El hasta ahora gestor de Mediapro, Jaume Roures, ha confirmado que el consejo de administración del grupo de comunicación decidió apartarlo como consejero delegado ya que consideran que su gestión “no es adecuada”.

En una entrevista en Rac1, Roures ha lamentado que el comunicado oficial de la empresa dijera que se había “desvinculado”, en lugar de hablar abiertamente de despido. “Me han quitado responsabilidades”, ha apuntado.

El fundador de Mediapro ha explicado que Tatxo Benet, presidente y consejero delegado, le comunicó que esperaba que se quedara como socio un tiempo, “a la espera de operaciones corporativas” para hacer dinero con la venta de sus acciones. “Yo no sirvo para estas cosas. Si no tengo capacidad de gestión, prefiero ir a casa”, ha asegurado.

Roures ha confirmado que actualmente mantiene un 5% de las acciones, pero que tiene la intención de venderlas y salir definitivamente de la compañía.

El empresario ha asegurado que se tomó la noticia “pacíficamente” y que pensó en comunicar la situación a sus empleados a través de un correo. Pero Roures denuncia que Tatxo Benet le impidió enviar este comunicado a los más de 7.000 empleados en el que aseguraba que le habían “censurado”.

El fundador de la compañía asegura que cuando entregó el texto del correo para que fuera enviado por la plataforma interna, le “pusieron pegas”. Cuando Roures se quejó a Benet de que le estuviera “censurando el comunicado”, la respuesta fue que no se pueden “usar los canales internos para cosas que no sean convenientes”.

Roures ha apuntado que ya veía venir la situación actual y que intuía que le serían retiradas las responsabilidades. Pero se ha mostrado convencido de que con su salida la empresa “no se irá al garete”. Por su parte, no ha descartado crear una nueva empresa audiovisual.

Horst Dassler es un desconocido para gran parte de los aficionados al fútbol actual. Sin embargo, su manera de entender la generación de ingresos televisivos para la FIFA cambió por completo cómo el seguidor se sienta en su salón a ver los partidos de su selección. Hoy, cuarenta años después, este negocio supone para el órgano regulador del fútbol mundial la principal fuente de ingresos de cara a su cita más importante y también uno de los principales focos de corrupción de las competiciones de la FIFA.

La historia de la FIFA en las últimas décadas ha estado marcada por distintos escándalos que han manchado el nombre del organismo y de sus competiciones. La elección de sedes del Mundial, de presidentes del mayor órgano de gobierno del fútbol, o los programas de inversión en países en desarrollo han causado un fuerte deterioro de la imagen del ente federativo. Y, por supuesto, el principal negocio para la FIFA, la televisión, no se escapa de esta alargada sombra, incluso desde su inicio.

Las cámaras se enfocarán en todo el mundo hacia el balón cuando eche a rodar en Qatar este domingo. La selección local y Ecuador disputarán el partido inaugural del mundial más polémico de los últimos 40 años. Pese a las numerosas denuncias sobre la explotación laboral en la construcción de los estadios o de los incumplimientos de los Derechos Humanos en el país, la FIFA aspira a incrementar sus ingresos de pasadas citas mundialistas. El organismo no ha hecho pública su previsión de ingresos vinculada directamente con el Mundial. Para conocer esta estimación hay que acudir a las cuentas de la FIFA, que se realizan por ciclos entre campeonatos mundiales, cada cuatro años, siendo esta competición el grueso de la facturación. En el actual (2019-2022), la federación internacional aspira a ingresar 6.440 millones de dólares. De ellos, más de la mitad, 3.300 millones corresponden a los derechos televisivos. En el anterior periodo, que acabó con Rusia 2018, los ingresos audiovisuales fueron de 3.100 millones.

Las cifras constatan la relevancia del evento para las televisiones y el interés por hacerse con los derechos. Los derechos audiovisuales son a día de hoy uno de los principales negocios del fútbol mundial. Prueba de ello han sido operaciones como la venta de un porcentaje de LaLiga, en España, o de la LFP, en Francia, al fondo de inversión CVC, a cambio de una parte de los ingresos televisivos. La liga alemana, DFL, también busca su socio financiero desde el verano. El Mundial, no es menos. Según datos de la propia FIFA, el pasado Mundial lo siguió una audiencia acumulada de 3.672 millones de personas. La final que Francia ganó a Croacia fue vista por 516 millones de espectadores, lo que lo convierte en uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo. Una reciente encuesta realizada por Ipsos en 34 países señalaba que el 55% de la población adulta tenía previsto seguir algún encuentro del campeonato.

En España, el mundial podrá verse de dos maneras. Por un lado, la televisión pública, TVE, emitirá los partidos de la selección española, así como encuentros destacados de cada fase. Por otro lado, Movistar, que emitirá todos los partidos y contará con un canal 24 horas. Sin embargo, los derechos pertenecen a Mediapro, la productora con capital chino afincada en Barcelona y dirigida por el empresario Jaume Roures, editor del diario Público. Se hizo con esta potestad en enero de 2019, por un importe que no se hizo público.

Fuera de España, hay multitud de actores nacionales con derechos para el Mundial, pero también hay gigantes regionales que retransmitirán los partidos en decenas de países. Es el caso de la propia catarí BeIn Sports, dirigida por Nasser Al-Khelaifi, dueño del PSG. La compañía estatal ha tenido un papel clave en los derechos televisivos en países como Francia o, en el pasado, en España. Su participación se ha visto salpicada en ocasiones por escándalos de corrupción para obtener este producto. Será la encargada de emitir el Mundial de Qatar en Francia, sus territorios de ultramar, y la mayor parte de países musulmanes. Otros actores relevantes en el reparto son la sudafricana Supersport, que retransmitirá el Mundial en 43 países africanos, o New World TV, que estará en el África francófona. En Europa, la UER, propietaria de Eurovision, distribuye los derechos en 37 países. Fox, por su parte, será quien lo retransmita en EEUU.

Este negocio ha estado salpicado en el pasado por una continua sombra de sospecha. El citado Dassler fue dueño de Adidas, colaborador de la FIFA. Decidió crear en los ochenta International Sport & Leissure (ISL), una compañía con la que empezó el boom de la explosión comercial del mundial de fútbol. Adidas era ya, junto a Coca-Cola, uno de los principales patrocinadores de la FIFA y Dassler, conocedor del potencial de negocio, comenzó a explotar a través de ISL todos los ingresos comerciales y de televisión del Mundial y el resto de competiciones.

Un reciente documental emitido por Netflix, ‘Los entresijos de la FIFA’, se adentra en la relación entre Dassler y el entonces presidente del organismo, João Havelange, durante más de una década. En este periodo, ISL explotó este creciente negocio a cambio de sobornos hacia el presidente. El documental señala a esta compañía como un “banco” para la FIFA, al ser el proveedor de sus jugosos ingresos. La compañía quebró a comienzos del siglo XXI, ya con Joseph Blatter al frente de la FIFA, dejando una situación económica compleja. 

“Conducta delictiva” de una filial de Mediapro

Pero este no ha sido el único caso de corrupción vinculado a la emisión del Mundial en televisión. Uno de ellos afectó a Mediapro, la compañía de Jaume Roures, propietario del diario Público. La sociedad, comprada por el grupo chino Southwind, reconoció en 2018 al Departamento de Justicia de EEUU un sistema de sobornos a directivos de la federación de fútbol de los países caribeños y de América Central para emitir los partidos de clasificación para los mundiales de 2018 y 2020.

“Imagina Media —filial de Mediapro— ha aceptado la responsabilidad por su conducta delictiva y la de su subsidiaria Imagina US, y también ha aceptado la responsabilidad por no haber llevado a cabo una pronta investigación interna al conocer las acusaciones contra sus agentes”, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado. A cambio de evitar el juicio, la compañía tuvo que abonar 22 millones de dólares. Está asunción de actuaciones corruptas no le ha impedido ser una de las empresas que gestiona los derechos televisivos del Mundial de Qatar.

Dos años después, se conoció una investigación mucho más amplia en EEUU contra directivos de la FIFA por aceptar sobornos en la concesión de la organización de los mundiales de Rusia y Qatar. Estas investigaciones alcanzaron a directivos de grupos mediáticos por presuntamente haber sobornado a ejecutivos del fútbol para obtener los derechos audiovisuales, salpicando a grandes compañías como Fox, Televisa o Globo. El dueño del PSG y director de Bein Sports, el qatarí Nasser Al-Khelaifi, y el que fuera número dos de la FIFA, Jerome Valcke, también han sido enjuiciados en Suiza por presunta corrupción en los contratos televisivos para distintos campeonatos.

Adidas y Coca-Cola, fieles a la FIFA

Pero los ingresos de la FIFA para este mundial van más allá de los derechos televisivos. El 51% procede de este negocio, mientras que la segunda es el marketing, con el 28%. Ambos negocios explotaron bajo el acuerdo que sellaron Dassler y Havelange y se mantienen como las principales fuentes de ingresos para el organismo. Hoy aportan a la FIFA 1.760 millones entre 2019 y 2022, frente a los 1.600 millones del periodo anterior. Los escándalos del campeonato en Qatar no han mermado, aparentemente, la previsión de ingresos del organismo

Algunos de estos “socios” de la FIFA se mantienen desde hace décadas. Es el caso de Coca-Cola o Adidas, quienes estuvieron detrás de la profesionalización de los patrocinios en los campeonatos organizados por el organismo. Ambas empresas han evitado hacer una condena firme sobre la elección de Qatar como sede, pero tuvieron que salir al paso de las críticas reconociendo que “se puede hacer más” para garantizar los Derechos Humanos en el país o posicionándose en favor de las compensaciones para los trabajadores migrantes.

A estas dos marcas se unen dos multinacionales qataríes, como Qatar Airways y Qatar Energy. Completan la lista de patrocinadores otras grandes compañías como Visa, Wanda, o Hyundai. Las criptomonedas y las NFT, que se han convertido en un actor cada vez más importante para los patrocinios en el mundo del fútbol también están presentes en los acuerdos de la FIFA para Qatar. El gigante Crypto.com, uno de los principales actores de este sector, firmó en marzo un acuerdo de patrocinio con el organismo.

Los sucesivos ágapes del excomisario José Manuel Villarejo y el magnate Jaume Roures en Madrid parecen confirmar lo que desde hace meses viene apuntando la periodista Patricia López, exreferente de Público y ahora directora de Crónica Libre: que existe algún tipo de pacto entre el empresario que dice ser trotskista y el mayor símbolo de las cloacas policiales surgidas en los estertores del franquismo.

La fotografía de la última cena entre ambos, divulgada por The Objective, podría tener entre algunos izquierdistas que aún se creen las soflamas trotskistas del magnate un efecto similar al que causó en la familia comunista el pacto Ribbentrop-Molotov (1939), por el que Stalin y Hitler sellaron su colaboración contranatura ante la incredulidad y desesperación de tantos comunistas que arriesgaban su vida para frenar al fascismo.

