El Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta para investigar la posible financiación irregular del PSPV-PSOE, denuncia realizada por diversos diputados autonómicos del PP.

Esta causa afecta a la compra de un inumueble por parte de la Federación Valenciana de Fútbol en 2009 por 525.000 euros, una operación que fue subvencionada al 50% por el Ayuntamiento de Gandia.

Según consta en un auto de este juzgado fechado el pasado 11 de marzo la jueza no aprecia ninguna irregularidad en el procedimiento administrativo para la concesión de dicha subvención, “en cuya tramitación intervinieron representantes de los diferentes grupos municipales, que votaron de forma unánime y sin oposición”.

“De las diligencias practicadas y de la documental obrante en autos no se reúnen suficientes indicios para entender que se ha cometido infracción penal alguna, toda vez que, tal y como indica el fiscal, el inmueble está destinado al uso para el que se adquirió y su precio de adquisición está dentro del valor que se le otorgaba en la fecha, según la tasación realizada para obtener la hipoteca”, añade el auto.

El inmueble cuya adquisición se ha investigado pertenecía al ex teniente de alcalde socialista de ese Ayuntamiento Antonio Gomar, padre del gerente de la empresa de comunicación Crespo Gomar, Alberto Gomar, que trabajó para el PSPV y varios Ministerios en época de gobierno del PSOE.

En 2006, el inmueble se vendió por 280.000 euros a la mercantil Mora Gomar, administrada por el esposo de una hija de Antonio Gomar, Joaquín Mora, que lo vendió finalmente a la Federación Valenciana de Fútbol por casi el doble de lo que le costó tres años antes.

Caso en Benidorm

Después de cerrarse provisionalmente la rama de Gandia todavía queda abierta la de Benidorm. Allí un juzgado investiga también la presunta financiación irregular socialista a través de terceras empresas.

La UDEF ha investigado el uso de administraciones públicas como fuente de financiación, que habrían incumplido la legislación para la adjudicación de campañas publicitarias.

Los trabajadores de Crespo Gomar, la agencia investigada por la financiación del PSPV-PSOE, no reconocen haber trabajado para las empresas a las que facturaron. Según un informe de la UDEF, “ninguno de los trabajadores entrevistados reconoció haber participado en ninguna campaña publicitaria que tuviera como destinatario estas empresas ni tenía conocimiento que ninguno de sus compañeros lo hubieran hecho”. Las mercantiles a las que facturó Crespo Gomar fueron Hospimar, Lubasa, Egevasa, Metrovacesa y una filial de Burger King (Quick Meals Ibérica).

La Policía ha enviado un informe al juzgado de Benidorm, donde se investiga parte de la financiación irregular de los socialistas valencianos, reseñando el resultado de los interrogatorios. Los agentes interrogaron a diseñadores gráficos, comerciales y otros empleados, seleccionados en base a su experiencia y salario, y concluyeron que las citadas empresas no habían sido clientes de Crespo Gomar.

La investigación busca esclarecer si hubo empresas, principalmente constructoras, concesionarias de servicios públicos, que abonaran facturas del PSPV por trabajos presuntamente realizados por la agencia de comunicación de Alberto Gomar, hijo del exteniente alcalde de Gandia. La empresa fue adjudicataria de contratos con los ministerios de Sanidad y Medio Ambiente con el gobierno de Zapatero.

La declaración de los exempleados choca con los argumentos de Egevasa, empresa participada por la Diputación de València. El comité Ético, convocado a propuesta de Esquerra Unida, dio validez a dos facturas por importe de 55.000 y 25.000 euros a la agencia de publicidad, en la que también trabajaba José Ramón Tíller, directivo de Egevasa. El comité resolvió que “los servicios fueron pagados y debidamente justificados, según lo manifestado por los responsables que realizaron dichos encargos” y concluyó que “de la documentación analizada se concluye que la facturación de la compañía Egevasa con la empresa mencionada en los últimos 13 años, de 2005 a 2018, asciende a un total de 80.000 euros más IVA”.

Los agentes de la UDEF decidieron hacer un “rastreo discreto” de contratos públicos adjudicados a esta agencia y encontraron siete dignos de ser analizados con más detalle, para concluir que “en todos los procesos de adjudicación se habían incumplido reiteradamente la legislación aplicable sobre la materia”. Estas adjudicaciones están siendo investigadas en juzgados de Madrid, Benidorm y Gandia.

Prosigue el desfile de cargos y excargos socialistas por la comisión del Senado que investiga la financiación de los partidos políticos y en la que sólo está representado el Partido Popular, para aclarar la supuesta financiación irregular del PSPV que investigan un juzgado de Benidorm, otro de Gandia y dos más de Madrid. Este martes les ha tocado el turno al exministro de Sanidad Bernat Soria y la exdirectora general de Consumo y excandidata a la alcaldía de Alicante Etelvina Andreu, ambos con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa.

