La junta directiva de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), en la que están empresas como Mercadona, Lidl o Dia, ha nombrado al exdiputado de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, como nuevo presidente de la organización. Sustituirá en el cargo al abogado Antonio Garrigues, que asumirá la presidencia de honor de esta patronal, según ha indicado esta a través de un comunicado.

Asedas explica el nombramiento por la “gran trayectoria personal y profesional de Josep Antoni Duran i Lleida”. “Tras años de ejercer importantes responsabilidades políticas en los ámbitos local, autonómico, estatal y europeo, entre los que destaca su labor parlamentaria e internacional”, argumenta esta patronal.

“Va a aportar a la defensa de intereses tan amplios como los que representan las empresas de Asedas una experiencia y visión que les ayudará a seguir sirviendo a la sociedad en base a los valores que comparten, entre los que destacan el diálogo y la búsqueda del consenso”, justifica.

“Grave crisis multifactorial”

Un nombramiento que llega en “un momento de cambio condicionado, además, por la grave crisis multifactorial que estamos viviendo”, señala. Un momento donde la distribución alimentaria está en el foco, por los altos precios de los alimentos.

En ese mismo comunicado, Asedas asegura que Duran i Lleida “ha valorado la importancia de la distribución alimentaria de proximidad” y que “la intensa actividad legislativa que en el ámbito autonómico, nacional y europeo” que “se está desarrollando en torno al sector –que abarca, entre otros, asuntos como la economía circular, el consumo o las relaciones comerciales- constituye, así mismo, un aspecto de interés en el que el nuevo presidente de Asedas espera poder reforzar al máximo la labor de la asociación”.

En paralelo, el director general de esta patronal, Ignacio García Magarzo, señala que los empresarios de la asociación “han valorado la implicación de Josep Antoni Durán i Lleida con los desafíos legislativos, económicos y sociales que el sector tiene por delante”. Además, destaca su “talante conciliador y dialogante”.

Duran i Lleida sustituye en el cargo al abogado Antonio Garrigues Walker, que ha estado en ese puesto los últimos cuatro años. A partir de ahora, este será presidente de honor de esta asociación.

Josep Antoni Duran Lleida (Alcampell, 1952) ha sido uno de los políticos más influyentes en Catalunya pero también en el Congreso de los Diputados. Ahora ha recopilado sus vivencias en lo que resume como la memoria de una pasión política. En El riesgo de la verdad (Planeta), Duran deja muchos títeres sin cabeza, empezando por Artur Mas, el dirigente más citado a lo largo de las 547 páginas y seguramente el más duramente criticado en este libro. No es el único. El exdirigente democristiano también revela cómo Rajoy le confesó que estaba harto de Aznar y reprocha a Zapatero que cometiese lo que califica de imprudencias peligrosas.

Duran, que asegura que se ha guardado muy pocas cosas, da su versión sobre los casos de corrupción que afectaron a Unió y describe amargamente el final de un partido que, tras 85 años de historia, desapareció ahogado por la deuda y sin fuerza electoral en el nuevo escenario político catalán.

Esta es la vida de un político al que le hubiese gustado ser periodista (tal vez eso explica su interés por los medios), que niega que se deje llevar por el lujo (considera un error su famosa foto en una habitación del Palace de Madrid) y que se ha reservado las confidencias que le hizo el rey Juan Carlos por un deber de responsabilidad (confesiones ante una copa de vino tinto, un plato de jamón y un cigarro habano al lado).

En su libro afirma que nunca ambicionó ser ministro, aunque Aznar se lo ofreció, y que tampoco anhelaba ser presidente de la Generalitat. Entonces, ¿qué quería ser?

Yo quería ser el Arzalluz de Catalunya. Tenía y continúo teniendo como referencia el modelo del PNV, es decir, por un lado el líder del partido y por otro el presidente del gobierno. Quería ser el líder del catalanismo político. Ya a partir del año 96 hago reflexiones muy profundas y por otra parte muy criticadas sobre la necesidad de dejar de lado el término de nacionalismo y adecuarnos a un catalanismo renovado y adoptado a la nueva realidad.

¿Todavía queda catalanismo en Catalunya?

Segurísimo, lo que pasa es que en algunos casos queda escondido y en otros está muy diversificado.

Hay votantes catalanistas, pero la duda es si en estos momentos existe una oferta electoral catalanista, ¿no?

No, la oferta catalanista tiene que articularse. Hay algunas pequeñas ofertas pero para articularla hay que juntarlas y deben tener claro que el reto no es a corto plazo. El país continuará polarizado durante mucho tiempo y esto dificulta la propuesta de un espacio que debe ser de reflexión. La política tiene un componente pasional, sin duda, pero tiene otro racional. Hoy en día no existe un equilibrio entre ambas partes porque domina la sentimental. Y otra reflexión: esa nueva oferta catalanista, tanto de cara a sus electores como en su implicación en España, no puede vivir en la ambigüedad. Debe dejar claro que su proyecto no es la independencia y también que quiere transformar España desde su perspectiva de realidad plural.

¿Cree que el PSC es el partido que más se parece a este modelo que usted propone?

Sí, pero no lo es. En el libro me refiero al error, del cual también me siento responsable, de haber acusado al PSC en el terreno del sucursalismo, cuando en el PSC hay gente que puede dar lecciones de catalanidad a muchos de los dirigentes de CiU.

Acusa a Artur Mas de ser el máximo responsable de la autodestrucción de CiU. ¿Usted, como líder de Unió, tuvo también parte de culpa?

¡Y tanto! Primero porque durante mucho tiempo he compartido las decisiones de CiU. Pero más allá de los errores que seguro que he cometido, el espacio de Convergència explota porque hace una transformación desde el catalanismo al independentismo. Siempre defendí que en esta transformación no teníamos suficiente credibilidad. Es aquello del original y la fotocopia. Y es lo mismo que le está pasando a Puigdemont respecto a ERC.

Ahora parece que estamos asistiendo a otra autodestrucción, la del PDeCAT. ¿Esta de quién es culpa?

Son hechos que se van desencadenando. Si Puigdemont hoy es el líder de este espacio e intimida a los moderados que no se atreven a presentar una alternativa es porque quien lo convierte en el líder es Mas. Él es quien le entrega la presidencia de la Generalitat. Mas era quien pudo convocar elecciones en enero del 2016 y no situar a la CUP como fuerza dominante.

Escuchándole se llega la conclusión de que para usted Puigdemont no ha hecho bueno a Mas.

En el libro digo que a Mas le faltaba fortaleza y consistencia política pero era una persona perfectamente aceptable como presidente de la Generalitat. Yo a Puigdemont nunca lo había visto de presidente de la Generalitat y lo ha sido. Son dos perfiles muy diferentes.

¿Y qué piensa de Quim Torra?

