“El proyecto de ley, tal como está formulado, no profundiza ni resuelve los problemas actuales de las universidades canarias en materia de I+D+i”. Así resumen los rectores de las dos universidades públicas de Canarias, Lluís Serra (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) y Francisco García (Universidad de La Laguna) la tramitación de esta nueva norma del Gobierno canario de la que denuncian que no se haya contado con ellos. De hecho, ven “preocupante” que el Ejecutivo que dirige Fernando Clavijo no haya abierto un trámite de audiencia pública amplio, “de modo que las universidades solo tuvieron conocimiento del texto una vez remitido al Parlamento, incumpliendo, la Ley 4/2023 de la Presidencia y del Gobierno de Canarias”. Así lo recuerda también el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.

Los rectores enviaron una carta el pasado 5 de junio por sede electrónica a la Consejería de Universidades y a todos los grupos parlamentarios en la que expresan su “firme desacuerdo”. Consideran que esta exclusión “constituye una oportunidad perdida” y lamentan no haber sido invitadas a participar ni haber sido “consultadas durante la redacción de dicho anteproyecto”, pese a que estas instituciones “aglutinan prácticamente la totalidad de la investigación científica y la transferencia de conocimiento en el Archipiélago”.

“Las universidades públicas canarias desempeñan un rol estratégico e insustituible en la generación de conocimiento, la formación de capital humano avanzado, la transferencia tecnológica al tejido productivo y el desarrollo socioeconómico regional”, inciden los rectores en su carta a los grupos.

En este sentido, proponen incorporar en la norma un título específico dedicado a las universidades públicas canarias, con un reconocimiento expreso de su rol central y singular “como ejes vertebradores del sistema científico-tecnológico regional y garantes de la formación del personal investigador”. También reclaman que se incluyan medidas concretas de impulso a la investigación universitaria. En particular, “la ley debe consolidar los complementos retributivos autonómicos por méritos de investigación que ya se vienen otorgando a los profesores universitarios, y además crear unos nuevos complementos específicos por actividades de transferencia de conocimiento, actualmente inexistentes”.

En el escrito, los rectores hablan de la importancia de contar con recursos humanos y materiales suficientes para sus funciones investigadoras y del apoyo a la formación de doctores y personal técnico, así como de la cofinanciación de infraestructuras y gestión administrativa de I+D. “Sugerimos que la ley canaria incorpore un mandato de financiación progresiva y estable para las universidades en materia de I+D. Por ejemplo, podría contemplarse que en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se asigne anualmente una dotación específica creciente para actividades de I+D en las universidades, hasta alcanzar en unos años un porcentaje objetivo del presupuesto”, exponen.

Serra y García observan “con preocupación” que el anteproyecto “no menciona de forma alguna” a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), organismo que actualmente actúa como pieza clave en la promoción y gestión de la I+D+i en Canarias.

“Proponemos, por tanto, incluir una referencia expresa a la ACIISI en el articulado de la ley, reconociéndola como entidad integrante del sistema y adscrita (probablemente) al departamento gubernamental competente en materia de ciencia. Esta inclusión reforzará la legitimidad institucional de la ACIISI, garantizando la continuidad de sus funciones. Además, la ley debería abrir la puerta a la evolución futura de la ACIISI hacia una agencia pública con mayor autonomía (al estilo de las agencias de financiación y gestión científica de otras comunidades)”, exponen.

Los rectores ven clave incidir en el desarrollo de una carrera investigadora pública estable y atractiva. “Uno de los temas más críticos para el futuro de la ciencia en Canarias es la situación del personal investigador, especialmente el joven talento”, recuerdan. “Valoramos positivamente que el Anteproyecto hable de ”atracción, retención y retorno de talento“; sin embargo, advertimos que ello no equivale a diseñar e implantar una verdadera carrera investigadora pública, estable y profesionalizada”, alertan.

“El riesgo es que esa mención genérica al ”talento“ quede en mera declaración de intenciones si no va acompañada de instrumentos concretos que estructuren una trayectoria profesional clara para los investigadores en Canarias. La precariedad laboral y la falta de oportunidades estables expulsan o desincentivan a muchos jóvenes científicos altamente cualificados, mermando nuestro potencial de innovación”, sostienen.

Hacia una carrera investigadora más atractiva

Creen que en la ley debería incorporarse un conjunto de principios o mandatos al Gobierno para establecer una carrera investigadora canaria que contemple: contratación estable (por ejemplo, implantando figuras contractuales indefinidas o de larga duración para investigadores una vez superadas ciertas evaluaciones); evaluación y promoción por méritos científicos (estableciendo evaluaciones periódicas del desempeño investigador con efectos en la promoción profesional, similares a las evaluaciones de sexenios o tramos de investigación, pero adaptadas a escalas autonómicas) y posibilidades de movilidad interna y externa (facilitando que investigadores puedan transitar temporalmente entre universidad, centros de investigación, empresas o administraciones, sin perder sus derechos, a fin de enriquecer su experiencia).

Además, sostienen que debe fomentarse la vinculación con el sector productivo, incentivando fórmulas de colaboración público-privada (contratos “industriales” en empresas, cátedras mixtas, etc.). “Todo ello orientado a dotar de atractivo la profesión investigadora en las islas, permitir carreras estables y meritocráticas, y retener conocimiento estratégico en el Archipiélago”, apuntan.

Asimismo, proponen la creación de un Programa Canario de Captación y Estabilización del Talento Investigador, dotado con fondos públicos, para ofertar contratos atractivos a científicos.

Otra cuestión que echan en falta en el anteproyecto de ley es la falta de mecanismos orientados a la excelencia científica. “En el texto actual no se contempla la creación de entidades de investigación de alto nivel (sean públicas o públicoprivadas) que den visibilidad internacional a la ciencia canaria”, subrayan. Por ello, instan a incluir en la ley esta perspectiva de excelencia e internacionalización, con referencias explícitas a posibles entidades o instrumentos para lograrla.

“Sorprende profundamente que el Proyecto de Ley Canaria de la Ciencia no contemple un título específico dedicado a la transferencia de conocimiento, especialmente cuando tanto el Presidente de Canarias como la Consejera han manifestado públicamente que esta es una prioridad estratégica de la legislatura”, lamentan los rectores.

Plantean reconocer la transferencia de conocimiento como misión esencial del sistema público de I+D+i, al mismo nivel que la investigación y la docencia y designar a las universidades públicas y entidades registradas como agentes centrales de transferencia. También hablan de crear un sistema de evaluación de la transferencia basado en el impacto social, territorial y económico.

Otras propuestas que realizan pasan por garantizar una representación mayoritaria de las universidades públicas (ULL y ULPGC) en el Consejo Asesor; garantizar el el fomento de la investigación en todas las áreas del conocimiento e incorporar medidas para reducir las trabas burocráticas en la ejecución de proyectos. También reclaman eliminar el Título IV dedicado a la Inteligencia Artificial para evitar que la ley se sesgue hacia una tecnología específica y establecer la obligación de publicar anualmente un calendario orientativo de todas las convocatorias de ayudas en I+D+i, entre otras.

Los rectores de las universidades públicas de Canarias (la ULPGC y la ULL) celebran el nuevo decreto anunciado por el Gobierno central que endurece las exigencias a las universidades privadas. “Nos parece muy razonable que ahora los informes de las agencias evaluadoras sean vinculantes”, expone el regidor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra. “Es una magnífica iniciativa y desde hace tiempo lo venimos diciendo, que hasta ahora había una regulación del año 2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades que tenía varios problemas. Yo creo que lo principal es que había un informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que no era vinculante. Esto ha permitido que, digamos, hayan surgido iniciativas universitarias con un informe negativo en ocasiones en torno al cumplimiento de esos requisitos”, expone el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García. 

El borrador de decreto en el que trabaja el Gobierno y que ha llegado a las universidades estos días destaca precisamente cuestiones como que se requerirán dos informes preceptivos (uno de la agencia de calidad - ANECA o autonómica - y otro del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, elevado a la Conferencia General de Política Universitaria) para la creación o reconocimiento de universidades. También se refuerzan los requerimientos de sostenibilidad económica. 

Asimismo, el borrador consultado por este periódico aumenta “las exigencias de presencia de la investigación en la actividad de la universidad al considerarla como una actividad consustancial a la propia noción de universidad y de profesorado”. De hecho, “las universidades deberán dedicar al menos un 5% de su presupuesto total a un programa o programas propios de incentivación de la investigación”.

Las universidades deberán captar, en convocatorias, programas y contratos de investigación (I+D+I), incluidas las Cátedras universitarias y la valorización de patentes, como mínimo el equivalente al 2% de su presupuesto total anual en el plazo de cinco años desde el inicio de su actividad.

El proyecto de decreto también regula la enseñanza virtual. Así, se establecen requisitos específicos para aquellas que imparten docencia mayoritariamente virtual como especificar la modalidad en que se impartirá cada título y remarca que por lo menos el 75% del personal docente e investigador debe residir en España, “para garantizar la calidad académica, la colaboración y coordinación del profesorado en la preparación de las asignaturas y el seguimiento del aprendizaje del estudiantado, así como que el nivel formativo y las condiciones del profesorado sean homologables a las del conjunto del sistema universitario español”.

El profesorado con contrato laboral temporal (asociados, visitantes, colaboradores, entre otras figuras) no podrá superar el 8% en efectivos de la plantilla de personal docente e investigador.

Por otro lado, se exigirá que un mínimo del 60% del conjunto del personal docente e investigador doctor o doctora haya alcanzado una evaluación positiva, en los últimos cinco años. Se fija una ratio mínima de personal docente e investigador por estudiante de uno por cada 25, aunque podrá modularse para la enseñanza virtual.

Además, se especifica que en la memoria para la creación de una universidad se deberá incluir la previsión de que en cinco el número de estudiantes matriculados en dichas titulaciones oficiales supere los 4.500. Se trata este de un requisito que no cumplen las universidades privadas que han proliferado en Canarias.

Según los datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) de 2023, los matriculados en la Universidad Europea eran un total de 2.134, los de la Fernando Pessoa a 1.259, y los de la del Atlántico Medio a 3.859. No constan datos de la Universidad de las Hespérides, que comenzó su actividad académica en Canarias en el curso 2023-2024 ni el de la TECH. En las universidades públicas, en la ULPGC hay 17. 537 y en la ULL; 20.128.

El borrador también especifica que tanto las universidades públicas como las privadas adquieren el compromiso de disponer de una capacidad mínima de alojamiento estudiantil equivalente al 10% de las plazas de enseñanzas de Grado.

Las universidades deberán disponer de una oferta académica conformada por títulos universitarios oficiales de Grado, de Máster Universitario y de Doctorado y deberán estar representadas como mínimo tres de las cinco grandes ramas del conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura).

El proyecto también recoge que después de cinco años del inicio de las actividades académicas, el estudiantado de Grado (y dobles Grados) deberá suponer como mínimo el 50% del total del estudiantado matriculado en enseñanzas oficiales de dicha institución de educación superior. Esto se debe a la proliferación de universidades que hacen negocio con los másteres.

La universidad pública para garantizar el acceso a la educación superior

El rector de la ULL destaca que con este decreto se pretende “garantizar unos mínimos de calidad. Aquí no se trata de restringir que entren nuevos operadores, pero sí que los operadores que entren, pues lo hagan en unas condiciones mínimas de calidad”. Incide en que hay una serie de cuestiones como la investigación que le parece fundamental, pues las universidades “no son solo academias, sino que además generan conocimiento”.

El rector de la ULPGC, por su parte, indica que “no se trata tampoco de enfrentar a las universidades públicas contra las privadas” sino de la calidad de la enseñanza, de reunir unos requisitos establecidos, “porque si no se convierten en pequeños chiringuitos, y esto no puede ser”, apunta Serra, que añade que “hay universidades en España privadas de calidad”.

“Nosotros lo que queremos es garantizar el acceso a la educación superior independientemente de las condiciones familiares, de renta, de los individuos. Esa es nuestra misión y para eso sí que vemos importante que, paralelamente a esta regulación de las universidades privadas, pues haya un salto importante en el apoyo financiero a las universidades públicas”, insiste el rector de la ULL.

Francisco García destaca que la LOSU recoge que hay que destinar para 2030 el 1% del PIB de las comunidades a las universidades públicas. “En el caso concreto de Canarias, eso implicaría que alrededor de 500 millones”, apunta. “La transferencia que recibimos del Gobierno de Canarias es alrededor de 270, y esto quiere decir que estamos a 230 millones anuales de conseguir ese objetivo”.

“Por tanto, creo que desde el Gobierno Central se hace, se ha anunciado también un apoyo a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pues creo que toca que cada comunidad autónoma también haga lo propio con sus universidades públicas”, insiste el rector de la ULL.

García remarca que el papel de las universidades públicas no es competir con los operadores privados, “sino ser eficaces, eficientes en el cumplimiento de nuestra misión, que es hacer que todos los individuos, independientemente de su posición social, puedan acceder a la educación superior, porque efectivamente se ha demostrado que esta vía es el principal ascensor social del que dispone una sociedad. Yo estoy aquí porque estudié en la universidad pública”, subraya.

También recuerda que la ULL está entre las 15 primeras universidades en el ránking de Shanghái,“ que es el ranking más importante en cuanto a investigación que existe a nivel internacional. Hay que recordar que en España somos casi 100 universidades y en el ámbito de la investigación, pues, estamos entre las 15 primeras”, agrega García.

En Canarias ya hay más universidades privadas (cinco) que públicas (dos), además de la UNED. Tanto la Universidad de La Laguna (ULL) como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) siguen aunando a un mayor número de estudiantes. El curso pasado, según los últimos datos del ISTAC, en la ULL había matriculados 20.128  alumnos y alumnas el curso pasado, mientras en la ULPGC eran 17.537 las personas matriculadas. Mientras tanto, las matriculaciones en la privada han aumentado un 713% en cinco años. 

En 2019, había 2.015 matriculados y 486 egresados entre la Universidad Europea de Canarias, la Fernando Pessoa y la del Atlántico Medio; en 2020, 1.565 matriculados y 617 egresados; en 2021, 4.815 matriculados y 1.968 egresados; y en 2022, 5.649 matriculados y 2.768 egresados. Además de estas dos universidades, también opera en Canarias la de Las Hespérides y pronto arrancará la Universidad Tecnológica de Canarias (TECH).

