Una multitud de personas han acudido este miércoles a la emblemática Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, convocadas por el peronismo, sindicatos y organizaciones sociales en apoyo a la expresidenta argentina Cristina Fernández, quien desde este martes cumple en su domicilio una condena a seis años de prisión por irregularidades en la concesión de obras públicas.

Lo hacen entre banderas, pancartas y cánticos y en medio de un gran operativo policial –la plaza está frente a la Casa Rosada–. Los convocantes calculan que han asistido más de medio millón de personas. “Cristina libre”, dice el cartel que lleva con estoicismo Lucía Raimondi en el vaivén de la concentración. “Estoy acá porque vamos a defender a Cristina, porque sabemos que la causa es injusta, que los jueces están comprados por el poder económico y político el país. Además, porque venimos a reivindicar todos los derechos que Cristina nos dio, como la educación y salud públicas”.

Entre las organizaciones que han llamado a la protesta está la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, que considera que la condena es “injusta, parcial y arbitraria” contra la exmandataria, confirmada la semana pasada por la Corte Suprema. “Las trabajadoras y los trabajadores estaremos al lado de nuestra compañera injustamente condenada. Las trabajadoras y los trabajadores tenemos memoria y vamos a manifestarnos en las calles para repudiar la injusta proscripción en defensa de la democracia”, dice la CGT, de corte peronista, en un comunicado.

El plan inicial de los convocantes acompañar a Fernández de Kirchner desde su domicilio hasta los tribunales federales, donde debía comparecer para empezar a cumplir con la sentencia, pero la Justicia le concedió desde este mismo martes la prisión domiciliaria, por lo que el peronismo tuvo que recalcular la convocatoria. Entretando, la vivienda de la mandataria se ha vuelto un lugar de vigilias y concentraciones. De hecho, muchos de los manifestantes partieron del domicilio, ubicado en el barrio porteño de Constitución, hacia Plaza de Mayo.

“Argentina con Cristina”, dice uno de los carteles en la concentración en apoyo a la presidenta del Partido Justicialista, condenada a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Muchos participantes hablan de “proscripción”, como Carlos Scharcerswki, maestro en una escuela pública de Buenos Aires. “Estoy acá para defender la democracia. Están proscribiendo a Cristina y ella estuvo siempre junto al pueblo, y así el pueblo se lo demuestra. Durante su Gobierno, los pibes tenían computadoras en la escuela, hoy no lo tienen. Sus padres tenían trabajo, hoy no. Llegamos al día 15 con el salario. Si no sos juez de la Corte Suprema, que ganan 19 millones (de pesos, 20 mil dólares), no hay forma de llegar a fin de mes”.

Fecha histórica

El Partido Justicialista ha hecho una analogía de este día con una fecha histórica de su movimiento. “Ya tuvimos un 17 ahora se viene un 18”, reza la consigna. En esta misma plaza, el 17 de octubre de 1945, miles de simpatizantes de Juan Domingo Perón marcharon para exigir la liberación de su líder, que había sido detenido cuatro días antes por los militares y estaba preso en la Isla Martín García. Gracias a esa movilización masiva fue liberado.

A media tarde , los presentes pudieron escuchar un mensaje grabado de Fernández de Kirchner, a través de los parlantes: “Estoy presa porque saben que se cae este modelo. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino”. Y siguió: “Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas con la que la construimos. Lo vamos a hacer sin violencia, pero con coraje. Vamos a volver”.

“Oh, vamos a volver, a volver, vamos a volver”, cantó la multitud.

La Corte Suprema ha ratificado la sentencia contra Cristina Fernández por la llamada causa Vialidad, dando por probado el delito de administración fraudulelnta en la construcción de obras públicas. La decisión judicial llegó una semana después de que Fernández anunciara su candidatura a diputada provincial y su defensa denuncia las irregularidades en el largo proceso en su contra. Fiscales y jueces visitaron las residencias del expresidente Mauricio Macri en decenas de ocasiones. Los jueces de la Corte Suprema sostienen que los vínculos entre magistrados, Macri y también con el Grupo Clarín no prueban que haya habido parcialidad.

El juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal 2, ha concedido la prisión domiciliaria a la expresidenta, a la que también ordenó colocarle una tobillera electrónico y limitó las visitas, algo que no ocurre habitualmente en este tipo de detenciones y la llamó a “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

La propia Fernández publicó en su cuenta de X. “¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no... Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido”

Desde el entorno de la líder peronista se han mostrado en contra de las restricciones, que consideraron arbitrarias, y han vuelto a hablar de un fallo con fines políticos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que lleva meses enfrentado con Kirchner por el control del partido, ha decidido participar en la convocatoria con columna propia. “Buscan proscribirla, condenarla y si es posible humillarla”, ha opinado Kicillof a los medios. También han participado senadores y diputados justicialistas y otros gobernadores peronistas.

El gobierno del ultraderechista Javier Milei ha puesto en marcha enormes controles de los accesos de vehículos a la Ciudad de Buenos Aires desde muy temprano en la mañana. La policía ha detenido ómnibus sin razón aparente y ha realizado requisas a quienes se trasladaban a Plaza de Mayo, según han contado los damnificados en radio y televisión. Algunas personas han sido obligadas a mostrar su documentación y hasta palpadas, como en las redadas aplicadas en períodos de suspensión de garantías.

Pese a los intentos por desalentar la concurrencia, la reacción contra la condena a Cristina Fernández de Kirchner se ha hecho sentir en la calle, de forma masiva, este 17 de junio.

Doce años de prisión y la acusación de ser la jefa de una asociación ilícita. A las 18.00 horas de Argentina, las 22.00 horas de España, los jueces que integran el Tribunal Oral Federal número 2 darán a conocer la sentencia en el caso que investiga la presunta corrupción en la obra pública en la provincia de Santa Cruz, en el sur de Argentina, que administró Néstor Kirchner por 12 años y que desde 2015 está en manos de Alicia Kirchner, cuñada de la vicepresidenta. La causa tiene a Cristina Fernández de Kirchner como la principal acusada.

La vicepresidenta —y dos veces presidenta— escuchará en su despacho del Senado la sentencia de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso en la llamada “Causa Vialidad”. Si bien no habrá movilizaciones en el momento del veredicto, porque el propio kirchnerismo decidió frenarlas, ante una eventual condena se esperan concentraciones de apoyo a la vicepresidenta, que ha insistido en diversas ocasiones en que la sentencia contra ella “estaba escrita” y que defiende que se trata de un caso de 'lawfare' (hostigamiento judicial). Desde la alcaldía de Buenos Aires han desplegado un importante operativo de seguridad en los principales puntos de la ciudad, sobre todo en el centro porteño, el Congreso y la zona de los tribunales.

Este es el juicio de mayor impacto político en la historia reciente del país. Es el primero contra una vicepresidenta en ejercicio y líder política de los últimos 12 años. El caso tiene tal magnitud que los jueces se reunieron el viernes por la mañana en los tribunales con la misma costumbre que vienen practicando desde hace semanas: sin teléfonos móviles, sin empleados testigos, sin filtraciones. Se prevé que será una sentencia unánime.

La Fiscalía pidió una pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner por considerarla la jefa de una asociación ilícita para defraudar a la Administración pública, por medio de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz hacia las empresas de Lázaro Báez, amigo del expresidente Néstor Kirchner y principal beneficiado de la concesión de la obra pública en Santa Cruz en los doce años de gobierno del matrimonio Kirchner. También, el fiscal pidió decomisos por casi 1.000 millones de dólares. Las defensas solicitan la absolución por inexistencia de delito.

La semana pasada, Cristina Fernández de Kirchner dejó en claro lo que pensaba del juicio: “Es un pelotón de fusilamiento”. La vicepresidenta ha repetido en numerosas ocasiones que la sentencia contra ella “estaba escrita”, como ya dijo el 2 de diciembre de 2019 —días antes de asumir como vicepresidenta en el actual Ejecutivo— cuando se le tomó declaración. En aquel momento se refirió a los magistrados que seguían la causa como “tribunal del 'lawfare'”.

Más de cien testigos pasaron a lo largo de un juicio que lleva más de tres años y medio e incluye a 13 imputados, incluyendo al empresario Lázaro Báez. La lectura del fallo será virtual y la vicepresidenta, como el resto de los acusados, tendrá la obligación de mantener su cámara encendida al momento de escuchar la sentencia.

Final abierto

Más que los testimonios, la columna vertebral de la causa ha sido la prueba documental. El punto en cuestión es si la Fiscalía habrá conseguido probar la participación de la entonces presidenta en la maniobra de desvíos de fondos públicos y obras para favorecer al empresario Báez. Es decir, hasta qué punto corresponde la imputación de “asociación ilícita”, una figura criticada por juristas y políticos de distintos sectores que ven a este tipo de acusaciones como amplias y tendientes a la persecución política.

Además de la asociación ilícita, la vicepresidenta está acusada por defraudación, que tiene una pena de hasta seis años de prisión. Aún cuando el Tribunal contemplara ambos delitos y con la pena máxima, Cristina Fernández no será encarcelada ya que por el cargo que ocupa tiene fueros hasta que finalice su mandato. Es decir, antes deberá someterse a un juicio político en el que sea destituida. Asimismo, debe agotar todas las instancias judiciales de revisión, lo que incluye a la Corte Suprema. Y además, el próximo 19 de febrero, la vicepresidenta cumplirá 70 años, por lo que en caso de ser condenada deberá cumplir prisión domiciliaria.

El 23 de agosto, Cristina Fernández aseguró que “no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo”. Un mes más tarde, la vicepresidenta lo denunció por prevaricato, un delito que implica sanciones contra quien “dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas”.

Escándalo judicial

Un día antes del veredicto, se dieron a conocer una serie de chats y audios entre jueces, funcionarios de la Ciudad y empresarios para enmascarar un viaje a la provincia de Río Negro, en el sur del país, que ha sido denunciado por “dádivas”.

La denuncia dice que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habrían coordinado a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar su participación en un vuelo privado a la ciudad de Bariloche, a la estancia del empresario inglés Joe Lewis.

El tema abrió un escándalo político sobre el manejo de un sector de la Justicia, en relación al comportamiento de un grupo de jueces, funcionarios de la oposición y miembros de la mayor empresa de medios en Argentina, en el día previo a conocerse el fallo contra la vicepresidenta.

Aunque no está relacionado con el veredicto que se conocerá este martes, el presidente Alberto Fernández decidió dar el lunes un mensaje en cadena nacional, lo que muestra la intensidad con la que el Gobierno vive la decisión. El presidente anunció que pedirá que se investigue a los jueces, fiscales, funcionarios y empresarios que realizaron un viaje a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, en la provincia de Río Negro.

Un hombre apretó el gatillo de un arma a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Argentina. Sucedió el jueves por la noche, durante la ronda de saludos que la dos veces presidenta mantiene desde hace varios días con los militantes que permanecen en vigilia en los alrededores del edificio en el que vive, ubicado en Recoleta. El hombre se infiltró en el grupo de apoyo a la vicepresidenta y blandió el arma. Sólo por una cuestión técnica el disparo no salió. El intento de asesinato a Cristina Fernández conmociona a las y los argentinos. Esa es la noticia, pero la noticia tiene un contexto.

Casi la mitad de los argentinos son pobres. Todos aquí lidiamos con una inflación mensual de, en promedio, 8%. De aproximadamente 47 millones de ciudadanos, 22 millones son asistidos por el Estado con planes, programas, proyectos o subsidios. El ministro de Economía renunció en julio. Designaron a Silvina Batakis, la segunda mujer en la Historia del país en lograr el puesto. Batakis “duró” 24 días en el cargo. Estaba en un viaje oficial a Estados Unidos, donde había ido a reunirse con representantes del Fondo Monetario Internacional, el organismo con el que la Argentina mantiene deudas, cuando supo que sería reemplazada. Por teléfono le avisaron que su puesto sería ocupado por quien fuera el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

En la pospandemia y ya en carrera por las elecciones presidenciales –que serán el año próximo–, Cristina Fernández fue acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado. Hubo descargos en Twitter y vía streaming. Hubo apoyos de funcionarios públicos oficialistas y de los movimientos sociales. Convocatorias públicas y represión policial.

