El grupo socialista en el Parlamento gallego ha presentado una iniciativa para exigir a la Xunta explicaciones por la “opacidad” y “falta de transparencia” en las contrataciones realizadas “a dedo” durante la presidencia de Alberto Núñez Feijóo con Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro e investigado por supuestos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

En un comunicado, la diputada Patricia Iglesias recuerda que el gobierno gallego firmó trece contratos con este despacho entre los años 2009 y 2011 por un importe global de 172.838 euros, sin que hasta el momento facilitasen información “completa, ordenada y verificable sobre su contido, utilidad real y justificación administrativa”.

El PSdeG sólo pudo acceder, el pasado 12 de septiembre, a los expedientes de contratación donde constataron “hechos de especial gravedad institucional”. Entre ellos, Iglesias enumera informes “en forma de simples borradores, sin firma ni fecha”, documentos en los que no se identifica al responsable y materiales “de carácter general” que se limitan a reproducir normativa fiscal estatal, “sin adaptarla a las competencias propias de la comunidad autónoma”.

Un powerpoint sin conclusiones sobre las cajas

En la documentación figura también un archivo, “un mero powerpoint”, relativo a la fusion de las cajas de ahorros gallegas, pero “sin conclusiones técnicas ni recomendaciones finales”. Aún así, la diputada señala que fue usado “como soporte político para una de las decisiones económicas más trascendentes de la historia reciente de Galicia”.

Aquella fusión impulsada desde la Xunta por Feijóo y su conselleira de Hacienda, Marta Fernández Currás, acabó en desastre: la entidad resultanda, Novagalicia Banco, fue rescatada con una inyección de 9.000 millones de euros de fondos públicos y sus directivos acabaron en la cárcel. La venta a su actual propietario, Juan Carlos Escotet, que la convirtió en Abanca, tan sólo permitió recuperar 1.000 millones, menos de los que la entidad ganó en su primer ejercicio. Cuando eso sucedió, Fernández Currás era ya la número dos del propio Montoro en el ministerio de Hacienda.

El mismo 12 de septiembre en que accedieron a los expedientes, los socialistas solicitaron formalmente copia íntegra de todos los contratos menores adjudicados a Equipo Económico, así como de los informes finales asociados a cada uno de ellos. Este viernes, la documentación seguía sin ser remitida, “incumpliendo los principios de transparencia, colaboración parlamentaria y control democrático de la acción del Gobierno”.

El PSdeG insta ahora a la Xunta a entregar “de manera inmediata” toda esa documentación pendiente y a “explicar los criterios seguidos para la adjudicación reiterada” a ese despacho. Reclaman, también, revisar los procedimientos internos de contratación, “especialmente en el ámbito de los contratos menores”, para garantizar la trazabilidad documental, evitar la fragmentación indebida y reforzar los mecanismos de control y fiscalización.

Unos beneficios de 116 millones de euros durante el año pasado y un crecimiento del 14,85% no es precisamente un mal dato para una entidad financiera hoy en día. Pero resulta aún más significativo cuando hablamos de una caja de ahorros que desde hace 60 años sigue funcionando como cooperativa de crédito y que apuesta por tener cajeros en el mundo rural y en los barrios periféricos de las grandes ciudades.

Frente a la inteligencia artificial, las aplicaciones móviles, los numerosos trámites por internet, la atención telefónica robotizada y el cierre masivo de oficinas, Eurocaja Rural lleva años marcando perfil propio al asegurar que su apuesta pasa por la “inclusión financiera”, o lo que es lo mismo, por promover que todas las personas tengan acceso fácilmente y de forma personalizada a sus trámites bancarios. Un gesto tan sencillo como meter una cartilla de ahorros en un cajero para que se actualice es posible todavía en muchos pueblos y barrios de grandes ciudades en los que opera la entidad.

Suena extraterrestre hoy en día, pero su “revolución de los máquinas” (como reconocimiento y apoyo a las personas) frente a “las máquinas”, su último slogan publicitario, está surtiendo efecto y les ha permitido llegar ya a las 500 oficinas en nueve comunidades autónomas y 23 provincias.

Esta entidad financiera no es perfecta. Ejecuta desahucios y no resuelve problemas actuales acuciantes para la gente como el acceso a la vivienda o la subida de precios, pero trata de compensarlo con la “cercanía”. Mientras otras entidades han abandonado muchas oficinas en la España vaciada o en barrios periféricos de las grandes ciudades, ellos han recorrido el camino inverso. Dicen que quieren ser una referencia financiera para el mundo rural y de, hecho, actualmente, es la única para 71 municipios.

Más del 41% de su red de oficinas está implantada en pequeñas localidades de menos de 3.000 habitantes. El 30% se ubican en pueblos de menos de 2.000 habitantes y más de la mitad en localidades con menos de 4.500.

En total, está presente en nueve comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Murcia, La Rioja, Aragón, Cantabria y Andalucía) y 23 provincias.

La entidad considera que también existe exclusión financiera en barrios de grandes o medianas ciudades, de ahí la apertura de nuevas oficinas en Madrid capital (distrito Arganzuela, Fuencarral-El Pardo, en calle Princesa y también en barrio de Chamartín) y otra más en Albacete y Valencia capital los últimos años.

La entidad ha constatado que en un momento en que el sector financiero se encuentra cuestionado por una parte de la sociedad tras el cierre masivo de oficinas y la imposición de hacer operaciones en el canal digital o en el cajero, también es rentable apostar por el servicio tradicional, en el que no existen horarios de caja y no se envía a los clientes al cajero

El actual director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, argumenta que la cercanía es un “valor diferencial” y que la tecnología, lejos de reemplazar la interacción humana, debe ser una herramienta complementaria.

"Se puede hacer banca con tecnología sin dejar de ser humanos"

Víctor Manuel Martín López — Director general de Eurocaja Rural

“Nosotros decidimos que nuestra revolución la hacen personas. La cercanía es, para nosotros, una ventaja competitiva. Se puede hacer banca con tecnología sin dejar de ser humanos. En un momento en el que muchos bancos han priorizado la digitalización en detrimento de la atención personal, Eurocaja Rural reafirma su compromiso con quienes valoran el trato directo y la cercanía”, añade.

Y frente a la actualidad de las OPA, las fusiones y los cierres de oficinas, el presidente de la entidad financiera, Javier López Martín, subraya el compromiso con el modelo cooperativo, el arraigo territorial y la lucha contra la exclusión financiera, resaltando la atención cercana como seña de identidad frente a las fusiones y cierres bancarios.

En realidad, Eurocaja Rural no ha descubierto nada nuevo, pero ha sabido implantar un modelo híbrido que “no deje a miles de personas sin atender”. Es una forma de luchar también contra la despoblación , sirviendo de soporte financiero al medio rural, contribuyendo a su desarrollo mediante soluciones de ahorro, inversión y financiación, ayudando así a fijar población.

Una cooperativa de crédito que nace en una década convulsa

También la historia de la entidad resulta muy particular. Aunque sus orígenes se remontan a 1963, celebró su primera Asamblea General el 30 de marzo de 1965 con un ADN cien por cien cooperativo y bajo el nombre de Caja Rural Provincial de Toledo. Su primer presidente fue Antonio Marañón de Mora y su primer director general, Jose María de Pablos Fernández.

Se creó para “aportar soluciones financieras y contribuir a la dinamización de su entorno, con atención prioritaria al sector agrícola”, explica. Por entonces, la foto española de las entidades financieras era principalmente la de bancos comerciales y cajas de ahorros, que se caracterizaban por ser entidades tradicionales y con un fuerte arraigo local.

Las cajas de ahorros, en particular, en plena dictadura franquista se habían concebido como entes con “misión social”, mientras que la banca estaba dominada por un grupo de 'grandes' corporaciones. El sistema en general operaba con un modelo más conservador y menos diversificado que en la actualidad. 

La entonces Caja Rural Provincial de Toledo inició su actividad en unos locales situados en la subida de la calle Carlos V de Toledo, en el Casco Histórico, para posteriormente situar su sede social en la calle Alférez Provisional de la capital.

En 1980 se incorporó a RGA y RSI. Junto al D.G. Bank alemán y otras 24 cajas rurales, constituyó el Banco Cooperativo Español, formando un grupo de cajas rurales españolas.

El 18 de junio de 1985 fue inaugurada la actual sede central de la cooperativa de crédito, situada en el centro de Toledo, en un moderno edificio de cinco plantas con 13.200 metros cuadrados de construcción.

Con la adquisición por absorción de Caja Rural de Guadalajara, la entidad inició su primera fase de expansión supraprovincial, abriendo además sus primeras oficinas en la Comunidad de Madrid y en Ávila.

En 1994, a propuesta del Consejo Rector, se nombró a Rafael Martín Molero como director general. En 1999, la caja puso en marcha su Centro de Bolsa, Valores, Fondos y Patrimonios y en el año 2000, adaptándose a los avances del siglo XXI, comienza a forjar su Grupo Económico, creando Rural Patrimonios Agrupados SICAV, S.A.

CCM versus Caja Rural de Castilla-La Mancha

Entre los años 2000 y 2005, amplió su ámbito pasando a ser un grupo de entidades que complementan las acciones realizadas por la empresa matriz y presentan un balance consolidado. Como añadido, en 2003 nace la Fundación Caja Rural y en 2005 la empresa Castilla-La Mancha Servicios Tecnológicos, S.L.

La supervivencia de esta cooperativa de crédito fue, por entonces, puesta en tela de juicio por la entonces 'todopoderosa' Caja Castilla-La Mancha (CCM). En un encuentro con periodistas, su entonces presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, llegó a calificarla como el “tercer mundo financiero”. No parecía prever que el Banco de España intervendría a CCM en 2009 debido a problemas de liquidez causados por su inversión en el sector de la construcción durante la crisis inmobiliaria.

Caja Rural siguió su camino y no fue hasta 2011 cuando la Asamblea General Ordinaria aprobó por aclamación y unanimidad de los socios el cambio de denominación social de la entidad, que pasó a llamarse Caja Rural de Castilla-La Mancha. En octubre de 2013 se oficializó el acuerdo para la integración de 14 oficinas de Barclays en la entidad, lo que permitió a la cooperativa de crédito extender su área de influencia a otras zonas limítrofes a esta región.

Precisamente, su expansión por otros territorios propició que en 2018, los socios aprobaran por unanimidad el cambio de marca de la cooperativa de crédito, para pasar a denominarse desde entonces Eurocaja Rural.

Su labor social está actualmente muy extendida gracias a su Fundación: la Carrera Solidaria contra la ELA, que cada año bate récords de participantes; las ayudas 'Working' para proyectos de integración laboral y formación para el empleo de personas con discapacidad; la convocatoria de ayudas sociales para personas en riesgo de vulnerabilidad; el proyecto 'Talento artístico' junto a la Asociación Plena Inclusión; o el evento “Empuéblate: historias de éxito para emprender y fijar población en núcleos rurales”, cuya cuarta edición se celebró el pasado mes de febrero, son algunos de los ejemplos de la acción social que les mantiene, además, vinculados al medio rural.

Hace un año, la cooperativa de crédito se solidarizó con los afectados de la dana y activó su protocolo especial de actuación de ayuda a las víctimas, en Castilla-La Mancha, pero especialmente en la Comunitat Valenciana. Los clientes recibieron un SMS informativo con el contacto directo de sus aseguradoras para la cobertura y solución de los daños ocasionados.

Igualmente, informó del espacio concreto habilitado en la web de 'Ayuda Urgente' para asesorar a los damnificados sobre cómo proceder ante esta situación tan excepcional. Desde el área de medios de pago se procedió también a proporcionar soporte a los comercios afectados para agilizar la respuesta y resolver las incidencias acaecidas con motivo del temporal.

Los últimos datos

En Eurocaja Rural presumen de ser “conservadores” en sus decisiones estratégicas. Siempre muy medidas, durante décadas. “Nadamos a contracorriente”, presumía el director general de la entidad esta semana durante un acto para celebrar la apertura de su oficina número 500 en Madrid, en el barrio de San Blas.

El activo de la entidad asciende a 9.888 millones de euros. La cifra del volumen de negocio con clientes alcanzó en 2024 una cifra de 14.449 millones de euros, con un crecimiento anual de más de 1.731 millones y cerró el año con 783 millones de euros de fondos propios.