Sin embargo, ayuda mejor a entender la situación otra referencia marxista, también de 1939, año en que Leon Trotsky publicó Su moral y la nuestra, quizá el libro más controvertido del dirigente bolchevique y, sin embargo, una referencia para Roures, cuya lectura sigue recomendando, como hizo en su última charla en La Tuerka. Fue sobre todo a partir de este “gran libro” –Roures dixit– cuando los trotskistas quedaron estigmatizados como supuestos defensores de que “el fin justifica los medios”.

Leído en el siglo XXI, alejados del contexto previo a la Segunda Guerra Mundial, Su moral y la nuestra incomoda también a muchos trotskistas. Tuve ocasión de debatirlo con Miguel Romero, Moro, referente político y moral de esta tradición en España, histórico editor de Viento Sur, fallecido prematuramente en 2014. Romero lo consideraba un libro menor y el que menos definía el pensamiento de Trotsky. En su opinión, se explicaba solo por la situación de desesperación y aislamiento en que se encontraba el dirigente bolchevique en el punto álgido del nazismo, mientras sus camaradas eran masacrados por Stalin y a las puertas de una guerra mundial que sabía inminente.

Un libro brutal para tiempos brutales, del que una determinada lectura podría efectivamente extraer un método de análisis implacable basado en que “el fin justifica los medios”. Un método que, sacado del contexto en que fue escrito, también es aplicable más allá de la política, incluso cuando el fin deja de ser la Revolución y pasa a ser el negocio. Quizá es en este sentido en el que Roures puede seguir alardeando de “trotskista”.

Con semejante cobertura intelectual es más digerible que el conglomerado capitalista creado por el magnate tenga desde hace más de tres décadas un complejo entramado societario en Holanda, país que el propio diario Público –administrado por Roures– suele calificar de paraíso fiscal. O utilizar el soborno para adquirir derechos deportivos, una práctica reconocida por el conglomerado ante la fiscalía de EEUU en 2018 en un procedimiento por el que el cofundador de Mediapro Gerard Romy –también ávido lector de Su moral y la nuestra– se encuentra a la espera de juicio en Nueva York tras aplicársele la ley antimafia por las prácticas continuadas de Mediapro en América.

De hecho, buena parte de la trayectoria empresarial del magnate se ha basado en asociaciones supuestamente contranatura. A pesar de haber moldeado su imagen pública a partir de una retórica de militante izquierdista, la realidad es que Mediapro se ha ido construyendo también gracias a la asociación con la derecha.

La acumulación primitiva de capital que dio origen a Mediapro procede básicamente de TV3 durante los años de hegemonía de Jordi Pujol, donde Roures y sus socios tenían simultáneamente un pie dentro –en la sala de mandos de Deportes y de su presupuesto– y otro fuera, a través de vehículos empresariales contratados por la cadena pública. Esta trabazón llevó a que Roures y sus socios llegaran a convertirse en empresarios de la máxima confianza del pujolismo y del sector de los negocios de Convergència.

Las huellas de la trotskovergencia son muy visibles en múltiples operaciones durante más de tres décadas, que llegan hasta hoy: desde la absorción de los restos de Mediapark –uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos del pujolismo, en la década de 1990– o de Mercuri, productora del exdirector de TV3 que impulsó las externalizaciones en la cadena y que después se convirtió en director general de Difusión de Pujol, hasta el caso Triacom, que ahora mismo se está investigando en la Audiencia Nacional en una pieza separada del 3% de financiación irregular de Convergència.

Según la investigación conjunta de Mossos y Guardia Civil, Triacom, que vivía básicamente de adjudicaciones hinchadas de TV3, era un instrumento para abonar gastos de Convergència –incluida la campaña de Artur Mas en 2010– y pagos a dirigentes del partido o a su entorno. La productora del 3% tiene múltiples vínculos con Mediapro: el propietario era un alto ejecutivo de la multinacional, los servicios jurídicos se contrataban al despacho del jefe jurídico de Mediapro, compañía que a su vez participaba del accionariado de Triacom (10%) y era además su principal proveedor.

Tras los pactos del Majestic, que en 1996 sellaron Jordi Pujol y José María Aznar, las asociaciones supuestamente contranatura se extendieron a la derecha española más dura. No solo por la gran sintonía con Javier Tebas, factótum de La Liga y, como recuerda Fonsi Loaiza en Florentino Pérez. El poder del palco (Akal, 2022), exjefe regional de Fuerza Nueva en Aragón y hoy entusiasta de Le Pen; sino también por algunas figuras clave del aznarismo.

Una de las más significativas es Juan Ruiz de Gauna, el hombre que pilotó la operación mediática más ambiciosa del aznarismo: el lanzamiento de Vía Digital, con la inmensa caja de Telefónica y toda la potencia del BOE, para intentar acabar con el Grupo Prisa. Tras el fracaso de la operación, Ruiz de Gauna aterrizó en Mediapro como integrante de su núcleo duro, y ahí sigue. O Miguel Cardenal, hijo del fiscal general nombrado por Aznar que tanto empeño puso en evitar la extradición de Augusto Pinochet, e integrante de una saga muy próxima al Opus Dei y a la derecha, que saltó a Mediapro desde la secretaría general del Deporte con Mariano Rajoy en un ejemplo de libro de puerta giratoria.

La idea de que el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero ayudó mucho a las empresas de Roures está muy instalada, pero la realidad es que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que más contribuyó a su prosperidad, una vez confirmado el cierre de la edición en papel de Público: aprobó la fusión entre Antena 3 y La Sexta pese a las reticencias expresadas por el organismo de la competencia en un momento de crisis aguda de solvencia de La Sexta; forzó la venta concentrada de los derechos televisivos de la Liga –Cardenal mediante–, atendiendo así a la reivindicación histórica de Tebas y Roures; y hasta adjudicó a una filial de la multinacional la señal televisiva de La Moncloa apenas unas semanas después de que Mediapro hubiera ejercido de centro internacional de prensa del referéndum independentista en Cataluña, con lo que blindó su perfil profesional en momentos de extrema tensión política.

Y todo esto con el puño siempre levantado, no vaya a ser que alguien le confunda con un revisionista o un renegado social-traidor.

Una jueza de Barcelona ha descartado que el periodista Pere Rusiñol injuriase al empresario Jaume Roures al llamarle “otro estafador” en una entrevista. La magistrada María Antonia Coscollola concluye que el periodista no atribuyó con su calificativo ningún delito a Roures sino que lo empleó “como palabra común en el sentido de sentirse engañado” por el empresario en la crisis que llevó al cierre de la edición en papel del periódico Público.

En un auto, la magistrada archiva la querella por injurias y calumnias que Roures había interpuesto contra Rusiñol. El empresario había activado la vía penal contra el periodista por una frase de una entrevista que Rusiñol concedió al diario Regió 7 por su trayectoria como periodista en El País y Público y su papel como fundador de las revistas Mongolia o Alternativas Económicas.

En esa conversación, Rusiñol se refería al proceso de cierre del periódico Público en papel, relataba el ERE acometido por la empresa editora, participada por Roures, y calificaba de “estafador” al propietario de Público, del que explicaba que les dejó de pagar dos meses. “Controlaba la sociedad desde una empresa en Holanda, un paraíso fiscal, y eso que nosotros criticábamos los paraísos fiscales. Cuando lo descubrimos ya había cerrado”, manifestó Rusiñol en la entrevista.

La magistrada da plena credibilidad a lo que explicó el periodista en fase de instrucción. “Ha quedado claro que las manifestaciones [en la entrevista] las hizo en referencia al momento de crisis laboral que afectó a los trabajadores” de Público, recalca la jueza.

Recuerda además la jueza que la empresa realizó un ERE y dejó de pagar “las cantidades debidas” a sus empleados, quienes aceptaron un expediente de empleo en octubre de 2011 que provocó 40 despidos y una “importante reducción salarial”. La editora, no obstante, presentó el 3 de enero del 2012 concurso de acreedores y el 24 de febrero se procedió a su liquidación.

Ese es el contexto, remarca la magistrada, que explica las palabras de Rusiñol sobre Roures en la entrevista. “El periodista se refirió al Sr. Roures como 'estafador' porque se sentía engañado por la dirección de la empresa”, resuelve la jueza.

La jueza considera que el calificativo de “estafador” fue empleado por Rusiñol “en el sentido de sentirse engañado, porque a pesar del esfuerzo que hicieron los trabajadores, finalmente la empresa se liquidó y no se percibieron las cantidades que se les debía o se les había prometido”, y que pueden enmarcarse como “un acto de protesta con el fin de denunciar o solucionar una situación que a su entender era a todas luces injusta”.

En consecuencia, abunda la instructora, “no puede defenderse la existencia” de un delito de injurias o calumnias, tal y como defendía Roures, que no obstante puede recurrir el archivo del caso ante la Audiencia de Barcelona.

A través de un vídeo publicado en la revista Mongolia, para agradecer el apoyo recibido, Rusiñol ha explicado que la campaña de crowdfunding que emprendió continúa para sufragar los eventuales gastos del proceso si Roures recurre, así como para alimentar la caja de resistencia ante hipotéticas acciones futuras “que se propongan amedrentar la libertad de información”.

El periodista también ha indicado que con la campaña busca “involucrar al mayor número de personas y mostrar que, a diferencia del personaje despedido de la película El buen patrón, se trata de una causa colectiva en defensa de la libertad de expresión y del periodismo incómodo con el poder, que cuenta con una extensa red de apoyo”.

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel y 14.400 euros de multa para el exresponsable de informática y sistemas de Mediapro, y un directivo de Bonus Sports Marketing (BSM), por presuntamente espiar los correos electrónicos del propietario de la productora audiovisual, Jaume Roures. El Ministerio Público les atribuye un delito continuado de descubrimiento de secretos de empresa. La acusación particular ejercida por Roures reclama la misma multa, pero cinco años de cárcel para el informático, y una indemnización de 100.000 euros que destinaría al Casal d'Infants del Raval. La denuncia se dirigió también contra el expresidente del Barça Sandro Rosell, que fue fundador de BSM y que finalmente fue exculpado.

El informático trabajaba en Mediapro desde el 2001 y fue despedido en 2011 a raíz de estos hechos ahora juzgados. Junto con su esposa administraba una empresa informática que, al mismo tiempo, facturaba servicios profesionales en el FC Barcelona y en BSM. Cuando fue despedido de Mediapro fue contratado como director de informática y tecnología del Barça, en la época en la que Rosell era el presidente. El otro acusado fue el gerente de Mediapro de 2000 a 2006 y luego pasó a dirigir BSM, competencia de Mediapro, y también dirigió el área de secciones deportivas del Barça.

