Santander y Barclays son los dos postores que finalmente han mantenido su interés por adquirir TSB, la filial británica de Banco Sabadell, aunque todavía no habrían presentado sus ofertas en firme, según han indicado fuentes financieras a Bloomberg y a Europa Press, que apuntan a que NatWest ha dado un paso atrás.

Este viernes vence el plazo para que los posibles interesados presenten ofertas por TSB. En caso de que finalmente alguna o las dos entidades trasladen sus proposiciones formales, el siguiente paso será que el consejo de administración de Sabadell las valore.

Los analistas anticipan un valor de la operación de entre 2.000 y 3.000 millones de euros, el Sabadell adquirió TSB en 2015 por 1.700 millones de libras (1.994 millones de euros al cambio actual).

La filial británica ha pasado de generar unas pérdidas de 220 millones de euros para el grupo en 2020 a unas ganancias de 253 millones en el último ejercicio, con una previsión de crecimiento del 15 %.

En caso de que el banco que preside Josep Oliu acepte vender TSB, los administraciones de Sabadell deberán convocar a su junta de accionistas para que apruebe la operación si en ese momento está abierto el plazo de aceptación de la OPA de BBVA, ante el deber de pasividad que se le impone al consejo por la propia OPA.

Sabadell planea tener su decisión sobre una posible venta de TSB antes del 24 de julio, ya que es el día que ha elegido el banco catalán para dar a conocer los resultados del primer semestre y presentar su nuevo plan estratégico. Si vende su negocio británico, no lo incluirá en el plan estratégico y si no lo vende, sí, lo que implica que la nueva hoja de ruta hasta 2027 podría contar con proyecciones sobre el cierre de la operación.

En los cursos de verano de la APIE en Santander, celebrados esta semana, el consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, evitó dar fechas concretas sobre la decisión del consejo y la convocatoria de la junta, pero afirmó que ya estarán incorporadas las proyecciones si finalmente la venta de la filial británica se cierra.

También evitó comentar qué hará el banco con el exceso de capital que se genere por la posible venta, pero que igualmente, estará incluido en el plan estratégico.

La semana pasada, y tras informaciones en la prensa, Sabadell confirmó que había recibido manifestaciones de interés no vinculantes por su filial británica.

Esta opción ha irrumpido en mitad de la OPA de BBVA por Sabadell, que esta semana acaba conseguir 'luz verde' por parte del Gobierno, aunque con la condición de que ambas entidades se mantengan autónomas jurídicamente, de tal forma que cada banco vele por sus propios intereses.

Esta OPA impone a Sabadell el deber de pasividad, que implica que el consejo de administración tiene limitadas sus acciones para impedir el éxito de la operación, salvo si las decisiones son aprobadas por la junta de accionistas, que debe convocarse con 30 días de antelación.

Así, el consejo de Sabadell llegará a la presentación de su plan estratégico con una posible decisión, pero esta deberá ser sancionada posteriormente por la junta para que tenga efecto si se produce dentro del periodo de aceptación de la OPA.

González-Bueno, sin embargo, pidió el miércoles “no vender la piel del oso antes de tenerlo”, es decir, que la posible venta todavía no está decidida y que quizá no se produzca. Reiteró que el consejo estudiará si esta operación genera valor para sus accionistas y la desligó de la OPA de BBVA, como ya hiciera el presidente de Sabadell la semana pasada en un encuentro con accionistas.

“Nos da tiempo a todo, se puede hacer todo. Haremos un plan estratégico en función de la decisión que ya se haya tomado, si es incorporando a TSB en nuestras proyecciones o si es excluyendo a TSB de nuestras proyecciones. Y también se darán unas guías de los resultados de esa venta”, comentó, después de indicar también que esta operación no es una “poison pill” en la OPA.

“Pero hay una frase que yo creo que viene muy al caso y es que no conviene vender la piel del oso antes de tener un oso y, por lo tanto, no ha habido decisión, ni la habrá hasta que se produzca, si es que se produce esa transacción, sobre cómo utilizaremos esos fondos y cuando lo sepamos, pues probablemente eso será parte del plan que presentaremos el 24 de julio”, agregó.

También defendió que el desarrollo de TSB desde que lo comprara Sabadell en 2015 ha sido “espectacular” y que en 2024 contribuyó con unos 253 millones a los resultados del Grupo Sabadell. La previsión es que esta contribución se eleve un 15% en 2025.

Sin embargo, el CEO de Sabadell cree que el grupo ha llegado ya a un punto en que el que puede seguir mejorando el valor, pero de una forma en términos relativos “menos significativa”.

Sostuvo, no obstante, que existen unos vientos de cola que ayudan a TSB, refiriéndose al decalaje en el impacto de los tipos de interés sobre las cuentas de los bancos británicos --conocido como 'caterpillar'-- y que será uno de los factores que los posibles compradores tendrán en cuenta, así como las sinergias que se generen.

El exdirector general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, confirmó este martes que “nadie” en la entidad sabía que José Luis Olivas, expresidente de la entidad bancaria y sucesor de Eduardo Zaplana en la Generalitat Valenciana, cobró 580.000 euros de la empresa Sedesa, perteneciente a la familia Cotino. Olivas, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión en el juicio del 'caso Erial', ya fue condenado a un año y medio de prisión y al pago de una multa de 151.800 euros por falsificar la factura.

El expresidente valenciano emitió la factura falsa a través de Imarol SL, la empresa que compartía con su mujer, a Sedesa por una supuesta asesoría en la venta de la participación de la empresa de los Cotino en Proyectos Eólicos Valencianos SA, sociedad adjudicataria de las zonas 5, 6 y 11 del Plan Eólico valenciano, una licitación amañada según Anticorrupción. La firma pertenecía mayoritariamente a Endesa (55%) y Sedesa contaba con un 25% del accionariado mientras que Bancaja mantenía el 20% del accionariado. La sentencia que condenó a Olivas sostiene que el expolítico del PP no realizó el trabajo por el que cobró la factura.

Aurelio Izquierdo, citado como testigo en el juicio del 'caso Erial', enmarcó el interés de Bancaja de deshacerse de sus participaciones en el proceso de desinversiones para obtener plusvalías. En 2008, en plena crisis económica, “había dificultad para vender muchas cosas”. Así, Bancaja obtuvo unas plusvalía de 35 millones de euros, tras haber invertido apenas “un millón y pico” y Sedesa se embolsó 39 millones.

Al año siguiente Endesa Cogeneración y Renovables SL, ya con todo el accionariado, vendió los parques de las zonas 6 y 11 a Corporación Acciona Eólica SL, con una plusvalía de 104 millones de euros. La acusación pública mantiene que Olivas participó supuestamente en el amaño de la adjudicación inicial del Plan Eólico, de un modo similar al de Zaplana en la privatización de las ITV, uno de cuyos lotes recayó también en Sedesa.

Izquierdo, absuelto en la Audiencia Nacional en el 'caso Costa Bellver', aseguró que en la entidad bancaria se desconocía que Olivas, presidente de Bancaja y más tarde vicepresidente de Bankia, tenía tratos con los Cotino. “En Bancaja nadie sabía que Olivas había cobrado por hacer esa gestión”, declaró a preguntas del fiscal anticorrupción.

Miguel Morillo, responsable de las sociedades participadas de Bancaja, también dijo que en la entidad se desconocía la participación de la empresa de Olivas en la operación. Javier Viteli, consejero delegado de Iberdrola Renovables, aclaró: “En una operación de este tipo, no necesitamos ningún tipo de intermediación por parte de nadie”.

Por su parte, Javier García Pérez, responsable de desarrollo de negocio en España de Iberdrola Renovables, desconocía la existencia de la empresa Imarol de Olivas y de su esposa, Mercedes Álvarez. El fiscal le preguntó al testigo si era necesario asesoramiento externo en este tipo de operaciones. “Normalmente eran trabajos que hacíamos internamente, con el conocimiento y el 'know how' hacíamos una valoración que se escalaba a los organismos internos y se hacia una oferta”, contestó.

La defensa de José Luis Olivas también interrogó al perito contratado por el expresidente valenciano, el inspector de Hacienda en excedencia Francisco Javier Galindo. El perito aseguró que era “absolutamente imposible” la intervención de Olivas en el proceso de adjudicación del Plan Eólico mientras fue presidente de la Generalitat Valenciana. También destacó que el pago por parte de Sedesa se produjo cinco años después de la adjudicación. “No hay duda del servicio prestado”, dijo Galindo. 

En el juicio también declaró el exdirector de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, para defender el proceso “absolutamente reglado” de selección de los miembros de la entidad en la época en que Eduardo Zaplana era presidente de la Generalitat Valenciana. López Abad, absuelto de falsear las cuentas de la CAM y condenado por los negocios inmobiliarios de la caja en el Caribe, declaró que Francisco Grau, asesor fiscal de Zaplana y acusado en la causa, participó en el consejo de administración de la entidad, sin que actuara por interés político. 

El exdirector de la CAM negó que la entidad otorgara un préstamo en condiciones ventajosas a Zaplana para la adquisición de una vivienda en el Paseo de la Castellana de Madrid. El exministro del PP obtuvo una carencia de seis años en la hipoteca del piso, de 500 metros cuadrados, que compró por 1,6 millones de euros y revendió por 2,8 millones.