Torra es un pobre hombre que no debe de saber ni por qué está aquí. Y nada más.

En estas memorias confiesa que supo qué era tomar tranquilizantes cuando estalló el caso Pallerols. No ha sido el único caso de corrupción que salpicó a Unió. Fue un partido con mucha historia pero también manchado por la corrupción.

No, no estoy de acuerdo. Que yo recuerde ha habido dos casos, el de Turisme y el de Treball. En los dos se demostró que eran cuestiones personales que no tenían que ver con la estructura del partido. La corrupción por poca que sea es corrupción. Da igual que sea un euro, 10.000 o un millón, pero ni era una cifra contundente ni era corrupción institucional.

Pero, como recuerda en el libro, Jordi Pujol siempre decía que en política las cosas no son como son, sino como parecen.

Unió acaba la vida política en un concurso de acreedores porque debe más de lo que tiene. ¿Usted cree que si Unió hubiese sido un partido con una corrupción sistematizada debería tanto dinero?

¿Esos 22 millones de deuda que terminaron ahogando a Unió son una cifra que le perseguirá siempre?

No. Lo que me perseguirá siempre es que Unió hubiese podido acabar de otra forma y acabó como acabó. Hay muchas empresas y empresarios que vuelven a empezar. Yo no tengo edad para volver a hacer política. El concurso de acreedores está previsto incluso para personas físicas. En este caso, el juez y el fiscal no consideraron en ningún caso que hubiese una responsabilidad penal de ningún dirigente de Unió.

¿Está siguiendo el juicio del proceso?

Más o menos.

En el libro defiende que en España existe separación de poderes. Los partidos independentistas lo ponen en duda.

Creo que hay separación de poderes. España es una democracia homologable a cualquiera de los de nuestro alrededor que tiene déficits y que es perfectamente mejorable, como muchas de nuestro entorno. El déficit no ha sido judicial, ha sido político. Que la justicia se ocupe de los plenos del 6 y 7 de septiembre, del 1 de octubre y de todo el resto es un fracaso político. No estoy nada de acuerdo en que esta sentencia está ya escrita. A partir de aquí, una vez exista una decisión de la justicia y esperando que la justicia no se equivoque como lo ha hecho la política, hay que intentar recuperar de nuevo la política.

¿Qué quiere decir cuando afirma que espera que la justicia no se equivoque?

A nadie se le escapa que existe una presión ambiental en un doble sentido. Una parte de la sociedad española, no digo que sea la mayoritaria ni de lejos, que quieren venganza y que piden que se pudran en la cárcel. La venganza no es nunca justicia. Y otra parte de la sociedad, situada principalmente en Catalunya, considera que cualquier sentencia que no sea una absolución es inaceptable. La justicia tiene esta doble presión aunque estoy convencido de que no se equivocará. Sinceramente creo que el juez Marchena está conduciendo bien el juicio.

¿Ha visitado en la cárcel a alguno de los presos?

No. Yo soy cristiano y como tal puedes sentir el deber de visitar al que no tiene libertad. Como cristiano he fallado. Como amigo, no, porque no soy amigo de ellos. Conozco a Turull y a Rull. Tengo el teléfono personal de Turull y la primera vez que entró en la cárcel le envié un mensaje para trasladarle ánimos. De Rull ni lo tengo y con Forn he hablado casualmente alguna vez. No tengo un grado de relación que me implique ir a verlos. Y si no acompañé a Joana Ortega, Artur Mas y a Irene Rigau cuando fueron a declarar por el 9-N no porque no fuese solidario con ellos sino porque soy humano y a nadie le gusta ir a un sitio en el que sabes que te van a gritar.

Declararse, como hace, un admirador de la Transición en estos tiempos y decirlo en Catalunya es casi una osadía.

Es que soy muy osado. La Transición fue un éxito colectivo que nos ha dado décadas de progreso y más autogobierno. Esta afirmación la hicieron Pujol y CiU mientras gobernamos y después unos años más. Todo esto después se rompe. Igual que pienso que la Transición fue un éxito colectivo, lo que ha pasado después es un fracaso colectivo del cual he participado políticamente, como otra tanta gente aquí y allá.

Ahora que cita a Pujol, usted lo describe como un animal político.

Él decía que lo éramos Miquel Roca y yo. Pero él lo era, un político de mucha entidad.

Pujol y usted coinciden en decir que la reforma del Estatut fue un error. Pero lo que más ha calado es que el error fue la sentencia del Constitucional sobre el Estatut.

Es curioso, la gente no debe conocer ni el Estatut ni la sentencia. La sentencia ha influido muchísimo pero no es cierto ni justo situar a la sentencia como la razón para justificar la evolución del catalanismo al independentismo. Los que ya lo eran, como ERC, no la necesitan. Y para los que no eran y estaban en Convergència no pueden hacerlo porque después de la sentencia nosotros en Catalunya hemos gobernado con el apoyo del PP. O sea con el apoyo de aquel que había provocado la sentencia. Sé que es una de las causas pero el político no puede subirse a este carro. Ha habido políticos que en vez de racionalizar la pasión lo que han hecho incluso ha sido avivarla.

En varios capítulos rememora conversaciones que siguen teniendo interés político y periodístico. Una de ellas es con Rajoy, en diciembre de 2017, cuando este le explicó que no quería saber nada más de Aznar en la vida. ¿Tan contundente fue Rajoy?

Fue contundente y le entiendo. Considero que Aznar ha hecho mucho la puñeta a Rajoy y cuando uno deja de gobernar debe procurar mantenerse al margen. Aznar debería ser consciente que en el 2004 más que ganar Zapatero, perdió él. Perdió porque no fue capaz de gestionar correctamente los atentados de Atocha. Todavía hay quien cuestiona la verdad judicial. Lo que no puede ser es que haya dirigentes del PP que critican al independentismo porque no acepta la separación de poderes y a continuación no se acepte la decisión judicial del 11-M.

¿Qué opinión tiene sobre Pablo Casado?

Es un chico muy vehemente. Lo conozco de la etapa en la comisión de Exteriores del Congreso. Tiene buena cabeza, mucha ilusión, tiempo y camino por delante.

¿Y sobre Albert Rivera?

Aunque he hablado con él y es de Catalunya lo conozco menos que a Casado. Ambos son dirigentes prácticamente de las juventudes. Son muy jóvenes y eso tiene virtudes, especialmente cuando la gente quiere regeneración.

¿Qué gobierno le gustaría que saliese de las próximas elecciones generales?

Lo que constato es que quien ha estado más predispuesto al diálogo es el PSOE. No parece que vaya a obtener una mayoría absoluta. Me gustaría que gobernase con un partido que lo centrase pero no veo en la política española un partido que pueda hacerlo. Por lo tanto tenemos un problema para la resolución del problema catalán, que también lo tenemos en Catalunya, pero también un problema para la estabilidad política en España.