Según el escrito de la Fiscalía avanzado por 'El Periódico' y el de la acusación particular, a los que ha tenido acceso la ACN, al menos entre el 10 de julio de 2009 y el 13 de julio del 2011, el informático, “actuando a petición y de común acuerdo” con el exdirectivo de BSM accedió, “de manera sistemática” y sin consentimiento, el correo electrónico profesional de Roures y copió los mensajes que el ejecutivo de Mediapro enviaba o recibía de entidades y personas “relacionadas con su ámbito profesional”. Estos e-mails iban a parar, según las acusaciones, a la bandeja de entrada del correo del exdirectivo, a quien le interesaban las comunicaciones sobre la actividad de Mediapro porque su empresa se dedicaba, al menos en parte, al mismo sector de marketing deportivo.

Los correos interceptados se referían a trabajos publicitarios, a aspectos relacionados con el negocio televisivo de Gol TV –canal de Mediapro–, a las relaciones del grupo con entidades financieras, a litigios con Sogecable y Audiovisual Sport sobre los derechos de la Liga española, al concurso de acreedores de Mediapro y a asuntos vinculados con contratos de derechos audiovisuales como los del Barça. Además, según los peritos, se han encontrado al menos 118 correos interceptados con información relativa a la vida privada de Roures como comidas con amigos, asistencia a entregas de premios, conversaciones privadas con sus socios o comunicaciones personales con terceras personas.

En una de las frases más emblemáticas del Manifiesto Comunista, Karl Marx escribió que “todo lo sólido se desvanece en el aire” y miles de lectores de todo el mundo la han subrayado hipnotizados al leerla. Es muy probable que también lo hiciera Jaume Roures, exmilitante trotskista y fundador de Mediapro, multinacional con domicilio en Barcelona que está viviendo en sus propias carnes una versión propia de la lapidaria sentencia de Marx: la irrupción, en 2018, de la corporación en el mercado francés de los derechos televisivos del fútbol, que se suponía iba a convertirla en el gran actor europeo del sector, se ha saldado en apenas dos años en un fracaso estrepitoso que ahora le deja en un estado económico y reputacional extremadamente crítico: el ascenso fue tan fulgurante, desafiando incluso las leyes de la física, que ahora corre el riesgo de que todo se desvanezca en el aire.

La historia del fiasco es muy conocida, sobre todo en Francia, donde toda la prensa -de derechas y de izquierda; generalista y especializada- lleva tiempo dedicándole mucha atención, un extraño contraste con lo sucedido en España, a pesar de que se trata no solo de una importante corporación con sede central en Barcelona, que facturó 1.800 millones de euros en 2019 -casi el doble que el Grupo Prisa-, sino que es también el socio estratégico de la Liga de Fútbol Profesional, la segunda más importante del mundo, e histórico gestor de los derechos televisivos internacionales de los clubes españoles.

Mediapro irrumpió en el fútbol francés a lo grande, arrebatando los derechos televisivos al operador histórico -Canal Plus- con una oferta de esas que no se pueden rechazar: prometía elevar el caché internacional de la Liga francesa, que se encuentra un peldaño por debajo de la española y la inglesa, crear un canal temático y ultramoderno, Telefoot, para la difusión de los partidos y, sobre todo, repartir un auténtico maná a los clubes: 780 millones de euros al año durante cuatro temporadas.

Las mareantes cifras, que suponían un aumento del 60% sobre el precio de referencia de la subasta anterior, causaron escepticismo en algunos analistas, que ya advirtieron entonces de los riesgos de la operación, acentuados por la negativa de Mediapro a presentar avales. Esta negativa a avalar ha sido en realidad una constante en la historia de la multinacional desde que logró el primer gran contrato de derechos televisivos del fútbol, cedido por el FC Barcelona de Joan Laporta y Ferran Soriano sin exigencia de aval, un controvertido empujón que precisamente sirvió de base para que la empresa retara al Grupo Prisa a una guerra del fútbol que Mediapro logró ganar ante un imperio en decadencia, ya muy condicionado por la enfermedad de Jesús Polanco.

Pese a estas voces críticas aisladas, Mediapro fue recibido en 2018 en Francia como el gran salvador del fútbol francés, con un despliegue mediático que en general combinaba el entusiasmo con la curiosidad por este personaje atípico que iba a llevarles a otro nivel y a enriquecerles a todos, el peculiar “trotskista catalán” Jaume Roures. Nada que ver con la brutal sucesión de informaciones negativas desde el pasado octubre, cuando Mediapro incumplió por primera vez su compromiso de pago, de 172 millones de euros. Tras incumplir el segundo, este diciembre, de otros 152 millones, la Liga francesa, que ahora ve amenazada su propia supervivencia ante el roto financiero causado, ha pactado con Mediapro la salida del operador, que se ha comprometido a abonar 100 millones de euros en compensación por el estropicio, de forma que la Liga recupera los derechos con la esperanza de volver a contar con Canal Plus, aunque tenga que pedírselo de rodillas.

El vodevil supone un mazazo económico extraordinario para Mediapro, que atraviesa una situación económica muy delicada, según ha subrayado la agencia de calificación Moody’s, pero el daño reputacional es incluso mayor: se suma a la fallida operación de Italia, donde un contrato análogo no se llegó a firmar precisamente por la negativa de Mediapro a presentar avales y ahora los clubes le reclaman en los tribunales una indemnización millonaria, y a la imagen que ha dado unánimemente la prensa francesa de la corporación con sede en España: de muy poco fiable en el mejor de los casos, y directamente de “atracadores” en el peor. Las acusaciones se centran además en Roures, que es quien en 2018 personificó el supuesto milagro, como si de un rey mago se tratara, y que ahora ha sido satirizado con saña en los más prestigiosos medios de Francia, como 'Le Monde' y el deportivo 'L’Equipe'.

Mediapro justificó su impago del pasado octubre por el devastador impacto que ha tenido el coronavirus en el negocio del deporte y en base a ello aspiraba a renegociar a la baja los compromisos de pago adquiridos. Pero el modelo prometido por Mediapro, que arrancaba esta temporada 20-21, ya se había comprobado inviable desde su inicio mismo, ante las visibles dificultades de la compañía por revender partidos a otros operadores y el fracaso de Telefoot, el nuevo canal temático ahora condenado al cierre, que necesitaba en torno a cuatro millones de abonados para alcanzar el umbral de rentabilidad y se ha quedado en apenas 600.000, y según datos de la compañía.

El impacto del coronavirus ha sido ciertamente muy importante, pero sobre todo para la viabilidad misma de Mediapro, como señalan sucesivos informes de Moody’s, que ya ha situado a la matriz, Joye Media, en calificaciones equivalentes al bono basura. Para hacer frente a la pandemia, la compañía se acogió inmediatamente al ERTE y ante las tensiones de tesorería tuvo que solicitar un crédito de 60 millones de euros, que solo pudo cerrar tras el compromiso de los socios de inyectar otros 60 millones adicionales y de lograr entrar en el nuevo esquema de avales del ICO para cubrir el 70% del préstamo solicitado, según detalla Moody’s en una nota del pasado julio. En octubre, consumado ya el primer impago en Francia, la agencia subrayaba “la dificultad de Mediapro por monetizar los derechos del fútbol de forma rentable” y advertía del explosivo combinado que supone tener “tesorería débil y alto endeudamiento”: según sus cálculos, la caja contaba solo con 143 millones tras las nuevas inyecciones, una cantidad muy alejada de los 324 millones comprometidos para antes de final de año solo a los clubes franceses, y con una deuda de la compañía que ronda ya los 1.000 millones, con escasísimo margen pues para acceder a nuevo crédito.

Por duras que puedan parecer estas cifras, el impacto más importante del coronavirus en Mediapro es todavía más profundo porque trunca el gran objetivo estratégico de la salida a Bolsa, una operación prevista para 2021 o 2022 y ya encargada a Rothschild para el parqué de Londres. Es el proyecto de esta operación, que ahora deviene absolutamente inviable y con la que sus promotores esperaban movilizar entre 3.000 y 4.000 millones de euros, lo que en buena medida explica los arriesgados movimientos impulsados por Mediapro en los últimos años, incluyendo el de Francia.

La irrupción de Mediapro en Francia coincidió precisamente con la entrada en la compañía del fondo chino Orient Hontai, que tras invertir 1.000 millones de euros se convirtió en 2018 en el accionista mayoritario, con el 53,5%, pese a lo cual no se ha involucrado en la gestión, que ha seguido en manos de sus socios históricos, Jaume Roures y Tatxo Benet. Ello revela bien la naturaleza y objetivos del fondo, motivado básicamente por conseguir una rápida rentabilidad con la salida a Bolsa en el horizonte. Según los planes previstos, y de acuerdo con la valoración estimada de la operación bursátil, Orient Hontai aspiraba a una rentabilidad de entre el 50% y el 100% de su inversión antes de cuatro años, mientras que en este marco Roures y Benet se habrían podido embolsar hasta 500 millones de euros cada uno.

De ahí que el objetivo de salida a Bolsa condicionó toda la estrategia de la compañía. Para aumentar su valoración era aconsejable esconder en lo posible la gran dependencia de los derechos del fútbol español -señalada claramente por Moody’s en sus sucesivos informes-, unos activos que además pertenecen a los clubes y no a la multinacional, y por ello emprendió el arriesgado Gran Salto Adelante con operaciones como la compra de la productora El Terrat, la creación de Mediapro Studio y la pretendida (y fracasada) irrupción como gran player europeo de los derechos televisivos del fútbol reventando el mercado en Italia y Francia.

Este Gran Salto Adelante tampoco acabó bien. Todas estas operaciones pueden considerarse de muy alto riesgo económico y financiero si se piensa en el largo plazo, pero tienen sentido si lo que está en marcha es una operación para aparentar solidez en el corto plazo con vistas a salir a Bolsa, según los esquemas clásicos del capitalismo especulativo. Pero puede ser una auténtica temeridad si aparece algún imprevisto, ya sea el coronavirus o cualquiera de las sacudidas cíclicas que afectan al capitalismo, una posibilidad que los lectores atentos de Marx conocen perfectamente. Y tanto los capitalistas que han sido trotskistas como los fondos que operan con la aquiescencia del Partido Comunista de China (PCCh) necesariamente lo son: hasta suelen tener subrayado que “todo lo sólido se desvanece en el aire”.

Después de pasar varias semanas en el congelador, finalmente TV3 estrenó el domingo El cas Rosell, un documental que aborda los 645 días que el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y su socio Joan Besolí pasaron en prisión preventiva y que concluye que el proceso judicial dirigido por la juez Carmen Lamela estuvo plagado de irregularidades. Pero el estreno no cerró la polémica asociada al documental. Al contrario: la agrandó. El programa se estrenó sin la firma del director y guionista, Víctor Lavagnini, redactor de Deportes con más de 30 años de experiencia en TV3, que en un gesto con muy pocos precedentes se acogió a la cláusula de conciencia ante las interferencias de la dirección.