El 'simpa' de un acusado a una letrada

Por otro lado, también declaró Elena Sánchez Álvarez, dedicada a promover negocios e inversiones y “socia en una sociedad donde estaba el señor Zaplana”, según dijo. La testigo relató que el promotor Carlos Gutiérrez Nomdedeu, acusado en la causa, le pidió ayuda a través de Zaplana para afrontar el concurso de una de sus empresas, “enquistado mucho tiempo”. El empresario le hizo un 'simpa' en toda regla. “Le planteé unos honorarios, el tema salió bien y nunca percibí ningún tipo de honorarios”, lamentó la letrada.

Preguntada por el fiscal sobre los “innumerables” correos electrónicos que enviaba a Zaplana a través de su secretaria informándole del trabajo, la mujer adujo que se trataba de “dar un seguimiento de los trabajos” a quien le había remitido el cliente. “Era un contacto que me llegó al al despacho por el señor Zaplana”, afirmó la testigo.

El presidente del tribunal, el magistrado Pedro Castellano, le preguntó si emprendió acciones judiciales para reclamar sus honorarios. La testigo explicó que a pesar de que “al principio era un señor tremendamente educado”, cuando se puso en contacto para reclamar la deuda, Carlos Gutiérrez “desapareció” y no respondía a sus llamadas.

“Nunca he tenido ningún caso como ese en mi despacho de alguien que no quiera pagar”, concluyó. El aludido estuvo ausente de su asiento del banquillo de los acusados en la sesión de este martes.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que el exministro Eduardo Zaplana se lucró de forma directa e indirecta -a través de empresas pantalla- de una operación inmobiliaria en la que pidió la colaboración del entonces presidente de Bancaja, José Luis Olivas.

Todo ello consta un informe aportado al Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que investiga en el marco del caso Erial el posible cobro de comisiones derivadas de las concesiones de las ITV y parques eólicos en la Comunidad Valenciana, así como todo un entramado societario para la repatriación e inversiones de esos fondos supuestamente ilícitos.

La UCO recoge el testimonio del que fue director territorial de Bancaja en la Comunidad de Madrid y Castilla la Mancha entre 2005 y 2011, quien aseguró a los agentes que recibió la llamada del presidente de la entidad, José Luis Olivas, para que atendiese a Zaplana.

Éste le pidió un “esfuerzo” para materializar una operación de refinanciación del grupo empresarial Provimola que finalmente Bancaja acometió mediante la compra de activos, concretamente inmuebles en Ibiza, por unos 100 millones de euros.

Este testigo dice que Zaplana se interesó en esta operación y que lo supo porque le llamó el presidente de Bancaja, José Luis Olivas, y le pidió que atendiese a Zaplana. Le recibió y mantuvo varias reuniones con él, y en todas ellas se interesó por la citada refinanciación.

En sus declaraciones, este directivo cree que la relación entre Zaplana y Carlos Gutiérrez, propietario de Provimola, “era de amistad”, aunque “no lo puede asegurar, y que desconoce si Zaplana tenía interés económico en la referida operación”.

En esta operación, según ha explicado a los investigadores el exdirectivo de Bancaja, “se hicieron excepciones, porque en otras operaciones Bancaja mantuvo posiciones más rígidas y restrictivas”.

“Esas excepciones fueron principalmente la obtención de liquidez por parte de Provimola, que fue de unos 3 millones de euros, a través de varios cheques nominativos”, según este testigo.

Es decir, que el beneficio líquido obtenido por la firma a la que Zaplana ayudó fue cercano a los 3 millones de euros, y esos fondos se repartieron en varios cheques, de forma que la cuenta se quedó sin saldo y se canceló.

La Guardia Civil apunta la “aparente relación” de Eduardo Zaplana con varios de esos cheques, pues uno de ellos se emitió a nombre de una empresa de su propiedad por 75.000 euros.

Además, una firma beneficiaria de esta operación asumió el pago de varias embarcaciones de recreo para Zaplana, y otra varios vuelos internacionales.

En definitiva, sostiene la Guardia Civil que las empresas destinatarias de esos fondos “podrían haber utilizado los mismos para soportar gatos generados por el propio Zaplana, como el pago de alquileres de embarcaciones o aviones privados”.

De todo este operativo la Guardia Civil cree que estaba al corriente el abogado uruguayo Fernando Belhot, considerado testaferro de Zaplana que ha colaborado con la Fiscalía Anticorrupción, puesto que hay constancia de que mantuvo reuniones con Zaplana y Gutiérrez en el Hotel Wellington de Madrid y se le incautaron anotaciones y conversaciones de Whatsapp sobre el asunto.

El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha asegurado que la intervención de Bankia por parte del Gobierno “se hizo mal”, pero admite que el supervisor “tuvo que ponerse a disposición” del Ministerio de Economía“ a partir de la segunda mitad de abril de 2012, momento en el perdió ”el control“ del asunto.

Así lo ha indicado Fernández Ordóñez en calidad de testigo en el juicio que investiga la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid).

También ha asegurado que fue “una sorpresa para todos” que el consejo de administración de Bankia y BFA presentaran las cuentas referidas al ejercicio 2011 ante la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV) sin su correspondiente informe de auditoría. “El Banco de España no fue consciente hasta que apareció en prensa”, ha asegurado en relación a la presentación de las cuentas del banco sin auditar. “Fue una sorpresa para todo el mundo, porque es una cosa no habitual”, ha remarcado.

A pesar de estas declaraciones, Fernández Ordóñez ha insistido en que la forma de integración de las siete cajas que dieron lugar a Bankia mediante el Sistema Institucional de Protección (SIP) fue una idea “ingeniosa, ha funcionado y finalmente la entidad ha acabado bien”.

Fernández Ordóñez ha relatado que el 17 de abril de 2012 aprobó un plan a Bankia condicionado a un cambio de gestores, desinversiones y saneamientos, si bien el avance del informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo que el escenario planteado cambiara. “El informe tuvo una relevancia tremenda”, ha precisado.

“El documento tenía utilidad si se publicaba después. Los problemas de los bancos se conocen cuando ya se han solucionado. Este se publica antes”, ha reprochado el exgobernador de la autoridad monetaria. “A partir de aquí salta todo por los aires”, ha aseverado, explicando que la solución ya no eran las condiciones que incluidas en la aprobación del plan.

Fue en este momento cuando Fernández Ordóñez considera que el supervisor “perdió el control” de todo lo que ocurrió y niega conocer la reunión que en mayo mantuvieron el entonces presidente de Bankia Rodrigo Rato, el ministro de Economía Luis de Guindos y los presidentes de las tres mayores entidades financieras españolas (Emilio Botín, del Santander; Francisco González, de BBVA, e Isidro Fainé, de Caixa) donde se le forzaría a Rato a anunciar su dimisión.

“Estábamos en Basilea, no había nadie del supervisor presente y no se nos pidió opinión. A partir de aquí decidimos que había que ponerse a disposición del ministro y apoyarle en todo lo que dijera. Imagínense si trasladamos la opinión de que el Banco de España está en contra de lo que dice De Guindos”, ha resaltado.

Fernández Ordóñez ha apuntado que la credibilidad de los ministros “en general es muy baja”. “Hubiera sido un dislate total”, ha indicado. “Nos pusimos a disposición del Gobierno en la nacionalización, aunque nuestra visión es que se había hecho mal”, ha sentenciado.

“Bancaja no aguanta”

El exgobernador del Banco de España Miguel ha rebatido este lunes al expresidente de Bancaja José Luis Olivas, y ha afirmado, en calidad de testigo, que la entidad levantina no habría “aguantado” sin haberse integrado con Caja Madrid y otras cinco cajas en el grupo financiero BFA-Bankia.

“Bancaja no aguanta, Bancaja no puede, ahora está cumpliendo pero en unos meses con la situación que tenemos, no aguanta”, ha recordado que le comunicaron los inspectores del organismo con motivo de la preparación del encuentro que mantendrían Ordóñez y su segundo, Javier Aríztegui, con Olivas para instarle a formar parte del proyecto.

Según ha explicado, el Banco de España se vio obligado a celebrar aquella cita después de que el expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato les comunicara que su homólogo en Bancaja “no se pone al teléfono”.

“Por eso, el subgobernador organiza una reunión a la que acudo, algo poco habitual, un poco para decirle a Olivas que el sólo no iba a funcionar”, ha respondido a la fiscal del caso, Carmen Launa.

Un discurso que contradice la declaración de Olivas el pasado 25 de febrero, quien afirmó que “no veía” la integración con Caja Madrid y el resto de cajas “porque Bancaja era solvente y tenía un 52 % de solvencia por encima de la exigida”.

En este sentido, Ordóñez ha aseverado haberse sentido “sorprendido” por el hecho de que “una persona que tiene todos los datos” -en alusión al presidente de Bancaja- negara los potenciales problemas de la caja, no en vano quien antes se entera de ellos “es el gestor”.

En su opinión, el Banco de España “no sacó el bate de béisbol sino que lo que le dijeron a Olivas es que creían que la entidad no podía subsistir sola”, señala el ex gobernador para

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del expresidente de la Generalitat valenciana José Luis Olivas y de otros 47 exdirectivos de Bancaja y Banco de Valencia por las operaciones inmobiliarias de la sociedad Grand Coral en México que supusieron “una auténtica operativa de desfalco” para las entidades. En opinión de los magistrados, resultaría “increíble” que Olivas no hubiese estado al tanto.

