María Luisa Real lleva toda su vida profesional ligada al ámbito sanitario. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria y médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, ejerció como directora general de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria y responsable del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) en la anterior etapa del bipartito PRC-PSOE. En 2015, tras la vuelta al poder de socalistas y regionalistas, regresó al terreno de la gestión como nueva consejera de Sanidad.

Confiesa que la política le ha proporcionado “más disgustos” que su trabajo como doctora, pero también reconoce que se siente “orgullosa” de contribuir en la mejora del sistema sanitario de Cantabria. Su nombre ha estado en el centro de las críticas de la oposición tras la polémica desatada por las presuntas irregularidades en varios contratos del Servicio Cántabro de Salud, aunque insiste en que “nunca” se ha planteado su salida y muestra un convencimiento “absoluto” en la limpieza y transparencia de su equipo.

Cuando tomó posesión en 2015 anunció como líneas estratégicas de la Consejería de Sanidad “la lucha contra las desigualdades en salud, la atención a la cronicidad y potenciar la calidad y la investigación”. ¿Qué balance hace en esta recta final de la legislatura de lo conseguido hasta el momento?

Yo creo que hemos avanzado mucho en esas tres líneas estratégicas. En Sanidad, la satisfacción nunca es completa porque siempre quedan cuestiones pendientes por mejorar, pero todas nuestras actuaciones han ido dirigidas en esta dirección para fortalecer y modernizar nuestro sistema sanitario público y hacer de él un elemento de cohesión social y territorial. El objetivo es que nuestro sistema sanitario sea mejor para todos, independientemente de la edad, el diagnóstico, la situación socioeconómica o el lugar de residencia del paciente. Nuestra obsesión ha sido que estas cuestiones se cumplan. Lo primero que hicimos nada más llegar al Gobierno fue aprobar una orden para permitir el acceso a todos los ciudadanos de Cantabria a nuestra Sanidad, intentando solucionar dentro de nuestras capacidades el Real Decreto aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo, que excluía a parte de las personas, inmigrantes y no solo inmigrantes, a los que dejaba fuera.

Respecto a que todas las personas tengan igual atención independientemente de su diagnóstico: una de las actuaciones de la que estoy más orgullosa como consejera de Sanidad, precisamente, es el traslado de los ingresos de Psiquiatría desde el Centro de Parayas al Hospital de Liencres. La situación en la que estaban en Parayas los pacientes nunca se hubiera consentido ni por los enfermos ni por ningún familiar para cualquier otro diagnóstico. Habitaciones triples o cuádruples, con un único baño para hombres y otro para mujeres, con unas condiciones higiénicas en la que parte de los servicios de cocina, por ejemplo, estaban permanentemente cerrados… Unas condiciones que nunca se hubieran consentido para otros pacientes, reitero.

Sobre la igualdad en la asistencia con independencia del lugar de residencia, hemos hecho el plan funcional de Laredo y de Sierrallana, hemos aumentado las unidades de salud mental y los recursos para que estén en igual ratio profesional/paciente en las tres áreas sanitarias, hemos abierto centros de día de atención psiquiátrica en las tres áreas, hemos incrementado la prestación por logopedia en las tres áreas, próximamente vamos a incrementar la atención por podología también en las tres áreas sanitarias, la hospitalización domiciliaria solo la había en Santander y se ha puesto este servicio en Torrelavega, Laredo y Reinosa, hemos abierto un centro de especialidades en Castro Urdiales… Es decir, nuestra estrategia es aumentar la igualdad, la seguridad y la equidad, que todos los ciudadanos tengan acceso a las mismas atenciones sanitarias. 

Como decía, entre sus primeras medidas en el cargo estuvo la de devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares o garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida en el sistema sanitario público. ¿Qué otros logros en materia sanitaria quedan pendientes?

Siempre insisto en que Cantabria y España cuentan con un excelente sistema sanitario. Es uno de los mejores sistemas sanitarios de Europa y, por tanto, uno de los mejores del mundo. Es un sistema sanitario que, según todos los informes internacionales, es eficaz, eficiente y de calidad para todos. Es un sistema sanitario que está sometido a los mismos retos que en el resto de países occidentales: envejecimiento de la población, prevalencia de la patología crónica, dificultades para financiar la innovación tecnológica y farmacológica, necesidad de coordinación entre los diferentes niveles asistenciales, incorporación de las TIC, protección de datos y confidencialidad…

Sin embargo, nuestro sistema sanitario vivió momentos de zozobra y de falta de financiación durante la crisis. En parte por la situación económica, pero no exclusivamente, se pusieron en duda algunos de los valores fundamentales del sistema, como la universalidad o la solidaridad, y se ha descapitalizado el sistema sanitario en España, pero también en Cantabria. Esto es lo que nos encontramos cuando llegamos: un sistema sanitario fundamentalmente descapitalizado en recursos humanos, en renovación tecnológica y en infraestructuras, que no se habían renovado, ni en los hospitales ni en atención primaria.

Por eso, hemos realizado una renovación tecnológica como no se había realizado en los últimos diez años en todos los hospitales, aunque especialmente en Valdecilla, que es dónde está la más alta tecnología. Todas estas actuaciones se han ido desarrollando a lo largo de esta legislatura, ¿y qué nos queda? Completarlo, fundamentalmente.

En atención primaria nos falta acabar el centro de salud de Santoña y terminar de implantar la estrategia de cronicidad. Nuestro sistema sanitario es excelente, pero necesita una reorientación. Está centrado en la atención a procesos agudos, cuando tiene que centrarse a la atención de personas crónicas, que son la mayoría de las que llenan nuestras consultas, los servicios de urgencias y la mayoría de pacientes que están ingresados. Esta reorientación necesita situar a la atención primaria en el centro y mejorar la coordinación con la atención hospitalaria. En eso en lo que estamos.

¿Hasta qué punto condiciona la situación económica para seguir avanzando en una sanidad pública de calidad?

Todos esos retos pendientes están contemplados en las cuentas de 2019. El presupuesto de Sanidad nunca es suficiente, porque las necesidades siempre son mayores, pero esta reordenación requiere más recursos económicos, materiales, humanos, pero sobre todo necesita una estrategia organizativa y asistencial. Para todas las cosas materiales, tenemos el presupuesto.

Ha repetido insistentemente que “los pacientes y los profesionales de Valdecilla son inquilinos de un edificio durante dos décadas”. ¿Una de las frustraciones de esta legislatura es no haber podido revertir las condiciones de ese contrato que privatizaba de facto el buque insignia de la sanidad cántabra?

Efectivamente, yo lo he dicho muchas veces. El Gobierno, y el Partido Socialista, al que yo pertenezco, nos hemos manifestado reiteradamente en contra de este contrato. Es un contrato que no tiene ninguna justificación. Con la disculpa de hacer la última parte de la obra, la menos complicada técnicamente, porque los quirófanos ya estaban hechos y lo que quedaba era hacer fundamentalmente hacer habitaciones, la parte menos compleja. Con esa disculpa, el PP hipotecó por 900 millones durante 20 años la gestión de todo el Hospital Valdecilla. Tenemos que pagar aproximadamente unos 44 millones al año.

Nos hipoteca económicamente, pero lo que es más importante, hipoteca la gestión del hospital. Nosotros nada más llegar analizamos jurídicamente la posibilidad de revertir el contrato. Cualquier contrato se puede revertir, siempre y cuando indemnices adecuadamente a la otra parte. Dada la complejidad del contrato, los 900 millones, los 20 años, y que es un contrato mixto de obras y servicios, la comunidad no puede afrontar esa indemnización.

La Consejería ha penalizado en varias ocasiones a Ferrovial-Siec por “incumplimiento de los estándares de calidad”. ¿En qué momento se encuentran ahora las relaciones con la empresa concesionaria?

Nosotros nos hemos empeñado en hacer un control exhaustivo de las cláusulas del contrato y es lo que estamos haciendo. Es un contrato con el que no hemos estado de acuerdo en ningún momento porque, efectivamente, convierte a los profesionales y a los pacientes en inquilinos. Si el equipamiento cambia, y 20 años son muchos, tienes que pedir permiso a la empresa que lo gestiona. La empresa gestiona todos los servicios no sanitarios, todos. Y no es lo mismo que lo gestione todo una empresa a que haya doce empresas gestionando. Esto es fácil de entender. Si no estás satisfecho con un servicio, cambias de empresa, pero de esta forma eres rehén. ¡Y además por 20 años! 20 años en asistencia sanitaria es un mundo. No sabemos, no podemos imaginar siquiera cómo cambiarán las cosas en ese tiempo, cómo evolucionará la tecnología sanitaria. 

Los trabajadores han reclamado reiteradamente que se ponga solución a las deficiencias del centro sanitario. ¿Hay margen para exigir esas mejoras que reclaman en Valdecilla?