El Comité Profesional, que reúne a periodistas de la cadena para velar por el respeto al libro de estilo, dio amparo al periodista, pero descartó que hubiera sido objeto de censura, mientras que el Comité de Empresa, que representa a todos los trabajadores, emitió una nota lamentando “el recorte” sufrido por el documental, mostró comprensión ante “las razones profesionales del compañero por no firmar” y consideró “desafortunado, se le quiera llamar censura o no, eliminar del programa hechos innegables”.

¿Pero cuál es “el recorte” sufrido por el documental? ¿Cuáles son los “hechos innegables eliminados” que provocaron la insólita retirada de la firma?

La filtración de los mensajes cruzados entre Lavagnini, Sanchis y el Comité Profesional apuntan directamente a que el director de TV3 exigió que se mutilara la referencia a la multinacional con sede en Barcelona Mediapro-Imagina en la comisión rogatoria llegada de EEUU en 2015, que precipitó la apertura del caso Rosell en España. Pero basta con ver el programa, sin necesidad de ninguna filtración, para notar dicha ausencia, evidente: se cita a todos los actores por los que se interesaron las comisiones rogatorias llegadas de Nueva York en el marco del llamado FifaGate, la macrocausa anticorrupción en el mundo del fútbol, salvo, efectivamente, a Mediapro-Imagina. Salen el propio Rosell, claro, los dirigentes de la FIFA Julio Rocha y Rafael Esquivel -nicaragüense y venezolano, respectivamente, pero con cuentas en España-, pero falta el cuarto actor implicado: Mediapro-Imagina.

La ausencia de la multinacional en la descripción factual de la comisión rogatoria llegada de EEUU que origina el caso Rosell, por imposición del director de TV3, llama mucho la atención, pero es coherente con el sorprendente silencio que la cadena pública catalana ha mantenido sobre la causa del FifaGate durante los cinco años de investigación en EEUU, a pesar de su innegable relevancia informativa y de afectar a una gran multinacional catalana. La audiencia de TV3 sencillamente no ha oído hablar nunca de ello.

Tras la citada comisión rogatoria de 2015, el FBI llevó a cabo, bajo la coordinación de las autoridades judiciales enviadas por EEUU, Marc Varri y Scott Francis Carpenter, los registros de las sedes de Mediapro-Imagina en Barcelona, en Madrid y en Miami, un hecho insólito de gran relevancia informativa del que no se hizo eco la televisión pública catalana.

En 2018, uno de los socios principales de Mediapro-Imagina, Tatxo Benet, firmó de su puño y letra y en nombre de la multinacional, un documento para la Fiscalía de EEUU en el que admitía un esquema de sobornos pagados en nombre de la compañía con la participación de distintas filiales (EEUU y Lisboa) y el visto bueno del departamento contable central, en Madrid, para la adquisición de derechos televisivos del fútbol en América. Por este esquema corrupto, admitido, la corporación aceptó pagar una multa nada menos que de 20 millones de euros. Pero esta noticia de gran relevancia informativa tampoco la dio TV3.

Y el pasado marzo, los fiscales de Nueva York entregaron al juez el documento final de conclusiones del FifaGate, tras cinco años de investigación, en el que atribuyen al cofundador de Mediapro Gerard Romy, jubilado en 2016 tras estallar el escándalo, hasta seis delitos gravísimos, incluido el de “crimen organizado”, por los que se enfrenta a una petición de más de 20 años de cárcel en EEUU. Los fiscales estadounidenses le acusan de prácticas corruptas continuas en EEUU y América Latina durante una década en la adquisición de derechos televisivos para la multinacional, en coordinación con varios socios estratégicos de Mediapro, como la brasileña Traffic y la argentina Full Play. Esta noticia tampoco la ha contado TV3.

La única mención en TV3 de la implicación de Mediapro-Imagina en la macrocausa del FifaGate habría salido, pues, y apenas de refilón, en el documental de Lavagni sobre el caso Rosell, pero el director también lo impidió.

Algunos han tratado de desacreditar al autor del documental subrayando que es amigo de Rosell, pasando por alto no solo una trayectoria de tres décadas sino también los conflictos de intereses potenciales del propio director de la cadena. Sanchis no solo ha hecho toda su carrera bajo el manto protector de Lluís Prenafeta, el que fuera todopoderoso secretario general de la Presidencia de Jordi Pujol en la Generalitat, implicado en mil y una conspiraciones para poner el Barça bajo el control de Convergència y el nacionalismo; sino que ha sido incluso su biógrafo oficial. Y también fue director de Barça TV durante los dos últimos años de la presidencia de Joan Laporta, el enemigo acérrimo de Rosell, justo el momento en que Mediapro-Imagina alcanzó el cenit de contratos en el club azulgrana: derechos televisivos, museo del club, producción y realización...

En los últimos años, la TV3 de Sanchis se ha convertido en una de las principales oposiciones a la junta actual del FC Barcelona, que está en el centro de una cada vez más indisimulada batalla política ante la inminencia de las elecciones, que serán como muy tarde el verano del año que viene.

Sanchis ya fue reprobado por el Parlament, lo que no le ha impedido seguir en el cargo como si nada y ahora incluso ha asumido quemarse personalmente para que en TV3 siga sin citarse -¡ni de refilón!- los problemas para Mediapro-Imagina derivados de la macrocausa del FifaGate en EEUU. Debe de ser un tema realmente importantísimo porque incluso se ha arriesgado a que, tras la emisión de El caso Rosell, acabe explotando el 'caso Sanchis'.

Jaume Roures ha respondido este lunes a las acusaciones del expresidente del Barça, Sandro Rosell, de estar detrás de una “conspiración” contra él que le llevó a entrar en prisión preventiva durante 22 meses. “Suponer que tengo algún tipo de influencia en la Audiencia Nacional da risa”, ha afirmado el director general de Mediapro.

En una entrevista en Rac1, Roures ha empezado diciendo que no quería encender el “ventilador” –“esto es algo a lo que se dedica Sandro”, ha añadido–, pero al poco rato ha acusado al exdirigente barcelonista de haberle espiado el correo durante tres años, motivo por el que está denunciado y pendiente de juicio. “La policía ha dictaminado que la persona a la que sobornó en mi casa tenía 14.000 correos míos que se los pasaba a él y a sus secuaces”, ha asegurado.

El descubrimiento de este supuesto espionaje, ha defendido Roures, sería el origen del “problema” que Rosell tiene con él. Sobre si se plantea denunciarlo por las insinuaciones de conspiración, ha zanjado: “Cuando llegue el juicio [sobre el espionaje] ya hablaremos de dónde está cada uno”.

Rosell explicó durante su entrevista de este domingo en 'Lo de Évole', la primera que da en televisión desde su salida de la cárcel, que no tenía dudas de que había habido una conspiración contra él y que detrás de ella podría estar Roures. Según el expresidente del Barça, el exdueño de Mediapro alardeó en una entrevista en TV3 de saber que pasaría “mucho tiempo”s. “Esto me hace malpensar”, dijo Rosell. Sobre esto, Roures ha contestado que simplemente lo dedujo por “cómo se movían las cosas y por lo que estaba acusado”, igual que con los presos del procés afirmó que el Tribunal Supremo se planteaba entre 10 o 15 años de condena de cárcel.

Rosell fue absuelto de los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal que le atribuía la Fiscalía y por el que se le pedían seis años de cárcel, si bien la petición original era de 11. Pasó 22 meses en prisión preventiva. Ahora el exdirigente azulgrana se ha querellado contra la jueza Carmen Lamela por haber ocultado documentación de “gran relevancia” para la causa.

El empresario y expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell ha apuntado a una “conspiración” para explicar su absolución tras 22 meses en prisión preventiva, y ha insinuado que detrás de la misma estaría el director general de Mediapro, Jaume Roures. Además, ha considerado que el proceso soberanista y la catalanofobia influyeron en el inicio de su investigación.

En su primera entrevista televisiva concedida a 'Lo de Évole' (La Sexta) tras ser exculpado, Rosell ha rechazado que su detención y sus 643 días en prisión provisional –el periodo más largo de prisión preventiva para un imputado por delitos económicos en la historia judicial española– sean producto de un “error judicial”. “No tengo duda de que ha habido una conspiración y quiero saber quién hay detrás de mi caso”, ha afirmado Rosell.

A la hora de buscar a los responsables de la conspiración, Rosell ha señalado a Roures, ya que, según el expresidente del Barça, el exdueño de Mediapro alardeó en una entrevista en TV3 de saber que pasaría “mucho tiempo” en prisión tras su primer mes entre rejas. “Esto me hace malpensar”, ha expresado Rosell.

En la comisión rogatoria que dio pie a su encarcelamiento se pedía, según el expresidente del Barça, un registro en la sede Mediapro por los sobornos admitidos por una filial en EE. UU. de la productora de Roures. Sin embargo, el registro no se llegó a producir. “Todo esto me extraña y un día quiero saber qué pasó. Dios dirá, hoy no puedo decir ni 'sí' ni 'no', pero él siempre estaba cerquita en pasajes alrededor de mi caso”, ha indicado Rosell sobre Roures.

Menos claro ha sido Rosell al ser preguntado por si el fichaje de Neymar por el Barça le generó “enemigos”, entre ellos Florentino Pérez, que maniobraran para iniciar la investigación. “Enemigos es una palabra muy fuerte, pero sí se creó una rivalidad extra a la que ya existía”, ha expresado el expresidente del Barça. A diferencia de Roures, Rosell no ha situado expresamente a Florentino Pérez en la “conspiración”.

Además de las personas concretas que supuestamente conspiraron contra él, Rosell ha apuntado a la catalanofobia y al hecho de que durante su presidencia el Barça autorizara a la Vía Catalana de la Diada de 2013 pasar por el Camp Nou como catalizadores de su causa judicial: “Hoy parece que por el hecho de ser catalán automáticamente pasas a ser un delincuente”.

“Antes por ser catalán te respetaban en España y te veían trabajador y ahora es el 'a por ellos'. Me parece muy bestia todo esto y hay que revisarlo”, ha continuado Rosell, que ha concluido que ser catalán “no ayudó” en su investigación judicial. Respecto a su posición en el debate soberanista, Rosell ha explicado que en un referéndum votaría 'sí', pero que si finalmente los partidarios de la secesión se impusieran en la votación él se marcharía de Catalunya.

