Hay padres incapaces de dejar el coche a su hijo y, en cambio, les confían la presidencia de su empresa. Parece contradictorio, pero no lo es. La realidad suele ser que el nombramiento es una mera formalidad, que no acarrea hacerse con los mandos de la compañía familiar. Es un mero trampantojo. Sin embargo, cuando coges el volante asumes todos los riesgos, sin mediación posible.

Esa es la imagen que se reflejaba en el anuncio de esta semana del relevo en la dirección de Forestalia. Fernando Samper, presidente, propietario y fundador de la compañía, dejaba la dirección en manos de su hijo Ricardo Samper, que a sus 28 años de edad tiene un currículum académico apropiado para un heredero (ADE y derecho y un máster internacional en asesoría fiscal) y una experiencia de media línea. Es el menor de los hijos, y quizá su mayor mérito, genética al margen, sea que no se le menciona en el expediente de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, que investiga la presunta trama de corrupción de directivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental cuyo beneficiario habría sido Forestalia.

El caso se instruye en un juzgado de Teruel, cuyo titular considera a Fernando Samper el “tronco central” de la presunta trama corrupta, según la cual se habrían pagado mordidas a funcionarios del Gobierno Central y de Aragón a cambio de facilitar las adjudicaciones en las subastas de energías renovables.

Forestalia ha tenido el arrojo de emitir un comunicado donde dice que el relevo se produce en el marco del protocolo interno elaborado por Cuatrecasas “cuyo objetivo es articular una separación entre la propiedad y la gestión de la compañía”. ¿Alguien cree que poner al hijo figurando de gestor implica que el padre y propietario no va a tener nada que ver en la dirección de Forestalia? Menos mal que no intentan esconder el elefante del caso de corrupción y a renglón seguido dicen que todo se produce en “un contexto de mayor escrutinio institucional derivado de procedimientos judiciales en curso”.

La realidad es que Forestalia es una empresa que se ha construido sobre subastas de entes públicos que adjudican la explotación de megavatios producidos con energías renovables. Esto, en sí mismo, ni es malo ni bueno. El problema es que si estás inmerso en causas de corrupción no te vas a poder presentar a más subastas de las Administraciones Públicas, como viene a decir la Ley de Contratos del Sector Público, menos aún con el endurecimiento normativo que se ha incluido en febrero pasado en el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. El Gobierno de Pedro Sánchez, a la luz de los casos que hay alrededor de Koldo y Ábalos, se propone ser más pulcro. 

Por tanto, con Forestalia estamos ante uno de los tantos intentos de lavado de cara de las empresas españolas pilladas en presuntos casos de corrupción. Estos procedimientos judiciales se eternizan, muchas veces por argucias dilatorias de los propios acusados, lo que provoca un daño irreparable en la reputación de las compañías, perjuicio que sería muy injusto si resultaran declarados inocentes, que a veces pasa.

La historia empresarial española está plagada de casos sucesorios muy similares al de Forestalia, donde se utiliza al relevo entre familiares directísimos tratando de construir una realidad que es pura ficción. Quizás uno de los primeros casos y más notables fue el que construyó José María Ruiz Mateos que, tras la expropiación de Rumasa y su condena judicial, puso al frente de sus nuevas empresas a sus hijos y a su esposa, Teresa Rivera, a la que colocó también al frente del Rayo Vallecano en 1994. Rivera reconocería años después que asumió el cargo porque se lo pidió su marido, que ella no tenía ni idea de fútbol, algo que era evidente. Fue la triste manera de que la primera mujer llegara a la presidencia de un club de fútbol.

Esta aventura terminó, como casi todas las de esta familia, con el Rayo en concurso de acreedores y con los seis hijos varones de Ruiz-Mateos condenados, en mayo del año pasado, por la Audiencia Nacional a siete años y cuatro meses de prisión por estafa, blanqueo de capitales y alzamientos de bienes en la operativa de Nueva Rumasa.

Otro empresario con múltiples causas judiciales abiertas que se ha “retirado” dando paso a la familia es José Luis Ulibarri, propietario de empresas de construcción (Begar), residencias de mayores (Aralia) y medios de comunicación (50% de Castilla y León TV y del Diario de León y de las franquicias de El Mundo en esta región). Su imputación en varios sumarios le llevó a dimitir del consejo de administración de CyLTV, ya que su presencia ponía a la Junta de CyL en serias dificultades para volver a adjudicarles la concesión del servicio de televisión de la región. El día que dimitió, le sustituyó su hija Soledad, aunque previamente ya estaban en el consejo sus otros dos hijos Adriana, que es la que ha ido asumiendo más funciones ejecutivas, y Enrique.

José Luis Ulibarri dejó CyLTV en septiembre de 2019 y tres años después sería condenado por la Audiencia Nacional a 19 meses de prisión en una pieza del caso Gürtel. En otra, que aún no ha sido sentenciada, la Fiscalía le pide 14 meses de cárcel.

Los Ruiz-Mateos son solo un ejemplo de familias implicadas en presuntos casos de corrupción, que están vinculadas con el fútbol y se pasan el testigo padres a hijos con total naturalidad. Recuerden el caso de Josep Lluis Núñez, el constructor que fue presidente del Barcelona, que pasó el testigo a su hijo Josep María Núñez Navarro cuando Hacienda le levantó una inspección, que acabó en condena por soborno. O el de Jesús Gil, que fue destituido judicialmente de la presidencia del Atlético de Madrid un 22 de diciembre de 1999 acusado de los presuntos delitos de estafa, falsedad en documento público y mercantil, apropiación indebida y delitos societarios. Hoy reinan en el club su hijo Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo, los mismos a los que la Audiencia Nacional había considerado cooperadores necesarios de la estafa y apropiación indebida. Todo acabó en nada por prescripción, que no porque fueran unos benditos.

Las líneas de honradez que se levantan entre padres e hijos tienen la misma consistencia que las olas. Son formas de construir una apariencia de verdad sobre un fraude de ley.

Hubo un tiempo, en los convulsos 2009 y 2010, en que no había periódico, radio o televisión que no incluyera en sus espacios de propaganda las campañas de captación de fondos de Nueva Rumasa. Los anuncios de marcas insignes del conglomerado como Dhul o Clesa dieron la bienvenida a la nueva década tras las campanadas en tres cadenas nacionales. Después de la expropiación de 1983, parecía que el controvertido José María Ruiz-Mateos había logrado reconstruir su imperio empresarial e incluso tenía capacidad para salvar a toda empresa española en apuros. 

En realidad, tras ese ingente despliegue, sólo había un intento de huida hacia adelante ante un escenario de asfixia financiera y crisis generalizada de sus negocios. Nueva Rumasa —la segunda y fallida oportunidad de Ruiz-Mateos— cayó finalmente en 2011. Y, con ella, miles de pequeños inversores que confiaron en su capacidad de gestión y en sus tipos de interés de hasta el 10%, muy por encima de los ofrecidos por la banca. 