En cuanto la inversión crediticia, el pasado ejercicio se concedieron un total de 21.429 operaciones de financiación por importe total de 1.752 millones de euros, un 16,26% más que en el ejercicio 2023, de forma que la entidad finalizó el año con un stock vivo total de 5.708 millones de euros en crédito concedido a socios y clientes.

Precisamente, su ratio de morosidad - de la que año tras año sacan pecho- se situó en el 1,62% al cierre de ejercicio, frente al 3,38% de media sectorial. La tasa de cobertura de dichos saldos dudosos se situó en el 140,65%, en contraposición al 69,59% del sector financiero, según el último dato disponible a fecha 30 de septiembre de 2024.

Eurocaja Rural superó los 545.000 clientes al terminar 2024. Sus directivos ya no ven lejos la oficina número 1.000.

Eurocaja Rural abre su primera oficina en la comunidad andaluza, concretamente en la ciudad de Sevilla, en un paso estratégico que marca el inicio de su implantación en el sur de España. La entidad financiera suma Andalucía a las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Castilla y León, Cantabria, La Rioja y Aragón, continuando así su Plan de Expansión nacional, reafirmando su apuesta por acercar su modelo de banca cercana y comprometida a nuevos territorios.

La nueva oficina, ubicada en la calle Virgen de Luján, número 39, en el barrio de Los Remedios, permite a la entidad proseguir su Plan de Expansión puesto en marcha en 2011 con el objetivo de combatir la recesión económica, la exclusión financiera y la reducción de oficinas que ha prevalecido en el sector los últimos años.

Andalucía se convierte así en la novena comunidad autónoma en sumarse a Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Castilla y León, Cantabria, La Rioja y Aragón, territorios donde la red comercial implantada supera ya las 495 oficinas.

La oficina de Sevilla cuenta con horario de apertura al público de 8:30 a 14:00 horas, y al frente de la misma se encuentra Leandro Burguete Arévalo, junto a los gestores comerciales Rosa María Vílchez García y Víctor Galván Tomillo. El equipo que lidera esta delegación cuenta con una amplia experiencia en el sector y un firme compromiso de atender a la ciudadanía con cercanía y humanidad. El objetivo de esta oficina es proporcionar asesoramiento personalizado, atención cercana y proximidad, así como un amplio y variado catálogo de productos especializados y servicios a medida de los requerimientos de los clientes, léase soluciones de liquidez y crédito, líneas de financiación, banca digital, medios de pago, seguros o asesoramiento en materia de inversión, entre otros.

Con esta apertura, Eurocaja Rural ratifica su firme compromiso por generar empleo y contribuir a la dinamización de los territorios donde opera con responsabilidad y vocación de servicio, ofreciendo un modelo de negocio de banca tradicional híbrido, que integra las ventajas de la banca digital y las nuevas tecnologías con la presencia física de oficinas.

Para el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, “nuestro objetivo es ser una entidad de ámbito nacional, generando economía circular. Esta nueva oficina ejemplifica que es posible expandirse y generar empleo sin renunciar a nuestro modelo de proximidad y cercanía. El factor humano es clave en un área de actividad como la nuestra, donde es indispensable el asesoramiento personal y la atención profesional para generar confianza. En 2024 abrimos más de una veintena de oficinas y captamos 195 nuevos clientes al día. Este 2025 ya hemos incrementado nuestra red comercial con casi una veintena de oficinas más y nuestro objetivo es continuar generando empleo en nuevos territorios, contribuyendo a su desarrollo económico y social. Actualmente contamos con más de 500.000 clientes y 100.000 socios, nuestro Grupo Económico integra a más de 1.300 profesionales y llegamos a Andalucía con clara vocación de servicio y responsabilidad por proporcionar trato humano, profesionalidad y atención presencial complementada con canales digitales y un amplio y competitivo catálogo de productos y servicios”.

Respaldo social y compromiso con el territorio andaluz

La llegada de Eurocaja Rural no solo implica la apertura de una nueva oficina, sino también la extensión del compromiso social que caracteriza a la Entidad. A través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción (FEP), la cooperativa de crédito impulsa numerosos programas de apoyo a colectivos vulnerables, fomento del empleo, inclusión social y colaboración con asociaciones sin ánimo de lucro. Iniciativas como las 'Ayudas Sociales', las Ayudas 'Workin' (dirigidas a promover la inserción laboral de personas con discapacidad) o acciones solidarias como la Carrera contra la ELA, que este año se celebrará el 5 de octubre y cuya recaudación se dona íntegramente a entidades que luchan contra esta enfermedad.

Con su implantación en Sevilla, Eurocaja Rural pone también a disposición del territorio andaluz esta vertiente solidaria, con el objetivo de contribuir activamente al bienestar de la sociedad y al desarrollo sostenible de la comunidad.

Igualmente, la Entidad lucha contra la exclusión financiera garantizando el acceso a una atención cercana y personalizada y promoviendo la igualdad de oportunidades (tanto en municipios con baja densidad de población como en grandes ciudades) ofreciendo cobertura y servicio pues otras entidades han cesado su actividad, asegurando que sus residentes, empresas, Administraciones Públicas, etc. puedan realizar gestiones bancarias sin barreras. Hasta la fecha, Eurocaja Rural es la única referencia financiera en 71 localidades, donde residen más de 89.000 habitantes.

Caja Rural de Aragón celebró ante sus más de 700 empleados y empleadas la Convención Anual donde se dieron a conocer un adelanto de los datos del cierre del ejercicio 2024, los avances en el cumplimiento del Plan Estratégico 2023-2025 y la hoja de ruta para este año en un acto que tuvo lugar en la sede corporativa de la entidad en Zaragoza.

En el ejercicio 2024 Caja Rural de Aragón obtuvo unos buenos resultados entre los que destacó el crecimiento de más de 15.000 nuevos clientes que permitió superar la cifra total de 300.000. La gestión eficiente también se reflejó en otras magnitudes como en el balance total que se incrementó en un 12% respecto al año anterior hasta superar los 5.500 millones de euros. En cuanto a los recursos gestionados de clientes la cifra se situó en 6.800 millones de euros lo que supone un crecimiento del 11% respecto a los datos de cierre 2023. La entidad incrementó igualmente su volumen de negocio gestionado en más de 900 millones de euros en los dos primeros años de ejecución de su Plan Estratégico, lo que supuso una mejora del 41% sobre sus previsiones. Estos datos permiten encarar el último ejercicio del Plan con mayor solidez.

Las cifras positivas obtenidas en 2024 se reflejaron en el incremento de más de 7.500 nuevos socios con lo que la entidad consolida su posición como la mayor cooperativa de crédito de Aragón.

El segmento empresas ha continuado, igualmente, la senda de crecimiento vinculada al pequeño comercio con más de 900 nuevos terminales de punto de venta (TPV) instalados, lo que supone un incremento del 12% respecto al ejercicio anterior. En el segmento agrario destaca especialmente el número de préstamos ICO-MAPA-SAECA tramitados y que han situado a Caja Rural de Aragón como la entidad líder a nivel nacional al haber gestionado uno de cada cuatro préstamos de este instrumento de financiación al sector primario en toda España.

En banca patrimonial, Caja Rural de Aragón superó los 1.000 millones de euros en patrimonio gestionado a través de Fondos Gescooperativo. Además, el volumen de negocio en Instituciones Públicas de La Rioja, Aragón y Cataluña, donde opera la entidad, creció un 50% respecto al año anterior.

En opinión de director general de Caja Rural de Aragón, Luis Ignacio Lucas, “el crecimiento en las principales magnitudes de negocio durante el ejercicio 2024 nos anima a afrontar este año con un espíritu de mejora continua, poniendo al cliente en el centro de la toma de decisiones. La reapertura de la Oficina de Barcelona, la puesta en marcha de la Oficina Virtual y la innovación en procesos nos sitúan a la vanguardia de la transformación digital sin perder nunca el trato cercano con las personas y la vocación social que son seña de identidad de nuestra cooperativa de crédito”.

Sobre Caja Rural de Aragón

Caja Rural de Aragón es una cooperativa de crédito presente en Aragón, La Rioja y en Cataluña donde opera bajo la marca Caixa Rural, que pone la experiencia de su larga trayectoria en el ámbito de la banca cooperativa al servicio de clientes y socios a quienes ofrece un servicio cercano y eficiente con una gama de productos y servicios competitivos.

El compromiso con la sostenibilidad orientada al territorio se une al de contribuir al progreso y desarrollo de las sociedades en las que la entidad tiene presencia. Caja Rural de Aragón forma parte del Grupo Caja Rural, así como de la Asociación Española de Cajas Rurales y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC).

La quizás más importante colección de arte moderno de Galicia no se encuentra en ningún museo público. Ni autonómico ni estatal. La quizás más importante colección de arte moderno de Galicia la fueron reuniendo a través de los años las desaparecidas cajas de ahorros y en la actualidad pertenece a la obra social de Abanca. Son 5.000 piezas -pintura, escultura o vídeo- bajo tutela de Afundación, todos y cada uno de los grandes nombres presentes en ellas, de las que una selección de 350 conformará la exposición Simultánea. Del paisajismo de Serafín Avendaño en el tránsito hacia el tardoimpresionismo decimonónico hasta las abstracciones de ceniza de Leopoldo Nóvoa en la segunda mitad del siglo XX, de la vanguardia renovadora de la generación republicana -Maside, Laxeiro, Colmeiro o Seoane- al materialismo no figurativo de Berta Cáccamo, la muestra recorre historias posibles del arte gallego. Abre sus puertas el 9 de octubre, dividida en nueve secciones repartidas por las siete ciudades gallega más pobladas.

La ordenación de Simultánea no es cronológica, tampoco por autoría. No va de tendencias o escuelas. “Son siete lecturas de nuestra colección, siete capítulos, para siete ciudades”, explicó el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, psicólogo de formación y primo de Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, en la presentación de la iniciativa a la prensa. Fue Escotet quien dio las explicaciones más pormenorizadas del proyecto, aunque el comisariado lo ejerce Paloma Vela, coordinadora adjunta de cultura en la institución. El retrato, los objetos cotidianos, el mar, la naturaleza, la abstracción, la arquitectura y la fantasía estructuran las, en realidad, siete exposiciones, ubicadas respectivamente en A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo. Las acogerán seis edificios de Afundación y uno, el de Lugo, cedido por Abanca. Escotet quiso recordar a los periodistas que las 5.000 piezas de Afundación son de Afundación, la obra social del banco. Abanca, el banco, posee otra distinta.

Fue Vela, en todo caso, la que expuso de qué manera se elaboró la antología de 350 para Simultánea. “Hicimos un proceso de escucha de la colección”, aseguró, y así emergieron los temas. A partir de ahí, ella y su equipo -los trabajos duraron “cerca de dos años”- los emparejaron con cada una de las ciudades también a partir del lugar natal de los artistas. De esta manera, y aunque no se trate -advirtió- de siete muestras locales, en A Coruña Antonio García Patiño, nacido en la localidad y muerto en 2010 alos 78 años, reflexiona sobre la identidad y las emociones a partir del retrato y del singular expresionismo en que se sumergió en la segunda etapa de su trayectoria. Luis Loureiro (1944), de Narón, participa en la de Ferrol, centrada en el objeto doméstico, de uso cotidiano. Las brumas de Tino Grandío (1924-1977) que difuminan lo real o la investigación de materiales de Antonio Murado (1964), uno de los artistas gallegos con mayor proyección exterior, participan en la exposición de Lugo, dedicada a la “simbología de los espacios costeros”.

Otros nombres también mayores, como los de los hermanos Mario y Eugenio Granell, ambos militantes marxistas en los años 30, represaliados y exiliados, vinculados a las corrientes surrealistas, también están presentes. O el de Urbano Lugrís (1908-1973), pintor del mar, onírico pero figurativo, singularísimo, creador de paisajes por momentos fantasmales por momentos desbordantemente imaginativos. También Luís Seoane (1910-1979), el intelectual total del siglo XX, exiliado en Argentina y uno de los motores del renacimiento de Sargadelos -inspirado por la Bauhaus o el constructivismo soviético- a medidados del siglo pasado, que en su pintura recuperaba las voces bajas de la historia con una personal reconfiguración del cubismo. Hay obra, además, de promociones más recientes: el expresionismo influido por el cómic o el pop de Manolo Moldes (1949-2017) estará en Vigo, cuya muestra protagoniza la fantasía; en Pontevedra, dedicada a la abstracción, habrá por ejemplo cuadros de Ánxel Huete (1944); en Santiago, donde la propuesta indaga en las relaciones entre la arquitectura y las artes plásticas, Antón Cabaleiro (1977), que trabaja el vídeo; y en Ourense, donde la naturaleza y el paisajismo son tema principal, Antón Pulido (1944), que inició su abordaje desde un lugar próximo al expresionismo.