¿Cuál cree que podría ser una propuesta viable para intentar resolver el conflicto catalán?

Primero. Como toda crisis, debe acabar de decantarse. Para ello necesitamos, como mínimo que acabe el juicio, haya una sentencia, y que unos y otros tengan capacidad para administrar el resultado de esta sentencia. El exsecretario de Interior José Antonio Nieto ha dicho en una entrevista que un indulto enmendaría desde la política la sentencia de los jueces. No, perdone. El indulto está en la Constitución y está previsto para después de decisiones judiciales. En ningún caso es lo que dice este señor.

Segundo. Antes de pensar en ningún acuerdo hay que pensar qué tipo de acuerdo quiere alcanzarse. Dado el ruido ambiental, yo pondría a trabajar, de manera muy discreta a personas que tengan la capacidad de situarse en la piel del otro, sus líneas rojas. España debe entender que Catalunya no puede aceptar que esto siga igual, y Catalunya debe entender que España no aceptará nunca una votación que sea para la independencia. Cuando me citan el ejemplo de Gran Bretaña respondo que fue un grave error por interés personal de Cameron. Mira cómo están allí.

Tercero. Puede pensarse en una reforma de la Constitución, pero la veo compleja y no necesariamente tendría que acabar bien para Catalunya. Otra opción es la de añadirle una adicional a la Constitucional, que igual que está para los vascos, navarros y canarios, fuese para el reconocimiento de la especificidad de Catalunya. Lo que no veo posible es el concierto económico porque no es viable y habría que buscar un modelo alternativo.

¿Considera posible abrir esta vía con los actuales líderes independentistas?

Recuerde la última frase de mi libro: “¡Es la hora de los estadistas! ¿Queda alguno?”. Lo veo muy complicado. Yo no me considero un estadista pero visto el presente me viene a la cabeza aquello de que el pasado brilla. Diría que brilla seguramente más de lo que debería brillar. No veo estadistas ni en la política catalana ni en la española. Un estadista se caracteriza por poner el interés del estado por delante del partidismo. Felipe González y Pujol lo eran.

Defiende la figura del político lobista, pero esta figura está muy denostada. ¿Ha faltado transparencia en las relaciones entre algunos partidos y algunos sectores económicos? lobista

Ahora hay un registro y a favor de la mayor transparencia. Yo he hecho de lobi de las farmacéuticas, de los autónomos y de otros sectores como el Salón del Automóvil o la enseñanza concertada y eso que soy hombre de escuela pública. He defendido cuestiones que consideraba que eran favorables a mis electores.

Escribe también que se debe tener discreción con el lujo en la actividad política. A usted todos estos años se le ha acusado de lo contrario.

Además de la foto del Palace, no creo que pueda decirse que he tenido una vida de lujo.

Aquella foto en el Hotel Palace que le perseguirá toda la vida, como le dijo un concejal de CDC. foto en el Hotel Palace

Perseguirme, no. Ese comentario fue demagogia. Por el Palace han pasado todos los portavoces de CiU, pagando el grupo parlamentario, y la gente del partido sabe que el precio que nos hacen no tiene nada que ver, ni de lejos, del precio de una habitación en este hotel. Dicho esto, me equivoque y no hace falta que culpen ni a la jefa de prensa ni a El País.

Entró a militar en política en 1974. Y dedicó a ello hasta hasta 2016. Son cuatro décadas. En la presentación que se ha hecho sobre su libro se señala que se le apartó prematuramente. Pero son 42 años en política.

No, prematuramente no. Ya lo tenía decidido. En las últimas elecciones a las que me presenté con CiU ya todo el mundo sabía que eran las últimas. Ya no me quería presentar al último congreso de Unió y me pidieron que aguantase cuatro años más. Cuando llegó la ruptura entre Convergència y Unió no podía irme ni decirle a Ramón Espadaler que no fuese el candidato. Él dio la cara en Catalunya y yo en Madrid sabiendo que me la romperían por todos lados.

¿Qué le ha quedado por hacer?

Hacer de Unió un partido más consecuente ideológicamente y que la gente nos conociese mejor.

¿Considera que se le tiene en más consideración en el resto de España que en Catalunya?

Que una parte de Catalunya, seguro. Pero creo que también hay una parte que me tiene mucha consideración y respeto.

Josep Antoni Duran i Lleida ha vuelto a Madrid. A escasos metros del Hotel Palace en el que se alojaba cuando era diputado, el exdirigente de CiU ha protagonizado un desayuno informativo en el que ha explicado por qué votará al PSC y ha dado su opinión sobre el proceso independentista que ha reconocido vivir con “desgarro”.

El exdirigente de Unió ha criticado la gestión “sin épica” del proceso soberanista. “Sustituyó la magia del llamado procés por la nada”, ha dicho sobre la declaración de independencia en el Parlament el pasado 27 de octubre. Una independencia que ha dado por imposible la independencia de Catalunya. “Hoy no es posible la independencia en el contexto que afortunadamente nos toca vivir”.

Para Duran i Lleida “no es posible ser un estado independiente sin dejar formar parte de la UE, sin dejar de empobrecernos, sin romper la convivencia”. Además, ha advertido que el proceso soberanista está teniendo consecuencias negativas en Catalunya y se ha referido al descenso del turismo y ha avisado de que el aumento del paro está a la vuelta de la esquina.

El exdiputado ha lamentado la situación a la que han llegado sus exsocios de Convergència ahora reconvertidos en PDeCAT: “Medio Govern en prisión, medio Govern fugado y la CUP ni un rasguño”, ha lamentado. “Han dejado la agenda política en una fuerza política que no desea ningún tipo de Estado porque no es su objetivo la independencia sino la revolución”, ha expresado.

Duran i Lleida ha sido especialmente crítico con la deriva independentista de sus exsocios e incluso ha defendido la aplicación del artículo 155 para intervenir Catalunya. Ha explicado que si se activó fue porque “alguien antes” llevó a cabo una actuación en el Parlament que “no era propia” y que iba en contra de la Constitución.

Arropado por dirigentes del PP –la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, Pablo Casado o José Manuel García Margallo– y del PSOE –las exministras Beatriz Corredor y Elena Salgado, y Meritxell Batet, Duran i Lleida ha hecho un discurso parecido al del PSC. Así, ha defendido la reforma de la Constitución como solución para el conflicto catalán: “Lo razonable no es votar una separación sino votar lo que previamente se ha pactado”. De hecho, se ha desmarcado de la celebración de un referéndum que ha considerado que no es siempre “el mejor instrumento democrático”.

“La Constitución es reformable, mejorable. No se trata de ir a un nuevo proceso constituyente porque tal y como están lo mimbres de la política, si empezamos un nuevo proyecto constituyente, no sé si vamos a acabar bien”, ha afirmado.