Más de una década después, la Audiencia Nacional enjuicia a los seis hijos varones del empresario, fallecido en 2015 a los 84 años, por la estafa en la emisión de pagarés por valor de más de 337 millones de euros garantizados con empresas de dudosa viabilidad. Unos hechos ante los que todos han tratado de ponerse de perfil con una estrategia similar: la culpa es del padre muerto. Y, si acaso, compartida con el “consejo de asesores” del que se rodeaba y del que no formaban parte a pesar que los documentos mercantiles los sitúan como administradores y apoderados de las principales empresas del grupo. 

Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso, herederos del negocio, se enfrentan a una petición de hasta 16 años de cárcel por delitos de estafa agravada, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Se sientan en el banquillo junto a otros nueve responsables de Nueva Rumasa. Entre ellos, Ángel de Cabo, que compró el grupo tras declararse en quiebra. La madre, Teresa Rivero, quedó fuera de este procedimiento. 

A las hermanas —Patricia, Nuria, Almudena, Begoña, Paloma y Rocío— se las acusa como partícipes a título lucrativo. Esto es, por beneficiarse de esos supuestos delitos aunque sin tener conocimiento de los mismos. Según contó El Mundo, a petición del padre, las hijas renunciaron a cualquier derecho sobre la empresa familiar para que ésta siguiera en manos de los hombres de la familia. A cambio, obtendrían cada mes una compensación económica. Socorro, la primogénita, falleció en 2017. 

Sus diferentes responsabilidades dentro del conglomerado empresarial han acabado llevando a los seis varones al banquillo. Durante la última semana, todos ellos han desfilado por una de las salas de vistas que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid). Y, uno tras otro, han repetido un argumento similar: negar cualquier responsabilidad sobre la emisión de pagarés y dirigir las miradas hacia el progenitor fallecido, a quien han dibujado como un personaje con tintes autoritarios, al que admiraban, pero al que no se podía llevar la contraria. 

Según su versión, no tenían “ninguna autoridad, ni poder, ni capacidad de decisión” y no eran más que unos simples trabajadores más de las empresas de su padre, a las que se incorporaban tras completar sus estudios superiores, principalmente en Estados Unidos. Ninguno de ellos ha reconocido las altas responsabilidades como administradores o apoderados en las diferentes empresas del grupo que aparecen en el sumario y que sustentan la acusación de la Fiscalía Anticorrupción. Su tesis es que todo era cosa del patriarca, que los colocaba en uno u otro puesto sin ni siquiera comentárselo.  

“Un empleado más de 10.000” 

“Yo era un empleado de mi padre. En ese momento había 10.000 personas en Nueva Rumasa y yo era un empleado más”, arrancó Álvaro, el primer miembro del clan en pasar por el banquillo y en inaugurar una tesis seguida después a pies juntillas por los otros hermanos. Durante su interrogatorio, que se alargó durante una hora, se refirió en todo momento a Nueva Rumasa como “el grupo de mi padre” y afirmó que él se limitaba a realizar labores de exportación de productos de Trapa y Elgorriaga, por las que cobraba una nómina “normal” de 3.000 euros mensuales. 

Sin embargo, el escrito del fiscal le sitúa como administrador único de la empresa de lácteos Clesa, una de las principales del grupo. Y su nombre también aparece como persona responsable en uno de los folletos de emisión de pagarés que se editó para el público. Una evidencia que trató de rebatir afirmando que su padre era quien hacía y deshacía, sin contar con sus herederos. “Mi padre es el propietario y decide de forma unilateral (...). Mi padre pone y quita”, dijo en otro momento del interrogatorio. 

“Yo recibía instrucciones y órdenes de mi padre. A mí me nombró él y yo acepté”. Fue el hilo argumental del interrogatorio de Zoilo, administrador de otra de las compañías del grupo y a quien Anticorrupción atribuye —junto a otros de los hermanos— el control de la operativa de las sociedades extranjeras, “generalmente radicadas en paraísos fiscales”, a las que pertenecían formalmente las compañías de Nueva Rumasa. Ante las preguntas del fiscal, Zoilo recurrió incluso a la “admiración” y la “confianza plena” que sentía por su padre para justificar un supuesto acatamiento ciego de sus decisiones. 

También como un simple “hijo del dueño” se presentó ante el tribunal otro de los encausados, José María, que contrapuso el “prestigio profesional” del “consejo de asesores” de Ruiz Mateos frente a la menor experiencia de los herederos. “Nosotros no teníamos ni esa experiencia, ni ese bagaje ni esos conocimientos. Nosotros éramos hijos del dueño”, aseveró. “El único consejo de administración era mi padre y el espejo”, dejó caer el quinto de los hijos en pasar por el banquillo, Francisco Javier. Este último afirmó que nunca se le ocurrió “preguntar” a su padre por la marcha de los negocios, ante el temor incluso a perder el trabajo por la “desconfianza” que él podía percibir. 

En la misma tesis ahondó Pablo, que se encargó de la sección hotelera del grupo y llegó a ser consejero delegado de Nueva Rumasa. Sin embargo, ante el tribunal insistió en que nunca ejerció como tal y fue su padre el responsable de su nombramiento. “La emisión [de pagarés] parte de mi padre, él ideó el tema”, afirmó respecto al asunto que centra un juicio que se dilatará hasta el mes de abril. 

“Un poder de decisión propio”

En contraposición, el escrito del fiscal anticorrupción defiende que cada uno de los acusados ejercía en sus respectivos ámbitos de actuación “un poder de decisión propio” por mucho que todos desempeñaran su trabajo bajo la “dirección última” del patriarca. Y afirma que ante las dificultades económicas que asolaron al grupo todos decidieron urdir un plan para apelar al ahorro del público mediante “agresivas” campañas en medios de comunicación nacionales en las que ofrecían invertir en sus sociedades más conocidas a cambio de remunerar esas inversiones con elevados intereses. 

Son los famosos pagarés de Nueva Rumasa que, en los años siguientes, dejaron atrapados a miles de pequeños inversores. Para lograr ese objetivo, sostiene el fiscal, cuidaban que esas campañas mostraran siempre una imagen de “solvencia y bonanza empresarial” que sabían que “carecía de todo sustento”. En su escrito insiste en que a pesar de la situación de “insolvencia” de las sociedades del grupo, los acusados afirmaban recurrentemente en su publicidad que se trataba de una “inversión segura”. 

Durante las sesiones de esta semana, el fiscal ha llegado incluso a mostrar a los acusados fotografías de esos anuncios, que los presentaban como altos directivos de Nueva Rumasa, trajeados y, en ocasiones, rodeados por más empleados del grupo ataviados con sus uniformes de trabajo. Los hermanos, sin embargo, negaron en todo momento que esos anuncios constituyeran una prueba de su capacidad ejecutiva y poder de mando en el holding. “Yo era un empleado más, por muy Ruiz-Mateos que me apellide”, llegó a decir con cierta molestia uno de ellos. La vista se retomará este lunes con interrogatorios a más acusados.