No todos los materiales expuestos en Simultánea -hay pintura pero también escultura o vídeo- son inéditos, alguno ya ha formado parte de otras muestras, pero nunca de esta forma. Escotet se congratuló de que la exposición sirva para que la sociedad gallega acceda “a la riqueza de un patrimonio que le pertenece y que la obra social de Abanca tutela y divulga con orgullo”. Creada en 2014 al final del convulso proceso que liquidó las cajas de ahorro gallegas y derivó en Abanca, Afundación heredó sus obras sociales. A falta de un museo autonómico que reúna obra y elabore un relato sobre la pintura gallega moderna y contemporánea -existen colecciones importantes pero parciales en el de Pontevedra, en el Provincial de Lugo o en el de Belas Artes da Coruña, además de en el Carlos Maside, ideado por Seoane e Isaac Díaz Pardo y propiedad de Sargadelos-, estos son uno los fondos de arte gallego más relevantes.

La Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS) ha presentado sus previsiones económicas para las comunidades autónomas y Asturias no sale bien parada. La región, según este informe, cerrará el año a la cola del crecimiento económico, seis décimas por debajo de la media nacional.

Así, con un 1'9 por ciento de crecimiento, el Principado registraría la menor tasa de crecimiento de su Producto Interior Bruto, igualada con la prevista en La Rioja.

Según la Fundación de Cajas ninguno de los sectores de los que se espera un tirón tiene un peso importante en Asturias, mientras que los que juegan un papel destacado en la comunidad, como el energético, van a evolucionar peor.

Por otra parte, la tasa de paro en Asturias bajará este año hasta el 11 por ciento, frente al 11,8 por ciento con la que cerró el pasado 2023, aunque en parte lo hará por el descenso de la tasa de actividad y de la población activa. 

Abanca ha cerrado este jueves la adquisición del banco portugués EuroBic, que anunció el pasado mes de noviembre tras recibir las autorizaciones pertinentes tanto del Banco Central Europeo como de la autoridad de competencia lusa. En un comunicado, Abanca ha detallado que la operación convierte a Abanca en la séptima mayor entidad financiera de Portugal. El banco operará con la marca EuroBic Abanca hasta que concluya la integración tecnológica en 2025.

De esta forma, en Portugal multiplica por cuatro la base de clientes, hasta los 325.000, y por tres y medio su red comercial, con 251 puntos de venta, distribuidos en los 18 distritos del país y las regiones autónomas de Azores y Madeira, al tiempo que multiplica por 2,6 su volumen de negocio, hasta superar los 20.300 millones de euros. “La adquisición de EuroBic posee un claro sentido estratégico para Abanca, dado el dinamismo del mercado portugués, su interrelación económica con Galicia y España, y las sinergias que brinda a nuestro proyecto”, ha indicado el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet.

La gestión de EuroBic Abanca se realizará a través del consejo de administración que estará presidido por Juan Carlos Escotet Rodríguez y formado por 12 consejeros, en su mayoría portugueses y que cuentan con una “contrastada trayectoria profesional”. La integración permitirá a Abanca crecer en negocios “estratégicos” para la entidad como la banca de empresas, especialmente en los segmentos de negocios y agro. Del mismo modo, contribuirá a fortalecer su posicionamiento en fondos de inversión y asesoramiento financiero y crecer en los negocios de seguros y soluciones de pago y adquirencia.

Eurocaja Rural ha anunciado que aumentará su cartera de hipotecas en plena caída generalizada del sector. La entidad cooperativa recuerda que la caída generalizada del crédito, unido al freno en la concesión de nuevas hipotecas que se está viendo este año en el sector financiero, provocaron que el saldo vivo de créditos para la compra de vivienda cayera en agosto por debajo del medio billón por primera vez desde 2006.

Como consecuencia del encarecimiento de la financiación y las altas tasas de inflación, los últimos datos del mercado inmobiliario en nuestro país muestran que las operaciones de compraventa de viviendas y firmas de hipotecas se están contrayendo.

Cabe destacar que a nivel sectorial se aprecia una caída en la nueva producción hipotecaria del 22% en el ejercicio, frente a una disminución de solo el 2% en el caso de Eurocaja Rural.

Esta situación es producto “fundamentalmente” de dos circunstancias, según explican. Por un lado, la apuesta de Eurocaja Rural por la flexibilidad y adaptación del catálogo de productos y servicios. En este sentido, la entidad ha ampliado su catálogo de productos hipotecarios ofreciendo productos tanto a tipo fijo, como variable o tipo mixto que combina ambos tipos de interés durante la vida del préstamo.

Y por otro, el potente incremento en la implantación de su modelo de negocio cooperativo, a través de un proceso madurado de apertura de sucursales y agencias financieras en ubicaciones estratégicas de la geografía española.

Además de todo ello, el asesoramiento personalizado que proporciona Eurocaja Rural a la hora de proporcionar respuestas a los clientes estudiando cada caso de forma específica para procurar las mejores condiciones posibles, o la agilidad en su tramitación proporcionando respuesta de viabilidad a las hipotecas entre 48 y 72 horas después de aportar la documentación necesaria, inciden también en la consecución de estos datos.

Esta estrategia ha supuesto que, en relación con el stock vivo de operaciones y saldo, la tendencia anual en Eurocaja Rural sea creciente y el aumento respecto a los datos de octubre de 2022 muy significativo, pues alcanza el 5% de incremento, frente a una caída del 4% del sector en España.     

Amortizaciones anticipadas

Desde que empezaron a subir los tipos de interés, en julio del año pasado, a nivel sectorial, el stock vivo de inversión crediticia en el negocio hipotecario ha disminuido en 20.000 millones. Además de como producto de la ralentización en la generación de nuevas operaciones, esta caída se ha visto reforzada por la tendencia creciente del mercado con amortizaciones anticipadas en las operaciones existentes.

Eurocaja Rural no ha sido ajena a esta tendencia general, sin embargo, la potente generación de nuevo negocio hipotecario, ha permitido compensar claramente el efecto negativo de las amortizaciones anticipadas sobre el saldo vivo. 

Impacto en la economía real

Este incremento de financiación en su base de socios y clientes tiene un importante impacto en la economía real, generándose renta, recaudación fiscal y puestos de trabajo, tal y como certificó el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas en su informe 'Impacto Económico' de Eurocaja Rural. En concreto, según los datos obtenidos en 2022, por cada euro de préstamo concedido al sector privado, se genera 1,2 euros de renta y 0,52 euros de recaudación fiscal, mientras que por cada millón de euros de préstamos se crean 19,8 puestos de trabajo.

Esta financiación genera un aumento del consumo e inversión de familias y sector privado que a su vez produce un incremento de producción en la economía contribuyendo también al PIB nacional con 923 millones en 2022 y generando una aportación fiscal estimada de 400 millones de euros a las arcas públicas.

De entre todas las afirmaciones imprecisas, descontextualizadas o directamente falsas que empleó el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su debate con Pedro Sánchez en Atresmedia, una resultó especialmente estridente: aquella en la que acusó al presidente del Gobierno de “quebrar Caja Madrid” por ser entonces, como edil socialista en el Ayuntamiento de Madrid, miembro de la asamblea general de la entidad. Feijóo lo aseguró a pesar del gran cadáver político económico que guarda en su propio armario, la fusión de las cajas de ahorro gallegas que él mismo impulsó, se tragó 8.000 millones y acabó con sus directivos en la cárcel.

Un auto de la Audiencia Nacional conocido hace algo menos de tres años puso negro sobre blanco la realidad de lo que había pasado con la desastrosa operación que desembocó en la desaparición de Caixa Galicia y Caixanova. “Caixanova nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia, dando lugar a NovaCaixaGalicia”, señaló el documento judicial. La nueva caja resultante, convertida en banco, fue a parar a las manos de un banquero venezolano, Juan Carlos Escotet, que la rebautizó como Abanca en 2013. Le costó mil millones de euros. Las ayudas públicas que había recibido hasta ese momento ascendían a 9.000 millones.

El entonces presidente de la Xunta de Galicia se llamaba Alberto Núñez Feijóo, y había comprometido su palabra en que la fusión daría lugar a “una entidad gallega y solvente”. Ni una cosa ni la otra. Su gabinete se apoyó, explicó en aquel tiempo, en la consultora KPMG. “La auditoría externa encargada por la Xunta de Galicia a KPMG avala la solvencia de la fusión de las cajas gallegas”, dijo el Gobierno gallego. Tampoco era verdad. La propia empresa aclaró más tarde que no se trataba de una auditoría, sino de “un diagnóstico acelerado de la viabilidad de la fusión” que no recomendaba, ni dejaba de hacerlo, la unión de las entidades. El trabajo costó al erario público un millón de euros.

El oscurantismo presidió todo el proceso. El Parlamento de Galicia habilitó una comisión de investigación a comienzos de 2013. Diez años después, no ha emitido ningún dictamen y el PP, grupo mayoritario en la Cámara, la ha paralizado y activado a su antojo. Los sucesivos gabinetes de Feijóo se negaron además durante años a entregar a la oposición la documentación en la que estaban basadas sus decisiones. Solo a finales de 2020, y después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenase al Gobierno gallego por violar los derechos parlamentarios del exdiputado de Alternativa Galega de Esquerda Antón Sánchez al no atender a sus peticiones, parte de esos papeles se hicieron públicos. El informe de la Xunta que argumentaba a favor de la fusión ni siquiera mencionaba el estudio de KPMG y estaba elaborado únicamente a partir de los datos aportados por las entidades. Las cúpulas de las mismas acabaron en prisión debido a las indemnizaciones millonarias que se atribuyeron cuatro de sus miembros, 19 millones de euros que, además, tuvieron que devolver.

Escotet completó así uno de los negocios de su vida. Solo durante el primer año, Abanca ganó 1.157 millones de euros, más de lo que el banquero había invertido para hacerse con una entidad que poseía un 45% de la cuota de mercado en Galicia. Esta se ha convertido en la firma financiera de referencia para los ejecutivos del Partido Popular en la comunidad, que sufraga sus cajeros en zonas rurales o respalda la instalación de la primera universidad privada bajo su patrocinio.

La turbulenta historia de cómo las cajas gallegas desaparecieron y, convertidas en un banco y a precio de ganga, fueron a parar a la cartera de Escotet, estuvo plagada de ocultaciones y medias verdades por parte de los gobiernos autonómicos de Feijóo. Nada de eso le impidió este lunes culpar a Pedro Sánchez de lo sucedido en Caja Madrid. “Usted era consejero de una caja y la quebró […] un consejero de Caja Madrid dándole lecciones al presidente de la Xunta sobre el problema financiero de las cajas de ahorro. Es el mundo al revés”, se atrevió a decir Feijóo.

Los fondos de garantía son unos instrumentos interbancarios organizados por ley para garantizar a los clientes de los bancos, en especial a los pequeños depositarios, sus ahorros o parte de ellos, en caso de pérdida de liquidez de la institución que los guarda.

Fueron creados en Estados Unidos en los años 70 del siglo pasado a raíz de las crisis del petróleo y su modelo se exportó rápidamente a la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea.

El primer fondo de garantía se creó en España en 1977 y de su gestión se encargó inicialmente el Banco de España. La cobertura por entonces era de 15.000 euros y se dividía en distintos fondos según las instituciones fueran bancos, cajas u otras entidades, que además eran las encargadas de aportar los fondos preventivos.

De los 15.000 euros iniciales garantizados por entidad y usuario en caso de falta de liquidez, se pasó a los 20.000 y en 2008, con la crisis financiera de las hipotecas subprime, se consolidó la garantía en 100.000 euros.

Finalmente, en 2011 y con la aprobación del Real Decreto Ley 16/2011, de 14 de octubre, todos los fondos se unificaron en el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC), ya que con anterioridad existían tres fondos diferentes: uno para los bancos, otro para las cajas de ahorro y otro para las cooperativas de crédito.