Fútbol, declaración y vigilia

El 7 de agosto, unos días antes de que el fiscal Diego Luciani se dirigiera al Tribunal para informar qué pena pediría para Cristina Fernández en la causa conocida como “Vialidad”, la vicepresidenta usó sus redes sociales para demostrar los contactos amistosos entre el fiscal que la acusaba, uno de los jueces del Tribunal y el ex presidente Mauricio Macri y su entorno. Fernández difundió fotografías en las que se observa que el fiscal, el juez Rodrigo Giménez Uriburu –presidente del Tribunal que deberá decidir sobre su destino– y el miembro de la cámara de apelaciones Rodrigo Llorens –que sobreseyó a Macri en una causa por espionaje– forman parte del mismo equipo de fútbol. El equipo se llama Liverpool y suelen jugar en la quinta de Macri, “Los Abrojos”. 

Unos días después de ese hilo en Twitter, el 22 de agosto, el fiscal Diego Luciani pidió que la vicepresidenta sea condenada a 12 años de prisión. De paso, y en un hecho inédito, también solicitó al tribunal que inhabilite de manera perpetua a la vicepresidenta a ejercer cargos públicos y se le decomisen bienes. La acusa de haber sido jefa de una asociación ilícita organizada para favorecer al empresario Lázaro Báez y como autora de fraude a la Administración pública en miles de millones de pesos desviados a las compañías del exsocio de su familia. Esa noche arrancó la vigilia en los alrededores del edificio en el que vive Fernández. Y desde esa noche, Fernández lleva a cabo su ritual: acercarse a los militantes para saludarlos y agradecerles su presencia.

Después de la petición de cárcel e inhabilitación del fiscal, la vicepresidenta pidió ampliar su declaración indagatoria, pero el Tribunal lo rechazó. Así que Cristina reaccionó y desde su despacho en el Senado hizo un descargo vía streaming. “Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo”, dijo. Los principales referentes del oficialismo y la militancia más fiel habló de proscripción: en 1956, Pedro Aramburu, presidente de entonces, sancionó el decreto 4161/56 que consideraba ilegal el peronismo, prohibía sus ideas y símbolos, e incluso que se mencionaran los nombres de Perón y Evita. 

En su declaración, Cristina Fernández habló más de una hora y media. Dijo que los fiscales “adoptaron el guión de los medios” y aseguró: “No son acusaciones, es una ficción, nada fue probado”. En una defensa de carácter político, leyó mensajes de texto entre el ex secretario kirchnerista de Obras Públicas, José López, condenado por corrupción, y Nicolás Caputo, amigo cercano de Mauricio Macri, en torno a la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. “¿Los fiscales y los jueces no vieron esto?”, preguntó. El apoyo del oficialismo fue general. Incluso el presidente fue a una canal de televisión a afirmar “la honestidad” de su vice.

Vallas y escenario

Para el quinto día de vigilia, los alrededores del edificio donde vive la vicepresidenta amaneció vallado. Fue una decisión del Gobierno porteño que se inclina, en este momento, hacia la oposición. Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires, se perfila como candidato presidencial en las elecciones del año próximo. “El vallado es para evitar conflictos entre ciudadanos”, dijo el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. 

El gesto de “concordia” terminó con una represión que incluyó gases lacrimógenos, carros hidrantes, doce policías heridos y varios detenidos. Y con el hijo de la vicepresidenta, el diputado Máximo Kirchner, asediado por agentes de la policía que le impedían el ingreso al edificio en el que vive su madre. Más tarde, ahí donde había vallas, a Fernández le levantaron un escenario. Pequeño, improvisado: apenas un micrófono de pie, iluminada por las cámaras de televisión y los postes de luz. La vicepresidenta se dirigió a su militancia: “Desde el día martes, cuando el Partido Judicial pidió 12 años de condena por cada año de los mejores 12 años que tuvo el pueblo argentino, desde ese día se produjeron a lo largo y lo ancho del país manifestaciones espontáneas de compatriotas”. Desde la tarima pidió a los manifestantes que fueran a descansar, que había sido un día largo.

Anoche, la vicepresidenta llegaba a su casa luego de presidir la sesión en el Senado cuando un hombre de 35 años apretó el gatillo de un arma en su cabeza. Había cinco balas en la recámara de la pistola, pero no disparó. El joven fue detenido e imputado por “tentativa de homicidio calificado”. Este sábado será indagado. Hacia la medianoche y por cadena nacional, el presidente Alberto Fernández repudió el hecho, llamó a la paz social y declaró feriado nacional para que “el pueblo argentino pueda expresarse en solidaridad con nuestra vicepresidenta”. Desde el retorno a la democracia en la Argentina, hace 40 años, no hay antecedentes de un intento de asesinato de este tipo. 

El hombre detenido en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner tras intentar dispararle es de nacionalidad brasileña, tiene 35 años y antecedentes de portación de armas.

Se trata de Fernando André Sabag Montiel, un hombre que fue detenido pasadas las 21:00 en la puerta del domicilio de la vicepresidenta argentina tras intentar dispararle a escasa distancia. Según fuentes policiales, el detenido tiene antecedentes de portación de arma blanca en 2021.

En su cuenta de Instagram, Sabag se define como “cristiano” y tiene 853 seguidores. En una publicación se puede ver un vídeo de Crónica TV del día 29 de julio pasado. Allí aparece entrevistado por el canal que realiza una encuesta callejera en Tigre para consultar la opinión sobre la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía de Argentina. Sabag es interceptado saliendo del cine: “Massa no, ni a palos, ni Cristina ni Milei”, responde.

El propio Sabag Montiel escribió, al subir el vídeo: “Salí en Crónica TV criticando al Gobierno y a Sergio Massa. Encima los periodistas me felicitaban diciendo que sé de política, me decían que tengo que ser notero (...) Ni Milei ni Cristina”, escribió.

Incidente previo con un arma blanca

El hombre de nacionalidad brasileña detenido por intentar atentar contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tenía un antecedente policial de marzo del año pasado, cuando fue detenido en el barrio de Agronomía dentro de un coche sin matrícula y con un cuchillo de 35 centímetros de largo, informaron fuentes policiales.

Efectivos policiales le requisaron un coche que les pareció sospechoso porque tenía casi caída la matrícula trasera. Este hombre les explicó a los uniformados que ese hecho se produjo porque había protagonizado un choque y al abrir la puerta del vehículo para entregar la documentación del mismo, se le cayó un cuchillo de 35 centímetros de largo indicando que lo utilizaba para defenderse.

El sistema de antecedentes policiales informó de que no poseía impedimento restrictivo alguno. Los policías consultaron con la Fiscalía Contravencional número 8, que al tomar conocimiento de estos hechos realizaron un acta por “Infracción al Artículo 90” y ordenaron que la Policía le sacara una foto y secuestrara el arma blanca, además de una pericia para este ciudadano.

Los datos personales

Los registros comerciales marcan que Sapag Montiel está inscrito como dedicado al “servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar (incluye servicios urbanos especiales como charters, servicios contratados”, lo que confirmaría la versión de que sería habitual conductor de una aplicación de transporte.

Su nacionalidad es brasileña. La información de la identidad y el DNI del atacante fue confirmada por la Policía Federal en un parte policial difundido recientemente.

La dos veces presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien este jueves fue víctima de un ataque con arma de fuego cerca de su domicilio en medio de una creciente tensión política, ha sido la figura política más poderosa de los últimos 15 años en el país suramericano.

Ha sido definida como astuta, controvertida, elocuente y estratega. La primera mujer elegida por el voto popular para comandar la Casa Rosada se inscribe en esa selecta lista de personajes públicos de Argentina capaces de despertar tanto amor como odio. Y es que la figura de Fernández no ha pasado nunca inadvertida, desde sus comienzos en la arena política hace poco más de 30 años.

Nacida el 19 de febrero de 1953 en la ciudad bonaerense de La Plata, CFK, como se la llama en Argentina, conoció a Néstor Kirchner en la universidad, donde ambos estudiaban Derecho, y, tras seis meses de noviazgo, se casó con él en 1975, cuando ambos coqueteaban con la militancia en la Juventud Peronista.

Tras el golpe de Estado de 1976, que dio inicio a la dictadura militar, el matrimonio se afincó en la sureña Río Gallegos, ciudad natal de Kirchner y donde este cimentó una carrera política que le llevó a la presidencia argentina en mayo de 2003.

Tuvieron dos hijos, Máximo, que ahora tiene 45 años y es diputado, y Florencia, de 32.

La carrera política de Fernández comenzó a finales de la década de 1980, cuando fue elegida diputada provincial en Santa Cruz, cargo que dejó seis años después para sentarse en el Senado.

En 1997 se convirtió en diputada nacional y en 2001 regresó al Senado y fue reelegida en 2005, ya como primera dama.

En 2007, sucedió en la presidencia a Kirchner, quien falleció por un ataque cardíaco en 2010. Cargando con este golpe personal, hizo campaña en 2011 para unos comicios que le dieron la reelección y en los que obtuvo el 54% de los votos, el mayor nivel de adhesión popular conseguido en unas presidenciales desde la llegada de la democracia.

Protagonismo político

Con un modelo político y económico desgastado, el kirchnerismo, sin alternativa propia al “peso pesado” que representaba ella, su partido perdió las presidenciales de 2015 y debió dejar la Casa Rosada al conservador Mauricio Macri.

Dos años después, Fernández, cuyos problemas con la Justicia habían comenzado sobre el final de su segundo mandato, obtuvo un escaño en el Senado en los comicios de mitad de la legislatura.

Desde entonces, ha estado en el candelero por los escándalos de presunta corrupción, pero cuando muchos vaticinaban que su influencia se diluiría en los laberintos de los tribunales, su sagacidad política la lanzó nuevamente a las cimas del poder político.

Fue en mayo de 2019 cuando, tras meses sin desvelar si apostaría o no por buscar un tercer mandato, sorprendió y sacudió el avispero político al ofrecer a Alberto Fernández, jefe de gabinete durante cinco de los doce años del kirchnerismo en el poder, que liderara él la candidatura presidencial que competiría en los comicios de ese año.

Con CFK como candidata a vicepresidenta, la pareja de políticos limó sus notorias asperezas y supo aglutinar a las diferentes corrientes del peronismo, una unidad que resultó clave para arrebatar a Macri sus sueños de reelección.

Aquella jugada magistral le permitió, como vicepresidenta, acceder desde el 10 de diciembre de 2019 a la titularidad del Senado, un sitio de privilegio desde donde seguir tejiendo su estrategia política, no siempre alineada con los intereses de Alberto Fernández, con quien mantiene públicas y crecientes diferencias desde septiembre de 2021, exponiendo al frente gobernante -y al país- a sucesivas tensiones.

Saga judicial

El juicio oral que afronta Fernández desde 2019 y que ya entró en su etapa final se centra en una de la docena de causas que se han abierto en su contra por presuntas irregularidades durante su gestión.

La vicepresidenta está a la espera del inicio de otro proceso oral en su contra pero fue sobreseída ya en varias otras causas en las que fue investigada.

Fernández, que en los últimos años ha sorteado las peticiones de prisión preventiva dictadas en su contra gracias a los fueros que la protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de una persecución política.

En caso de ser condenada, la vicepresidenta, de 69 años y quien en principio goza de fueros hasta diciembre de 2023, tiene el derecho de recurrir la sentencia ante tribunales superiores.

En un fallo que describe detalles de una presunta trama de corrupción sin precedentes en Argentina, un juez procesó hoy con prisión preventiva a la expresidenta Cristina Fernández, a quien señala como “jefa” de una asociación ilícita creada para recaudar coimas de empresarios.