Por estas operaciones inmobiliarias, que tuvieron un valor de 750 millones de euros, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ya ha abierto juicio oral contra los 48 exdirectivos, a los que ha impuesto además una fianza conjunta solidaria que asciende a más de 1.437,78 millones de euros.

Así, el magistrado requiere a Olivas, Aurelio Izquierdo, Domingo Parra, Alfonso Monferrer Daudí, Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó, Juan Poch, Fernando Rodríguez Toral, Luis Candela, Marc Smet y Daniel Henry Kragt para que presten, de forma conjunta y solidaria, la cantidad de 639.268.905 euros con el fin de asegurar las presuntas responsabilidades civiles pecuniarias que pudiera imponérseles.

En el caso de José Cortina Orrios y Rafael Tomás Codoñer Seguí, el juez les requiere igualmente por importe de 406.160.000 euros, mientras que para el resto de acusados -otras 35 personas- se fija una fianza en los mismos términos por una cantidad de 392.360.000 euros.

El auto, que recoge los escritos de acusación de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, Bankia Habitat y Banco de Valencia (Caixabank), da un plazo de diez días a las defensas para que presenten sus escritos de conformidad o disconformidad y señala a la Sala de lo Penal como el órgano competente para el enjuiciamiento.

De Egea envía a juicio a los 48 exdirectivos al considerarles responsables de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta del patrimonio social o de apropiación indebida y de un delito de blanqueo de capitales.

Inversiones de enorme magnitud

Según el relato de los hechos que hizo la magistrada Carmen Lamela, la anterior jueza instructora, entre 2005 y 2009 Bancaja --una de las siete cajas que actualmente integra Bankia-- y Banco de Valencia --absorbida por Caixabank-- participaron en inversiones inmobiliarias “diversas y de una enorme magnitud económica” en Baja California y Rivera Maya formando parte del llamado Grupo Grand Corald.

En palabras de la magistrada, “los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron, en unos casos, y auspiciaron en otros, una auténtica operativa de desfalco de las entidades que de modo injustificado fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch”, beneficios que suman alrededor de 170 millones de euros.

En ese momento, las entidades estaban presididas por Olivas, los directores generales eran Aurelio Izquierdo y José Fernando García de la Checa y el consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, todos ellos procesados.

En la confirmación del procesamiento que hace la Sala de lo Penal, los magistrados consideran que “no se puede establecer” que Olivas fuera “ajeno a los acontecimientos analizados” y el hecho de que fuera presidente no ejecutivo “será una cuestión a dirimir en el juicio oral”.

En todo caso, recuerdan que las dos entidades presididas por Olivas fueron las “financiadoras” de las operaciones inmobiliarias, de modo que resulta “increíble que no estuviera al tanto, sino al revés, pues le incumbía presidir los consejos de administración en que se aprobaban” los mencionados proyectos. PAGARON A OLIVAS 14 VIAJES A CUBA

La operativa se llevó a cabo de cinco operaciones: los proyectos 'Emerald', 'Zacatón', 'Piedras Bolas' y 'Vinoramas'; movimientos accionariales en sociedades y contratos de gestión a favor de Ferri y Baldó. Según el auto de procesamiento, toda esta operativa estaba “realmente” dirigida “desde dentro” de las entidades porque a Izquierdo y Parra “les guiaban espurios intereses económicos” conjuntos con Ferri y Baldó, a lo que se unió la “postura consentidora” de Olivas, entre otros.

Sobre el expresidente valenciano, Lamela sostenía que “conoció y alentó las inversiones millonarias” que se estaban realizando en Grand Corald, lo que entiende como un “continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó”, de tal manera que éstos, en agradecimiento por el trato que recibían de Olivas, le pagaron hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio.

Ahora, la Sala de lo Penal comparte este argumento afirmando que “se trató de un favorecimiento económico de forma sistemática e injustificada” llevado a cabo por Bancaja y Banco de Valencia, “amén de la alusión a unos viajes de ocio en 14 ocasiones de los que resultó beneficiado el señor Olivas”.

A lo largo de la investigación de la Audiencia Nacional se ha determinado que los consejos de administración de Bancaja permitieron las operaciones “en claro menoscabo de la entidad”, con múltiples irregularidades y la ausencia de racionalidad económica en parte de las inversiones, “constatándose un quebranto económico del 100% de la inversión llevada a cabo por las entidades financieras Bancaja y Banco de Valencia en el Grupo Grand Corald, lo que se valora en 750 millones de euros”.

Asimismo, durante la instrucción se pudo determinar una presunta operativa de blanqueo a través de las cuentas en Andorra controladas por Aurelio Izquierdo y Domingo Parra que gestionaban tanto cuentas propias como la cuenta de la empresa Summerville, en la que se recibieron 16 millones de dólares de la “injustificable plusvalía” de la operación 'Zacatón' y 'Piedras Bolas', que, según los indicios, se pudieron repartir Izquierdo y Parra junto con los hoteleros Ferri, Baldó y Poch.

Por este motivo, la Fiscalía pide para Parra e Izquierdo 12 años de prisión por los presuntos delitos de apropiacion indebida y blanqueo de capitales, los mismos que para los empresarios Ferri, Baldó y Poch, mientras que a Olivas le atribuye sólo el primero de los delitos y solicita para él 6 años de cárcel. Para los otros 42 procesados, el Ministerio Público reclama penas que oscilan entre los 2 y los 6 años de prisión.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado al expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Oliva, a los empresarios Juan Ferri y José Baldó y otras 45 personas por las operaciones inmobiliarias de la sociedad Grand Coral en México por el valor de 750 millones de euros que supuso “una auténtica operativa de desfalco” de Bancaja y Banco de Valencia.

En un auto con fecha del pasado 31 de julio, la magistrada instructora --que en septiembre pasará a formar parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo-- ha concluido la instrucción que comenzó en junio de 2015 al considerar que los hechos son constitutivos de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta del patrimonio social o de apropiación indebida y de un delito de blanqueo de capitales.

Por otro lado, la juez también acuerda el sobreseimiento respecto de nueve personas investigadas a petición de la Fiscalía. Además, emplaza a las acusaciones a que en un plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de las actuaciones.

El Ayuntamiento de València puso al cobro a principios del presente mes un total de 677.230 recibos correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en virtud de los cuales está prevista una recaudación de 226 millones de euros.

Sin embargo, pese a que muchas familias se las verán y se las desearán para poder abonar el impuesto, otras entidades con recursos más que acreditados y que en algunos casos tienen actividades que les reportan ingresos, están exentas del pago de este tributo.

En concreto, según han informado fuentes cercanas a la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de València, las arcas municipales dejan de ingresar cada año 5 millones de euros al contabilizar 1.682 inmuebles exentos del IBI en cumplimiento de dos normativas dependientes del Gobierno central.

Por un lado, el acuerdo del año 1979 con la Santa Sede exime del pago del tributo a todos los inmuebles de la Iglesia y del resto de confesiones legalizadas, algo que en el caso de València afecta a 448 inmuebles (templos, pisos, bajos y hasta plazas de garaje), la mayoría propidad del Arzobispado y de entidades católicas afines.

El resto de locales (1.234) están exentos del IBI en virtud de la ley de entidades sin fines lucrativos y entre las que no lo abonan hay todo tipo de fundaciones y entidades, muchas dependdientes de la Iglesia.

Entre ellas destaca la Universidad Católica que deja de pagar 51.508 euros por diferentes edificios, pese a que supone una competencia para otras instituciones universitarias públicas y privadas que sí que pagan el IBI.

También están exentas del pago del tributo la Fundación Bancaja, que por sus diferentes locales debería abonar 127.000 euros, Feria València, que se ahorra 719.000 euros, el Ateneo Mercantil, que por el edificio de la plaza del Ayuntamiento debería de pagar 105.700 euros o el Instituto Valenciano de Oncología, que deja de abonar 65.600 euros.

El alcalde de València, Joan Ribó, ya ha manifestado en varias ocasiones su postura favorable a que la Iglesia y el resto de confesiones abonen el IBI de todas sus propiedades, excepto de los templos y edificios de culto o de uso social, como por ejemplo los de Càritas o El Cottolengo, que seguirían estando exentos.

A este criterio, desde la Concejalía de Hacienda añaden que también deberían de pagar el impuesto aquellas entidades que dediquen sus inmuebles a una actividad que suponga una competencia con otras entidades públicas o privadas que no están exentas del IBI, como es el caso de la Universidad Católica o de los diferentes colegios religiosos concertados que también están exentos del IBI.

Así, aplicando estos filtros, las mismas fuentes calculan que podrían recaudar más del 50% del total de los 5 millones de euros que se quedan sin cobrar cada año.

Desde Hacienda han recordado que para tratar de modificar la normativa, se ha consensuado una postura conjunta de los diferentes ayuntamientos en la Federación de Española de Municipios y Provincias.

Su secretario general, Juan Ávila, ha informado que dentro de los puntos de la reforma de la financiación local que tienen previsto negociar en poco tiempo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está la posibilidad de que sean los propios ayuntamientos los que regulen las exenciones del IBI, o en su defecto, que el Gobierno central cubra los déficits de recaudación que la normativa estatal implique para cada Ayuntamiento, lo que en el caso de València ascendería a los 5 millones de euros mencionados.

El Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia ha condenado al expresidente de Bancaja y de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas a la pena de un año y medio de prisión por falsificar una factura de un ingreso de 500.000 euros por unos servicios de asesoramiento a Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Corts Juan Cotino, que nunca realizó.