Tal como explica el BBVA en su página, “al tratarse de una entidad promovida por los poderes públicos [...] todos los bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito están obligados a adherirse al Fondo de Garantía de Depósitos”.

Actualmente están adheridas al fondo 115 entidades financieras entre las que se encuentran las principales del país:

En cuanto a su financiación, el BBVA también explica que “la financiación del Fondo de Garantía de Depósitos se articula de una doble manera. Por un lado, cuando se fundó en 2011 absorbió el capital de los mecanismos de garantía que existían antes de esa fecha y que desaparecieron cuando el fondo entró en vigor.”

“Además de estos fondos de capital, el FGD se financia a través de aportaciones anuales de todas las entidades adscritas”, prosigue la página web de la entidad: “el importe que tiene que abonar cada una se calcula en función del perfil de riesgo de cada banco y de la cantidad de depósitos garantizados de los que dispone”.

“Esto supone que cuantos más depósitos asegurados por el FGD tenga un banco y más alto sea su perfil de riesgo, más aportaciones anuales tendrá que hacer a la entidad”, remata. 

Actualmente existe una cierta zozobra por las caídas de dos bancos americanos, uno de ellos el Silicon Valley Bank (SVB), y uno europeo, el Credit Suisse, segunda mayor entidad del país alpino.

Aunque las autoridades europeas destacan que el problema está muy acotado y es casi imposible que se propague a otros bancos, la preocupación en el pequeño ahorrador persiste y por lo tanto es bueno conocer bien qué tipos de garantías nos ofrece el FGDEC.

1. ¿Qué cantidad me cubre este fondo en caso de que mi entidad presente problemas de liquidez?

El FGDEC cubre por ley hasta 100.000 euros por persona y entidad. Esto quiere decir que si por ejemplo tenemos en una cuenta 75.000 euros y en otra del mismo banco o caja otros 50.000 euros, tendremos 25.000 euros no garantizados y los otros 100.000 sí lo estarán.

Además garantiza depósitos con independencia de su importe -solo durante tres meses- “procedentes de transacciones con bienes inmuebles de naturaleza residencial y carácter privado”, así como “los que se deriven de pagos recibidos por el depositante con carácter puntual y estén ligados al matrimonio, el divorcio, la jubilación, el despido, la invalidez o el fallecimiento”.

También cubre del mismo modo los depósitos “que estén basados en el pago de prestaciones de seguros o en la indemnización por perjuicios que sean consecuencia de un delito o de un error judicial”. 

2. ¿Y si en una de las cuentas hay varios titulares?

En ese caso el FGDEC garantiza, según se lee en su página web, 100.000 euros por cada titular de la cuenta. En el ejemplo anterior, si la primera cuenta tuviera dos titulares, se garantizarían 100.000 euros para cada uno, pero se consideraría que cada titular posee 50.000 euros, por lo que el titular que poseerá la otra cuenta de 50.000 euros los tendrá íntegramente garantizados.

También podemos imaginar una cuenta conjunta de 400.000 euros con cuatro cotitulares: la integridad de este valor está garantizado, 100.000 euros por titular.

3. Pero mi banco no es español...

Si nuestro banco pertenece a alguna de las entidades adheridas arriba citadas, tenemos garantizados los depósitos hasta 100.000 euros. Se asume que aunque sea un banco extranjero es una filial española.

En caso de ser simplemente una sucursal sin arraigo, la garantía se regirá por las normas del país de origen, y depende en gran medida de si es un país de la UE o no, ya que el entorno UE es muy similar en garantías, aunque no igual.

Tal como explica el BBVA: “ el Fondo de Garantía de Depósitos opera en todo el ámbito de la Unión Europea, pero cada país tiene establecido en sus respectivas leyes el máximo de capital garantizado por cada entidad y cliente”.

“Esto supone que si, por ejemplo, parte de tu dinero está depositado en una cuenta de un banco extranjero, también lo tienes garantizado en caso de quiebra”, prosigue el banco“.

Es posible que el máximo de la garantía sea incluso superior al establecido en España, pues en ningún país el límite garantizado por el respectivo fondo podrá ser inferior a 100.000 euros, ya que la norma UE lo establece así, pero sí superior.

4. Tengo el dinero en divisa extranjera...

Según la página del FGDEC, “aquellos depósitos que estén nominados en otra divisa que no sea el euro, tienen garantizado el importe equivalente a los 100.000 euros aplicando los tipos de cambio correspondiente”.

5. ¿Qué tipos de depósito cubre?

El FGDEC, según se puede leer en su página web, garantiza todos los depósitos realizados en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, así como los depósitos en valores (por ejemplo, acciones o bonos), constituidos en las entidades de crédito hasta un límite máximo de 100.000 € por entidad y titular. 

6. Tengo dinero en varias entidades, ¿solo me garantizan 100.000 euros?

En caso de tener por ejemplo 100.000 euros en una entidad y oteas tantos en otra distinta, el fondo nos garantiza los 200.000 euros, ya que lo hace por banco y persona. Por eso la OCU aconseja diversificar los depósitos entre varias entidades, cosa que además nos previene en caso de que caiga una.

7. ¿Cómo puedo cobrar la garantía del FGDEC?

El BBVA aclara en su página que en caso de que nuestra entidad fuera declarada en concurso de acreedores y el Fondo de Garantía de Depósitos tuviera que reembolsarnos el dinero, “como cliente no tendrías que realizar ninguna gestión, así como tampoco asumir ningún coste”.

Ante esta situación, el banco quebrado deberá comunicar al FGDEC “todos los datos de sus clientes incluyendo el importe total que tienen depositado en la entidad”.

Una vez el fondo reciba la información y compruebe que se cumplen todos los requisitos, se pondrá en contacto con nosotros para solicitar un número de cuenta que no pertenezca a la entidad quebrada con el fin de ingresarnos el dinero que corresponda.

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El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, se ha mostrado partidario hoy de “apostar por una banca pública” que garantice los servicios bancarios en los pueblos “si al final lo que estamos asumiendo es que las administraciones públicas vamos a tener que mantener esos instrumentos para que haya servicios financieros en nuestros pueblos”.

Cabañero se pronunciaba así después de que esta semana los alcaldes y las alcaldesas de Elche de La Sierra, Yeste, Letur y Riópar, en la provincia de Albacete, expresasen su “preocupación” ante los efectos que puede provocar el cierre de las oficinas de Liberbank en la comarca en cuanto a la pérdida de servicios para los vecinos y vecinas, para mostrar el “total respaldo” de la Institución provincial a los alcaldes y las alcaldesas.

“Como presidente de la Diputación tengo que ser muy respetuoso con cualquier entidad financiera o con cualquier empresa o persona que opere en la provincia, pero nada nos impide mostrar nuestra disconformidad y hablar claramente”.

"Están en su derecho de cerrar, pero habría que recordar que, cuando hubo que poner dinero público para rescatarlas, la excusa era que lo importante eran los clientes y no los accionistas"

Santiago Cabañero — Presidente de la Diputación de Albacete

Ha recordado que, junto al vicepresidente económico de la Diputación, ha tenido ocasión de abordar este tema en varias reuniones con representantes tanto de la entidad financiera que acometería estos cierres como de otras. “La explicación que te dan es que se deben a sus cuentas de resultados y a sus accionistas y que están en su derecho, como empresa, de cerrar las oficinas que no les son rentables”, ha explicado Cabañero, que ha sido claro al posicionarse en favor de las localidades del medio rural.

“Sí, están en su derecho de cerrar, pero quizá entonces habría que recordar que, cuando hubo que poner muchísimo dinero público para rescatar a las entidades financieras, la excusa que ponían era que lo importante eran los clientes, no tanto los accionistas. Por tanto, no puedo entender ese liberalismo salvaje cuando interesa y ese intervencionismo cuando interesa”, ha afirmado.

“Primaremos a aquellas que tengan más presencia en el territorio en los contratos públicos”

Para el presidente provincial, se trata de “una muy mala noticia” y, si bien ha señalado que la Diputación, por desgracia, tiene pocas herramientas para actuar en este sentido, ha pedido que nadie dude de que, aquellas que tenga, las va a intensificar. “Por ejemplo, si la Ley de Contratos nos permite, cuando operamos con entidades financieras, primar a las que tienen más presencia en el territorio, lo vamos a hacer; creo que estamos en nuestro derecho de querer más a aquellos que más nos quieran y de querer menos a aquellos que nos quieran menos”, ha señalado.

“Si al final lo que estamos asumiendo es que las administraciones públicas vamos a tener que mantener esos instrumentos para que haya servicios financieros en nuestros pueblos, pues entonces quizá por lo que tentemos que volver a apostar es por una banca pública”, ha sugerido.

Una situación al hilo de la cual el máximo responsable provincial se ha referido a otro de los grandes temas que, vinculado a este, se está poniendo sobre la mesa en las últimas semanas, afirmando no terminar de entender “cómo ahora se pone de moda que tengan que ser las administraciones públicas las que tengan que instalar instrumentos para que los bancos sigan prestando los servicios en los municipios más pequeños”, ha cuestionado.

Y es que está ocurriendo ya en otros puntos de España y también en Castilla-La Mancha. Casi 500 municipios carecen de sucursal bancaria y la mitad de ellos están en la provincia de Guadalajara. De hecho la Diputación en esta provincia licitó la puesta en marcha de 33 cajeros ante la falta del servicio.

A finales de 2021 la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (RECAMDER) firmó un convenio con la Junta de Comunidades para instalar hasta 100 cajeros automáticos en municipios pequeños que carecen de este tipo de servicios y que se encuentran en zonas especialmente afectadas por la despoblación o en riesgo de sufrirla. La inversión supera los 3,5 millones de euros de dinero público y es una de las medidas que contempla la Ley de Despoblación recientemente aprobada en la región

Es una opción que parece no gustarle al presidente de la Diputación albaceteña. “Si al final lo que estamos asumiendo es que las administraciones públicas vamos a tener que mantener esos instrumentos para que haya servicios financieros en nuestros pueblos, pues entonces quizá por lo que tenemos que volver a apostar es por una banca pública”.

De forma rotunda, Santi Cabañero ha asegurado no compartir que “un ayuntamiento se tenga que poner a financiar instrumentos financieros para que las entidades financieras sigan estando en nuestros pueblos” y ha sido claro al afirmar que los que presumimos de ruralistas y de defender el medio rural tienen que ser “muy claros en este discurso”.

“Viene a abrir un melón y a esto no podemos jugar”

Para el máximo responsable provincial, eso vendría a “abrir un melón” que no se sabe cómo se va a cerrar. “Mañana nos dirán que si quieres tener una entidad financiera en el pueblo, ayuntamiento, paga a los trabajadores de la entidad financiera y sigo prestando el servicio. Y, no, a esto no podemos jugar”, ha apostillado.

No sé si esta casa va a tener que pasar por ahí o no, no digo de este agua no beberé, pero creo que las administraciones públicas tendríamos que ser más exigentes: el dinero público que se les dio tiene que devolverse atendiendo al mundo rural

Santiago Cabañero — Presidente de la Diputación de Albacete

El presidente de la Diputación ha insistido en que, de la misma manera que España ha sido solidaria con las entidades financieras cuando lo han pasado mal, ahora las entidades financieras que tiene que atender al mundo rural.

“Sabemos que por la ley de oferta y la demanda, prestar un servicio en el mundo rural es más caro, por supuesto, igual que un consultorio médico es más caro de mantener en un pueblo que en una ciudad, y que recoger la basura en las aldeas de Yeste es más caro que en edificio Covirco de Albacete. Pero, si de verdad queremos tener a las personas redistribuidas en el territorio, y si entendemos que esto de verdad es una política de Estado, tenemos que remar todos en la misma dirección”, ha señalado.

Así, ha reiterado que “no vale jugar a que yo tengo un interés semi-público y, por tanto, ayúdenme, pero cuando no me interesa, digo que mi cuenta de resultados y mis accionistas son lo que manda y yo me voy”.

Una opción sobre la que, finalmente, también se ha pronunciado. “Yo no sé si esta casa va a tener que pasar por ahí o no, no digo de este agua no beberé, pero creo que desde todas las administraciones públicas tendríamos que ser más exigentes en que de alguna manera esa ayuda que con dinero público se ha hecho a las entidades financieras tiene que devolverse, entre otras cosas, atendiendo al mundo rural”, ha concluido.