El auto de procesamiento, de 558 páginas, lleva la firma del juez Claudio Bonadio y saca a la luz pública detalles de una investigación que se aceleró a inicios de agosto pasado con la aparición de unos cuadernos en los que un chófer de un ex funcionario kircnerista anotó movimientos de dinero de los sobornos.

El juez, que ya había procesado a Fernández por otros casos, pidió nuevamente al Senado -una vez que la Cámara Federal de Apelaciones homologue la prisión preventiva- que le retire el fuero a la exmandataria, quien ocupa una silla en la Cámara Alta desde finales de 2017.

El juez convocó a Fernández a presentarse en los tribunales en un plazo de 48 horas para notificarle su resolución y dictó un embargo de los bienes de la expresidenta por valor de 4.000 millones de pesos (85 millones de euros).

Quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015 es señalada por el magistrado como jefa de una asociación ilícita junto a su esposo y antecesor en la Presidencia, Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010.

Kirchner y Fernández “se vislumbran como los jefes de esta asociación delictiva”, opinó el juez, quien afirmó que los mandatarios “daban las directivas y órdenes para el desarrollo de las maniobras investigadas, amén de que resultaban los beneficiarios finales de las miasmas”.

Según Bonadio, que en su escrito hace constar 157 pruebas y la declaración de 51 personas -varias de ellas como arrepentidas-, en la Presidencia de Kirchner “se puso en funcionamiento un sistema ilegal de recaudación” en el ámbito del Ministerio de Planificación que tenía bajo su órbita la concesión de obras públicas.

Este sistema, que implicaba acuerdos con empresarios de la construcción y la ingeniería para la concesión de obras y subsidios e incluía el pago de retornos, “continuó durante la Presidencia de su esposa Cristina Fernández”, quien, para el juez, participó ya de la trama ilegal de recaudación durante el Gobierno de Kirchner.

Según la investigación, el dinero era recolectado por funcionarios del Ministerio de Planificación y entregado a los secretarios privados de Kirchner e, incluso, a los propios mandatarios.

En 87 oportunidades el dinero fue llevado al apartamento de la ahora senadora en el barrio capitalino de Recoleta, pero también constan entregas en la residencia presidencial de Olivos y en la Casa Rosada, según el juez.

“Entre el 25 de mayo de 2013 y el 9 de diciembre de 2015 perpetraron un sistema de recaudación ilegal mediante el cual, por un lado, el dinero era recibido por funcionarios con el fin de enriquecerse y utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos y, por el otro, las personas o empresas que lo otorgaban lo hacían a cambio de algún beneficio o en consideración del cargo que tenían los funcionarios”, apuntó.

El sexto procesamiento de Fernández

Según el fallo, los montos que los empresarios admitieron haber pagado más los mencionados en los cuadernos del chófer Oscar Centeno permiten afirmar que “el flujo de dinero que circuló dentro de esta organización delictiva” asciende a unos 85 millones de euros.

Sin embargo, el juez aclara que algunos empresarios confesaron haber abonado “diversas sumas de dinero durante muchos años” por lo que de momento no se ha podido establecer “a ciencia cierta cuánto dinero se abonó”.

Además de Fernández, Bonadio procesó a otras 40 personas, entre ellas 14 exfuncionarios, 23 empresarios y un exjuez.

La mayoría de los imputados fue procesado con prisión preventiva, aunque una docena de ellos no irá a la cárcel porque han sido aceptados como “colaboradores” (arrepentidos).

Entre los procesados hay importantes hombres de negocios como Juan Carlos Lascurain, extitular de la Unión Industrial Argentina -la mayor patronal del país-; Aldo Benito Roggio, dueño del grupo Roggio; Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América; Enrique Pescarmona, dueño de IMPSA, y el empresario de la construcción Ángel Calcaterra, primo del presidente argentino, Mauricio Macri.

El de hoy es el sexto procesamiento que suma Fernández, investigada en otras causas por presunta corrupción y que asegura ser objeto de una persecución política urdida por jueces y el Gobierno de Macri.

“Era algo que estábamos esperando, habituados a un Bonadio que no está ejerciendo su rol de juez independiente sino de juez arbitrario por fuera del Estado de derecho”, dijo a Efe el abogado de la exmandataria Gregorio Dalbón.

El rumbo de una Argentina embarrada entre corrupción, recortes sociales y laborales, huelgas educativas, inflación del 30%, devaluación del peso y recesión se dictamina día a día entre la sede de tribunales de Comodoro Py –barrio de Retiro, zona portuaria de Buenos Aires– y del Fondo Monetario Internacional en Washington.

La economía está fuera de control. El presidente Mauricio Macri pidió en junio al FMI un crédito por valor de 50.000 millones de dólares a cambio de medidas de recorte del gasto público, y esta semana reclamó un cambio en el calendario para acelerar la llegada esos fondos, lo que los mercados financieros interpretaron como una muestra de impotencia. El peso argentino pagó el precio de una petición que revelaba una situación desesperada. 

La tasa de cambio que ha llegado a superar los 40 pesos por dólar. La moneda local, cada vez más frágil, por primera vez está por debajo del valor del peso uruguayo. El Banco Central, como respuesta, ha elevado los tipos de interés del 45% al 60%, una cifra prohibitiva para el desarrollo económico. Además, los escándalos de corrupción repartidos por buena parte de la política argentina no ayudan a generar la confianza financiera que el país necesita.

Desde los tribunales de Comodoro Py precisamente ha salido la maniobra que protegerá a Macri de cualquier salpicadura que pudiera haberle rozado en el último escándalo, el caso de los cuadernos de las coimas, las fotocopias de los diarios de sobornos en cadena elaborados por Óscar Centeno, exchófer de Julio de Vido, ministro de Planificación con los Kirchner, y de Roberto Baratta, alto cargo del mismo ministerio.

La época en la que Macri y su familia aparecían en las declaraciones de los empresarios interrogados queda oficialmente fuera de la investigación. A pesar de haber indicios de que las irregularidades habrían comenzado en 2004, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli solo se ocuparán de lo sucedido entre 2008 y 2015. Una de las empresas constructoras implicadas en los supuestos sobornos, Iecsa, perteneció a la familia Macri hasta 2007.

Las ya célebres notas del exchófer se estrenan simplemente enumerando trayectos de “mi domicilio al ministerio” o del “ministerio al domicilio del Lic. Baratta” [registro del 01/02/05], o señalando estados puntuales como aquellos domingos en los que permanecía “a disposición”, o las tardes en las que le autorizaban a “irse a casa”.

Ya en 2009, sus apuntes esquemáticos se habían convertido en la profunda descripción de la supuesta trama: “Lo llevé al Ing. Ezequiel García [exdirector de energías renovables del ministerio de planificación] y al licenciado Roberto Baratta a Bouchard 547, piso 26, donde subió el licenciado y lo esperamos con García en el segundo subsuelo. Luego el licenciado bajó con dos bolsos llenos de dinero. Luego fuimos a Maipú 741, 1B, donde bajaron el ingeniero y el licenciado y trajeron dos bolsos con dinero también (mientras les esperaba observé los otros bolsos anteriores y comprobé que poseían dinero, sería aproximadamente 1.300.000 dólares cada uno)”.

Según el texto de la causa, los sobornos pagados por las empresas constructoras de cara a las licitaciones de obra pública desembocaban en manos de “los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel de Vido”.

La figura del arrepentido

Lo cierto es que de momento solo hay declaraciones en las que cada inculpado intenta salvar su futuro. La renovada figura del “arrepentido” (adaptada para casos de corrupción en 2016) se asemeja a la clásica “delación premiada” en Brasil, y está suscitando el mismo debate. Propone reducción de penas a cambio de información veraz sobre otros imputados de igual o mayor jerarquía en el organigrama delictivo. La polémica de los últimos días ha incluido registros en tres domicilios de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández Kirchner. 

Argentina absorbe todas estas turbulencias judiciales y políticas solo un par de meses después de que surgieran posibles irregularidades en las aportaciones económicas a las últimas campañas electorales del partido de Mauricio Macri. La Justicia está investigando una supuesta falsificación documental y lavado de dinero tras las denuncias de más de ochocientas personas que aparecen en la lista de donantes de fondos para las campañas y que niegan haber realizado tal acción.

Por detrás de estos escándalos, continúan desplegándose ajustes presupuestarios a todos los niveles. Uno de los métodos que el Gobierno de Macri aplica para aplicar el ajuste fiscal exigido por el FMI es el de los techos salariales, congelados muy por debajo del dato de la inflación. El presidente consideraba fácil contenerla, sobre todo en sus discursos anteriores a las elecciones, pero a día de hoy no puede impedir su escalada. El techo salarial por debajo de la inflación es la razón por la que actualmente los profesores universitarios han estallado. 

Conflicto en la educación

El ambiente en el ámbito educativo viene caldeado hace tiempo. Al final del primer semestre del año, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal –también bajo la sombra del desvío de fondos en su campaña electoral–, lanzaba un mensaje que fue interpretado como un ataque frontal: “¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en Argentina hoy llega a la universidad?”.

Rectores y vicerrectores de universidades se unieron para lanzar un comunicado contra Vidal –vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires durante cuatro años cuando Macri estaba al frente– en el que le recordaban que “la universidad no es un servicio a prestar, un gasto o una inversión: la universidad es un derecho que debería tener cualquier ciudadano a educarse a nivel superior, adquirir herramientas para transformar su vida y aportar a tener una sociedad más justa, democrática y soberana”.

Los profesores universitarios han iniciado huelgas por todo el país. Toman como ejemplo el éxito de las huelgas en la provincia de Neuquén en educación primaria y secundaria. Angélica Lagunas, profesora y miembro de Izquierda Socialista, es una de sus líderes sindicales: “El año pasado el Gobierno de Macri intentó poner un techo del 19% al incremento salarial. En muchos lugares logró imponerlo. Nosotros [en la provincia de Neuquén], con una huelga de los trabajadores de la educación logramos romper ese techo salarial y logramos un incremento que va del 33 al 37%”.

Según Lagunas, en 2018 la situación ha empeorado y el ajuste es todavía mayor. “El Gobierno puso como techo salarial un incremento del 15%. Acabamos de terminar un conflicto que tuvo 43 días de huelga, y hemos conseguido romper de nuevo ese techo salarial firmando un acuerdo que tiene actualizaciones trimestrales de acuerdo con el índice de precios al consumidor”.

Los docentes estiman que de este modo pueden concluir el año con un incremento del 30%, logrando así estar a la altura del incremento de la inflación. 

En Neuquén, intentando saltar los obstáculos que esos profesores en huelga planteaban al ajuste del Gobierno, Macri aprobó el envío de sustitutos. “Cuando llegaron los suplentes, los echamos, no los dejamos entrar”, asegura la sindicalista Angélica Lagunas. “Nuestro puesto de trabajo es nuestro, y cuando estamos de paro ese puesto no lo ocupa ningún rompehuelgas. A un huelguista se le da respuestas, no se le pone un suplente. Ahí comenzó la mesa de negociación que finalmente terminó con el gran acta que logramos”. Los estudiantes, a su vez, dirigen sus protestas hacia los recortes presupuestarios de los centros universitarios. Han ocupado facultades con concentraciones de varios días y han organizado manifestaciones.

Para rematar esta situación, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ha reconocido que la economía del país retrocederá un 1% al final de este año. Ante semejante escenario, el Gobierno aprovecha para orientar el foco mediático hacia la investigación en curso contra los Kirchner. Dujovne no ha dudado en adjudicarles esta recesión, culpándoles de las dudas de los mercados.

Son 800 pesos (algo más de 50 euros), que no pueden cambiarle la vida a nadie, pero que en Argentina han resultado casi una revolución. La Asignación Universal por Hijo –el ingreso que reciben los menores con padres desempleados o con empleos informales o muy precarios– es uno de los hitos del gobierno de Cristina Kirchner y una medida que, en plena puja electoral, no es cuestionada por ningún partido político. Hasta el liberal Mauricio Macri (al que las encuestas dan por ganador en la segunda vuelta del 22 de noviembre) la ha respaldado y ha prometido su ampliación.