La expansión de las privadas es una tendencia que ha seguido en los últimos dos años en los que se han aprobado numerosas nuevas titulaciones. En septiembre de este año se aprobaba el Máster Universitario para el Acceso al Ejercicio de la Abogacía y la Procura y el Máster Universitario en Gerontología, Dependencia y Salud por la Universidad del Atlántico Medio. También el BOC anunciaba la aprobación del Grado en Medicina y Máster Universitario en Sistemas Integrados de Gestión por la Universidad Europea de Canarias o el Grado en Biomedicina para esa misma universidad. 

En 2023 también se anunciaron nuevos títulos o el hecho de que el Gobierno de CC-PP exima a la universidad privada Fernando Pessoa de pagar al Servicio Canario de Salud (SCS) para que su alumnado de Enfermería y Medicina pueda realizar prácticas en centros de salud y hospitales públicos del Archipiélago. 

Por qué proliferan las privadas

El director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) José Saturnino Martínez explica a este periódico que en el Archipiélago se dan varias peculiaridades que dan un margen a estas universidades privadas que han aflorado en los últimos años. Por ejemplo, un estudiante que no recibe beca y que quiere estudiar Psicología (una carrera que no hay en la ULPGC) tiene que irse a La Laguna, y si hace cálculos le puede salir más rentable matricularse en la Fernando Pessoa. “Hay un margen en Canarias, que es que si tienen problemas para estudiar en la universidad de su isla lo tienen más complicado que si estuviesen en la Península. Entonces, hay un mercado que pueden cubrir las privadas, una necesidad que no existe en la Península”, resume. 

Además, el sociólogo cree que hay que tener en cuenta de las universidades privadas que se ofertan en Canarias, que una es online y otra que empezará a operar pronto también lo es. En las Islas estas universidades también se benefician de las condiciones fiscales, especialmente las que son online. “Digamos que hay una serie de elementos que permiten dar una posibilidad a la privada mayor en Canarias que en otros sitios”. Asimismo, las privadas han aprovechado dos espacios: carreras que no hay plaza en la pública y máster de alta demanda como el de formación del profesorado o de carreras sanitarias. 

También hay veces que ofertan títulos que la pública no está ofertando. “Hay que tener en cuenta todos esos elementos para entender ese crecimiento que está viviendo la oferta”, remarca el sociólogo. De hecho, hay una expansión en la formación no oficial. “El crecimiento en la próxima década se verá más en la formación no reglada y eso ”dependerá del reconocimiento que las privadas vayan teniendo en la calidad de lo que hacen“. En este punto, incide en que las universidades públicas también tienen títulos no oficiales con mucho reconocimiento. 

El sociólogo destaca que cuando hay crisis económicas hay mayor demanda de formación y recuerda que la nueva ley universitaria da la posibilidad de ofertar títulos reglados como no oficiales. “Personas que a lo mejor llevan cinco o diez años en su sector y quieren cualificarse”, apunta. Martínez subraya que en un contexto de reducción de la natalidad va a haber menos estudiantes jóvenes, pero hay posibilidad de que siga existiendo una demanda creciente online o también cree que hay posibilidades de dirigirse a públicos extranjeros, incluso en las presenciales. 

Sostiene que la universidad pública también puede diversificarse en el sentido de llegar a sectores que a lo mejor son estratégicos desde el punto de vista cultural, de identidad de lo canario… 

El papel crucial de la pública

Saturnino Martínez apunta que las universidades públicas en tanto que tienen la matrícula subvencionada desempeñan “un papel fundamental en lo que es la movilidad social ascendente”:  personas que a lo mejor no tienen muchos recursos y debido a que no tiene que pagar tanto como en la privada puede ir a la pública. “Es verdad que hay un filtro previo importante que es acabar el Bachillerato o la FP, un filtro que opera con mucha fuerzas”, agrega. Además, están las políticas de becas, aunque muchas veces no cubren todo el proceso de formación. “Como Canarias es una región más pobre, lo que va a encontrar es más alumnado becado”. Por ello, insiste en que esa función de la pública siempre va a estar ahí pese a la privada. 

El estudio El perfil socioeconómico del estudiantado universitario en España, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, reflejó que “la ocupación y los estudios de los padres influyen en la elección del tipo de universidad y de los ámbitos de estudio de los alumnos universitarios y determinan también su rendimiento, aunque lo hacen de formas distintas, dando lugar a una población heterogénea y diversa”. En este sentido, Canarias es una de las comunidades con principales porcentajes de progenitores con ocupaciones bajas (30,9%). 

El informe concluía que los perfiles familiares medios y bajos tienden a matricularse en universidades públicas en mayor medida que los perfiles altos. La mayoría de los alumnos de universidades privadas pertenecen a familias con progenitores con ocupaciones altas y/o estudios altos. 

Ocho de cada diez titulados, trabajando a los cinco años

Hace unos meses la ACCUEE publicó un estudio junto al ISTAC en el que se reflejaba que ocho de cada diez personas tituladas en las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria en 2018 (78.08%) estaban trabajando a los cinco años de haber egresado, es decir, de haber obtenido su titulación. Los últimos datos publicados indican que entre el alumnado egresado en 2022, la tasa de inserción laboral al año de concluir sus estudios universitarios fue del 62,17%.

La rama de Ciencias de la Salud ha sido la que ha conseguido una tasa de inserción laboral más alta, con un 83,52% del alumnado egresado que trabaja. Ingeniería y Arquitectura (82,87%) y Ciencias Sociales y Jurídicas (77,84%), son las siguientes en volumen de inserción laboral. Las personas tituladas en la rama de Artes y Humanidades han sido las que han tenido una tasa de inserción menor, con un 62,77%, seguidas de las de la rama de Ciencias (73,09%).

En 2022-2023, el total de estudiantes que terminaron sus estudios universitarios de grado, máster o doctorado en las universidades públicas canarias fue de 6.537. De estos 4.027 fueron mujeres y 2.510, hombres. Más de la mitad de estas personas, 3.307, han concluido sus estudios de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Saturnino Martínez destaca que ese discurso de que tener estudios universitarios no sirve es resultado de unas comparaciones erróneas. “Lo que suele ocurrir muchas veces es que la gente mira las tasas de paro juvenil y entonces ve que entre los universitarios hay más nivel de paro o hay un nivel de parto alto con respecto a otros títulos de FP, pero el error es que el paro juvenil, según las definiciones internacionales estadísticas, se entiende entre personas entre 16 y 24 años. Ahora, le gente entiende como joven a personas de más de 20 años, entonces no es una cuestión de la edad en sí misma sino de ¿cuánto tiempo hace que acabaste los estudios?”, señala. 

En este sentido apunta que las personas que acaban un máster, por ejemplo, termina sus estudios tres años más tarde y busca trabajo más tarde que alguien que haya cursado un ciclo. “Es una cuestión de tiempo”, incide. “Cuando haces bien la comparación y no tomas la edad como referencia sino el tiempo desde que terminó los estudios, pues ahí, la universidad mejora”, remarca. No obstante, hay que tener en cuenta que hay mucha heterogeneidad en las carreras. “Hay gente que encuentra trabajo incluso sin terminar los estudios, como las que tienen que ver con la informática, y ahí hay un alto abandono porque sin terminar los estudios ya las empresas los están buscando”, aclara. 

Por otro lado, defiende que hay carreras que pueden ser estratégicas desde el punto de vista cultural o de sentido de la sociedad, pero “luego desgraciadamente esa importancia cultural no se ve recompensada con buenas oportunidades laborales”, indica. Por ello, subraya que a la hora de pensar en el mercado de trabajo no se puede “pensar en la universidad como un todo” y “el único criterio de los títulos no puede ser el de la rentabilidad laboral porque esto es algo que viene con el ciclo económico, con las demandas sociales y hay otros elementos. Está bien que el alumnado lo sepa cuando se matricula”, sostiene. “No podemos pensar que lo bueno es lo que demanda el mercado, porque el mercado es voluble y la sociedad es algo más que el mercado”, insiste. 

Canarias, a la cabeza en abandono universitario 

Las universidades de Canarias tienen entre sus alumnos la mayor tasa de abandono de los estudios del país, del 19,1%, mientras que la más baja corresponde al País Vasco, con un 10,8%, según la Estadística sobre indicadores universitarios del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Se trata de unos datos donde también destaca Balears por su elevada cifra de abandono (16,8). Saturnino Martínez explica que en la ACCUEE se preguntaron esta cuestión ya que las mayores tasas se daban en archipiélagos con gran peso del turismo. No obstante, detectaron que hay varios elementos que coinciden con otros territorios pero hay algo particular de los dos archipiélagos. 

El sociólogo señala que en toda España el alumnado que saca mejores notas en la PAU se mueve más. “Los mejores de la comunidad de Madrid se van más de la comunidad de Madrid, los mejores de Barcelona se van más de Barcelona…” Y el tipo de alumnado con muy buena nota tiene bajas tasas de abandono. “¿En Canarias qué pasa? Que un buen número de alumnado se va, pero no nos viene buen alumnado”. Pero incide en que esto se debe a nuestras condiciones archipielágicas ya que un estudiante que viva en Madrid, si decide irse a Salamanca está a 200 kilómetros, pero venirse a Canarias supone 2.000 kilómetros. “Entonces, hay un problema estructural base que da la condición archipielágica que hace que el alumnado que saca más notas en la Península, no elija títulos en Baleares o Canarias”, incide. 

Los catedráticos Lluís Serra y Gregorio Rodríguez disputarán la segunda vuelta de las votaciones en las elecciones a Rector de la ULPGC, tras el recuento de votos provisional publicado este 5 de diciembre, en el aplicativo que ha puesto en marcha este año la Junta Electoral Central.

La ULPGC informa de que este recuento, en el que también se han incluido los votos por correo, el candidato Lluís Serra ha logrado el 39,70% de los votos ponderados; y el candidato Gregorio Rodríguez, un 36,74% de los votos. La tercera candidata, María del Mar Tavío, obtuvo el 23,56% de votos.

Hasta el próximo lunes, 9 de diciembre, estará abierto el plazo de reclamación de los recuentos en las mesas; y el martes, 10 de diciembre, se proclamará de forma definitiva los candidatos que optarán a la segunda vuelta en estas elecciones, cuya fecha será fijada por la Junta Electoral Central (JEC) ese mismo día. No obstante, con el fin de garantizar el derecho al voto por correo en la segunda votación, la JEC ha abierto, tras esta publicación provisional, el plazo para la solicitud de dicho voto con la previsión de que esta segunda vuelta se celebre el 18 de diciembre, si no existiera previa reclamación.

En total, el número de personas de la comunidad universitaria que ha participado en estas votaciones es 6.294, lo que supone un 30,52% del censo de la ULPGC. Con respecto a las últimas votaciones a Rector de la ULPGC, del año 2021, la participación ha aumentado en 11 puntos porcentuales. 

El número de PDI que ha votado este año ha sido 1.251. De ellos: 761 profesorado doctor con vinculación permanente; 307 de resto de personal docente e investigador; 69 profesores asociados de Ciencias de la Salud y 114 personal investigador contratado con vinculación no permanente.

El número de estudiantes que ha participado es 4.445, lo que significa un 24,83% del total, récord histórico de participación estudiantil en unas elecciones a Rector de la ULPGC. Por último, han votado 598 miembros del personal técnico, de gestión, administración y servicios (PTGAS) de la institución académica, un 70,11% del total censado. 

Votos para cada candidato por sector 

LLUÍS SERRA

GREGORIO RODRÍGUEZ

-    230 profesorado doctor con vinculación permanente

-    122 de resto de personal docente e investigador

-    18 profesores asociados de Ciencias de la Salud

-    51 personal investigador contratado con vinculación no permanente.

-    2.039 estudiantes:

-    179 PTGAS

MARÍA DEL MAR TAVÍO

Lluís Serra es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, y actual rector de la ULPGC. Asegura que entre las razones que le llevan a volver a presentarse como candidato en las elecciones del próximo 5 de diciembre es que quiere “consolidar” el trabajo que su equipo empezó. “Hace cuatro años encontramos algo muy distinto a lo que tenemos ahora. Y gracias a un equipo magnífico, hemos podido hacer grandes progresos en la gobernanza de esta universidad. En aspectos que afectan a los estudiantes, al PDI (Personal Docente Investigador)... Aspectos relacionados con la plantilla, por supuesto a las estructuras, los campus...” En este sentido, añade que “uno se da cuenta de que con cuatro años no es suficiente para consolidar. Pero también somos conscientes de que tenemos que terminar, por tanto, este trabajo y, en cierto modo, poder presentar la obra completa como nosotros pensamos que tiene que estar”, asegura. 

Tenemos el riesgo de retroceder

Su equipo ha explicado que el 80% de los objetivos que se marcaron hace cuatro años están ejecutados, y que otros proyectos se están ejecutando. Preguntado en una entrevista con Canarias Ahora sobre qué retos quedan pendientes, señala que son desafíos muy relacionados con la parte más de campus, de vida académica, de sostenibilidad, que no han acabado de cumplirse. “Nosotros somos conscientes de que no es fácil mover una institución así. Y los recursos tampoco han sido todos los que nosotros queríamos”. “Pero aun así he luchado mucho, tanto con el Gobierno actual como con el anterior, para tener unos presupuestos adecuados que nos permitan seguir adelante con nuestra tarea. Y estamos en un momento en el cual gestionar esta administración no es tarea fácil. O sea, no lo puede hacer cualquier persona. Se requiere personas con un profundo conocimiento de la institución. Y por ello queremos persistir en estos avances porque tenemos el riesgo de retroceder”, subraya. 

En cuanto a los presupuestos de este año remarca que ha hablado con la consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, Migdalia Machín, que le ha dado esperanza. También asegura que ha hablado con la consejera de Hacienda, Matilde Asián y con el presidente, Fernando Clavijo. “Esto la verdad que nos ayudaría a gestionar la universidad con una cierta holgura. Somos una institución que está realizando una misión social muy importante. Yo siempre considero que la universidad es una gran inversión, no es un gasto. Porque lo que invertimos en la universidad se multiplica en talento, en investigación, en transferencia. Y, por tanto, está demostrado.”

“Además, hay un informe muy reciente del Ministerio de Universidades que dice que las universidades canarias han contribuido en un 13% en la creación del nuevo empleo. Y es un empleo de calidad, un empleo diversificado, un empleo distinto. Por tanto, yo pienso que hay que tratar mejor a las universidades”, sostiene. 

