispone de un inmueble en la ciudad cedido legalmente por el ayuntamiento”.

“El PP solo sabe usar la mentira, el engaño y la descalificación como instrumento y herramienta política”

Un día después del anuncio, Pedro Santisteve ha hecho unas declaraciones asegurando que “no podemos consentir que el señor Casado siga diciendo barbaridades sin que nadie le ponga coto”. Para él, “la ambición desmedida que el PP tiene por el poder, por el sillón y por descalificar a todo el que hace un trabajo de gobierno es más que evidente. Ahí está su irresponsabilidad, su incapacidad y lo poco que tienen que aportar”.

En opinión del alcalde, “el PP solo sabe usar la mentira, el engaño y la descalificación como instrumento y herramienta política. No hay argumentos racionales ni debates políticos sobre modelo de país, de ciudad o sobre políticas públicas y es un problema que tenemos en la vida política nacional, autonómica y municipal”. Ese afán de los populares por seguir usando el terrorismo, ha dicho, “es inconcebible; es como si no se quisiera reconocer que este país va avanzando, alcanzado logros”.

Sobre la posibilidad de que Casado pudiera rectificar en el acto previo de conciliación, Santisteve no es en absoluto optimista: “Dudo que Casado diga estas cosas sin haber recapacitado, porque saben bien contra quién tiran, cómo tiran y qué argumentos viles están utilizando”.

Catalunya, Alsasua, Grapo

En su momento, tanto PP como Ciudadanos pidieron que no se celebrara el acto con la exmiembro de los Grapo. Ya lo hicieron antes (con resultado positivo para sus intereses) consiguiendo la suspensión (al menos en el interior del lugar elegido, ya que se acabó celebrando en la calle) de un acto por el derecho a decidir en Catalunya, que tuvo lugar en la capital aragonesa. Y también se opusieron a una charla de las madres de Alsasua (esta vez sin consecuencias, como en el caso del acto con la exGrapo).

El alcalde se ha referido (como suele ser habitual cada vez que se solicita la suspensión de algún evento) a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que dictaminó que la prohibición de la charla sobre Catalunya no fue ajustada a derecho so argumento de que se podría “estar patrocinando una censura previa proscrita por el artículo 20.2 de la Constitución”.

A este respecto, Santisteve ha reiterado que no tuvo nada que ver con la organización de ese acto y que son los jueces “los que deben supervisar el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de expresión y, solo a posteriori, analizar si ha habido algún tipo de exceso en su uso. Eso lo han dicho los jueces y un gobierno municipal no está para coaccionar el ejercicio de derechos fundamentales”.

La Audiencia Nacional ha confirmado la condena del rapero menor de edad conocido como 'Siker', miembro del colectivo de 'La Insurgencia', por ensalzar las acciones terroristas de los GRAPO en las letras de sus canciones, según informa la Cadena Ser.

Los jueces confirman un año de tareas socioeducativas al menor, una condena que había sido previamente impuesta por el juzgado de menores. Los magistrados citan como jurisprudencia, según la Cadena Ser, la sentencia a dos jóvenes por quemar una foto del rey Juan Carlos I y que fue criticada posteriormente por Estrasburgo. Este tribunal dictó por unanimidad que el Estado español vulneró el artículo 10 de la Convención de Derechos Humanos que consagra la libertad de expresión.

'Siker' difundía sus canciones a través de Youtube y se ha sentado en el banquillo del juzgado central de menores de la Audiencia Nacional por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Según el tribunal, sus letras “tienen un contenido laudatorio” del GRAPO y de sus acciones violentas “justificándolas e incitando a su reiteración y humillando a sus víctimas”.

El próximo sábado, 10 de noviembre, tendrá lugar en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel de Zaragoza (de propiedad municipal) la Jornada Noviembre Antifascista 2018. En ella habrá un “coloquio antirrepresivo” con el rapero Pablo Hasel y Verónica Landa, de Izquierda Diario.

Posteriormente, con el nombre “1978-2018, 40 años maquillando el fascismo”, se celebrará una charla-coloquio en la que participarán Carmen López Anguita, presentada como “expresa política antifascista”, y Juan López Olarieta, “abogado y represaliado político”.

La presencia de estos dos últimos ha despertado la polémica por su vinculación con los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). La primera fue condenada por el asesinato de nueve personas en el atentado de la Cafetería California. El segundo fue el abogado de los GRAPO.