En las calles y comercios de la zona nueva de Santiago de Compostela, carteles con el lema 'Peleteiro, solución ya!' recuerdan que sigue de plena actualidad, pero sin ejecutarse, una gran operación urbanística proyectada hace 20 años. Tiene todos los ingredientes de la crisis que arrasó la economía y sociedad españolas en los tres primeros lustros de este siglo: burbuja inmobiliaria, quiebra de entidades financieras enfrascadas en desmesuradas promociones y afán por hacer negocio con un enorme y bien situado solar urbano al conseguir de los poderes públicos que aumente su edificabilidad.

La historia de la 'Operación Peleteiro' comenzó con el siglo, cuando los dueños de un colegio privado del Ensanche de la capital gallega, una institución laica y de élite abierta desde 1951, idearon un plan para trasladar sus instalaciones a las afueras y, en alianza con la desaparecida Caixa Galicia, reconvertir su céntrica propiedad (un terreno de más de 5.000 metros cuadrados) en un gigantesco centro comercial y complejo hotelero. Pero nunca se hizo.

“Han pasado cinco alcaldes, casi 20 años y la parcela sigue así, paralizada”, se lamentaba hace unos meses el actual regidor de Santiago, el socialista Xosé Sánchez Bugallo. Conoce de primera mano el accidentado expediente, reformulado múltiples veces mientras se sucedían gobiernos locales, demandas y sentencias judiciales, crisis del ladrillo y de la banca, cambiaban las normas urbanísticas y se redimensionaban los modelos de ciudad. La 'Operación Peleteiro' marcó los tres primeros mandatos de Bugallo en la alcaldía (1999–2011), así como las de sus sucesores, tres del PP (2011–2015) y uno de Compostela Aberta (2015–2019). Cuando el edil socialista retomó en 2019 el bastón de mando confiaba en resolver en meses el caso Peleteiro. Pero han pasado ya otros tres años, y el imponente edificio que albergaba el antiguo Colegio Manuel Peleteiro languidece tapiado, en estado de abandono total.

Había, sin embargo, hace tan solo un mes esperanzas de sacar adelante por fin y pronto un nuevo y reformulado plan especial para esa parcela, llamada ahora a restringir al mínimo la superficie comercial y primar la construcción de viviendas (el 20% de promoción oficial) así como de espacios para el uso y disfrute ciudadano, entre otros, una gran plaza pública de 1.400 metros cuadrados y un centro de día para mayores. La Xunta dio luz verde en febrero al proyecto cuyos detalles llevan años tratando de consensuar grupos municipales, vecinos y comerciantes, además de asegurarse el visto bueno de los actuales dueños del terreno, la Sareb –el llamado banco malo, que se hizo con bienes inmobiliarios tóxicos de entidades financieras como la extinta Caixa Galicia– y un fondo de inversión.

Incertidumbre

Pero una sentencia del Tribunal Supremo, la semana pasada, vuelve a teñir el plan de incertidumbre. El fallo da la razón a Abanca, la sucesora de la caja de ahorros gallega, y le permite recuperar el dinero perdido en aquella fallida operación urbanística (la construcción de un macrocomplejo comercial y hotelero) al declarar resueltos el contrato de compraventa de 2006 y el posterior acuerdo de 2010 que lo desarrolló.

La familia Peleteiro, considerada en gran parte por el Supremo responsable de que el proyecto no saliese adelante, deberá reintegrar a Abanca los 37,2 millones de euros que le pagó la antigua caja por la parcela. Y la entidad tendrá que transferirle los 12,49 millones que la Sareb abonó por hacerse con la propiedad, cuando Caixa Galicia, para sanear sus cuentas, se vio forzada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a deshacerse de bienes inmobiliarios ruinosos. El banco quedaría así con el saldo a cero, mientras que los Peleteiro sólo obtendrían por su antigua propiedad cuatro veces menos del precio (54 millones) pactado con la desaparecida caja de ahorros en pleno auge del ladrillo y de proyectos urbanísticos desmesurados.

Fue hace 20 años, cuando los herederos de Manuel Peleteiro pidieron y lograron del Ayuntamiento que mejorase la situación urbanística del solar ocupado por el colegio que lleva su apellido. En 2003, la administración local modificó en el plan urbanístico de la ciudad la calificación de la parcela de uso docente para que pudiese acoger actividades múltiples del sector terciario y duplicase su edificabilidad hasta el máximo legal (23.500 metros cuadrados).

Dos años después, se aprobó el necesario Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que garantizaba a Caixa Galicia llevar a buen puerto su plan: derribar el edificio del antiguo colegio y construir en su lugar un gran complejo comercial y hotelero (de hasta 19.000 metros cuadrados), con un mínimo de viviendas (4.500 metros cuadrados) y 400 plazas de aparcamiento. El 29 de diciembre de 2006, con los trámites administrativos listos o en marcha, la caja de ahorros y la familia Peleteiro firmaron el contrato de compraventa del céntrico solar. En la escritura quedó detallado el proyecto de la entidad, que se daba unos dos años para construirlo. En la prensa local aplaudían la iniciativa presentada como una “locomotora económica” para Santiago.

Oposición vecinal y quiebra bancaria

La situación urbanística de la finca parecía asegurada. Pero había oposición vecinal y discrepancias en la familia propietaria. Cuando se firmó la compraventa del Peleteiro, en los tribunales estaban planteados nada menos que cinco contenciosos contra las decisiones urbanísticas adoptadas por el Ayuntamiento para ese macroproyecto inmobiliario de la antigua Caixa Galicia. Tres eran de vecinos de la zona y dos de una hermana Peleteiro.

En la primavera de 2009, dos meses antes de que el colegio cerrase y desalojase la finca, llegaron las dos primeras sentencias del Tribunal Superior Xustiza de Galicia y fueron demoledoras: anulaban, a demanda de vecinos, la modificación del plan de ordenación de la ciudad por no respectar en ese solar “los parámetros que debían destinar a uso residencial y espacios libres”. En otoño de ese mismo año, llega una tercera sentencia que anula el PERI por idénticos motivos. Caixa Galicia se escude en la crisis financiera para aplazar a 2011 su ambicioso proyecto en Santiago. Pero no tira la toalla. Mientras la Policía Nacional instala temporalmente su comisaría en el antiguo colegio durante la construcción en 2010 de una nueva sede, la caja de ahorros y la familia Peleteiro suscriben un nuevo acuerdo transaccional para hacer viable el proyecto inmobiliario inicial. Ambos se comprometen a colaborar para pedir al Ayuntamiento que resuelva los escollos urbanísticos abiertos por las primeras sentencias.

Pero en el convulso año 2012 todo volvió a paralizarse en los despachos municipales después de recibir otros dos fallos judiciales. Son esta vez del Supremo que, a instancias de una hermana Peleteiro, ordena cambiar la calificación de la finca: debe ser suelo urbano consolidado en contra de lo estipulado por el Ayuntamiento, que lo había catalogado como no consolidado. Ese cambio no afectaba al proyecto de Caixa Galicia pero sí a las arcas municipales que, en compensación por ese lucrativo proyecto urbanístico de iniciativa privada, había ingresado de la familia propietaria, antes de la compraventa, 2,6 millones de euros. El Ayuntamiento paraliza el expediente administrativo. La Xunta también le pide una reformulación del proyecto para cumplir con las exigencias de la ley del suelo. Estaba planificada demasiada superficie comercial y poca para usos residenciales y públicos.

Entonces se cruzó en el camino la reestructuración de la banca. Caixa Galicia, fusionada con Caixanova y transformada en banco la entidad resultante, que se bautizó NCG banco, pasó a manos del FROB. No abandonó la idea del centro comercial y en octubre 2012 pidió de nuevo al Ayuntamiento una modificación del plan de ordenación de la ciudad para legalizar su proyecto. Pero dos meses después fue obligada a transferir la finca a la Sareb por 12.495.924 euros, un precio cuatro veces inferior a lo pactado seis años antes. Para el FROB, estaba claro que ese solar era unos de los “activos tóxicos” de la maltrecha caja de ahorros porque había escasa probabilidad de ejecutar su promoción inmobiliaria.

Largo 'vía crucis' judicial

El enjambre de demandas y recursos judiciales siguió sucediéndose, lastrando hasta hoy la operación. Las sucesivas sentencias crearon mucha incertidumbre –algunas fueron revocadas, otras no. En su última sentencia, el Supremo considera “incuestionable” que la multitud de litigios planteados en los tribunales acabó por obligar al Ayuntamiento a paralizar el expediente urbanístico durante años, a la espera de sentencias judiciales en firme. El contencioso que dio la puntilla al lucrativo plan de la caja de ahorros, según el alto tribunal, fue el promovido por una hermana Peleteiro, quien no cejó entre 2005 y 2014 en su empeño de que los jueces cambiaran la clasificación de la finca familiar. Perdió al final.

El Supremo, en la sentencia de hace unos días que libera a Abanca de esta fracasada promoción urbanística, responsabiliza a la familia Peleteiro. Considera probado que ocultó a la antigua entidad la delicada situación judicial del proyecto cuando le vendió la finca en 2006, y que le mintió, ya que no desistió, como había prometido en la escritura del acuerdo alcanzado en 2010, de seguir adelante con las demandas judiciales. Los Peleteiro, dice el Supremo, “dilataron durante años la determinación de usos y aprovechamientos de la finca, haciéndola inhábil para finalidad de promoción inmobiliaria”.

Compleja situación actual 

La última sentencia del alto tribunal no afecta a la propiedad actual del solar, ni “altera la hoja de ruta” para obrar en ella, opina el alcalde. Pero, admite, “da la vuelta a la situación, produce una situación compleja”. Está también encallada por falta de acuerdo político y social. Los socialistas carecen, como sus antecesores de Compostela Aberta, de la mayoría absoluta (13 concejales) que les permitiría sacar adelante el nuevo proyecto consensuado, pero aún no del todo, con los habitantes de la zona, una de las más densificadas de la capital gallega. 

Vecinos y comerciantes siguen batallando, como rezan los carteles que pueblan el Ensanche compostelano, por abrir la gran plaza pública que sustituirá los ahora cerrados patios del viejo colegio hacia una calle estrecha y falta de luz (la de Républica Argentina) mientras el gobierno de Bugallo defiende orientarla hacia otra (San Pedro Mezonzo). Es la opción preferida también, por resultar más lucrativa, por los dueños actuales del terreno. Nadie se aventura a poner plazos al proyecto.     

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se reunirá con Unicaja después de los despidos que planea llevar a cabo en la región y el consiguiente cierre de oficinas, muchas de ellas en zonas rurales, ha anunciado este miércoles en el pleno de la Asamblea de Extremadura tras una pregunta de Unidas por Extremadura (UPE).

“La entidad sabe que no nos gusta nada lo que está ocurriendo, entre otras razones porque esa entidad tiene su origen en entidades de aquí, que nacieron y salieron de la región, gracias a los ahorros de muchos extremeños y extremeñas”, ha explicado durante su intervención .

Por este motivo, Fernández Vara espera con este encuentro “buscar alternativas” que impidan que la exclusión financiera se produzca. En este sentido, la portavoz de UPE, Irene de Miguel, le ha instado a “dar un golpe en la mesa” para que esta entidad, que logró en 2020 un beneficio de 1.300 millones de euros, no lleve a cabo el cierre de las 78 sucursales, en su mayoría en la provincia de Cáceres, ya que “dejar a nuestros pueblos sin servicios no puede salirle gratis”.

El presidente extremeño ha destacado para trabajar en cuestiones como la llamada exclusión financiera se ha contado con los grupos con representación en la cámara autonómica para presentar juntos la Ley por el reto demográfico y contra la despoblación, que servirá “para que tengamos perchas a las que agarrarnos, entre ellas para asuntos como éste”, ya que en el proyecto de Ley va un artículo en el que se establece y se da capacidad de intervención para defender la lucha contra la exclusión financiera.

Podemos ya pidió a la Junta de Extremadura que, ante la llegada de “muchísimo dinero” de los fondos europeos no destine “ni un euro” a entidades financieras que como Unicaja cierran oficinas en la región pese a que tienen beneficios. Tras su fusión con Liberbank, la nueva entidad prevé cerrar 78 oficinas y despedir a 153 trabajadores en Extremadura.