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, no podrá recoger su acta de eurodiputado sin riesgo a ser detenido. La candidatura del líder independentista al Europarlamento acarrea el beneficio de la inmunidad, pero hay disparidad de opiniones sobre el momento en el que esa inmunidad tiene plenos efectos. En el entorno de Puigdemont consideran que el expresident será intocable después de la jornada electoral del 26M. Fuentes del Constitucional y de la Fiscalía del Supremo señalan lo contrario: antes tendrá que entrar en España para tomar posesión de su acta en Madrid. En ese momento sería detenido. 

Tras las últimas elecciones autonómicas en Catalunya, Puigdemont se vio en una situación similar. Finalmente decidió no viajar a España, ante el riesgo de acabar en prisión. En caso de hacer lo mismo tras las elecciones del 26M sería la segunda vez que el político catalán promete el arriesgado viaje e incumple ante la perspectiva de ir a la cárcel.  

Los asesores del expresident toman como referencia el caso del empresario José María Ruiz-Mateos, que en 1989 se presentó a las elecciones europeas, pese a que sobre él pesaba una orden de busca y captura por haber abofeteado al ministro de Economía de la época, Miguel Boyer.  

Tras la jornada electoral, la Fiscalía levantó la orden de prisión contra el financiero, al entender que gozaba de inmunidad inmediata. El fiscal general de la época, Javier Moscoso, consideró que no se podía perseguir a Ruiz-Mateos, a pesar de que aún no hubiera recogido su acta de europarlamentario y el juez Adrián Varillas decretó su libertad.  

Aquella jugada del patriarca del clan Rumasa supuso un ridículo para el Gobierno de Felipe González, incapaz de dar caza al empresario que realizó su campaña a las europeas mientras era buscado por la policía. 

La aplicación de ese precedente no es automática para el caso de Puigdemont, según fuentes jurídicas consultadas por esta redacción: “Llarena no es Varillas y Moscoso se precipitó”, asegura un miembro del Tribunal Constitucional en conversación con eldiario.es.

En el Parlamento Europeo también discuten la posibilidad de que Puigdemont tenga inmunidad automática desde el día de las elecciones. Según fuentes comunitarias, la inmunidad empezará a contar “el 2 de julio, cuando se constituya el nuevo europarlamento”. Mucho antes de esa fecha, Puigdemont deberá viajar a Madrid para tomar posesión de su acta ante la Junta Electoral Central. En ese momento podría ser detenido. 

La ley Electoral señala que “en el plazo de cinco días desde su proclamación, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central”. Ese calendario situaría a Puigdemont en Madrid a principios del mes de junio, varias semanas antes de que el nuevo europarlamento se connstituya, otorgando a sus miembros la inmunidad que el independentismo considera automática y ligada a la jornada electoral.   

Las imágenes de Rodrigo Rato entrando en la cárcel ya son historia. Que un exvicepresidente del gobierno, exresponsable del FMI e incluso expresidente de un banco acabe en prisión es un acontecimiento excepcional. Aunque su caso no es el primero. Rato es quizá el que ha ocupado cargos más importantes, pero es uno más de una lista que conforman otros que han gestionado ministerios o bancos. O que incluso han aprovechado su papel institucional desde la monarquía para su propio beneficio.

Esa corrupción ha afectado al PSOE y al PP, a exgestores de cajas públicas o de bancos o a exministros y ex altos cargos de los que se probó que no habían actuado conforme a la ley. Estos son algunos casos.

Luis Roldán

El exdirector de la Guardia Civil ingresó en prisión en 1995 tras ser condenado por apropiarse de, al menos, 10 millones de euros mediante operaciones poco ortodoxas. Su caso fue especialmente mediático. Primero, porque que se enriqueció mediante obras y contratos ilegales o contratos que fueron desveladas por Diario 16. Después, por su fuga, que comenzó en abril de 1994 y duró 10 meses hasta que se entregó en Tailandia tras pactarlo con las autoridades.

Finalmente, fue condenado a 28 años por malversación, cohecho, fraude y estafa. Cumplió 15 años y salió en 2010. Su caso se llevó por delante al entonces ministro del Interior, Antoni Asunción. El dinero que robó sigue sin aparecer.

Rafael Vera y José Antonio Barrionuevo

Barrionuevo fue el primer ministro que acabó entre rejas. Lo hizo tras ser condenado por el secuestro de Segundo Marey por parte de los GAL, lo que le costó una condena de 10 años. El fallo del Tribunal Supremo llegó el 29 de julio de 1998, y el exministro del Interior entró en la cárcel de Guadalajara el 10 de septiembre del mismo año.

No lo hizo solo. Ese día también empezó a cumplir su condena Rafael Vera, que era el secretario de Estado de Seguridad cuando se produjo el secuestro de Marey, el 4 de diciembre de 1983. El empresario estuvo retenido 10 días, debido a que los miembros de los GAL le confundieron con un dirigente de ETA. Los que lo perpetraron actuaban bajo las órdenes del subcomisario José Amedo.

Aquel día de verano del 98 será recordado por el apoyo con el que Barrionuevo y Vera pasaron al interior del centro de Guadalajara. La cúpula del PSOE de entonces, con el expresidente Felipe González a la cabeza, respaldaron a los condenados y les acompañaron a las puertas de la prisión.

José María Ruiz-Mateos

El empresario y expresidente de Rumasa pasó los últimos años de su vida entrando y saliendo de la cárcel por numerosos escándalos. Pero el caso Rumasa, que tuvo un gran impacto social y generó el mismo nivel de polémica, fue el que motivó que pisase una celda por primera vez. Ocurrió en 1985, y fue por el colapso del holding que el Estado acabó expropiándole en 1983.

El responsable fue el ministro de Economía Miguel Boyer, que accedió al cargo con Felipe González, y que ordenó la expropiación por considerar que Rumasa estaba en bancarrota y que se mantenía con libros de contabilidad manipulados. Ruiz-Mateos fue condenado en aquel momento por fraude o apropiación indebida.

En 1989, el empresario agredió a Boyer en un juzgado de Madrid mientras gritaba “que te pego, leche”.

Carlos Fabra

El todopoderoso presidente de la Diputación y del PP de Castellón, conocido por sus gafas de sol y por ganar la lotería nacional varios años seguidos, vio cómo su reinado en forma de “aeropuerto del abuelo” y otros privilegios se terminó en 2014. El 1 de diciembre de ese año entró en la cárcel de Aranjuez tras ser condenado por cuatro delitos contra la Hacienda pública. En concreto, Fabra defraudó cerca de 700.000 euros entre 1999 y 2003.

La condena fue de cuatro años, y un año y medio después ya tuvo acceso al tercer grado. En abril de 2017, antes de cumplir tres años de condena, obtuvo la libertad condicional.

