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Blesa, condenado por las tarjetas Black y con otro juicio pendiente

Miguel Blesa, durante una comparecencia en el Congreso.

Marcos Pinheiro

Miguel Blesa, hallado muerto esta mañana en una finca de Córdoba con un disparo en el pecho, había sido condenado a seis años de cárcel por las tarjetas Black de Caja Madrid y tenía otra causa pendiente por los sobresueldos de la entidad, en la que el fiscal pedía que fuese condenado a cuatro años de prisión.

El expresidente de Caja Madrid ha sido hallado muerto en una finca a la que había acudido a cazar con unos amigos. Fuentes policiales apuntan a que se habría suicidado con una escopeta de caza.

Sobre Blesa pesaba una condena de seis años de cárcel por el delito de apropiación indebida en el caso de las tarjetas Black. Según la Audiencia Nacional, él fue el responsable, junto a Ildefonso Sánchez Barcoj, de poner en marcha ese sistema retributivo opaco para los consejeros de Caja Madrid.

A pesar de la condena, Blesa no entró en prisión. El tribunal decidió dejarle en libertad sin medidas cautelares hasta que se resolviese su recurso al Supremo, en contra del criterio del fiscal, y con el argumento de su buena conducta durante las sesiones del juicio.

Además, estaba siendo investigado por la estafa de las preferentes y la Audiencia Nacional había pedido que se abriese una investigación contra él por delito fiscal en relación a una empresa que poseía en las Islas Vírgenes.

Blesa también estaba pendiente de que comenzase el juicio por los sobresueldos de Caja Madrid. La Comisión de Retribuciones de la entidad aconsejó subir los sueldos de los directivos un 4,5%, pero finalmente se lo subieron un 16%. El fiscal pedía una condena de cuatro años de cárcel por un delito de administración desleal que ocasionó un perjuicio de casi 15 millones de euros.

El expresidente de Caja Madrid ya había pisado en dos ocasiones la cárcel de Soto del Real por el caso de la venta del Banco Florida, un proceso que acabó con la inhabilitación del juez que le mandó a prisión, Elpidio Silva. Fue acusado de autorizar la compra por 927 millones de dólares de una entidad en quiebra, pero la causa fue anulada.

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