En la Ley de Ordenación del Sistema Universitario se establece que para 2030, las universidades deberán recibir como financiación el 1% del PIB. Serra señala que, si esto se cumple “nosotros tendríamos que recibir en el año 2030, 80 millones más. Si ahora estamos recibiendo del Gobierno unos 130 millones, estaríamos hablando por lo menos de 210 millones para la ULPGC. Es una diferencia y es más, si nos dan 80 millones más, esto va como un tiro. Tendríamos recursos para todo lo que necesitamos y realmente podríamos ampliar el número de títulos, el número de profesorado, reformaríamos las infraestructuras… Esto sería una inyección importantísima. Pero bueno, aunque no sean 80, si por lo menos fuera la mitad, en un plazo razonable, pues nos cubriría las necesidades y nos permitiría hacer cosas. Además de pagar las nóminas y organizar los cursos y los proyectos de investigación”, resume.

Serra añade que la universidad capta recursos. “Y en los últimos cuatro años hemos multiplicado por dos la captación de recursos, digamos, de excelencia, de calidad, por ejemplo, de convocatorias europeas. Pero el dinero que captamos no es para pagar la enseñanza, sino que es para investigar. Y tenemos que invertir en los proyectos de investigación. Es finalista la inversión que recibimos. Y por tanto, no sirve para tapar agujeros”, aclara. 

Sobre las novedades de su programa destaca que se centra en cinco grandes ejes. “Uno es las personas, que están en el centro de nuestro programa: los estudiantes, el personal docente, investigador, el personal técnico de Administración y Servicios, el PTGAS (Personal Técnico, de Gestión, y de Administración y Servicios, y de gestión). Y también las sociedades están en el centro. Luego está otro gran eje, que es el bienestar. Tenemos que trabajar para que esta comunidad tenga una buena salud física y mental. Que haya un bienestar, que haya una buena comunicación entre sus miembros. Luego está la oferta académica, que tenemos que reforzarla”, apunta. 

Yo creo que estamos mucho más cerca de la sociedad que hace cuatro años

Otro eje que menciona es la proyección de la universidad, que cree que en esto “ha sido importante el paso que hemos dado en los últimos años”. Y luego, “la financiación y la gestión de la misma, que es un tema muy importante”, añade. “Yo creo que estamos mucho más cerca de la sociedad que hace cuatro años, muchísimo más. Y hemos sido capaces también de mejorar la investigación, hemos mejorado un poco algunas infraestructuras, mucho menos de lo que quisiéramos. Y hemos avanzado en elementos básicos como son la transparencia. Nosotros llegamos y la transparencia aquí no llegaba al 3, ahora tenemos un 10. Y luego yo creo que la imagen institucional de cara afuera también la hemos mejorado, remarca. 

Vamos como novedad a crear la casa del estudiante

En relación a los estudiantes subraya que se ha trabajado “mucho” en la parte de mentoría. “La LOSU nos lo imponía y nosotros un año y medio antes ya lo estábamos haciendo. Tenemos que facilitar espacios de estudio con un horario extendido. Vamos como novedad a crear la casa del estudiante dentro de una casa antigua del campus”. “La vamos a restaurar y a ceder a los estudiantes para que tengan su espacio propio. También haremos un plan de capacitación, actividades de dinamización justamente para que los impliquen más. Y activar los campus”. En este punto insiste en que no quiere que le consideren “frívolo” pero que “una fiesta en el campus como la Campus Fest, hace 14 años que no se hacía, se acaba de hacer hace un par de meses y la queremos seguir haciendo”. 

Sobre el personal docente e investigador, destaca que “lógicamente, tenemos que adaptar la RPT a las necesidades actuales. Establecer criterios objetivos y transparentes de promoción. Y seguir con la convocatoria de las plazas de ayudante doctor que tenemos ahora. Que no se pueden parar, porque si paras en este proceso también podríamos ponerlas en peligro. Estamos en un momento muy complejo”, apunta. 

Para crecer en Fuerteventura y Lanzarote necesitamos del apoyo de los cabildos

Sobre la falta de profesorado y otras carencias que afectan sobre todo a facultades de Lanzarote y Fuerteventura, destaca que su compromiso con esas islas es tal que las ha visitado numerosas veces en su mandato. “Hemos recuperado unos espacios en Lanzarote que incorporaremos a toda nuestra estructura, digamos tanto del grado en Turismo como del grado en Enfermería”, afirma. “Y luego tenemos también en Fuerteventura un edificio que está empezando a construirse donde nos ubicaremos en el contexto del Parque Científico y Tecnológico de Fuerteventura”, explica. 

“Nosotros para crecer, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, necesitamos un apoyo decidido del Cabildo porque no tenemos recursos. Y, por tanto, si nosotros pudiéramos recibir el equivalente de lo que recibimos del Cabildo de Gran Canaria aquí, que nos apoya en áreas fundamentales como es la transición energética o aspectos ligados a nuestra gestión del campus, procesos participativos o reforma de infraestructuras… Si tuviéramos partidas equivalentes en las otras islas no capitalinas, realmente podríamos mejorar mucho nuestra presencia”, asegura. 

No obstante, asegura que se ha trabajado en cuestiones como la contratación. “Con bolsas de sustitución, pues hemos hecho bolsas de trabajo específicas para Fuerteventura y para Lanzarote. Porque antes ¿qué nos pasaba? Sacamos una plaza, por ejemplo, para Enfermería y ponía: destino Lanzarote. Y claro, la persona ganaba la plaza, se iba y luego la dejaba y se volvía para acá (Gran Canaria). Y pedía un traslado a otra plaza dentro de la estructura. Por tanto, estamos haciendo un trabajo importante con el Servicio Canario de Salud para captar profesionales de enfermería y otras especialidades médicas para la docencia teórico-práctica en enfermería en ambos”. 

El catedrático asegura que se han realizado otras iniciativas “muy interesantes en los últimos meses y queremos potenciar, como por ejemplo, que los estudiantes de Medicina de Las Palmas puedan hacer el rotatorio el último año en Lanzarote”. Esto cree que permitirá “acercar a los profesionales de la ULPGC a las islas no capitalinas. Esto es muy importante para luego que puedan plantearse ir a trabajar allí”, apunta.

Hemos hecho obras para mitigar el efecto del cambio climático

Serra explica que los fondos Next Generation se han usado sobre todo para digitalización y que del FDCAM sí que se han utilizado para infraestructuras. “Estamos rehabilitando toda la escuela de informática, con un presupuesto de casi 4 millones de euros. Y muchos otros edificios, en Ciencias de la Salud, en Veterinaria hemos hecho muchas acciones también. Hemos hecho obras también para mitigar el efecto del cambio climático, el calor, mediante pérgolas, medidas de barreras...”, enumera. 

El candidato a rector asegura que gracias al Cabildo de Gran Canaria se contará con otra fuente de financiación por sus remanentes, que “nos va a permitir instalar una estación fotovoltaica en el campus de Tafira que nos va a generar más del 50% de la energía de consumo. También, dentro del campus, gracias a este recurso del Cabildo de Gran Canaria estamos haciendo refugios bioclimáticos”, asegura. “Tenemos un campus extraordinario con un palmeral único”, recuerda. 

Sobre la proliferación de universidades privadas en Canarias, incide en que en Canarias, el 80% de los egresados de grado son de universidades públicas. Y de Máster, cerca del 70%. De doctorado, el 100% son de universidades públicas. “¿Qué quiero decir con esto? Que hay algunas cosas, másteres cortos de duración, pues que a lo mejor las universidades privadas pueden hacer. Pero realmente, las maestrías más complejas, como de computación o ingeniería de caminos, son mucho más difíciles de hacer en una universidad privada. Por lo menos hacerlo bien. Nosotros lo que queremos es que se les evalúe, igual que a nosotros”, indica.

“Creemos totalmente en la libre competencia. También sabemos que nosotros estamos haciendo un servicio importante, porque generalmente, en Canarias, la gente que tiene recursos suele ir a estudiar fuera. O sea, tienen más problemas en la universidad privada para encontrar un grupo suficiente que nosotros”, añade. 

En cuanto a la desigualdad social en la ULPGC, subraya que “una de nuestras políticas importantes es, dentro de lo que llamamos el bienestar integral, hacer un entorno inclusivo que incluya políticas de inclusión y programas de cooperación familiar y también un programa especial para profesorado, jubilado y emérito. No queremos perder a nuestros mayores, queremos retenerlos y que formen parte también de la comunidad universitaria”.

Sobre la brecha de género en la universidad, apunta que su equipo es “muy paritario”: “Si excluimos al gerente, que no es universitario, tenemos cinco mujeres y cinco hombres”. Insiste en que “de las cinco mujeres, tres son catedráticas, y de los hombres también tres son catedráticos. Además, de las profesoras titulares hay dos que están habilitadas a catedráticas, o sea, que en total nuestro equipo tiene cinco mujeres catedráticas o habilitadas a catedráticas y 3 catedráticos o habilitados, que es un equipo con una experiencia docente y de gestión y que, desde luego, en ningún otro equipo existen más de dos catedráticos. Por tanto, yo creo que esto es también importante, y esta paridad tan matemática entre yo pienso que también es positiva”, afirma. 

También menciona que en este mandato se han nombrado once mujeres ‘honoris causa’, lo que ayuda a reducir la brecha de género en la universidad. “Desde marzo de este año hasta ahora, en las universidades españolas se están nombrando muchas mujeres ‘honoris causa’, pero ha tenido un impacto también fuera de estas fronteras. Se conoce como una acción sencilla de hacer, pero que cambia las cosas. Yo creo que los rectores y los equipos estamos para eso. En el momento en que podamos establecer golpes de timón importantes, aunque pueden ser criticados, hay que darlos porque cambian mucho la percepción de la gente. Once mujeres con unos currículos extraordinarios que no es que hubieran sido silenciadas, pero que nunca habían sido premiadas”. En este punto, añade que “hay un antes y un después. Y, desde luego, no vamos a permitir que haya una disparidad. Si esto cambiara en el futuro, nos exigiríamos que se rectificara”. 

En materia de igualdad hace alusión a los premios de TFG a la Igualdad, los premios de final de máster o que la Unidad de Igualdad ha sacado un nuevo plan. “Hemos trabajado muy bien con un proyecto europeo que se llama Atenas, que nos ha permitido trabajar con distintas universidades y nos ha permitido comparar nuestro plan de igualdad con otros. Es una cosa muy, muy enriquecedora”.

Preguntado sobre políticas de conciliación, remarca que se ha instalado el teletrabajo en el PTGAS “que tiene el derecho a compaginarlo con la actividad presencial, y seguramente tendemos a un modelo de docencia en el cual el teletrabajo y la teleformación formarán parte del día a día, es decir, no será necesario que los estudiantes vengan, ni siquiera los docentes todos los días a trabaja. Esto no está en el programa, pero es la idea de una universidad de futuro, una universidad donde la formación híbrida tenga un papel más importante”. 

“Necesitamos planes más flexibles por parte del Ministerio, porque si no, no podemos ajustarnos y no podemos hacer lo que normalmente nos gustaría, pero es evidente que la teleformación y el teletrabajo tienen que ser protagonistas en la universidad, y el estudiante tiene que estar muy bien mentorizado, muy bien tutorizado, pero no tiene por qué estar aguantando en una clase la lección de un profesor como si estuviéramos en el siglo XX o en el siglo XIX. Las cosas han cambiado, la tecnología ha cambiado y tenemos que ir adaptándonos”, sostiene. 

Otra de las cuestiones que menciona es que se ha trabajado con organizaciones empresariales y se han sacado adelante proyectos de emprendeduría y menciona el programa Spinoff o la Patents Week, que es una semana en la que se enseña a desarrollar una patente. “Todo esto lo hemos hecho en el Parque Científico con gran éxito”, asegura. “En estos últimos tres años hemos generado 14 empresas y la idea es que para los próximos seis años podamos generar tres o cuatro veces más. Es decir, un volumen importante de empresas y crear un entorno de transferencia y de innovación ligado a la universidad que atraiga a otras empresas de otros países y otras que en definitiva encuentren aquí un espacio de talento y de creatividad”, resalta. 

Serra también se enorgullece de que el programa Erasmus haya dado “un salto importante”, pues, “ahora estamos con cifras de 1.600 estudiantes intercambios”. “Yo me imagino nuestra ULPGC todavía con más intercambio, con más estudiantes extranjeros y posiblemente con más estudiantes del continente africano”, apunta. 

El papel de la universidad ante la situación de Palestina

“Nosotros tenemos que tener un papel digamos bastante imparcial pero tenemos que denunciar cuando ocurren cosas injustas en el planeta. Yo voy a recibir un día de estos al embajador palestino y creo que debemos de promover la paz y a la vez la libertad de estudio y de cátedra. No podemos ir tampoco contra todo lo que sea Israel porque al fin y al cabo si hay una persona que tiene un origen israelí que está trabajando en esta universidad, que no es el caso, no hay que estigmatizar porque las personas estamos por encima de los políticos y los pueblos están por encima de los políticos. Ni todos los americanos son Donald Trump por muchos que lo voten ni todos los israelíes son Netanyahu por mucho que lo voten. Los ciudadanos están más allá. Pero tenemos que estar con los más desfavorecidos siempre, con los oprimidos y con los que sufren”, resume. 

María del Mar Tavío es catedrática en Microbiología y decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y aspira a ser la primera rectora de la ULPGC en las elecciones del próximo 5 de diciembre. Asegura que da el paso por “la situación en la que se encuentra actualmente la ULPGC. Es una situación en la que hay un declive importante, no sólo de la imagen ante la sociedad, sino también un declive en cuestiones ya de calidad, en las posiciones en ranking. También hay una parálisis importante en muchísimos asuntos en la universidad”. De ahí que su lema sea “¡Nos merecemos una universidad mejor”. 

En una entrevista con Canarias Ahora, Tavío explica que tras más de un año y medio de aprobada la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), “ni siquiera se ha puesto en marcha la modificación de los estatutos, que es obligatoria. Ya ha pasado un año y medio y realmente eso tenía que haberse puesto en marcha”, reprocha. Sostiene que “esta parálisis, esta ineficacia en la gestión, especialmente en los últimos cuatro años, lo que hace es desilusionar al equipo humano de la universidad, tanto al estudiantado como al profesorado, al personal investigador (PDI) y al personal técnico de gestión (PTGAS), administración y servicio”.

Resalta que hay una serie de “medidas urgentísimas” que acometer, como “ garantizar la libertad de expresión y de crítica”. A su juicio, “prueba de la parálisis en la que se encuentra la universidad es que una vez que entra en vigor la LOSU era obligatorio que la unidad de inspección de servicio fuera dirigida por un miembro del PTGAS. Sin embargo, a día de hoy, un año y medio después, sigue dependiendo directamente del rector. Entonces, hay que tener en cuenta que esta unidad es la que es responsable de incoar y de instruir los expedientes disciplinarios”, resalta. 