Hace casi un año el Parlamento gallego aprobó en pleno poner en marcha una comisión de investigación sobre la fusión de las antiguas cajas gallegas. La constitución fue en diciembre de 2020 y es el tercer intento de redactar unas conclusiones sobre quién tuvo responsabilidades en los hechos que mediaron entre la existencia de dos entidades independientes, Caixa Galicia y Caixanova, y el nacimiento de un banco que terminó rescatado con 9.000 millones de euros de fondos públicos y subastado. Desde esa reunión para declarar reiniciados los trabajos no ha ocurrido nada más hasta el momento. Las respuestas de la Cámara gallega siguen sin llegar ocho años después de que los antiguos directivos de las cajas, responsables de los organismos reguladores y representantes de las administraciones desfilasen por las salas del Pazo do Hórreo para dar su versión de lo ocurrido.

El primer capítulo del proceso en la Cámara se abrió a mediados de 2013. Comparecieron, entre otros, quienes fueron dos de las figuras con más poder en la esfera económica gallega: Julio Fernández Gayoso, máximo responsable de Caixanova, y José Luis Méndez, quien fue director general de Caixa Galicia y abandonó el proyecto cuando se pactó la fusión de las dos entidades, en 2010. Sobre la mesa, las maniobras de la Xunta para imponer la unión de las cajas gallegas, el escándalo de las preferentes en las que miles de clientes vieron atrapados sus ahorros, o las polémicas prejubilaciones millonarias de varios exdirectivos que acabaron condenados por la Justicia.

En aquel momento las cajas se habían fusionado y posteriormente se convirtieron en un banco, Novagalicia, que todavía estaba bajo la gestión de José María Castellano, aunque por pocos meses. Al cierre de 2013 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) cerró el proceso de subasta de la entidad, que terminó en manos del banquero venezolano Juan Carlos Escotet, actual propietario y presidente, y operando bajo el nombre de Abanca.

Los grupos parlamentarios no lograron cerrar aquella legislatura, la novena, con un informe de conclusiones tras lo que habían escuchado de boca de los comparecientes y tras analizar los documentos aportados. Hubo un nuevo intento en la siguiente legislatura. En 2017 los diputados reiniciaron la tarea, pero tampoco llegaron a culminarla. Entre los obstáculos, la negativa de la Xunta a remitir varios informes de la Consellería de Facenda en favor de la fusión. El Gobierno gallego fue condenado por ello.

Ahora, casi un año después de la tercera declaración de intenciones, la hoja de avances sigue en blanco y los grupos no han llegado a un acuerdo ni siquiera sobre el calendario y los plazos. El 11 de diciembre de 2012, bajo la presidencia del jefe del Legislativo gallego, Miguel Santalices, mantuvo su primera y única reunión, la que sirvió para constituirse y nombrar al popular José Manuel Rey Varela presidente de este órgano.

Tras la constitución de la comisión el portavoz del PPdeG en la Cámara, Pedro Puy, lanzó un mensaje poco esperanzador: muchos de los órganos de este tipo “no llegaron a resultados” nunca. Según su postura, citada por Europa Press, la explicación es que los hechos se sometieron a procesos judiciales.

La comisión de investigación sobre la liquidación de las cajas gallegas de ahorro del Parlamento de Galicia volverá a funcionar. Lo hará tras constituirse por tercera vez y con el objetivo, afirmó el portavoz del PP, Pedro Puy, de “dar cuentas a la ciudadanía de una operación que fue tan importante”. Lo que no explicó Puy fue que los populares bloquearon el órgano durante ocho años y le impidieron elaborar un dictamen sobre lo sucedido. Aunque la decisión adoptada en la Cámara este martes lo fue por unanimidad, los tres partidos con representación se enzarzaron en un debate cruzado sobre sus responsabilidades políticas que incluyó reproches entre las fuerzas de la oposición.

Pero fue el Partido Popular quien más corrigió sus posiciones, hasta el punto de diluir el protagonismo de Feijóo en la historia. Esto último lo confirmó hace unas semanas un auto de la Audiencia Nacional que, con una contundencia inusitada, culpaba a la Xunta de haberse empeñado en obligar a Caixanova a entrar en la fusión. “Caixanova nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia, dando lugar a NovaCaixaGalicia”, dijo el tribunal. A Pedro Puy, sin embargo, le resultó sorprendente que “un auto de la Audiencia Nacional sobre la competencia para juzgar se convierta en la demostración de un fracaso”. Según su versión, diez informes, de Price Waterhouse al Banco de España, avalaron la operación.

Incluyó entre ellos el polémico documento de KPMG, encargado por el Gobierno gallego y que, a decir de los populares, apoyó su estrategia. A decir de la auditora, tal y como declaró uno de sus directivos en el Congreso, solo corroboró lo que la Xunta ya había decidido y no se le pidió “analizar otras alternativas ni reauditar las cuentas”. Puy insistió además en la “mucha documentación” que el gabinete de Feijóo envió al Parlamento: “30.000 folios, donde está todo lo importante de la fusión”. En realidad, no todo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenó en junio al Gobierno gallego por ocultarle a la Cámara sobre el proceso que había solicitado, en 2018, el entonces diputado de En Marea Antón Sánchez. Entre ellos, la carta con la que la Consellería de Facenda encargo el informe a KPMG. Ninguno de los tres portavoces que participaron este martes en el debate mencionaron la sentencia del Superior, cuyo plazo de ejecución voluntaria acaba a finales de noviembre.

Reproches entre BNG y socialistas

Y es que la discusión sobre la reconstitución de la comisión -que PP, BNG y PSdeG votaron a favor- fue de ataques cruzados. También entre socialistas y Bloque, lo que resulta menos habitual en el Parlamento gallego. Por el PSOE no tomó la palabra Gonzalo Caballero, su portavoz parlamentario y secretario general, sino el diputado Pablo Arangüena, quien afeó a los nacionalistas que “hubiesen actuado de tontos útiles” de la fusión “ajenos como están a la economía, pensando que se mantendría la galleguidad”. “Con todo el respecto político”, añadió. Cuando Ana Pontón, líder del BNG, volvió a hablar, afirmó que fueron PP y PSOE quienes “fortalecieron a los directivos de las cajas, que usaron ese tiempo para obtener indemnizaciones multimillonarias”. “Con todo el afecto”, dijo, “deben revisar la historia. Quienes votaron a favor de la fusión fueron PP y PSOE”. Durante el proceso que desembocó en la constitución de NovaCaixaGalicia entre los años 2009 y 2011, el PSdeG se mostró mucho más reticente que el BNG.

“Asumimos la responsabilidad de la fusión”, dijo, finalmente, Pedro Puy, aunque sin más detalles autocríticos, “y la batalla que dimos por mantener las cajas en Galicia y por una fusión gallega que deseábamos tanto como el BNG”. Ahora será el tercer intento de la comisión parlamentaria por arrojar algo de luz al desastre financiero que se llevó por delante las dos entidades gallegas.

El pasado 25 de junio, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) notificaba al ex diputado Antón Sánchez la sentencia que condenaba al Gobierno gallego por ocultar información al Parlamento sobre la fusión de las cajas de ahorros. La Xunta había ignorado al entonces parlamentario de En Marea, quien había solicitado documentación sobre la vertiente política de la operación. Casi cuatro meses despúes, el gabinete de Feijóo todavía no ha ejecutado el dictamen judicial. Y ahora, la legislación contra el coronavirus abren la posibilidad de que lo retrase aún más.

El Real Decreto Ley 16/2020 “de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de la Justicia” ha doblado los plazos para recurrir sentencias. Así, el trámite para interponer recursos es ahora de 60 días hábiles. La Xunta no recurrió las conclusiones del Tribunal Superior, pero el período transcurrió igual y acabó, en este caso concreto, el 29 de septiembre. La sentencia es firme, pero ahora el Gobierno gallego tiene dos meses para ejecutarla. De lo contrario, el perjudicado exigirá su ejecución. Pero no será, en ningún caso, antes de finales de noviembre.

Sánchez reclamó los papeles a la Xunta en mayo, julio y septiembre de 2018. Se trataba del informe-propuesta de la entonces conselleira de Facenda Marta Fernández Currás y el acta de la reunión de secretarios generales del ejecutivo previa a la reunión de la Xunta en que se autorizó la fusión entre Caixa Galicia y Caixa Nova. También solicitó la carta de encargo del Gobierno gallego a la consultora KPMG para “la elaboración del diagnóstico acelerado de viabilidad sobre la fusión de las cajas gallegas”; los informes técnicos, jurídicos y de intervención emitidos en relación a ese diagnóstico; los informes técnicos y jurídicos de los servicios de la Xunta; y los informes de viabilidad económica de la fusión distintos del emitido por KPMG.

La fusión de las cajas gallegas costó al erario público 8.000 millones de euros y acabó con una entidad fusionada convertida en banco -Abanca- y vendida a un financiero venezolano.

Tercera comisión parlamentaria

Durante los cuatro meses transcurridos desde la notificación del dictamen del Tribunal Superior, la nunca políticamente aclarada peripecia de las antiguas cajas gallegas de ahorros ha conocido nuevos episodios. Todavía este martes los tres partidos con representación en la Cámara gallega anunciaban, por separado, que volvería a haber comisión parlamentaria de investigación sobre los sucedido. Será la tercera tentativa, tras su constitución en la legislatura que comenzó en 2012 y, de nuevo, en la siguiente, en 2016. En ambas ocasiones, el PP utilizó su mayoría absoluta para bloquear la elaboración de conclusiones y congelar los trabajos. El portavoz de los populares, Pedro Puy, llegó a confesar que indujera la paralización para no perjudicar la salida al mercado de Abanca.

Esta vez ha sido un auto de la Audiencia Nacional el que ha reclamado de nuevo atención para un proceso con enormes zonas oscuras. Por primera vez un tribunal se pronunciaba sobre la actuación política en la fusión y señalaba a la Xunta de Núñez Feijóo como responsable de la quiebra de las cajas por su empeño de incluir a Caixa Galicia en el negocio. El juez asegura que la razón última de Feijóo para impulsar la integración se debió a “la situación financiera en la que se encontraba Caixa Galicia, la caja nacida en A Coruña antes de la fusión. Caixanova nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia, dando lugar a NovaCaixaGalicia”.

En su día, el Ejecutivo gallego anunció que el proyecto era “formar la gran caja gallega y mantener los centros de decisión en Galicia”. Para sustentar su apuesta político económica, esgrimió un informe de la consultora KPMG que calificaba de “viable” la operación. Años más tarde, uno de los responsables de ese texto compareció en el Congreso para corregir toda la propaganda que la Xunta había desplegado: el informe había sido encargado directamente para avalar la fusión y no se pidió a KPMG “analizar otras alternativas ni reauditar las cuentas”. La carta de encargo a la consultora es uno de los documentos solicitados por Antón Sánchez y que el Gobierno gallego no le ha entregado.

Para la Televisión de Galicia, este auto es una de las razones que ha empujado a los tres partidos del Parlamento gallego a retomar la comisión de investigación. Pero en su Telexornal Mediodía de ayer, martes 13 de octubre, lo contó así: “[La comisión vuelve] sobre todo después de un reciente auto de la Audiencia Nacional que trata parte de ese proceso de fusión de las cajas”. No mencionó que ese mismo auto carga contra el Gobierno de Núñez Feijóo por su papel en la liquidación de las cajas gallegas.

Fagamos números. Alcoa lisca de San Cibrao porque di sufrir unha sangría económica. Se damos por boa a súa versión dos feitos, perdeu uns 160 millóns de euros nos últimos tres anos –incluído este– e por iso foxe buscando, seguramente, terras máis fértiles, con man de obra máis barata e convenios máis baixos. Es el mercado, amigo.

O Goberno, que non sei que raio agarda para nacionalizar a fábrica –entre tanto suposto chavista nese gabinete, non haberá un que berre “Exprópiese”?–, di que se os gringos marchan, antes terán que devolver os 800 millóns de euros que recibiron en axudas. Ide quedando coas cifras porque é importante. 800 millóns é cinco veces o que a multinacional perdeu nestes tres últimos anos e a súa escusa para pirar; o que inviste a Xunta nun ano en Política Social.