Miguel Blesa

El juez Elpidio Silva decretó el 16 de mayo de 2013 la entrada en prisión del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa por la compra de un banco de Florida. Pero el excompañero de pupitre de José María Aznar no duró ni un día en la cárcel, ya que pagó los 2,5 millones de fianza que le impusieron. Pero aunque estuvo poco en la celda, por la que pasó una segunda vez, la imagen de ver a un banquero andando hacia la puerta de una prisión fueron muy llamativas.

El calvario judicial de Blesa no terminó aquí. También fue condenado a seis años por las tarjetas 'black' de Caja Madrid, y aún tenía una causa pendiente por los sobresueldos de la caja, que podría haberle supuesto otros cuatro años privado de libertad.

Miguel Blesa fue hallado muerto por un disparo con una escopeta de caza en julio de 2017.

Iñaki Urdangarin

El marido de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI entró en la cárcel de Brieva (en Ávila, la misma que Luis Roldán) en junio de este año para cumplir sus cinco años de condena por el caso Nóos. El Tribunal Supremo determinó que Urdangarin cometió delitos de malversación, prevaricación y fraude a la Administración por haberse beneficiado de la malversación de 450.000 euros por parte del Govern balear que presidía Jaume Matas, otro ilustre preso por el mismo caso.

La sentencia dejó claro que el ex duque de Palma utilizó su “situación de privilegio que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien entonces era Jefe del Estado, consiguió mover la voluntad” para lograr esos contratos de Matas.

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La viuda y los hijos de José María Ruiz-Mateos han sido absuesto del fraude fiscal de más de 6 millones de euros que la Audiencia Nacional atribuye al Rayo Vallecano, según ha adelantado este domingo la Cadena SER.

El tribunal da por probado que existió fraude fiscal en el corazón del club, pero ni la familia Ruiz-Mateos ni el equipo tendrán que responder por este delito al haber fallecido el que entre los años 2005 y 2008 fue el único responsable: el empresario José María Ruiz-Mateos. “Quien tenía el real dominio del Rayo Vallecano y su administración real y efectiva era José María Ruiz-Mateos”, concluye la sentencia.

La Fiscalía llegó a pedir trece años de prisión para la mujer del empresario, Teresa Rivero, de 83 años de edad. Rivero ostentó la presidencia del club entre los años 1994 y 2011 hasta su entrada en concurso de acreedores. La Fiscalía acusó a la expresidenta del Rayo Vallecano, a dos de sus hijos y a dos exdirectivos del club de participar en un fraude de algo más de seis millones de euros en sus declaraciones de IVA e IRPF.

El pasado mes de mayo, la Fiscalía retiró la acusación contra Rivero, contra uno de los hijos de la expresidenta del club y contra la exsecretaria del consejo, Gema Barrasa. Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al otro hijo de Teresa Rivero y al exgerente del equipo, Jesús Fraile. 

La sentencia del tribunal asegura que “las pruebas no han acreditado que ninguno de los acusados tuvieran relación alguna con la gestión y administración de la sociedad”. Fuentes del caso aseguran a la Cadena SER que el club ha recurrido la sentencia para rebatir la existencia de un delito de fraude fiscal como hecho probado.

Con esta sentencia es la tercera vez que Teresa Rivero queda absuelta de estafa. A pesar de estas absoluciones, la expresidenta del Rayo Vallecano está a la espera de otra sentencia tras una petición de once años de prisión por parte de la Fiscalía por un delito de fraude fiscal.

José María Ruiz-Mateos falleció a los 84 años a causa de una neumonía provocada por poco después de una operación de cadera. El empresario, fundador de Nueva Rumasa, se enfrentaba a varias acusaciones de estafa y fraude a Hacienda.

Tras seis sesiones de juicio, los hijos de José María Ruiz-Mateos se han asido a la sempiterna figura de su padre para afrontar las acusaciones de estafa que pesan sobre ellos por la compra presuntamente fraudulenta de varios establecimientos hoteleros. Pero la Fiscalía Anticorrupción mantiene incólume su tesis contra ellos e incluso ha elevado hasta los siete años y medio su petición de cárcel para cada uno de los acusados.

Pese a afanarse en defender las bondades del empresario jerezano durante sus más de cincuenta años de trayectoria empresarial y atribuir a su persona toda responsabilidad en los avatares de Nueva Rumasa, los alegatos de los seis vástagos varones del patriarca, contra quien también iban dirigidas las acciones penales hasta su fallecimiento en septiembre de 2015, han resultado inverosímiles a ojos de las acusaciones.

Tanto es así que el Ministerio Público decidió ayer modificar al alza su solicitud inicial de siete años de prisión por delitos de estafa e insolvencia punible. Según su exposición final, las explicaciones ofrecidas por procesados y testigos permiten concluir que la actuación del clan fue una maniobra deliberada dirigida a engañar a los vendedores de los hoteles Beverly Park (Gran Canaria) y Beverly Playa (Mallorca) para hacerse con las acciones de los mismos en una “búsqueda desesperada de financiación”.

Y todo ello mediante intrincados mecanismos de “confusión” con los que convencieron a los propietarios de los inmuebles de la solvencia de las empresas con las que, mediante garantías inveraces, avalaron la adquisición. La liquidez de las mercantiles Dhul, Clesa y Carcesa había sido maquillada y en diciembre de 2008 los Ruiz-Mateos se hicieron con los hoteles por 11,7 millones de euros, la mayor parte de cuyo precio no ha sido abonado.

“Los vendedores sabían que las empresas avalistas eran muy solventes”, “la operación estaba cristalina” o “la operación estaba supervisada por profesionales” son las principales afirmaciones en las que los procesados han basado su defensa, apuntalada por su descargo clave: “Sólo había un dueño de Nueva Rumasa y era José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada”. Así lo proclamó uno de sus descendientes, Álvaro, para desvincular a los hermanos de los pormenores de la compraventa supuestamente irregular.

Otro de los acusados, José María, fue más allá: si su progenitor no continuó haciendo frente a las cuotas -fue aplazado el pago de más del 80 por ciento del precio- fue “porque no pudo, se lo aseguro”, aseveró dirigiéndose a la fiscal Ana Lamas, a quien reprochó sus acusaciones sobre los impagos: “Le rogaría que no diga que hemos dejado de pagar. Además, yo no intervine en la escritura”.

En línea con el argumentario desplegado por el resto de encausados, aseguró que su padre no era “un loco que comprara por comprar”, era “muy estricto” y “siempre ha sido un señor que ha querido cumplir con sus obligaciones de pago”. “Llegar al final de su vida sin poder cumplir con ellas mermó sus capacidades anímicas”.

“Parecemos tontos hablando de papaíto”

Los gestos de incredulidad de los acusadores llevó a otro de los hermanos, Francisco Javier, a espetar: “parecemos tontos diciendo que si papá, que si papaíto”, pero la confianza en él era “plena”.

