La multa del Ayuntamiento de València a Boluda por construir su torre de oficinas sin licencia, paralizada 9 meses después

Más de un año después de paralizar las obras de su nueva torre de oficinas de 13 plantas por carecer de la preceptiva licencia, el Ayuntamiento de València aún no ha remitido al naviero y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, la correspondiente propuesta de sanción.

Como informó elDiario.es, la multa podría ser doble: una por infracción leve al comenzar los trabajos sin los pertinentes permisos municipales y otra por infracción grave por afectar las obras a un edificio catalogado.

Sobre la eventual infracción leve, una resolución del 14 de agosto del pasado año solicita informe “sobre el valor de la obra ejecutada, y ello a los efectos de poder cuantificar la cuantía de la sanción de multa que por la comisión de la infracción corresponda imponer”, dice la resolución municipal a la que tuvo acceso este diario.

En cuanto a la infracción grave, añade: “Como quiera que las obras que se están llevando a cabo afectan a un edificio catalogado, los hechos serían susceptibles de ser calificados como una infracción grave tipificada en el art. 283 LOTUP, se informará sobre la existencia de demolición, destrucción o deformación, en cualquier otra forma, total o parcialmente, de construcciones, edificios y otros inmuebles objeto de protección especial por el planeamiento urbanístico por su carácter monumental, histórico, artístico, arqueológico, cultural, típico o tradicional (...) informando asimismo, a efectos de cuantificar la sanción por la comisión de esta infracción, sobre el valor del suelo y sobre el valor de la obra ejecutada que se corresponda con la descripción del tipo infractor del apartado 2 del art. 283”.

Sobre este segundo aspecto, Boluda Corporación Marítima S. L. remitió recientemente ante la Delegación Municipal de Licencias un informe de 23 páginas firmado por un arquitecto con el que pretende acreditar la ausencia de valor patrimonial del inmueble por la gran cantidad de modificaciones que ha sufrido a lo largo de su historia: “El edificio en cuestión es un pretendido falso histórico con solo 19 años de antigüedad que incumple con lo establecido en la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) para ser catalogado”, afirma, entre otras cosas.

El concejal de Compromís, Ferran Puchades, preguntó el pasado mes de mayo a los concejales de Urbanismo y Licencias, Juan Giner, y al responsable de Procedimiento Sancionador, José Marí Olano, por la situación de parálisis del expediente. Mientras Giner se remitió a la orden de paralización de las obras de abril del pasado año, Olano fue más explícito: “En relación con la pregunta formulada, se informa que el expediente objeto de la misma se encuentra pendiente de recibir informe del servicio gestor, siendo dicho informe necesario e imprescindible para proceder a la tipificación y calificación de la posible infracción cometida y, por tanto, para proceder a elevar el correspondiente acuerdo de incoación de expediente sancionador. La mencionada petición de informe data del pasado 1 de septiembre de 2025, habiéndose procedido a reiterar la misma”. Por lo tanto, hace nueve meses de la petición del mencionado informe.

Al respecto, Puchades ha denunciado que el Ayuntamiento que dirige la alcaldesa María José Catalá mantiene en un cajón el expediente que investiga la posible comisión de dos infracciones urbanísticas en el proyecto de construcción de la torre de oficinas de 13 plantas del naviero Vicente Boluda, quien, como la alcaldesa, es consejero de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), a cuyas reuniones también asiste Olano en calidad de invitado.

Desde el pasado mes de septiembre de 2025, fecha en que desde el Servicio de Procedimiento Sancionador se requirió al Servicio de Licencias Urbanísticas un informe para determinar si concurrían las causas necesarias para iniciar un expediente sancionador, Marí Olano, responsable de la Concejalía de Control Administrativo, “no ha vuelto a mover un papel, ni para recordarle al concejal Giner la obligación que tiene de emitir ese informe, ni para avanzar en otras vías para que el expediente pueda continuar su curso”.

Según Puchades, “esta actitud pasiva de Marí Olano coincide con su actitud activa en los consejos de administración de la Autoridad Portuaria de València (APV), a los que ha asistido como experto acompañante de la alcaldesa, en los que siempre se ha posicionado junto a los intereses del Puerto de València en detrimento de los intereses generales de la ciudad”.

En este sentido, el edil de Compromís critica que “resulta difícil deslindar hasta dónde llega la indolencia, la negligencia o el papel colaborador con agentes privados muy poderosos del Puerto de València y que se podrían ver afectados por una actitud proactiva del Ayuntamiento en la investigación de las posibles infracciones”.

En definitiva, sostiene Puchades, “la actitud del Gobierno municipal, a través del concejal Marí Olano, que no impulsa el expediente sancionador, y del concejal de Urbanismo, Juan Giner, que desde julio de 2025 no ha emitido el informe necesario para determinar el alcance de las presuntas infracciones, denota una firme y persistente pasividad en la defensa de los intereses de la ciudad y un trato que finalmente podría favorecer el interés privado del señor Boluda y sus intereses comerciales”.