800 é só a décima parte de 8.000. 8.000 millóns foi o que perdemos na nacionalización e posterior venda de Novacaixagalicia. Só para facérmonos unha idea da magnitude de catástrofe: 8.000 millóns é, redondeando, o orzamento en Sanidade da Xunta de Galicia para dous anos. Con 8.000 millóns cóbrense tres –tres!– anualidades na Consellería de Educación e aínda sobran 800 millóns que podemos dedicar ou ben a subvencionar Alcoa durante unha década ou ben a pagar durante 12 meses todo o que faga o departamento de Fabiola García.

Unha década despois, un xuíz acaba de poñer por fin negro sobre branco nunha sentenza que “Caixanova nunca tería sido intervida se non se vise obrigada a fusionarse con Caixa Galicia”. Como se fraguou esa obriga é algo ben coñecido…

En decembro de 2009, un Alberto Núñez Feijóo que acababa de chegar á Xunta, e seguro que disposto a contentar a todos os que o axudaran nese camiño, encarga unha suposta auditoría a KPMG para saber se a fusión das caixas é viable. O 20 de xaneiro de 2010, a conselleira de Economía –nomeada pouco despois secretaria de Estado antes de coller unha porta xiratoria– comparece para anunciar que “a auditoría externa avala a solvencia da fusión das caixas galegas, unha operación que daría lugar á quinta caixa española por volume de activos cunha dimensión suficiente para o novo escenario financeiro”. O parágrafo está copiado do portal institucional da Xunta onde aínda se pode ler a noticia. O empurrón definitivo estaba dado, pero o goberno galego non amosa a auditoría. Normal, porque non o era. Os responsables de KPMG asegurárono e reiterárono nos parlamentos galego e español. Era tarde, o dano xa estaba feito. Por un prezo case simbólico de mil millóns de euros, que recuperou no seu primeiro ano, Juan Carlos Escotet facíase cos restos do naufraxio do orgullo financeiro galego. Fin da primeira parte.

Hoxe, Escotet é patrono de honra da Fundación Fernández-Latorre, como antes o foi José Luis Méndez e como segue a selo José María Castellano, o home “promocionado” por Feijóo para dirixir NCG Banco ata a súa compra por Banesco. Quizais por isto atopar o fallo da Audiencia Nacional en La Voz foi case tan complicado como facelo na TVG. Se buscades o Telexornal dese día, atoparédela polo minuto vintetantos, coa mesma duración que a nova do nomeamento como Arcebispo de Zaragoza dun relixioso nacido en Carballo. Vai xusto pegada á condena de Fernández de Sousa, outro antigo patrono en Sabón. Pero ese capítulo desta mesma historia –a do espolio de Galicia nos anos previos á crise– xa o contou oportunamente hai uns días José Precedo. Unha historia que non pertence ao relato oficial, como diría Mafalda, “por razo que son do domin publi”.

O que aconteceu coas caixas é “a maior estafa económica aos galegos”. Quen así a define –ou, polo menos, un dos moitos que o fan– é Antón Sánchez. Horas antes do inicio da campaña electoral do 12X, o TSXG condenou á nosa tan constitucionalista Xunta por vulnerar os dereitos do aínda deputado, ao que lle “ocultou durante anos información transcendental” sobre todo o proceso. Hoxe, xa fóra do Pazo do Hórreo, Sánchez segue sen ter acceso a uns documentos que solicita dende 2013. Ninguén agocha algo tanto tempo se non ten nada que ocultar.

Pero nada disto afecta a Núñez Feijóo, quen segue a bordar a súa interpretación do capitán Renault en Casablanca. Como se el nunca impulsase a fusión, como se non xustificase a operación cunha auditoría que non o era, segue a facer o que mellor sabe: atopar alguén a quen botarlle as culpas. “Se o Banco de España non actuou de forma correcta, non o sei”.

Esa mención ao regulador non era gratuíta. Apenas uns días antes, a mesma Audiencia Nacional absolvera do delito de estafa e falsidade contable os 34 acusados pola saída a bolsa de Bankia –incluído o ex vicepresidente Rodrigo Rato–, precisamente porque “o Servizo de Inspección do Banco de España supervisou e aprobou todos os pasos”. Es el mercado, amigo.

Na bolsa, pero na de Nova York (a que, segundo La Polla Records, “controla este mogollón”), o valor total de Alcoa –de toda a multinacional, a terceira maior produtora de aluminio do mundo– roza os 2.000 millóns de euros. É dicir, co que perdemos coa “estafa” das caixas poderiamos comprala catro veces. Catro.

8.000 millóns de euros. Lembrádeo cando vos digan que non hai pasta para profesorado, para persoal sanitario, para prazas en residencias, para vivenda protexida… Non fai falta que fagades máis nada. Lembrádeo. E, a poder ser, non o esquezades.

O pasado martes unha sentencia da Audiencia Nacional poñía en cuestión a fusión das caixas galegas no mesmo día en que o mesmo órgano condeaba a Manuel Fernández de Sousa a oito anos de cárcere por falsear as contas de Pescanova. O rescate das caixas significou 9.000 millóns de euros de diñeiro público mentres que a modesta cifra de débeda que intentou ocultar Manuel Fernández ascende aos 2.000 millóns. A pregunta é: pechan esas sentencias un ciclo? Son xa causa xulgada?

Escribía hai case dez anos Josep María Vallés que se o século XIX español vivíu a desamortización da terra e o final do século XX contemplou o das empresas públicas, a desaparición das caixas de aforros compuxo, no século XXI, unha terceira desamortización que permitiu traspasar un enorme volume de negocio –o 50% do negocio bancario en España– a mans dos bancos privados. Se a primeira desamortización non alterou a estrutura da propiedade da terra, e a segunda deixou intocado o carácter oligopolítico de grandes empresas fornecedoras de servizos como Telefónica, Repsol ou Aldeasa, a terceira constituíu un enorme bocado que tragaron ou van tragar con enorme beneficio os grandes bancos.

A crise bancaria de 2008 supuxo enormes esforzos –paro, pobreza, desafiuzamentos e suicidios– que habería que lembrar, aínda que sexa un tópico afirmar que as sociedades contemporáneas teñen memoria de peixe. Non é fácil saber as cifras do rescate bancario dada a opacidade coa que se manexan estas cousas pero o economista Juan Laborda calcula que as axudas ao sector bancario –medidas de capitalización, adquisición de activos, garantías e avais, préstamos e liñas de liquidez– rondan os 730.000 millóns de euros. A folla de ruta pactada por políticos e grandes banqueiros co fin de acabar coas caixas de aforro, transformándoas en bancos privados cumpriuse ao dedillo.

Quérese dicir que hai que enmarcar a desaparición das caixas galegas nun proceso máis amplo de oligopolización do sistema financeiro español. Rajoy e Zapatero, movidos polo estoupido da burbulla, e por unha Merkel que quería, naturalmente, que as súas caixas e bancos cobraran os préstamos, puxeron o marco normativo. O Banco de España, como fixo sempre, non controlou nin vixiou absolutamente nada e, pola súa vez, a Xunta aplaudiu con entusiasmo, ata o último día, calquera desfeita dos próceres económicos do país. E así se escribiu a historia.

Pero ese proceso de oligopolización, que fai ouvidos xordos ao perigo do too big to fail [demasiado grande para caer], aínda está en curso. A última noticia foi a entente cordiale Bankia-Caixabank pero todo induce a pensar que as fusións, bendecidas polo BCE e o Banco de España continuarán. Abanca pode ser unha das entidades a fusionar. De feito, na prensa económica lese que Abanca tentou ou está tentando esa posibilidade co Banco Sabadell. Non é a única opción posible.

Se así fóra, a historia se repetiría: pecharían sucursais, despediríanse traballadores, empeorarían salarios e condicións de traballo, etcétera. O máis probable é que Abanca, unha entidade que forma parte de Banesco, non sexa a estación termini do grupo venezolano. Polo demais, á oligopolización bancaria séguelle como a súa sombra á concentración empresarial. Pescanova está hoxe en mans de Escotet: Abanca posúe máis do 80% das accións de Nueva Pescanova. Así se pecha o bucle das dúas sentencias.

Que o destino de Abanca deba enmarcárse nun contexto máis xeral non significa que as cousas non puideran ter sido doutro modo. O mesmo que a conducta do emérito non tería sido posible sen o silencio cómplice e a aquiescencia de tirios e troianos, a desastrosa xestión das caixas galegas non sería posible sen o concurso necesario dunha sociedade con baremos de información obxectiva e exame crítico por debaixo de cero. Foi necesaria unha suma exorbitante de xenuflexións múltiples ante o paso de Gayoso&Méndez para que o abismo pasara desapercibido. Os dous despediunos non unha sociedade, a galega, escrupulosa cos seus negocios e intereses, senón un ninja –no job, no income, no assets– de Alabama. É unha vergoña, pero é así.

Se os dous gobernaron, con ánimo bonapartista, transformando entidades de carácter social sen ánimo de lucro, ao servizo do desenvolvemento económico do país, en fincas privadas no que as súas camarillas obtiñan pingües beneficios non foi, non puido ser, sen o conformismo de tantos e a complicidade dos beneficiados. A historia das dúas caixas espero que sexa agora mesmo obxecto dalgunha tese que dea conta dos detalles. Un só dato impresionista: a Gayoso nomeuno Portanet, alcalde sen o que non se entende o Vigo de posguerra, no ano 1965 e durou ata 2012. Un caso de libro de autoreproducción das elites. Pola súa banda, Méndez foi o financeiro do lobbie coruñés que, durante moito tempo, marcou a axenda de Galicia. Hai que entender as contornas dos dous, se queremos entender algo.

Tal vez niso é no que hai que incidir. É fácil arrincar pólas da árbore caída pero agora o que importa é extraer conclusións para que a sociedade galega non caiga nunha inopia culpable na que o chibo expiatorio sexa, como sempre, a condición da auto absolución dos propios pecados. Atrévete a pensar, escribiu un clásico, e por suposto que a ignorancia pode ser deliberada. Mirar para outro lado nunha sociedade de intereses mestos e na que erguer a voz pode significar a morte civil encerra unha confesión de culpa. Tal vez agora mesmo estean sentándose as bases do próximo desastre.

(A miña versión do que pasou outrora publiqueina neste medio noutra ocasión e aquí a deixo para quen teña curiosidade)

O que, naturalmente, non lle quita responsabilidade concreta a Feijóo, nin ao Banco de España, nin, por certo, as auditoras –KPMG– que santifican calquera cousa que lles poñan por diante. Feijóo, claro que axudado polos grandes medios de comunicación do país, é un mestre do ilusionismo. Un toque de variña por aquí, un toque por aló e voilá! é capaz de facer desaparecer o elefante na sala. Ás veces Feijóo é presidente, outras, só un señor que pasaba por alí e que escoitou algo nalgunha parte. Pode dar, para xustificarse, os mesmos argumentos que Rodrigo Rato –que a culpa é dos que tiñan que vixíar o que el facía para que non o fixera– ou negar con descaro ao Parlamento galego –o núcleo da soberanía popular– a información que precisa para deliberar con criterio formado. Sabe que nas portadas do día seguinte nin tan sequera se mencionará tal ínfimo detalle...

A primeira responsabilidade dun gobernante é ter unha idea de a que porto hai que levar o barco. E non parece que Feijóo saiba, soubera ou, nin tan sequera, quixera saber nalgún momento a onde ir. Coa mentalidade dun profesional da política, dos que tanto abundan, todo se queda para el en administrar unha finca no día a día sen gastar o cerebro en ter unha perspectiva. No seu período de goberno producironse, entre outras, a desaparición do Banco Pastor, de Caixa Galicia e CaixaNova, do Etcheverría, do Banco Gallego, de R, ou a chusca historia de Pemex que tamén se verá nos xulgados. Veremos o que pasa con Alcoa. Só o traslado dos servizos centrais do Banco Pastor a Madrid supuxo a perda de 800 postos de traballo. Ao tempo, a sede fiscal de certo número de empresas vaise para un Madrid que practica o dumping fiscal con enorme prexuízo para outras comunidades. Pola súa vez, a industria agroalimentaria sucumbe ao capital foráneo. E suma e segue.