Así consta en la sentencia, cuyo fallo ha sido adelantado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que la jueza condena a Olivas por delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública. Además, el expresidente de la Generalitat deberá pagar una multa de 151.800 euros.

Junto a Olivas, el juez condena también a Vicente Cotino a la misma pena por computar ese pago como gasto deducible en su liquidación del Impuesto de Sociedades.

Por su parte, la mujer de Olivas, Mercedes Álvarez, acusada en el procedimiento por la Abogacía del Estado, ha sido absuelta al no estar suficientemente acreditado que participara en idear y ejecutar la factura irregular de su marido, que ella firmó cinco años después de emitirse. La jueza aplica la atenuante simple de dilaciones indebidas.

Olivas siempre ha negado la acusación

Olivas siempre ha negado que cometiera algún tipo de fraude fiscal en la operación con Vicente Cotino, e insistió en que cobró 500.000 euros al empresario (más IVA) por asesorarle y mediar en la venta de unas acciones de su empresa eólica en una operación que fue “beneficiosa” tanto para el propio Cotino como para Bancaja -entidad que presidía- e Iberdrola -donde era consejero-.

La operación cuestionada se centraba en la venta de participaciones de Proyectos Eólicos Valencianos S.A. -accionarada por Endesa (55%), Sedesa (25%) y Bancaja (20%)- a Iberdrola. En concreto, Cotino, dueño de Grupo Fiscal Asedes Capital S.L., al que pertenecía Sedesa, le pidió a Olivas que le ayudara a vender el 25% de activos a la compañía eléctrica. A cambio, y si se obtenía una plusvalía de 39 o 40 millones, le ofreció pagarle 500.000 euros más IVA.

José Luis Olivas Martínez (Motilla de Palancar, Cuenca, 1952) ha sido uno de los próceres del PP valenciano durante casi 30 años. Conseller de Economía, presidente de la Generalitat y luego presidente de Bancaja, el exvicepresidente de Bankia puede cerrar su existencia con años de miseria tras otros de gloria.

Este miércoles ha quedado visto para sentencia el primer proceso de su calvario judicial: La Fiscalía pide contra él tres años de prisión por fraude fiscal. Olivas, cuando era presidente de Bancaja, la caja de ahorros quebrada durante su mandato, cobró 580.000 euros por intermediar en la venta de unas acciones de una empresa de energías renovables.

Las participaciones eran de Sedesa, compañía de Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino, expresidente de las Corts Valencianes procesado por la visita del Papa a Valencia. Y el potencial comprador, Iberdrola , empresa participada por Bancaja. Olivas era miembro del consejo de administración de la compañía eléctrica en el momento de la operación, 2008. Su remuneración era un porcentaje del beneficio generado: una plusvalía de 39,3 millones de euros.

“Defendía los intereses de Bancaja y Cotino, también los de Iberdrola, que quería tener un parque eólico en la Comunidad Valenciana. No tenía ninguna incompatibilidad”, declaró durante el juicio, sin ningún empacho, Olivas. Ni hacienda ni la Fiscalïa le creen. Dado su desconocimiento del negocio de la energía, las conversaciones iniciadas por ejecutivos de las compañías implicadas y sus cargos en Bancaja e Iberdrola, Olivas, sostienen, no pudo tener un papel relevante o remunerable en la operación.

Es más, creen que el asesoramiento pagado con medio millón de euros “no existió” y se hizo únicamente para ayudar a Cotino a pagar menos dinero al fisco. Y van más lejos: Olivas recibió la contraprestación en pago por un “favor inconfesable”. La abogacía del estado, que también acusa al expresidente de la Generalitat, tampoco se corta: “Merece un reproche ético por representar a todas las partes, a compradores y vendedores en la misma operación. Su posición queda bastante en entredicho”.

Olivas no ha ocultado su indignacion con esa acusación, pero la operación con Cotino se revela ahora -aunque los hechos se remontan a 2008 la investigación arrancó en 2013- como el inicio de su descrédito. Antes lo había sido todo. Licenciado en derecho en la Universidad Complutense, Olivas tuvo una larga carrera política en Valencia. Comenzó en la UCD, de la que fue concejal, pero con la desaparición del partido de Adolfo Suárez se enroló en las filas del PP. En 1987 ya era concejal en la oposición y, cuatro años después, en 1991, responsable de hacienda en el gobierno de Rita Barberá.

En 1995, fue elegido por Eduardo Zaplana, que aquel año inauguraba cuatro lustros de gobiernos valencianos del PP, como conseller de Hacienda. Tenaz y de gran instinto de supervivencia, según un conocido del partido, ya estaba en el núcleo duro del poder.

En 1999 fue vicepresidente en el segundo gobierno Zaplana. Cuando éste abandonó la Generalitat para ser ministro de Trabajo con José María Aznar, fue elegido como presidente, de transición, de la Generalitat. Zaplana ungió a Francisco Camps como sucesor –con el que luego rompió relaciones- pero necesitaba un diputado autonómico que ocupara el Palau desde julio de 2002 hasta las elecciones autonómicas de mayo de 2003.

Olivas aceptó ser comparsa. A cambio pidió la presidencia de una caja de ahorros valenciana, algo al alcance de la mayoría absoluta del PP autonómico, que ya había cambiado la ley para que Bancaja y CAM (sólo menos grandes que La Caixa y Caja Madrid) estuvieran al albur del poder político. Con su nombramiento como mandamás de Bancaja, aunque en ese momento nadie, ni él mismo, lo vislumbrara, comenzó su declive.

Ahora, con poca vida social y menos aún profesional, intenta defender su honor en los juzgados. “Ha habido permanentemente insinuaciones sobre mi comportamiento, sobre qué escondía esa factura, cuando queda clarísimamente, es evidente, que esa factura se debe a una operación en la que yo intervine y en la que Bancaja ganó 33 millones de euros, y Cotino, que tenía mayor participación en la sociedad, 39 millones de euros”,  ha dicho Olivas, informa Europa Press.

El calvario judicial de Olivas

 A la espera del fallo, la peculiar relación de Olivas con Vicente Cotino puede ser el menor de los problemas para el fugaz expresidente de la Generalitat. Por su participación en el pufo de Bankia -la fusión forzada entre dos cajas quebradas, Bancaja y Caja Madrid,  está imputado por falsedad, administración desleal o fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas, y apropiación indebida y administración desleal.  El banco le ha costado al contribuyente más de 20.000 millones de euros.

Olivas también está investigado en otros asuntos: la gestión en Bancaja y Banco de Valencia y la ampliación de capital del Valencia Club de Fútbol. El que recibiera tratamiento de Molt Honorable es repudiado ahora por la sociedad valenciana.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado mantienen la petición de tres años de prisión para el exvicepresidente de Bankia y expresident de la Generalitat valenciana, José Luis Olivas, y el empresario Vicente Cotino por presuntos delitos contra la hacienda pública y falsedad documental.

Así lo han ratificado las acusaciones en la lectura de las conclusiones de las partes en el juicio que se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal número 6 de valencia y que ha quedado visto para sentencia.

En la vista, que se inició el pasado 18 de octubre, se han enjuiciado unos hechos cometidos en 2008, cuando una empresa de Olivas, Imarol SR, cobró 580.000 euros por asesoramiento a una mercantil del empresario Vicente Cotino, sobrino del exdirector general de la Policía, exconseller del PP y expresidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino.

Cotino era en 2008 dueño y administrador único del Grupo Fiscal Asedes Capital SL, al que pertenece la empresa Sedesa Inversiones SL, cuyo objeto social era el sector de la construcción y el energético.

La Fiscalía ha mantenido que Cotino y Olivas actuaron de acuerdo “con ánimo de defraudar a la Hacienda Pública”, para lo cual decidieron consignar en el impuesto de sociedades de 2008 del grupo Asedes como gasto deducible una transferencia de 580.000 euros que hizo Sedesa Inversiones a Imarol SL, “cuya causa y finalidad se desconoce”.

La fiscal considera a Cotino el autor principal del supuesto fraude y a Olivas cooperador necesario, y les reclama el pago de 202.700 euros, mientras la Abogacía del Estado mantiene también la acusación contra la esposa de Olivas, Mercedes Álvarez, por los mismos delitos y para quien pide dos años y medio de prisión.

Petición de libre absolución

Las defensas de los tres acusados, por su parte, han pedido la libre absolución de sus defendidos al considerar que no hay pruebas de los hechos delictivos que se les atribuyen, y han señalado que el informe de la Agencia Tributaria se basa en “presunciones” que no se sostienen.

La fiscal ha señalado en sus conclusiones que el empresario Vicente Cotino, como administrador único de Asedes Capital SL, es el principal autor de los hechos y ha reprochado que desoyera hasta en seis ocasiones a la inspección de Hacienda, que le reclamó información sobre la factura a Imarol y los servicios prestados y finalmente respondiera que fue un “acuerdo verbal”.

Para el ministerio público, además, ha quedado demostrado durante el juicio que “no hay documentación ni prueba” de que los trabajos de asesoramiento por la empresa de Olivas se realizaran, y considera que el informe de Hacienda que dice que la cantidad de los 580.000 euros no era deducible “tiene total validez”.

Hechos “acreditados”

Por su parte, para el abogado del Estado los hechos delictivos han quedado “acreditados” por cuestiones como la inexistencia de un contrato sobre la contraprestación ni documento alguno que acredite que el servicio de asesoramiento se realizó, por lo que ha insinuado: “Cotino pagó algo que no sabemos a Olivas”.