No es la primera medida que se ensaya en América Latina para apuntalar los ingresos de los más pobres. México lleva años con Progresa-Oportunidades y Brasil con Bolsa Família. Pero la AUH argentina, creada en 2009, tiene características excepcionales que le han valido reconocimiento internacional: más que una simple transferencia de capital, supone una ampliación de derechos. 

“La diferencia con lo que se hace en otros países es que aquí se cambió la concepción restringida de la seguridad social en la niñez. En Argentina los hijos de padres trabajadores ya tenían sus beneficios (asignaciones familiares o desgravaciones fiscales), así que lo que se hizo fue ampliar esa cobertura a aquellos que vivían en familias con empleos informales o precarios”. No se puede discriminar a los menores por la situación laboral de los padres“, explica Roxana Mazzola, especialista en desigualdad y autora del libro Nuevo paradigma. La Asignación Universal por Hijo, que ya va por su tercera edición.

Este cambio no es menor en un país en el que la mitad del trabajo en 2002 no estaba en negro (ahora la tasa de empleo informal ronda el 34%). El programa ha sido destacado por Unicef y hasta por el Banco Mundial, que coloca a Argentina entre los países con “mayor performance” por destinar más de 50% de las transferencias al quintil más pobre de la sociedad, gracias sobre todo a la AUH y a los comedores escolares. 

¿Renta básica ciudadana o asignación infantil?

Esa integración bajo el paraguas de la seguridad social y no como un plan de asistencia fue de algún modo revolucionaria pero no inesperada. Argentina llevaba tiempo inmersa en el debate que también se plantea en España de garantizar o no –y en todo caso, de qué manera– una renta básica o ciudadana que amortigüe los efectos de la crisis en los sectores más vulnerables.

“Aquí la discusión sobre la renta básica y los posibles efectos económicos adversos de la universalidad se zanjó poniendo el foco en la infancia. Tomando la carta de Derechos del Niño y haciendo un uso efectivo y no retórico de ella”, sostiene Mazzola. Porque el de los menores es el segmento más afectado por la desigualdad. Mucho más en en una región, Latinoamérica, que tiene el triste privilegio de ser la más desigual del planeta. 

En 1997 el 35% de los niños tenía cobertura de la seguridad social. Hoy es más del 80% de los 12 millones de menores de 18 años de Argentina. La AUH atiende a unos 3,5 millones de menores y embarazadas. De acuerdo con la evaluación realizada por la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, la AUH representa el 24,5% de la totalidad de los ingresos de los hogares receptores y el 36% en las familias más pobres.

“Es un complemento que hay que establecer mientras no se crean nuevos empleos. No garantiza salir de la pobreza, sino que los pobres no estén tan mal”, opina Agustín Salvia, responsable del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), criticado por el gobierno por destacar en sus informes un alto porcentaje de pobreza: el 28% de la población, según el último de ellos.

Para Salvia, “los programas no resuelven el problema de las personas en situación de pobreza. Eso se resuelve con mejores trabajos y mejores condiciones de socialización y de hábitat. Con políticas más integrales de desarrollo”, defiende. Pero reconoce el peso de estas medidas: “Hoy tenemos 10 millones de pobres, y sin las ayudas habría dos millones más. Y de los dos millones de indigentes actuales pasaríamos a cuatro”, señala.

“Muy difícil de erradicar”

Ese dinero de la AUH se usa principalmente para comprar alimentos, ropa, calzado, material escolar y también material de construcción para mejorar las viviendas. “Los prejuicios que se extendieron al principio y que todavía algunos repiten, como que los beneficiarios son unos vagos y que la plata se va en juego y drogas, quedan más que desmentidos en las evaluaciones de impacto de la AUH”, sostiene Mazzola, que menciona otro de los supuestos con los que la medida fue atacada en un primer momento: “tampoco desincentiva el empleo, porque precisamente es un complemento”, defiende la especialista.

Salvia plantea más dudas, porque explica que el magro salario de un empleo de baja cualificación muchas veces no consigue igualar la suma de las asignaciones con los ingresos de la economía informal. “El problema es que Argentina no está creando empleo y eso hace a estas medidas muy difíciles de erradicar”, asegura.

Con todo, los estudios –incluido el de la UCA– muestran que a partir de la AUH hay un descenso del trabajo infantil y de labores femeninas en condiciones de explotación. Otro efecto positivo es el del aumento de los controles sanitarios y de la permanencia en la escuela. Es que los beneficiarios de la AUH reciben un 20% del total de la asignación a finales de año, cuando presentan la constancia de que los niños están recibiendo los cuidados de salud necesarios (incluida la vacunación) y de que concurren a clase.

Para Mazzola el desafío consiste en generar condiciones para la inserción laboral de la mujer y una red de cuidados (guarderías, centros de día para ancianos) que mejore la empleabilidad de las mujeres y así ampliar el porcentaje de cotizantes. “Pero sobre todo es una inversión a largo plazo, en materia educativa y social, para que quienes hoy son beneficiarios de la AUH tengan mejor formación y más oportunidades en el futuro”. La cuestión es si un gobierno de corte más liberal tendría entre sus prioridades mantener esta apuesta en una época de vacas flacas como la que se prevé en la región en los próximos años.

“La AUH no es una medida cara, supone un 0,8% del PIB”, tercia Salvia. Se calcula que el estado invierte al año unos 28.000 millones de pesos (1.750 millones de euros aproximadamente). En todo caso, Salvia no cree que todos los partidos sean “necesariamente partidarios ideológicamente de la medida, sino que han adherido a ella porque es necesario”, remacha. En todo caso, sino por convicción por simple pragmatismo, es poco probable que un gobierno de la alianza opositora Cambiemos elimine la AUH. “En un panorama económico de ciertos ajustes, quitarla produciría un shock muy fuerte. Las familias no tendrían con qué reemplazar ese ingreso y se multiplicaría la protesta social”.

Falta menos de una semana para que las elecciones pongan un primer punto y final a 12 años de kirchnerismo en Argentina. El domingo se sabrá quién sucede como presidente a Cristina Fernández, que dejará la Casa Rosada el 10 de diciembre tras dos mandatos con una aprobación ciudadana que ronda el 50%. El candidato de su partido, Daniel Scioli, encabeza las encuestas. Aunque encarna la opción de continuidad, parece incómodo en su rol de heredero. Estos días ha nombrado públicamente a varios miembros de su hipotético Gabinete, entre los que no hay ni un solo cercano al actual 'Gobierno K'. Mientras tanto, los principales candidatos de la oposición, Mauricio Macri y Sergio Massa, critican a Fernández pero al mismo tiempo intentan no asustar con grandes propuestas de cambio. El kirchnerismo acaba, sí. ¿Pero qué es lo que viene?

Tocan tiempos tranquilos

Para unas elecciones tan cruciales sorprende el poco ruido con el que transita esta recta final de la campaña, incluso en la calle. Un país en el que el fútbol y la política monopolizan las discusiones en los bares, casi siempre subidas de tono, este octubre es inusualmente tranquilo. Las pocas definiciones de los principales candidatos dejan más dudas que certezas sobre lo que pasará a partir de diciembre. Según los analistas, la explicación de este fenómeno hay que buscarla precisamente en el kirchnerismo.

“Los candidatos entienden que el tipo de liderazgo que toca es el de un líder moderado, calmo. La ciudadanía busca ese perfil después de 12 años de gobiernos que, más allá de sus aciertos y errores, fueron muy intensos”, explica Juan Germano, fundador de la consultora política Isonomía.

El discurso del enfrentamiento que ha marcado la gestión de Cristina Fernández parece esfumarse lentamente. Scioli hace gala de su carácter conciliador, mientras Macri y Massa machacan ideas poco agresivas: mejorar la gestión, concentrarse en los problemas que preocupan actualmente a la gente. Aun así, Argentina está muy lejos de una política marcada por el diálogo y el pacto. Mientras el peronismo asume que los kirchneristas se atrincherarán en la provincia de Buenos Aires –hoy feudo de Scioli pero que podría gobernar el actual jefe de Gabinete de la presidenta– para forjar un poder alternativo al de la Casa Rosada, los líderes opositores, que en las primarias sumaron casi el 50% de los votos, no han sido capaces de pactar una candidatura conjunta.

“Sea como sea, seguramente veremos un Parlamento con mayor participación en las discusiones públicas, ya que el reparto de escaños en la Cámara de diputados tendrá variaciones interesantes”, apunta Germano.

La economía asusta

Después de una década de crecimiento sostenido en América Latina, el FMI anticipa retrocesos en toda la región. Para Argentina el pronóstico indica un 0,7% negativo. Y hay cierto consenso entre los analistas de que es necesario un cambio en la política económica, pero eso no necesariamente coincide con las perspectivas de la ciudadanía que ha visto mejorar su situación en los últimos años. “Este gap entre supuesto remedio necesario y las expectativas sociales ha convertido el tema económico en tabú en la campaña”, analiza Germano.

“Las etapas de crecimiento sostenido empujadas por la demanda doméstica y la inversión estatal generan una fuerte presión sobre la balanza de pagos y se caracterizan por la inflación. Esto, a su vez, incentiva la fuga de capitales y el atesoramiento en dólares, amenazando el nivel de las reservas y determinando así continuas devaluaciones del peso (lo cual retroalimenta a la inflación)”, resume el profesor Roberto Lampa. En su artículo Argentina, después de la anomalía K, este investigador del Conicet cree que todos los equipos económicos que podrían llegar a la Casa Rosada comparten la receta de ajuste más devaluación. La cuestión es en qué medida y a qué velocidad se aplicaría.

Este juego de los candidatos de no decir nada –y quizá también de no querer saber de los votantes– puede marcar al próximo Gobierno “una luna de miel mucho más corta de lo habitual, ya que probablemente deba tomar medidas impopulares que son inesperadas para buena parte de la sociedad”, sostiene Germano.

La batalla con los 'buitres'

El gobierno de Cristina Fernández ha librado una batalla pública e internacional contra los fondos buitre que reclaman el pago del valor nominal de bonos emitidos por Argentina tras la crisis de 2001. Aunque no afecta a las pretensiones de NML Capital, que siguen en los tribunales norteamericanos, el Gobierno kirchnerista se ha apuntado un buen tanto diplomático. Ha conseguido que la ONU apruebe una serie de recomendaciones para negociar la deuda soberana de los países. Y entre ellas, la de que se extienda a todos los acreedores la quita que se acuerde con la mayoría. Sin embargo, esto no soluciona el problema. Y la solución del próximo presidente parece alejarse de la línea marcada por la gestión Kirchner. Incluso Scioli apela a un acuerdo con los holdouts.

La política social

“Yo te digo lo que no voy a hacer: no voy a quitarle la ayuda a nadie, no voy a deshacer lo que se ha hecho bien”. Las palabras de Mauricio Macri en el spot de campaña que más se emite estos días deja claro que incluso la oposición prefiere no alejarse de las políticas de inclusión social del kirchnerismo. La cuestión en todo caso será cómo mantenerlas con menos dólares en la caja. Informes como el de Oxfam advierten de que millones de personas que salieron de la pobreza en América Latina en la última década podrían volver a ella en un ciclo económico adverso marcado por la desaceleración de China y la bajada de precios en las materias primas.

Los derechos humanos

Otro de los asuntos dominantes de la etapa kirchnerista, el de los derechos humanos y la lucha por recuperar la memoria histórica, no ha ocupado en esta campaña un rol relevante. “Hay cierto consenso en que la política del Gobierno respecto a los derechos humanos fue buena, por lo que la oposición tiene pocos incentivos para hablar del tema y el oficialismo lo toma como un comodity propio”, explica el consultor de Isonomía.

No está claro si el impulso político que llevó a la reapertura de las causas por delitos cometidos durante la dictadura se mantendrá. Ni si la ampliación de derechos –por ejemplo en materia de identidad sexual– de la gestión Kirchner servirá de base a debates pendientes. No parece que vaya a suceder.