No puede ser que por una ineficacia en la gestión no haya profesorado para impartir una asignatura

La candidata subraya que hay cuestiones básicas como “focalizar el gasto en aquellas áreas que son fundamentales, en primer lugar. Y me estoy refiriendo a cosas tan básicas como equipamientos de aula, de laboratorio, informático, pero también incluso para la actividad del propio profesorado”, apunta. “Lo que no puede ser es a lo que nos venimos enfrentando estos últimos cuatro años, en los que cada dos por tres, pues por una ineficacia en la gestión, no hay profesorado para impartir una asignatura”, lamenta. “Es una cuestión grave, además que va en desprestigio de los títulos que se imparten. Y desde luego, influye negativamente en las posibilidades profesionales que tenga nuestro estudiantado”, incide. 

Sobre la falta de profesorado que afecta a muchos inicios de curso en la universidad expone que no solo ocurre en Lanzarote, sino que hay muchas otras situaciones que no trascienden a la prensa. “Lo que no es posible es que no funcionen las bolsas de sustitución. Es decir, tienen que estar actualizadas, activas, y tiene que haber mecanismos para que esas bolsas permitan que una baja se pueda sustituir”.  Tavío insiste en que se sabe con antelación que se necesita profesorado y es por ineficacia en la gestión por lo que no se contrata porque “hay procedimientos”. “Los departamentos cumplen al 100% y las escuelas y facultades, también. Donde luego no funciona, es arriba en el rectorado”, apunta la catedrática, que añade que “yo no digo que sea mala voluntad, pero lo cierto es que han sido incapaces. Es una cuestión de gestión, de saber organizar y de saber gestionar”. 

Apostamos por una gobernanza participativa

Tavío remarca que su equipo apuesta por una gobernanza participativa. “No puedes, como ha estado sucediendo hasta ahora, decidir de espaldas a los demás según lo que le parezca al equipo rectoral. Tienes que contar con el estudiantado, con el PDI, con el PTGAS. También con los departamentos, cuando vas a tomar decisiones que afectan con las escuelas, con las facultades, con los institutos de investigación…”, apunta. “Es decir, lo que no puedes es gobernar de espaldas a ellos. Porque es tan importante como, por ejemplo, que el estudiantado es el que te puede dar el mejor feedback, te puede dar la mejor retroalimentación de lo que ellos están viviendo todos los días. Cosas tan básicas que se podían haber resuelto fácilmente, que no necesitan inversiones millonarias, simplemente interés y preocupación por las necesidades del estudiantado”. 

Como ejemplo, la decana de Ciencias de la Salud recuerda que “la mayor parte de las aulas de la universidad siguen con sillas, que ya no son útiles, sillas con paletas, no tienen mesas, por ejemplo. Entonces, la mayor parte de los estudiantes utilizan un ordenador personal con una silla de paletas. Es decir, cosas tan básicas como esa, como el equipamiento de las aulas o el equipamiento informático, que está totalmente obsoleto”.

Tavío señala que la CRUE ha elaborado un documento sobre la importancia de que las universidades evolucionen hacia la madurez digital. “¿Cómo vamos a evolucionar la madurez digital si aquí no se han resuelto cosas tan básicas como que el equipamiento informático? Sin hablar de otras cuestiones como una red de Wi-Fi que tampoco es eficiente en muchos centros y que durante las clases se viene abajo. Eso lo que hace es llevar a un hartazgo y una decepción en el estudiantado, en el profesorado y en el PTGAS, que también sufre las consecuencias”, resalta.

No se puede dar una imagen al exterior de gasto desenfrenado

Sobre financiación de las universidades, señala que aunque su candidatura quiere llegar a culminar un nuevo contrato-programa con el Gobierno de Canarias, “para contar con la financiación más adecuada, que nos permita crecer y desarrollar”, cree que, de cara a esa negociación, “es fundamental justificar que se gasta bien el presupuesto”. “Actualmente, tenemos un número de cargos, no ya vicerrectorados, sino de direcciones, que es realmente exagerado. Es decir, que respecto a lo que sería necesario y respecto a aquello con lo que cuentan otras universidades similares es excesivo”, incide. “Entonces ahí se va una parte importante del gasto, una parte importante del gasto superfluo”, remarca Tavío. “Si tú de cara al exterior ya das una imagen de gasto desenfrenado, pues al final eres poco creíble cuando vas a intentar negociar ese aumento de la financiación”.

“Pero para poder, de cara al Gobierno de Canarias, justificar que realmente necesitamos esa mayor inversión, primero hay que demostrar que estás siendo racional en el gasto”, indica la candidata, que apunta que en lo que hay que gastar es en las cuestiones fundamentales de la universidad, como son la calidad en la docencia y en todo lo que atañe a la oferta formativa: los medios para la investigación, para la transferencia, para la internacionalización, porque para facilitar a nuestro equipo humano estudiantado, PDI y PTGAS la movilidad internacional, tienes que tener medios adicionales. No puedes pretender que para esa movilidad tenga cada uno que pagarlo de su bolsillo“.

En cuanto a la nueva Ley Universitaria, sostiene que abre numerosas oportunidades y cree que va a haber apoyo por parte de las instituciones, y cita, por ejemplo, que el Ministerio ha publicado una financiación para las universidades, para una serie de contratos de ayudantes doctores. “Desde luego lo que sí es importante es que más allá de ese apoyo es que haya una gestión eficaz, y desde luego que el gasto esté focalizado en lo realmente importante, que es la docencia, la investigación, el estudiantado, el profesorado, nuestro PTGAS. También es importantísimo que la organización de la gestión de la universidad responda a una universidad del siglo XXI. No se ha hecho absolutamente nada, y es fundamental que esa organización nos permita una mayor agilidad en los procedimientos, que son básicos, como los de contratación o como los de sustitución, entre otros muchos”, aclara.

Tenemos facultades con goteras”

Señala que en materia de infraestructuras también hay muchas deficiencias, sobre todo en el campus de Tafira. “Es necesario negociar con otras administraciones públicas y también buscar fondos europeos o de cualquier otro tipo para poder tener en condiciones esas infraestructuras. Tenemos edificios, facultades, con goteras”, destaca. También incide en que hay un reto con la adaptación de los centros al cambio climático y que el equipo humano acude a trabajar “con esa situación de aulas no climatizadas, de espacios de trabajo no climatizados, que hacen muy difícil llevar a cabo la labor de la actividad académica, sobre todo en ciertos periodos del año”. 

Otra cuestión en la que insiste Tavío es en la caída en los rankings internacionales. “Estamos fuera del ranking de Shanghái y lo que no es absolutamente aceptable ni lógico es que, por el hecho de no haber sabido tomar las medidas necesarias para garantizar que estuviéramos en los puestos en que estábamos antes de llegar este equipo rectoral, que lejos de ello, pues que el propio representante institucional, el rector, vaya diciendo en los medios que eso no importa, quitándole valor. Y tiene mucho valor, porque cuando damos la imagen de cara a otras universidades o incluso de cara a empleadores, tanto aquí como en el exterior, la gente acude a los rankings. Es decir, que no puedes quitarle valor”, insiste. 

Sobre la proliferación de universidades privadas en Canarias, la catedrática sostiene que en “los últimos años hemos perdido alrededor de 2.000 alumnos y eso no lo podemos justificar simplemente por la proliferación de las privadas. Las privadas ya estaban unos años antes”. La candidata entiende que “la imagen de prestigio que debería dar esta institución académica y que siempre tuvo se ha perdido a pasos agigantados, sobre todo en estos últimos años” y agrega que “lo que no puede ser es que la oferta de titulaciones se base en una encuesta”. Además, insiste en que “no ha habido una estrategia para orientar la oferta formativa en grados y posgrado para que tenga un mayor atractivo de cara al estudiantado”. 

“Tenemos un PDI, un personal docente-investigador excelente, muchos con niveles reconocidos en su calidad de investigación, con muchos grupos reconocidos a nivel internacional. Pero claro, si luego la gestión no da lugar a que eso tenga su encaje y que se manifieste en buenas calificaciones, pues al final la imagen que estamos dando es la que hace que entre otras cosas perdamos estudiantado. Tampoco se ha hecho nada por promover la oferta de titulaciones en algo tan básico como en nuestro propio medio, en las islas de la propia provincia”.

Contaremos por primera vez con un vicerrectorado para los campus de Fuerteventura y Lanzarote

“Una de las novedades que incluye mi candidatura es que contamos por primera vez en la universidad con un vicerrectorado para los campus de Fuerteventura y Lanzarote”, explica Tavío en esta entrevista, donde recuerda que mucho estudiantado de Fuerteventura y de Lanzarote no escoge la oferta formativa de la ULPGC porque “simplemente, la desconocen”. En este sentido, apunta que en las propias islas de Lanzarote y Fuerteventura hay un nicho importante de crecimiento de la ULPGC que ni se ha proyectado ni se ha pensado en ello. 

“Este equipo rectoral no ha sabido llevar a cabo o tener una estrategia de cara a la proyección de la ULPGC hacia el exterior, hacia la sociedad. Tampoco ha habido estrategia en que nuestra oferta formativa se conozca, en que sea atractiva y que eso nos hubiera permitido que no hubiéramos perdido casi dos mil alumnos. Y de seguir así puede haber una mayor sangría”, advierte. “Si perdemos el estudiantado, perdemos la universidad. Si no hay estudiantado, no se justifica la universidad. Eso sería gravísimo”, remarca.

Sobre medidas para combatir la desigualdad en el alumnado, Tavío señala que “actualmente no hay una ayuda especial para aquellos estudiantes que provengan de familias económicamente más desfavorecidas. No hay ayudas específicas”. Además, añade que el coste de las residencias universitarias es altísimo. “Bueno, y no hablemos de las instalaciones de las residencias universitarias”, donde agrega que los menús siguen siendo muy basados en “comida no saludable”, agrega. “No ha habido interés y preocupación en cuestiones tan básicas como esas que afectan al alumnado”, insiste.  

“La mayor parte del profesorado que trabaja en la ULPGC actualmente se formó en la ULPGC y nosotros con los compañeros decimos: ¡qué pena el desprestigio que está cayendo!”, destaca la catedrática. “Si no es capaz de estar preparada para avanzar, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria puede llegar a desaparecer. Y sería algo terrible, porque costó mucho ponerla en marcha, todo el esfuerzo de una sociedad y, desde luego, no podemos seguir permitiendo que sigamos en esta cuesta descendente en la que estamos”, subraya. 

“Seguimos dependiendo de una transferencia que es impulsada solo por el profesorado y personal investigador. No tienen un apoyo técnico especializado. No hay una oficina específica dedicada a promover, a buscar nichos de mercado para esa transferencia”. Además, incide en que no hay una estrategia para promover el emprendimiento y propone precincubadoras. 

En nuestro programa tenemos contempladas medidas para la conciliación familiar

En cuanto a la brecha de género, Tavío cree que hay que poner medios. En este sentido, recuerda que si no se encuentran medidas dentro de la universidad para favorecer esa conciliación familiar, “muchas veces tienen que dejar parada esa investigación que están llevando a cabo, porque tienen que atender a sus hijos, tienen que atender a esa familia”. “En nuestro programa tenemos contempladas medidas para la conciliación, que son fundamentales y en las que no se ha hecho nada. Lo que tiene actualmente el personal es básicamente lo que contempla la normativa general, los permisos. Pero tenemos que ir mucho más allá, para que sea mucho más fácil que a ese padre o madre, profesor, profesora, investigadora o investigadora, le sea fácil compatibilizar su vida familiar con el desarrollo de su actividad”. 

En este sentido, menciona también al estudiantado. “No es tan frecuente, pero sí que es verdad que tenemos estudiantado que tienen familia, que tienen hijos” y “también establecer medidas que favorezcan que puedan seguir desarrollando su actividad académica en condiciones que les permitan además hacer frente a sus obligaciones familiares”. 

El papel de la universidad ante la situación de Palestina 

“Desde luego la Universidad de las Palmas de Gran Canaria cumple un fin social y tiene que estar representada adecuadamente en todos estos foros y acciones que son parte de lo que es la universidad. La universidad en sí misma debe ser un centro de referencia académico pero también de los derechos y de las libertades. Y tiene que proyectarse al exterior de esta manera. Y desde luego es una parte de esa imagen social de la universidad”, remarca Tavío. 

Gregorio Rodríguez Herrera es catedrático de Filología Latina y director del Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales (IATEXT). Es una de las tres personas que se presentan a las elecciones de rector o rectora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) cuya votación será el 5 de diciembre. Defiende que ha dedicado toda su vida al servicio de la universidad y ahora siente que debe dar este paso porque “la ULPGC se encuentra en un momento de desafección por parte de la comunidad universitaria, en donde hay un conformismo producto de que la comunidad universitaria no se ha sentido verdadera protagonista de la evolución de la universidad en la última década”. Se trata de una cuestión que cree que se ha acentuado en el último mandato. “Hay una apariencia de democracia, de democracia interna, pero la realidad es que luego los colectivos participan poco en la toma de decisiones.”, insiste. 

“A mí la experiencia de todos estos años me ha enseñado que cuanto más participa la comunidad universitaria en la toma de decisiones, en discutir las cosas una y otra vez, comentarlas, aportar, convencer, dejarte convencer, todo lo que sale de normativa, de reglamentación y de decisiones es más duradera en el tiempo porque la gente se siente más partícipe de las decisiones que se han tomado”, remarca Rodríguez, que añade que “ha habido una renovación de un montón de reglamentos y de normativas que sin embargo después el conjunto de la comunidad lo ha recibido como una imposición”. 

Otra de sus reivindicaciones es que en la ULPGC no está dando la oferta académica que demandan los estudiantes, sobre todo en el posgrado, “con lo cual tenemos muchos alumnos en grado que luego en el posgrado se van de la universidad y ese talento se va a otras instituciones de educación superior”. Para el catedrático, “es un problema doble, porque no es solo que tú con esto hagas que mucha gente que tiene talento no lo pueda desarrollar completamente en la universidad o incluso simplemente no lo pueda desarrollar porque si no tienes posibilidades económicas en tu entorno familiar, ¿cómo haces el máster y cómo haces el doctorado? Este es el primer problema”, apunta.

“Y el segundo problema, la consecuencia de esto es que si queremos renovar las plantillas docentes e investigadoras de la universidad, ¿cómo las puedes renovar si tú mismo no estás dando la posibilidad de esa formación en todos los ámbitos a todos los estudiantes? Estas dos cuestiones son clave; una que tiene que ver con la gobernanza, la desafección y luego en el ámbito de los estudiantes. Yo creo que la oferta formativa debería mejorarse y la formación permanente, por supuesto”, explica. 