Frente a las explicaciones ofrecidas por los Ruiz-Mateos, los vendedores de los establecimientos aseguraron durante su declaración en el juicio que habían dado credibilidad a la familia puesto que, a tenor de los documentos presentados durante el proceso de compraventa, las empresas avalistas eran solventes y el grupo se encontraba en expansión.  

De hecho, la Fiscalía sostiene en este sentido, tal y como expuso el acusador Juan Carrau en su informe final, que la pretensión de los acusados no era afrontar los pagos sino obtener financiación “a cualquier costa”. Los procesados se valieron además de una empresa tapadera cuya sede se hallaba en Belice, administrada por un testaferro que en la actualidad se encuentra en busca y captura.

Los investigadores han tardado varios años en llegar al fondo de un asunto que no es el único impulsado en Baleares contra los Ruiz-Mateos. Sí es el primero de ellos por el que se han sentado en el banquillo. Anticorrupción reclama seis años de prisión, también por estafa, para los descendientes del fundador de Nueva Rumasa por defraudar hasta un total de 13,9 millones de euros en la compra de otro hotel, el Eurocalas, ubicado en Calas de Mallorca.

Al igual que en el caso de los Beverly, y tal como sostiene la abogada que en esta última causa ejerce la acción particular, Isabel Fluxà, los seis hermanos avalaron con evidente mala fe, aprovechándose de su 'acreditada solvencia de cara a la galería' gracias al nombre de Nueva Rumasa, puesto que ninguno de ellos ni tenía ni tiene activo alguno a su nombre, al menos en España“.

El tercero de los procedimientos judiciales que pesan sobre ellos es similar. En este último caso, la presunta estafa, cifrada en unos doce millones de euros, se produjo tras la adquisición de la totalidad de acciones de la sociedad Hoteles Costa Oriental, propietaria del hotel Samoa.

“¿Por quién nos toma? Me está diciendo a la cara que mi padre nos decía que no pagásemos”. Así ha reaccionado ante el fiscal uno de los hijos de José María Ruiz-Mateos durante el juicio que, desde ayer, se celebra en la Audiencia Provincial de Baleares por la compra presuntamente fraudulenta de dos hoteles y en el que ha aseverado tajante que si el fundador de Nueva Rumasa les hubiera dicho que no se abonara lo acordado en esta operación, “habría sido para denunciarle”.

En concreto, los seis descendientes varones del empresario jerezano se sientan en el banquillo a raíz de una presunta estafa de más de siete millones de euros en la adquisición, en 2008, de dos hoteles Beverly en Mallorca y Gran Canaria, para lo cual se hicieron servir de avales inveraces con los que lograron granjearse la confianza de los vendedores. El Ministerio Público reclama para cada uno siete años de cárcel por delitos de estafa agravada, falsedad documental e insolvencia punible.

Pese a las insistentes preguntas del fiscal anticorrupción y las demás acusaciones, Álvaro Ruiz-Mateos, el primero en ser interpelado y quien en la actualidad cumple condena en prisión por fraude fiscal, ha recordado que avalaron la operación a petición de su progenitor por la “confianza ciega” que tenían en él. “Era un compromiso moral”, ha llegado a espetar.

Su interrogatorio ha sido tenso. Durante más de tres horas, ha explicado que su padre, fallecido en septiembre de 2015, fue quien llevó a cabo personalmente todas las negociaciones con los vendedores y que él se limitó a avalar la compra a través de las empresas de las que era administrador “exclusivamente de derecho, nunca de hecho”, Dhul y Clesa.

Al ser preguntado por el fiscal Juan Carrau sobre si el patriarca de los Ruiz-Mateos comentó a los seis hermanos que no se abonaría lo acordado por la adquisición de los establecimientos hoteleros, el acusado de forma contundente a él: “Usted nos pide respeto y yo se lo pido a usted”, lo que provocado la intervención del presidente del tribunal.

El procesado ha asegurado que ninguno de los hermanos tenía participación en Nueva Rumasa. “Sólo había un dueño y era José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada”, ha aseverado, relatando en este contexto cómo su progenitor decidió en su día designar a sus hijos, como herederos que eran, administradores de las numerosas empresas que integran el holding de la abeja.

El encausado se ha defendido además al ser inquirido por el fiscal Juan Carrau sobre por qué firmó la operación sin conocer los pormenores de la misma: “No soy ningún kamikaze. Lo que firmo son operaciones supervisadas por profesionales y amparadas por la legalidad”.

Y es que, tal y como ha explicado, su progenitor llevó a cabo las negociaciones asesorado a nivel financiero por Manuel Sánchez y jurídicamente por el abogado que durante cerca de tres décadas fue el representante legal de la familia, Joaquín Yvancos. Es por este motivo que, ha asegurado, no vio “nada raro ni extraño” en una compraventa cuyo pago fue aplazado en más del 80 %. “Yo no firmo a lo loco”, ha insistido.

El representante del Ministerio Público ha insistido: “¿Por qué no quiso su padre figurar en la compra de las acciones?”, a lo que su hijo le ha respondido: “Habría que preguntárselo a él”.

Álvaro Ruiz-Mateos, quien en numerosas ocasiones ha pedido al fiscal poder explicarse –“es muy importante matizar porque ya es desagradable estar en este procedimiento”-, ha mostrado además su convencimiento de que los vendedores, Inversiones Insulares Radó, sabían que las empresas avalistas eran “muy solventes”. “La operación estaba cristalina”, ha recalcado el procesado.

La declaración a preguntas del fiscal, que se ha prolongado durante cerca de cuatro horas, ha llevado al vástago del empresario jerezano a quejarse de que durante el juicio se esté poniendo a Nueva Rumasa “al nivel de carromato de feria”, cuando se trata, ha subrayado, de un grupo “muy serio que es auditado y que sigue funcionando”.

El heredero se ha definido en varias ocasiones como un empleado del holding en el que no decidía ni se encargaba de las gestiones del mismo. Es más, ha recordado que se ocupaba de las labores comerciales de otras dos empresas del grupo, Trapa y Elgorriaga, en las que cobraba sendos sueldos que ascendían a 2.300 euros al mes. Ese era, ha dicho, su aval personal al frente de la operación de compraventa de los establecimientos hoteleros.

En su comparecencia, el acusado ha considerado “rotundamente falso” que se produjera una comida en la que fuese la mansión de la familia en Somosaguas (Pozuelo de Alarcón) para tratar sobre la adquisición de los inmuebles. “Cuidado con las comidas en Somosaguas”, ha advertido para negar que allí se abordasen estas cuestiones.

Los demás hermanos declararán a lo largo de los próximos días y también deberán responder a las preguntas de las partes en torno a la compra de los hoteles. Tras la sesión de este jueves, el juicio se reanudará mañana a las 9.45 horas.