También ha marcado distancias con el PP, a quien ha acusado de tener buena parte de la culpa de la situación en Catalunya. Por eso ha reprochado la recogida de firmas contra el Estatut, aunque ha reconocido que el problema venía de antes. También ha reprochado a Mariano Rajoy que hubiera urnas el 1-O y las cargas policiales. Un discurso calcado al del PSC.

Duran i Lleida ha reiterado que votará al PSC y ha puesto en valor el acuerdo que han alcanzado los socialistas con los herederos de Unió en este momento. “La situación de Catalunya es excepcional, hay dos bloques irreconciliables”, ha dicho para explicar que “en esa situación de emergencia” era necesaria la coalición entre diferentes: “Dudo que, del golpe y porrazo, Iceta se vaya a hacer democristiano y Espadaler socialista”, ha dicho sobre el exconseller que ocupa el tercer puesto de la lista del PSC por Barcelona.

El exdirigente nacionalista ha puesto en valor la “generosidad del PSC y de Iceta en particular” y se ha mostrado convencido de que es un ejemplo de que, tras el 21D, el candidato socialista se comportará con esa misma actitud. Aunque ha admitido que le estabilidad en Catalunya será complicada tras el 21D, ha vaticinado que puede haber “sorpresas positivas” con los socialistas gracias al “aumento de participación de un conjunto de la ciudadania que no voto en autonómicas y ahora se siente interpelada” y al “desengaño” que puede haber en el bloque independentistas que pueda generar una “debilidad”. “Va a ser difícil”, ha avisado Duran i Lleida, que ha negado su vuelta a la política y ha asegurado que no será conseller de ningún Gobierno.

L'Audiència de Barcelona ha condemnat l'extinta Unió Democràtica de Catalunya (UDC) com a responsable civil per lucrar-se amb 178.000 euros amb el desviament de fons de la seva fundació afí Catalunya i Territori, als exresponsables de la qual ha imposat penes de fins a vuit anys i vuit mesos de presó pels delictes de falsedat en document mercantil, estafa agreujada, apropiació indeguda i insolvència punible.

En la seva sentència, l'Audiència de Barcelona obliga a l'extinta formació política, dissolta el passat mes de març després de fer fallida econòmicament, a pagar els 61.500 euros que la Fiscalia li exigia que tornés a la seva fundació afí, a la qual ja havia abonat la resta de la suma desviada, que ascendia a 178.000 euros.

La secció sisena de l'Audiència imposa penes de vuit anys i vuit mesos de presó als exvocals de la Fundació Joan Albert López i Miguel Ángel Cortés, així com altres sis mesos de presó a Josep Boqué, expresident de l'entitat que va ser director general de consum de la Generalitat en els anys 90.

El desviament de fons, segons la Fiscalia, es va perpetrar mitjançant la condonació de les quotes de lloguer per uns locals que Unió tenia arrendats a la seva fundació afí a Tarragona, Lleida i Tàrrega (Lleida) i per la posterior venda d'aquests immobles a la formació democristiana a un preu inferior al del mercat.

La Audiencia de Barcelona ha condenado a la extinta Unió Democràtica de Catalunya (UDC) como responsable civil por lucrarse con 178.000 euros con el desvío de fondos de su fundación afín Catalunya i Territori, a cuyos exresponsables ha impuesto penas de hasta ocho años y ocho meses de cárcel por los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa agravada, apropiación indebida e insolvencia punible.

En su sentencia, la Audiencia de Barcelona obliga a la extinta formación política, disuelta el pasado mes de marzo tras quebrar económicamente, a pagar los 61.500 euros que la Fiscalía le exigía que devolviera a su fundación afín, a la que ya había abonado el resto de la suma desviada, que ascendía a 178.000 euros.

La sección sexta de la Audiencia impone penas de ocho años y ocho meses de cárcel a los exvocales de la Fundación Joan Albert López y Miguel Ángel Cortés, así como otros seis meses de prisión a Josep Boqué, expresidente de la entidad que fue director general de Consumo de la Generalitat en los años 90.

El desvío de fondos, según la Fiscalía, se perpetró mediante la condonación de las cuotas de alquiler por unos locales que Unió tenía arrendados a su fundación afín en Tarragona, Lleida y Tàrrega (Lleida) y por la posterior venta de esos inmuebles a la formación democristiana a un precio inferior al del mercado.

Los 21 trabajadores de Unió no cobran su sueldo hace dos meses y la dirección del partido les ha comunicado que desconoce cuándo podrán hacerlo, han explicado fuentes de la plantilla.

Según ellos, la dirección les ha dicho que no podrá pagar hasta que el partido venda la sede de la calle Nàpols de Barcelona, mientras se está reuniendo con bancos para negociar una quita de la deuda.

El partido democristiano, sin representación parlamentaria, ha trasladado a sus trabajadores que confía en pagar las indemnizaciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con la venta del local.

Los trabajadores consultados han lamentado que los dirigentes han “desaparecido” de la sede, con la excepción del secretario general, Ramon Espadaler, y aseguran que no les ha ofrecido ninguna ayuda para sortear el impago de los dos meses.

El Tribunal de Cuentas tuvo que aceptar que un partido político entrara en preconcurso de acreedores porque nunca antes había ocurrido, creando un precedente.

Fuentes del partido han asegurado que el retraso en las nóminas está causado por el preconcurso, pero aseguran que tienen el “compromiso” de abonarlas.

En marzo, Espadaler cifró la deuda por la que el partido presentó solicitud de preconcurso de acreedores en 19 millones de euros, que atribuyó a “deuda fundamentalmente bancaria” y no a la Seguridad Social.

La direcció d'Unió Democràtica de Catalunya ha decidit acollir-se a un preconcurs de creditors per resoldre la seva situació financera alarmant producte del deute acumulat i, per això, sospesa replantejar el seu congrés, convocat per al proper 16 d'abril.

La pèrdua de representació parlamentària al Parlament català i al Congrés dels Diputats, sumada a la fuga de regidors i militants des de la seva ruptura amb CDC, ha afectat els comptes d'Unió fins al punt d'haver de sotmetre a un preconcurs de creditors, una figura legal que implica un termini de negociació de tres mesos per intentar evitar el pas posterior, el concurs de creditors.

El comitè de govern del partit s'ha reunit aquest dilluns a Barcelona i ha acordat convocar per aquest dissabte un consell nacional en què s'explicarà la situació als quadres del partit.

Segons les mateixes fonts, aquest procediment pot portar el partit a replantejar els seus plans més immediats: una de les hipòtesis que està sobre la taula és celebrar dos congressos en lloc d'un únic conclave.

La direcció democristiana sospesa que hi hagi un primer congrés extraordinari de forma imminent per canviar els estatuts, per tal de reduir les estructures, i deixar per a més endavant el segon, que seria ordinari i estaria dedicat a renovar la direcció i el rumb ideològic.