Rosell también ha sostenido que en la sociedad actual “tener dinero está muy mal visto y se ve como si tuvieras que estar cerquita de la delincuencia”. “Se eligen gobiernos y hay competencia para ver quién es mas pobre. Si alguien tras treinta años de trabajar tiene 1.000 euros en la cuenta yo no le voto para gestionar el país”, ha aseverado, para a renglón seguido apostillar: “Hemos llegado a la guerra de ver quién es el mas 'tirao' y pensar que el más pobre será el mejor dirigente”.

La Audiencia Nacional, en la sentencia por la que absolvió a Rosell, sí consideró pertinente la apertura de una investigación habida cuenta del movimiento del dinero por distintos paraísos fiscales –y declarado a la Hacienda española– que el expresidente del Barça cobró por conseguir un contrato de derechos televisivos de la selección brasileña de futbol para una televisión árabe.

Rosell, que se ha querellado contra la instructora de su caso, la jueza Carmen Lamela, ha negado la mayor y ha recordado que la investigación se inició once años después de que se produjeran los contratos y cuando todo el dinero ya estaba declarado a la Agencia Tributaria. “¿Es normal once años después, transferencias entre particulares y sin denuncias? ¡Que baje Dios y lo vea! Puse el dinero en Andorra por motivos fiscales pero luego pagué, cuando me presenté al Barça lo declaro todo, y todo lo que sea legal es normal”, ha argumentado.

Mediapro ha contraofertado este martes con 40 millones a la banca para hacerse con el Grupo Zeta, según fuentes conocedoras de la operación. La propuesta de la compañía de Jaume Roures se ha conocido pocas horas después de que Prensa Ibérica haya cerrado una oferta vinculante de opción de compra para hacerse con la mayor parte de la deuda bancaria del grupo de comunicación editor de El periódico de Catalunya, el diario deportivo Sporty un grupo de diarios regionales, según adelantó Crónica Global.

Los bancos habrían cerrado el acuerdo con Prensa Ibérica con una quita del 70% de los más de 90 millones de euros que adeuda Zeta a un pool financiero encabezado por el Santander y Caixabank. A este acuerdo no se habría sumado el Institut Català de Finances al que el grupo de medios catalán adeuda algo más de siete millones de euros.

Fuentes conocedoras de la operación señalan que la oferta de la compañía de Jaume Roures es 10 millones superior a la propuesta que le ha hecho Prensa Ibérica al sindicato bancario que tiene el pasivo del Grupo Zeta, además de una cantidad sin confirmar a Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta. La empresa de Javier Moll habría ofrecido 30 millones a la banca y 10 millones a Asensio.

No es la primera vez que Mediapro puja por el grupo de medios catalanes. Justo antes de las pasadas Navidades frustró la operación a la compañía de Javier Moll cuando prácticamente estaban cerrando la compra del Grupo Zeta. En esta ocasión, sin embargo, fuentes conocedoras de la operación apuntan que Asensio habría dado su brazo a torcer a favor de Prensa Ibérica ante le pésima situación financiera de la compañía. “Otra cosa es cómo los bancos explican a sus accionistas que han aceptado una oferta menor”, apuntan fuentes relacionadas con las negociación.

La pugna podría acabar en los tribunales o en la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). De hecho, fuentes de Prensa Ibérica han recalcado que la operación está supeditada a que los acuerdos tengan la autorización del organismo regulador.

La quita de la deuda es un elemento fundamental para que la operación pueda tener éxito. La banca no era renuente a una quita para Moll, el preferido para la operación, porque Roures no es del agrado de algunas entidades. Con esta quita, las entidades podrían cobrar una parte de la deuda que de otra manera sería difícil recuperar. Asensio ya vendió una de las joyas de la compañía con la que suavizó la presión financiera: Ediciones B por 40 millones a Penguin Random House, en 2017.

Tras la operación frustrada de Navidad, Prensa Ibérica se volvió a colocar como uno de los candidatos a comprar el Grupo Zeta a mediados de enero. Fuentes conocedoras de la operación explicaron entonces a eldiario.es que directivos de la compañía que preside Javier Moll, tras sendas reuniones en Madrid y Barcelona, pidieron que se les dieran “quince días para acabar de estudiar las cuentas y poder hacer una oferta vinculante” por la compañía de Asensio que se ha conocido hoy.

Hasta que Prensa Ibérica retomó la operación, hubo un intento por parte de directivos de Henneo, empresa editora del Heraldo de Aragón, de abordar una posible operación en connivencia con Vocento para tratar comprar Zeta, aunque fuentes conocedoras de las negociaciones admiten la falta de músculo financiero para que el grupo aragonés consiguiera finalizar con éxito la compra.

Operación en terreno político

La operación se ha jugado también en el terreno político. Moll se reunió en Moncloa con varios dirigentes del más alto nivel, que se interesaron por la negociación. El objetivo de la reunión era mostrar la preocupación que mostraron varios miembros del Gobierno porque uno de los principales grupos de medios en Catalunya pudiera pasar a manos de empresarios del ámbito independentista.

Roures y su socio Tatxo Benet sí cuentan con el beneplácito de los partidos independentistas en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, especialmente con el apoyo de dirigentes de ERC. Fuentes conocedoras de la operación apuntan que estos empresarios catalanes buscan crear un grupo mediático que haría la competencia al diario Ara y a las cabeceras digitales aparecidas al albur del independentismo.

Además del interés político por controlar un medio con la influencia del El Periódico de Catalunya, en la jugada entraría la posibilidad de que Benet se presente como candidato a la presidencia del FC Barcelona, por lo que contaría con el respaldo mediático del periódico deportivo, aunque fuentes de Mediapro aseguran que “es un bulo sin fundamento”.

La venta del Grupo Zeta, editora de El Periódico de Catalunya, Sport y una serie de diarios regionales, entra en la recta final con otro protagonista: el grupo Henneo. Directivos de la empresa editora del Heraldo de Aragón se reúnen este viernes con representantes de Caixabank, entidad financiera que lidera el pool de bancos a los que Zeta adeuda más de 100 millones de euros, para abordar la operación. Enrique Goñi, adjunto a la presidencia de CriteriaCaixa, el holding empresarial de Caixabank, dirige una negociación donde los bancos están dispuestos a realizar una quita de más del 50% de la deuda para una venta que tiene como principal obstáculo los 20 millones que exige el presidente de Zeta, Antonio Asensio.

La reunión responde al fallido intento de Prensa Ibérica por hacerse con el Grupo Zeta. Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, se reunió esta semana en Moncloa con varios dirigentes del más alto nivel, que se interesaron por la negociación. Pese a la preocupación que mostraron varios miembros del Gobierno porque uno de los principales grupos de medios en Catalunya pudiera pasar a manos de empresarios del ámbito independentista, Moll rechazó la posibilidad de subir su oferta por Zeta ante la entrada en la puja de Mediapro.

Esta negativa ha acelerado la aparición de Henneo como figura protagonista de la operación. Fuentes conocedoras de la operación apuntan a que el grupo aragonés se quedaría con El Periódico de Catalunya y Sport mientras que el editor de ABC y El Correo adquiriría los diarios regionales de Zeta: El Periódico de Aragón, El Periódico de Extremadura, Mediterráneo, Córdoba y La Crónica de Badajoz. La participación de Vocento está pendiente de la aprobación por un consejo de administración que tendrá lugar en un par de semanas.

Henneo, compañía de la familia Yarza, lleva unos años en plena expansión. En 2016 la empresa adquirió el gratuito 20minutos y el digital La Información, y posteriormente estuvo negociando sin éxito con Prisa la compra del diario económico Cinco Días.

La venta de Zeta ha tenido varios vaivenes y saltos en los últimos meses. Aunque parecía que iba a ser Prensa Ibérica la compañía que iba a absorber al grupo de medios catalán la negociación se trabó tras la contraoferta que presentaron Jaume Roures y Tatxo Benet, a través de Mediapro.

Tras meses de negociaciones, una profunda due dilligence y el cierre de un acuerdo con la banca para cerrar la quita de la deuda que estrangula a Zeta, Javier Moll puso sobre la mesa 35 millones de euros. Sin embargo, la entrada en juego de Roures y Benet desestabilizó el tablero con una propuesta de 65 millones de euros por el Grupo Zeta.

Fuentes conocedoras de la operación apuntan que Asensio solo se moverá ante la mejor oferta para él, pero la quita de la deuda es un elemento fundamental para que la venta del grupo pueda tener éxito. La banca no era renuente a una quita para Moll, el preferido para la operación, porque Roures no es del agrado de algunas entidades. Ahora Henneo y Vocento pasan a ser los actores preferentes para la banca.

Para paliar la presión de la deuda Asensio ya vendió una de las joyas de Zeta: Ediciones B por 40 millones a Penguin Random House, en 2017. Estos ingresos solventaron temporalmente la situación del grupo pero la realidad es que la falta de liquidez está dejando sin oxígeno a la empresa catalana. Pese al cierre de revistas como Interviú y Tiempo, ajustes de personal y medidas laborales como un ERTE, un directivo conocedor de las cuentas internas de Zeta asegura que en la actualidad la compañía debe seis millones de euros a proveedores, que no ha conseguido abonar una deuda con la banca de nueve millones que tenía que solventar antes del 31 de diciembre de 2018 así como otros pagos con Hacienda.

El mismo directivo asegura que si no hay una solución que termine con la venta de Zeta este año el grupo empresarial entrará en concurso de acreedores a finales de 2019. Los movimientos se han acelerado. Prueba de ello es la oferta que le ha hecho Rosa María Mateo, la administradora única de RTVE, a Enric Hernàndez, hasta ahora máximo responsable de El Periódico de Catalunya, para que se ocupe de la dirección de Televisión Española.

El grupo mediático de Roures

Roures y Benet sí cuentan con el beneplácito de los partidos independentistas en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, especialmente con el apoyo de dirigentes de ERC. Fuentes conocedoras de la operación apuntan que estos empresarios catalanes buscan crear un grupo mediático que haría la competencia al diario Ara y a las cabeceras digitales aparecidas al albur del independentismo.

Benet está conduciendo la operación para la compra de Zeta. Además del interés político por controlar un medio con la influencia del El Periódico de Catalunya, en la jugada entraría la posibilidad de que Benet se presente como candidato a la presidencia del FC Barcelona, por lo que contaría con el respaldo mediático del periódico deportivo Sport.

Los planes de Roures para la creación de un grupo mediático catalán pasan además por la puesta en marcha de una radio en Catalunya, que también contaría con la bendición administrativa de la actual Generalitat.

El empresario Jaume Roures ha frenado la última operación corporativa del año en el sector de los medios de comunicación: la compra del Grupo Zeta por Prensa Ibérica. Tras meses de negociaciones y una profunda due dilligence para conocer la situación del grupo editorial de El Periódico de Catalunya, una oferta de última hora del empresario catalán ha paralizado temporalmente una operación anhelada por el presidente del grupo de medios regionales Javier Moll.