El primero en tener que responder al popular Luis Aznar por las adjudicaciones a la agencia valenciana de comunicación Crespo Gomar ha sido Soria, quien ha asegurado que “nunca” tuvo el “más mínimo indicio” ni “sospecha” de irregularidad alguna en el ministerio que dirigió entre 2007 y 2009. El exministro ha mostrado su “absoluta confianza” en los técnicos y el personal que trabajaba con él en Sanidad.

Así, ha insistido en que de haber tenido conocimiento de que algo “no se hubiera hecho correctamente”, habría actuado al respecto, además de aclarar que si hubiera tenido conocimiento que la dirección general de Consumo había contratado con la misma empresa que había llevado la campaña de Andreu como candidata en Alicante no lo habría consentido “de ninguna manera”.

Al exministro de Sanidad le dolería “mucho” que la justicia demostrara un caso de corrupción en el departamento que dirigía.

Después le ha tocado el turno a Etelvina Andreu, quien se ha acogido a su derecho a no declarar al estar inmersa en una investigación judicial -relacionada con la adjudicación de contratos de la dirección general de Consumo a Crespo Gomar-. La también excandidata socialista a la alcaldía de Alicante ha apuntado que le gustaría poder “aclarar” las dudas existentes, pero “por consejo” de su abogado ante su situación judicial ha optado por guardar silencio, a pesar de la insistencia de Aznar.

Adjudicaciones ministeriales

Los ministerios de Sanidad y Vivienda adjudicaron trabajos entre 2008 y 2009 a Crespo Gomar por valor de 2,7 millones de euros, siendo el contrato de mayor cuantía el adjudicado por la dirección general de Consumo -que dirigía Etelvina Andreu-. La empresa se llevó desde Aquamed (dependiente de Medio Ambiente) la campaña de publicidad de la desaladora de Torrevieja; Aguas del Júcar le adjudicó el diseño, la producción y el plan de comunicación de las actuaciones hidráulicas por 234.700 euros; Vivienda le adjudicó el concurso para la creación y producción de una campaña publicitaria para la difusión de los contenidos del Plan de la Vivienda 2009-2012, con un presupuesto de 148.000 euros; se hizo cargo, por 200.000 euros, de una campaña de Sanidad para promover el consumo responsable, seguro y solidario ante las compras de Navidad y en rebajas.

En 2008, este ministerio le adjudicó otra campaña por 2 millones de euros; En esa misma época, logró el encargo para la elaboración de un plan de información y publicidad del proyecto 'Deniafutur', dotado con 250.000 euros y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

La titular del Jutjat d'Instrucció número 24 de Madrid ha imputat a l'antic sotssecretari del Ministeri d'Habitatge Marcos Vaquer i a Nicolás Mateos, que va ser cap de Gabinet de la ministra socialista Beatriz Corredor, per un contracte de publicitat que va poder finançar irregularment al PSPV.

Se'ls imputen els suposats delictes de prevaricació i malversació i han sigut citats a declarar el 21 de maig juntament amb Eva Cuesta, que va ser cap de premsa de l'exministra, i Irene Domíngez-Alcahuz. El 30 de maig hauran de declarar com investigats altres quatre excàrrecs del departamente que dirigia Corredor: Eva Santiago, Pedro Plasencia, Rita Lorente i Andrés Lara.

La jutgessa María de les Mercedes Pérez ha pres aquesta decisió en una interlocutòria en el qual constata “irregularitats” en l'adjudicació d'un contracte de publicitat institucional del Pla Habitatge 2009-2012 per 126.208 euros a l'empresa Crespo Gomar pel Ministeri de l'Habitatge en 2009.

Segons la interlocutòria, Vaquer va ser qui va signar el contracte d'adjudicació i el certificat de conformitat amb la factura, mentre que Mateos “va redactar o va signar” el plec de prescripcions tècniques per a la realització de la campanya de publicitat contractada i “la declaració d'urgència” del procediment.

Aquest divendres estaven citats a declarar tres membres de la Mesa de Contractació que va adjudicar el contracte de publicitat amb Crespo Gomar després de la investigació iniciada en el jutjat d'Instrucció número 21 de València -que va ser derivada a quatre jutjats de Gandia, Benidorm i Madrid (2)- en el qual s'advertia de pràctiques que “indiciàriament” podrien ser constitutives de finançament il·legal del PSPV per a les campanyes de les eleccions municipals i autonòmiques de 2007. La magistrada Nieves Molina va descartar el delicte electoral, en el qual també estava implicat el Bloc, en estar prescrit.

