La histórica manifestación de Llíria contra la planta de biogás pone al ayuntamiento en un complejo dilema

Ni el frío cortante ni la amenaza de lluvia lograron disuadir a los vecinos del Camp de Túria, que han vuelto a convertir las calles de Llíria en el escenario de una rebelión ciudadana. Bajo el lema 'No seremos el vertedero de nadie', la movilización ha evidenciado una oposición social profunda ante el proyecto de construcción de una macroplanta de biometano en el término municipal. La protesta, respaldada por colectivos como la Asociación Camp de Túria y Serranía y diversas plataformas en defensa del mundo rural, no solo apunta a la empresa promotora, sino que lanza un mensaje directo a las administraciones: el territorio rechaza un modelo que consideran una condena para la salud pública y el equilibrio medioambiental de la comarca.

El proyecto no es nuevo, pero su recorrido histórico explica la tensión actual. La iniciativa comenzó a gestarse hace años bajo la premisa de la economía circular, proponiendo una instalación capaz de procesar toneladas de residuos orgánicos, desde purines hasta lodos de depuradora y cadáveres de animales, para generar gas. Sin embargo, lo que se presentó como una solución verde ha terminado siendo percibido como una amenaza industrial de dimensiones desproporcionadas. A lo largo de su tramitación, el proyecto ha logrado superar los principales filtros burocráticos de la Generalitat Valenciana, obteniendo en 2024 la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la Declaración de Interés Comunitario (DIC), y la Autorización Ambiental Integrada (AAI), documentos que en teoría certifican su viabilidad técnica pero que no han servido para calmar los ánimos en la zona.

Desde el punto de vista técnico y medioambiental, los opositores cuentan con el respaldo de voces expertas que cuestionan el impacto real de la tecnología de biogás a gran escala. La principal denuncia radica en que la planta no se limitará a gestionar los residuos generados en el Camp de Túria, sino que atraerá camiones cargados de desechos procedentes de otras zonas, rompiendo el principio de proximidad y sostenibilidad. Expertos consultados por las asociaciones advierten del riesgo de contaminación de los acuíferos locales y de la dispersión de metales pesados y gases en el aire, lo que según el manifiesto leído durante la protesta, convertiría a la comarca en una “zona de sacrificio sin retorno”.

La situación política es igualmente compleja y ha derivado en un frente común de ayuntamientos. El alcalde de la población de poco más de 3.000 habitantes de Casinos, Miguel Navarré (Compromís), se ha convertido en una de las voces más críticas, denunciando que el proceso de autorización ambiental de 2024 ignoró por completo a su municipio y al de Domeño (poco más de 700 vecinos), a pesar de que sus núcleos urbanos son los más expuestos por proximidad geográfica a la planta. Ante lo que consideran un “defecto de forma” flagrante, Casinos ha contratado a abogados especializados para pedir la nulidad del proyecto ante la Comisión Territorial de Urbanismo. La advertencia de Navarré es clara: “si se pone la primera piedra de la planta lo llevaremos a la Fiscalía”.

Por su parte, el gobierno local de Llíria, encabezado por Paco Gorrea (PSPV) desde el pasado mes de julio, se mueve en un difícil equilibrio institucional. Aunque el ayuntamiento es el encargado de conceder la licencia de obras tras los informes favorables de la Generalitat, Gorrea ha admitido que la dimensión de la preocupación ciudadana les obliga a revaluar su posición. El alcalde señala de este modo que la principal fuerza para parar este proyecto radica en la Generalitat.

El consistorio ha encargado un informe externo para fiscalizar la viabilidad del proyecto y busca ahora abrir una vía de negociación con la administración autonómica para minimizar los efectos de la planta. Mientras tanto, la ciudadanía ya ha anunciado que la lucha no terminará en Llíria; la próxima gran movilización se trasladará a València, uniendo fuerzas con otras comarcas que ven en estas macroplantas un modelo impuesto que hipoteca el futuro del entorno rural.

Características técnicas

La instalación, según los datos de la propia empresa, prevé una inversión de unos 30 millones de euros y la generación de 92 Gw/h de energía, con capacidad para abastecer a unos 8.500 hogares, gracias al biometano producido a partir de residuos orgánicos agrícolas y ganaderos, lo que, según el consistorio, permitirá reducir emisiones (calculan 37.784 toneladas menos de CO2), fomentar la economía circular y avanzar hacia la descarbonización.

No obstante la asociación contraria al proyecto recuerdan que mientras en los primeros comunicados se hablaba de 90.000 toneladas de residuos anuales, las cifras actuales alcanzan las 162.800 toneladas según la empresa promotora, pero además la Declaración de Impacto Ambiental lo eleva hasta superar las 190.000 toneladas, más del doble de lo previsto. Para la asociación, esto implica que la instalación necesitaría importar residuos de otras zonas, con un notable incremento de