En el único debate que ha habido antes de las elecciones –el primero de la historia argentina y al que Scioli no asistió– estos temas casi no aparecieron. Sólo Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda (3,3% de los votos en las primarias) habló del derecho al aborto, y Margarita Stolbizer, de Progresistas (3,5%) mencionó específicamente las políticas de igualdad y la Ley de Protección Integral de las Mujeres, aprobada en 2009 pero que sigue sin presupuesto. Son temas que no parecen relevantes en el discurso de los principales candidatos, a pesar de que en este país una mujer es asesinada cada 30 horas y de que la ciudadanía ha salido en masa a la calle a respaldar movimientos como Ni Una Menos.

Será una elección muy igualada –las últimas encuestas casi calcan los resultados de las PASO –Scioli 38%, Macri 30%, Massa 21%– así que lo que manda es la cautela. Lejos de hablar de políticas concretas, el discurso general parece enfocarse a seducir votantes de todos los sectores y no molestar a nadie. Incluso Mauricio Macri, que es identificado como la opción más conservadora y no viene del peronismo como Massa, ha inaugurado estos días una estatua de Perón y ha ensalzado su figura junto a dirigentes históricos del movimiento. El kirchnerismo se va. El peronismo permanece.

Esperanza Aguirre se ha estrenado como columnista en El Confidencial. Y lo hace con su tema favorito en los últimos meses: criticar a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. La líder de la oposición del Ayuntamiento de la capital arremete contra quien le arrebató el bastón de mando el pasado 24M por haber visitado a la presidenta argentina, Cristina Fernández, en su reciente viaje al país sudamericano.

Aguirre aprovecha su columna para asegurar que la jefa de Estado argentina es “sin duda, una de las personalidades políticas más corruptas del mundo”. Fernández es, siempre según la concejala madrileña, “heredera de ese peronismo que viene de ser una copia del fascismo mussoliniano” y además “está alineada con los regímenes que más desprecian la libertad en América y en el mundo”.

Carmena viajó a Argentina a presentar su libro Por qué las cosas pueden ser distintas. Aunque la visita no estaba prevista, la presidenta argentina invitó a la alcaldesa madrileña después de mencionarla en uno de los discursos más importantes que ofrece la jefa de Estado del país sudamericano.

Durante la presentación de su libro en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, Carmena respondió a las preguntas de un público entregado, y entre ellas una en la que se refirió a Esperanza Aguirre. Le pidieron una opinión sobre los intentos de la expresidenta madrileña de un acuerdo con el PSOE para sacarla de la alcaldía, y ella contestó encogiéndose de hombros. “Aguirre está en su derecho. Ella suele hacer manifestaciones muy... impostadas. Pero en las distancias cortas es dialogante y accesible”, dijo con una sonrisa. “Un innovador social tiene que saber vivir con la confrontación. Yo sufrí mucho por eso pero he aprendido que lo mejor es rebajar la tensión y es lo que hago: quitar peso a esa confrontación”, aseguró.

En su columna, Aguirre relaciona a Fernández con “los regímenes que más desprecian la libertad en América y en el mundo”. De ahí pasa a Podemos, de ahí a Pablo Iglesias, Iñigo Errejón y Juan Carlos Monedero y acaba en el comunismo que “reivindica a Lenin”.

Aguirre asegura que la visita de Carmena a Fernández da muestras de que la alcaldesa de Madrid no es tan buena como, parece, nos han hecho creer. “No me vale que diga que su valor es la bondad y que aspira a que todos los madrileños vivan mejor y tengan más oportunidades”, dice. “A bondad, lo más que el (sic) concedo a la alcaldesa es un empate”, añade. La concejala madrileña concluye señalando que la visita ha destapado la verdadera ideología de Carmena y cierra la columna recordando que “la ciudad que no le dio la mayoría para ser su alcaldesa”.

Cristina Fernández la había mencionado en uno de sus discursos más importantes del año, frente a una multitud en la Plaza de Mayo. Y aunque no figuraba en la agenda oficial del Gobierno ni en la de Manuela Carmena, de gira en Buenos Aires para presentar su libro, finalmente hubo encuentro entre la presidenta argentina y la alcaldesa de Madrid en la Casa Rosada.

Este miércoles por la noche y junto a la plana mayor del Ejecutivo argentino –el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el ministro de Economía, Axel Kicillof, el secretario legal y técnico (y candidato a vicepresidente) Carlos Zannini y el secretario general de la Presidencia, Wado De Pedro- las mujeres se reunieron en el despacho presidencial. También estaba presente el embajador argentino en España, Carlos Bettini.

Carmena está de visita en Buenos Aires para presentar su libro Por qué las cosas pueden ser diferentes, un compromiso previo a su elección como alcaldesa que Manuela Carmena ha querido respetar. Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid, todos los gastos del viaje corren a cargo de la editorial del libro.

Hoy Carmena mantendrá una reunión con académicos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y mañana viernes presentará su libro en la Biblioteca Nacional.

Una relación “casi inexistente” con Podemos

De su charla con Kirchner no han trascendido detalles, pero la alcaldesa se ha encargado de acentuar su perfil independiente en su primera entrevista en Argentina, que publica el diario La Nación. Allí la alcaldesa insiste en tomar distancia de Podemos y de su líder, Pablo Iglesias. “El vínculo es muy ligero, casi inexistente, porque cuando yo acepté liderar una candidatura popular fue porque se trataba de una candidatura de grupos en los que no había partidos. [...] Podemos apoyó mi candidatura y lo agradecí, pero siempre dije que era independiente y que no recibo órdenes ni sugerencias de nadie”.

Además, asegura que no participará de la campaña para las elecciones generales. “Claro que no [asistiré a actos de Podemos], entre otras cosas porque no soy una persona política, he aceptadi exclusivamente porque era necesario para la gestión municipal. [...] No voy a tener ninguna participación en la política general”. A hablar de su libro, la alcaldesa pronostica la muerte de los partidos políticos: “Hay que encontrar nuevas maneras de hacer política y creo que para eso los partidos sobran”.

La elección de Manuela Carmena y Ada Colau como regidoras de Madrid y Barcelona tuvo una gran repercusión en Argentina, que ve con interés el cambio político en España. Además de convertirse en una noticia destacada en los medios de comunicación, Carmena se convirtió en una referencia para Cristina Kirchner en una de las intervenciones más destacadas del año para la presidenta: el acto del 25 de mayo, en el que se conmemora el primer gobierno patrio y en el que la mandataria habla frente a miles de personas en la mítica Plaza de Mayo.

Fernández aprovechó la oportunidad para referirse al giro a la izquierda de Madrid. “Miren lo que está pasando en Europa. En Barcelona y Madrid han ganado dos mujeres, una activista social y una ex jueza de 71 años que tenía un negocio para ayudar a expresas. Hay un mundo nuevo. Qué no nos vuelvan a poner anteojeras”, se entusiasmó entonces acompañada por los aplausos de la multitud.

Cristina no dejó pasar la oportunidad entonces de utilizar a Carmena en clave de política local. Al hablar de la jueza jubilada destacó con ironía que “allí se jubilan un poco antes”, refiriéndose sin nombrarlo al miembro de la Corte Suprema, Carlos Fayt, de 97 años, ya que entonces el Gobierno intentaba forzar su renuncia.

Se especuló con su candidatura hasta el último minuto, pero ella se encargó, en silencio, de desmentir todos los rumores. Cristina Fernández no aparece en ninguna de las listas que su partido, el Frente para la Victoria, ha presentado oficialmente para las próximas elecciones presidenciales, legislativas y regionales. Sin embargo, esta decisión no significa necesariamente una señal de retirada. Los comicios de octubre tendrán, indefectiblemente, una gran presencia kirchnerista.

Aunque no funcionó la estrategia de colocar como candidato a presidente un delfín K –la corriente dentro del peronismo fundada por Néstor Kirchner–, la presidenta ha hecho valer su peso político para garantizar, aún sin ella, la continuidad de su proyecto.

Las pocas posibilidades de éxito de su apuesta inicial, el ministro Florencio Randazzo, llevaron a Fernández a apoyar al gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, que pertenece a un ala del peronismo mucho más conservadora que los Kirchner y al que ella siempre ha tratado con distancia y hasta de forma despectiva. Pero lo ha hecho con una condición: que le acompañe como candidato a vicepresidente un hombre de su máxima confianza. Carlos Zannini es actualmente secretario legal y técnico de la presidencia, y lleva con los Kirchner desde siempre. Los acompañó cuando Néstor era intendente (alcalde) de la ciudad de Río Gallegos, en la época en la que gobernaban la provincia de Santa Cruz y también en la Casa Rosada.

De hecho, los analistas señalan a Zannini como el factótum de muchas de las políticas que han marcado la gestión presidencial de Kirchner y su esposa. Por ejemplo, la reforma del Poder Judicial y la polémica ley que regula los medios de comunicación. A él –que viene del maoísmo–, se le atribuye también la construcción del relato kirchnerista, que sus críticos reducen a la aplicación de la teoría del conflicto permanente del filósofo Ernesto Laclau, y que según ellos ha acabado con una enorme polarización política. Otros, en cambio, ven en su discurso de confrontación el germen de la política de inclusión que han llevado adelante los Kirchner.

Con todo, Zannini es una apuesta fuerte y segura para Cristina Fernández, que consigue situar a un miembro de su círculo íntimo en la candidatura con más posibilidades de triunfar en las próximas elecciones. Y para Scioli es una forma de conseguir el apoyo de una parte muy importante del electorado, situado más a la izquierda, que ve en su compañero de fórmula la continuidad de una política social muy valorada.  

En el nombre de la madre

La presencia de los kirchneristas no acaba con Zannini. E incluye a los propios Kirchner. Máximo, el hijo de Cristina y Néstor, va en las boletas electorales como cabeza de lista de los diputados para la provincia de Santa Cruz. Y su tía, Alicia Kirchner, es candidata a gobernadora de la provincia.

La corriente que encabeza Máximo –La Cámpora– ha conseguido colocar en puestos de poder a sus miembros más destacados o gente de su entorno. Axel Kicillof, el joven ministro de Economía, figura como primer candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires. Y Wado de Pedro, el camporista secretario general de la presidencia, irá a la cabeza en las legislativas de la provincia de Buenos Aires. Además, el Gobierno ya ha reforzado paulatinamente la presencia de este grupo en varios ministerios y organismos estatales.

Cristina Fernández, que no puede presentarse como candidata a presidenta porque se lo impide la Constitución, acaba su segundo mandato con un importante apoyo ciudadano. En momentos en los que la popularidad de la mayoría de líderes latinoamericanos está bajo mínimos, su figura mantiene entre el 40% y el 50% de aceptación, según las encuestas. De hecho, si pudiera someterse a las urnas obtendría casi seguro una rotunda victoria.

Por eso muchos analistas llevan meses arriesgando que se presentaría como candidata a diputada, senadora o incluso para el Parlasur, el parlamento del Mercosur. Los críticos con Fernández apuntaban a la necesidad de blindarse frente a posibles problemas judiciales. Pero la presidenta sorprendió a todos y desbarató las posibles quinielas.

“Scioli va a ser el jefe de la nación y Cristina la jefa del movimiento peronista”, ha resumido este lunes el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, que aspira a convertirse en gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde viven más de 16 millones de personas.  

En dos años hay otras elecciones legislativas a las que podría apuntarse la ahora presidenta si no pudiera dejar la política. Otra posibilidad a la que comienza a hacer referencia la prensa esta semana es la de que Fernández intente buscar un hueco en Unasur, el organismo sudamericano que concibieron en 2004 Néstor Kirchner y Lula da Silva pero que aún no está funcionando. Allí mantendría relevancia política y trabajaría por un objetivo primordial del kirchnerismo: convertir a Argentina en el motor de un polo de poder regional frente a Estados Unidos y Europa. Un cometido que se antoja difícil –por las crisis internas y la reticencia de algunos países– pero no imposible para una mujer de firmes, y a veces insondables, propósitos.