Creo que lo mejor que tiene la ULPGC es su propia comunidad universitaria

Al ser preguntado por el contrato social del que habla en su programa, Rodríguez apunta que “lo mejor que tiene la ULPGC es su propia comunidad universitaria”. En este sentido, añade que los nuevos profesores que van entrando, los propios estudiantes que van entrando a la universidad “ya no tienen conciencia de cuál fue el origen de esta universidad; que es ese carácter social”.  “Ahora no hay esa conciencia de que este es un proyecto colectivo porque las personas no se sienten protagonistas de este proyecto. Y ahí consiste ese contrato social. Un contrato social que implique no sólo la comunidad universitaria, sino que también la sociedad canaria vuelva a sentir a la Universidad de Las Palmas como su universidad”, subraya. 

El candidato a rector afirma que “en un ecosistema que ya ha cambiado con las universidades privadas, nosotros necesitamos que la sociedad canaria entienda esta universidad como su universidad”. 

La universidad necesita un contrato programa con una financiación por objetivos

En materia de financiación, entiende que la universidad necesita un contrato programa, pero que no debe ser con una financiación fija. “Tiene que ser una financiación por objetivo. Entre otras cosas, porque con una financiación fija, siempre vamos a estar por debajo de la Universidad de La Laguna en financiación. Porque tiene más capítulo 1, tiene más profesores… mientras que por objetivo, esta universidad, que es una universidad muy dinámica, siempre podrá y tendrá la capacidad de acercarse al equilibrio presupuestario”. No obstante, también incide en que la universidad no puede basar su financiación exclusivamente en pedir dinero al Gobierno de Canarias, y cree que no se han aprovechado los fondos Next Generation o el PERTE. “Si ganamos las elecciones hay varios campos en los que tenemos clarísimo que vamos a presentar proyectos para obtener una financiación”, asegura. 

Sobre la proliferación de universidades privadas en Canarias señala que, si se crean, debe ser en condiciones óptimas. “Algunas se crean sin que el Consejo de Universidades del Estado les haya dado el visto bueno y eso ya, de entrada, te hace pensar qué decisiones están tomando. Pero, la realidad es que el ecosistema universitario canario ha cambiado”, reflexiona. Sin embargo, traza una importante diferencia: “Una universidad privada vive de su cuenta de resultados. Tanto en matrícula, tanto en estudiantes que la pagan. Una universidad pública recibe dinero, forma a los estudiantes y eso retorna a la sociedad después en forma de talento que se ha formado”. Además, cree que el mercado de la privada se va a regular como ha pasado en la Península, donde unas universidades adquieren a otras. 

Rodríguez defiende que deben agilizarse la creación de títulos ya que el gran nicho de competencia con las privadas no son los grados sino los posgrados. “La ley orgánica del sistema universitario permite a las universidades presenciales tener formación híbrida. Y creo que ahí, es donde puede estar nuestro gran nicho de formación. Mirando no solo a Canarias, sino mirando a Hispanoamérica, a Latinoamérica”, apunta. 

Tenemos que incentivar la investigación en los más jóvenes

Sobre los criterios que marca la nueva Ley universitaria, cree que la ULPGC está en disposición de alcanzarlos. No obstante, sí cree que “tenemos que incentivar la investigación en los más jóvenes, independientemente de que reconozcamos la excelencia de los investigadores senior”. 

En cuanto a medidas para garantizar la igualdad de género, explica que es director de un instituto universitario que es el único paritario en cuanto a investigadores e investigadoras y su comité ejecutivo está compuesto por una gran cantidad de mujeres. Explica que en su candidatura habrá un vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Bienestar. “Vamos a hacer un diagnóstico de las necesidades que plantea la comunidad universitaria, un diagnóstico que nos puede dar como resultado que sea necesario que haya guarderías en la universidad, o que nos diga que lo que es necesario es que tiene que haber un centro de día, porque estamos también en una época en donde cada vez hay más profesores que lo que tienen a su cuidado son personas mayores y no a niños. Pero yo sería un atrevido si le dijera a usted ahora que voy a hacer A o B. Lo primero que necesitamos es un diagnóstico de las necesidades de la comunidad universitaria, por eso está ahí ese vicerrectorado”, afirma.

“El término bienestar no es solo comprar sillas económicas, que también. Es también facilitar la buena vida de nuestra comunidad universitaria dentro de la universidad, indica Rodríguez, que añade que ”todo este concepto de lo social es muy amplio, como puede ver, dentro de nuestra idea de universidad“. 

Para Gregorio Rodríguez, debe haber un “plan para hacer atractiva la carrera universitaria a los jóvenes que quieren empezar en la universidad” y, en este sentido, menciona que no se cumple con la propia normativa para dotar a las facultades del profesorado que necesita. Por ello, muchos inicios de cursos el estudiantado se queja de la falta de docentes. “En abril se tiene que enviar el plan de ordenación docente a los departamentos para que cubran la docencia que va a empezar a darse en el mes de septiembre. Sistemáticamente, esos planes se están haciendo en junio y en julio. Con lo cual, evidentemente en agosto, la posibilidad de contratar no existe. Empieza el curso y no hay profesor”, recuerda. Por ello apunta que su compromiso es que la norma se cumpla en el mes de abril.

Sobre infraestructuras cree que se ha perdido la posibilidad de contar con fondos europeos. “¿Cuál es nuestro objetivo principal en cuanto entremos? Tener una serie de personas destinadas a preparar esos proyectos para conseguir fondos vinculados a la sostenibilidad y a la digitalización que alivien el presupuesto en otros lugares para poder acometer el resto de las cuestiones”, asegura. El catedrático incide en que los laboratorios docentes están muy precarios en este momento y deben reciclarse. 

Tendremos un vicerrectorado de vida universitaria y proyección social

Durante toda la entrevista con Canarias Ahora, Rodríguez insiste en que todas las decisiones deben realizarse con la complicidad de la comunidad educativa. “La comunidad universitaria tiene que entender que si vamos a cometer determinadas reformas pues habrá que acometerlas de una manera o de otra, pero hay que explicar mucho. La comunidad universitaria no es un niño al que hay que esconderle las verdades. Hay que explicarle las cosas con mucha transparencia”, añade. 

“La percepción que nosotros tenemos es que los estudiantes hacen los grados y pasan por la universidad, pero la universidad no pasa por ellos. Y por eso los estudiantes se quejan de que no hay ese sentimiento de pertenencia”, explica el catedrático, que apunta que de ahí que propongan un vicerrectorado de vida universitaria y proyección social. “Es este concepto norteamericano de universidades como Stanford y que aquí en España ya la Universidad de Granada o la Universidad de Carlos III ya denominan así a sus vicerrectorados”, destaca. “Nosotros vamos a tener una serie de proyectos para que desde las delegaciones de alumnos se puedan hacer proyectos dentro de la universidad e implicar a los estudiantes como actores principales”, revela. 

Sobre medidas a tomar ante la desigualdad socioeconómica del alumnado, explica que en ese vicerrectorado de Igualdad, se va a trabajar en detectar a aquellos estudiantes que tienen dificultades económicas para acceder a la educación. “Queremos establecer un cuadro de control que nos vaya detectando con tiempo qué estudiante está empezando a no subir actividades, a faltar a clases, porque eso lo podemos hacer y eso va a estar dentro de la digitalización de la universidad”, detalla. “La universidad tiene que tener vías para que los estudiantes puedan hacer llegar las dificultades que puedan tener”, expone. En este punto, señala que pretenden llegar a acuerdos con municipios para que “se ayude a los estudiantes que proceden de sus propios municipios y que puedan tener dificultades y que se invierta una parte de esa acción social para que el talento de esos municipios no se pierda”. 

En cuanto a la empleabilidad, remarca que se están desarrollando los foros de empleo de la universidad, que cree que están funcionando bien. “Nosotros también queremos utilizar en Tafira un edificio que es el edificio Anexo para intentar que sea una preincubadora de ideas de los estudiantes vinculados a determinados grupos de investigación”, afirma. “Tenemos que fomentar que nuestros estudiantes creen sus empresas, no solo que los contraten, que sean capaces de crear sus empresas”, agrega. Asimismo, aboga por hacer llegar a la sociedad el trabajo de la universidad. “Tenemos que ser capaces de salir con nuestro catálogo, de contarle a las empresas y a las instituciones de Canarias todo lo que sabemos hacer”, incide Rodríguez. 

El papel de la universidad ante la situación en Palestina

Preguntado sobre el papel que debe tener la universidad ante la situación en Palestina, destaca que “la universidad tiene que promover la paz sin ningún tipo de duda, la Ley Orgánica del Sistema Universitario permite que las universidades que a través de sus claustros tomen posición sobre cualquier tema de actualidad y social y creo que a la ULPGC le ha faltado reflejo porque lo único que se ha hecho es leer el comunicado de la CRUE y nada más y hay muchos compañeros comprometidos con esta causa”, resalta.

“Creemos que, independientemente de la capacidad que tenga todo pueblo a defenderse de una agresión, es indudable que hay cosas que son desproporcionadas y creo que la ULPGC tendría que haber dado un paso al frente más contundente con respecto a esa desproporción que está siendo utilizada contra el pueblo palestino. No me cabe ninguna duda y el ejemplo lo tenemos con nuestra universidad hermana que es la ULL y a nosotros nos ha faltado mucho reflejo cuando siempre hemos sido una universidad vinculada a la paz y la provincia de Las Palmas especialmente, pues recordemos que en el famoso referéndum de la OTAN somos de las provincias que votó que no”.  

Las universidades públicas de Canarias vuelven a pedir auxilio ante unos presupuestos que tachan de deficientes. Entre la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) habían pedido al Gobierno regional un incremento en este curso de 23 millones para los dos centros con el objetivo de hacer frente a cuestiones como la subida salarial o el aumento de costes de servicios como limpieza, electricidad, suministros… “De los 143 millones 700 mil euros que la ULL tenía el año pasado, pasa este año a 143 millones 900 mil euros, es decir, el incremento es nulo”, explica el rector de esa universidad, Francisco J. García. “Estamos pidiendo cuestiones bastante básicas que tienen que ver con la supervivencia”, resalta. 

“Vamos a tener que hacer frente a incrementos de cara al próximo año y no porque queramos hacer políticas expansivas o porque queramos poner en marcha nuevos programas o aumentar nuestra estructura, sino porque tenemos que pagar los salarios. El incremento salarial viene obligado por los presupuestos nacionales y en este caso nosotros tenemos una estimación de un aumento de 2,8 millones de euros de cara al próximo ejercicio sólo en salarios”, destaca García. 

“Tampoco es que las universidades públicas canarias estemos pidiendo grandes cosas”, señala el rector de la ULL, que recuerda que en el ránking sobre la universidad española en cifras se detalla que para la Universidad de La Laguna los gastos corrientes por alumno o alumna suponen 6.900 euros cuando la media nacional es de 7.300 euros y universidades como La Rioja “estamos hablando de más de 10.000 euros por estudiante”. “Nosotros estamos en ese sentido en el puesto 31 de 47 universidades”, insiste García, que no cree que se esté pidiendo un esfuerzo más allá de lo normal para estar al día en cuestiones como esta. 

Para el rector, tenemos que “garantizar que el servicio público de Educación superior pueda presentarse en condiciones mínimas necesarias de calidad para poder seguir siendo útil a nuestra sociedad”. García insiste en que estas universidades públicas son las que garantizan “ese ascensor social tan necesario para las sociedades y más en un lugar como Canarias donde la desigualdad de riqueza es de las más elevadas de Europa”. 

El rector de la ULPGC, Lluís Serra, destaca que ha trasladado esa preocupación por los presupuestos a la consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, Migdalia Machín, que le ha dado “esperanza”. También asegura que ha hablado de ello con la consejera de Hacienda, Matilde Asián y con el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. Si no se soluciona, explica que tendrán que ir a las enmiendas, con otros grupos políticos.

Serra incide en que hay que considerar que la universidad es “una gran inversión, no un gasto”. “Porque lo que invertimos en la universidad se multiplica en talento, en investigación, en transferencia. Y está demostrado”. El rector alude a un informe muy reciente del Ministerio de Universidades que dice que las universidades canarias han contribuido al 13% en la creación del nuevo empleo. “Y es un empleo de calidad, un empleo diversificado, un empleo distinto. Un empleo de servicios exclusivamente. Por tanto, yo pienso que hay que tratar mejor a las universidades”, aclara.

Objetivo a largo plazo: 500 millones de euros

El rector de la ULL recuerda que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) indica que el horizonte es que en 2030 las universidades públicas reciban el 1% del PIB. En Canarias, hay un PIB aproximado de 50.000 millones de euros, lo que implicaría que las universidades públicas canarias deberán recibir 500 millones. “Estamos lejos de esa cantidad, estamos casi en la mitad y desde luego los presupuestos que se nos dibujan, los que han entrado en el Parlamento, indican que no vamos en esa dirección sino más bien en sentido contrario. Y esto es lo que nos preocupa y esperamos que se revierta”, indica. 

Por su parte, el rector de la ULPGC señala que contar con 80 millones más para esta universidad (si se destinara el 1% del PIB a universidades) “tendríamos recursos para todo lo que necesitamos y realmente podríamos ampliar el número de títulos, el número de profesorado, reformaríamos las infraestructuras. Esto sería una inyección importantísima. Pero bueno, aunque no sean 80, si por lo menos fuera la mitad, en un plazo razonable, pues nos cubriría las necesidades y nos permitiría hacer cosas. Además de pagar las nóminas y organizar los cursos y los proyectos de investigación”, apunta. 

Para los rectores de las universidades públicas es fundamental que se camine hacia un contrato programa ya que desde la crisis financiera de 2008 empezó a incumplirse el que estaba vigente y desde entonces no ha habido otro en las Islas. “Esto es fundamental, es imprescindible que las universidades públicas canarias tengamos un horizonte de estabilidad, de seguridad de cara al futuro para poder dedicarnos a lo que tenemos que hacer, que es afrontar los grandes retos que tenemos por delante y hacer útiles a la sociedad”, apunta García. 

El rector de la ULL explica que ya se ha producido una reunión con un experto por parte del Gobierno de Canarias y ahora toca ponerse a trabajar en el presupuesto de 2026 y que “ya se enmarque en ese contrato programa”. 