Siempre digo que no es lo mismo reformar un edificio que hacer un edificio nuevo. En un edificio nuevo se puede planificar, mientras que para reformar debes tener en cuenta los espacios disponibles y las características de los mismos. Se han tenido que hacer una serie de reformas en el hospital antes incluso de estrenarlo. Por ejemplo, en relación a la reproducción asistida, no solamente cambiamos las posibilidades de que todas las mujeres pudieran acceder a las técnicas de reproducción asistida, es que, además, en el Hospital Valdecilla no se había tenido en cuenta que se necesitaba una unidad de reproducción asistida. No se había dejado físicamente espacio y, cuando hicimos el traslado, nos encontramos con esa situación. Esto, evidentemente, no es un olvido. Hay declaraciones públicas del anterior gerente de Valdecilla, César Pascual, en las que dice que esta es una prestación que no se debe dar en la sanidad pública. No es un olvido casual, es una decisión política e ideológica. No solamente hemos tenido que buscar un espacio físico, sino que hemos dotado a la unidad de un nuevo equipamiento que ha reducido la lista de espera de seis a tres meses. Se ha hecho una reforma en las instalaciones del servicio de urgencias para mejorar el confort y la seguridad de pacientes y profesionales, hubo que hacer cambios también en las propias plantas de hospitalización porque no se había tenido en cuenta que los profesionales sanitarios necesitaban un espacio después de pasar consulta para valorar las historias clínicas...

Otro de los caballos de batalla de esta legislatura ha sido la financiación por parte del Gobierno de España de las obras del hospital. ¿Veremos en los próximos Presupuestos Generales del Estado las partidas pendientes con Cantabria?

El Gobierno de España no espera afrontar durante lo que resta de legislatura el cambio de la financiación autonómica, pero sí mejorar los recursos que necesitan las comunidades, y ya ha habido algunos cambios en aspectos relevantes como la lucha contra la violencia de género o la atención a la dependencia. En nuestro caso, el presidente Sánchez ha mostrado su apoyo a incorporar la financiación suficiente para el Hospital Valdecilla. Llegarán esas partidas pendientes.

¿El proceso judicial que se inició para reclamar esas cantidades económicas atrasadas se paralizará?

De eso se encargan los servicios jurídicos, pero es evidente que si la financiación se lleva a cabo, se retirará el recurso que se había puesto.

En relación a las presuntas irregularidades en los contratos del Servicio Cántabro de Salud, que llegarán de nuevo al Parlamento de Cantabria en forma de comisión de investigación, ¿en qué posición queda usted como consejera y responsable política?

Yo lo he dicho reiteradamente: me parece incomprensible que por parte de la presidenta del PP, una persona que ha sido consejera de Sanidad, se hayan utilizado todos los medios para poner en entredicho toda la contratación del Servicio Cántabro de Salud. Me parece inexplicable, además de injusto con uno de los principales organismos para los ciudadanos y que gestiona 40.000 contratos al año. Se han puesto en entredicho un pequeñísimo número de contratos que, finalizada la auditoría, una vez realizado el informe definitivo, se aceptan algunas de las alegaciones que había presentado el Servicio Cántabro de Salud sobre esos contratos, se concluye que la contratación, en general, se atiene a la normativa vigente, se concluye sin emitir ninguna limitación ni exigir ninguna actuación. Además, concluye que la contratación que se realiza ha mejorado en relación a los años anteriores.

El Servicio Cántabro de Salud y la Consejería son los primeros interesados en detectar esas incidencias e introducir las mejoras que sean necesarias. Lo que se ha hecho ha sido manipular una serie de incidencias que aparecen en todas las auditorías, en todos los organismos públicos, durante todos los años. Insisto, es que son 40.000 contratos. 40.000. Se ha utilizado políticamente para atacar a la Consejería de Sanidad poniendo en entredicho la gestión del Servicio Cántabro de Salud que, por otra parte, es competente en su propia gestión, como está así recogido en la ley y por eso tiene su propia mesa de contratación.

Sin embargo, se produjeron distintas dimisiones de altos responsables de este organismo. ¿En algún momento se planteó su salida o temió por su cargo?

El cese no me compete, pero la dimisión no me la he planteado porque estoy firmemente convencida de que la Consejería de Sanidad ha actuado en cada momento con absoluta transparencia y en función de la información que tenía en cada momento. Cuando yo, como consejera de Sanidad, recibo un correo de la funcionaria al que se ha dado tanta importancia, este iba dirigido a su jefe y ponía en mi conocimiento y en el de la secretaria general de la Consejería, estos hechos. Y el correo, del que mucha gente habla pero no ha leído, habla fundamentalmente de una muy mala relación con su jefe, con su superior directo. Y lo que yo hice, como consejera, fue pedir información al gerente del Servicio Cántabro de Salud, responsable directo y jefe del subdirector puesto en entredicho y de la propia funcionaria. El gerente informó de una muy mala relación entre ambos, e insisto: el informe de la auditoría concluyó que había incidencias, pero que todas las obras estaban finalizadas, todos los equipamientos estaban suministrados y el dinero se había utilizado en esas obras y en esos suministros. Lo dicen tanto el informe como la Intervención, que acepta algunas de las alegaciones del SCS respecto a los contratos puestos en entredicho, un número mínimo, creo que son cinco contratos, en relación a 40.000.

A nivel político, ¿se ha sentido respaldada por el presidente del Gobierno y el resto de miembros del Consejo?

Totalmente. Y yo creo que, además, al presidente del Gobierno se le hizo una interpelación en el pleno del Parlamento y fue muy claro en su exposición.

¿Da por zanjado este asunto?

Lo doy por zanjado absolutamente. La máxima responsabilidad que se puede pedir a un alto cargo, a un responsable político, es la dimisión. Como ha dicho antes, se han producido dos ceses: la del gerente del Servicio Cántabro de Salud y la del subdirector de Contratación Administrativa.

Como miembro del PSOE, me gustaría preguntarle por los momentos complicados que ha vivido su partido tras las primarias que otorgaron el liderazgo a Pablo Zuloaga. ¿Cómo han afectado esos cambios internos a la gestión de las áreas socialistas en el Gobierno?

Creo sinceramente que, a pesar de lo que se dice, y de algunas declaraciones de la oposición, no ha influido en absoluto en las relaciones como Gobierno. Ni en la relación con el PRC ni, por supuesto, en las relaciones entre los consejeros socialistas. Todos tenemos muy claro que estamos en el Gobierno para realizar políticas socialistas, que no cambian de unos a otros. Los cuatro consejeros del PSOE estamos ocupados y preocupados por implantar las políticas socialistas que están en nuestro programa.

A usted, que es una profesional de la medicina, se la considera más una gestora que una política. ¿Le gustaría mantener sus responsabilidades en la próxima legislatura o piensa en volver a recuperar su carrera?

Yo soy médico, estoy orgullosa de serlo, me encanta mi profesión y tengo claro que la medicina da muchas más alegrías que la política y la práctica de la gestión. Siempre me he encontrado muy cómoda porque es mi auténtica vocación y he desarrollado esa tarea durante 30 años. Pero también estoy muy satisfecha de haber tenido la oportunidad de trabajar para mejorar la sanidad de Cantabria, como me ocurrió antes con los Servicios Sociales, en mi época del ICASS. Estoy muy satisfecha y agradezco a mi partido la oportunidad que me ha dado de poner mi granito de arena. Y creo que algo hemos mejorado. Sin duda, las prestaciones sanitarias en Cantabria son mejores y más que cuando llegamos.

Dicho esto, ¿le quedan ganas para afrontar un segundo mandato?

No te voy a decir esta frase típica de que estaré a disposición de mi partido, pero es la absoluta realidad. Mi vocación es la de ser médico. Es lo que decidí en su día, y si hoy tuviese 18 años, volvería a tomar la misma decisión. Es una profesión que da muchísimas satisfacciones, sin duda, muchas más que la política, aunque la política te da la oportunidad de trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos, aunque también te da algún disgustillo…

Sanidad deduce entre 80.000 y 100.000 euros al mes del contrato con Ferrovial-SIEC por "fallos de disponibilidad y calidad en la prestación de servicios"

Las deducciones más habituales, judicializadas por la empresa, son las relativas a los servicios de limpieza, mantenimiento general y restauración

El PP privatizó la gestión de todos los servicios no sanitarios del hospital la pasada legislatura con un macrocontrato de 900 millones de euros en 20 años

El bipartito PRC-PSOE tuvo que ponerse manos a la obra nada más tomar posesión para culminar el traslado definitivo a las nuevas instalaciones del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander. Después de casi dos décadas de obras, problemas económicos y retrasos continuos, el actual Ejecutivo autonómico fue el encargado de llevar a cabo un proceso no exento de dificultades y rodeado de polémica por los sobrecostes, las deficiencias y la privatización encubierta que denunciaban partidos políticos y sindicatos.