Fuentes conocedoras de la operación aseguran que la compra del Grupo Zeta por Prensa Ibérica se iba a anunciar antes de Navidad una vez que se habían solventado algunos de los principales obstáculos. La compañía de Moll ya había hecho un sólido análisis de los libros contables de la empresa que preside Antonio Asensio Mosbah y puesto un precio sobre la mesa. Ni Prensa Ibérica ni Mediapro, empresa de Roures, han querido hacer declaraciones al respecto.

Una fuente del Grupo Zeta que prefiere no ser identificada explica que Roures no iba a dedicarse a hacer números ni a escudriñar las cuentas de la empresa en venta, solo ha esperado a conocer la oferta de Prensa Ibérica para presentar su contraoferta. Las negociaciones para adquirir el Grupo las está llevando, según la misma fuente, el socio de Roures, Tatxo Benet.

Roures ha lanzado su oferta una vez que Moll había hecho el trabajo duro de negociar una quita de la deuda que estrangula al Grupo Zeta con una decena de bancos. Aunque este grupo de bancos, liderado por Caixabank y Santander, acordaron con Zeta el verano de 2017 una refinanciación de los casi 100 millones de deuda, en esta etapa las entidades financieras han cerrado el grifo a Asensio, según fuentes conocedoras de la operación, como medida de presión para que se mueva y cierre la operación con la oferta de Moll. El cierre de revistas como Interviú y Tiempo, ajustes de personal y medidas laborales como un ERTE han sido el día a día del Grupo Zeta los últimos años.

La quita de la deuda es un elemento fundamental para que la operación pueda tener éxito. La banca no es renuente a una quita para Moll, el preferido para la operación, porque Roures no es del agrado de algunas entidades, ya que podría cobrar una parte de la deuda que de otra manera sería difícil recuperar, una vez que Asensio ya vendió una de las joyas de la compañía con la que suavizó la presión financiera: Ediciones B por 40 millones a Penguin Random House, en 2017.

Se está barajando una quita del 50% con lo que la operación podría ascender a el pago de 50 millones destinados a amortizar la deuda más unos 20 millones por los activos del grupo: El Periódico de Catalunya, Sport, El Periódico de Aragón, El Periódico de Extremadura, Mediterráneo, Córdoba y La Crónica de Badajoz, además de un grupo de revistas.

Moll también había desactivado los intentos de Asensio por asegurarse el mantenimiento de un puesto en la compañía absorbida por Prensa Ibérica con su correspondiente salario de alto ejecutivo, por lo que la contraoferta de Roures le ha llegado al presidente de Zeta en el momento justo. Un directivo conocedor de la operación concluye que a Asensio solo lo moverá la mejor oferta para él, solo venderá al mejor postor.

La Guardia Civil sitúa al empresario de la comunicación Jaume Roures en el “comité ejecutivo” del proceso soberanista en Catalunya, definido en el documento 'Enfocats'. En un informe remitido al Tribunal Supremo, el instituto armado afirma: “Jaume Roures Llop podría integrarse en el Comité Ejecutivo que se plasmó en aquel documento en calidad de profesional experto en el ámbito de la comunicación”.

La Guardia Civil define el presunto papel de Roures en el proceso soberanista como un apoyo al Govern en el ámbito comunicativo que, con sus documentales audiovisuales, habría impulsado la movilización ciudadana del 20 de septiembre frente a la conselleria de Economía y del 1 de octubre en los colegios electorales. Recuerda además que la sede del grupo Mediapro, por entonces propiedad de Roures, fue el centro de prensa internacional de la Generalitat la jornada de la votación.

“Contar con el soporte de un proveedor de servicios audiovisuales de la entidad de Mediapro permitiría difundir el mensaje soberanista a un público mucho mayor”, recoge el informe, al que ha tenido acceso eldiario.es

Los agentes de la Comandancia de Catalunya continúan: “Precisamente, fue Mediapro quien produjo el vídeo del 1-O difundido por la cadena de televisión TV3 en el que se narraron los acontecimientos relacionados con el referéndum, se enaltecieron a las personas que fueron capaces de hacerlo efectivo y se difundieron los mensajes que interesaban a la causa independentista”. El documental fue emitido por la cadena autonómica el pasado 9 de enero.

El papel de Roures en el procés, según la Guardia Civil, se desprende del documento 'Enfocats' y se “corrobora” a través de los pinchazos telefónicos autorizados por el juez de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, al exnúmero dos de Junqueras, Josep Maria Jové, en los que los dirigentes políticos del procés se referirían a Roures con motes.

'Enfocats', un power-point sin sello oficial incautado en el domicilio de Jové el 20 de septiembre que es la base de la acusación contra los líderes independentistas, hace mención a un Comité Ejecutivo del procés, en el que el Instituto Armado encuadra a Roures. Se trataría de un ente formado por los secretarios generales de las distintas conselleries así como profesionales “expertos en cada uno de los ámbitos” de la independencia de Catalunya. Su función, ejecutar el plan hacia la independencia ideado por el “Comité Estratégico”, la cúpula política independentista investigada ante el Tribunal Supremo.

Sobre los pinchazos, la Guardia Civil destaca una conversación en agosto entre Jové y el exconseller de Presidència Jordi Turull, en la que hacen referencia a un documental “para la historia” realizado por “ese señor”, que según los agentes podría ser Roures y el programa que emitió TV3 en enero. Según los agentes, Roures se rige como “elemento capital para la difusión del mensaje independentista”.

En otra charla, en este caso entre Jové y el empresario de la comunicación Oriol Soler –también señalado por la Guardia Civil como asesor informal del Govern en su plan independentista–, Soler le indicó al número 2 de Junqueras que después de reunirse con Jordi Cuixart y Jordi Sànchez tenía que “hablar con Roures” para “tenerlo todo un poco controlado”.

La última llamada interceptada la protagonizan Jové y el exjefe de gabinete de Junqueras, Sergi Sol. En la conversación, la Guardia Civil cree que Jové se refiere a Roures como “el abuelo” y a Soler como “el pelado”. Jové explica que “el pelado” le había llamado para saber si “tenía negocios con el abuelo”, a lo que Sol responde que ya había hablado con “el pelado”.

“El acuerdo marco está cerrado pero aún no está firmado, quedan algunos flecos”. Esta ha sido la repuesta de fuentes de Mediapro sobre la operación de compra del 54,5% de Imagina, el holding audiovisual nacido de la fusión de Mediapro y Globomedia, por parte de la firma china Orient Hontai Capital, que ha adelantado este martes El Confidencial.

Orient Hontai Capital adquiere las participaciones de tres socios: el 23,5% de Torreal, el 19% de Televisa 19% y el 12% de Gerad Romy, por unos 900 millones de euros, aunque fuentes de Mediapro no han querido confirmar la cantidad.

Lo que sí han confirmado es que los fundadores de la compañía Juame Roures y Tatxo Benet mantendrán su paquete accionarial (un 12% cada uno) y seguirán al frente de la sociedad. La multinacional de publicidad británica WPP tiene el 20% restante de la compañía.

“Es una operación compleja pero se está haciendo bien. Hace un año que Torreal anunció que quería salir, en un principio Televisa dijo que mantenían su posición pero finalmente han decidido marcharse. Roures y Benet tenían claro que era necesario encontrar a un comprador que mantuviera el pacto accionarial y les permitiera seguir al frente de la gestión del grupo”, señalan fuentes conocedoras de la operación.

Mediapro tiene los derechos audiovisuales de emisión de pago de Primera y Segunda División hasta 2018 y los derechos de la Champions League y la Europa League hasta 2021.

L'intent de l'amo del PSG, soci de Mediapro a beIN Sport, d'incorporar l'astre brasiler coincideix amb l'ofensiva per erosionar Bartomeu amb la vista posada en l'1-O

S'ha escrit molt sobre l'intent del PSG de fitxar Neymar, l'estrella brasilera del Barça, i és normal, ja que es tracta d'un dels millors jugadors del món i el club parisenc està disposat a pagar la xifra marejant de 222 milions d'euros que estipula la clàusula de rescissió. Però sorprèn que entre tants rius de tinta ni tan sols s'esmenti de passada que el multimilionari propietari del PSG, el qatarià Nasser Al-Khelaïfi, és soci a beIN Sports de Jaume Roures i Mediapro, un dels actors més rellevants de la Santa Aliança que voldria apartar Josep Maria Bartomeu de la presidència del Barça.

Al número d'estiu de la revista Mongolia analitzem el setge que pateix la junta del Barça davant l'acceleració del procés independentista a Catalunya i la comunió d'actors interessats en un canvi ràpid al Barça abans de l'1 d'octubre per alinear completament al club amb el referèndum unilateral i amb els objectius dels actors que solien manar a l'entitat. El Govern de Junts pel Sí (PDeCAT i ERC), TV3, les restes del laportisme i Mediapro tenen un objectiu compartit: desempallegar-se de Bartomeu i recuperar la seva influència al Barça.

Aquesta Santa Aliança ja té històricament molts punts de contacte, que s'han anat reforçant encara més al llarg d'aquest 2017 a mesura que es va acostant l'hora de la veritat del referèndum. Al febrer, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va incorporar en el seu equip a Jordi Finestres, històric cap de comunicació de Joan Laporta, i el mes següent va situar Vicent Sanchis, últim director de Barça TV amb Laporta i periodista de referència del pujolisme, al capdavant de TV3, la cadena que al juliol ha abanderat la campanya d'assetjament.

En el mateix període, el Govern de Junts pel Sí ha estret més encara els llaços amb Mediapro —grup que a Madrid es percep com esquerrà per ser editor de Público, però que a Catalunya té una llarguíssima trajectòria de col·laboració amb el pujolisme forjada en els albors de TV3— amb un lligam a la vista de tothom: el vicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, va començar al maig la seva gira pels EUA precisament a la seu de la multinacional a Miami, malgrat que es tracta d'una empresa privada i que a més es troba als EUA a l'ull de l'huracà d'una investigació de la fiscalia pel presumpte pagament de suborns; la Generalitat promou una exposició entusiasta sobre Mediapro al Palau Robert, un dels seus vaixells insígnia culturals, i el grup de comunicació ha correspost amb el llançament del documental Las cloacas de Interior, que assumeix de cap a cap el relat que interessa als independentistes just abans de l'1-O, deixant de banda qualsevol matís o testimoni que no combregui amb la versió canònica del Govern català, amplificada amb entusiasme a TV3.