La concejala de Ciudadanos en Benicàssim, Cristina Fernández, ha sido proclamada diputada provincial por su partido en la Diputación de Castellón. Fernández ha sido la edil señalada desde la izquierda por permitir con su abstención la elección como alcaldesa de Benicàssim de Susana Marqués (PP), imputada por corrupción por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos.

La segunda diputada elegida por la formación de Albert Rivera para la diputación provincial és Cristina Gabarda, concejal del Ayuntamiento de Castellón, designación que ha provocado la división del grupo municipal, pasando dos de los cuatro ediles al grupo de no adscritos.

De este modo los concejales Alba Masiá y Vicente Vidal han terminado la guerra interna que existía dentro de Ciudadanos en Castellón con la partición del grupo municipal. La elección de las dos diputadas provinciales ha sido la gota que ha hecho derramar definitivamente el vaso, y se han salido del grupo pero siguiendo en la institución municipal.

Ciudadanos ha pedido a Masiá y Vidal sus actas de concejales, pero estos se han negando alegando que las actas son personales. Pero la formación, además de recordarles que tienen las puertas abiertas del partido, también les han advertido que no van a ceder a presiones personalistas para obtener cargos públicos u orgánicos.

Esta renuncia de los dos concejales se ha sabido precisamente cuando Ciudadanos también ha anunciado la expulsión de 6 ediles valencianos por pactar con Compromís, haciendo un total de 9 desde las elecciones municipales.

“Parece que los policías argentinos nunca vieron CSI”. La frase de Jorge Lanata, el periodista estrella de la televisión de Argentina, resumía lo que mostraban las imágenes. Un vídeo grabado por la Policía Federal durante el operativo que siguió al descubrimiento del cadáver del fiscal Alberto Nisman muestra cómo se contaminó la escena del hecho, cómo se desatendieron o se modificaron pruebas. En la grabación, difundida este domingo por la noche, se ve incluso a dos agentes limpiando la pistola ensangrentada con papel higiénico del baño del fallecido.

De acuerdo con la mayoría de los peritos de la junta médica –no hay pleno acuerdo sobre esto– Alberto Nisman murió la mañana del domingo 19 de enero de 2015. Mucho más tarde, cerca de las diez de la noche, su madre y un custodio lo hallaron en el baño de su piso con un disparo en la cabeza. El trabajo de la policía comenzó poco después y se extendió hasta el día siguiente, el día en el que el fiscal iba a presentar una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por encubrimiento en el caso del atentado a la mutual judía Amia en el que murieron 84 personas.

Desde el principio corrieron rumores de que la escena del hecho había sido modificada y que gran cantidad de personas se agolparon en el apartamento de Nisman esa madrugada. Incluso se dijo, aunque fue desmentido, que los testigos y policías se habían hecho un café en la cocina del muerto. Pero lo que ahora sí se sabe, gracias a las imágenes difundidas por el programa Periodismo para Todos, es que se cometieron toda serie de irregularidades: agentes tomando huellas sin guantes, trabajando en la mesa de la cocina del fiscal sin resguardarla, dejando huellas o borrando otras que podían ser la clave para saber si se trató de un suicidio o un asesinato.

Errores fundamentales

De la grabación completa, que dura unas cuatro horas, fueron emitidas algunas partes editadas para mostrar los errores más graves, y sin que se viera en ningún momento el cuerpo del Nisman. La fiscal del caso ha defendido hoy la actuación de las fuerzas policiales, aunque en la grabación se la ve incluso a ella dejando marcas en el suelo después de pisar el charco de sangre del baño, modificando así una escena que podía ser reveladora para los peritos.

Viviana Fein ha justificado también una de las imágenes más polémicas del vídeo, donde se ve a los policías manipular el arma del crimen de tal manera que se manchan de sangre partes que estaban limpias y en las que incluso se les ve sacar papel higiénico del baño del fallecido para limpiar la pistola. El objetivo, según Fein, era asegurarse de identificar el arma para que no hubiera dudas sobre esa prueba. El problema es que la sangre –y después la limpieza– borraron cualquier otra huella que pudiera haber habido en la Bersa Thunder calibre 22.

La grabación inédita ha tenido un gran impacto informativo en Argentina en un momento en el que el parecía bajar la repercusión del caso, y vuelve a sembrar dudas sobre la investigación. Los expertos consultados por varios medios escritos destacan que las personas que ingresaron a la vivienda deberían haber usado la protección adecuada (trajes, barbijo, guantes, cobertura para los pies y la cabeza) para “garantizar que no se perdieran o alteraran indicios, que no se incorporaran elementos a la escena, que no contaminara el lugar”.

El vídeo muestra incluso cómo una perito retira dinero y documentación de la caja fuerte sin guantes. Y también el momento en el que varios agentes revisan el contenido del cesto de basura, del que sacan restos de alimentos y los apoyan en una mesa de la cocina.

Otra de las polémicas es que el vídeo policial contiene cortes, cuando, según el programa, lo correcto en estos casos es que se trate de una filmación sin interrupciones. A ello se suma la presencia del secretario de Seguridad, Sergio Berni, que llegó al lugar de los hechos antes que la propia fiscal.

A las cuatro de la tarde no existía otro debate en Argentina que no fuera la asistencia o no a la Marcha del Silencio. En los portales, en los quioscos recargando las tarjetas del Subte, bajo las marquesinas que protegían malamente de una lluvia densa y torrencial. Buenos Aires llevaba varios días anticipando tormenta. Y mientras los porteños se apresuraban por llegar a casa para cambiarse de ropa y hacerse con un paraguas, los alrededores de la céntrica Avenida de Mayo se cerraban al tráfico.

O vas, o no vas. Y fueron. Más de 400.000 personas según la policía metropolitana, una multitud para el que navegaba entre mares de agua y paraguas de colores. A ratos en silencio, a otros, a golpe de murmullos. Justicia fue la palabra más pronunciada, la gran protagonista de una convocatoria que todos se empeñaron en calificar de apolítica. A la cabeza varios fiscales, muy cerca la exmujer de Alberto Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, sus hijas y la madre del fiscal. Muchos guardaespaldas y un buen número de opositores que sin embargo no hablaron de política.

La marcha honra la muerte, todavía sin aclarar, de Alberto Nisman, el fiscal que hace poco más de un mes denunció a la presidenta de Argentina por encubrimiento de los autores del atentado de la AMIA para después aparecer muerto en el baño de su casa. Una muerte calificada de sospechosa, para la que todavía no existe una teoría válida.

Deslizándose entre los grupos que a duras penas avanzaban entre la lluvia una sola petición; conocer la verdad, que esta muerte no quede impune. Entre velas, carteles desteñidos por el agua y algunas flores, la multitud se abrió paso hasta la emblemática Plaza de Mayo.

Cristina Fernández prefirió no estar en la Quinta de Olivos en Buenos Aires, y viajó hasta la residencia oficial de Chapadmalal, en el Atlántico. La orden a sus ministros fue guardar silencio, durante y después del 18F.

En previsión de acontecimientos, Cristina, que durante la mañana volvió a utilizar los canales oficiales de televisión para inaugurar una central nuclear, lanzó dos mensajes claros: el primero que nadie podrá marcarle la cancha, y el segundo, con vistas más internacionales, que aquí en Argentina, “no ponemos bombas nucleares a nadie”.

La marcha aumentó la grieta divisoria entre los argentinos, que mostraron en silencio su descontento con la política del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y aceleraron la sensación de fin de ciclo, muy presente en este año electoral, el último de presidenta para Cristina.

Por eso en su intervención pública, Cristina no olvidó hacer un alegato a favor de sus seguidores políticos. “Los argentinos hemos trabajado mucho para llegar a este punto, no podemos permitir que nos trasladen conflictos o que intenten enfrentarnos entre nosotros”. Reiteró que “el Estado no es mío, no me lo llevo a mi casa y después de 2015 tenemos que garantizarnos que quien quede al frente tenga estas mismas ideas de autonomía”.

Para muchos analistas políticos, ignorar el impacto de esta manifestación supondría un grave error. El 18F ha quedado grabado en la historia de Argentina como el día en el que la justicia pidió silencio para trabajar sin presiones. Cómo se interprete esta petición en las urnas será otro capítulo.

Un mes después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, con un país todavía bajo estado de shock, y una presidenta imputada por presunto encubrimiento a terroristas, el mejor canal para saber qué piensa Cristina Fernández de Kirchner de todo esto sigue siendo Facebook. Una página a la que parece tener especial cariño.

Por Facebook ofreció su primera versión del asunto, que ya fue en si misma un aviso a navegantes para lo que vendría después. Primero habló de suicidio, pero dejó abierto un profundo interrogante. Un por si acaso que terminó de rematar casi una semana después, en su primera intervención televisiva.

El 25 de enero, de blanco impoluto y en silla de ruedas, Cristina entonó un canto a su persona y se presentó como víctima de un ataque a su gobierno. La muerte de Nisman, que acababa de denunciarla por encubrir a los presuntos autores del mayor ataque terrorista sufrido por Argentina, era solo un pretexto para acabar con su buen nombre y desestabilizar a su gobierno. De modo que ya no era un suicidio, era una carambola estratégica, un asesinato. “No tengo pruebas pero tengo certezas”.  Por si acaso anunció la disolución de la ex SIDE, la Agencia de Inteligencia argentina. Una pista de por dónde podrían venir los tiros en un futuro no muy lejano.

La prensa extranjera no daba crédito a las idas y venidas de Cristina, y mientras el 85% de los argentinos declaraba que la muerte del fiscal había dañado su imagen, el 72% anunciaba resignado que la muerte quedaría impune. En pleno año electoral, el testamento de Nisman no ha hecho más que empezar a leerse.

Como si no fuera con ella, Cristina puso tierra de por medio y cumplió con su visita oficial a China, donde gracias a un macabro juego de palabras volvió a conseguir que las críticas de la comunidad internacional le estallaran en la cara. Tampoco pareció importarle.

Mientras tanto, Gerardo Pollicita, el fiscal sucesor de Nisman, continuaba con su cerco a Cristina. El viernes 13 de febrero anunciaba la imputación de la presidenta de Argentina y varios miembros de su equipo por encubrimiento a terroristas. Ahora además quiere saber cuándo y con qué fin los dirigentes imputados visitaron la Casa Rosada. El Equipo K esta en el punto de mira de la justicia. Después de repasar varias veces 80 de las 5000 horas de escuchas telefónicas entre los imputados, cuenta con 50 medidas de prueba. De nuevo un mazazo para Cristina Kirchner. Y de nuevo un comunicado por Facebook.

“¿Saben qué? El odio, el agravio, la infamia y la calumnia se los dejamos a ellos”.

La línea de defensa del Ejecutivo K presentó la imputación de Cristina “como una estrategia judicial de golpismo activo”. La teoría del golpe reabre viejos miedos en la sociedad argentina, pero la presidenta no ha tenido ningún empacho en utilizarla. Para Cristina Fernández de Kirchner su imputación es una clara prueba de las intenciones golpistas de… ¿Quién exactamente?

Ese ellos al que se refiere una y otra vez no parece estar muy definido. Pero Nisman sigue hablando y su muerte ha provocado una tremenda grieta en el tejido social, político y judicial argentino. Y esa grieta terminará de abrirse el miércoles 18 de febrero, cuando unos y otros acudan o no a la Marcha del Silencio, convocada por los fiscales en honor a su colega. Criticada por todo el Equipo K provocó la segunda intervención televisada de la presidenta que esta vez atacó sin pudor a los convocantes. “Les dejamos el silencio, nosotros nos quedamos con la Patria”.

Y de nuevo tierra de por medio. Esta vez hasta El Calafate, en el sur del país, “su lugar en el mundo”, o el lugar en el mundo donde más posesiones tiene la familia Kirchner.

Durante el pasado fin de semana, inauguró un par de obras millonarias y se felicitó por la gestión de su gobierno. Del Caso Nisman ni una palabra. Todo era alegría, hasta que el domingo interrumpió por sorpresa lo que prometía ser una larga estancia y regresó a Buenos Aires. Ni su equipo de gobierno lo sabía.