Estafa agravada, falsedad documental e insolvencia punible. Son los delitos por los que desde este miércoles se sientan en el banquillo los seis hijos varones del empresario José María Ruiz-Mateos, quienes, bajo una petición de siete años de cárcel cada uno, serán interrogados mañana a raíz de la adquisición presuntamente fraudulenta de dos hoteles, uno de ellos en Calvià (Mallorca) y otro en Maspalomas (Gran Canaria).

Tal y como sostienen la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares personadas en el procedimiento judicial, tanto el que fuese fundador de Nueva Rumasa como sus vástagos aparentaron una falsa solvencia para que los propietarios iniciales de los inmuebles les vendieran su participación en los mismos y, una vez firmada la adquisición por 11,7 millones de euros, con más del 80 % del pago del precio aplazado, dejaron sin abonar 7,3 millones.

Se trata de la primera vez que Javier, Zoilo, Alfonso, José María, Pablo y Álvaro Ruiz-Mateos son juzgados por la Audiencia Provincial de Baleares, encargada de enjuiciar unos hechos denunciados hace seis años. Los fiscales también dirigían acciones penales contra el patriarca de la familia, si bien el fallecimiento de éste en septiembre de 2015 extinguió su responsabilidad en este proceso.

Los acusados pergeñaron una trama delictiva, tal y como han incidido las acusaciones, a través de la cual lograron convencer a los vendedores de que les traspasaran sus acciones en las sociedades titulares de los establecimientos Beverly Playa y Beverly Park, para lo cual presentaron avales inveraces tanto propios como de varias de las empresas aparentemente más rentables del holding: Carcesa, Dhul y Clesa.

Sin embargo, el Ministerio Público asevera que “jamás tuvieron intención de pagar el precio” establecido en la operación. De hecho, una vez lograda la confianza de los dueños de los hoteles, a finales de 2008 formalizaron la compraventa y, el mismo día y al siguiente, la familia constituyó varias hipotecas sobre los inmuebles, además de solicitar varios préstamos millonarios que nunca fueron destinados al pago de las cantidades adeudadas.

A juicio de las acusaciones, esta estrategia “evidencia que nunca pretendieron efectuar el pago del precio de compra”. Más bien al contrario, recalca. Los fondos obtenidos fueron destinados “en su exclusivo beneficio”.

Durante la primera sesión del juicio, el fiscal Juan Carrau ha hecho hincapié en que los acusados estaban “cerca de la insolvencia” antes de adquirir los Beverly, pese a lo cual urdieron todo un mecanismo financiero para aparentar lo contrario.

Desestinada la nulidad

Frente a ello, la defensa de los Ruiz-Mateos ha desvinculado a sus patrocinados de las presuntas irregularidades, principalmente en lo que a los delitos de falsedad e insolvencia punible se refiere. El abogado ha reclamado la nulidad del procedimiento por estas acusaciones pero, tras más de una hora de deliberación, el tribunal ha desestimado las pretensiones de los procesados.

De hecho, los magistrados han subrayado que de las investigaciones llevadas a cabo durante todo el proceso judicial se desprende que los inculpados, con la suscripción de las hipotecas, se colocaron en una situación deliberada de insolvencia para que los vendedores no pudieran reclamar cantidad alguna. “Esto no supone ninguna sorpresa como tampoco causa ninguna indefensión a los acusados”, ha añadido el presidente del tribunal.

En su intervención, el fiscal ha aportado diversos documentos entre los que se encontraban una carta donde los hermanos se escudan en la actuación de su padre: “Papá decidía y accedíamos porque él nos lo pedía”.

Es, de hecho, una de las tácticas empleadas por los hermanos a lo largo de diversos procedimientos contra ellos, en los que no han dudado en derivar responsabilidades a su progenitor. Según sus hijos, Ruiz-Mateos se encargaba siempre, personalmente, de todas las negociaciones.

Cabe destacar que el juicio que ha arrancado en la Audiencia balear no es el único que tienen pendiente en Palma de Mallorca. Los seis hermanos se encuentran encausados en otros dos procesos judiciales por la compraventa de otros tantos hoteles mediante maniobras similares.

En concreto, la Fiscalía reclama otros seis años de cárcel para cada uno de ellos por otra presunta estafa, por valor de 13,9 millones de euros, en la compra del hotel Eurocalas, situado en Calas de Mallorca.

La tercera causa penal que pesa sobre ellos está centrada en la compraventa de la totalidad de acciones de la sociedad Hoteles Costa Oriental. En este caso, la supuesta estafa asciende a unos doce millones de euros y también se encuentra pendiente de juicio.

Para algunos fue un trilero y para otros, una víctima. Lo cierto es que no es una sorpresa la aparición de la familia Ruiz-Mateos en la lista que ha facilitado la Agencia Tributaria de personas físicas y jurídicas que deben más de un millón de euros al Fisco. En la relación de morosos aparecen varias empresas vinculadas con el desaparecido empresario de Rota (Cádiz). Inversiones Ruiz Mateos SA (1.284.875,645), José María Ruiz Mateos SA (1.953.004,84), Clesa SL (6.723.394,03) y Grupo DHUL (2.232.884,7) muestran el resultado de muchos años de gestión.

Son muchos los frentes abiertos de los Ruiz-Mateos ante la justicia y el exabogado de la familia, Joaquín Yvancos, aclara que “todo es la suma de los procedimientos abiertos que hay. Son procedimientos muy antiguos, de no pagar el IVA. Ellos tenían una relación de las deudas que no pagaban y está en la Audiencia Nacional. Lo hacían porque decían que lo descontarían en el momento de la negociación con el Gobierno, cuando les devolvieran Vieja Rumasa”.

Por más que el Ministerio de Economía y Hacienda recordara en más de una ocasión que, según una sentencia del Tribunal Supremo de 2004, el precio de las empresas de la antigua Rumasa era de cero euros, los Ruiz-Mateos siempre esperaban una devolución al alza. “Era una práctica habitual porque eso lo llevaba él directamente con Manuel Sánchez Marin, el director de administración de Nueva Rumasa. De sus hijos lo sabría uno, sólo él daba las instrucciones de si había que ingresar o no el dinero del impuesto de sociedades o del IVA”. Lo dice Yvancos, un abogado que trabajó junto al empresario durante unos 25 años. No aparece Garvey porque técnicamente pasó a llamarse Complejo Bodeguero Bellavista, que se encuentra en concurso de acreedores después de un tempestuoso proceso.

Según la Agencia Tributaria, la deuda de esta empresa alcanza los 13.223.648,24 euros, que se arrastra de cuando los Ruiz-Mateos eran los gestores. Esta deuda la generaron los Ruiz-Mateos, pero al vender la bodega a Ángel de Cabo le traspasaron la deuda.