La Consejería de Sanidad, pilotada durante la presente legislatura por María Luisa Real (PSOE), asumió el desarrollo de un macrocontrato impulsado por su antecesora en el cargo, María José Sáenz de Buruaga (PP), que externalizaba la gestión de todos los servicios no sanitarios del centro hospitalario con un coste cercano a los 900 millones de euros a lo largo de 20 años y con el que socialistas y regionalistas habían sido muy críticos durante su etapa en la oposición.

Una vez formalizado, y ante la imposibilidad de tumbarlo como habían prometido si llegaban al poder por la cuantiosa indemnización que debería asumir el Gobierno de Cantabria, la propia consejera reconoció que ahora los cántabros “son inquilinos” en una instalación cuyo servicio gestiona una filial de la empresa Ferrovial -en colaboración con Siec- y que requirió de nuevas inversiones meses después de su inauguración.

Precisamente estos antecedentes son los que han provocado que las relaciones entre la Administración y la empresa concesionaria sean muy tensas desde el primer día. Y ante las dificultades jurídicas y económicas para revertir el contrato, la Consejería de Sanidad optó por realizar un “control exhaustivo” de todas las cláusulas de ese acuerdo que está dando sus frutos para las arcas públicas.

De hecho, según los datos a los que ha tenido acceso eldiario.es, desde noviembre de 2016 hasta septiembre de 2018, en aproximadamente dos años, las deducciones por “fallos de disponibilidad y calidad en la prestación de los servicios” alcanzan la cifra total de 1.982.208,86 euros, si bien la cifra puede ser algo menor, al estar pendiente de resolución los recursos de los últimos cinco meses.

La Consejería de Sanidad certifica que las cuantías de las sanciones económicas son similares mes tras mes, y se mueven en una horquilla de entre 80.000 y 100.000 euros de media. Las deducciones más habituales son las relativas a los servicios de limpieza, mantenimiento general y restauración, algunas de las tareas que la filial de Ferrovial tiene encomendadas en el centro sanitario.

Pendiente de una resolución judicial

“Tenemos que pagar aproximadamente unos 44 millones al año. Nos hipoteca económicamente, pero lo que es más importante, hipoteca la gestión del hospital. Nada más llegar analizamos jurídicamente la posibilidad de revertir el contrato. Dada la complejidad, los 900 millones, los 20 años, y que es un contrato mixto de obras y servicios, comprobamos que la comunidad no podría afrontar la indemnización”, reconoce la consejera de Sanidad en declaraciones a este periódico.

Ante esta realidad, el Gobierno encargó una auditoría de obra, que detectó una serie de incumplimientos que ya venían denunciando los trabajadores, y además, mensualmente, comenzó a controlar el “cumplimiento estricto” del contrato. El Consejo de Estado ha dictado varias resoluciones favorables al Ejecutivo autonómico sobre diferentes cláusulas, como el mantenimiento del robot quirúrgico Da Vinci o el transporte no sanitario, aunque la empresa lo ha llevado a los tribunales y está pendiente de sentencia judicial.

Las presuntas irregularidades en los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) llegarán de nuevo al Parlamento de Cantabria. Esta vez lo harán en forma de Comisión de Investigación gracias a la iniciativa de Podemos, que ha sido quien ha puesto en marcha este mecanismo de control al Gobierno con el apoyo de todos los partidos políticos -PRC, PSOE y Ciudadanos-, salvo del Partido Popular.

Los populares han rechazado la invitación de los podemitas, ya que la investigación política no se circunscribirá solo a la actual legislatura, sino que también desmenuzará la gestión entre los años 2011 y 2015, es decir, en la etapa en la que la responsable de la Consejería de Sanidad era la actual presidenta de la formación conservadora, María José Sáenz de Buruaga, algo que no ha gustado al PP que se escudan en que es mejor “acotar” para que no sea “tan amplia y farragosa”.

Desde hace meses, María Luisa Real (PSOE) está en el centro de las críticas por la “irregularidades” denunciadas por la jefa del Servicio de Contratación a través de una carta en la que hace alusión a la intromisión de “asesores externos” en la toma de decisiones, el pago de obras por adelantado o el fraccionamiento de contratos con tres empresas vinculadas al hijo del alcalde de Suances, el también socialista Andrés Ruiz Moya.

El diputado de Podemos, José Ramón Blanco, ha sido el encargado de dar a conocer esta iniciativa que ya fue debatida en un pleno del Parlamento a raíz de una propuesta de Ciudadanos que enmendó el PSOE para ampliar la investigación a la etapa de gobierno del PP. La medida salió adelante y ahora es Podemos quien la pone en marcha. Así, el partido morado la ha registrado este mismo lunes y la Mesa se reunirá el próximo viernes para avanzar en su tramitación.

Tras recordar que su formación tiene “tolerancia cero” frente a la corrupción, Blanco ha lamentado que PP y PSOE se estén acusando mutuamente de “corruptelas” mientras la Sanidad ha sufrido este verano “grandes deficiencias” debido a la “falta de personal”. “Basta ya”, ha clamado el diputado, que ha reclamado una investigación “en profundidad”. “Los cántabros tenemos derecho a saber qué ha pasado y, por otro lado, a buscar soluciones”, ha subrayado.

Blanco también ha clamado contra las declaraciones del consejero de Justicia, Rafael de la Sierra (PRC), en las que “vino a decir que la prevaricación es algo normal”. “No se pueden tolerar estas barbaridades”, ha apostillado.

Desde Podemos han confiado en que esta Comisión de Investigación se constituya cuanto antes y creen que hay “tiempo de sobra” para tener las conclusiones antes de las elecciones que se celebrarán en mayo de 2019.

Esta será la segunda Comisión de Investigación que se inicie esta legislatura, en la que ya se analizó durante dos años el papel del Gobierno del PP en el fracaso empresarial de Ecomasa-Nestor Martín, cuyo concurso de acreedores se juzgará este martes.

Las dimisiones del gerente y del subdirector de Gestión Económica del Servicio Cántabro de Salud dadas a conocer en la tarde de este lunes han desencadenado reacciones políticas inmediatas de la oposición. PP y Podemos han coincidido en que los ceses de los máximos responsables de este organismo público no son suficientes y han exigido la dimisión de la consejera de Sanidad, María Luisa Real, por su gestión en torno a las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos del SCS denunciadas por la jefa de contratación de este servicio.

Por su parte, Ciudadanos se ha mostrado más prudente y ha remarcado la importancia de la comisión de investigación que ha impulsado para analizar los contratos. Así pues, el partido naranja prefiere “esperar a que se conozca toda la verdad” para posicionarse. En una línea similar se ha postulado el PRC, socio de Gobierno de los socialistas, criticando que se pidan dimisiones “sin conocer los datos” del informe que se dará a conocer en el Consejo de Gobierno y que posteriormente expondrá en el Parlamento la propia consejera.

Por su parte, Real ha reconocido que se aprecian “algunos errores e incidencias contractuales” en el expediente y ha anunciado que el jueves se nombrará nuevo gerente. Asimismo, ha lamentado las “continuas acusaciones” que considera “injustas e infundadas” y que han provocado el “sobrecoste personal” de sus directivos.

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha subrayado ante los medios que las dimisiones de los responsables del SCS suponen la “confirmación y el reconocimiento por parte de la cúpula directiva de nuestra Sanidad Pública de esas graves irregularidades”. Ha recriminado a la consejera que su actitud desde que saliera este caso a la luz haya sido de “ocultarlo y después minimizarlo” y ha reclamado a Revilla que “ataje el que tiene todos los visos de ser el primer escándalo de corrupción de su gobierno”.

Buruaga ha advertido a Real que “se equivoca” si piensa que con los dos ceses cree que “va a salvar su cabeza” y que “va a seguir al frente de la Consejería”. “Esto no termina aquí”, ha asegurado, afirmando que su partido va a seguir con las investigaciones. “La consejera lejos de quedar exculpada se ve en una situación que agrava su responsabilidad”, ha incidido.

Por su parte, el diputado de Podemos, Alberto Bolado, también ha señalado que “la única salida” que le queda a la titular de Sanidad es dimitir. Ha recordado que fue Podemos el partido que solicitó las comparecencias en la comisión, “comparecencias en las que no nos dieron las explicaciones que pedíamos”, ha subrayado. “La consejera se limitó a defender a ultranza a los cargos que ella mismo nombró, así como a la gestión que estos realizaron y, sin embargo, no se han sometido al control político de los grupos”, ha explicado Bolado.

Ante este escenario, ha anunciado que Podemos va a registrar una interpelación a la consejera para que explique y valore el contenido del expediente informativo y para que explique los motivos reales de las dimisiones. “Si no consigue convencernos, exigiremos de manera contundente las responsabilidades políticas que se relacionan al caso”, ha concluido.