La proliferación de universidades privadas

García insiste en que cuando hablamos de universidades públicas “estamos hablando de un servicio básico que tiene que llegar al conjunto de la población. Un servicio que ha permitido que en los últimos decenios muchas personas de clase media baja hayan ascendido gracias a este ascensor social y haya habido una mejora de la equidad, la igualdad y de la justicia social en nuestra región”, apuntó. Por ello, cree que hay que garantizar que el servicio público de educación superior “pueda prestarse con las condiciones mínimas necesarias de calidad para poder seguir siendo útiles a nuestra sociedad”. 

En este sentido, agrega que hay una proliferación de universidades privadas que, precisamente, surgen al calor de que hay oferta que no se puede afrontar desde las universidades públicas por falta de recursos. García explica que en este curso se ha aumentado la oferta de plazas en la Facultad de Ciencias de la Salud. “Estamos hablando de recursos y si en lugar de que lleguen recursos lo que está sucediendo es que hay asfixia financiera por parte de quien esté encargado de financiar las universidades públicas pues evidentemente estamos yendo justo en dirección contraria y a nosotros esto nos preocupa”, incide el rector de la ULL. “Nos preocupa porque estamos deteriorando el servicio de educación superior y estamos deteriorando la justicia y la igualdad social”. 

Por su parte, el rector de la ULPGC incide en que en Canarias, el 80% de los egresados de grado son de universidades públicas. Y de Máster, cerca del 70%. De doctorado, el 100% son de universidades públicas. “¿Qué quiero decir con esto? Que hay algunas cosas, másteres cortos de duración, pues que a lo mejor las universidades privadas pueden hacer. Pero realmente, las maestrías más complejas, como de computación o ingeniería de caminos, son mucho más difíciles de hacer en una universidad privada. Por lo menos hacerlo bien. Nosotros lo que queremos es que se les evalúe, igual que a nosotros”, indica.

Las intervenciones en público están constantemente presente en la agenda de cualquier representante político. A diario se enfrentan a declaraciones ante los medios, a reuniones con colectivos, a discursos parlamentarios y a otro tipo de apariciones en las que necesitan disponer de una serie de habilidades comunicativas. En este contexto, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) a través de su consolidada Liga de Debate ha contribuido a que determinadas figuras políticas que militan en las Islas adquieran las herramientas necesarias para desenvolverse ante estas situaciones.

La Liga de Debate, que hoy da comienzo a su decimosexta edición, ha contado desde sus comienzos con la participación de varias personalidades relevantes del mundo de la política en el Archipiélago. Entre ellos, se encuentran Isabel Mena, consejera de Política Social en el Cabildo de Gran Canaria; Josué Iñiguez Ollero, concejal del Área de Seguridad y Emergencias en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; Miguel Montero Naranjo, ex director general de Dependencia y Discapacidad en el Gobierno de Canarias; Noemí Santana, diputada del Congreso e Ignacio García Marina, concejal del PP en el Consistorio de la capital de Gran Canaria; además de otros representantes políticos.

Una de las primeras en participar fue Isabel Mena, la consejera era integrante del grupo que se erigió ganador en la primera convocatoria. Según Mena la edición en la que participó generó curiosidad entre los estudiantes porque era la primera vez que se organizaba y “nadie tenía muy claro cómo iba a transcurrir La Liga ni si habría interés suficiente por parte del alumnado para crear equipos”, relata la también vicepresidenta tercera del Cabildo insular.

“De la experiencia aprendí muchísimo. Fue la primera vez que tuve que trabajar duro, investigar y estudiar en profundidad para preparar argumentos”, recuerda Isabel Mena. De entre todo el aprendizaje que adquirió, la consejera destaca como el más importante la capacidad de ver la realidad desde distintos prismas, así como de interpretar y argumentar los datos de otras formas, ya que la consejera del área de Política Social explica que en La Liga de Debate a los aspirantes les puede tocar defender una opinión contraria a la suya personal y que con el estudio de argumentos para apoyar esta postura se genera “mucho respeto y tolerancia” hacia quienes no tienen la misma opinión. Una enseñanza que expresa que le ha servido para la política porque le ha permitido entender el razonamiento de quienes no piensan como ella, algo que indica que es fundamental en política y en lo que se basa la capacidad de llegar acuerdos.

Esta idea la secunda la diputada e integrante de equipo ganador de la cuarta y quinta edición, Noemí Santana, quien señala que en esta competición aprendió en “gran medida” a escuchar los argumentos por los que al principio no apuesta. Un conocimiento que asegura le ha servido para aplicarlo en sus negociaciones con grupos parlamentarios opuestos y de esta manera alcanzar un consenso.

Por su parte, el concejal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y componente del equipo ganador de la novena edición de la Liga de Debate, Ignacio García, manifiesta también que con su paso por este evento aprendió a ser más flexible y que, además, le permitió desarrollar sus habilidades comunicativas, las cuales señala que son “muy importantes” debido a que argumenta que “un político tiene que saber hablar bien en público y saber transmitir el mensaje”.

Una opinión que comparte la consejera del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, quien indica que “la política requiere del debate y la palabra” para poder explicar lo que hacen y defender sus ideas. Algo que también resalta Noemí Santana al afirmar que para desarrollar un trabajo como cargo publico es fundamental “tener capacidad de poder comunicar bien”.

Asimismo la diputada describe las ligas de debate como una “escuela de cuadros políticos”, ya que relata que durante su participación en los torneos de debate nacional, después de haber ganado la Liga en la ULPGC, conoció a perfiles con los que luego ha coincidido a lo largo de su labor política. “Hay compañeros de la Península que participaron conmigo en las ligas de debate y a día de hoy están en parlamentos autonómicos o en el Congreso de los Diputados”, asegura.

El reclamo del alumnado, el origen de este evento

Miguel Ángel Acosta, secretario del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, reconoce que es un orgullo que parte de los participantes que han pasado por esta Liga tenga una trayectoria relevante en la política de Canarias y resalta que todos ellos son grandes embajadores de la ULPGC desde sus respectivas posiciones institucionales.

Además, Miguel Ángel Acosta explica que el vicerrectorado de Cultura y el Consejo Social impulsaron La Liga de Debate en el año 2006 a raíz de que los estudiantes mostraran al vicerrectorado su interés por participar en otras ligas que organizaban universidades de la Península.

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, ha conferido el título de doctora honoris causa a once mujeres con distintas trayectorias profesionales. El acto de investidura de estas homenajeadas ha tenido lugar esta mañana en el Paraninfo de la Sede Institucional de la Universidad. Un acto que se enmarca en la conmemoración del 35 aniversario de la ULPGC y en el que ha estado presente Isabel Mena Alonso, consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria; el rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García; la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darías; entre otras autoridades civiles y militares.

El rector de la institución ha admitido en esta ceremonia que la discriminación hacia las mujeres en la distinción honoris causa ha sido patente y recurrente en la ULPGC y en España desde que se inciaron estos actos en los años 20 del siglo pasado. Debido a que en las universidades españolas solo el 8% de los doctores honoris causa han sido mujeres. Un patrón que también se repetía en la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, donde hasta el día de hoy solo el 7% eran mujeres. Pero con los recientes nombramientos, el 30% del claustro de doctoras y doctores lo conforman mujeres.

Además, Lluís Serra, ha señalado que al concederles esta condecoración, no solo se reconocen sus logros individuales sino que también se rinde homenaje a su impacto colectivo en el panorama de los derechos humanos.

Las mujeres investidas tienen un amplio recorrido en torno a la política, la cooperación internacional, la medicina, el derecho, junto a otras disciplinas. Entre ellas se encuentran la directora durante más de 30 años la Casa de Colón, Elena Acosta; la catedrática emérita de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Barcelona, Teresa Anguera; la primera mujer presidenta y vicepresidenta constitucional de la República de Ecuador, Rosalía Arteaga; la ex directora de la Unesco, Irina Bokova; la premio Nobel de la paz (2015) y la primera mujer en ocupar la presidencia de la Unión Tunecina de Industria, Comercio y Artesania, Ouided Bouchamaoui.

Así mismo, han sido reconocidas la directora regional del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas en América Latina y Caribe, María Dolores Castro; la experta de la comisión Europea, Teresa Freixes; la primera presidenta de la república de Mauricio, Ameenah Gurib Fakim; la catedrática de Filología Griega y experta internacional en sintaxis del griego antiguo con más de un centenar de publicaciones en editoriales y revistas de máximo prestigio, Emilia de los Reyes Ruíz; la referente mundial en el estudio de los efectos de la dieta mediterránea en la salud, Antonia Trichopoulou; y Silvia Zanuy doctora en Ciencias Biológicas y experta internacional en acuicultura, ámbito en donde es muy reconocida por su trayectoria científica.

Tras su nombramiento, la recién doctora honoris causa, Elena Acosta, ha dado un discurso en nombre de todas sus compañeras donde ha recalcado “la necesidad y obligatoriedad de llevar a cabo acciones que evidencien la desigualdad y contribuyan a reconocer justamente excelentes trayectorias profesionales y, al mismo tiempo, reducir una histórica brecha que no se debe consentir”. Así mismo, ha resaltado que este reconocimiento “supone un paso más y significativo en la lucha por la igualdad”.

En la tarde de este martes las nuevas doctoras honoris causa han llevado a cabo una plantación de 11 árboles de la especie autóctona acebuche en los jardines que se sitúan junto a la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones en el Campus de Tafira de la ULPGC. Según ha destacado el rector de la Universidad, este espacio verde dentro de algunos años servirá para recordar “el importante paso que hoy estamos dando”.

No poder asumir las subidas salariales y falta de presupuesto para comprar materiales básicos de laboratorio. Las universidades públicas de Canarias agonizan por el déficit de financiación que arrastran. De cara al próximo año se encuentran alarmadas porque el proyecto de Ley de Presupuestos del Gobierno de CC-PP solo contempla un incremento de 2,8 millones de euros, algo que tachan de insuficiente para garantizar la supervivencia de estos centros de conocimiento. “Lo mínimo estimable para poder abrir por la mañana las puertas de la universidad sería sumar a esos 2,8 millones de incremento que figuran en los presupuestos entre 3,5 y 4 millones más”, explica el gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Roberto Moreno. 

Su análisis ya lo habían alertado los dos rectores de las universidades canarias, Lluís Serra Majem (rector de la ULPGC) y Francisco J. García Rodríguez (rector de la Universidad de La Laguna) que han expresado en una carta conjunta que estos presupuestos son “decepcionantes”. “En términos reales, se produce un nuevo recorte en la capacidad de gasto de las universidades públicas ya que, nominalmente, se aumentan apenas un 2% sus recursos financieros, insuficientes ni siquiera para hacer frente al aumento salarial establecido por el Gobierno de España. Esto va a implicar, en un escenario en el que tampoco se nos permite hacer uso de nuestros remanentes, que habremos de aplicar recortes presupuestarios, en las distintas unidades, que pueden llegar a ser superiores al 10%”, remarcan. 

Roberto Moreno incide en que si esos presupuestos “ni siquiera” dan para cumplir con el incremento salarial que fija el Estado para todos los empleados públicos ya hay “un mal cálculo de lo que iba a ser el conjunto de nómina”. A esto le añaden otras obligaciones legales como que todas las universidades del país tienen que cubrir el coste de la Seguridad Social de las prácticas externas del alumnado. Y, además, afirma que la universidad lleva tiempo sufriendo un incremento de inflación que afecta a todos los servicios y suministros. “Nuestro poder de gasto es cada año menor si no se tiene en cuenta la subida de precios”, añade. 

Moreno apunta a una especie de “tormenta perfecta” que se está produciendo en cuanto a la infrafinanciación de las universidades. Al escaso incremento presupuestario se le suma el hecho de que no se pueden usar los remanentes, el dinero que tienen en los bancos, y que en el caso de la ULPGC asciende a 57 millones. Explica que en la pasada legislatura el Gobierno canario permitió utilizar dichas partidas en 2022 y 2023; pero matiza que ese dinero está dividido en dos partes: lo que se llama financiación afectada y que son fondos plurianuales para proyectos de investigación, por ejemplo, o subvenciones de otro tipo y los ahorros de toda la vida; que son unos 31 millones de euros. 

En la anterior legislatura se avanzó también entre las universidades y el Gobierno de Canarias (liderado por el PSOE junto a NC, Podemos y ASG) un documento de contrato programa con las dos universidades. “Nuestra propuesta era seguir discutiendo sobre ese marco de financiación plurianual en base al documento ya trabajado”, incide el gerente de la ULPGC, que entiende que el Gobierno actual lo está pensando porque son documentos que no son fáciles, pero que pueden ser tomados como base para negociar. 

Entre esos gastos básicos que se ven comprometidos, Moreno apunta a los materiales de laboratorio que utiliza el alumnado en su formación, como las pipetas o el formol. Pero también pone el ejemplo del agua ultrapura, que “se tiene que comprar a determinados suministradores para toda la experimentación en laboratorios docentes y es cara”. “Todo ello ha ido creciendo de precio y nuestros presupuestos reales prácticamente están congelados por el efecto de la inflación y tiene efecto directo en la docencia y en la calidad de la docencia y no se nos puede exigir calidad a coste cero o negativo como estamos pasando ahora”, agrega. 

Así afecta la nueva Ley de Universidades 

En marzo de este año quedó aprobada la Ley Orgánica de Universidades del Sistema Universitario (LOSU) que obliga a una serie de requisitos para que las universidades sigan siendo consideradas como tal. Uno de esos requisitos es rebajar la temporalidad de la plantilla investigadora, así como realizar un mínimo de publicaciones científicas o tener una amplia oferta de grados. 

El informe ¿A qué puede llamarse universidad? elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya (OSU) ya reflejó que más de la mitad de las universidades en España incumpliría la nueva ley por la alta tasa temporalidad de su plantilla. Entre las que sí aprobaba se sitúa la Universidad de La Laguna (ULL), pues la temporalidad fijada en un máximo del 40%, no llega al 30% y cumple en materia de actividad investigadora y con el número exigido de evaluaciones positivas de esa actividad (sexenios). 

Sin embargo, en ese informe, la ULPGC no salía tan bien parada. Recogía que el 50,6% de la plantilla docente investigadora es temporal, cuando la norma fija actualmente un máximo del 40% y que no se encuentra en la media que se exigirá en cuanto a publicaciones científicas en relación al personal. Se piden presentar al menos seis publicaciones científicas en tres años por cada tres profesores equivalentes a tiempo completo y esta universidad presenta una media de 4,8 publicaciones. 