El también expresidente de Bancaja ha tomado la palabra al finalizar el juicio y ha defendido su inocencia, asegurando que las acusaciones se sostienen solo en “insinuaciones” y se trata de “una estrategia desde el principio” con la “clarísima intención” de traerle a él y a Cotino al banquillo.

Olivas ha manifestado asimismo sentirse muy “molesto” por las insinuaciones durante el juicio de que la factura con la empresa de Cotino “escondiera algo ilícito”, como alguna retribución por la adjudicación del parque eólico que se hizo en 2003 en la que él, ha dicho, no tuvo “nada que ver”, y que ha tildado de “maliciosas” y “sin ninguna prueba”.

El exvicepresidente de Bankia ha asegurado que “desde el primer momento” ha habido una estrategia contra él, la de sentarle “en el banquillo” de los acusados.

Actuación “legal, ética y compatible” con sus obligaciones

Olivas ha destacado que su intervención en la operación que negoció ha sido “desde el primer momento absolutamente legal, ética y compatible con las obligaciones que tenía como presidente de Bancaja y como consejero de Iberdrola”.

También ha señalado que “no fue Iberdrola quien compró, sino Endesa” y ha aclarado que él no era “consejero de Iberdrola Renovables, que era quien estaba negociando y con quien hizo la oferta”.

“Ha habido permanentemente insinuaciones sobre mi comportamiento, sobre qué escondía esa factura, cuando queda clarísimamente, es evidente, que esa factura se debe a una operación en la que yo intervine y en la que Bancaja ganó 33 millones de euros, y el señor (Vicente) Cotino, que tenía mayor participación en la sociedad, 39 millones de euros”, ha dicho.

El exdirectivo de Bankia ha considerado que su declaración en el juzgado responde a una estrategia, la de sentarse “aquí, en el banquillo, desde el primer momento”, y preguntado respecto a con qué intención, ha dicho que eso “hay que preguntárselo a quien lo hizo”.

También ha señalado que no tiene “ni la menor duda” de que lo que hizo no era incompatible con su cargo: “Ni la tenía entonces ni la tengo ahora, ni la menor duda, ni nadie lo ha podido demostrar. Insinuar, tal vez, pero demostrar nada absolutamente”.

Peritos han afirmado que el expresidente de Bancaja y de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas no realizó labores de asesoramiento al empresario Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Corts Juan Cotino, por las que cobró 580.000 euros a través de una sociedad que compartía con su mujer, Imarsol.

Estos peritos, propuestos por la acusación, han comparecido como testigos en el juicio que se sigue en el Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia contra Olivas, su mujer y Cotino por un presunto delito fiscal y otro de falsedad documental. Fiscalía pide tres años de prisión para Olivas y Cotino --no acusa a la mujer, Mercedes Álvarez--, mientras que la Abogacía del Estado reclama dos años y medio para los tres al considerar estos dos delitos continuados.

La causa se remonta al año 2008, cuando Vicente Cotino pagó 580.000 euros a una sociedad de José Luis Olivas que compartía con su mujer por unos trabajos de asesoramiento en la venta de unas acciones de una empresa eólica que, según las acusaciones, no existieron, y por los que Cotino se desgravó la factura, causando así un perjuicio a Hacienda de 150.000 euros. Tanto Olivas como Cotino defienden que los trabajos existieron y fructificaron.

En la sesión del juicio de este miércoles, dos peritos han insistido en la falsedad de los trabajos y de la factura emitida. Así, han resaltado que hubo un perjuicio económico para Hacienda cifrado en 150.000 euros. “Nos consta que Olivas no realizó las gestiones por las que cobró. La gestión de verdad la hacen otras personas. A Olivas solo le informaban por su cargo de presidente de Bancaja”, ha dicho uno de los peritos.

Así, este testigo ha insistido en que en las diferentes comprobaciones que realizaron en Hacienda para comprobar la veracidad de los trabajos, se percataron de que “en ningún momento del tiempo” aparecían Olivas, su mujer o Imarsol en las negociaciones sobre la venta de activos de Proyectos Eólicos Valencianos S.A. --accionarada por Endesa (55%), Sedesa (25%) y Bancaja (20%) --trabajo encargado por Cotino--.

Intento desesperado

Preguntado a este perito por el informe que remitió Imarsol a Hacienda bajo el título 'Operación Parques Eólicos Valencianos' firmado por la mujer de Olivas con fecha 2008 -pese a que ella ha reconocido en el juicio que lo firmó en 2013 a instancias de su pareja-- y que presuntamente engloba los trabajos de asesoramiento realizados, ha indicado que valora este texto “como un intento desesperado de justificar un servicio, pero no justifica nada”.

Para comprobar estos servicios, el perito también ha dicho que se le requirió a Vicente Cotino su personación en Hacienda en numerosas ocasiones y, sin embargo, “jamás” se personó. Así, se les remitió únicamente una factura por los trabajos pagados y contactaron con su asesor fiscal, quien les indicó que se trataba de servicios verbales con lo que no se podía aportar ningún otro tipo de documentación.

Pero el perito ha señalado que por su experiencia profesional en la contratación de grandes grupos empresariales, cuando hay un gasto de 500.000 euros, “siempre” hay algún tipo más de documentación que justifican los trabajos. Así, les pidieron a Olivas y a Cotino que les mandaran “correos, más cosas, algo... pero no llegó nada. Hasta unos correos y un informe que no justificaban nada”, ha repetido.

El juicio continuará en una tercera sesión, para la que no se ha concretado fecha, y en la que se expondrán las conclusiones finales de las partes. También queda en el aire si el abogado de José Luis Olivas renuncia o insiste en que declare en la vista como testigo el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

José Luis Olivas és fill d’un déu menor. Va ser president de la Generalitat amb el PP, president de Bancaixa i president del Banc de València i hui està encallat en un banc judicial, juntament amb la seua dona Mercedes Álvarez i l’empresari Vicente Cotino –responsable del grup Sedesa–, acusat d’un delicte contra la Hisenda Pública i falsedat documental. Un procés que anirà seguit d’altres per distintes irregularitats denunciades durant la seua etapa en Bancaixa.

Si haguera estat una altra classe de president autonòmic o haguera fet la seua carrera política a Catalunya, la Policia Nacional hauria d’haver acordonat els jutjats per a evitar aglomeracions o incidents. Però Olivas és el gran desconegut dels valencians perquè sempre ha limitat la seua exposició davant dels mitjans de comunicació. L’expresident de Bancaixa sempre va preferir ser dels que murmuraven a l’orella, mentrestant, pessic a pessic, feia créixer el seu patrimoni immobiliari. Com si mai haguera deixat de ser l’advocat de l’associació provincial d’hostaleria de València des d’on va iniciar la seua carrera política amb el PP en la dècada dels huitanta.

Davant del tribunal, Olivas es va presentar aquest dilluns com un home bo intentant donar aparença de normalitat a un negoci singular que li va permetre embutxacar-se el 2008 mig milió d’euros més IVA per haver mitjançat en la venda d’unes accions de la família Cotino. L’Agència Tributària i la Fiscalia dubten que Olivas arribara a prestar cap servei al responsable de Sedesa, ja que el contracte va ser verbal, la societat amb què va facturar a penes tenia activitat d’assessorament i consideren que l’expresident de Bancaixa només va poder aportar en descàrrec seu, a més d’uns pocs correus personals, un informe de tres fulls signat el 2013 per la seua dona, una vegada que ja s’havia iniciat la inspecció fiscal. Uns dubtes que l’Advocacia de l’Estat ha alimentat aquest dilluns en recordar que el matrimoni Olivas ja té una sentència en contra del Tribunal Econòmic Administratiu –recorregut en instància superior– per la facturació de l’empresa que té a mitges el matrimoni Olivas d’un servei inexistent per a obtenir desgravacions fiscals. Argument que va irritar en gran manera l’expresident de Bancaixa, que va insistir que no es tracta d’una sentència en ferm i que no té res a veure amb els fets pels quals se’ls jutja.

No obstant això, per a un espectador no gaire expert en jurisprudència, el que sorprén no són els fets que es jutgen, sinó el context en què van tenir lloc. José Luis Olivas, president de Bancaixa i membre del consell d’administració d’Iberdrola, va aprofitar els seus càrrecs per a aconseguir que Sedesa venguera el seu paquet d’accions en l’empresa Proyectos Eólicos Valencianos SA a un preu entre el 8% i el 10% “per damunt del mercat”, en paraules de Vicente Cotino. Com? Propiciant que Iberdrola fera una oferta de compra per les accions de Sedesa (i també les de Bancaixa) perquè Endesa es veiera obligada a millorar l’oferta inicial i pagar més per les accions.

“Jo defensava els interessos de Bancaixa, els del senyor Cotino i també els d’Iberdrola”, afirma Olivas. L’expresident de Bancaixa assegura que mai va tenir funcions executives en la caixa, però admet que va demanar al llavors director general de la caixa que no buscara intermediari per a vendre les accions de l’empresa Proyectos Eólicos Valencianos perquè se n’encarregaria ell mateix.

La declaració del tercer president de la Generalitat davant del tribunal evidencia com va arribar a ser un i tri alhora: president de Bancaixa, conseller d’Iberdrola i assessor particular. Defensar interessos dispars i embutxacar-se al mateix temps una bona minuta. I també explica, encara que només en part, que l’entitat financera valenciana més gran es va encarrilar cap al precipici tot just esclatar la crisi financera al final del 2007.