A més del contracte del Ministeri d'Habitatge, s'investiguen altres adjudicats a empreses del mateix grup de comunicació des dels ajuntaments de Gandia i Benidorm baix governs socialistes, i altres signats en època de José Luis Rodríguez Zapatero amb els ministeris de Sanitat -amb Bernat Soria com a ministre- i Medi Ambient -la seua titular era Cristina Narbona-, a través de les empreses públiques Acuamed i Aguas del Júcar.

La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha imputado al antiguo subsecretario del Ministerio de Vivienda Marcos Vaquer y a Nicolás Mateos, que fue jefe de Gabinete de la ministra socialista Beatriz Corredor, por un contrato de publicidad que pudo financiar irregularmente al PSPV.

Se les imputan los supuestos delitos de prevaricación y malversación y han sido citados a declarar el 21 de mayo junto a Eva Cuesta, que fue jefa de prensa de la exministra, e Irene Domíngez-Alcahuz. El 30 de mayo deberán declarar como investigados otros cuatro excargos del departamente que dirigía Corredor: Eva Santiago, Pedro Plasencia, Rita Lorente y Andrés Lara.

La jueza María de las Mercedes Pérez ha tomado esta decisión en un auto en el que constata “irregularidades” en la adjudicación de un contrato de publicidad institucional del Plan Vivienda 2009-2012 por 126.208 euros a la empresa Crespo Gomar por el Ministerio de la Vivienda en 2009.

Según el auto, Vaquer fue quien firmó el contrato de adjudicación y el certificado de conformidad con la factura, mientras que Mateos “redactó o firmó” el pliego de prescripciones técnicas para la realización de la campaña de publicidad contratada y “la declaración de urgencia” del procedimiento.

Este viernes estaban citados a declarar tres miembros de la Mesa de Contratación que adjudicó el contrato de publicidad con Crespo Gomar después de la investigación iniciada en el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia -que fue derivada a cuatro juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid (2)- en el que se advertía de prácticas que “indiciariamente” podrían ser constitutivas de financiación ilegal del PSPV para las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007. La jueza Nieves Molina descartó el delito electoral, en el que también estaba implicado el Bloc, al estar prescrito.

Además del contrato del Ministerio de Vivienda, se investigan otros adjudicados a empresas del mismo grupo de comunicación desde los ayuntamientos de Gandía y Benidorm bajo gobiernos socialistas, y otros firmados en época de José Luis Rodríguez Zapatero con los ministerios de Sanidad -con Bernat Soria como ministro- y Medio Ambiente -cuya titular era Cristina Narbona-, a través de las empresas públicas Acuamed y Aguas del Júcar.

L’empresa Crespo Gomar va ser l’agència de publicitat de capçalera del PSPV entre els anys 2001 i 2008. En l’actualitat, quatre jutjats –dos de Madrid, un de Benidorm i un altre de Gandia– investiguen contractes públics d’administracions socialistes amb aquesta societat. En aquests moments hi ha 14 imputats per aquestes adjudicacions i sembla que la llista d’investigats s’incrementarà en les pròximes setmanes. L’exalcalde de Benidorm Agustín Navarro –ara diputat provincial del PSPV–, un exgerent d’Imelsa –ara en l’empresa mixta Egevasa– i una exdirectora general del Govern de Zapatero han perdut els estreps arran d’haver estat citats a declarar.

De les investigacions judicials en marxa, la més espinosa per la informació present en la instrucció és la que concerneix als socialistes benidormers, l’agrupació històricament controlada per la família de l’exministra de Sanitat Leire Pajín. Entre els documents de què disposa el jutge hi ha correus més que comprometedors, un contracte fallit de quasi 300.000 euros i les mentides que va pronunciar el PSPV local quan va saltar l’escàndol.

El contracte públic pel qual ha acabat imputat l’exalcalde de Benidorm Agustín Navarro es va adjudicar el 7 de juliol de 2010. L’empresa Opino Media, propietat d’Alberto Gomar (soci també de Crespo Gomar) va rebre 288.435 euros per muntar una vintena d’opinòmetres per tota la ciutat. El projecte s’emmarcava dins de l’II Pla E del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero.

Els opinòmetres, que es van vendre a so de bombo i platerets per l’alcalde i el seu equip van ser un fracàs tal que un any després es van desendollar quan va expirar el contracte amb l’empresa. En concret al desembre del 2011. No se’n va saber res més i els diners de la implantació van quedar soterrats per sempre.

En la denúncia del PP contra el presumpte finançament de PSPV i Bloc i la informació aportada a la causa de finançament irregular ja prescrit, es van aportar uns correus electrònics de la secretària d’Organització del PSPV local l’any 2007, Anabel Hallado. En els missatges, segons s’observa en els documents reproduïts, la membre del partit negocia amb Crespo Gomar que unes quantes empreses satisfacen el deute per actes i serveis prestats per l’agència de publicitat. Es tracta de l’empresa Hospimar i de Quick Meals, ambdues haurien abonat 12.000 euros més IVA. Un calc del que va fer la trama Gürtel amb el PP de Francisco Camps.