Preguntado sobre esta ley al gerente de la ULPGC, destaca que el presupuesto que se está reclamando este año al Gobierno de CC-PP es el mínimo para “mantener la actividad en mínimos”, pero “no estamos teniendo en cuenta en esas cifras el sobrecoste que genera la LOSU que tendrá un coste a nivel nacional para todas las universidades públicas, yo creo que superior a los 800 millones de euros y para la ULPGC, solo para tener en cuenta los cambios en el personal docente y de sección,  necesitaríamos de 11 millones de euros más”, resume. 

Considera que la Ley debe ir incorporada de una ficha financiera adjunta ya que su aplicación se va a complicar en las universidades si no se cuenta con ella. Por ello, cree que es un reto para la nueva ministra de Universidades y entiende que tendrá que producirse un acuerdo entre el Estado y Canarias en esta materia. “Si no es con más financiación difícilmente podemos hacer frente a los cambios necesarios en el PDI en las estructuras de unidades nuevas que crea la LOSU”, añade Moreno, que subraya que estos cambios vienen de la mano de una congelación de las tasas universitarias, como manda la norma, con la que está de acuerdo pero cree que debe venir acompañado de un mecanismo de compensación para las comunidades autónomas. 

El auge de las privadas en Canarias 

Una de las cuestiones que apuntó la anterior consejera de Educación, Manuela de Armas, en la presentación de un informe sobre el estado de las universidades canarias es la proliferación de universidades privadas y cómo el coste de un máster tenía enormes diferencias entre unas y otras. Actualmente hay cuatro universidades privadas en las Islas y una en camino de llegar a serlo. 

El gerente de la ULPGC indica que aunque el sector público tiene que convivir con el privado, “si se produce un aumento notable de la oferta privada, que coincide con un ahogamiento del servicio público, pues la combinación no nos gusta en absoluto y creemos que es esencialmente injusta”, destaca. Esa cifra de casi cinco universidades privadas, indica que “para una comunidad como la nuestra esa proliferación ha sobresaturado el mercado y el servicio público es reconocido por nuestra constitución y nuestras leyes y que se le exige calidad”. 

Moreno insiste en que el dinero mejor invertido es el que se destina a Educación y que la Conferencia de Rectores de Universidades (CRUE) lo tiene perfectamente medido: cada euro destinado al servicio público universitario en España generas seis euros de riqueza a medio plazo. “El servicio público es reconocido por nuestra constitución y nuestras leyes y se le exige calidad, que no puede venir a coste menos cero”, indica, en el sentido de que los centros universitarios públicos requieren de una mayor financiación. 

Las universidades públicas de Canarias se preparan para iniciar el primer curso de la ansiada “normalidad” tras la pandemia. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) reanuda sus clases este lunes 12 de septiembre y el jueves tendrá lugar el acto institucional de inauguración del curso, mientras que la Universidad de La Laguna (ULL) comenzará la jornada lectiva a finales de mes, el día 26. Ambas arrancan un curso marcado por una petición constante en los últimos meses por parte de los sindicatos de la enseñanza pública: aumentar el número de plazas en el máster de Formación del Profesorado, habilitante para impartir clases y el más demandado. También, con importantes retos y la reivindicación de una mejor financiación. 

Según ha informado la ULPGC, este curso se han matriculado un total de 16.000 alumnos y alumnas (en 2020/2021 había 17128 matriculados), casi 4.000 se corresponde con alumnado de nuevo ingreso. Las titulaciones con mayor número de estudiantes que inician sus carreras en esta universidad son el Grado en Derecho, el Grado en Administración y Dirección de Empresas, el Grado en Educación Primaria (tanto presencial como no presencial) y el Grado en Ingeniería Informática. La matriculación en máster es inferior a la del año pasado, con 966 personas inscritas, pero se espera que ese número se eleve, ya que el plazo de matrícula volverá a abrirse a finales de este mes. 

En general, se trata de datos que aún sufrirán variaciones, dado que el plazo de matrícula no se ha cerrado aún y hasta mediados del mes de octubre se incorporarán los matriculados fuera de plazo, los traslados de expedientes y los estudiantes de intercambio.

En la ULL es posible matricularse hasta las 23:59 horas del 12 de septiembre de 2022.La universidad aún no ha dado datos de las matriculaciones de este año.

Faltan plazas para Formación del Profesorado

Si hay un máster muy demandado en el Archipiélago y que la Consejería de Educación así como los sindicatos han instado a que se aumenten las plazas es el de Formación del Profesorado, un título que habilita para impartir clase. La consejera Manuela de Armas recordó el pasado mes de junio en el Parlamento que solo se ofertan 330 plazas en cada universidad pública. Estudiar este máster supone 700 euros, mientras que en una privada ronda entre 5.000 y 7.500 euros. 

El alumnado, señaló entonces De Armas, se ve obligado a recurrir a la privada “porque las publicas no ofertan plazas suficientes” y por ello insistió en la necesidad de ampliar numero de plazas. El rector de la ULPGC, Lluís Serra, afirmó este domingo en una entrevista en Canarias7 que aumentar las plazas en el máster de Formación del Profesorado es “una prioridad”.

“Para los órganos de representación del personal docente no universitario del Archipiélago, es necesario que se garanticen plazas públicas suficientes en la formación de posgrado requerida para impartir docencia, dado que, entre otras cosas, el precio de la misma titulación en las universidades privadas con sede en las Islas puede multiplicar hasta por diez el de la ULL y la ULPGC”, lamentó en un comunicado las juntas de personal docente no universitario de las dos provincias canarias.

Financiación y adaptación a la nueva ley

El Gobierno ha impulsado una nueva ley de universidades que celebrará su trámite parlamentario. La norma seguirá la la senda que estableció el exministro Manuel Castells y pretende atajar la precariedad y temporalidad en las universidades, simplificar la carrera docente y hacerla predecible, aumentar la financiación de los centros. Además, reconocerá por primera vez el derecho a huelga de los estudiantes y los docentes deberán realizar un curso de formación.

En el espíritu de la ley está el de reducir la precariedad laboral y, por ello, solo permitirá un 20% de docentes temporales. Actualmente, el máximo permitido es de un 40% de docentes en contratación temporal, un punto que la ULPGC incumple, pues el 50,6% de sus docentes se encuentran en esta situación. El rector Lluís Serra reconoció en el programa Informe Trópico que esta universidad no cumple con los criterios del Ministerio precisamente por el número de contratos parciales, lo que impide que dediquen mayor tiempo a la investigación. No obstante, apuntó a la escasa financiación.

Además de su alta temporalidad de la plantilla, según el informe ¿A qué puede llamarse universidad? elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya (OSU), la ULPGC no se encuentra en la media que se exige en cuanto a publicaciones científicas en relación al personal. Se piden acumular al menos seis publicaciones científicas en tres años por cada tres profesores equivalentes a tiempo completo y esta universidad presenta una media de 4,8. Así mismo, al menos el 60% del conjunto del personal docente investigador debe contar con una o más evaluaciones positivas de su actividad investigadora (sexenios) y en este aspecto sí se encuentra cerca al contar con un 59,7%.

La Universidad de La Laguna, por su parte, sí que cumple con los requisitos establecidos, tanto con la oferta docente mínima exigida, con la actividad investigadora, (8,6 publicaciones en tres años por cada tres profesores equivalentes a tiempo completo) y con plantilla docente dedicada a la investigación (no llega al 30% de la temporalidad de la plantilla investigadora) y cumple con un 73,3% en el apartado de los sexenios.

Manuela de Armas destacó el pasado mes de junio en el Parlamento que las universidades públicas de Canarias tienen una elevada “dependencia” económica del Gobierno. Según indicó, en porcentajes que rondan el 77%, superior a la media del Estado, donde es del 65%. Según apuntó, en otras universidades buscan fondos ajenos al Ejecutivo, y es por ello que sostuvo que podrían captar fondos externos con los que completar su presupuesto. 

Los rectores de las dos universidades, Rosa Aguilar (ULL) y Lluís Serra (ULPGC) han denunciado varias veces las carencias presupuestarias históricas que arrastran las universidades. En Informe Trópico, Serra apuntó que la Universidad de Oviedo, con 20 mil alumnos cuenta con 220 millones de euros de presupuesto, mientras que la de Las Palmas con el mismo número de estudiantes, dispone de 160 millones de presupuesto. “Es evidente que es una diferencia abismal”, ha remarcado. Aguilar remarcaba que en 2022 el incremento del presupuesto fue del 0,63% lo que afirma que no les permite ni abordar el incremento de los salarios. 

El Consejo de Gobierno del Cabildo de La Palma ha dado luz verde a la firma del convenio de colaboración entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Corporación Insular para subvencionar el alojamiento del alumnado palmero en alguna de las residencias o apartamento de este centro universitario.

Así lo ha dado a conocer la consejera insular de Educación, Susana Machín, quien ha destacado que este convenio permitirá continuar con la colaboración con los estudiantes palmeros que se desplazan a Gran Canaria a realizar sus estudios.

Una línea de cooperación que se inició en el año 2013, por el que se subvenciona por parte del Cabildo de La Palma un tercio del coste total del precio público del alojamiento del curso escolar del alumnado empadronado en alguno de los municipios de la isla y se encuentra dentro de los umbrales económicos de renta y de los requisitos de matrícula establecidos en las bases reguladoras de ayudas aprobadas por el Corporación.

La firma del nuevo convenio, que tendrá vigencia en el período comprendido entre 2021 y 2024, permitirá continuar con esta línea de colaboración con los estudiantes de la isla de La Palma que, como ha reconocido la consejera de Educación, ha sido muy fructífero para los universitarios palmeros.

Susana Machín ha destacado que el Cabildo está comprometido con promover la educación, facilitando el acceso a los estudios universitarios, con medidas como la recogida en este convenio para cooperar con los gastos que representan para las familias la estancia fuera de la Isla de los estudiantes palmeros.

El alumnado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se movilizó de forma masiva en redes sociales para exigir que se le tuviera en cuenta en la toma de decisiones, plantea una serie de medidas económicas y de docencia con el propósito de paliar la desigualdad de oportunidades y las distintas circunstancias que condicionan a cada estudiante universitario. Estas propuestas pasan por prorrogar el último pago de la matrícula o anularlo en el caso de los alumnos y alumnas más afectados, suspender la obligación de devolver la beca a quienes no hayan superado los requisitos académicos este curso y que estos no computen en la solicitud de la beca. El Consejo de Estudiantes también apela al Gobierno de Canarias para que aplique una excepción en los precios públicos de las segundas, terceras y cuartas matrículas de las asignaturas de este semestre, evitando que el próximo curso quienes no las hayan superado deban pagar más por ellas.

“Esta nueva situación ha generado una enorme preocupación para todo el estudiantado que atraviesa una realidad económica diferente a la de hace unas semanas”, subraya el Consejo que agradece algunas de las consideraciones tomadas por el Ejecutivo regional como aplazar hasta el 30 de abril el último pago de matrícula del curso 2019-2020. Sin embargo, “es insuficiente”, ya que necesitan más tiempo para que los estudiantes puedan “normalizar su situación económica y pagar”.

Ampliarlo hasta el mes de septiembre es “lo ideal”, apuntan, “teniendo en cuenta que Canarias es una de las comunidades autónomas que más depende del turismo”, el sector que más se ha hundido ante la crisis sanitaria del coronavirus. En esta línea, los alumnos de la ULPGC perciben que las universidades públicas del Archipiélago están realizando un esfuerzo para que nadie tenga que abandonar sus estudios, una misión que, señalan, “debe corresponder al Gobierno de Canarias”.

Las clases presenciales han acabado este curso, por lo que el alumnado también ha querido plantear un grupo de medidas de docencia para que la enseñanza no pierda calidad. El protagonismo de las plataformas digitales es ineludible en este contexto, y los estudiantes piden que se les saque el máximo partido a través de audios, vídeos, videoconferencias y documentos escritos. “Pedimos al rector que se comprometa con nosotros y nosotras a expedientar a todo el profesorado que no cumpla con lo anterior”.

“Una vez más, esta situación pone de manifiesto la desigualdad de oportunidades”, reivindica el Consejo de Estudiantes, que insiste en que no todo el alumnado tiene buena conexión a internet en casa, ni los mismos recursos materiales, sin olvidar a quienes tienen algún tipo de discapacidad. “Sabemos que las universidades están buscando soluciones como el préstamo de portátiles o el registro de todas las personas perjudicadas”. Pero “no es suficiente”, así que piden a los cabildos insulares que se involucren en esta tarea convocando ayudas.

Evaluación continua

La forma y el momento en el que serán valuados es una de sus mayores preocupaciones, ya que lo consideran una prueba de fuego para mostrar en qué medida ha sido efectiva la nueva forma de enseñanza. Los criterios de evaluación deben cambiar de forma notable, al igual que lo ha hecho la docencia. Para el Consejo, la solución es la evaluación continua, aunque comprenden la realización de exámenes en determinadas asignaturas.

En cuanto a las fechas, el alumnado propone celebrar la convocatoria ordinaria a través del campus virtual en junio, con el propósito de que quienes no tengan recursos puedan acudir a las salas de informática de los centros a examinarse. Por su parte, la convocatoria extraordinaria proponen que sea en septiembre, también de forma telemática en el caso de las materias del segundo semestre y de manera presencial en las del primero.

En el caso de los estudiantes de último curso, han visto truncadas sus prácticas externas sin poder finalizarlas, por ello proponen darlas por superadas en aquellos casos en los que los estudiantes hubieran realizado al menos la mitad de ellas sin evaluación adicional, concluirlas de manera telemática cuando sea posible o en agosto en situaciones excepcionales. Para quienes están a punto de finalizar el grado o el máster, la presentación y entrega de los Trabajos de Fin de Grado o Máster que les permite obtener el título es otra de sus grandes preocupaciones. El alumnado propone a la ULPGC que cada centro decida si sus estudiantes quedan dispensados de presentarlos o si deben hacerlo por videoconferencia o de manera presencial “Somos partidarios de las presenciales, siempre que la situación lo permita”.

“El papel fundamental que desempeñan los estudiantes en la universidad” debe ser tomado en cuenta en la toma de decisiones. Así, el Consejo de Estudiantes de la Educación Superior de Canarias ha lanzado un comunicado conjunto a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para que se escuche al alumnado para implantar medidas en un área crucial en su futuro y en la que es el principal protagonista.

“Así no ULPGC” y “Quiero titular”. Bajo estas consignas, el alumnado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se ha movilizado en las redes sociales para exigir al centro académico que tenga en cuenta al estudiantado para tomar decisiones. En una campaña promovida por el Consejo de Estudiantes de la institución, los universitarios y universitarias manifiestan su “indignación y decepción” ante las medidas que se barajan para continuar con la formación en la actual crisis sanitaria que atraviesa el país y que ha truncado el curso académico apenas dos meses antes de su fin, forzando a las administraciones a buscar soluciones a contrarreloj para compensar la suspensión de las clases presenciales.