Després del divorci de Convergència i l'escissió de Demòcrates -el sector independentista ara aliat amb els convergents-, Unió va afrontar les passades eleccions catalanes en solitari, amb el seu secretari general, Ramon Espadaler, com a cap de cartell, i es va quedar fora del Parlament, un resultat que es va repetir en les generals, amb Josep Antoni Duran i Lleida al capdavant de la llista, qui va acabar per dimitir com a líder de la formació.

En aquesta etapa de transició, la direcció d'Unió, sota la batuta de Ramon Espadaler, s'ha posat mans a l'obra per equilibrar els comptes: ha reduït personal i està negociant la venda de la seva seu central, situada al carrer Nàpols, prop del Parc de la Ciutadella de Barcelona.

No obstant això, davant d'un deute que s'enfila fins a prop de 16 milions d'euros, el partit ha decidit acollir-se al preconcurs de creditors per renegociar les quanties que deu principalment a entitats bancàries.

El preconcurs és un instrument que facilita la Llei Concursal amb l'objectiu que l'empresa en qüestió intenti arribar a un acord de refinançament amb els seus creditors i evitar així haver de declarar un concurs de creditors.

La llei fixa un període de tres mesos per arribar a un acord i un més per presentar la sol·licitud de declaració de concurs davant del jutge mercantil si no s'ha aconseguit finalment arribar a una solució, el que equivaldria a una suspensió o una fallida.

La dirección de Unió Democràtica de Catalunya ha decidido acogerse a un preconcurso de acreedores para resolver su alarmante situación financiera producto de la deuda acumulada y, por ello, sopesa replantear su congreso, convocado para el próximo 16 de abril.

La pérdida de representación parlamentaria en el Parlament catalán y en el Congreso de los Diputados, sumada a la fuga de concejales y militantes desde su ruptura con CDC, ha afectado a las cuentas de Unió hasta el punto de tener que someterse a un preconcurso de acreedores, una figura legal que implica un plazo de negociación de tres meses para tratar de evitar el paso posterior, el concurso de acreedores.

El comité de gobierno del partido se ha reunido este lunes en Barcelona y ha acordado convocar para este sábado un consell nacional en el que se explicará la situación a los cuadros del partido.

Según las mismas fuentes, este procedimiento puede llevar al partido a replantear sus planes más inmediatos: una de las hipótesis que está encima de la mesa es celebrar dos congresos en lugar de un único cónclave.

La dirección democristiana sopesa que haya un primer congreso extraordinario de forma inminente para cambiar los estatutos, con el fin de reducir las estructuras, y dejar para más adelante el segundo, que sería ordinario y estaría dedicado a renovar la dirección y el rumbo ideológico.

Tras el divorcio de Convergència y la escisión de Demòcrates -el sector independentista ahora aliado con los convergentes-, Unió afrontó las pasadas elecciones catalanas en solitario, con su secretario general, Ramon Espadaler, como cabeza de cartel, y se quedó fuera del Parlament, un resultado que se repitió en las generales, con Josep Antoni Duran Lleida al frente de la lista, quien acabó por dimitir como líder de la formación.

En esta etapa de transición, la dirección de Unió, bajo la batuta de Ramon Espadaler, se ha puesto manos a la obra para equilibrar las cuentas: ha reducido personal y está negociando la venta de su sede central, situada en la calle Nàpols, cerca del Parque de la Ciutadella de Barcelona.

Sin embargo, ante una deuda que se enfila hasta cerca de 16 millones de euros, el partido ha decidido acogerse al preconcurso de acreedores para renegociar las cuantías que adeuda principalmente a entidades bancarias.

El preconcurso es un instrumento que facilita la Ley Concursal con el objetivo de que la empresa en cuestión intente alcanzar un acuerdo de refinanciación con sus acreedores y evitar así tener que declarar un concurso de acreedores.

La ley fija un periodo de tres meses para alcanzar un acuerdo y uno más para presentar la solicitud de declaración de concurso ante el juez mercantil si no se ha logrado finalmente alcanzar una solución, lo que equivaldría a una suspensión o una quiebra.

Mariano Rajoy, president del govern espanyol i màxim dirigent del Partit Popular, ha dit aquest diumenge a Barcelona: «Nosaltres no som responsables d'allò què passa a Catalunya. Ho són els que han iniciat el procés». Les declaracions han estat realitzada en el context de l'acte de presentació dels candidats del partit conservador a les eleccions al parlament espanyol.

Les declaracions de Rajoy arriben un dia després de saber-se que el govern que presideix ha endurit especialment per Catalunya les condicions dels crèdits del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Unes condicions que des del govern català s'han assimilat a una intervenció econòmica o amb l'aplicació dissimulada de l'article 155 de la Constitució, que implica la intervenció de l'autonomia per part del govern central.

El mateix Artur Mas, president en función de la Generalitat, va considerar que les noves condicions per rebre crèdits del FLA són un càstig per Catalunya, especialment perquè aquestes condicions no s'apliquen a altres autonomies que pateixen també forts dèficits.

Artur Mas ha argumentat la percepció de càstig vinculada amb l'enduriment de les condicions del FLA a què “Catalunya vota com vota”, segons un comunicat fet públic pel govern. En la celebració del dia de la Cambra d'Osona, Mas ha vinculat les noves condicions com «una discriminació molt gran, una deslleialtat i una intolerància absoluta» cap al territori que més esforços ha fet per sortir de la crisi.

Duran també critica

I no ha estat només el govern català, algú tan moderat com el president del comitè de govern d'Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran i Lleida, ha acusat el Govern del PP d'anul·lar 'de facto' l'autonomia de Catalunya en afegir nous condicionants d'accés al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) i atorgar-se la capacitat d'obrir o tancar l'aixeta al finançament.

“No és una intervenció, però pretén condicionar l'autonomia. Quan una autonomia deixa de tenir autonomia financera, deixa de ser autonomia”, ha avisat en declaracions als mitjans.

El candidat democratacristià per a les eleccions del 20D ha subratllat que amb aquesta decisió el Govern central “castiga” al conjunt dels catalans i no només als independentistes, davant dels que vol “treure pit”.

“És una manifestació més d'arrogància i supèrbia política per part del PP. És una manifestació de l'ús electoralista del FLA i una mostra de la incapacitat de gestionar políticament les demandes de Catalunya”, ha recriminat.

Duran ha recordat que el FLA existeix perquè Espanya com a Estat té una capacitat per endeutar-se que no tenen les comunitats autònomes, i ha reclamat que aquestes tenen dret a rebre els fons que capta l'Estat en proporció al percentatge de PIB que aporten.