Òbviament, en els anys feliços de Laporta tots els actors de la Santa Aliança guanyaven: el president va sumar el Barça al carril independentista fins i tot a costa dels seus interessos com a club i Mediapro va entrar fins a la cuina del negoci, amb tot tipus de contractes, des de la reforma del museu fins a la gestió de Barça TV, amb el premi gros dels drets televisius: el 2006 el Barça els hi va cedir sense ni tan sols exigir avals tot i tractar-se d'un contracte multimilionari —que va possibilitar que Mediapro iniciés el pols amb el grup Prisa— i el 2010 se li va renovar a només quatre dies d'uns comicis que ja se sabia que el candidat laportista s'estavellaria davant de Sandro Rosell.

I ara, en plena escalada d'hostilitats de la Santa Aliança contra Bartomeu i de camí cap a la moció de censura que voldrien celebrar al setembre —just abans de l'1-O—, resulta que el torpede desestabilitzador de més abast —l'intent de fitxar Neymar— l'ha llançat el soci de Qatar de Mediapro a beIN Sports i la dada ni tan sols és digne de ser ressenyada.

Potser és una casualitat, naturalment, com quan la ràdio pública de Catalunya difonia sondejos que donaven per guanyador a Laporta i posaven a la picota Bartomeu, elaborats per una de les marques de WPP, accionista de Mediapro. El futbol és així, diuen: alguns actors poden simultàniament gestionar clubs, ser propietaris dels drets televisius, dels canals que emeten els partits, de les empreses de sondejos, representar alguns dels jugadors més destacats i fins i tot anar de la mà del Govern. Tot molt normal. Tant com que el propietari del PSG provi de fitxar Neymar en plena ofensiva per desplaçar a Bartomeu i ni tan sols es digui que és soci de Roures.

El intento del dueño del PSG, socio de Mediapro en beIN Sports, de incorporar al astro brasileño coincide con la ofensiva para erosionar a Bartomeu con la vista puesta en el 1-O

Mucho se ha escrito sobre el intento del PSG de fichar a Neymar, la estrella brasileña del Barça, y es normal puesto que se trata de uno de los mejores jugadores del mundo y el club parisino está dispuesto a pagar la mareante cifra de 222 millones de euros que estipula la cláusula de rescisión. Pero sorprende que entre tanto río de tinta ni siquiera se mencione de pasada que el multimillonario dueño del PSG, el catarí Nasser Al-Khelaïfi, es socio en beIN Sports de Jaume Roures y Mediapro, uno de los actores más relevantes de la Santa Alianza que querría apartar a Josep Maria Bartomeu de la presidencia del Barça.

En el número de verano de la revista Mongolia analizamos el cerco que sufre la junta del Barça ante la aceleración del proceso independentista en Cataluña y la comunión de actores interesados en un cambio rápido en el Barça antes del 1 de octubre para alinear completamente al club con el referéndum unilateral y con los objetivos de los actores que solían mandar en la entidad. El Gobierno de Junts pel Sí (PDeCAT y ERC), TV3, los restos del laportismo y Mediapro tienen un objetivo compartido: desembarazarse de Bartomeu y recuperar su influencia en el Barça.

Esta Santa Alianza tiene ya históricamente muchos puntos de contacto, que se han ido reforzando aún más a lo largo de este 2017 a medida que se va acercando la hora de la verdad del referéndum. En febrero, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, incorporó en su equipo a Jordi Finestres, histórico jefe de comunicación de Joan Laporta, y al mes siguiente situó a Vicent Sanchis, último director de Barça TV con Laporta y periodista de referencia del pujolismo, al frente de TV3, la cadena que en julio ha abanderado la campaña de acoso.

En el mismo periodo, el Gobierno de Junts pel Sí ha estrechado más aún los lazos con Mediapro —grupo que en Madrid se percibe como izquierdista por ser editor de Público, pero que en Cataluña tiene una larguísima trayectoria de colaboración con el pujolismo forjada en los albores de TV3— con una trabazón a la vista de todos: el vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, empezó en mayo su gira por EEUU precisamente en la sede de la multinacional en Miami, pese a que se trata de una empresa privada y que además se encuentra en EEUU en el ojo del huracán de una investigación de la fiscalía por el presunto pago de sobornos; la Generalitat promueve una exposición entusiasta sobre Mediapro en el Palau Robert, uno de sus buques insignias culturales, y el grupo de comunicación ha correspondido con el lanzamiento del documental Las cloacas de Interior, que asume de cabo a rabo el relato que le interesa a los independentistas justo antes del 1-O, dejando de lado cualquier matiz o testigo que no comulgue con la versión canónica del Gobierno catalán, amplificada con entusiasmo en TV3.

Obviamente, en los años felices de Laporta todos los actores de la Santa Alianza ganaban: el presidente sumó el Barça al carril independentista incluso a costa de sus intereses como club y Mediapro entró hasta la cocina del negocio, con todo tipo de contratos, desde la reforma del museo hasta la gestión de Barça TV, con el premio gordo de los derechos televisivos: en 2006 el Barça se los cedió sin ni siquiera exigir avales pese a tratarse de un contrato multimillonario —lo que posibilitó que Mediapro iniciara el pulso con el grupo Prisa— y en 2010 se le renovaron a solo cuatro días de unos comicios que ya se sabía que el candidato laportista se iba a estrellar frente a Sandro Rosell.

Y ahora, en plena escalada de las hostilidades de la Santa Alianza contra Bartomeu y en el camino hacia la moción de censura que querrían celebrar en septiembre —justo antes del 1-O—, resulta que el torpedo desestabilizador de mayor alcance —el intento de fichar a Neymar— lo ha lanzado el socio catarí de Mediapro en beIN Sports y el dato ni siquiera es digno de ser reseñado.

Puede que sea una casualidad, naturalmente, como cuando la radio pública de Catalunya difundía sondeos que daban por ganador a Laporta y ponían en la picota a Bartomeu elaborados por una de las marcas de WPP, accionista de Mediapro. El fútbol es así, dicen: algunos actores pueden simultáneamente gestionar clubes, ser propietarios de los derechos televisivos, de los canales que emiten los partidos, de las empresas de sondeos, representar a algunos de los jugadores más destacados y hasta ir de la mano del Gobierno. Todo muy normal. Tanto como que el dueño del PSG trate de fichar a Neymar en plena ofensiva para desplazar a Bartomeu y ni siquiera se diga que es socio de Roures.

El president de Mediapro, Jaume Roures, ha anunciat que el grup ha presentat davant els jutjats d'instrucció de Barcelona una querella contra l'expresident del F.C. Barcelona, Sandra Rosell, per espionatge empresarial. Els fets denunciats per Mediapro s'haurien produït entre l'any 2009 i l'octubre de 2011.

Segons Mediapro, l'ex treballador del grup Robert Cama va espiar els correus electrònics de Jaume Roures per encàrrec de Sandro Rosell. A canvi dels correus electrònics, Rosell retribuïa a Cama primer a través de la seva empresa Bonus Sport Marketing i després directament a través del F.C. Barcelona un cop va començar la seva presidència el 2010, segons el relat del grup.

A més de Rosell, Mediapro ha denunciat el F.C. Barcelona, Cama i l'aleshores encarregat de les seccions esportives del club, Joan Carles Raventós. També s'ha denunciat les empreses Bonus Sport Marketing (propietat de Rosell en els anys en què s'haurien produït els fets) i Socktel Serveis Informàtics, l'empresa personal de Cama.

La querella contra Rosell, el Barça i els altres implicats en la suposada trama d'espionatge conté, en concret, tres delictes: un de revelació de secret empresarial, un altre contra la intimitat del president de Mediapro, Jaume Roures i un delicte continuat de furt agreujat .

“Vam començar a tenir indicis del que passava perquè Sandro, a banda de miserable, era un bocamoll”, ha assegurat Roures en roda de premsa. Segons el relat de Roures, quan li va demanar explicacions a Rosell, l'expresident del Barça li va dir que rebien els correus de Cama “però que els esborraven”.

“Espero que personatges de la categoria moral de Sandro no puguin seguir corrent pel món del futbol”, ha asseverat Roures preguntat sobre quina pena demana per als querellats.

Roures ha explicat que quan Mediapro va saber de l'espionatge a l'octubre de 2011 va procedir a l'acomiadament fulminant de Cama, que va ser immediatament contractat pel Barcelona i on segueix exercint com a responsable d'IT. En aquest sentit, ha assegurat que Rosell “va fer un contracte a Cama de més de cent mil euros” quan ja era president del club.

Espionatge a la 'Guerra del Futbol'

Segons Mediapro, Robert Cama, responsable d'IT del grup fins l'octubre de 2011, va estar accedint de manera “deliberada i sistemàtica” als correus electrònics rebuts i enviats per Jaume Roures, remetent la pràctica totalitat d'ells a Sandro Rosell i Joan Carles Reventós. Mediapro assegura que l'espionatge es va mantenir després de l'elecció de Sandro Rosell com a president del Barça el 2010.

L'espionatge afectaria a tots els àmbits de treball de Roures, especialment a l'anomenada 'Guerra del Futbol', el conflicte entre Mediapro i Sogecable pels drets televisius dels partits de futbol. També a negociacions relatives a contractes de drets audiovisuals, treballs publicitaris i al concurs de creditors que va presentar Mediaproducción.

Mediaproducción, propietària dels drets de la Lliga de Futbol va presentar al juny de 2010 un concurs voluntari de creditors dins de l'anomenada 'guerra del futbol', del que va sortir a finals de 2011. Les entitats financeres i la gran majoria dels creditors van acceptar la proposta anticipada de conveni del grup. No obstant això, va comptar amb el vot en contra i l'oposició reiterada de les empreses del Grup Prisa, Audiovisual Sport, Distribuidora de Televisión Digital i Prisa TV.

D'altra banda, Mediapro ha instat a sumar-se a la querella a Pep Guardiola, Joan Laporta, el Banc Sabadell o el bufet Garrigues, també suposades víctimes de l'espionatge. Segons el grup, Llit va remetre a Rosell i als Raventós els intercanvis de correus entre Jaume Roures i persones com Evarist Murtra, Pep Guardiola, Joan Oliver, Ferran Sorino, Joan Laporta, diversos representants de jugadors, el Banc Sabadell i el citat bufet.

El presidente de Mediapro, Jaume Roures, ha anunciado que el grupo ha presentado ante los juzgados de instrucción de Barcelona una querella contra el expresidente del F.C. Barcelona, Sandra Rosell, por espionaje empresarial. Los hechos denunciados por Mediapro se habrían producido entre el año 2009 y octubre de 2011.

Según Mediapro, el ex trabajador del grupo Robert Cama espió los correos electrónicos de Jaume Roures por encargo de Sandro Rosell. A cambio de los correos electrónicos, Rosell retribuía a Cama primero a través de su empresa Bonus Sport Marketing y después directamente a través del F.C. Barcelona una vez empezó su presidencia en 2010, según el relato del grupo.