El portavoz del PP en el Consistorio de la capital aragonesa, Jorge Azcón, ha pedido al alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, que impida la celebración de esta charla, que ha calificado de “indecente” y “nauseabunda”. También Ciudadanos le pide a Santisteve que evite esta jornada. Según su portavoz, Sara Fernández, “el alcalde va a permitir el blanqueamiento de los GRAPO”.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, según informa la Cadena SER, apuntan que, aunque se celebre en una dependencia municipal, “el Ayuntamiento no es responsable de su contenido”. Recuerdan, además, que el Consistorio ha de promover los derechos fundamentales “como el de la libertad de expresión o reunión”.

La madre de uno de los miembros del grupo musical La Insurgencia ha publicado este sábado un vídeo en Youtube denunciando que la Audiencia Nacional haya condenado a su hijo y al resto de miembros del grupo de rap por ensalzar “sistemáticamente” a los GRAPO en las letras de sus canciones.

“Mi hijo tendrá que dejar sus estudios, a su familia y a su novia, y enfrentarse a la vida en la cárcel con 21 años por el tremendo delito de cantar”, dice Elena sobre su hijo Saúl. Los doce miembros de La Insurgencia -Saúl entre ellos- fueron condenados a dos años y un día de prisión por “enaltecimiento al terrorismo” en las letras de sus canciones -consideradas como “discurso violento” en la sentencia- y por sus vídeos colgados en Youtube.

La madre de Saúl cuenta que su hijo es “un niño inteligente”, que “creció en el barrio con las luchas barrio” y que al que el divorcio de sus padres le afectó. “Fueron tiempos muy difíciles, pero yo nunca tiré la toalla porque sabía lo mucho de lo que era capaz”, relata.

Elena asegura que Saúl es un hombre “comprometido y trabajador”, que estudia Educación Social y “dispuesto a participar en cualquier iniciativa a favor de los más débiles”. “Ha cantado por la pobreza energética, ha acompañado a la gente que vive en la calle en Vigo y todo esto puede verse truncado en unos meses si tiene que entrar en prisión”, dice la madre del miembro de La Insurgencia.

“Doce vidas que quedaran truncadas por el tremendo delito de cantar. Mientras, los que nos roban con absoluta impunidad, siguen libres. Riéndose en nuestra cara. Los que secuestran niñas para explotarlas sexualmente hacen tratos con la Fiscalía y no pisan la cárcel. Pero ellos, mi hijo y sus once compañeros, entrarán en la cárcel por cantar”.

“Tengo que ir a prisión por mis canciones dos años y un día”. Es la reflexión de Shahid, uno de los miembros de La Insurgencia, el grupo de rap condenado por la Audiencia Nacional a dos años y un día de cárcel por ensalzar “sistemáticamente” a los GRAPO en sus letras. Una pena de cárcel que ha sido muy comentada y que hasta ha sido criticada por la magistrada de la Audiencia Nacional Ángela Murillo, que negó el carácter delictivo de estos temas.

El rapero ha lanzado un vídeo en el que critica el contenido de la sentencia, que califica de “atropello bestial” que “no tiene precedentes”: “Un grupo va a entrar a la cárcel por hacer arte, por hacer crítica social en sus canciones, transmitiendo rabia, la impotencia de una generación que no tiene futuro”, destaca el miembro de La Insurgencia.

Según Shahid, su música es “reivindicativa”. Un estilo que asegura que no ha elegido, sino que “nos han empujado a hacerlo”. “Claro que rapeamos con rabia, y tenemos rencor a los que nos han robado el futuro”, dice en la grabación. “En cualquier barrio obrero se está viendo la absoluta miseria, como las pensiones de los abuelos o los trabajos precarios”, afirma.

El rapero también avisa de que él y sus compañeros saben “que no somos los primeros, ni seremos los últimos” en ser condenados por sus manifestaciones. Entre los ejemplos, señala las condenas por a varios tuiteros por sus mensajes en Twitter de distinto signo.

Shahid, además, hace un llamamiento a la difusión del caso de La Insurgencia y su condena, ya sea por redes sociales o carteles en conciertos. Y agradece el apoyo que asegura han recibido desde que les citaron hace ya más de un año tras ser acusados de enaltecimiento del terrorismo.

Aunque no tienen antecedentes penales, los 12 miembros del colectivo de rap pueden acabar en prisión por la decisión de la Audiencia Nacional de sumar un día a la pena de dos años. Una situación que podría cambiar si el Tribunal Supremo admite su recurso y rebaja la condena.

La Audiencia Nacional prepara la que espera sea la búsqueda definitiva del cadáver de Publio Cordón, el empresario que falleció en 1995 mientras permanecía secuestrado por los GRAPO en Francia. La jueza Carmen Lamela ha pedido a las autoridades del país vecino que autoricen el desplazamiento de una comisión de guardias civiles que custodiarán a Fernando Silva Sande, el exjefe de la organización terrorista que ha ofrecido nuevos datos sobre la supuesta ubicación de Cordón.