Diners i sentiments

En la seva intervenció, Rajoy ha remarcat que «és l'Estat qui paga els proveïdors amb el FLA». I Ho ha justificat afirmant que «hi ha hagut governs autonòmics que no s'han dedicat al que havien de fer». Cap paraula en relació amb d'on procedeixen els diners que administra l'Estat ni quina és la composició del FLA.

A Barcelona Rajoy no només ha parlat del FLA. S'ha referit també als sentiments dels catalans. Els ha dit: “tranquils, ningú us convertirà en estrangers a casa vostra”. També s'ha referit als partits independentistes criticant que “s'emparin en els seus sentiments i oblidin que els altres també en tenen de sentiments”.

Diálogo, pactos y tener la capacidad para meterse en la piel del otro. Estos van a ser los puntos claves para encontrar una “salida” a la situación en Cataluña según el político catalán Josep Antoni Duran i Lleida. Por un lado, el dirigente de Unió tiene claro que ni Artur Mas ni Mariano Rajoy están capacitados para “liderar este diálogo” y, por otro, tiene la esperanza de que quien salga elegido en las próximas generales sea capaz de comprender las necesidades de los catalanes.

Duran i Lleida ha asegurado en la SER que no habla con Artur Mas desde el pasado 19 de junio y ha criticado la postura del número cuatro de Junts Pel Sí, en su opinión, “no está pensando en los intereses generales de Cataluña”. Duran cree en la tercera vía, en la del diálogo, y considera que “la independencia no es una alternativa porque tiene riesgos económicos y de otro tipo”.

No obstante, no “desactivaría las aspiraciones” de los catalanes que apuestan por la independencia. “Existen y hay que respetarlos. Permitiría que durante décadas se diera otra etapa de desarrollo y participación, siempre en el contexto de la Unión Europea”, ha explicado Duran que también ha asegurado que Unió “no formará parte de ningún frente”.

Lo que más le preocupa al político conservador es encontrarse con una Cataluña ingobernable después del 27S. “Estamos en tiempos de turbulencias. Estamos en un lío y tenemos que salir de esta”, ha dicho. Finalmente, Duran i Lleida no ha querido hacer pública su opinión sobre las supuestas comisiones que el partido de Artur Mas cobraba a cambio de contratos en algunos Ayuntamientos catalanes pero ha pedido que se investigue a fondo y que se asuman responsabilidades.

Duran i Lleida sabe que la legislación penal excluye expresamente la posibilidad de que los partidos políticos puedan delinquir

Duran mintió cuando exculpó de responsabilidad a su partido afirmando que UDC no fue imputada

¿Qué razones hay para que a partidos políticos y sindicatos se les siga excluyendo de responsabilidad penal?

RECTIFICACIÓN DEL AUTOR (derogación art. 31 bis pár.5 CP)

Estando en prensa este artículo y antes de su publicación, ha sido derogado el párrafo 5 del art. 31.bis CP. Esperemos que sea para poder distinguir entre un antes y un después.

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En España se ha llegado a una situación en la que señalar o citar el número de políticos imputados e incursos en causas penales, apenas si viene a suponer algo nuevo y distinto a una mera actualización del dato numérico. Hasta tal punto que, por ejemplo, “el caso Pallerols”, cualitativamente distinto a otros asuntos con condenados políticos, no creo que, excepción hecha del coyuntural efecto mediático, haya modificado un ápice la percepción social sobre la corrupción política que, me temo, empieza a verse como un mal endémico de difícil por no decir imposible erradicación. Los barómetros del CIS a ello apuntan.

Del caso Pallerols –ensombrecido por el “caso Bárcenas”, para el que también sirve esta reflexión–, me ha llamado la atención dos cuestiones. Una específica y otra vinculada a la reforma del Código Penal.

La específica es la siguiente: los partidos políticos se han aprestado a recordar –con boca pequeña y poca insistencia, todo sea dicho de paso–, el compromiso de Duran i Lleida de dimitir si se demostraba que Unió Democràtica de Catalunya (UDC) tenía algo que ver en la desviación en su propio beneficio de una partida presupuestaria de la Unión Europea para financiar cursos de formación para parados.

La primera en hablar en nombre de Unió fue su portavoz Marta Llorens que, además de tirar balones fuera y tragar saliva durante su comparecencia, utilizó como argumento central para desvincular a Unió de la suerte de los condenados, el hecho que, a diferencia de éstos, Unió nunca fue imputada.

Cuando el silencio de Duran no se podía prolongar por más tiempo, lo rompe con tinte victimista, pues al tiempo que pide perdón afirma sentirse más víctima que culpable, pero no niega sus palabras del 2000 sobre lo que haría si se demostraba la implicación de UDC en la jugada, como así ha sido. En sus explicaciones trata de descartar a Unió de la trama corrupta porque los condenados, en su día, o fueron expulsados del partido o lo abandonaron voluntariamente y porque UDC nunca ha sido acusada por estos hechos.

Duran es de los pocos diputados a los que, ocupando la tribuna de los oradores del Congreso, se le oye parlamentos de sólido trenzado jurídico que en nada desmerecerían como clase magistral de producirse en aula universitaria. Cosa que es de agradecer, pues no es malo que en el foro parlamentario, cuando de discutir y aprobar leyes se trata, junto a razones políticas también se dejen oír argumentos jurídicos.

Sin embargo, las excusas y el alarde de cinismo con el que Duran ha tratado de minimizar las consecuencias del caso Pallerols sobre él y sobre su partido, le han permitido salir del paso, pero cojeando. Duran mintió diciendo la verdad. Dijo verdad al señalar que UDC no fue acusada, pero mintió con restricción mental estricta al derivar de la falta de imputación a Unió Democràtica de Catalunya, la ausencia de responsabilidad de ésta, su partido político: Duran sabe que a los partidos políticos no se les puede imputar penalmente. Dijo verdad porque la legislación penal, no es que no contemple, es que excluye expresamente (vid. art. 31.bis.5 CP) la posibilidad de que los partidos políticos puedan delinquir, por tanto mal podía imputarse a UDC delito alguno.

Duran i Lleida mintió cuando, conocedor, como jurista y legislador, de la imposible imputación penal a partido político, expresamente omite esta imposibilidad ex lege y se exculpa y exculpa de responsabilidad a su partido afirmando que UDC no fue imputada. La opinión que a Duran le merece su electorado y el resto de ciudadanía, a la que con tales argumentos trató de ignorante y estúpida, puede pasarle factura en elecciones venideras. Sería lo lógico.

La otra cuestión vinculada con la noticia del caso Pallerols y también del caso Bárcenas, ha sido un aspecto concreto de la reforma del Código Penal (CP). Acabo de decir que Duran, buen conocedor del derecho, mintió diciendo la verdad. Otros, sin embargo, mienten faltando a ella, por ejemplo Gallardón. Cuando empezó a hablarse de la reforma Gallardón del Código Penal, en una de sus comparecencias televisivas, programada o no, se comprometió a modificar el actual art. 31.bis del Código Penal, porque es inadmisible que, en una sociedad como la nuestra, en un Estado de Derecho, partidos políticos y sindicatos no puedan delinquir, vino a decir el Sr. Ministro de Justicia y Notario Mayor del Reino. Según el art. 31.bis CP, “en los supuestos previstos en el Código Penal las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas”.