“Conocer la verdad”

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha recalcado que “lo primero que tenemos que conocer” sobre este asunto es “la verdad”. Para ello, ha reafirmado la importancia de la comisión de investigación en el Parlamento donde “no pueden mentir”, ya que entonces “se enfrentan a un proceso judicial y a sentarse delante de un juez”. Las dimisiones “vienen a reafirmar la necesidad de conocer en detalle qué es lo que ha pasado y cuáles son las implicaciones de la Consejería, que ha estado dos meses tapando este asunto”, ha manifestado ante los medios.

En la mañana de este martes también ha comparecido el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, a quien “no le parece normal” que se pidan dimisiones sin conocer el informe elaborado por el SCS. “Lo adecuado es esperar”, ha asegurado, enfatizando que serán “absolutamente duros con todo aquello que no sea regular”. Asimismo, ha enmarcado la petición de dimisión del PP en “una batalla política”. “Poco le importa cómo se ha contratado en el SCS porque ellos contrataban de la misma manera o peor”, ha sentenciado.

Contratos del PRC

Precisamente sobre los regionalistas ha puesto el foco Izquierda Unida denunciando que “también contrataron con las empresas del SCS”. En concreto, y según ha señalado la coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, las empresas Gardenor, Iralia y Serincopsa “han sido receptoras de adjudicaciones por parte de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y también por la de Innovación, Industria, Turismo y Comercio”, ambas gestionadas por el PRC.

Y es que, tal y como ha desvelado esta formación en un comunicado, “varias de las adjudicaciones estudiadas por IU sugieren que el Gobierno habría recurrido al fraccionamiento de contratos, una práctica no permitida, con el objeto de no sacarlo a concurso público y poder así darlo a dedo”.

Por otro lado, Martínez también se ha pronunciado sobre las dimisiones en el SCS y remarcado que “no zanjan” las irregularidades en el SCS. “Lo verdaderamente inaudito es que fuera ella quien admitiera irregularidades y las responsabilidades las asuman otros”, ha afirmado, por lo que se ha preguntado si Real “no controla lo que sucede en su Consejería, lo cual ya sería lo suficientemente grave”, ha concluido.

Las presuntas contrataciones irregulares en el Servicio Cántabro de Salud han llegado al Parlamento de Cantabria después de dos semanas con un cruce continuo de declaraciones entre los partidos, ruedas de prensa y amenazas de judicializar el asunto. Y lo ha hecho en un pleno muy bronco, en el que la oposición ha arrancado un compromiso a Miguel Ángel Revilla, que ha asegurado que el PRC apoyará con sus votos la puesta en marcha de una comisión de investigación si fuera necesario.

En cualquier caso, el presidente de Cantabria ha insistido en que su Gobierno “ha actuado de una forma impecable, con una minuciosidad exquisita y conforme a la ley”, al tiempo que ha prometido actuar “con total contundencia” ante cualquier sospecha de corrupción que se pueda comprobar en el futuro.

Ante las críticas del portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, que ha lamentado su “tibieza” ante las denuncias de la funcionaria que ha destapado este asunto, Revilla ha defendido que el Ejecutivo autonómico “ha hecho lo que tenía que hacer” con la apertura de un expediente informativo. “Si se detecta algún tipo de historia que nos huela, no mal, sino un poco mal, iremos a la Intervención y a la Asesoría Jurídica”, ha reiterado.

Además, el líder regionalista ha retado a acudir a la justicia a aquellos que tengan pruebas que demuestren alguna irregularidad, tal y como hizo él hace décadas con las actuaciones del entonces presidente Juan Hormaechea. “Cuando hay una irregularidad, hay que denunciarlo. Yo he dado pruebas de eso. Si alguien tiene las pruebas de un delito, que acuda a los tribunales”, ha recalcado Revilla, quien ha vuelto a felicitar a Izquierda Unida por acudir a la Fiscalía.

El secretario general del PRC, que ha comprometido el apoyo de los 12 diputados de su partido en el caso de que Ciudadanos proponga impulsar una comisión de investigación, ha recalcado que la propia consejera de Sanidad, la socialista María Luisa Real, “será la primera en depurar responsabilidades si las hay”.

Por otro lado, en respuesta a las críticas de la presidenta del PP, María José Saénz de Buruaga, sobre la gestión de la consejera de Sanidad, a la que ha tildado de “experta en escapismo y en mirar para otro lado”, Revilla ha afirmado que “en el PP no tienen ninguna credibilidad y siguen mintiendo”.

Presunción de inocencia

También ha tenido que pronunciarse sobre estas acusaciones la propia María Luisa Real, que hasta ahora había mantenido un perfil bajo en sus apariciones públicas y había trasladado la responsabilidad de responder al director gerente del Servicio Cántabro de Salud como máximo implicado en el caso. Sin embargo, a preguntas del diputado de Podemos Alberto Bolado, la consejera se ha remitido al resultado del expediente informativo abierto por su departamento y ha explicado que mantiene “la confianza” en su equipo directivo.

Durante su intervención, Real ha subrayado que no tiene conocimiento de “irregularidad alguna” en el SCS y ha defendido la limpieza de los procedimientos de contratación en este organismo. De hecho, ha criticado que la oposición está actuando “no solo invirtiendo la carga de la prueba, sino negando hasta la presunción de inocencia”.

La consejera socialista ha recordado a su vez que “el SCS está sometido a un control financiero permanente” y ha mostrado el último informe de mayo de 2017, firmado por el anterior interventor general, que según ha dicho, concluye que los procesos de contratación “se adecuan en general a la normativa vigente”, y que existe “absoluta normalidad en los procedimientos”.

La denuncia pública hecha por casi un centenar de trabajadores del edificio conocido Las Tres Torres en torno a las numerosas deficiencias del 'nuevo Valdecilla' ha recrudecido la guerra política que PP y PSOE mantienen desde hace años por el proyecto, la financiación, las obras y el contrato público privado que conciernen al hospital.

Tras difundir los profesionales sanitarios el escrito “Valdecilla: el gran fraude” -publicado íntegramente por eldiario.es Cantabria-, la consejera de Sanidad y la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, María Luisa Real y Eva Díaz Tezanos, respectivamente, responsabilizaron al anterior Ejecutivo del PP -presidido por Ignacio Diego- de las deficiencias en las nuevas instalaciones derivadas, a su juicio, por errores en el diseño y por el contrato público privado suscrito en la anterior legislatura con la UTE Ferrovial - Siec, que ejecutó las obras.

Los populares han contraatacado este viernes y, además de atacar duramente a los socialistas, han difundido varios documentos con los que tratan de probar que la redacción del diseño de la III Fase del Hospital fue obra del anterior Ejecutivo bipartito, que estaba liderado por Miguel Ángel Revilla (PRC) y Lola Gorostiaga (PSOE).

En concreto, se trata de tres enlaces al Boletín Oficial del Estado correspondientes a la adjudicación del “concurso de consultoría y asistencia técnica para la Redacción del Proyecto y Dirección Facultativa de las obras de construcción de la Fase III del Plan Director” y la licitación y contratación de las obras propiamente dichas. Todos ellos publicados en el BOE entre junio de 2005 y abril de 2007.

De este modo, la secretaria general del PP de Cantabria y exconsejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, ha achacado las “deficiencias” en el nuevo Valdecilla “al proyecto de la tercera fase que fue diseñado en 2005 por los socialistas”, que el PP se vio “forzado” a respetar, así como a “cambios de criterio” del nuevo equipo directivo del hospital en cuanto a la organización.

En una rueda de prensa, Sáenz de Buruaga ha explicado que el proyecto de esa tercera fase, aprobado en 2006, “no es del PP sino del bipartito anterior y que es el mismo que el actual”, por ello ha insistido que “las deficiencias y carencias” que denuncian ahora los responsables sanitarios “no provienen del contrato de colaboración público-privada (CPP) sino de ese proyecto”.

Además, ha recordado que, a su llegada al Gobierno en 2011, el PP encontró una obra parada pero en la que ya había “una cimentación y una estructura” sobre la que “forzosamente” se ha tenido que levantar el edificio de las Tres Torres de Valdecilla.

Sáenz de Buruaga, en una amplia intervención ante los medios, ha achacado toda esta situación responde a la “encarnizada lucha partidista” del PSOE contra los populares por haber acabado el hospital. “Ni fueron capaces de terminar el hospital ni lograron impedir que el Gobierno del PP lo hiciera y no nos lo van a perdonar”, ha añadido, al tiempo ha señalado que, a pesar de que han dedicado los últimos años a “construir una farsa”, ésta “ha ido cayendo y deberá seguir cayendo por su propio peso”.

Réplica del PSOE

La vicepresidenta cántabra, por su parte, ha afirmado que el proyecto del nuevo Hospital Valdecilla fue “elaborado” y “ejecutado” por el PP y que el actual Ejecutivo, de socialistas y regionalistas, va a “suplir” las “carencias” detectadas tras la inauguración de las obras. 