José Luis Olivas es hijo de un dios menor. Fue presidente de la Generalitat con el PP, presidente de Bancaja y presidente del Banco de Valencia y hoy está varado en un banquillo judicial, junto a su esposa Mercedes Álvarez y el empresario Vicente Cotino -responsable del grupo Sedesa-, acusado de un delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Un proceso al que seguirán otros por distintas irregularidades denunciadas durante su etapa en Bancaja.

Si hubiese sido otra clase de presidente autonómico o hubiese hecho su carrera política en Cataluña, la Policía Nacional tendría que haber acordonado los juzgados para evitar aglomeraciones o incidentes. Pero Olivas es el gran desconocido de los valencianos porque siempre ha limitado su exposición ante los medios de comunicación. El expresidente de Bancaja siempre prefirió ser de los que susurraban al oído, mientras, tacita a tacita, hacía crecer su patrimonio inmobiliario. Como si nunca hubiese dejado de ser el abogado de la asociación provincial de hostelería de Valencia desde donde inició su carrera política con el PP en la década de los ochenta.

Ante el tribunal, Olivas se presentó este lunes como un hombre bueno intentando dar apariencia de normalidad a un negocio singular que le permitió embolsarse en 2008 medio millón de euros más IVA por intermediar en la venta de unas acciones de la familia Cotino. La Agencia Tributaria y la Fiscalía dudan de que Olivas llegase a prestar servicio alguno al responsable de Sedesa, ya que el contrato fue verbal, la sociedad con la facturó apenas tenía actividad de asesoramiento y consideran que el expresidente de Bancaja solo pudo aportar en su descargo, además de unos pocos correos personales, un informe de tres folios firmado en 2013 por su mujer, una vez que ya se había iniciado la inspeccion fiscal. Unas dudas que la Abogacía del Estado ha alimentado este lunes al recordar que el matrimonio Olivas ya cuenta con un fallo en contra del Tribunal Económico Administrativo –recurrido en instancia superior- por la facturación de la empresa que tiene a medias el matrimonio Olivas de un servicio inexistente para obtener desgravaciones fiscales. Argumento que irritó sobremanera al expresidente de Bancaja, que insistió en que no se trata de un fallo en firme y que no tiene nada que ver con los hechos por los que se juzga.

Sin embargo, para un espectador no demasiado experto en jurisprudencia, lo sorprendente no son los hechos que se juzgan, sino el contexto en el que tuvieron lugar. José Luis Olivas, presidente de Bancaja y miembro del consejo de administración de Iberdrola, aprovechó sus cargos conseguir que Sedesa vendiese su paquete de acciones en la empresa Proyectos Eólicos Valencianos SA a un precio entre el 8% y el 10% “por encima del mercado”, en palabras de Vicente Cotino. ¿Cómo? Propiciando que Iberdrola realizase una oferta de compra por las acciones de Sedesa (y también las de Bancaja) para que Endesa se viese obligada a mejorar la oferta inicial y pagar más por las acciones.

“Yo defendía los intereses de Bancaja, los del señor Cotino y también los de Iberdrola”, afirma Olivas. El expresidente de Bancaja asegura que nunca tuvo funciones ejecutivas en la caja, pero admite que pidió al entonces director general de la caja que no buscase intermediario para vender las acciones de la empresa Proyectos Eólicos Valencianos porque se encargaría él mismo.

La declaración del tercer presidente de la Generalitat ante el tribunal evidencia cómo llegó ser uno y trino a la vez: presidente de Bancaja, consejero de Iberdrola y asesor particular. Defender intereses dispares y embolsarse a la vez una buena minuta. Y también explica, aunque solo en parte, cómo la mayor entidad financiera valenciana se encarriló hacia el precipicio nada más estallar la crisis financiera a finales de 2007.

La Fiscalia i l’advocat de l’Estat, que defensa els interessos d’Hisenda, pensen que José Luis Olivas va fer una factura falsa per a ajudar l’empresari Juan Cotino a pagar menys a l’Agència Tributària. L’acusació pública demana tres anys de presó per a l’expresident de la Generalitat i Bancaixa en el judici que ha començat aquest dimarts a València.

Olivas nega els fets. I defensa sense torbació el gir d’una factura de 500.000 euros més IVA a Cotino, nebot de Juan Cotino, expresident de les Corts Valencianes, per tasques d’intermediació o assessorament que tenen un únic suport documental: un treball de dues pàgines fet a posteriori i signat per la seua dona, que mai no va participar en les presumptes tasques de consultoria.

El polític del PP, després fet banquer, va guanyar aquest mig milió el 2008. Llavors, va mitjançar en la venda de la participació d’un parc eòlic entre una empresa de Cotino i Endesa. En l’operació també estaven implicades Bancaixa i Iberdrola. Olivas era president de la caixa i conseller de la companyia elèctrica. La seua remuneració era un percentatge del benefici generat: una plusvàlua de 39,3 milions d’euros.

“Defensava els interessos de Bancaixa i de Cotino, també els d’Iberdrola, que volia tenir un parc eòlic a la Comunitat Valenciana. No tenia cap incompatibilitat”, ha declarat Olivas en la vista, encara que la caixa, en la mateixa operació, va vendre la seua participació alhora que la de Cotino i al mateix comprador, Endesa, que va exercir el seu dret de compra preferent.

Ni Hisenda ni la Fiscalia pensen que, atés el seu desconeixement del negoci de l’energia i les converses iniciades per executius de les companyies implicades i els seus càrrecs en Bancaixa i Iberdrola, Olivas va poder exercir un paper rellevant o remunerable en l’operació. Encara més, pensen que l’assessorament pagat amb mig milió d’euros “no va existir”.

L’informe presentat com a justificant del treball es va fer a posteriori i ni tan sols va ser signat per ell, afigen, sinó per la seua dona, també acusada. La societat usada per a facturar, propietat d’Olivas i de la seua dona, Mercedes Álvarez, a penes tenia activitat. I el 2011 –al cap de tres anys dels fets enjudiciats– va ser expedientada de nou per Hisenda per un afer semblant.

Olivas nega qualsevol irregularitat. “Vaig actuar com a president de Bancaixa, a què vaig fer un favor” aprofitant els seus contactes. Assegura que van ser les seues gestions amb Iberdrola i Endesa les que van desbloquejar la venda de Cotino, que va generar una plusvàlua de 39 milions d’euros sobre una operació valorada en 120. L’empresa venedora, del grup Sedesa, va pagar els impostos corresponents. I també ho va fer Imarol, la companyia utilitzada per Olivas per a facturar, esgrimeixen les defenses.

L’expresident de Bancaixa defensa que el seu càrrec en la caixa no era executiu i, per tant, no hi havia incompatibilitat a l’hora de fer de mitjancer per a Cotino en una societat que també estava participada pel banc. “Només vaig cobrar 16.000 euros de Bancaixa el 2008”. La fiscal ha recordat que els seus emoluments aquell any van ser superiors gràcies als consells d’administració en què representava l’entitat, desapareguda després de la crisi.

Olivas està acusat d’un delicte contra la Hisenda pública i un altre de frau fiscal, igual que Cotino. Aquest ha assegurat que va encarregar a Olivas la venda de la seua participació per diverses raons: el seu paper en Bancaixa, sòcia dels Cotino en l’empresa d’energies renovables, i les connexions que tenia amb Iberdrola, empresa en què era conseller. Segons l’empresari, el pagament només estava compromés si –com finalment va passar– l’operació generava beneficis a partir d’un llindar determinat.

Tots dos han arribat a la Ciutat de la Justícia de València entre l’expectació de nombrosos mitjans de comunicació. Olivas, que de la política va ser ajudat a pujar a la direcció d’una caixa d’estalvis pel PP, està imputat per la gestió en Bankia, Bancaixa i Banc de València i per l’ampliació de capital del València Club de Futbol.

La Fiscalía y el abogado del estado, que defiende los intereses de hacienda, creen que José Luis Olivas hizo una factura falsa para ayudar al empresario Juan Cotino a pagar menos a la Agencia Tributaria. La acusación pública pide tres años de prisión para el expresidente de la Generalitat y Bancaja en el juicio que ha comenzado este martes en Valencia.

Olivas niega los hechos. Y defiende sin empacho el giro de una factura de 500.000 euros más IVA a Cotino, sobrino de Juan Cotino, expresidente de las Corts Valencianes, por labores de intermediación o asesoramiento que tienen un único soporte documental: un trabajo de dos páginas hecho a posteriori y firmado por su mujer, que nunca participó en las supuestas tarea de consultoría.

El político del PP, luego metido a banquero, ganó ese medio millón en 2008. Entonces, intermedió en la venta de la participación de un parque eólico entre una empresa de Cotino y Endesa. En la operación también estaban implicados Bancaja e Iberdrola. Olivas era presidente de la caja y consejero de la compañía eléctrica. Su remuneración era un porcentaje del beneficio generado: una plusvalía de 39,3 millones de euros.

“Defendía los intereses de Bancaja y Cotino, también los de Iberdrola, que quería tener un parque eólico en la Comunidad Valenciana. No tenía ninguna incompatibilidad”, ha declarado en la vista Olivas, aunque la caja, en la misma operación, vendió su participación al mismo tiempo que la de Cotino y al mismo comprador, Endesa, que ejerció su derecho de compra preferente.

