El Gobierno aprueba la OPA de BBVA por Sabadell pero sin fusión entre los bancos durante tres años

El Gobierno ha dado luz verde a la oferta de compra de BBVA por Banco Sabadell, pero exige a los bancos que no se fusionen durante tres años, para que sigan operando por separado. Además, podrá ampliar ese tiempo hasta dos años más. Mantiene, también, las condiciones que determinó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Antes de esta decisión, el regulador del mercado bursátil, la CNMV, ha suspendido temporalmente la cotización de los bancos.

“El Consejo de Ministros ha autorizado la operación de concentración entre BBVA y Banco Sabadell”, ha apuntado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La aprueba, con la condición de que, en los próximos tres años, no haya la mencionada fusión. Es decir, tendrán que mantener personalidad jurídica y patrimonios separados y autonomía de gestión durante ese periodo de tiempo, con sus propios consejos de administración y objetivos. En cuanto al consejo de administración de Sabadell, si sigue adelante la OPA y BBVA se hace con el control accionarial (la oferta está condicionada a alcanzar el 49%) podrá nombrar a los consejeros que decida, aunque la gestión se mantenga separada y tenga objetivos diferentes.

Esta decisión del Ejecutivo llega cuando ya ha pasado más de un año desde que BBVA hiciese oficial su intención de comprar Sabadell y solo dos meses después de que el organismo supervisor de la competencia diese el visto bueno, pero con condiciones que el banco presidido por Carlos Torres aceptó. Por ejemplo, la CNMC exigió que el futuro banco formado por las dos entidades no cerrase en determinados municipios donde no hubiese otras entidades, no eliminase sucursales cuando no hubiese otra a menos de 300 metros. También, otras medidas vinculadas a la protección de clientes vulnerables.

Proteger a los trabajadores

“Al realizar la gestión de forma autónoma” cada banco “tiene el objetivo de maximizar su valor de forma independiente”, con la “especialización de los modelos, el vínculo con la clientela, con las pymes, la protección de la proximidad territorial”, ha explicado Cuerpo. “Con esto conseguimos preservar la inversión, la protección de los trabajadores y el mantenimiento de la plantilla”, ha ahondado. Y no puede haber despidos ni expedientes de regulación de empleo (ERE) ligados a la operación corporativa. “No podrá haber procesos específicos asociados a esta operación”, ha recalcado Carlos Cuerpo.

De esta forma, la OPA puede seguir su curso, pero BBVA y Sabadell seguirán siendo bancos con gestión independiente, al menos temporalmente. Cuando pase esos tres años mencionados, el Consejo de Ministros evaluará si se amplía la duración de este requisito de independencia durante dos años más.

En resumen, puede haber OPA, los accionistas de Sabadell pueden decidir si venden las acciones una vez la CNMV apruebe el folleto de la operación y BBVA se puede convertir en accionista de referencia de Sabadell, pero no puede solicitar la fusión de los bancos hasta dentro, al menos, de tres años. “Estamos hablando de la adquisición”, que depende de la Ley de Defensa de la Competencia, ha indicado Cuerpo. “La autorización o no de la fusión vendría de que se pida”, después de que concluya todo el proceso de la OPA, pero “la entidad”, el BBVA, “estará habilitada para solicitar la fusión una vez se dé por cumplida la condición que estamos estableciendo”, ha argumentado Cuerpo. “Es una condición proporcional y equilibrada”, ha repetido en varias ocasiones.

También ha apuntado que “el Gobierno ha finalizado su intervención en este proceso de control de esta operación de concentración” y que “ahora le corresponde opinar al resto de actores, al BBVA si decide seguir adelante y a los accionistas del Banco Sabadell”, que si el BBVA mantiene la oferta, tendrán valorar si les interesa vender o no sus títulos.

Criterios de “interés general”

El Gobierno ha explicado que la decisión de requerir que las entidades sigan operando de forma independiente obedece a “criterios de interés general”. En concreto, a cinco criterios. Por un lado, la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial vinculada al apoyo al crecimiento y a la actividad empresarial. También, la mencionada protección de los trabajadores y la cohesión territorial. Por otro, objetivos de política social relacionados con la obra social de las fundaciones, la protección del consumidor financiero y la vivienda asequible. Por último, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico.

“La autonomía en la gestión de su actividad se deberá concretar”, explica el Ministerio de Economía “al menos, en el mantenimiento de una gestión y toma de decisión autónoma en relación con las decisiones” que afecten a diferentes cuestiones, como la política de financiación y crédito, en particular a pymes; en la gestión de recursos humanos, la red de oficinas y servicios bancarios y la obra social a través de sus respectivas fundaciones.

Quien ya ha valorado positivamente la decisión del Consejo de Ministros es el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. A través de la red social X ha asegurado que “era necesario proteger un sistema bancario arraigado en el territorio y adaptado a las necesidades de las familias y empresas con una oferta justa. La gestión rigurosa, dialogante y discreta ha dado sus frutos”.

Ahora, además de ver qué opina BBVA sobre la operación y si sigue adelante, queda pendiente la valoración de Bruselas que reclamó al Gobierno que no vetase la operación. A finales de mayo, Bruselas ya apuntó que no veía motivos para que Moncloa vetase la operación. “No vemos ninguna razón que pudiera justificar el rechazo o el bloqueo de la operación. Nuestra expectativa sería, por tanto, que el Gobierno español se alineara con las decisiones de las autoridades competentes”. Fuentes de la Comisión indican que el Ejecutivo comunitario toma “nota de la decisión del Gobierno español” pero que no realizan “comentarios sobre casos individuales”, informa Irene Castro. “Recordamos que cualquier condición impuesta por un Gobierno para aprobar una transacción debe ser excepcional, proporcionada y justificada por razones válidas de interés público”, añaden. “En caso necesario, la Comisión ejercerá sus competencias como guardiana de los Tratados para eliminar cualquier restricción injustificada al mercado único impuesta por los Estados miembros”.

Además, las citadas fuentes indican que “un sector bancario sólido en la UE” y “un mercado único que funcione correctamente generan crecimiento y beneficios para los ciudadanos y las empresas y los protegen a largo plazo”. “Los bancos más grandes pueden invertir en digitalización y ofrecer mejores servicios, incluyendo mejores condiciones de financiación a precios más competitivos, a los hogares y a los ciudadanos”, añaden.