Sin embargo, más adelante, el mismo art. 31.bis CP, restringe esta posibilidad al señalar que “las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables… a los partidos políticos y sindicatos…”.

Las palabras de Gallardón y la vehemencia en su decir, me hizo pensar y creer –ingenuo de mí– que, al menos en este punto, el proyecto Gallardón sería de aplaudir. Con tal convencimiento me quedé. No ha mucho, no recuerdo ahora por qué razón, me vino a la memoria el compromiso de Gallardón sobre los partidos políticos y sindicatos, y acudí al Anteproyecto de LO de reforma del Código Penal para ver qué tipo de modificación se proponía del art. 31.bis y cuál no sería mi sorpresa al comprobar que en el Anteproyecto no se propone modificación alguna del art. 31.bis CP.

Curiosamente, en ambos casos –Pallerols y Bárcenas– ningún partido político ha salido a la palestra recordando, exigiendo o haciendo suyo el compromiso de Gallardón. ¿Por qué? ¿Qué razones hay, con la que está cayendo, para que a partidos políticos y sindicatos, se les siga –se sigan– excluyendo de responsabilidad penal? No se olvide que las leyes se aprueban exclusivamente con los votos de los partidos políticos en Congreso y Senado.

Tal vez, las razones deban buscarse en los beneficiarios de esta exclusión, es decir en los propios partidos políticos y sindicatos. A ver quién es el guapo que le pone el cascabel al gato, pues, si se le pone, cuando se mueva, se sabrá dónde está, y –con lo calladitos que todos están en este punto–, o mucho me equivoco o ni a los partidos políticos, ni a los sindicatos les interesa lo más mínimo que pueda saberse cuándo se desenvuelven en terreno penal. ¿Cuándo van a aceptar que ellos –partidos y sindicatos– también son iguales ante la ley? Seguramente cuando dejen de pensar en corralitos, mordidas y prebendas, asumiendo con hechos que su cometido es procurar por el interés de sus electores y no al revés.

En menos de un año el Partido Popular ha pasado de indultar a miembros de Unió Democrática de Catalunya (UDC) acusados de prevaricación y malversación de caudales públicos a pedir la dimisión inminente del máximo responsable de esta formación, Josep Antoni Durán i Lleida. Dos respuestas muy diferentes para dos casos que presentan similitudes.

En marzo de 2012, el Consejo de Ministros aprobó los indultos de Josep Maria Servitje y Víctor Manuel Lorenzo Acuña, ambos militantes de la democracia cristiana catalana y condenados a penas de prisión por el 'caso Treball'. Servitje, secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat en la época de Pujol, y Acuña, militante y excuñado del diputado Josep Sánchez Llibre, fueron condenados en 2009 a penas de prisión (cuatro años y seis meses, y dos años y tres meses, respectivamente) por la Audiencia de Barcelona. La acusación demostró que habían desviado 7,6 millones de pesetas (unos 44.000 euros) del Departamento de Trabajo mediante la contratación de estudios inútiles o plagiados a empresarios afines.

Para evitar la pena de prisión, el Gobierno de Rajoy les permitió saldar sus cuentas con la Justicia, a través del indulto, con una multa de 3.600 euros. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, defendió el indulto con “razones humanitarias” en relación a la avanzada edad de los condenados.

Cuando otro viejo escándalo de UDC cobra actualidad, el PP cambia de actitud. En esta ocasión se trata del caso Pallerols, por el que la formación democristiana ha pactado con la Fiscalía pagar 388.000 euros desviados que estaban destinados a cursos de formación para desempleados. Con el acuerdo alcanzado en la Audiencia de Barcelona, los acusados asumen su culpabilidad pero evitan las penas de prisión. Además, el trato impide que Duran i Lleida pase por el juzgado para declarar.

En 2000, el ya entonces líder de UDC aseguró que si se demostraba que había un fraude en la financiación del partido él renunciaría a su cargo. Por el momento se niega. Todos los grupos políticos, incluido el PP, se han mostrado de acuerdo en la necesidad de que el dirigente democristiano asuma sus responsabilidades. Solo el Gobierno se ha permitido un guiño con Duran i Lleida con el indulto hace 10 meses de los implicados en el 'caso Treball'.

Indulto del Gobierno a Servitje y Acuña

"No pienso dimitir", dice en Chile el líder de Unió

Limita la responsabilidad de Unió a una responsabilidad civil subsidiaria

El presidente de Unió Democrática de Cataluña (UDC), Josep Antoni Duran i Lleida, no tiene la menor intención de dimitir para asumir la responsabilidad por el caso Pallerols. Es más, afirma que su partido no está obligado a asumir ninguna responsabilidad política ahora, porque ya lo hizo en su momento.

En declaraciones al diario La Tercera a su llegada a Chile, Duran dice que su partido no está imputado ni condenado, y hace una curiosa comparación: “Si usted tiene un piso y alguien está trabajando en su casa y deja el grifo abierto, usted no hace eso voluntariamente, ni tiene responsabilidad penal. Claro, tendrá que pagar, pero es una responsabilidad civil subsidiaria”.

Para Duran, el caso Pallerols es ya historia y por tanto no debe asumir ninguna responsabilidad personal: “Por supuesto no pienso dimitir. En su día el partido asumió responsabilidades políticas, expulsamos a quienes hoy están condenados o se dieron de baja voluntariamente y por otra parte abrimos una comisión investigadora, cosa que nadie ha hecho, con personas ajenas al partido”.

El fiscal encargado de representar al ministerio público en el juicio que debía haberse iniciado por el caso Pallerols, Fernando Rodríguez Rey, ha decidido inmolarse para conseguir que Unió Democràtica de Catalunya (UDC) admita que se financió de forma ilegal con fondos europeos para la formación de parados y que devuelva los casi 400.000 euros que recibió de las empresas del empresario andorrano Fidel Pallerols a cambio de la concesión de cursos de reciclaje para los desempleados, según apuntan fuentes judiciales.

Rodríguez Rey no es precisamente un fiscal irrelevante: ejerció la acusación en el caso Grand Tibidabo, en el caso Estevill, contra la trama corrupta de Hacienda en Barcelona y en la mayor parte de los casos de corrupción que han afectado a Unió como el caso Turisme o el caso Treball.