“Nosotros nos las hemos encontrado”, ha reiterado la socialista, para indicar que este problema es “una parte de la herencia” que el PP ha dejado a PRC-PSOE.

Tras incidir en que el planeamiento del nuevo Valdecilla se hizo “a espaldas” de los profesionales sanitarios, “sin contar con sus aportaciones”, la vicepresidenta y secretaria del PSOE ha asegurado que “se está dando una solución” al problema, de modo que “algunas deficiencias ya se han cubierto” en tanto que las otras “se van a cubrir”, ha garantizado.

El centenar de trabajadores del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla que el pasado 25 de febrero hizo público un escrito bajo el título “Valdecilla: el gran fraude” -en el que expresaban su malestar por las numerosas deficiencias de las nuevas instalaciones- han remitido este jueves un nuevo comunicado en el que lamentan que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria no haya entrado a debatir las cuestiones que plantearon ni la forma en la cual serán solucionadas y ponen en cuestión que, por el contrario, la máxima responsable de este departamento, María Luisa Real (PSOE), haya puesto más énfasis en atribuir en los medios de comunicación los defectos de construcción al anterior Gobierno del PP.  

En este sentido, subrayan que como profesionales presentaron sus quejas “con la esperanza de que nos den soluciones”. “Determinar quiénes son los responsables de este desaguisado es un tema que será necesario tratar, pero en otros foros”, defienden.

No obstante, precisan que, en su opinión, “el origen de los problemas que arrastra el hospital está en que durante los últimos dieciséis años (en los que la mitad del tiempo gobernaron unos y la otra mitad los otros), nunca tuvieron la altura política de poner por delante el interés de la población y el bien común”.

En esta línea, lamentan que quienes en ese tiempo han ostentado las responsabilidades de gobierno -PP, PRC y PSOE- nunca llegaron “a un acuerdo consensuado sobre el futuro a medio y largo plazo del hospital, y por ello hemos estado sufriendo continuas modificaciones en cada legislatura”.

En cuanto a las declaraciones de la consejera de Sanidad, señalan que “alude a deficiencias en los espacios que aún no están siendo utilizados” y cuestionan que “no entra a debatir las cuestiones planteadas en nuestro escrito y, por lo tanto, cómo tienen previsto solucionarlo”.

En la nota difundida, enumeran de nuevo algunos de los numerosos defectos de construcción que existen en el edificio conocido como Las Tres Torres, el último en ser inaugurado, como son “la distribución de espacios; los carros de basura que utilizan los mismos ascensores que los pacientes y los carros de comida; la ausencia de bandejas en las camas que los obliga a utilizar la mesa del paciente para depositar palanganas, pañales o bateas de curas o los sensores de luz en el cuarto de ordenadores que obliga al personal a estar agitando los brazos cada vez que la luz se apaga”.

Añaden, además, que “el número de habitación sólo se ve si se transita en una determinada dirección; la luz de los timbres está escondida en el retranqueo de las puertas; la mampara de los baños dificulta el aseo de asistidos y los desagües mal colocados no tragan el agua y generan pozos; distancias kilométricas hasta servicios como el banco de sangre, farmacia, vestuarios o dispensador de uniformes; cartelería informativa insuficiente... y a lo que añadiremos los remates de obra y la deficiente calidad de los materiales”.

Doblar habitaciones

En cuanto a la cuestión de doblar habitaciones, aseveran que “ningún profesional se niega a ello” y, en ese sentido, recuerdan que lo que han puesto sobre el papel es que “la actual colocación de las camas es totalmente inadecuada”, ya que “no respeta en absoluto al paciente y dificulta la labor asistencial”.

Según explican, el folleto informativo difundido en el año 2013 sobre las obras del hospital recogía que las habitaciones con posibilidad de ser dobladas “tenían las camas en paralelo y orientadas hacia las ventanas”. “Esa es la ubicación que reclamamos. Lo cual precisa modificar los cabeceros con las llaves de luz, tomas de oxígeno, vacío, etcétera”, exponen.

Finalmente, cuestionan que el personal sea suficiente en caso de llevar a cabo este doblaje de camas, tal y como ha afirmado la consejera, y, a este respecto, apuntan que plantas con 26 pacientes (pudiendo aumentarse a 28), “solo disponen de un auxiliar de enfermería en el turno de noche”. “¿Suficiente?”, preguntan.

Por todo ello, han anunciado que seguirán reivindicando soluciones “para poder ofrecer la calidad en la atención que toda la sociedad de Cantabria espera recibir de su Hospital Valdecilla”.

María Luisa Real es desde el pasado mes de julio la nueva responsable de la sanidad en Cantabria aunque su papel en la Administración pública no es nueva. Ya en la anterior etapa de Gobierno PRC-PSOE estuvo al frente de los Servicios Sociales, primero como directora general entre los años 2003 y 2011 y, posteriormente, como gerente del ICASS hasta que en 2011 fue cesada tras la victoria electoral del PP. Esta nueva responsabilidad tampoco es completamente desconocida para ella, ya que es médico de atención primaria.

La vicepresidenta autonómica y compañera de partido, Eva Díaz Tezanos (PSOE), la eligió por su “cualificación y capacidad de diálogo”. En este sentido, de Real dicen que es “más gestora que política”, una habilidad esta última con la que ya ha tenido que lidiar a raíz de la polémica surgida entre su departamento y el Ayuntamiento de Santander por la concesión de la licencia de ocupación de las nuevas instalaciones de Valdecilla, en las que pacientes y profesionales, dice, son “inquilinos” como consecuencia del contrato público-privado, que es otro de las temas más candentes a los que tendrá que hacer frente durante esta legislatura.    

¿Cómo valora estos primeros meses de trabajo?

Este tiempo ha sido fundamentalmente de toma de contacto con la realidad de la sanidad en Cantabria, que durante estos años anteriores ha estado funcionando por inercia. Se abandonaron muchas cuestiones iniciadas por los gobiernos anteriores en materia de salud pública, de desarrollo de atención primaria, todo el tema de la revolución tecnológica, el control del gasto farmacéutico, etcétera. Son cuestiones que hemos retomado y que intentaremos ir perfeccionando a lo largo de la legislatura. 

¿Cuáles serán las prioridades de su gestión?

Las tres líneas estratégicas de la Consejería van a ser la lucha contra las desigualdades en salud, la atención a la cronicidad, para lo cual se necesita potenciar la capacidad de resolución de atención primaria, y potenciar la calidad y la investigación.

También queremos recuperar los derechos laborales de los trabajadores sanitarios que, como todos los empleados públicos, se han visto claramente afectados durante estos cuatro años de recortes. Además de sus condiciones laborales, se recortaron las prestaciones sanitarias, con lo cual los profesionales han tenido que trabajar con una consulta más complicada. Por eso hemos firmado el acuerdo de la Mesa Sectorial, que se ratificó por unanimidad por todos los sindicatos. 

El primer eje de actuación que se marcaba son las desigualdades en salud. ¿A qué nos referimos?

Las desigualdades en salud se ven claramente en todo el sistema sanitario y se ven ahondadas por la situación de crisis. Me refiero desde la atención a determinadas patologías por sexo, por ejemplo, los hombres tienen enfermedades más prevalentes, como son algunos tóxicos, y tienen más dificultades para expresar sus problemas de salud en las consultas. Por supuesto también hay enfermedades que se manifiestan diferentes en las mujeres, y muchas veces la atención sanitaria protocoliza la atención de igual forma para ambos sexos cuando no somos iguales. Hay que tener en cuenta determinadas condiciones que no son igual en unos segmentos de población que en otros. 

Se refería también a la atención primaria. Recientemente se ha celebrado en Santander un congreso en el que los médicos de este nivel asistencial hacían una llamada de atención y reclamaban una reforma del sistema. ¿Cómo se encuentra la atención primaria en Cantabria y qué pasos se van a dar en este campo?

Yo soy médico de atención primaria y tuve el placer de participar en el acto de inauguración. Efectivamente, una de las líneas estratégicas que comentaba antes es la atención a la cronicidad, que es un problema en la atención sanitaria no solamente de Cantabria sino de España y de todos los países occidentales. Para atender al paciente crónico, que es el más frecuente en las consulta, hay que aumentar la capacidad resolutiva de los profesionales, hay que darles más acceso a pruebas complementarias y en las mismas condiciones que a los profesionales de la atención hospitalaria. 

Los profesionales de atención primaria no solamente son la puerta de entrada al sistema sino también los mantenedores de la asistencia sanitaria. Únicamente aumentando su capacidad de resolución se puede atender con la suficiente prontitud a los pacientes crónicos y evitar que estos terminen yendo a las urgencias del hospital. Igualmente, es necesario mejorar la coordinación atención primaria-atención hospitalaria y de todo el sistema sanitario con el sistema de servicios sociales. 