Naturalmente que a Xunta só pode facer o que pode facer e non outra cousa. Pero si pode ter algún plan. E o certo é que non hai en Galicia política económica digna dese nome, nin, en realidade, política económica ningunha, fóra de cadrar as contas. Non se ve iniciativa ningunha. É un país, todos o sabemos máis ou menos conscientemente, de pouco futuro cun goberno que vende moito fume. Claro que vivimos mellor que hai unhas décadas, e que hai maior produtividade, e que a renda per cápita mellorou. Pero ao mesmo tempo, hai datos que mostran que o horizonte se achata. A poboación esmorece, as empresas galegas desaparecen e os rapaces mellor formados emigran en masa alí onde podan atopar traballos cualificados. A Madrid, a Berlín ou a Shangai.

Que Deus nos libre de que as grandes empresas do país –Citröen, Inditex– entren en crise porque sería tráxico para Vigo e Coruña. En Galicia non hai ningún debate consistente sobre o futuro económico do país e sobre os posibles camiños a transitar. Sabemos que a AP-9 é un pesado fardo que levamos enriba grazas a Álvarez Cascos e que hai que poñer en valor as nosas cidades e a interrelación co norte de Portugal –o así chamado Eixo Atlántico– e que habería que investir en I+D+i e facer aínda que fora algúnha breve análise DAFO da situación, pero todo iso ocupa pouco espazo e ningunha decisión executiva.

Pero non se ve que ninguén pegue un chío. Galicia vai ben, que diría o ínclito. Todo vai perfecto cun goberno que di que sabe o que fai, mentres o tecido industrial esmorece e se sabe que Galicia perderá 200.000 habitantes nos próximos dez anos. Sucede que, en Galicia, os periódicos son como son, os partidos políticos son como son, e, tal vez, a fin de contas, a xente, a que manda algo, é como é.

El pasado martes una sentencia de la Audiencia Nacional ponía en cuestión la fusión de las cajas gallegas en el mismo día en que el mismo órgano condenaba a Manuel Fernández de Sousa a ocho años de cárcel por falsear las cuentas de Pescanova. El rescate de las cajas significó 9.000 millones de euros de dinero público mientras que la modesta cifra de deuda que intentó ocultar Manuel Fernández asciende a los 2.000 millones. La pregunta es: ¿cierran esas sentencias un ciclo? ¿Son ya causa juzgada?

Escribía hace casi diez años Josep María Vallés que si el siglo XIX español vivió la desamortización de la tierra y el final del siglo XX contempló el de las empresas públicas, la desaparición de las cajas de ahorros compuso, en el siglo XXI, una tercera desamortización que permitió traspasar un enorme volumen de negocio –el 50% del negocio bancario en España– a manos de los bancos privados. Si la primera desamortización no alteró la estructura de la propiedad de la tierra y la segunda dejó intocado el carácter oligopolístico de grandes empresas abastecedoras de servicios como Telefónica, Repsol o Aldeasa, la tercera constituyó un enorme bocado que tragaron o van a tragar con enorme beneficio los grandes bancos.

La crisis bancaria de 2008 supuso enormes esfuerzos –paro, pobreza, desahucios y suicidios– que habría que recordar, aunque sea un tópico afirmar que las sociedades contemporáneas tienen memoria de pez. No es fácil saber las cifras del rescate bancario dada la opacidad con la que se manejan estas cosas, pero el economista Juan Laborda calcula que las ayudas al sector bancario –medidas de capitalización, adquisición de activos, garantías y avales, préstamos y líneas de liquidez– rondan los 730.000 millones de euros. La hoja de ruta pactada por políticos y grandes banqueros con el fin de acabar con las cajas de ahorro transformándolas en bancos privados se cumplió al dedillo.

Se quiere decir que hay que enmarcar la desaparición de las cajas gallegas en un proceso más amplio de oligopolización del sistema financiero español. Rajoy y Zapatero, movidos por la explosión de la burbuja y por una Merkel que quería, naturalmente, que sus cajas y bancos cobraran los préstamos, pusieron el marco normativo. El Banco de España, como hizo siempre, no controló ni vigiló absolutamente nada y, a su vez, la Xunta aplaudió con entusiasmo, hasta el último día, cualquier destrozo de los próceres económicos del país. Y así se escribió la historia.

Pero ese proceso de oligopolización, que hace oídos sordos al peligro del too big to fail [demasiado grande para caer], aún está en curso. La última noticia fue la entente cordial Bankia-Caixabank, pero todo induce a pensar que las fusiones, bendecidas por el BCE y el Banco de España, continuarán. Abanca puede ser una de las entidades a fusionar. De hecho, en la prensa económica se lee que Abanca intentó o está intentando esa posibilidad con el Banco Sabadell. No es la única opción posible.

Si así fuera, la historia se repetiría: cerrarían sucursales, se despediría a trabajadores, empeorarían salarios y condiciones de trabajo, etcétera. Lo más probable es que Abanca, una entidad que forma parte de Banesco, no sea la estación termini del grupo venezolano. Por lo demás, a la oligopolización bancaria le sigue como su sombra la concentración empresarial. Pescanova está hoy en manos de Escotet: Abanca posee más del 80% de las acciones de Nueva Pescanova. Así se cierra el bucle de las dos sentencias.

Que el destino de Abanca deba enmarcarse en un contexto más general no significa que las cosas no pudieron haber sido de otro modo. Al igual que la conducta del emérito no habría sido posible sin el silencio cómplice y la aquiescencia de tirios y troyanos, la desastrosa gestión de las cajas gallegas no sería posible sin el concurso necesario de una sociedad con baremos de información objetiva y examen crítico por debajo de cero. Fue necesaria una suma exorbitante de genuflexiones múltiples ante el paso de Gayoso&Méndez para que el abismo pasara desapercibido. A los dos los despidió no una sociedad, la gallega, escrupulosa con sus negocios e intereses, sino un ninja –no job, no income, no assets– de Alabama. Es una vergüenza, pero es así.

Si los dos gobernaron, con ánimo bonapartista, transformando entidades de carácter social sin ánimo de lucro al servicio del desarrollo económico del país en fincas privadas en las que sus camarillas obtenían pingües beneficios no fue, no pudo ser, sin el conformismo de tantos y la complicidad de los beneficiados. La historia de las dos cajas espero que sea ahora mismo objeto de alguna tesis que dé cuenta de los detalles. Un solo dato impresionista: a Gayoso lo nombró Portanet, alcalde sin el que no se entiende el Vigo de posguerra, en el año 1965 y duró hasta 2012. Un caso de libro de autoreproducción de las élites. Por su parte, Méndez fue el financiero del lobby coruñés que, durante mucho tiempo, marcó la agenda de Galicia. Hay que entender los entornos de los dos, si queremos entender algo.

Tal vez es en eso en lo que hay que incidir. Es fácil arrancar ramas del árbol caído, pero ahora lo que importa es extraer conclusiones para que la sociedad gallega no caiga en una inopia culpable en la que el chivo expiatorio sea, como siempre, la condición de la auto absolución de los propios pecados. Atrévete a pensar, escribió un clásico, y por supuesto que la ignorancia puede ser deliberada. Mirar para otro lado en una sociedad de intereses densos y en la que erguir la voz puede significar la muerte civil encierra una confesión de culpa. Tal vez ahora mismo estén sentándose las bases del próximo desastre. (Mi versión de lo que pasó la publiqué en este medio en otra ocasión y aquí la dejo para quien tenga curiosidad).

Lo que, naturalmente, no le quita responsabilidad concreta a Feijóo, ni al Banco de España, ni, por cierto, a las auditoras –KPMG– que santifican cualquier cosa que les pongan por delante. Feijóo, claro que ayudado por los grandes medios de comunicación del país, es un maestro del ilusionismo. Un toque de varita por aquí, un toque por allá y, ¡voilá!, es capaz de hacer desaparecer el elefante en la sala. A veces Feijóo es presidente; otras, solo un señor que pasaba por allí y que escuchó algo en alguna parte. Puede dar, para justificarse, los mismos argumentos que Rodrigo Rato –que la culpa es de los que tenían que vigilar lo que él hacía para que no lo hubiera hecho– o negar con descaro al Parlamento gallego –el núcleo de la soberanía popular– la información que precisa para deliberar con criterio formado. Sabe que en las portadas del día siguiente ni tan siquiera se mencionará tal ínfimo detalle...

La primera responsabilidad de un gobernante es tener una idea de a qué puerto hay que llevar el barco. Y no parece que Feijóo sepa, haya sabido o, ni tan siquiera, haya querido saber en algún momento a dónde ir. Con la mentalidad de un profesional de la política, de los que tanto abundan, todo se queda para él en administrar una finca en el día a día sin gastar el cerebro en tener una perspectiva. En su período de gobierno se produjeron, entre otras, la desaparición del Banco Pastor, de Caixa Galicia y Caixanova, del Etcheverría, del Banco Gallego, de R, o la chusca historia de Pemex que también se verá en los juzgados. Veremos lo que pasa con Alcoa. Solo el traslado de los servicios centrales del Banco Pastor a Madrid supuso la pérdida de 800 puestos de trabajo. Al tiempo, la sede fiscal de cierto número de empresas se va para un Madrid que practica el dumping fiscal con enorme perjuicio para otras comunidades. A su vez, la industria agroalimentaria sucumbe al capital foráneo. Y suma y sigue.

Naturalmente que la Xunta solo puede hacer lo que puede hacer y no otra cosa. Pero sí puede tener algún plan. Y lo cierto es que no hay en Galicia política económica digna de ese nombre, ni, en realidad, política económica ninguna, fuera de cuadrar las cuentas. No se ve iniciativa ninguna. Es un país, todos lo sabemos más o menos conscientemente, de poco futuro con un Gobierno que vende mucho humo. Claro que vivimos mejor que hace unas décadas, y que hay mayor productividad, y que la renta per cápita mejoró. Pero al mismo tiempo, hay datos que muestran que el horizonte se achata. La población esmorece, las empresas gallegas desaparecen y los jóvenes mejor formados emigran en masa allí donde puedan encontrar trabajos cualificados. A Madrid, a Berlín o Shangai.

Que Dios nos libre de que las grandes empresas del país –Citröen, Inditex– entren en crisis porque sería trágico para Vigo y A Coruña. En Galicia no hay ningún debate consistente sobre el futuro económico del país y sobre los posibles caminos a transitar. Sabemos que la AP-9 es un pesado fardo que llevamos encima gracias a Álvarez Cascos y que hay que poner en valor nuestras ciudades y la interrelación con el norte de Portugal –el llamado Eje Atlántico– y que habría que invertir en I+D+i y hacer por lo menos algún breve análisis DAFO de la situación, pero todo eso ocupa poco espacio y ninguna decisión ejecutiva.

Pero no se ve que nadie proteste. Galicia va bien, que diría el ínclito. Todo va perfecto con un Gobierno que dice que sabe lo que hace, mientras el tejido industrial se desvanece y se sabe que Galicia perderá 200.000 habitantes en los próximos diez años. Sucede que, en Galicia, los periódicos son como son, los partidos políticos son como son, y, tal vez, a fin de cuentas, la gente, la que manda algo, es como es.

Los consejos de administración de Unicaja Banco y Liberbank han decidido iniciar formalmente las conversaciones para negociar una eventual fusión, tras haberse reunido en la tarde de este miércoles los respectivos órganos de gobierno. Después de que el lunes ambos bancos confirmaran contactos “preliminares” de cara a una posible fusión, sin que, por el momento, se hubiese adoptado ninguna decisión al respecto, los consejos de administración de Unicaja y Liberbank se han vuelto a reunir y han decidido dar paso al inicio de la negociación formal.

Para ello, han dado mandato a los asesores externos para iniciar la fase de 'due diligence' (auditoría legal), en la que se intercambiarán información y tendrán acceso a sus respectos libros.

Una vez que finalice la 'due diligence', con todos los números sobre la mesa, los consejos deberán decidir si dan su visto bueno a una operación que daría lugar a la quinta mayor entidad por volumen de activos en España (ya materializada la fusión entre CaixaBank y Bankia), al sumar 108.826 millones de euros (63.002 millones de Unicaja y 45.824 millones de Liberbank, según datos de junio de 2020).

La entidad combinada tendría una plantilla de 9.972 empleados (6.274 de Unicaja y 3.698 de Liberbank) y una red de 1.608 oficinas (1.029 de Unicaja y 579 de Liberbank).