Salvo sorpresa de última hora Cristina Kirchner estará en la capital porteña durante la Marcha del Silencio. Y no deja de ser significativo su propio autismo argumental cuando se trata de revelar qué hará ese día.  El silencio cada vez hace más ruido en Argentina.

Con una investigación empantanada en la que lo único que se multiplica son las dudas, lo que cada vez está más claro para todos, incluida la propia presidenta, es que Nisman no se suicidó. Pero si no fue el gobierno de Kirchner las posibles respuestas al 'entonces, ¿quién?' resultan todavía más inquietantes.

El fiscal federal Gerardo Pollicita tomó el viernes la decisión que más temía el Gobierno argentino: imputar a la presidenta Cristina Fernández y a otros altos cargos por la acusación de encubrimiento del atentado de la AMIA de 1994 en relación a los agentes iraníes supuestamente implicados en la matanza. Junto a Fernández aparecen imputados el ministro de Exteriores, Héctor Marcos Timerman, el diputado Andrés Larroque, el exfiscal Héctor Luis Yrimia y otras cuatro personas.

La acusación está incluida en la causa 777/15 abierta tras la denuncia del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto cuatro días después en su domicilio con un tiro en la cabeza y en extrañas circunstancias. La primera versión oficial apuntaba al suicidio, pero la propia presidenta cree que fue asesinado. El Gobierno sostiene la teoría de que fue eliminado para perjudicar al Gobierno, mientras que la oposición y varios medios de comunicación denuncian que fue asesinado para cerrar una investigación que implicaba a Cristina Fernández.

El fiscal Pollicita afirma que la operación de encubrimiento fue “orquestada y puesta en funcionamiento por las altas autoridades del gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros”.

El Gobierno se temía lo peor porque horas antes había advertido de que la imputación de la presidenta sería “una clara maniobra de desestabilización democrática”, aunque sin efectos legales. “No tiene ningún valor jurídico, no tiene ninguna importancia”, afirmó el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández.

“Golpismo judicial”

El viernes, el Gobierno argentino presentó ante el juez encargado del caso pruebas y antecedentes “jurídicamente relevantes” para rebatir la denuncia presentada por el fallecido fiscal Nisman. Las pruebas aportadas incluyen documentación relacionada con las órdenes de captura internacional de Interpol emitidas contra los sospechosos iraníes, solicitudes de trámites de extradición, información de la Secretaría de Inteligencia y datos estadísticos del Ministerio de Economía sobre el intercambio comercial, entre otras cosas.

Desde el Gobierno sostienen que “no existe prueba alguna, ni siquiera de carácter indiciario”, que fundamente las acusaciones realizadas por Nisman, en palabras del argentino, Jorge Capitanich.

Durante su rueda de prensa diaria, el jefe de Gabinete del Gobierno, Jorge Capitanich, criticó que el fiscal Pollicita tuviera la intención de hacerse cargo de la instrucción de la denuncia y atribuyó una posible petición de imputación a Cristina Fernández a una estrategia de “golpismo judicial activo” para desestabilizar al Gobierno.

Esta es la imputación a la Presidenta Cristina Kirchner

De blanco inmaculado y con cara de consternación, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, aprovechó su esperadísima primera intervención televisiva tras la muerte de Alberto Nisman para deslegitimar la denuncia del fiscal y anunciar la disolución de la actual Secretaría de Inteligencia.

Cristina, amiga de los golpes de efecto, también informó de la inminente creación de una nueva Agencia Federal de Inteligencia, dado que “el existente proyecto no ha servido a los intereses nacionales”. Para los argentinos, la muerte de Nisman parece ser una buena prueba de su fracaso, pero la presidenta se desmarca de las críticas y afirma rotunda que a pesar de las escuchas y el malestar de los fiscales, no va a aceptar presiones. “A mi no me van a extorsionar, no me van a hacer mover un centímetro, es necesaria una profunda reforma también en el poder judicial. Es necesario que los tres poderes del estado exhibamos trasparencia absoluta”.

A pesar de lo dicho, la nueva agencia de seguridad también dependerá del poder Ejecutivo, pero en este caso tendrá que contar con el Senado para poder funcionar. “Es una deuda que se tenía desde el inicio de la democracia con el pueblo”.

Un periodista huye por supuestas amenazas

El pueblo, sin embargo, parece haber entendido que la letra de este tango entra mucho mejor con sangre, y no se muestra muy sorprendido. Las inquietantes revelaciones del Caso Nisman, lo tienen mucho más entretenido, sobre todo a la vista de los últimos acontecimientos, que sitúan en el punto de mira a los medios de comunicación.

“Estoy a salvo” declaró Damian Pachter al llegar al aeropuerto de Tel Aviv. El periodista del diario The Buenos Aires Herald, el primero en informar sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, aseguró temer por su vida tras haber recibido amenazas por parte de los servicios secretos del país. “Estaba siendo vigilado por un agente de inteligencia, y en Argentina eso no significa nada bueno, seguro que no se quería tomar un café conmigo” declaró.

Damian, con pasaporte israelí, huyó al hogar de sus abuelos sin asimilar todavía el terror que había experimentado en lo que no dudó en calificar como “las 48 más locas de mi vida”.

Razón no le faltaba, cuando la Casa Rosada, a través de la agencia de noticias estatal Télam, se tomó la molestia de informar en su cuenta oficial de twitter del itinerario exacto de su viaje. Primero Montevideo, luego escala en Madrid y por fin, Tel Aviv.

Una ecuación simple. El lunes informa sobre la muerte del hombre que había acusado a la presidenta Cristina Fernández Kirchner de negociar con terroristas, el domingo aterriza a 12.000 kilómetros de su casa con una historia de terror en la mochila, y por el camino vigilan cada uno de sus pasos.

Argentina ya no es un país seguro para nadie que tenga algo que contar. El problema es qué hay mucho que decir y cada vez son más los sectores dispuestos a hacerlo. El descontento general es tan palpable como el desorden gubernamental, que a la vista de los últimos acontecimientos parece incapaz de controlar a la calle, a los medios, y al poder judicial.

Y ahora tampoco a sus espías. La muerte del fiscal que acusó a la Presidenta de negociar la impunidad de los terroristas iraníes sospechosos de haber acabado con la vida de 85 personas en el atentado contra la sede de la AMIA en 1994 ha sacado a la luz la lucha interna que se vive en “La Casa”, el opaco hogar de los servicios secretos del país. Cinco facciones opuestas en pugna por hacerse con el control de los Servicios de Seguridad del país.

“La ex SIDE ha quedado expuesta, esa gran caja negra que nadie sabe qué contiene exactamente”, manifestó un periodista en televisión reproduciendo el sentir general.

Un organismo que nació entre guerras intestinas y que el ex presidente Nestor Kirchner intentó apaciguar en 2004, otorgando poder absoluto a su hombre de confianza, por entonces un desconocido agente de nombre Antonio Stiuso, alias “Jaime”. Carambolas de la vida, hoy pieza fundamental en la investigación del Caso Nisman.

El espía al que conocían todos

La trayectoria de Stiuso es tan oscura como jugosa para el que tenga ganas de investigar. Más de 40 años como espía en Argentina dan para muchas anécdotas, pero quizá la que mejor recuerda el país es la que sin querer protagonizó en 2004, cuando el entonces Ministro de Justicia, Gustavo Beliz, le acusó de corrupción dentro de la SIDE y mostró públicamente una foto de su rostro, la peor afrenta para un espía.

Néstor Kirchner zanjó el asunto en una reunión privada con un tajante “Dejá, de eso me encargo yo” y el Ministro de Justicia acabó pidiendo exilio voluntario en EEUU.

En aquella reunión también estaba Cristina Kirchner y probablemente le vino a la cabeza cuando el pasado diciembre, harta del descontrol de “la Casa”, y arrinconada ante la inminente denuncia de Nisman, decidió jubilarlo. Una maniobra arriesgada dado que Stiuso era el agente que su propio marido había asignado al fiscal como mano derecha en la investigación del Caso AMIA.

Esta claro que algo falló. Stiuso pasó de ser un aliado del Equipo K a convertirse en su principal enemigo. Muchos sostienen que fue precisamente el, quien facilitó a Nisman las pruebas más concluyentes contra Cristina: las escuchas que involucran a hombres de su gobierno con agentes iraníes. Pero todo camino de ida tiene un camino de vuelta.

“Quitaron a Stiuso por pasarle información a la CIA”, declaró Juan Gabriel Labake tres días antes de la muerte del fiscal. “El siguiente paso es Nisman”. Con estas palabras resumía la situación el abogado de uno de los acusados en el caso AMIA. Resultaron literalmente proféticas.

Tras la publicación de Cristina Kirchner de su segunda entrada en Facebook, en la que con un giro de 180 grados aseguró estar convencida de que el fiscal fue asesinado -en la primera estaba segura de que era un suicidio-, el gobierno acusa a Stiuso de ser el ideólogo de la denuncia de Nisman, y cada vez más ostentosamente, también lo trata como el principal sospechoso de su asesinato.

Pero el efecto dominó de esta muerte todavía calificada como “dudosa” es tan imparable como imprevisible. De momento ya ha expuesto a la luz pública el caos que reina en los servicios de espionaje argentinos, temerosos primero de las implicaciones del caso AMIA, y ahora también, de los amenazadores tentáculos del Caso Nisman. La batalla entre las facciones del Equipo K y sus opositores se ha convertido en un striptease mediático. Según un alto funcionario de los tribunales federales “hay una guerra interna entre bandas de la ex SIDE, y Nisman quedó en medio”.

De hecho el primer imputado del caso ha sido su más estrecho colaborador, Diego Lagomarsindo, el hombre que facilitó a Nisman la Bersa calibre 22 que acabó con su vida.

Las escuchas publicadas hasta ahora dejan en clara evidencia los tratos entre agentes del gobierno argentino y representantes del régimen iraní.

Por eso Nisman estaba pletórico el día que presentó la denuncia. “Tengo a los iraníes aceptando en las grabaciones que pusieron la bomba en la AMIA. Lo peor es que tipos de la SIDE le avisaron Moshen Rabbani –clérigo iraní acusado de ser el cerebro de la operación- de lo que iba a hacer el gobierno. Es impresionante”.

Pero en juego de espías el cazador también fue cazado. Según ha explicado una diputada cercana al fiscal, Nisman había recibido amenazas desde Irán.

“Nos contó que había estado amenazado. Lo que más lo había compungido era una de las escuchas que decía que un agente secreto le había pasado información sobre él y su familia a uno de los imputados en la causa AMIA. No podía creer que un fiscal argentino fuera traicionado así”, declaró Patricia Bullrich.

De momento no ha trascendido el nombre del agente que traicionó a Nisman, por el contenido de las grabaciones queda claro que todos los negociadores argentinos hablan con la confianza que da hacerlo con el respaldo de la Casa Rosada, de un gobierno que ahora se desmarca y asegura que nunca trabajaron para él.

¿Entonces… para quién?

Según la cada vez más cuestionada presidenta, “los espías no eran espías, y la verdadera operación contra el gobierno era acabar con Nisman”.

Mientras tanto la fiscal del caso, Viviana Fein, sigue tomando declaración a los protagonistas de la trama, y esta se va oscureciendo a medida que pasan los días. Las declaraciones de los escoltas de Nisman no coinciden y lo que ocurrió durante las diez horas previas a su muerte sigue siendo un misterio.

Resulta complicado pensar que las implicaciones del caso Nisman acaben en el propio Nisman. De ser ciertas las escuchas, hablarían de una diplomacia paralela en la que habrían participado muchos más agentes. Un juego de espías en el que inevitablemente alguien tendría que ejercer de víctima. Pero lo cierto es que si en 20 años de investigación no ha existido ni un solo imputado, en poco más de una semana, ya son varios los nombres que podrían sentarse en el banquillo de los acusados.