Una de las medidas que, según el estudiantado, se plantea la Universidad es la prohibición de que puedan titular en el curso 2019/2020 todas aquellas personas que no hayan realizado “por cualquier razón” al menos el 50% de las prácticas externas. “La mayor parte del alumnado de las distintas Facultades no alcanza la mitad de las prácticas. Por tanto, un 90% se verá afectado”, subraya el Consejo. Esta opción, que aún no es firme, supondría un desajuste en sus planes de futuro. “Supondría quedarse un año más y retrasar toda la formación posterior. Por ejemplo, quienes estudiamos Derecho, debemos hacer un máster de un año y medio después para poder ejercer la abogacía”, explica Ada Santana, presidenta del Consejo de Estudiantes.

Por su parte, la ULPGC, preguntada por esta redacción, ha insistido en que aún “no existe decisión como tal”. “El enfado se debe a un correo que mandó la Consejería de Educación en el que se informaba del acuerdo al que se había llegado con las dos universidades públicas canarias acerca de la imposibilidad de retomar las clases presenciales”, señala el centro. Asimismo, añade que, mientras se mantengan estas circunstancias, en las que el Ministerio ha afirmado que por el momento no se puede volver a las aulas, se tendrán que buscar otras vías para impartir clases.

“Es normal que se produzcan estas situaciones de desazón en momentos de crisis, nervios, ansiedad y angustia”, valora la Universidad, que quiere mandar un mensaje de tranquilidad. La institución ha pedido a todas las Facultades y centros que les trasladen sus especificidades para buscar las soluciones que mejor se ajusten a sus necesidades. “No tienen las mismas características las asignaturas de empresariales que las de veterinaria”, ejemplifica.

Evaluación telemática

Tras una reunión telemática con el ministro de Universidades del Gobierno de España, Manuel Castells, las dos universidades públicas del Archipiélago asumieron que “no habrá más clases presenciales este curso académico” con motivo de la pandemia. Sin embargo, las decisiones relativas al calendario de exámenes, la presentación de los proyectos de fin de grado, las prácticas, la fecha de fin de curso o el sistema de evaluación corresponde a cada una de las instituciones universitarias.

En el caso de la ULPGC, el estudiantado afirma que todo apunta a un sistema de evaluación telemática. Lo que supone una barrera para todas aquellas personas que no tienen acceso a Internet, con el riesgo de que se agrande aún más la brecha educativa que sufre Canarias por razones sociales, económicas y culturales. “Este domingo recibí diez incidencias”, señala Ada Santana, refiriéndose a las dificultades para seguir la formación online con la que se encuentran algunos estudiantes.

La solución que propone el estudiantado es trasladar la convocatoria de mayo a junio y la de julio, a septiembre, tal y como ha explicado a este periódico el vicepresidente del Consejo de Estudiantes, César Curbelo. “Entendemos la situación en la que nos encontramos, y no queremos reducir las convocatorias, ni pegarlas. Por tanto, puede mantenerse la evaluación telemática y, en junio, quienes no tengan acceso a Internet ya podrán trasladarse a las salas de informática de las distintas Facultades para examinarse”, añade la presidenta.

Otra de las denuncias del alumnado es que no han sido informados de las decisiones de forma directa, sino que se han ido enterando d las novedades “por otras fuentes”. Ninguna de las decisiones es firme, según la ULPGC, que afirma que todo se discutirá en un Consejo de Gobierno que aún no tiene fecha y en el que estará presente el Consejo de Estudiantes. Sin embargo, los universitarios y universitarias apuntan que se les ha excluido de otras reuniones.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) atraviesa un problema de carencia de profesores que está acarreando dificultades en algunas carreras y másteres. El alumnado de las ramas de Geografía e Historia y de Intervención Sociocomunitaria del Máster de Formación Profesorado ha solicitado este miércoles por escrito tutores para poder realizar el trabajo final y obtener el título.

Se trata de unos 60 alumnos y alumnas que aún no cuentan con una persona que tutorice el trabajo final. En el escrito presentado al vicerrectorado de Estudiantes y al de Planificación Académica reclaman una rápida solución después de haber preguntado varias veces por este asunto.

El Máster de Formación del Profesorado es un título habilitante para ejercer la docencia en FP, Secundaria y Bachillerato e imprescindible para presentarse a las oposiciones al cuerpo de profesores de la comunidad autónoma. Los estudiantes temen que puedan perder un año de esfuerzo, trabajo realizado así como económico ya que la matrícula ronda los mil euros.

Se trata además de un titulación muy demandada, especialmente para aquellas personas que quieren opositar. Este mes de febrero, los estudiantes ya han terminado con la parte teórica y se encuentran pendientes de realizar las prácticas en los institutos así como el Trabajo Fin de Máster (TFM), un período para el que se necesita la figura de un tutor o tutora que supervise esa investigación académica.

Desde ULPGC afirman que a lo largo de curso se han detectado diferentes incidencias de este tipo en algunas titulaciones y que se debe a la falta de personal de la universidad. En los últimos años se ha producido un alto porcentaje de jubilaciones,a lo que se le suman las bajas médicas. La tasa de reposición desde que en 2008 comenzara la crisis económica es muy limitada y la universidad no puede cubrirlas todas. De hecho, esta tasa ha llegado situarse en un profesor por cada diez jubilaciones. No obstante, estos problemas se están solucionando con la contratación de nuevos docentes.

Fuentes de la universidad afirman que el proceso de contratación para solventar los problemas que están ocurriendo tardan aproximadamente unos quince o veinte días. Además, aclaran que no es un caso puntual ya que ha ocurrido en otras titulaciones y la institución académica ha ido buscándoles solución.

La falta de docentes afecta a otras titulaciones

En el último mes, estudiantes de otras especialidades también han protestado por el mismo motivo. Según publicó Canarias 7, el alumnado de Trabajo Social y Relaciones Laborales también se concentró el pasado 8 de febrero ante el Rectorado por no tener asignados tutores para sus trabajos finales de grado. Entonces, también la universidad apeló al problema de la falta de docentes como principal obstáculo.

A principios del año académico también se movilizaron estudiantes de Enfermería de la facultad de la ULPGC en Lanzarote. Llegaron a grabar un vídeo que tuvo bastante repercusión en las redes sociales. El alumnado de tercer curso reclamaba que a un mes de empezar el período de prácticas en hospitales y centros de salud, “más de la mitad de los estudiantes” no tenían dónde hacerlas porque no había plazas.

El grupo de estudiantes afectados ahora por la falta de tutores en el Máster de Formación del Profesorado se manifestará este jueves frente al Rectorado de la ULPGC en la calle Juan de Quesada. Lo harán a las 10.30 horas para reivindicar una pronta solución y acabar el año con su título académico.

El Cabildo Insular de La Palma, a través del Servicio de Educación, ha abierto el plazo para solicitar ayudas al alojamiento en colegios mayores y residencias universitarias de la Universidad de La Laguna (ULL) y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para el curso académico 2019-2020.

Las solicitudes deben presentarse hasta el 10 de enero en la Oficina de Atención Ciudadana del Cabildo Insular de La Palma o en sus registros descentralizados de Argual (Los Llanos de Aridane) y de la Agencia de Extensión Agraria de San Andrés y Sauces. Asimismo, también podrán presentarse en las oficinas de Correos.

Las ayudas son válidas para estudiantes con residencia en algún municipio de La Palma y con plaza en centros de alojamiento de la ULL (Colegios mayores San Fernando, Santa María y San Agustín y Residencia Universitaria Parque de las Islas) y en centros de alojamiento de la ULPGC (Residencia Universitaria de Tafira, Residencia Universitaria de Las Palmas o los Apartamentos universitarios de Tafira).

“Un curso más, animamos a la comunidad estudiantil palmera a que, cuanto antes, formalicen sus peticiones. Desde el Cabildo Insular tenemos un compromiso con quienes deciden cursar estudios universitarios en Canarias y, por ello, mantenemos el firme apoyo que supone cada curso académico ayudarles económicamente, en la medida de lo posible, para que puedan afrontar los gastos de su estancia en las islas capitalinas para cursar sus estudios”, señala la consejera de Educación del Cabildo, Susana Machín.

Las bases y sus correspondientes anexos se pueden consultar en la página web del Cabildo de La Palma, a través de la sede electrónica (Enlaces directos: Para ULL en https://tinyurl.com/ungh54n y para ULPGC en https://tinyurl.com/uw6t2yz)

El catedrático de Química Marina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Melchor González, participará como representante español en la Conferencia de las Partes (COP25 Chile) de Naciones Unidas sobre cambio climático, que se celebra del 2 al 13 de diciembre en Madrid.

El COP25 es el máximo órgano de decisión en Naciones Unidas sobre cambio climático, que reúne a 196 países miembros junto a la representación de la Unión Europea, siendo la cumbre más numerosa de este tipo que se celebra cada año para abordar la acción mundial para luchar contra el cambio climático, según informó la ULPGC en nota de prensa.

En concreto, el catedrático de la ULPGC participa invitado por la red ICOS-ERIC, el Sistema Integrado de Observación del Carbono de acuerdo con sus siglas en inglés, siendo esta una infraestructura de investigación para generar datos de alta precisión e integrar el conocimiento sobre el ciclo del carbono y los gases de efecto invernadero (GEI) y sus perturbaciones.

En relación a ICOS, apuntó que realiza observaciones a largo plazo en tres redes, tales como son atmósfera, ecosistemas y océanos.

Respecto a Melchor González Dávila es director del grupo de Química Marina (QUIMA), que desde octubre del año 1995 consideró imprescindible el estudio en el océano del efecto del incremento de la cantidad de dióxido de carbono emitida a la atmósfera por la actividad humana.

Asimismo estos estudios se mantienen y se encuentran integrados en el Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global, pudiendo conocer que, gracias al papel jugado por los océanos como sumidero del exceso de dióxido de carbono emitido, las condiciones actuales de la atmósfera “no son tan graves” como podrían ser.

Estos estudios exponen que ese papel de los océanos “no es gratis”, ya que cuando el CO2 se transfiere al océano y se disuelve, la acidez de los mares aumenta, por lo que “es necesario” realizar estudios continuados de cómo responde el océano ante el continuo incremento de CO2 emitido.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria acogerá los días 4 y 5 de diciembre congreso Cambio global en la región macaronésica, donde los científicos y técnicos marinos analizarán los cambios que amenazan al Océano Atlántico en esta zona y presentarán los resultados de la primera fase del proyecto MIMAR.

En una nota de prensa, la organización ha explicado que la inscripción gratuita y abierta al público general hasta el 29 de noviembre, a través de la página web www.eventplan.es/mimar.

MIMAR es un proyecto trasnacional liderado por la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, con la cooperación de la Dirección General de Pesca de la Comunidad Autónoma, así como las de Cabo Verde, Madeira, Senegal y Mauritania, la intervención de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna, el Instituto Tecnológico de Canarias, la sociedad Gestión del Medio Rural de Canarias y el Banco Español de Algas.

Todos ellos, científicos y técnicos marinos de estos archipiélagos, han venido trabajando en los últimos tres años en esta materia y han contado con un presupuesto cercano a los dos millones de euros financiado por Interreg y el programa MAC 2014-2020

Además de advertir de la evolución y los cambios progresivos que se están detectando en el Océano Atlántico centro-oriental, otro de los principales objetivos del proyecto MIMAR es proteger la biodiversidad de flora y fauna de incalculable valor científico que alberga bajo sus aguas la región macaronésica.

Con numerosas especies endémicas únicas en el mundo y una situación geográfica privilegiada, los archipiélagos de la Macaronesia son un observatorio estratégico para la puesta en marcha de proyectos pilotos relacionados con los efectos de la actividad humana en el mar y del calentamiento global.

Todo ello hace que la zona requiera de intervenciones que velen por este tesoro ecológico de la Macaronesia y protejan sus hábitats marinos de la invasión de las especies y organismos exóticos que están proliferando con el acelerado proceso de tropicalización de estas aguas; una alteración del ecosistema que supone también una importante amenaza para los seres humanos, tanto por el uso actual del litoral como para la salud.

El Centro Demostrador de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Innovación Turística (CDTIC) acogerá el próximo viernes 8 de noviembre, a partir de las 8.30 horas, el II Taller Grupos de Trabajo Locales, un acto organizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dentro del proyecto SOCLIMPACT.

Esta iniciativa, que comenzó en diciembre de 2017, ha sido financiada con 4,5 millones de euros por el Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y tiene como objetivo la modelización de los efectos del Cambio Climático y de sus impactos económicos en 12 islas y archipiélagos europeos, entre los que se encuentran Chipre, Malta, Cerdeña, Creta, Sicilia, Córcega, Azores, Madeira, Indias Occidentales, Islas Bálticas, Baleares y Canarias.

Aunque una décima parte de la población de Europa vive en islas, actualmente no se dispone de datos sólidos sobre la gestión del riesgo en estos territorios vulnerables, ni de información sobre los posibles efectos del cambio climático para determinadas actividades económicas, según informa el centro educativo.

Con este proyecto la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pretende “mejorar las estimaciones y los modelos de predicción del impacto socioeconómico del Cambio Climático” (una amenaza medioambiental que normalmente se ha abordado a escala global) desde un punto de vista insular para los sectores de la Economía Azul que integran el transporte marítimo, las energías renovables, la acuicultura y el turismo.

Carmelo J. León, coordinador del proyecto y director del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES), explicó que se analizará la previsión de los impactos físico-ambientales y climatológicos hasta el año 2100 y subrayó que los datos provisionales que tienen hasta el momento “indican un escenario muy distinto al que conocemos”.

Para ello, el equipo de investigadores de SOCLIMPACT está trabajando en el diseño de políticas a través de “modelos integrados” que ayudarán a “evaluar el coste económico (en términos, por ejemplo, de impacto en el PIB o en el crecimiento potencial de las economías de las islas) que tendría la aplicación de esas políticas para la sociedad, si las asumiera”, y también si no las asumiera, centrándose en el caso de Canarias.

Durante la jornada del 8 de noviembre, los Grupos de Trabajo Locales, integrados por profesionales, empresas, investigadores y personas expertas relacionadas con el sector, discutirán y validarán las informaciones obtenidas en el proyecto con el objetivo de generar herramientas con las que la ciudadanía y las instituciones públicas puedan trabajar en la mitigación de las posibles consecuencias que podría tener el Cambio Climático en los bienes ambientales, en los ecosistemas y en la naturaleza del planeta.