El pasado 25 de noviembre comenzó el traslado a las nuevas dependencias de Valdecilla. ¿Qué se ha llevado a cabo hasta ahora y cuál va a ser el procedimiento a seguir por la gerencia del centro y la Consejería?

Me gustaría insistir en que, contrariamente a lo que se ha comentado, no ha habido ningún retraso porque algunas afirmaciones del anterior Gobierno sobre que el traslado se podría haber realizado en verano no eran realistas salvo que se pretendiese hacer sin cumplir la legalidad, es decir, sin la licencia de ocupación. El Ayuntamiento, en el uso de sus competencias, uno de los requisitos que pedía era un Plan de Autoprotección, además de otras cuestiones responsabilidad de la empresa. Existe una carta del anterior gerente, fechada el 30 de junio, en la que pide una prórroga de seis meses para finalizar el Plan, por lo tanto, si existe una necesidad temporal de medio año para elaborar este Plan, me gustaría saber cómo se pretendía hacer el traslado en verano, salvo que fuera a hacer sin licencia. Por tanto, no ha habido ningún retraso. La anterior gerencia fijó en seis meses el plazo para redactar el Plan de Autoprotección y la actual lo ha finalizado en dos.

Además, durante este tiempo no hemos estado parados, hemos tenido que elaborar un nuevo plan funcional de traslado porque el anterior, elaborado por una empresa externa, no era conocido por los jefes de servicio y una vez que lo han conocido, ha sido necesario replantearlo. Ha habido que realizar reformas estructurales para adaptarlo a las necesidades de los servicios.

¿Qué tipo de obras?

Ha sido necesario reformar algunas unidades, como la unidad de reproducción asistida o la farmacia y en todas las plantas de hospitalización ha sido necesario habilitar un espacio para el trabajo de los propios profesionales, ya que no existía. Durante todo este tiempo se ha estado trabajando para poder hacer efectivo el traslado. Quiero recordar que fue el día 23 cuando el alcalde comunica que el Ayuntamiento concede la licencia de ocupación; el 24 se realiza un acto obligatorio de esterilización y una toma de muestras, y al día siguiente comienza el traslado. Con lo cual, como había dicho repetidamente, lo único que estábamos esperando era a estar en condiciones legales para realizar ese traslado, no eran ni cuestiones políticas ni ninguna otra cosa.

Entonces, ¿a qué achaca ese cruce de declaraciones entre el Ayuntamiento y la Consejería?

Si se revisan mis declaraciones ante la pregunta de los medios sobre cuándo se va a realizar el traslado yo contesto que cuando tengamos la licencia de ocupación. Esto no supone ningún juicio de valor sobre si el Ayuntamiento estaba dando la licencia con rapidez o con lentitud, pero ante eso el Ayuntamiento deduce que se le está culpabilizando de retrasar el permiso cuando en ningún caso se ha dicho eso.

Y luego, por otra parte, el anterior Gobierno empieza a decir que si se está retrasando. Creo que el tiempo pone las cosas en su sitio. Siempre he dicho lo mismo, que estábamos esperando a la licencia de ocupación, que no se realizaría el traslado mientras no existan condiciones de legalidad y de seguridad, y eso es lo que hemos hecho. 

Mencionaba antes que se han tenido que realizar algunas modificaciones “estructurales”. ¿A qué se han debido? ¿A deficiencias del proyecto o a que las obras no se han ejecutado correctamente?

El hecho real es que no estaban hechas esas modificaciones, que eran imprescindibles para que los servicios funcionen correctamente. Usted sabe que la nueva gerencia ha encargado dos trabajos, uno de ellos, que está actualmente en el procedimiento de adjudicación, es realizar una auditoría para conocer si la obra realizada y los acabados se atienen al proyecto. Y el otro se ha encargado a la Universidad de Cantabria para establecer si el coste que supone para la comunidad autónoma el contrato público-privado hubiese sido mayor o menor haciéndolo por el sistema tradicional. Ambas cuestiones tendremos que responderlas cuando tengamos los trabajos finalizados, pero el hecho real es que para realizar el traslado ha habido que ejecutar esas modificaciones en la estructura del edificio.

¿A cuánto asciende el coste de esos trabajos y quién los ha asumido, el contratista o el Gobierno?

El pago de esa obra dependerá de si estaba o no en el proyecto, lo cual se va comprobar técnicamente. Si esto debiera estar hecho y no lo estaba, está claro que tendrá que costearla la constructora. Si realmente no estaba en el proyecto y la gerencia anterior lo aceptó, evidentemente es un error porque si no está la unidad de reproducción asistida concebida, ¿cómo se va a trasladar? El coste ahora mismo no lo sé.  

Respecto a la auditoría que se va a llevar a cabo para comprobar si la ejecución de las obras se ha ajustado al proyecto, ¿ese trabajo no debería haberse hecho antes de conceder la licencia de ocupación?

Así estaba previsto en un principio por el anterior Gobierno pero, finalmente, se desechó, de forma que la obra y la dirección de obra han sido responsabilidad de la misma empresa. Inicialmente estaba previsto hacer un control externo pero, como digo, posteriormente fue desechado.

¿Para qué fecha prevén que podrían estar a pleno rendimiento las nuevas instalaciones?

Depende de varias cuestiones, entre otras cosas, de la virulencia de la gripe porque si es muy alta, habrá mayor número de personas en urgencias y mayor número de ingresos hospitalarios y, por lo tanto, no es un momento adecuado para estar con los traslados. Si esto no es así, será un poquito menos de seis meses, quizá para después de Semana Santa pueda estar finalizado pero no me atrevo a dar una fecha concreta. Dependerá de algunos factores externos.

¿Cuáles son las impresiones que le han trasmitido los profesionales respecto a estas nuevas dependencias?

Una vez realizada las adaptaciones, un edificio nuevo, más funcional, siempre es atractivo pero también me gustaría insistir en que Valdecilla no es solamente el nuevo edificio de las Tres Torres. Desde aquel triste día de noviembre de 1999, se reconstruyó el 2 de Noviembre, que ese también es el nuevo Valdecilla. Las Tres Torres es la última fase. Técnicamente no es la más compleja porque esto, fundamentalmente, son plantas de hospitalización. La parte más técnica se realizó en la anterior fase, que eran los quirófanos. Sí que es verdad que el nuevo edificio va a permitir el cierre de la Residencia, que es una estructura que está anticuada y que los pacientes y los profesionales se merecían dejar ya. Pero me gustaría insistir en que esto no es Valdecilla; Valdecilla estructuralmente tiene otros inmuebles y, muy importante, Valdecilla no lo hacen los edificios, lo hacen los profesionales, desde el primero hasta el último. Y durante estos quince años el Hospital ha estado funcionado con una alta calidad, de hecho es centro de referencia nacional para seis servicios. Esto, insisto, no lo hacen los edificios.   

Hablaba precisamente de la Residencia. El terreno no es la propiedad del Gobierno sino del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) pero, ¿el Ejecutivo tiene alguna idea o plan para dar una nueva utilidad a ese edificio?

Cuando se vacíe la parte asistencial lo primero que tenemos que hacer es independizarlo de los dos edificios que son anexos y que siguen siendo utilizados por el servicio de salud, que son la gerencia del propio servicio y la de atención primaria y el IDIVAL. Como ha dicho, ni el edificio ni el terreno es propiedad del Gobierno de Cantabria y, por lo tanto, no tenemos decidido nada porque cualquier decisión hay que tomarla conjuntamente con el INSS.

No obstante, está claro que el edificio, tal y como está, para reutilizarlo habría que reformarlo profundamente, con lo cual eso supone un coste muy importante. Habrá que valorarlo tranquilamente y, sobre todo, con el INSS. A la pregunta de si tenemos algo pensado, la respuesta es no. Hay que hablar con el INSS y luego hacer una valoración estructural del edificio para conocer en qué condiciones está. 

¿Es posible que haya que derribarlo?

Claro. También el INSS puede que tenga una actitud diferente si tiene que reformar el edificio o si, por el contrario, le derriba y entonces ya le queda el solar. 

Pero, ¿el Gobierno va a tomar la iniciativa?

Primero, lo que vamos a hacer es hablar con el INSS para conocer si tiene algún proyecto sobre el edificio o el solar; segundo, hacer una valoración técnica del inmueble, que no solamente es puramente estructural. Por ejemplo, una decisión que es fundamental es saber si hay amianto o no hay amianto. Puede ser que aunque no haya que derribar el bloque, sí que hay que quitar el amianto y eso tiene un coste.  

Está claro que siempre la Administración pública le son muy apetecibles los edificios públicos porque tampoco tenemos tantos, con lo cual si se puede adaptar, seguro que le encontramos una utilidad para el uso de la Administración. Pero insisto, no se pueden levantar expectativas porque hay que hablar con el propietario y, sobre todo, ver cómo está el edificio, analizar si hay que derribarlo o no y si hay amianto, la forma de afrontarlo es completamente diferente. 