Cuesta creer que esta trama se reduzca a una guerra intestina entre espías despechados que operan al margen del gobierno. Sobre todo, porque las conversaciones cruzan la frontera del Atlántico y apuntan directamente a los negocios más turbios del terrorismo internacional. ¿Es eso lo que descubrió Nisman y por tanto firmó su sentencia de muerte? ¿O en realidad prefirió quitarse de en medio?

Los argentinos temen, que como tantos de sus muertos, el fiscal se lleve su secreto a la tumba.

Los muertos no pueden hablar, pero sobre el cadáver del fiscal Alberto Nisman crecen las preguntas. La hipótesis del suicidio pierde peso con cada nuevo descubrimiento de la investigación judicial, mientras la sociedad argentina se debate entre el miedo y la incredulidad.

Los investigadores han tardado dos días en localizar el tercer acceso al lujoso apartamento de Nisman, pero finalmente han dado con él. Se trata de un pasadizo habilitado para situar los aparatos de aire acondicionado del edificio, un estrecho desfiladero metálico que une la casa del fiscal con la de un vecino, circunstancia muy común en Buenos Aires. Precisamente en esa entrada encontraron una pisada y una huella digital, descubrimientos que podrían tirar por tierra la teoría de que no hubo terceras personas involucradas en sus últimas horas de vida.

El constante goteo de novedades sobre el caso arroja muchas dudas y ofrece pocas certezas. El cerrajero que acudió a la llamada de la madre del fiscal para abrir la puerta de servicio, contradice con su testimonio la versión oficial del gobierno, que en un principio mantenía que la puerta estaba cerrada. “Esa puerta la podía abrir cualquiera. Estaba abierta, solo había que girar un poco la llave”.

Rodeado de un enjambre de periodistas, pero aparentemente tranquilo, Walter, el cerrajero, aseguró que nunca llegó a entrar al apartamento. La madre de Nisman le pagó nada más abrir la puerta. Siempre trabajó acompañado por el jefe de Bomberos. Ni siquiera sabía, y así lo declaró ante la fiscal Viviana Fein, por qué le habían llamado.

Las redes sociales en seguida se ocuparon de él, y reflejando el sentimiento general de miedo que vive el país, se preguntaron si no necesitaría también un escolta. Lo mismo que el presunto agente de inteligencia Ramón Allan Bogado, uno de los nombres desvelados en la denuncia de Alberto Nisman, ahora pública, que según el fallecido fiscal, habría actuado como enlace entre los gobiernos argentino e iraní. Bogado ha sugerido que teme por su vida y que está dispuesto a declarar.

El mediático juez federal Ariel Lijo, sucesor de Nisman en el caso AMIA, y conocido por sus causas contra el kirchnerismo, ha pedido al Ministerio de Seguridad custodia oficial para él y para el otro supuesto agente de la Secretaría de Inteligencia acusado en la investigación de Nisman, el exfiscal Héctor Yrimia.

Sin embargo, el secretario de Inteligencia argentino, Oscar Parrilli, ha negado que cualquiera de los dos haya sido nunca un agente contratado por su secretaría, la SIDE, según varios periodistas especializados, “una caja negra cuyo funcionamiento nadie conoce”.


Esa versión contradice la que ofrecen las escuchas grabadas por Nisman, donde queda claro que ambos mantenían contacto directo con miembros del gobierno de Cristina Kirchner y trataban asiduamente con Jorge Khalil, el principal sospechoso del atentado de la AMIA de 1994, y el enlace más importante con el gobierno de Teherán. Según se desprende de estas grabaciones, el objetivo de las conversaciones era activar las relaciones comerciales entre ambos países a cambio de otorgar la inmunidad internacional a los sospechosos del atentado terrorista. En definitiva, la tesis que Nisman pretendía probar ante el Congreso, y la que apuntaba directamente como instigadora a la presidenta de la República argentina.

Pero como en toda novela policíaca que se precie, las pistas van desmontando las primeras hipótesis, y la trama se llena de preguntas sin responder. En torno a la muerte de Nisman, a medida que avanza la investigación, se multiplican los interrogantes.

“Tristemente no había pólvora”

Tres días después del inicio de la investigación el cuerpo del fiscal continúa en la morgue de la calle Viamonte a la espera de nuevas pruebas. Y ya ha empezado a hablar. Según los primeros resultados de la autopsia, el disparo se efectuó sin que la pistola se apoyara en la sien del fallecido, en otras palabras, a varios centímetros del cráneo, circunstancia poco común entre los suicidas.

El barrido electrónico realizado por los forenses, conocido como dermotest, tampoco es concluyente. Según la fiscal del caso, “tristemente no había pólvora en las manos de Nisman”.

Su exmujer, la jueza Sandra Arroyo Salgado, no cree en la hipótesis del suicidio. El perfil psicológico del padre de sus dos hijas no cuadra con el de un suicida, algo que corroboran sin dudar sus colaboradores cercanos y los muchos periodistas con los que Nisman mantuvo contacto hasta el sábado anterior a su muerte. Por si esto fuera poco, un primo de la madre del fiscal, que pudo acceder al apartamento, asegura que encontró una nota dirigida a la mujer de la limpieza en la que le encargaba las compras que tenía que realizar el lunes.

Las incógnitas no terminan aquí, para empezar por qué todavía ninguna versión consigue establecer con certeza qué pasó durante el último día de vida del fiscal.

Según los escoltas que han prestado declaración, Nisman pidió el sábado a los diez agentes que le protegían que lo dejaran solo hasta las 11.30 de la mañana del domingo. Pero cuando acudieron a esa hora el fiscal no respondía, ni a la puerta, ni al teléfono. Sin embargo, el médico que acudió a realizar el primer informe forense estableció que la muerte de Nisman no se produjo hasta las 14.30 de la tarde. ¿Qué ocurrió entretanto?

Y todavía más intrigante: ¿por qué los escoltas llamaron primero a la madre y no a sus superiores? Para cuando consiguieron entrar en la casa, gracias al cerrajero, ya eran las 21.30 de la noche. ¿Qué ocurrió en esas diez horas de las que nadie sabe dar cuenta?

Aparece un ministro

Para complicar un poco más el asunto, la administración de la torre Le Parc, último hogar del fiscal en el opulento barrio porteño de Puerto Madero, amenaza en un comunicado con emprender acciones legales contra todo aquel que hable con los medios o comparta información sobre el edificio. Un jarro de agua fría para los periodistas argentinos, que desde el minuto uno se han volcado con la historia y en ningún momento han ocultado su malestar.

Pero el tiempo va ofreciendo más pistas, y por el tortuoso camino de la investigación, los protagonistas de la trama van desvelando su nombre. Y el que más llama la atención es el del secretario de Seguridad, Sergio Berni, el primero en personarse en el lugar de los hechos, antes incluso que el juez Manuel de Campos, la fiscal Fein, o la propia policía federal. El ministro Berni argumentó chulescamente que el “podía ir a todas partes” y que si acudió el primero fue para que “nadie ingresara ni tocara nada”. Pero no contestó a dos preguntas importantes. ¿Quién le dio el aviso? ¿Qué hizo hasta que llegaron las autoridades judiciales?

Sus palabras fueron recogidas por el exdirigente peronista Juan Ricardo Mussa, que no ha tardado en presentar una denuncia ante la jueza María Servini de Cubría por encubrimiento.

Otro personaje a estudiar por la justicia es Diego Logomarsino, el colaborador que supuestamente entregó a Nisman el arma que acabó con su vida, la Bersa calibre 22 que no dejó rastro de pólvora en sus manos. Según su versión de los hechos, presentada voluntariamente ante la fiscal, Nisman le pidió el arma para defenderse porque tenía miedo, pero resulta que el fallecido ya tenía dos armas registradas a su nombre. ¿Para qué quería una tercera?

La justicia analiza ahora los posibles vínculos con agentes de la SIDE de este especialista en informática, que trabajaba desde hacía años para la fiscalía, y que cuadruplicaba el sueldo medio de un argentino. Ahora cuenta con 15 escoltas. A fecha de hoy es la última persona que vio con vida al fiscal.

En Buenos Aires, el miércoles terminó con una manifestación de solidaridad para Alberto Nisman ante la sede de la AMIA, en la calle Pasteur, el escenario del peor atentado terrorista sufrido en Argentina, y por el que más de diez años después, nadie ha sido imputado. Los participantes se unieron en una sola consigna: “No queremos respuestas, queremos la verdad”.

Y es justamente esa verdad, hoy por hoy compuesta de muchas verdades a medias, la que temen no conocer nunca los argentinos. La muerte de Nisman les ha obligado a viajar en el tiempo, devolviéndoles a los años más duros de la dictadura, los años de plomo, los años del miedo. La pregunta es ahora, ¿qué van a hacer con el?

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha autorizado este lunes la desclasificación del material de inteligencia que utilizó el fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman -muerto en extrañas circunstancias- para denunciar a la mandataria por presunto encubrimiento de terroristas y la revelación de la identidad de los espías también acusados.

Además, la autopsia ha revelado en un informe preliminar que el fiscal murió como consecuencia de un balazo en la cabeza, según fuentes oficiales. La fiscal Viviana Fein, que investiga la muerte de Nisman, ha recibido un informe preliminar de los forenses que señala que el cuerpo tenía un orificio de bala con entrada en el parietal derecho y pérdida de masa encefálica. 

A través de dos comunicados, el secretario de Inteligencia, Óscar Parrilli, ha solicitado “la desclasificación de la identidad, las acciones, los hechos y las circunstancias correspondientes al personal de inteligencia” que surgen de las interceptaciones telefónicas entregadas por Nisman a la Justicia de aquel país.

Parrilli, considerado uno de los hombres más próximos a la presidenta, ha tomado esta decisión, que había sido requerida días atrás por Nisman, para “brindar la colaboración que sea necesaria” en medio de la conmoción provocada por la sorpresiva muerte del fiscal. El secretario de Inteligencia también ha ordenado identificar a los espías que fueron denunciados por Nisman “a efectos de proceder al levantamiento de secreto de los mismos”.

Las cartas del secretario de Inteligencia están dirigidas a la jueza María Servini de Cubría, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4 de Buenos Aires.

Ocho años de investigaciones

Tras ocho años de investigaciones, Nisman denunció el pasado miércoles a Fernández por considerar que el memorándum de entendimiento aprobado en enero de 2013 con Irán incluía un presunto encubrimiento de los sospechosos del atentado contra la AMIA, a cambio de las relaciones comerciales y el intercambio de petróleo por granos en un contexto de crisis energética en Argentina.

La denuncia, basada en escuchas telefónicas, alcanza al canciller, Héctor Timerman, al diputado oficialista Andrés Larroque, los militantes Luis D'Elia y Fernando Esteche, personal de la secretaría de Inteligencia de la Presidencia argentina, el exfiscal federal y exjuez de instrucción Héctor Yrimia y el referente comunitario iraní Jorge “Yussuf” Khalil.

Nisman, fiscal especial a cargo de la investigación sobre el atentado en 1994 contra la mutual judía AMIA, fue hallado muerto este lunes en su vivienda del exclusivo barrio de porteño de Puerto Madero con un tiro en la sien.

Informe forense: “Murió a consecuencia de un balazo”

El informe preliminar de la autopsia practicada al cadáver de Alberto Nisman concluye que el fiscal argentino murió a consecuencia de un balazo en la cabeza, informaron fuentes oficiales. La fiscal Viviana Fein, que investiga la muerte de Nisman, recibió un informe preliminar de los forenses que señala que el cuerpo tenía un orificio de bala con entrada en el parietal derecho y pérdida de masa encefálica. 

La bala penetró dos centímetros por encima de la oreja por el parietal derecho de la cabeza, según los expertos. Los peritos policiales confirmaron que la bala que provocó la muerte del fiscal argentino procedía de la pistola de calibre 22 encontrada bajo su cadáver en su departamento de Buenos Aires.

Ahora, la Justicia espera que el Registro Nacional de Armas (Renar) informe si la pistola encontrada por los investigadores es una de las dos armas registradas a nombre del fiscal.