Podem estudia personar-se en les causes obertes pel presumpte finançament irregular del PSPV per a obtenir tota la informació que no han facilitat. Els morats van avisar la setmana passada que l'autoavaluació de socialistes i nacionalistes no els convencia i que veien moltes llacunes, plantejant fins i tot una auditoria externa dels seus comptes. Aquest dimarts, el portaveu Antonio Estañ ha advertit que es plantegen la via judicial per a conèixer de primera mà les suposades irregularitats comeses a Benidorm i Gandia.

Quatre jutjats investiguen si l'agència de comunicació Crespo Gomar, que va fer la campanya del PSPV, va actuar com Gürtel. El jutjat de València va considerar que el suposat delicte electoral, és a dir, el finançament il·legal de les campanyes del PSPV i del Bloc en 2007, formació a la qual inicialment també es va investigar, està prescrit i que uns altres no eren de la seua competència.

Els socialistes, de moment, sembla que s'han emportat la pitjor part, ja que dos jutjats de Madrid investiguen adjudicacions de contractes en el Ministeri de Sanitat i en el d'Habitatge en l'època de Zapatero, mentre que els suposats delictes del Bloc han quedat arxivats. Així doncs, els de Estañ no podrien personar-se respecte als nacionalistes perquè no hi ha investigació oberta.

Estañ, que ha assenyalat que és una possibilitat, assumeix que això implica no tenir massa confiança en els seus socis de Govern. No obtant, considera que la tercera pota del Pacte del Botànic ha de ser “implacable amb qualsevol ombra de corrupció” perquè els dubtes sobre dues formacions que el componen “posen en joc la legitimitat del Botànic”. El portaveu de la formació morada crítica que els socialistes apel·len al desconeixement del modus operandi de part del partit perquè no correspon a la seua federació, com és el cas de Benidorm. “No convé ni al Consell ni al Botànic que això s'allargue”, ha assenyalat.

El grup parlamentari insisteix en la creació d'una comissió d'investigació dels comptes de PSPV i Bloc que esclarisca quin paper complia l'agència Crespo Gomar i que no impedisca les perquisicions sobre el finançament del PP i el Cas Taula.

Podemos estudia personarse en las causas abiertas por la presunta financiación irregular del PSPV para obtener toda la información que no han facilitado. Los morados avisaron la semana pasada de que la autoevaluación de socialistas y nacionalistas no les convencía y que veían muchas lagunas, planteando incluso una auditoría externa de sus cuentas. Este martes, el portavoz Antonio Estañ ha advertido que se plantean la vía judicial para conocer de primera mano las supuestas irregularidades cometidas en Benidorm y Gandía.

Cuatro juzgados investigan si la agencia de comunicación Crespo Gomar, que hizo la campaña del PSPV, actuó como Gürtel . El juzgado de Valencia consideró que el supuesto delito electoral, es decir, la financiación ilegal de las campañas del PSPV y del Bloc en 2007, al que inicialmente también se investigó, está prescrito y que otros no eran de su competencia.

Los socialistas, por el momento, parece que se han llevado la peor parte, ya que dos juzgados de Madrid investigan adjudicaciones de contratos en el Ministerio de Sanidad y en el de Vivienda, mientras que los supuestos delitos del Bloc estarían prescritos. Así pues, los de Estañ no podrían personarse respecto a los nacionalistas porque no hay investigación abierta.

Estañ, quien ha señalado que es una posibilidad, asume que esto implica no tener demasiada confianza en sus socios de Gobierno. No osbtante, considera que la tercera pata del Pacto del Botánico debe ser “implacable en cualquier sombra de corrupción” porque las dudas sobre dos formaciones que lo componen “ponen en juego la legitimidad del Botànic”. El portavoz de la formación morada crítica que los socialistas apelen al desconocimiento del modus operandi de parte del partido porque no corresponda a su federación, como es el caso de Benidorm. “No conviene ni al Consell ni al Botànic que esto se alargue”, ha señalado.

El grupo parlamentario insiste en la creación de una comisión de investigación de las cuentas de PSPV y Bloc que esclarezca qué papel cumplía la agencia Crespo Gomar y que no impida las pesquisas sobre la financiación del PP y el Caso Taula.

El Bloc Nacionalista Valencià hará público “en breve” el informe sobre los gastos de la campaña de las elecciones de 2007 y los pagos a la empresa de comunicación Crespo Gomar que están elaborando las áreas de organización y financias del partido, según ha informado la formación en un comunicado.

