Las cajas gallegas iban a pagar el informe clave sobre su fusión, pero la Xunta puso un millón por “discrepancias” entre ellas
El 30 de diciembre de 2009 el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo rodeó su reunión semanal de una nube de misterio. Convocó el Consello da Xunta en miércoles en vez de hacerlo en jueves, como es habitual. Lo hizo por la tarde y no en sesión de mañana, como ordinariamente. Y lo celebró por primera vez una nueva sala creada durante las reformas ordenadas por el Gobierno de PSdeG y BNG que, según el PP de Feijóo, eran muestra evidente del gusto de la izquierda en Galicia por el “despilfarro” y el “lujo asiático”.
Toda aquella escenificación era el telón de fondo para que Feijóo concretara el que había sido uno de sus caballos de batalla electoral: la derogación del decreto con el que el bipartito había desarrollado el plan de normalización de la lengua gallega aprobado por unanimidad en tiempos de Fraga, el cual fijaba un “mínimo” del 50% de asignaturas en gallego. En la rueda de prensa posterior a aquel Consello Feijóo anunció las “bases” del futuro “decreto del plurilingüismo”. No había aprobado nada al respecto. Sólo había tratado un informe sin valor jurídico sobre el futuro decreto, que aprobaría cinco meses después.
En aquella intervención el presidente obvió un acuerdo que su Gobierno sí había aprobado. La referencia pública de aquel Consello da Xunta del penúltimo día de 2009, compuesta por una veintena de asuntos, también ocultó un acuerdo que el Ejecutivo gallego sí había adoptado: acababa de autorizar el pago de 1,03 millones de euros a la consultora KPMG para elaborar un “diagnóstico preliminar sobre la viabilidad de la fusión de las cajas de ahorros gallegas”. El informe que inicialmente iban a pagar las cajas, pero que acabó pagando la Xunta.
La constatación de que la Xunta aprobó aquel 30 de diciembre destinar 1 millón de euros al informe de las cajas pero evitó hacerlo público es un certificado firmado aquel mismo día por el conselleiro de la Presidencia, Alfonso Rueda -en su calidad de secretario del Consello- y el propio presidente, Alberto Núñez Feijóo. Se trata de un documento necesario para tramitar el gasto que la Consellería de Facenda había comprometido con KPMG el día 22 del mismo mes, jornada en la que había firmado con la consultora el contrato para unos trabajos que, no obstante, la empresa estaba realizando desde veinte días antes.
Ese certificado firmado por Rueda y Feijóo, al que ha tenido acceso Praza.gal, es parte de la documentación que Antón Sánchez, diputado de En Marea, había reclamado sin éxito a la Xunta desde el año 2013 en el marco de la comisión de investigación sobre la fusión y quiebra de las antiguas grandes cajas gallegas. Tras recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Galicia el Gobierno de Feijóo accedió a remitirle parte de los papeles que pedía. Entre ellos, la justificación del pago a KPMG y las facturas emitidas por la consultora.
Iban a pagar las cajas, pero hubo “discrepancias”
Entre los papeles de la fusión a los que tuvo acceso Praza.gal figura también una memoria datada por Facenda en la víspera de aquel Consello, el 29 de diciembre, en la que justificaba la “necesidad” del contrato firmado el día 22 para los trabajos iniciados el día 3. En ella explica que el plan inicial era que fueran Caixanova y Caixa Galicia las que pagaran el informe finalmente sufragado con dinero público y justifica por qué el millón de euros acabó saliendo del erario.
Ambas entidades habían encargado, “a nivel individual, estudios a consultoras independientes” sobre la eventual fusión que habían llegado a conclusiones contrapuestas“; el de Caixa Galicia era ”favorable a una fusión gallega“ y el de Caixanova, contrario a la operación. La Consellería de Facenda, revela la memoria, también había realizado ”su propio estudio, concluyendo que aunque el contexto es complejo y el proyecto resultante presenta unos primeros años complicados, la operación puede salir“ y ”no es peor que otras que se están desarrollando“.
Este fue el escenario en el que se celebraron “múltiples contactos” con ambas cajas, en los que que quedaron claras “discrepancias importantes” tanto “en las proyecciones, como en los datos de partida”, hasta el punto de convertir en “imposible” lograr “un acercamiento” entre los datos de cada una. Fue en este punto en el que surgió el plan de contratar la KPMG. Esas discrepancias ya habían sido aludidas por la Xunta en aquellos días, pero sin evidenciar que habían implicado un cambio en el pago del informe.
“Inicialmente estaba previsto, después de hablar con las cajas de ahorros, que fueran estas las que asumieran la contratación y el pago de la auditora”, admite la Consellería en el documento datado en el 29 de diciembre de 2009. Pero “las discrepancias surgidas” hicieron “aconsejable” que la operación fuera presentada como “una inspección de la Xunta” al amparo de la ley de cajas vigente en aquel momento. Una situación de “emergencia” que llevó aquel Consello del 30 de diciembre a aprobar el gasto de un millón de euros en el informe, pero no a hacerlo público. En aquel mismo penúltimo día de 2009 la consultora pasó la primera factura a la Xunta por importe de 827.666,96 euros. El 14 de enero llegaría la segunda, de 206.916,16 euros.
En este contexto de “emergencia”, precisamente, es en el que se apoya el Gobierno gallego para justificar que KPMG fuera contratada formalmente cuando ya llevaba 20 días trabajando en el informe y en el hecho de que la contratación fuera realizada sin un concurso público. KPMG, agrega, era la única gran consultora con “experiencia en este tipo de actuaciones” que no había tenido relación directa con Caixanova o Caixa Galicia.
Cuando la Xunta aprobó e hizo efectivo el pago a KPMG el presidente y la conselleira ya llevaban semanas hablando del informe asegurando que se trataba de una “auditoría” -inicialmente se referían a “auditorías”, en plural- “pactada por la Xunta” con las cajas para “despejar cualquier duda sobre la solvencia” de la fusión. En esta línea, el 20 de enero de 2010 la Xunta presentó ante la presneta un resumen de lo que, afirmó, era la “auditoría externa encargada por la Xunta” a KPMG, la cual “avala la solvencia de la fusión”.
En la última media década la propia KPMG ha reiterado en varias ocasiones que lo elaborado no fue una auditoría y que el resultado de su informe no fue un “aval” a la fusión. El resultado de la unión fue Novacaixagalicia, una entidad fusionada que poco después, ya como Novagalicia Banco, tuvo que ser rescatada con 9.000 millones de euros públicos de los que apenas fueron recuperados 1.000.