En cualquier caso, no se a construir allí viviendas o dar otro uso que no sea público. 

Creo que dotacionalmente es imposible. 

Volviendo al contrato público privado, ¿ha recibido alguna queja de los profesionales sanitarios por deficiencias en la prestación de los servicios o por injerencias de la adjudicataria?

Cuando he dicho repetidamente que el contrato público-privado hipoteca a la comunidad durante 20 años no me refiero solo a que hay que pagar 900 millones (751 + IVA), a una cuestión económica. Estoy hablando de que se hipoteca la gestión del día a día porque los pacientes y los profesionales son inquilinos de un edificio durante dos décadas y, durante ese tiempo, la gestión del día a día, cualquier modificación estructural, mover un tabique, cualquier cuestión, hay que pedir autorización, es decir, no depende exclusivamente de la administración sanitaria, hay que contar con la empresa que tiene la cesión del edificio.

¿Cuánto puede cambiar la sanidad y, sobre todo, la tecnología sanitaria en 20 años? Una cosa tan simple como que un aparato puede disminuir o aumentar de tamaño y necesites reformar el local donde está ubicado, no tienes autonomía para ello. Eso por no decir que la tecnología también puede ser más barata, como pasa con los ordenadores, pero, sin embargo, el canon que hay que pagar a la empresa es fijo. Es decir, si hay una ventaja sobre la tecnología o una mejora de la gestión, va a recaer sobre la empresa.

Pero respecto al presente, ¿ha habido alguna queja o incidencia hasta la fecha?

Claro que los profesionales plantean problemas, como en la hostelería. Además, la empresa hay algunos servicios que presta directamente y otros que tiene subcontratados. Y luego los materiales, el cambio de uso diario hay que comunicárselo a la empresa y claro que hay roces de funcionamiento diario que, además, no se pueden plantear directamente por el profesional a la dirección del hospital, se plantean a la dirección y la dirección tiene que hablar con la empresa. Complica la gestión del día a día enormemente y se va a ver más porque ahora estamos al comienzo de los 20 años.

¿Es posible liberarse de ese contrato público-privado o ya se ha descartado por completo?

Nosotros dijimos desde el principio que se iba a hacer una valoración jurídica y económica del contrato y en eso estamos. El tiempo que está durando esta valoración es por lo complejo que es y porque se está haciendo una valoración muy seria. Evidentemente cualquier contrato se puede rescindir si indemnizas a la empresa pero no estamos en condiciones de hacer eso. Lo que estamos valorando es si hubiera hubiera alguna posibilidad jurídica para revertir el contrato y mientras tanto exigir un cumplimiento estricto de todas las cláusulas.

¿Para cuándo prevé la Consejería tener a su disposición esos informes para poder tomar una decisión definitiva?

La auditoría externa todavía no se ha adjudicado, está en fase de presentación de ofertas. Una vez que se adjudique tiene seis meses para elaborar el trabajo, y para el estudio de la Universidad hay cuatro.

En este tema hay que ser prudentes en el procedimiento, no digo en las expectativas. Lo que no vamos a hacer es aumentar los gastos de la comunidad. Vamos a llegar a todo lo que podamos pero tenemos que ser estrictos con el procedimiento porque tenemos que ir sobre seguro, no podemos empeorar la situación. 

El anterior Gobierno de Cantabria del PP firmó con los sindicatos y los colegios profesionales un Pacto por la Sanidad. ¿En qué situación queda ese documento después del cambio de Gobierno?

Lo que hizo el anterior Gobierno no fue un Pacto por la Sanidad. De hecho, el título del documento se llama Propuesta de Acción, una para enfermería y otra para médicos. Es un documento único y exclusivamente firmado por la entonces consejera de Sanidad -María José Sáenz de Buruaga- al que se adhieren los colegios profesionales y algunos sindicatos. Enumera una serie de medidas por orden cronológico y la mayoría de ellas relativas a los dos primeros trimestres no se llevaron a cabo.

Frente a eso, esta Consejería ha llevado un documento a la Mesa Sectorial, que es donde hay que llevarlo. Ha sido firmado por todos los sindicatos, se llevó al Consejo de Gobierno, se aprobó, se ha publicado en el BOC y se ha presupuestado. Eso es un acuerdo por la Sanidad. Lo otro era una propuesta de acción política unos meses antes de las elecciones. 

Otra cuestión es un Pacto por la Sanidad que yo creo que sería deseable tanto a nivel autonómico como a nivel nacional porque el sistema nacional de salud tiene que enfrentarse a cambios demográficos, financieros, estructurales, de renovación tecnológica y farmacológica. 

Nosotros tenemos un límite claro que es la propia gestión y la propia financiación del sistema nacional de salud. En 2012, mientras algunos hablamos de reconocer la asistencia sanitaria como un derecho fundamental, el PP sacó un Real Decreto que rompe con el consenso de los últimos 25 años y, según mi criterio, hace el mayor retroceso en la sanidad de los últimos 30 años, que es cambiar un sistema universal por uno de aseguramiento y, además, introduce el copago, con lo cual dificulta a la accesibilidad a grandes grupos de población. Por lo tanto, por supuesto que el Pacto por la Sanidad es deseable pero hay unas líneas rojas que nosotros no vamos a pasar.

Con el final de las obras del nuevo Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que concluyeron el pasado mes de junio, y el inicio a finales de noviembre de los trabajos de traslado, ha comenzado la cuenta atrás para el cierre definitivo de la Residencia Cantabria, el centro sanitario que desde 1973 ha albergado la atención materno-infantil en la comunidad autónoma.

La Consejería de Sanidad prevé que la 'mudanza' a las nuevas dependencias, conocidas como las Tres Torres y que están ubicadas junto al edificio 2 de Noviembre, concluya en “aproximadamente seis meses, para después de Semana Santa”. En ese momento las trece plantas de la Residencia echarán el candado. Qué pasará con el edificio es uno de los interrogantes que se plantean ahora. El Plan General de Santander califica el terreno como dotacional y, por tanto, debe tener un uso de interés público.

El Gobierno de Cantabria no descarta que pueda servir como sede de la Administración autonómica aunque recalca que “lo primero” es conocer los planes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que es el titular tanto del inmueble como de la parcela.

Así lo ha indicado la consejera de Sanidad, María Luisa Real, en una entrevista concedida a eldiario.es Cantabria que se publicará en su integridad este fin de semana. Real afirma que aún es pronto para conocer el futuro uso que se dará a la Residencia y señala que el Ejecutivo no se ha planteado nada en firme, ya que, tal y como insiste, “cualquier decisión hay que tomarla conjuntamente con el INSS”.

No obstante, la consejera apunta que “a la Administración siempre le son muy apetecibles los edificios públicos porque tampoco tenemos tantos, con lo cual si se puede adaptar, seguro que le encontramos una utilidad. Pero insisto, no se pueden levantar expectativas porque hay que hablar con el propietario y, sobre todo, ver cómo está el edificio”, apostilla.

Por ello, “lo primero” que hará el Ejecutivo cántabro será “hablar con los responsables del INSS para conocer si tiene algún proyecto sobre el edificio o el solar”. Todavía no se han iniciado los contactos, puesto que el Gobierno de Cantabria cree que es conveniente esperar al 20 de diciembre para conocer el resultado de las elecciones generales y, sobre todo, aguardar a que se forme un nuevo Gobierno central. Un Ejecutivo afín en Madrid podría facilitar el acuerdo entre ambas partes, reconocen.

De igual modo será imprescindible realizar una valoración técnica del edificio, en el que además de analizar el estado de la estructura, que a pesar de la mala apariencia externa es posible que sea sólido, es “fundamental” comprobar si se empleó o no amiento en su construcción. La presencia de este mineral tóxico condicionaría cualquier plan de actuaciónmineral tóxico.

Ya en 2012, a raíz de la ejecución de unas obras en la Residencia, el sindicato UGT advirtió de una “cierta inquietud” de los trabajadores “por la existencia de amianto en los suelos y tejados del edificio” y solicitó a la Consejería de Sanidad un informe sobre la situación estructural y su estado de conservación.

El amiento al romperse libera polvo de fibras que pueden resultar potencialmente peligrosas si se inhalan, por lo que exige una desinstalación y retirada mediante procesos muy especializados y también muy costosos en términos económicos. Es un material muy apreciado desde la antigüedad como elemento de construcción debido a su gran resistencia y maleabilidad.

Una valoración reposada

Más allá de la posible presencia de este material cancerígeno también será necesario evaluar el gasto de los trabajos que serían necesarios para rehabilitar el inmueble en el caso de que su esqueleto fuese apto, ya que desde el Ejecutivo también se baraja que lo más recomendable sea derribarlo.

En este caso estiman que la actitud del INSS puede ser “diferente” porque si le queda el solar no tendría que soportar los gastos de mantener el edificio y la seguridad y vigilancia del mismo.