Así se han manifestado desde la Ejecutiva Permanente del Bloc -que es una de las tres formaciones que conforman la Coalició Compromís- después de la respuesta que ha dado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana al escrito que les remitió el pasado viernes la coordinadora del Bloc, Àgueda Micó, afirmando que no se está investigado a ningún aforado de la formación.

Desde el Bloc han señalado que la Ejecutiva Permanente ha considerado que “a partir de las últimas informaciones publicadas”, entre las que destacan el auto del pasado 19 de enero por el que la magistrada se inhibía en juzgados de Madrid, Gandia y Benidorm para que continuaran la investigación, “en el contenido del auto no aparece ningún miembro” de la formación y “no hay ninguna causa judicial abierta contra el Bloc”.

Asimismo, el organismo director del Bloc ha “reafirmado delante de la militancia y el conjunto de la ciudadanía valenciana su compromiso con la integridad y la honestidad, que han sido principios rectores de la actuación política de miles de valencianistas a lo largo de su historia”.

“En el Bloc somos bien conscientes de que no todos los partidos son iguales cuando se trata de responder ante posibles irregularidades”, han manifestado, de igual manera que han asegurado que “atendiendo a la investigación interna de información, será el Bloc quien determine las consecuencias pertinentes”.

El anuncio se produce el mismo día que Podemos ha pedido que los asesores de Enric Morera que aparecen en las investigaciones den “un paso atrás”, dando así una vuelta de tuerca más a las exigencias de que tanto Bloc como PSPV den explicaciones sobre la sobra que se cierne en su financiación antes del mes de mayo.

El 2008 va ser un bon any per a Crespo Gomar. L’empresa, una agència de publicitat amb seu a Gandia, el president de la qual era fill del tinent alcalde d’aquest Ajuntament, el socialista Antoni Gomar, va veure que els seus comptes es van engreixar aquell any amb l’ajuda d’un procés intern del PSPV i uns quants ministeris. L’agència va col·laborar amb els socialistes valencians en uns quants congressos el 2007 i el 2008 i hui, encara desapareguda, està en el focus d’una investigació, judicial i política, sobre els comptes d’aquest partit.

Els dirigents del PSPV fa unes quantes setmanes, des que es va publicar que un jutjat els va investigar durant un any, estan bastant nerviosos i admeten que desconeixen els fets que se’ls imputen. Aquest divendres s’ha publicat la interlocutòria que decreta l’arxivament de la causa pel que fa al partit judicial de València i, com han admés en roda de premsa, estan més tranquils.

Durant les setmanes d’histèria col·lectiva, els dirigents a qui esguiten les notícies han donat amb comptagotes informació sobre els actes en el punt de mira. Dades que han anat variant segons qui i quan es contaren.

La responsable de Justícia del PSPV, integrant de la comissió interna que investiga el cas, va explicar divendres que havien trobat unes quantes factures a Crespo Gomar el 2007 i el 2008 que en total sumaven gairebé 400.000 euros. Ana Barceló va dir que recordava “de memòria” dues factures de Crespo Gomar entre el febrer i l’abril del 2007 per valor d’uns 70.000 euros i unes altres del 2008 per valor de 300.000 euros.

Barceló es va referir a aquestes dades el mateix dia que es va fer pública la interlocutòria de la jutgessa Nieves Molina, responsable de la investigació arxivada al gener d’enguany, en què la titular del jutjat mostra les mateixes factures. El document va ser publicat per la Cadena Ser en el seu primer butlletí informatiu del matí, cap a les 7. A les 11, els socialistes convocaven una roda de premsa per a donar explicacions en què es justificaven amb les mateixes dades que aporta la interlocutòria.

En aquesta última roda de premsa, els socialistes no van aclarir els conceptes o serveis pels quals van pagar aquesta quantitat i les dades no quadren amb les que van aportar al diari Levante, al qual Alfred Boix va esmentar un cost de 180.000 euros pel disseny de la marca i el pla de mitjans en aquest congrés. No deixa de ser curiós pagar aquesta quantitat pel disseny d’un logo i un pla de mitjans per a un acte en clau interna del partit. El 3 d’abril, després d’una reunió a última hora de la vesprada per a decidir crear una comissió interna, el portaveu socialista Manolo Mata va insistir en la mateixa xifra. “Hem esbrinat que el congrés del 2008 va costar 180.000 euros, i no 900.000 ni un milió, com ha dit algú interessadament”, va dir Mata, assumint la xifra que abans havia donat el diputat de la Safor. Mata va assumir la part pel tot, ja que en la xifra de Boix només s’incloïa la imatge corporativa i el pla de mitjans, no el cost global del congrés, que implicaria, entre altres despeses, el lloguer de l’edifici, per exemple. El PSPV no ha explicat encara basant-se en quins conceptes va facturar Crespo Gomar i a què es deuen els 220.000 euros de diferència entre les versions. Aquest diari ha intentat posar-se en contacte amb els responsables d’aportar les dades i no ha obtingut resposta sobre les factures que diuen que han vist.