La comisión judicial llevará en su poder el plano de la zona del Mont Ventoux que Silva Sande dibujó para precisar el lugar donde fue enterrado Cordón, posterior a la confusión que habían creado sus indicaciones verbales. Con el croquis, la Audiencia Nacional ya solicitó la inspección ocular del lugar en octubre de 2015, pero “razones de la seguridad interna” de Francia lo impidieron, según recoge la jueza Lamela en un auto del pasado 11 de abril.

Después llegó el inverno y se aplazó la búsqueda “sine die en atención a las condiciones climáticas y de la presumible congelación del suelo”. La mejora del clima en esta época y los meses venideros han provocado que la jueza proponga retomar las tareas de búsqueda lo antes posible.

La jueza Lamela argumenta que el desplazamiento de Silva Sande es necesario para que pueda, “in situ, ofrecer datos más fiables sobre la localización del lugar de enterramiento, siempre dentro de lo que tiene declarado a presencia judicial”. Silva Sande no podrá permanecer en Francia por espacio superior a un mes.

Según han podido reconstruir los investigadores, Cordón fue secuestrado mientras hacía footing en Zaragoza y trasladado a Vitoria. Desde allí, Silva Sande y otros dos miembros de la banda le trasladaron a Lyon, donde la organización tenía alquilada una vivienda para retener al empresario. El relato de los terroristas asegura que estuvo encerrado en un armario y que logró escapar dos semanas después, pero que cayó de un tejadillo y falleció.

Búsquedas anteriores y 'test de la verdad'

Silva Sande, Ramón Teijeilo y María Victoria Gómez Méndez lo trasladaron al Mont Ventoux, donde lo enterraron. A pesar de ello, los GRAPO cobraron con posterioridad 400 millones de pesetas de la familia de Cordón. Silva Sande ya estuvo en la zona mayo de 2013 en una búsqueda anterior del cadáver de Publio Cordón. También se ha sometido al 'test de la verdad' con la intención de poder acotar la zona donde supuestamente está el cuerpo. 

Carmen Lamela es el cuarto juez que se encarga de la búsqueda de Silva Sande en el Mont Ventoux. Los investigadores supieron en 2009 que Cordón podía estar enterrado en esa zona y comenzó el rastreo. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 era entonces Fernando Grande-Marlaska, al que sustituyó Javier Gómez Bermúdez. Este magistrado es el enlace en Francia en estos momentos. Al ser designado para el puesto fue sustituido provisionalmente por Juan Pablo González. Lamela es la titular del Juzgado de Instrucción número 3 desde octubre de 2015.

De pronto, por las televisiones venezolanas, todas ellas convertidas por decreto en televisión única, como aquella nuestra, en blanco y negro, del año 1975, la voz trémula del sucesor nombrado en vida, entre pucheros lacrimosos, comunica la muerte irreparable del “comandante presidente Hugo Chávez”. Mi cabeza dio un salto hacia atrás de treinta y siete años para representarme, como un latigazo, como una película vertiginosa, la imagen de Arias Navarro, a la sazón presidente del gobierno español, igualmente lloroso e inconsolable, con voz trémula, balbuciendo aquello de “Españoles... Franco... ha muerto”. Había muerto, por supuesto, tras una titánica lucha contra la enfermedad, como contaban sus hagiógrafos, consolado por los santos sacramentos, entre sotanas, cruces y relicarios varios para conjurar el favor divino.

Años más tarde, cuando murió Kim Jong-il, el “querido líder” de Corea del Norte (no confundir con Bárcenas, el querido líder de Correa del sur) una también inconsolable presentadora de la única televisión coreana comunicaba la muerte del dictador, enlutada y llorando, mientras explicaba que el presidente había muerto tras “un largo esfuerzo mental y físico” (¿) durante un viaje en tren. Se había muerto de puritito cansancio. Los grandes hombres siempre pasan a la otra vida después de luchar heroicamente contra la muerte traidora.

Los líderes de los regímenes populistas, encarnación viva de todas las virtudes, padres y guías espirituales de todo un pueblo, sujetos y objetos de los medios de comunicación, a su muerte acaban dejando sumidos en la orfandad a sus conciudadanos, que habían confundido a la persona con la justicia misma, con la gracia, con el bien absoluto, con la cultura y el conocimiento científico, como en el caso de Ceaucescu y su mujer. Es tal el trauma colectivo, que en las primeras horas, en los primeros días tras su desaparición, parece que es la sociedad misma la que ha muerto, irrecuperable ya, como si el líder carismático se hubiese llevado a la tumba todos los secretos para gobernar sabiamente un país. Después de él, el Apocalipsis.