Además de Rosell, Mediapro ha denunciado al F.C. Barcelona, a Cama y al por entonces encargado de las secciones deportivas del club, Joan Carles Raventós. También se ha denunciado a las empresas Bonus Sport Marketing (propiedad de Rosell en los años en que se habrían producido los hechos) y Socktel Servicios Informáticos, la empresa personal de Cama.

La querella contra Rosell, el Barça y los demás implicados en la supuesta trama de espionaje contiene, en concreto, tres delitos: uno de revelación de secreto empresarial, otro contra la intimidad del presidente de Mediapro, Jaume Roures y un delito continuado de hurto agravado.

“Empezamos a tener indicios de lo que pasaba porque Sandro, a banda de miserable, era un bocazas”, ha asegurado Roures en rueda de prensa. Según el relato de Roures, cuando le pidió explicaciones a Rosell, el expresidente del Barça le dijo que recibían los correos de Cama “pero que los borraban”.

“Espero que personajes de la catadura moral de Sandro no puedan seguir corriendo por el mundo del fútbol”, ha aseverado Roures preguntado sobre qué pena pide para los querellados.

Roures ha explicado que cuando Mediapro supo del espionaje en octubre de 2011, procedió al despido fulminante de Cama, que fue inmediatamente contratado por el Barcelona y donde sigue ejerciendo como responsable de IT. En este sentido, ha asegurado que Rosell “hizo un contrato a Cama de más de cien mil euros” cuando ya era presidente del club.

Espionaje a la 'Guerra del Fútbol'

Según Mediapro, Robert Cama, responsable de IT del grupo hasta octubre de 2011, estuvo accediendo de forma “deliberada y sistemática” a los correos electrónicos recibidos y enviados por Jaume Roures, remitiendo la práctica totalidad de ellos a Sandro Rosell y a Joan Carles Reventós. Mediapro asegura que el espionaje se mantuvo después de la elección de Sandro Rosell como presidente del Barça el 2010.

El espionaje afectaría a todos los ámbitos de trabajo de Roures, en especial a la denominada 'Guerra del Fútbol', el conflicto entre Mediapro y Sogecable por los derechos televisivos de los partidos de fútbol. También a negociaciones relativas a contratos de derechos audiovisuales, trabajos publicitarios y al concurso de acreedores que presentó Mediaproducción.

Mediaproducción, propietaria de los derechos de la Liga de Fútbol presentó en junio de 2010 un concurso voluntario de acreedores dentro de la denominada 'guerra del fútbol', del que salió a finales de 2011. Las entidades financieras y la gran mayoría de los acreedores aceptaron la propuesta anticipada de convenio del grupo. Sin embargo, contó con el voto en contra y la oposición reiterada de las empresas del Grupo Prisa, Audiovisual Sport, Distribuidora de Televisión Digital y Prisa TV.

Por otro lado, Mediapro ha instado a sumarse a la querella a Pep Guardiola, Joan Laporta, el Banc Sabadell o el bufete Garrigues, también supuestas víctimas del espionaje. Según el grupo, Cama remitió a Rosell y a Raventós los intercambios de correos entre Jaume Roures y personas como Evarist Murtra, Pep Guardiola, Joan Oliver, Ferran Sorino, Joan Laporta, varios representantes de jugadores, el Banc Sabadell y el citado bufete.

A la llista de morosos publicada aquest dimecres per l'Agència Tributària hi ha diverses empreses del sector dels mitjans de comunicació. El major deute (14,6 milions d'euros) correspon a Premsa Catalana S.A., l'antiga editora del diari Avui, que es va declarar en fallida fa més de 10 anys. En aquesta dècada el diari ha canviat tres vegades de propietaris: primer va ser adquirit per Planeta, el grup Godó i la Generalitat i després va passar a mans de l'empresari Joan Bosch, que fa tres anys va vendre per un euro el diari a Joaquim Vidal, el seu actual propietari. El diari és el mitjà de comunicació de l'Estat espanyol que acumula més deute amb Hisenda.

En segon lloc figura, amb un deute total de 10,23 milions d'euros, el grup Intereconomía, la cadena ultraconservadora de l'empresari i exdiputat del PP català Julio Ariza, a través de dues empreses: Intereconomía Corporació (7,3 milions) i Intereconomía TV (2.930.783,05 euros).

En tercer lloc figura l'Editorial Catòlica, fundadora de l'extint diari Ya i històricament vinculada a l'Associació Catòlica de Propagandistes (ACdP), amb 4,64 milions d'euros de deute.

En quart lloc hi ha la productora audiovisual Sequoia, a la qual en aquesta legislatura s'ha considerat propera al PP, amb 2.,29 milions de deute. Aquesta companyia, que va tenir en les seves files a l'ex portaveu del Govern amb José María Aznar Miguel Ángel Rodríguez des de la seva sortida a borsa, el juliol de 2011, fins a principis de l'any passat, ha resultat adjudicatària d'un canal de TDT al concurs resolt recentment pel Ministeri d'Indústria malgrat els seus deutes amb el fisc.

A l'esquerra de l'espectre ideològic destaca, amb un deute amb Hisenda de 1,62 milions d'euros, Mediapubli Societat de Publicacions i Edicions, la societat controlada pels empresaris Jaume Roures i Tatxo Benet que va editar el diari 'Público' des de la seva sortida en setembre de 2007 fins a la seva entrada en concurs de creditors, al gener de 2012, i posterior tancament de l'edició en paper.

Després de l'acomiadament de la major part de la plantilla de 'Público' amb una indemnització a càrrec del Fons de Garantia Salarial (Fogasa), l'empresa va anar a liquidació i Roures i Benet van tornar a fer-se amb el control de la capçalera a través d'una altra empresa controlada per persones de l'entorn de dos empresaris, Display Connectors.

Amb un deute de 1,54 milions d'euros destaca Alba Adriàtica SL, productora del ventríloc i empresari José Luis Moreno que s'ha encarregat de programes com La que se avecina, A ver si llego i Escenas de matrimonio.

Finalment, a la llista també figura Negocio & Estilo de Vida, editora de l'extint diari econòmic gratuït Negocio, amb un deute de 1.471.941,06 euros.

Dos anys després del tancament, la sala d’actes del centre de producció de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) a Burjassot ha tornat aquest dimecres a encendre els llums. Han comparegut davant de la premsa el secretari autonòmic de Comunicació, José María Vidal, els tres liquidadors de l’antiga cadena autonòmica i l’empresari Jaume Roures per fer públic un acord pel qual l’empresa pública i les societats privades Mediapro i Imagina posen fi a una quinzena de pleits encreuats en què es reclamaven mútuament uns 27 milions d’euros. El pacte permet a RTVV recuperar 9,5 milions que tenia embargats en un jutjat de Barcelona.

Els litigis, que es remunten al 2010, tenen a veure amb els drets audiovisuals de les retransmissions de futbol i amb els drets d’emissió de la Fórmula 1. “Hi havia interessos polítics que no van permetre l’acord”, ha assenyalat Vidal, en relació amb l’etapa del PP en el govern de la Generalitat Valenciana. “L’acord s’hauria pogut firmar fa molt de temps”, ha indicat al seu torn Roures, que ha esmentat a qui va ser directora general de RTVV, Rosa Vidal, per a assegurar que, “des de criteris professionals”, va estar quasi a punt de poder firmar un pacte semblant, però no la hi van deixar. “Ens devíem mútuament 27 milions”, ha resumits Roures, per a qui ara ambdues parts “ni renuncien ni guanyen”.

Els 9,5 milions d’euros que RTVV, en procés de liquidació, recupera gràcies a l’acord són una fiança que un jutjat de Barcelona va imposar a la cadena valenciana pel pleit desencadenat per la decisió de deixar d’emetre els campionats de Fórmula 1, a pesar de l’existència d’un contracte vigent per a fer-ho. “Era un conflicte en bona part fictici”, ha resumit Roures, que ha atribuït a “motius polítics” dels anteriors gestors del PP que no s’haguera resolt abans. Encara que no ho ha explicitat, el pacte, amb el que suposa d’eliminació de deutes, permet a Roures reconduir el concurs de creditors en què està sumida la seua empresa.

La resolució dels conflictes amb Mediapro no és més que un pas en el procés d’extinció definitiva de l’antiga RTVV, que el govern de l’expresident Alberto Fabra, del PP, va decidir tancar al novembre del 2013 arran d’una sentència que anul·lava l’ERO per a acomiadar més d’un miler dels 1.600 treballadors que la cadena va arribar a tenir. El tancament va desencadenar una onada de protestes polítiques i civils i els grups de l’oposició llavors, el PSPV-PSOE i Compromís, hui en el govern, van anunciar que reobririen la radiotelevisió autonòmica.

Mentre es liquida l’antiga empresa, les Corts Valencianes estan encetant el procés per a crear una nova radiotelevisió autonòmica. Els liquidadors nomenats pel nou govern d’esquerres que presideix Ximo Puig han explicat que van arribar a la seu de RTVV a Burjassot al juliol passat i van trobar les instal·lacions buides. “No hi havia ni un sol treballador”, ha comentat Francisco Gómez Barroso, el liquidador principal. “No hem tingut informació de l’anterior equip”, ha afegit, i ha apuntat que el procés de liquidació s’allargarà per les demandes de treballadors i empreses productores.

En els processos judicials i en el manteniment de les instal·lacions de Burjassot, que els periodistes han pogut recórrer, la Generalitat gasta actualment un milió d’euros per mes, ha assenyalat un altre liquidador, Ignacio Baixauli. Mentre que el tercer dels responsables d’extingir l’antiga RTVV, Agustín Arenas, ha revelat que l’edifici central de Burjassot, valorat en 25 milions d’euros, no està inscrit en el Registre de la Propietat. “Només està registrat el sòl, no l’edifici”, ha explicat. En tot cas, Gómez Barroso ha indicat que és una anomalia que no afecta els tràmits mercantils i que l’han detectada alguns dels auditors que treballen sobre la societat.

El secretari autonòmic de Comunicació ha recordat que els pressupostos de la Generalitat per al 2016 preveuen 29 milions d’euros per a crear una nova RTVV i 27 milions per a l’extinció de l’antiga. José María Vidal ha restat importància al fet que la liquidació es prolongue mentre les Corts Valencianes aproven, primerament, una llei per a fer marxa enrere en la renúncia al servei públic de ràdio i televisió, i després una altra llei per a crear una cadena autonòmica nova. Vidal ha donat per descomptat que hi haurà demandes i pleits judicials per l’obertura del nou canal, però nega que el supòsit de successió d’empreses siga “un problema jurídic de fons”.

La visita dels informadors a les instal·lacions, en un exercici de transparència impensable durant els anys del PP, ha permés constatar que el centre de producció de Burjassot està en condicions de tornar a funcionar sense gaires problemes tècnics.