El trabajo de algunas de las marcas que han estado vinculadas a lo largo del tiempo con José María Ruiz-Mateos es quitarse el estigma, pero algunas mantienen el nombre. Cuando se llama a Clesa, que sigue vendiendo yogures en el mercado, dejan muy claro que Clesa SL está en concurso de acreedores y que la actual propietaria, Agrupación de Cooperativas Lácteas SL, con sede en Caldas de Reis (Pontevedra), no tiene nada que ver. La planta fue comprada en su momento y sólo se mantiene el nombre comercial. El discurso de la persona de administración le sale de carrerilla porque día sí y día no tienen que limpiar el nombre de Clesa.

En Jerez, donde desarrolló su labor como empresario durante muchos años, sigue siendo motivo de comentario. Durante mucho tiempo estaba en el ambiente la imagen de José María Ruiz-Mateos como el hombre que había sido capaz de dar trabajo a muchos vecinos tanto de la localidad jerezana como de su Rota natal.

Ante las críticas que llegaban desde otros frentes, algunos de sus paisanos defendían a Ruiz-Mateos como un hombre justo y sabio. Un extrabajador suyo, que prefiere mantenerse en el anonimato, decía hoy mismo que los culpables de todo eran sus hijos. “Era como un hombre cuchara, que ni pinchaba ni cortaba, siempre invadido por un gran sentido paternal. Un boeing no se puede poner en manos de un mono”, lamentaba.

La persona más próxima que tenía en Jerez era Juan Pedro Cosano, el abogado que todavía le lleva a la familia algunos asuntos relacionados con bodegas. “Todo está sometido a procedimiento judicial y penal y sería osado hacer declaraciones”, se limita a comentar.

Pero lo más curiosos es que incluso algunas personas que perdieron mucho dinero por el caso de los pagarés de Nueva Rumasa hablan de Ruiz-Mateos sin rencor. “Yo siempre me alegraré de haber conocido a Don José María, los culpables de todo son sus hijos. No quiero acordarme de lo que perdí porque no quiero perder la salud, prefiero pensar que hay cosas más importantes en la vida que el dinero”, comenta uno de los afectados. Jekyll y Hyde, según se mire, pero con unas cifras que son incontestables.

Allá por el verano de 1989, el recién elegido europarlamentario José María Ruiz Mateos sufrió una extraña enfermedad intestinal que lo llevó dos veces al quirófano. Tan raro era su caso que todo tipo de rumores circularon sobre sus causas.

Ya convaleciente fui a entrevistarlo en su casa, y allí, en su terraza de Somosaguas, en Pozuelo, me armé de valor y le planteé uno de ellos:

- “Hay quien dice que su mujer (María Teresa Rivero) ha intentado envenenarlo, harta de sus infidelidades ...”. No pude pronunciar una palabra más. Ruiz Mateos, para mi zozobra, se puso a llamar a su mujer a voces para que acudiera:

- “¡Teresa, Teresa, mira lo que dice éste!”.

Esa fue siempre la base de sus éxitos, su gran capacidad para sorprender al contrario.

Primero sorprendió a la industria del brandy y el vino de Jerez, que menospreció al que consideraban un advenedizo, pero que acabó con su altivo mundo para siempre.

Sorprendió después al recién llegado Felipe González, que le expropió el holding empresarial Rumasa, con su numantina lucha judicial y política, incluidas sus esperpénticas fugas de prisión que tan embarazosas fueron para su Gobierno.

Sorprendió a todos más tarde reconstruyendo su imperio empresarial con las mismas malas artes que empleó al levantar Rumasa, y sorprendió por último a sus más fieles, a los que nunca dudaron de él, quedándose con sus ahorros de toda una vida con falsas promesas de altas rentabilidades.

Mal enemigo y peor pagador, siempre simpático y muy entretenido, con su muerte se cierra uno de los capítulos más disparatados de la Transición española. Pero por muy espectaculares que fueran sus acciones, no vuelvan a dejarse engañar una última vez por él: miles de humildes trabajadores y miles de ahorradores han sufrido, sufren aún, y sufrirán durante años las consecuencias de sus desmanes y tropelías.

Descanse en paz.

José María Ruiz-Mateos, fallecido este lunes a los 84 años en un hospital del Puerto de Santa María (Cádiz), deja tras de sí una dudosísima hoja de servicios, epítome de mucho de lo peor del empresariado español, aunque sí se le pueden reconocer dos virtudes: un excelente olfato para la comunicación y el mérito de haber amenizado como nadie las páginas de Economía de los periódicos con la retahíla de bufonadas que protagonizó durante las décadas de los 80 y los 90. 

“Yo soy un especialista en cierres”, se describía en julio de 1997 el jerezano durante un curso de verano de la Universidad de Cádiz titulado 'La empresa familiar desde la óptica jurídica y empresarial'. Ruiz-Mateos estaba crecido: un mes antes, la Audiencia Nacional le había absuelto, junto a otros cuatro acusados, de los delitos de falsedad y estafa por el 'caso Rumasa', en una sentencia que acreditó una larga serie de irregularidades constitutivas de delito por las que no se le condenó por no haberlo solicitado el fiscal.

Ya fuera como Superman de derribo (aquella célebre imagen en un juzgado en 1992, durante uno de los innumerables procesos judiciales relacionados con la expropiación de Rumasa), atendiendo a los medios en alguna de sus periódicas ( y breves) estancias carcelarias o escapándose, en 1988, por la puerta principal de la Audiencia Nacional con una peluca, unas gafas de sol y una gabardina (y la moto de uno de sus hijos), Ruiz-Mateos pasará a la historia por sus muchas astracanadas y, esto es mucho más serio, por los enormes fiascos empresariales de Rumasa (1983) y, más recientemente, su sucesora, Nueva Rumasa (2011). Dos episodios que deberían figurar en cualquier guía que compendie todo lo que no debe hacer un hombre de negocios.

Y eso que fue un ejemplo a seguir durante años. El jerezano forjó la vieja Rumasa, un auténtico imperio, a partir de una firma vinícola heredada en 1961 de su padre, el exalcalde de Rota (Cádiz) Zoilo Ruiz-Mateos. A golpe de compras (Galerías Preciados, Almacenes Sears, Loewe, la hotelera Hotasa, bodegas en Jerez y La Rioja...), valiéndose de la ingeniería financiera (fue un pionero en la utilización de testaferros, sociedades interpuestas y el uso de paraísos fiscales) y al calor de las amistades que su pertenencia al Opus Dei le brindó en el aparato del régimen franquista.

Pero el 23 de febrero de 1983 llegó el primer mazazo, la expropiación de Rumasa, para “garantizar plenamente los depósitos de los bancos, los puestos de trabajo y los derechos patrimoniales de terceros”, que el Gobierno de Felipe González consideró “gravemente amenazados”. Rumasa fue una gran burbuja que en el momento de su intervención sumaba 14 bancos y cerca de 400 empresas con más de 60.000 empleados. Detrás había un agujero patrimonial de más de 111.000 millones de pesetas, unas pérdidas reales de 9.000 millones de pesetas (los beneficios declarados eran de 5.000 millones), una deuda tributaria y fiscal de unos 20.000 millones y una peligrosa concentración de riesgos entre sus bancos que convertían al grupo en una bomba de relojería.