Siempre ha sido partidario de llegar a acuerdos con los acusados de casos de malversación y de corrupción con el objetivo de recuperar el dinero malversado o robado. Ya lo intentó en el caso Turisme, pero la Generalitat, controlada entonces por el tripartito, y que ejercía la acusación particular, impidió el pacto.

En esta ocasión era más fácil, porque es CiU quien gobierna la Generalitat. Y la disyuntiva que planteaba a Duran era mucho más favorable para la Fiscalía porque el líder de Unió y presidente del grupo parlamentario de CiU en el Congreso de los Diputados estaba citado a declarar en el procedimiento.

Duran, su mano derecha Josep Sánchez Llibre y el ahora diputado del PP Enric Millo estaban citados como testigos y eran conscientes del efecto demoledor de las imágenes de las declaraciones ante el tribunal en los medios de comunicación. Basta recordar los casos de Felipe González cuando declaró como testigo por los GAL, o de Macià Alavedra en el caso Estevill.

La alternativa ofrecida por Rodríguez Rey era la que finalmente ha aceptado Unió: admitir que recibió los 388.000 euros de Pallerols y devolverlos a la Administración a cambio de penas menores, que no implican el ingreso en prisión para los acusados que fueron altos cargos o dirigentes de la formación democristiana.

El fiscal era consciente de que se iba a convertir en el blanco de las acusaciones de los partidos de la oposición, pero está convencido de que las responsabilidades civiles en el ámbito penal están muy mal resueltas.

Ahora, tras el acuerdo, Unió debe ingresar de forma inmediata el dinero que recibió de los fondos europeos para parados a través del grupo de academias de Pallerols que, por cierto, queda excluido del acuerdo porque está acusado de apropiarse de casi seis millones de euros y el fiscal pide 11 años de cárcel para él.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, consciente de la que se le venía encima a su subordinado, considerado uno de los mejores fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, salió inmediatamente al paso de cualquier duda de componenda expresada por los adversarios políticos de Unió y negó que la formación de Duran Lleida haya recibido trato de favor alguno.

Lo que sí lamentó fue la tremenda lentitud con la que se ha instruido el procedimiento. El caso Pallerols ha llegado a la Audiencia de Barcelona 17 años después de que la fiscalía del TSJC iniciara las primeras diligencias de investigación.

En realidad, buena parte del retraso se debe a la posible implicación de Sánchez Llibre en el caso. Como es diputado, la instructora del caso elevó una consulta al Tribunal Supremo, que tras más de año y medio de deliberaciones, decidió que sólo debía declarar como testigo.

Duran Lleida hizo el martes un sonoro mutis y no hay noticias del líder democristiano, a pesar de que en el año 2000 se comprometió a dimitir si se probaba que Unió se había financiado ilegalmente.

Sonoro mutis

De dar explicaciones y de pedir perdón en público se encargó la portavoz adjunta de Unió en el Parlament de Catalunya, Marta Llorenç, que dejó claro que no habrá dimisiones: “No hay sentencia alguna que establezca que Unió se financió ilegalmente”.

Llorenç aseguró que el partido ya había depurado las responsabilidades políticas con la expulsión de los principales responsables del escándalo, los hermanos Lluís y Vicenç Gavaldà, alto cargo de Trabajo y secretario general de Unió respectivamente, y Dolors Llorenç, directora general de Ocupación cuando se produjeron los hechos.

La portavoz adjunta de Unió negó que el partido haya admitido que se financió ilegalmente. Aseguró que el partido ha hecho frente a “una responsabilidad civil, que no penal” por un dinero “que se utilizó para pagar alquileres y mobiliario”, y que no sabían que procedía de fondos malversados.

Prácticamente todo el arco parlamentario pidió ayer la dimisión de Duran i Lleida. Especialmente llamativas fueron las declaraciones del presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, socio del Gobierno de CiU, aunque desde fuera del Ejecutivo. Junqueras afirmó que Duran debe cumplir su promesa y abandonar el cargo.

Es una prueba de que los grandes beneficiarios del desenlace del caso Pallerols son los actuales dirigentes soberanistas de Convergència, que ven como su socio de federación, renuente al pacto con Esquerra y al referéndum de autodeterminación pactado con los independentistas, quedan momentáneamente noqueados.

Ya cuando estalló el escándalo y Pallerols desapareció de la órbita de Unió, CDC aprovechó la debilidad de los democristianos para transformar CiU de una coalición en una federación, subordinando así la organización de Unió a Convergència. Como si las irregularidades cometidas por los altos cargos de Unió no se hubieran producido en un Gobierno presidido por Jordi Pujol y controlado mayoritariamente por Convergència.

La número dos del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, también se mostró especialmente dura con Unió y pidió la dimisión de Duran. Parecía no estar informada de que el pacto con el fiscal también evitará la declaración de Enric Millo, que abandonó la disciplina democristiana para convertirse en dirigente del PP.

El discurso del portavoz de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), David Fernàndez, ha seducido a los dirigentes de CiU, la formación más próxima al empresariado catalán. Durante el debate de investidura, Fernàndez tendió la mano a Artur Mas para el derecho de “autodeterminación”, pero le avisó de que mantendrá “el puño en alto” contra los recortes.

El recién elegido presidente catalán, Artur Mas, afirmó: “A diferencia de otras expresiones en las que veo más pose, en este caso veo autenticidad. Y la autenticidad siempre hay respetarla y escucharla porque siempre se puede aprender de ella”.

El líder de UDC y secretario general de CiU, Josep Antoni Duran, también ha elogiado el “discursazo” de Fernández en unos mensajes en su cuenta de Twitter: “Pese a discrepar de la estética y el proyecto de la CUP, -a quien no conocía- es una persona muy preparada”.

Fernández ha apelado a seguir el ejemplo islandés y encarcelar a los causantes de la crisis. Fernández, ha empezado su primera intervención recordando “las miles de personas que cada día mueren de hambre en el mundo” y “los tres millones de personas que están en el umbral de la pobreza en Cataluña”.

Después de arremeter contra los causantes de la crisis, que ha considerado que son “la UE de los mercados”, “los gángsters con corbata”, los bancos y los sectores especulativos, Fernàndez ha diagnosticado que “la situación es extremadamente complicada”, sobre todo porque “el mundo sigue estando gobernado por ladrones y piratas”.

En su opinión, “el Parlament no está a la altura de las circunstancias” cuando no se preocupa lo suficiente como para evitar que siga creciendo el paro y sigan muriendo personas que van a ser desahuciadas de sus viviendas.

David Fernández ha considerado que “la dinámica capitalista” en la que está inmerso el país provoca que el conseller de Economía ya esté designado “antes de las elecciones por ciertas financieras y grupos de intereses”, y ha reprochado a CiU que hablara de los recortes de 4.000 millones de euros después de las elecciones y no antes.

La CUP ha entrado por primera vez en el Parlament tras las elecciones catalanas del 25N, en las que obtuvo tres diputados.