Las monarquías hereditarias se nos presentan como la garantía de estabilidad, sin vacíos de poder inoportunos por donde puedan colarse los hackers de la contrarrevolución. En Corea del Norte convirtieron su particular dictadura del proletariado en un sistema hereditario, como en el caso de la monarquía revolucionaria cubana: la primera, de padres a hijos; la segunda, de hermano mayor al menor, en vista de que los hijos gusanos se les afilian a Nuevas Generaciones.

Nicolás Maduro, nombrado sucesor en voz alta por el líder de la revolución bolivariana, se ha convertido en el Hugo Chávez emérito, con un contrato de presidente en diferido, dispuesto a utilizar la técnica de los sucesores del Campeador para obligarle a ganar batallas después de muerto. A falta de caballo, se le embalsama, como a Evita Perón, como a Lenin, como a Mao, como el brazo incorrupto de Santa Teresa que tantos servicios espirituales prestó a Franco.

En cierto modo, el embalsamamiento de un líder, para perpetuar su legado a través de una imagen que vale más que mil programas electorales, más que una operación de marketing político y una innegable fuente futura de divisas, es la constatación de que los sucesores se han quedado sin discurso político. Para empezar, Maduro nombra vicepresidente al yerno de Chávez, consciente de que el poder es cosa de familia, y jura su cargo de dudosa legalidad, no por dios ni la constitución, sino por el líder muerto, que en estos casos está por encima de los dioses y las leyes. Atentos, pues, porque en los días que restan para las elecciones presidenciales, toda Venezuela parecerá un culebrón inmenso, amenazada de inundación por las abundantes lágrimas que el candidato Maduro irá derramando opotunamente, de mitin en mitin, dispuesto a destrozar los corazones de sus entregados electores.

La figura de Chávez, como la de los hermanos Castro, ha servido de campo de batalla ideológico donde cierta izquierda y cierta derecha todavía se baten a diario. Corea del Norte, donde quizá comience la tercera guerra mundial, ya no sirve ni como ejemplo de paraíso del proletariado. Y China, ese lugar donde se practica el más extraño experimento de socialismo real, el comunismo más amado por el capitalismo salvaje, ávido de nuevos esclavos, de mano de obra barata, tampoco puede ser exhibido, sin ruborizarnos, como la superación del sistema capitalista.

Pero Chávez, con su drástica bajada del porcentaje de pobreza en Venezuela, con la mejora de la cobertura de un sistema sanitario que hasta su llegada solo alcanzaba a las clases privilegiadas, con sus éxitos en la lucha contra el analfabetismo, fue un símbolo para gran parte de su pueblo y de una izquierda huérfana de referentes transnacionales. “Sí se puede”, parecía decir Chávez... aunque él, como Fidel Castro, necesitase discursos de varias horas para expresar algo tan sencillo, enmudeciendo por si acaso la voz de los medios de comunicación que no le rendían culto, dejando a menudo los usos democráticos y los derechos humanos hechos unos zorros, como en las dictaduras de mayor raigambre.

Los países entregados en cuerpo y alma a los líderes terminan poniendo en pie un inmenso acto de fe, donde los mensajes simples anulan a los complejos, como en las religiones la fe anula a la razón. Y se preguntan: ¿Es que acaso los derechos humanos, o la libertad de expresión, están por encima del derecho a la alfabetización, a las tres comidas diarias, a la sanidad pública gratuita? ¿Pero qué mierda es eso de los Derechos Humanos? (Jordi Pujol, otro gran pensador, diría: ¿qué mierda es eso de la UDEF?)

Pues voy a contestar, alto y claro: ni el derecho a la alimentación, a la sanidad, a la alfabetización, o a una vivienda digna están por encima del derecho fundamental a la libertad de pensamiento y de expresión, porque es precisamente la libertad, y no otro instrumento, la caña con la que se enseña a los pueblos a pescar la justicia y el bienestar, porque son los dictadores los que prefieren alimentarnos de su propia mano, para dejarnos así en una perpetua dependencia del padrecito, del amado líder.

La libertad es la prueba del algodón que detecta dónde esconden la suciedad sus gobernantes. Cuando se pone coto a la libertad de los pueblos, el bienestar social deja de ser un producto de la justicia, consecuencia de un derecho de los ciudadanos, sino el resultado de la magnanimidad de los gobernantes, de sus estados de humor y de sus estrambóticos caprichos.

La libertad, y sólo la libertad, tiene la llave para certificar el grado de bienestar y justicia que disfrutan los pueblos. Por eso la aborrecen los dictadores. Sin libertad, hasta la felicidad es sospechosa de fraude.