Les dades de què disposa aquest diari per altres fonts indiquen que els actes celebrats al Palau de Congressos van costar gairebé 800.000 i que l’empresa Crespo Gomar es va emportar una bona part del pastís. El conclave es va desenvolupar sota el comandament de la gestora que presidia Joan Lerma, amb Leire Pajín com a número dos i en el qual Alfred Boix, llavors regidor a Gandia i secretari d’Organització de la gestora, va tenir un paper actiu. El diputat, hui en el cercle de màxima confiança de Ximo Puig, va ser l’organitzador de l’esdeveniment amb què l’empresa esmentada va augmentar la seua facturació considerablement.

La gestora es va organitzar des de Ferraz, en un intent de la direcció nacional per pilotar el procés de transició després de la dimissió de Joan Ignasi Pla, fins llavors secretari general, que es va quedar sense suports en el partit quan es va publicar que una constructora li havia regalat la reforma de la cuina. El congrés del 2008 va enfrontar Jorge Alarte amb l’actual cap del Consell i del partit, Ximo Puig. Un any abans, a l’octubre del 2007, pocs dies després de la marxa de Pla, els socialistes van organitzar un altre acte al Palau de Congressos en què la llavors vicepresidenta del Govern, Maria Teresa Fernández de la Vega, va anunciar que encapçalaria la llista per València per a les eleccions del 2008. Alarte va guanyar per a penes 20 vots en un episodi tens fins al final, sense tendències clares quant als suports, en el conclave que es va qualificar com el de la fractura, on va quedar palés que hi havia dos grans corrents en el PSPV amb maneres molt diferents d’actuar.

La Intervención General del Estado ha detectado irregularidades en “la práctica totalidad” de los adjudicaciones a la agencia de comunicación Crespo Gomar que fueron investigados por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia en relación con la supuesta financiación irregular del PSPV-PSOE y Bloc-Compromís.

Tras estudiar una denuncia del diputado del PP y exvicepresidente de la Generalitat, José Císcar, la jueza que se hizo cargo de la investigación -la misma encargada del caso del accidente de metro de 2006- vio indicios de financiación irregular, falsedad continuada, malversación y prevaricación.

Por este motivo, en un auto al que ha tenido acceso EFE -fechado el pasado mes enero- la titular de Instrucción 21 acordó la inhibición de la investigación en favor de los juzgados de Madrid, Benidorm y Gandia.

La magistrada encargó un informe a la Intervención General del Estado que constató irregularidades en los expedientes de contratación adjudicados a Crespo Gomar desde el Ayuntamiento de Benidorm en 2010, el Ministerio de Vivienda en 2009 o el de Medio Ambiente en 2007, en todos los casos desde administraciones controladas por el PSOE.

El PSOE de Alicante no ha podido negar la evidencia. José Ramón Tiller, el que fuera colaborador de la empresa Crespo Gomar que la Justicia está investigando por una supuesta trama de financiación ilegal de los socialistas en las campañas electorales de 2007 y 2011, participó en la campaña del PSOE alicantino en 2015.

El por entonces coordinador de campaña y regidor en el consistorio de Alicante, Carlos Giménez, ha tenido que salir al paso de las acusaciones vertidas días atrás por el Partido Popular. Y lo ha hecho este martes acompañado de la vicealcaldesa Eva Montesinos para reconocer que el investigado Tiller colaboró en varios actos del partido de cara a los comicios que dieron al PSOE la alcaldía. Giménez ha explicado que, como avanzara el PP, Tiller sí que participó en “sesiones de fotos” de los candidatos al ser un experto en “aspectos técnicos”; pero lo hizo “de manera totalmente altruista” y “voluntaria”.

La portavoz adjunta del PP de Alicante, Mari Carmen de España, ha venido denunciando días atrás que han podido constatar “la posible colaboración de Tiller en el mitin de presentación en Alicante de la candidatura de Gabriel Echávarri a la alcaldia, y al que asistió el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez”. De España se refiere a un vídeo de campaña de los socialistas en el que se ve cómo Sánchez y el todavía alcalde “hablaban con complicidad” con Tiller a la entrada del mitin. “El actual secretario general de los socialistas le saludaba con un '¿qué tal, cómo estás?' y Tiller le responde con un 'bien, aquí con éstos', al tiempo que muestra confianza al poner la mano en el hombro de Echávarri”, explicó la portavoz adjunta del PP.

Ahora el PSOE pasa al ataque y amenaza a los populares con emprender acciones legales en caso de que sigan sembrando dudas de las financiación de los socialistas en los últimos comicios municipales. Y es que el PP ha aprovechado esta información para embestir a la vicealcaldesa Eva Montesinos quien se encuentra en negociaciones para suceder a Gabriel Echávarri como primer edil.