Ni hacienda ni la Fiscalïa creen que, dado su desconocimiento del negocio de la energía, las conversaciones iniciadas por ejecutivos de las compañías implicadas y sus cargos en Bancaja e Iberdrola, Olivas pudo tener un papel relevante o remunerable en la operación. Es más, creen que el asesoramiento pagado con medio millón de euros “no existió”.

El informe presentado como justificante del trabajo se hizo a posteriori, con fecha falsa, y ni siquiera fue firmado por él, añaden, sino por su esposa, también acusada. La sociedad usada para facturar, propiedad de Olivas y su mujer, Mercedes Álvarez, no tenía apenas actividad. Y en 2011 -tres años después de los hechos enjuiciados- fue expedientada de nuevo por Hacienda por un asunto similar.

Olivas niega cualquier irregularidad. “Actué como presidente de Bancaja, a la que hice un favor” aprovechando sus contactos. Asegura que fueron sus gestiones con Iberdrola y Endesa las que desbloquearon la venta de la participación empresarial de Cotino, operación que generó una plusvalía de 39 millones de euros sobre una operación valorada en 120. La empresa vendedora, del grupo Sedesa, pagó sus impuestos. Y otro tanto hizo Imarol, la compañía usada por Olivas para facturar, esgrimen las defensas.

El expresidente de Bancaja defiende que su cargo en la caja no era ejecutivo y ,por tanto, no había incompatibilidad en intermediar para Cotino en una sociedad que también estaba participada por el banco. “Solo cobré 16.000 euros de Bancaja en 2008”. La Fiscal recordó que sus emolumentos aquel año fueron superiores gracias a los consejos de administración en los que representaba a la entidad, desaparecida tras la crisis.

Olivas está acusado de un delito de contra la hacienda pública y otro de fraude fiscal, al igual que Cotino. Éste ha asegurado que encargó a Olivas la venta de su participación por varias razones: Su papel en Bancaja, socia de los Cotino en la empresa de energías renovables, y sus conexiones con Iberdrola, empresa de la que era consejero. Según el empresario, el pago solo estaba comprometido si -como finalmente pasó- la operación generaba beneficios a partir de un determinado umbral.

Ambos han llegado a la Ciudad de la Justicia de Valencia entre la expectación de numerosos medios de comunicación. Olivas, que de la política fue aupado a la dirección de la caja de ahorros por el PP, está imputado por la gestión en Bankia, Bancaja y Banco de Valencia y la ampliación de capital del Valencia Club de Fútbol.

José Luis Olivas Martínez (Motilla de Palancar, Conca, 1952) ha estat un dels eminents del PP valencià durant gairebé 30 anys. Com altres prohoms del partit en l’autonomia, els casos de Carlos Fabra o Rafael Blasco, després de molts anys de glòria pot tancar la seua existència amb uns quants més de misèria. Dimarts començarà oficialment el seu calvari judicial: seurà al banc dels acusats per un delicte contra la Hisenda pública i un altre per falsedat documental. 

L’acusació pública pensa que Olivas, de connivència amb l’empresari Vicente Cotino, va ordir una operació fictícia per a defraudar el fisc. El nebot de Juan Cotino, expresident de les Corts Valencianes, va pagar 580.000 euros a l’expresident de la Generalitat a canvi d’un informe de tres pàgines signat per la seua dona.

El document era, en teoria, un pseudotreball de consultoria: s’hauria assessorat en la venda d’unes participacions de Cotino en una empresa d’energia eòlica a una de les grans companyies del sector, Enel (abans Endesa). L’assessorament d’Olivas va tenir lloc quan era president de Bancaixa i, com a tal, conseller d’Iberdrola, l’elèctrica en què la caixa tenia accions.

La presumpta incompatibilitat d’Olivas per a fer aquesta faena, però, no està en dubte. La fiscalia –demana tres anys de presó i més de 200.000 euros de multa als dos acusats– creu que els 580.000 euros entregats per Cotino a l’expresident de Bancaixa es van fer a canvi de res. L’assessorament argumentat pels processats “no va existir”, diu l’acusació pública. Es va fer, com a mínim, perquè Cotino pagara, irregularment, menys a Hisenda. 

Bankia, Banc de València, Grand Coral i València CF

La perillosa relació d’Olivas amb Vicente Cotino pot ser el menys destacat dels problemes per a l’efímer expresident de la Generalitat, immers en altres causes judicials. Per la seua participació en l’estafa de Bankia –la fusió forçada entre dues caixes en fallida, Bancaixa i Caja Madrid– és investigat per l’Audiència Nacional. 

Olivas, com desenes de membres del consell d’administració, està imputat per falsedat, administració deslleial o fraudulenta, maquinació per a alterar el preu de les coses, i apropiació indeguda i administració deslleial pel fiasco de Bankia. El banc ha costat al contribuent més de 20.000 milions d’euros. 

El desastre de Bankia no és l’únic pel qual s’investiga Olivas. El rescat del Banc de València –l’accionista de referència del qual era Bancaixa– també podria portar Olivas al banc dels acusats. L’entitat va ser venuda a La Caixa per un euro i el compromís de l’Estat d’injectar-hi 5.500 milions d’euros. L’Audiència Nacional imputa a Olivas i a la resta del consell d’administració del banc un delicte de falsedat comptable.

El jutge Santiago Pedraz va assenyalar que els catorze imputats “han de donar explicacions sobre la diferència (....) entre els comptes aprovats i revisats” i els que va fer la Inspecció del Banc d’Espanya. Aquest organisme va detectar el 2009 “nombroses deficiències en la gestió del risc de crèdit i, particularment, en la presa de decisions sobre refinançaments” concedits a empreses de viabilitat dubtosa. 

Olivas també està imputat per l’escàndol Grand Coral: el finançament, amb més de 500 milions de dòlars, de sis operacions immobiliàries a Mèxic. Els receptors dels diners, dos empresaris ara a la presó, haurien desviat més de 130 milions a Andorra i a Suïssa. Tots dos s’estan a la presó, igual que dos exdirectius de Bancaixa. 

Olivas, després de ser detingut, va quedar en llibertat. Està imputat, juntament amb altres exdirectius de la caixa valenciana, per apropiació indeguda i administració deslleial. Es va defensar al·legant que les operacions van ser aprovades per unanimitat pel consell d’administració del banc i que les garanties aportades “cobrien i cobreixen els imports concedits”.

L’expresident de la Generalitat també està imputat per l’ampliació de capital del València Club de Futbol, finançada per Bancaixa el 2009. Olivas va abandonar a les darreries del 2011 els seus càrrecs en el Banc de València i Bankia, per això aquell any va cobrar 656.000 euros. Malgrat les imputacions en cascada, va defensar a ultrança la seua gestió en la seua primera declaració davant de l’Audiència Nacional. 

José Luis Olivas Martínez (Motilla de Palancar, Cuenca, 1952) ha sido uno de los próceres del PP valenciano durante casi 30 años. Como otros prohombres del partido en la autonomía, casos de  Carlos Fabra o Rafael Blasco, tras muchos años de gloria puede cerrar su existencia con otros de miseria. Este martes da comienzo oficial su calvario judicial: se sentará en el banquillo acusado de un delito contra la Hacienda pública y otro de falsedad documental.

La acusación pública cree que Olivas, en connivencia con el empresario Vicente Cotino, urdió una operación ficticia para defraudar al fisco. El sobrino de Juan Cotino, expresidente de las Corts Valencianes, pagó 580.000 euros al expresidente de la Generalitat a cambio de un informe de tres páginas firmado por su esposa.

El documento era, en teoría, un pseudotrabajo de consultoría: se habría asesorado en la venta de unas participaciones de Cotino en una empresa de energía eólica a una de las grandes compañías del sector, Enel (antes Endesa). El asesoramento de Olivas se produjo cuando éste era presidente de Bancaja y, como tal, consejero de Iberdrola, la eléctrica en la que caja tenía acciones.

La supuesta incompatibilidad de Olivas para hacer ese trabajo, sin embargo, no está en entredicho. La fiscalía -pide tres años de prisión y más de 200.000 euros de multa a los dos acusados- cree que los 580.000 euros entregados por Cotino al expresidente de Bancaja lo fueron a cambio de nada. El asesoramiento argumentado por los procesados “no existió”, dice la acusación pública. Se hizo, al menos, para que Cotino pagara, irregularmente, menos a Hacienda.

Bankia, Banco de Valencia, Grand Coral y Valencia CF

La peligrosa relación de Olivas con Vicente Cotino puede ser el menor de los problemas para el fugaz expresidente de la Generalitat, inmerso en otras causas judiciales. Por su participación en el pufo de Bankia -la fusión forzada entre dos cajas quebradas, Bancaja y Caja Madrid- está siendo investigado por la Audiencia Nacional. 

Olivas, como varias decenas de miembros del consejo de administración, está imputado por falsedad, administración desleal o fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas, y apropiación indebida y administración desleal por el fiasco de Bankia. El banco le ha costado al contribuyente más de 20.000 millones de euros.

El desastre de Bankia no es el único por el que está investigado Olivas.  El rescate del Banco de Valencia -cuyo accionista de referencia era Bancaja- también podría llevar a Olivas al banquillo de los acusados. La entidad fue vendida a La Caixa por un euro y el compromiso del estado de inyectar 5.500 millones de euros. La Audiencia Nacional imputa a Olivas, y al resto del consejo de administración del banco, un delito de falsedad contable.

