VPO para veranear en la playa: la promoción de vivienda protegida señalada en Sant Joan se anunciaba para segunda residencia

Un apartamento en la playa a mejor precio gracias a las ayudas públicas para la vivienda. Este era el chollo que anunciaba la promotora de viviendas de VPO en el sector Nou Nazareth de Sant Joan d'Alacant. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, ya mantenía bajo investigación esta promoción debido a diversas anomalías detectadas en el proceso de comercialización, un escenario que el PSPV atribuye a la dejadez de funciones del gobierno local encabezado por Santiago román.

Los socialistas denuncian que se ha permitido una gestión opaca en un suelo de titularidad pública, lo que recuerda inevitablemente al reciente escándalo de las VPO en Alicante capital, donde el PP también se vio salpicado por irregularidades en la adjudicación y el control de inmuebles protegidos.

La polémica ha cobrado fuerza tras difundirse la publicidad de la promotora adjudicataria, Promored, que en su portal web invitaba a adquirir estos inmuebles como destino vacacional. El anuncio especificaba textualmente que la promoción resulta “excelente tanto para residir todo el año como para una segunda vivienda: más luz, más aire libre y el mar cerca”. Esta oferta choca frontalmente con la legislación vigente, que prohíbe taxativamente el uso de viviendas de protección pública como segunda residencia, ya que su fin social es garantizar el derecho a un hogar habitual y permanente para personas con recursos limitados.

El origen del conflicto radica en la vulneración de los principios de transparencia y concurrencia competitiva que deben regir cualquier adjudicación de suelo público. Según las denuncias del PSPV, la mercantil habría estado captando clientes y solicitando adelantos económicos de 1.750 euros en concepto de reserva para unas viviendas que todavía no contaban con la calificación provisional obligatoria ni con el contrato de venta del suelo formalizado. Esta práctica no solo supone un riesgo financiero para los solicitantes, sino que evidencia una falta de tutela administrativa por parte del consistorio, que habría permitido que una empresa privada gestionara a su arbitrio un recurso público destinado a las familias más vulnerables del municipio.

Asimismo, las sospechas sobre el proceso de selección de los beneficiarios han aumentado tras conocerse registros de entrada en el Ayuntamiento que alertan sobre adjudicaciones presuntamente arbitrarias. El PSPV ha destacado casos de ciudadanos que consiguieron una vivienda de tres dormitorios de forma casi inmediata tras presentar una queja formal, mientras cientos de inscritos que mostraron interés meses antes de la adjudicación de la parcela fueron ignorados por la comercializadora. Esta gestión discrecional de las listas de espera, sumada al silencio de la concejala de Vivienda, Charo Tomás, ha llevado a los socialistas a exigir una comisión de investigación urgente y a advertir con elevar el expediente a la Fiscalía si no se depuran responsabilidades políticas ante lo que califican como un fraude al interés general.