“Está claro que tal y como está, para reutilizar el edificio habría que reformarlo profundamente, con lo cual eso supone un coste muy importante”, indica la consejera. “Habrá que valorarlo tranquilamente y, sobre todo, con el INSS”, concluye.

El nuevo edificio del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, conocido como las Tres Torres, comenzará a cobrar vida este próximo miércoles, cuando las nuevas instalaciones del centro sanitario comenzarán a recibir a los primeros pacientes. El traslado a estas dependencias es posible después de que el Ayuntamiento de Santander haya concedido la correspondiente licencia municipal, un trámite que estaba pendiente desde el comienzo del verano y que ha ocasionado un enfrentamiento entre el Consistorio de la capital cántabra y el Gobierno autonómico.

Ha sido precisamente la Administración municipal la que, a través de un comunicado, ha anunciado la concesión de la licencia de primera ocupación, un hecho que, posteriormente, ha sido ratificado por la consejera de Sanidad, María Luisa Real, quien ha detallado que la ocupación del nuevo edificio por pacientes ingresados está previsto que se inicie este próximo miércoles, 25 de noviembre.

La consejera ha señalado que el traslado se hará siguiendo el plan establecido previamente por la actual dirección del hospital y ha apuntado que la operación completa está prevista que concluya dentro de, “aproximadamente, seis meses”.

En cualquier caso, Real ha insistido en que esta operación de traslado a las nuevas dependencias “ha de considerarse como una actividad más dentro de la compleja gestión del hospital Valdecilla”. También ha expresado su deseo de que, a partir de ahora, los equipos que se hagan cargo de desarrollar el plan de traslado “no vean perturbado su trabajo con falsas o estériles especulaciones para que puedan emplear toda su atención en hacerlo lo mejor posible y preservando todas las garantías de seguridad para los pacientes y los trabajadores”.

Cada una de las Tres Torres tiene 12 plantas, que albergarán consultas de diversas especialidades, quirófanos, 348 nuevas habitaciones, la zona materno-infantil, laboratorios y zona de reanimación. En total, 86.700 metros cuadrados de superficie que servirán para descongestionar las instalaciones actuales. La última fase de las obras, que finalizaron en mayo, ha sido ejecutada por la UTE Forrovial-Siec después de que el anterior Ejecutivo del PP rescindiera a comienzos de legislatura el contrato con la anterior contratista y aprobara uno nuevo de colaboración público-privado, que supondrá el pago de un canon anual de unos 40 millones de euros anuales durante los próximos 20 años por los propios trabajos de construcción y la gestión de una decena de servicios no clínicos.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria garantizará el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida en el sistema sanitario público “a toda persona o pareja, con independencia de su orientación sexual y estado civil. Y, específicamente, facilitará el acceso a las mujeres lesbianas y bisexuales”, a las que regularizará el acceso por ley..

Así lo ha anunciado la consejera, María Luisa Real, durante una rueda de prensa en la que ha dado a conocer el presupuesto de su departamento para 2016. En su comparecencia, la titular de Sanidad ha informado de que el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, a instancias de esta Consejería, recoge una propuesta en este sentido.

Es una iniciativa, ha asegurado María Luisa Real, “que también tiene en cuenta la evolución biomédica y científica” que, de acuerdo a la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, “permite a toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar, ser receptora o usuaria de las técnicas reguladas por esta ley, independientemente de su estado civil y orientación sexual”.

De esta forma, ha añadido la consejera, “pretendemos garantizar el derecho que a esas personas reconoce el marco internacional, europeo y constitucional” sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género. “Y pretendemos también que cuenten con el respaldo de la legislación de Cantabria frente a las limitaciones e inquietudes que generó la reforma realizada por el Ministerio de Sanidad en la cartera de servicios del SNS, por una controvertida Orden de octubre de 2014 que ha generado limitaciones en el acceso a las técnicas de reproducción asistida en varias comunidades”.

Desigualdad en la salud

Además, María Luisa Real ha presentado las cuentas de su departamento para el próximo año, cuyos ejes serán “la lucha contra las desigualdades en salud, la cronicidad y la calidad”. Según ha explicado, la Consejería de Sanidad y el Servicio Cántabro de Salud (SCS) contarán el próximo ejercicio con un presupuesto total de más de 805 millones, lo que supone casi 17 millones más y un incremento del 2,15%. El grueso de esa cuantía, 787,15 millones, corresponden al SCS y los 18,59 restantes, a la Consejería.

Destaca la partida para el Hospital de Valdecilla, de 364,99 millones, lo que representa un aumento del 2,46% respecto a este año. Por su parte, el contrato público-privado para finalizar las obras del centro sanitario y gestionar determinados servicios estará dotado con 44,9 millones en 2016.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria, María Luisa Real, ha informado este jueves que el Servicio Cántabro de Salud va a proceder a contratar un estudio y análisis, por un precio de 60.379 euros y un plazo de dos meses, para comprobar que las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla se han ejecutado conforme al proyecto aprobado previamente por la Administración autonómica.

Según ha informado el Ejecutivo en un escueto comunicado, el objetivo es realizar un estudio comparativo de los aspectos funcionales, técnicos y económicos entre el proyecto aprobado y las obras ejecutadas, tras constatar la “falta de un control riguroso” de las obras de la tercera fase durante su ejecución.

A este respecto, el Gobierno bipartito ha señalado que el concurso convocado por la anterior gerencia del hospital para realizar el seguimiento de los trabajos llevados a cabo por la UTE Ferrovial-Siec quedó desestimado.

El contrato de la discordia

El contrato de colaboración público-privada del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla acaparó buena parte del debate político y de la agenda mediática durante los cuatro años de la anterior legislatura gobernada por el PP y aun lo sigue haciendo con el actual Ejecutivo PRC-PSOE.

Desde las filas populares siempre han defendido este modelo como el mejor para finalizar las obras centro hospitalario mientras que regionalistas, socialistas y Podemos advierten que supone una losa para la Administración pública: 40 millones de euros anuales durante los próximos 20 años, además de suponer un “primer paso” para la privatización de los servicios sanitarios, según denuncian.

Las obras de la tercera fase, las que va a investigar el bipartito, concluyeron en mayo aunque el edificio aun carece de licencia de apertura debido a que el anterior responsable del centro sanitario, César Pascual, no encargó la redacción del plan de autoprotección, un documento necesario para que los técnicos del Ayuntamiento de Santander den su visto bueno.

Las disputas políticas a consecuencia de la financiación de los fármacos de última generación para combatir la hepatitis C han vuelto a recrudecerse. El cambio de los responsables sanitarios en las comunidades autónomas tras las elecciones del 24 de mayo, que alejó al PP del poder en muchos territorios, ha destapado de nuevo el enfrentamiento con el Gobierno de España, que había diseñado una solución intermedia para hacerse cargo del alto coste de los tratamientos de estos enfermos.

Así lo ha reconocido en el Pleno del Parlamento de Cantabria la consejera de Sanidad del Ejecutivo bipartito, María Luisa Real (PSOE), que ha cifrado en casi 18 millones de euros la 'factura' para el Servicio Cántabro de Salud tras hacer frente a las necesidades vitales de 639 pacientas, a una media de 28.000 euros por enfermo.

“La financiación es un problema muy grave, porque la cifra va a seguir aumentando. El Ministerio de Hacienda no acaba de aclarar cómo va a ser y además es un sistema muy engorroso, porque no son facturas sino albaranes de los laboratorios”, ha explicado la consejera, quien ha criticado el precio “abusivo” de los fármacos y ha censurado que el laboratorio fije precios de venta distintos según los países.

La consejera ha abordado este asunto en el hemiciclo después de una interpelación parlamentaria de Podemos, que cuestionaba el funcionamiento del plan estratégico aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. En su respuesta, la nueva responsable de Sanidad ha aclarado que su departamento ha tratado a 639 pacientes desde el mes de abril y ha asegurado que las personas inmigrantes en situación irregular acceden a estos tratamientos “en igualdad de condiciones” que el resto de ciudadanos.

Reclusos infectados

Según Real, entre los mayores problemas que se ha encontrado Cantabria en la gestión de esta crisis sanitaria está la actitud de Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior, que se niega a asumir el coste de los tratamientos de los reclusos infectados, por lo que el Servicio Cántabro de Salud está asumiendo el tratamiento de estos pacientes “sin renunciar a reclamar la financiación de los mismos”. Hasta el momento, los presos que han requerido de estos medicamentos en Cantabria han sido siete y otros 45 están pendientes de pruebas complementarias.

Además, la consejera ha destacado que siete grupos de investigación del Hospital de Valdecilla se han unido, a través del IDIVAL, en un proyecto de I+D+i sobre tratamiento personalizado de la hepatitis C que ha logrado una financiación de 678.000 euros.