“Sería muy grave que asumiera la vara de mando de la ciudad sin explicar cómo financió el PSOE la campaña, donde iba de número dos”, afirmó el sábado la portavoz adjunta popular, que recordó que Montesinos era miembro del comité electoral del PSOE de Alicante en 2015.

Por su parte, la regidora socialista ha querido aclarar que “la campaña de 2015 no está bajo ningún concepto en investigación”, y que “lo único que quiere el PP es salpicarme, embarrar la investidura y conseguir ellos la alcaldía”.

Podemos y Ciudadanos ya han pasado a la acción. Una semana después de que se publicara que una investigación judicial pone bajo la lupa contrataciones y financiación de PSPV y el Bloc (la pata mayoritaria de Compromís), su socio parlamentario y el segundo partido de la oposición han anunciado medidas. El PP ya anunció la pasada semana que se personará en todos los juzgados que investigan la trama y ha advertido que pedirá documentación en todos los ayuntamientos con empresas ligadas a la misma.

Por un lado, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos ha solicitado la creación de una comisión de investigación de la financiación y actividades del Bloc y el PSPV para que los dirigentes de ambos partidos. “Los dirigentes de ambos partidos han de dar ya una explicación a los valencianos y asumir responsabilidades políticas”, ha exigido Mari Carmen Sánchez.

En una situación más incómoda se encuentra Podemos, apoyo parlamentario de los partidos del Gobierno del Botánico y que bajara concurrir a las elecciones municipales y autonómicas en coalición con Compromís, como hicieron en los últimos comicios nacionales. La formación morada ha convocado a su ejecutiva este martes para evaluar cómo deben actuar con sus socios políticos y analizar las informaciones relativas a la investigación de la financiación de algunos actos de campaña y su relación con la empresa Crespo Gomar.

De la reunión, según ha explicado su líder Antonio Estañ y la miembro del Consejo Ciudadano Pilar Lima, que encabezó una de las corrientes alternativas al actual secretario general, se ha decidido convocar una reunión con los responsables del PSPV y del Bloc, tanto los actuales como los que estuvieran a cargo de los partidos en 2007, año en el que se centra la investigación. “Queremos saber qué medidas van a tomar” respecto a sus formaciones y los cargos bajo sospecha, ha dicho Estañ, quien también reclama que se ponga a su formación al corriente de todos los datos de los que dispongan. Una vez recopilada la información, Podemos exigirá responsabilidades políticas.

Los responsables de la formación morada se muestran preocupados por las supuestas prácticas de ambos partidos, que hicieron de la lucha contra la corrupción y de la regeneración democrática de las instituciones sus banderas mucho antes de llegar al Ejecutivo autonómico. “Tras 20 años de gobierno del PP los valencianos en votaron por un cambio que tenía que ver con aumentar derechos y luchar contra la corrupción y, por tanto, pensamos que debemos ser los que hemos protagonizado ese cambio los primeros en dar ejemplo”, ha manifestado el secretario general, que teme que pueda llegar a la ciudadanía el mensaje de que todos los partidos hay mala praxis y de que la corrupción es un mal endémico entre quienes tienen poder político. “Tolerancia cero contra la corrupción”, ha sentenciado Lima.

Estañ ha remarcado que esta reunión se debe celebrar al margen de la Comisión de Seguimiento del Pacte del Botànic, ya que la situación tiene la envergadura suficiente para tener agenda propia. Es una reunión “entre partidos” a la que espera que asistan los máximos dirigentes. Para Podemos, Ximo Puig, Mónica Oltra y Enric Morera, entre otros, deberían dar explicaciones y estar a la altura de las expectativas que la ciudadanía depositó en ellos mediante las urnas. 

No obstante, el apoyo del Botànic considera que todavía es pronto para hablar de consecuencias en el acuerdo de legislatura. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y, según los partidos implicados, aún no han recibido notificaciones de las unidades judiciales. Sin embargo, sobre una futura alianza electoral, Lima sí ha advertido que la forma en la que trabajen ambos partidos sus investigaciones internas influirá en las conversaciones.

Crespo Gomar, l’empresa de comunicació investigada pel presumpte finançament il·legal del PSPV i del Bloc, es va beneficiar de contractes de tres ministeris (Sanitat, Habitatge i Medi Ambient) per valor de 3 milions d’euros pel PSOE en a penes dos anys en l’època de José Luis Rodríguez Zapatero com a president del Govern, poc abans de declarar-se en concurs de creditors, al febrer del 2011. A més, va rebre contractes de diferents empreses públiques i de diferents ajuntaments governats pels socialistes.