Un fantasma que aún colea en un edificio de la calle Velázquez de Madrid, donde tiene su sede lo que queda de la Rumasa estatal, propiedad de la Dirección General de Patrimonio. La empresa todavía sigue activa, en buena parte por los más de 1.500 procesos judiciales que siguieron a  la expropiación. En ninguno se ha decretado la multimillonaria indemnización que reclamó durante años Ruiz-Mateos, tal y como refleja la empresa en sus cuentas de 2014.

Entre payasadas como el famoso puñetazo a su némesis, el exministro Miguel Boyer, en los pasillos de un juzgado al grito de “¡Que te pego, leche!”, y su exitosa candidatura a las elecciones Europeas, también en 1989, con las que su partido logró dos escaños y, con ello, la inmunidad judicial, Ruiz-Mateos y su numerosa progenie forjaron en los 90 otro conglomerado empresarial, Nueva Rumasa, al abrigo de empresas como Dhul (entonces segundo fabricante de postres en España) y de nuevo, a golpe de compras, marca de la casa en este maestro de la economía piramidal.

Anécdota o riesgo

“Yo quiero pensar que son más una anécdota que un riesgo”, dijo en septiembre de 1999 el entonces secretario de Estado de Economía y hoy ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando le preguntaron, en una entrevista en La Vanguardia, si Ruiz-Mateos y otros nombres célebres de la España del pelotazo como Jesús Gil o Mario Conde eran “una amenaza”.

Pero el riesgo se concretó: Nueva Rumasa fue ganando tamaño (llegó a tener más de 10.000 empleados y más de 1.500 millones de facturación) hasta que en 2011, en plena crisis financiera, caía con estrépito llevándose consigo los cerca de 140 millones de euros que, pese a las repetidas advertencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aportaron cerca de 5.000 particulares para cubrir pagarés de compañías del holding emitidos entre 2009 y 2010 que, en pleno vendaval económico (cuando bancos y cajas apenas pagaban un 3%), ofrecían rentabilidades cercanas a los dos dígitos.

Una operación por la que un juzgado de lo Mercantil de Madrid ya condenó en febrero pasado a Ruiz-Mateos y a uno de sus hijos, Francisco Javier, a abonar más de 92 millones de euros a los acreedores de la sociedad José María Ruiz Mateos, principal emisor de los pagarés de Nueva Rumasa, tras declarar culpable el concurso de esa sociedad. Es una de las muchas causas judiciales que aún afrontaba el octogenario empresario (se calcula que rondan el medio centenar) y que van a heredar sus hijos.

Los seis varones (Pablo, Alvaro, Alfonso, Javier, Zoilo y José María) están dedicados por entero a administrar lo que queda del patrimonio familiar, mientras las siete hijas (Begoña, Patricia, Socorro, Rocio, Nuria, Paloma y Almudena) permanecen en un discreto segundo plano porque “fueron educadas para ser madres de familia”, como dijo el patriarca en alguna ocasión.

Mientras la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional rastrea el nexo entre la familia y sociedades en el exterior vinculadas a Nueva Rumasa, que en teoría fue vendida en 2012 al liquidador Ángel de Cabo (el mismo que se quedó Marsans, de Gerardo Díaz Ferrán), por lo pronto dos de los hijos de la saga, Álvaro y Javier Ruiz-Mateos, ingresaban en enero de este año en la prisión madrileña de Navalcarnero para cumplir sendas de condenas de dos años y medio de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública y otro de alzamiento de bienes al no haber pagado el fisco por la venta de un hotel en Peñíscola (Castellón).

La sentencia, dictada en 2013, también les condenó a abonar una multa de 1,8 millones por el impago del IVA derivado de la operación de venta, un dinero que se desvió a una cuenta radicada en Suiza a través de una sociedad de la familia radicada en el paraíso fiscal de Belice. Para otros dos hermanos, Pablo y Alfonso, la Fiscalía pide tres años de cárcel y una multa de tres millones de euros por haber defraudado a Hacienda casi 1,4 millones de euros tras no declarar el IVA correspondiente a la venta de las Bodegas Montesquius S.A. La saga continúa.

Despedimos a Ruiz-Mateos, precursor de la corrupción patria en tiempos de democracia. Todo un símbolo de que hay cosas en España que no han cambiado tanto. Y, si no, pasen y vean.

Don José María se va con varias causas pendientes, con tufo de impunidad y habiendo dicho que los jueces eran “mierda”, porque, visto lo visto, era eso lo que le importaban. Y es que Ruiz-Mateos pisó la cárcel (como Bárcenas o Blesa, también Soto del Real), pero sobre todo pasó los años cachondeándose de la justicia, con alto nivel de vida y sin que sepamos dónde está la pasta que amargó la existencia a miles de estafados. ¿Les suena?

Ruiz-Mateos fue un precursor de la ingeniería financiera, los testaferros, las sociedades instrumentales, el fraude, la estafa, los paraísos fiscales... Qué carne más débil la de estos “emprendedores” de misa y comunión diaria, que roban a los pobres para tener su cielo en la tierra y que se llenan la boca de España, pero la bolsa la llenan en otra patria.

En algo más el “emprendedor” de Rumasa fue un adelantado a su tiempo. En que pensemos que nos reímos de ellos, cuando se nos están riendo a la cara. Antes que el abrigo gánster de Bárcenas, el bañador transparente de Rato o el dinero bajo el colchón de los ERE, ahí estaba Superman Ruiz-Mateos, autor del “que te pego leche”, demostrándonos que todo se pega, menos la hermosura. Los shows a las puertas del juzgado parece que bastan, a falta de esos juicios que no llegan, mientras hacemos chanzas.

Estirado como Urdangarin, con gomina a lo Correa, traje impecable como Bárcenas o salvapatrias a lo Pujol. No me dirán que Ruiz-Mateos no dejó escrito el manual. Además, ya los jóvenes del Naranjito aprendimos que había otra abeja que no era Maya y vimos al fundador de Rumasa como un dulce ser, perseguido, vilipendiado. Porque hay, en conclusión, algo en todo esto que es demoledor: también nuestros chorizos tienen sus partidarios. Aunque piquen, aunque repitan. El reincidente Ruiz-Mateos fue defendido a ultranza por muchos, porque era “de los nuestros”. La culpa era de los rojos, que querían acabar con un empresario ejemplar. Igual roba, pero más roban ellos y encima da trabajo. Por eso, conocidas ya sus andanzas, algunos siguieron confiándole los ahorros y llegó a presentarse a las eleciones y consiguió que lo votaran. Tomemos nota. Descanse en paz.