El juez Santiago Pedraz señaló que los catorce imputados “deben dar explicaciones sobre la diferencia (....) entre las cuentas aprobadas y revisadas” y los que realizó la Inspección del Banco de España. Este organismo detectó en 2009 “numerosas deficiencias en la gestión del riesgo de crédito y, particularmente, en la toma de decisiones sobre refinanciaciones” concedidas a empresas de viabilidad dudosa.

Olivas también está imputado por el escándalo Grand Coral: La financiación, con más de 500 millones de dólares, de seis operaciones inmobiliarias en México. Los receptores del dinero, dos empresarios ahora en prisión, habrían desviado más de 130 millones a Andorra y Suiza. Ambos están en prisión, al igual que dos exdirectivos de Bancaja. 

Olivas, tras ser detenido, quedó en libertad. Está imputado, junto con otros exdirectivos de la caja valenciana, por apropiación indebida y administración desleal. Se defendió alegando que las operaciones fueron aprobadas por unanimidad por el Consejo de Administración del banco y que las garantías aportadas “cubrían y cubren los importes concedidos”.

El expresidente de la Generalitat también está imputado por la ampliación de capital del Valencia Club de Fútbol, financiada por Bancaja en 2009. Olivas abandonó a finales de 2011 sus cargos en el Banco de Valencia y Bankia, por lo que ese año cobró 656.000 euros. Pese a las imputaciones en cascada, defendió a capa y espada su gestión en su primera declaración ante la Audiencia Nacional.

El expresidente de Bancaja, exvicepresidente de Bankia y expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, y el empresario Vicente Cotino serán juzgados los próximos martes y miércoles en el Juzgado de lo Penal 6 de Valencia por presuntos delitos contra la Hacienda pública y falsedad documental.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en esta vista se enjuiciarán unos hechos cometidos en 2008, cuando una empresa del también expresident de la Generalitat José Luis Olivas asesoró a una mercantil del empresario Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino, expresidente de Les Corts y ex director general de la Policía.

El ministerio público pide para los dos acusados dos años de prisión y multa de 200.000 euros por un delito fiscal y un año de prisión y multa de 2.700 euros por falsedad documental.

La fiscalía provincial de Valencia solicitó al Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia la apertura de juicio oral contra Olivas y Vicente Cotino y contra las empresas Grupo Fiscal Asedes Capital, Sedesa Inversiones e Imarol.

En su escrito de conclusiones provisionales, la fiscalía expuso que Vicente Cotino era en 2008 dueño y administrador único del Grupo Fiscal Asedes Capital, al que pertenece la empresa Sedesa Inversiones, cuyo objeto social era el sector de la construcción y el energético.

Por su parte, José Luis Olivas era administrador y socio al 50 % con su esposa, Mercedes Álvarez -imputada inicialmente en esta causa-, de Imarol, cuyo objeto social era el asesoramiento de empresas y la inversión patrimonial.

Para el fiscal, Cotino y Olivas actuaron de acuerdo “con ánimo de defraudar a la Hacienda pública”, para lo cual decidieron consignar en el impuesto de sociedades de 2008 del grupo Asedes como gasto deducible una transferencia de 580.000 euros que hizo Sedesa Inversiones a Imarol, “cuya causa y finalidad se desconoce”.

Para ello, los acusados “crearon un documento que aparentaba ser una factura” firmada por Olivas -la única que emitió Imarol en 2008-, en la que se documentaba que el cobro por Imarol a Sedesa de ese importe se debía a “unas supuestas actividades de gestión y asesoramiento” en la venta por Sedesa Inversiones a Eneda de su 25 % en Proyectos Eólicos Valencianos.

Ese asesoramiento “no existió”, según el fiscal, ya que esa venta la realizó la empresa Inversiones Alternativas Energéticas, propietaria de las acciones y también perteneciente el Grupo Asedes, “sin intervención alguna” de Olivas.

Para el fiscal, ese pago fue “una liberalidad” de Vicente Cotino a Olivas, “que en ningún caso puede ser considerada gasto deducible en el impuesto de sociedades”.

Por su parte, José Luis Olivas aseguró en noviembre de 2014 en un comunicado enviado a Efe que nunca tuvo poderes ejecutivos en Bancaja ni un contrato de alta dirección, por lo que afirmó que podía ejercer libremente como abogado y asesor de Sedesa Inversiones.

Según explicó en ese comunicado, entre los meses de abril a julio de 2008 colaboró con la empresa Sedesa Inversiones en la gestión y asesoramiento para la venta de su participación del 25 % en Proyectos Eólicos Valencianos a Endesa, por cuyo trabajo expidió la correspondiente factura y percibió los honorarios profesionales que tenía acordados con su cliente.

Esos honorarios, según José Luis Olivas, “fueron declarados a Hacienda en su momento y por ellos” hizo efectivos los correspondientes impuestos.

El Tribunal Supremo ha condenado a Bankia a devolver 120.000 euros a un matrimonio que adquirió participaciones preferentes de la extinta Bancaja entre 1999 y 2000 al considerar que la entidad vulneró el deber de información al cliente de estos productos de inversión.

La sala de lo social del Alto Tribunal ratifica así la sentencia del juzgado de Primera Instancia número 5 de Valencia a favor de los inversores, que suscribieron tales participaciones aconsejados por los gestores de la oficina de Bancaja a la que pertenecían desde hacía años.

En concreto, se trata de dos inversiones efectuadas en marzo de 1999 y mayo de 2000; a ellas se sumó una tercera en obligaciones subordinadas con fecha de 2009, que posteriormente canjearon en acciones de Bankia tras la integración de la caja valenciana en el nuevo grupo financiero.

Según expone la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, la Audiencia Provincial de Valencia reconoció en apelación el derecho de los inversores a percibir los 25.000 euros en deuda subordinada, aunque rechazó toda pretensión en relación con las preferentes al estimar que la pareja cobró “durante años” los rendimientos de tales títulos “sin objeción alguna”.

Ahora la sala alega su decisión asegurando que “es difícilmente imaginable” que los clientes pudieran tener un conocimiento anterior a su decisión de demandar cuando hasta bien entrado 2009 no pudieron tomar conciencia de que su inversión iba a ser “difícilmente recuperable, cuando no directamente ruinosa”.

En declaraciones a Efe, el director del despacho Avanzac Abogados ha manifestado su “alegría” ante una decisión que, considera, no ayuda sólo a sus representados sino también a un gran número de afectados por otros productos bancarios, como los “swaps” -cobertura del tipo de interés- o las hipotecas multidivisa.

Además, celebra que la sala no se haya detenido a valorar si los inversores tenían un patrimonio considerable o una formación académica relevante para aplicar su criterio, aspectos “indiferentes si la entidad no prueba que transmitió adecuadamente la información esencial del producto”.

El expresidente de Bancaja Antonio Tirado ha declarado este martes en la Audiencia Nacional por el 'caso Grand Coral', y ha negado su participación en la concesión de los créditos bajo sospecha, que, según ha afirmado, contaban con informes favorables de los técnicos y del comité de riesgos de la entidad.

Tirado ha declarado ante la titular del juzgado central de instrucción número 3, Carmen Lamela, dentro de la causa que investiga a una veintena de antiguos consejeros de la caja por las supuestas irregularidades en los préstamos concedidos al proyecto Grand Coral en el Caribe mexicano.

Antes de comparecer ante la magistrada, el que fuera también presidente del Banco de Valencia ha explicado que se trató de una operación inmobiliaria “en la que no he participado, ni tampoco ninguno de los consejeros de Bancaja”.

Ha explicado que nunca ha estado en México, y ha reiterado que “lo único que se hizo fue conceder unos créditos que contaban con un informe favorable de los técnicos y del comité de riesgos”.

Asimismo, ha dicho que no conoce a ninguno de los socios de las sociedades instrumentales de las cajas que participaron en la operación.Tirado y otros cuatro consejeros estaban citados a declarar hoy por la juez de Lamela, que ayer dio comienzo a la ronda de declaraciones; en total, una veintena de ex consejeros comparecerán esta semana ante la magistrada.

El informe del Ministerio Fiscal denunciaba indicios de responsabilidad criminal en los integrantes del consejo de administración que votaron favorablemente los acuerdos relativos al grupo Grand Coral en las operaciones Emerald, la adquisición de las fincas Zacatón-Piedras Bolas en Baja California, Vinoramas, en la Riviera Maya, así como en la refinanciación de la deuda del grupo.

Una conducta que acreditan las actas de 19 de diciembre de 2006, 24 de octubre de 2007 y 17 de diciembre de 2009 por la que los consejeros están siendo investigados como presuntos cooperadores en los delitos de apropiación indebida y administración desleal achacados, entre otros, al expresidente de Bancaja José Luis Olivas.

Todas estas operaciones, así como otras relacionadas con la refinanciación de la deuda del grupo empresarial, habrían sido financiadas por préstamos y créditos otorgados por Bancaja, Banco de Valencia y Bancaja Miami.

La investigación de Grand Coral nació a raíz de una denuncia presentada por Bankia Habitat a finales de 2013 por operaciones de aportación de capital y financiación de Bancaja entre 2005 y 2009, que le pudieron ocasionar un “menoscabo patrimonial” al tener que provisionar “una parte muy importante” de esos préstamos.Bancaja fue una de las entidades que participaron en la fusión que dio lugar al BFA y a su filial Bankia.