Crespo Gomar també va participar en l’organització del congrés del PSPV que va alçar Jorge Alarte com a secretari general dels socialistes valencians –es va imposar a l’actual president de la Generalitat, Ximo Puig–, així com les campanyes d’Etelvina Andreu a l’Alcaldia d’Alacant o Juan María Calles en les eleccions locals del 2007.

Així, els ministeris de Sanitat i Habitatge van adjudicar treballs entre el 2008 i el 2009 a Crespo Gomar per valor de 2,7 milions d’euros, sent el contracte de més quantia l’adjudicat per la Direcció General de Consum –que dirigia Etelvina Andreu–. L’empresa es va emportar des d’Aquamed (dependent de Medi Ambient) la campanya de publicitat de la dessaladora de Torrevella; Aigües del Xúquer li va adjudicar el disseny, la producció i el pla de comunicació de les actuacions hidràuliques per 234.700 euros; Habitatge li va adjudicar el concurs per a la creació i la producció d’una campanya publicitària per a la difusió dels continguts del Pla de l’Habitatge 2009-2012, amb un pressupost de 148.000 euros; es va fer càrrec, per 200.000 euros, d’una campanya de Sanitat per a promoure el consum responsable, segur i solidari davant de les compres de Nadal i en rebaixes.

El 2008, aquest ministeri li va adjudicar una altra campanya per 2 milions d’euros; en aqueixa mateixa època, va aconseguir l’encàrrec per a l’elaboració d’un pla d’informació i publicitat del projecte Deniafutur, dotat amb 250.000 euros i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).

Crespo Gomar

El president de Crespo Gomar és Alberto Gomar, fill d’Antoni Gomar, que va ser regidor socialista i tinent d’alcalde amb José Manuel Orengo com a alcalde de Gandia. L’empresa va ser l’agència de publicitat de capçalera del PSPV, en la qual treballava José Ramón Tíller, que va ser cap de gabinet de l’expresident de la Generalitat Joan Lerma, o dels exalcaldes de la capital de la Safor José Manuel Orengo o Pepa Frau. Tíller actualment és adjunt a la Gerència de l’empresa pública de la Diputació de València Egevasa, una de les mercantils investigades per aquest cas de presumpte finançament il·legal.

Crespo Gomar, la empresa de comunicación investigada por la presunta financiación ilegal del PSPV y del Bloc, se benefició de contratos de tres ministerios (Sanidad, Vivienda y Medio Ambiente) por valor de 3 millones de euros por el PSOE en apenas dos años en la época de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, poco antes de declararse concurso de acreedores, en febrero de 2011. Además, recibió contratos de diferentes empresas públicas y de diferentes ayuntamientos gobernados por los socialistas.

Crespo Gomar también participó en la organización del congreso del PSPV que aupó a Jorge Alarte como secretario general de los socialistas valencianos -se impuso al actual president de la Generalitat, Ximo Puig-, así como las campañas de Etelvina Andreu a la alcaldía de Alicante o Juan María Calles en las elecciones locales de 2007.

Así, los ministerios de Sanidad y Vivienda adjudicaron trabajos entre 2008 y 2009 a Crespo Gomar por valor de 2,7 millones de euros, siendo el contrato de mayor cuantía el adjudicado por la dirección general de Consumo -que dirigía Etelvina Andreu-. La empresa se llevó desde Aquamed (dependiente de Medio Ambiente) la campaña de publicidad de la desaladora de Torrevieja; Aguas del Júcar le adjudicó el diseño, la producción y el plan de comunicación de las actuaciones hidráulicas por 234.700 euros; Vivienda le adjudicó el concurso para la creación y producción de una campaña publicitaria para la difusión de los contenidos del Plan de la Vivienda 2009-2012, con un presupuesto de 148.000 euros; se hizo cargo, por 200.000 euros, de una campaña de Sanidad para promover el consumo responsable, seguro y solidario ante las compras de Navidad y en rebajas.

En 2008, este ministerio le adjudicó otra campaña por 2 millones de euros; En esa misma época, logró el encargo para la elaboración de un plan de información y publicidad del proyecto 'Deniafutur', dotado con 250.000 euros y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Crespo Gomar

El presidente de Crespo Gomar es Alberto Gomar, hijo de Antoni Gomar, que fue concejal socialista y teniente de alcalde con José Manuel Orengo como alcalde de Gandia. La empresa fue la agencia de publicidad de cabecera del PSPV, en la que trabajaba José Ramón Tiller, quien fue jefe de gabinete del expresident de la Generalitat Joan Lerma, o de los exalcaldes de la capital de la Safor José Manuel Orengo o Pepa Frau. Tiller actualmente es adjunto a la gerencia de la empresa pública de la Diputación de Valencia Egevasa, una de las mercantiles investigadas por este caso de presunta financiación ilegal.