No han pasado seis horas desde el peor atentado terrorista en la historia de España con 192 muertos y cerca de 2.000 heridos cuando el ministro de Interior concede su primera rueda de prensa. El rostro de Ángel Acebes no refleja ninguna emoción. El gesto imperturbable es habitual en él, lo que es aun más entendible en las dramáticas circunstancias que se están viviendo. Es la una y media de la tarde del 11 de marzo de 2004. Aún se está trabajando en el interior de los trenes que han saltado por los aires. Las fuerzas de seguridad acaban de iniciar una investigación que se presume larga, aunque luego se acelerará de forma inesperada.

Acebes tiene muy claro cuál debe ser su mensaje desde el primer momento. No va a esperar a las preguntas de los periodistas. Los reporteros querrán saber sobre pistas, indicios o hipótesis. Probablemente van a querer saber más de lo que un ministro puede revelar en esos instantes. Acebes no tiene ninguna intención de refugiarse en la necesidad del secreto, en la idea de dejar trabajar a la policía. La primera palabra que pronuncia es “ETA”. La frase completa: “ETA buscaba una masacre en España”.

Acaba de comenzar una de las operaciones de desinformación más evidentes realizadas desde la cúpula del poder en España después del regreso de la democracia. El objetivo es convertir una hipótesis discutible sobre la autoría del atentado en una certeza que beneficie al Partido Popular tres días después en las elecciones del 14 de marzo. Es imprescindible que los votantes no relacionen la matanza con las decisiones de política exterior del Gobierno de José María Aznar y su apoyo a la invasión de Irak. Algunos dirigentes del PP son conscientes de que lo que hagan en las primeras 24 horas será decisivo.

Acebes cita precedentes de operaciones policiales que han conseguido frustrar atentados de ETA en los que se iban a emplear grandes cantidades de explosivos. Para reforzar su versión, empieza a mentir: “En estos momentos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Ministerio de Interior no tienen ninguna duda de que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA”.

Mandos policiales saben que existe como mínimo la posibilidad de que se trate de un atentado de origen yihadista. Antes de la rueda de prensa, se ha encontrado una furgoneta robada en Alcalá de Henares que contiene indicios que no apuntan a ETA.

El ministro se apresura a estrechar al máximo los límites de la crítica con el aviso de que sólo los partidarios de la organización terrorista se atreverán a cuestionar su versión. “También estamos asistiendo a un proceso de intoxicación que ha iniciado el señor Otegi de manera miserable para desviar la atención”. Arnaldo Otegi ha dicho que “la izquierda abertzale no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás” de la explosión. La advertencia de Acebes condiciona los términos del debate. Nadie querrá ponerse en público del lado del líder de Batasuna frente al Gobierno de España.

Aznar no ha esperado a que su ministro hable a los medios antes de ponerse en marcha. Dos horas antes, ha reunido a un gabinete de crisis en el que sorprendentemente no está el director del CNI. A efectos del mensaje, es más importante lo que hace poco antes de la rueda de prensa. Comienza a llamar a directores de periódicos para decirles que no hay ninguna duda. Ha sido ETA y conviene que así aparezca en sus diarios, que están a punto de sacar ediciones especiales.

Unos días más tarde, Antonio Franco, director de El Periódico, describe la conversación a este periodista: “Y lo que me dijo textualmente fue: no te equivoques, Antonio, no hay la menor duda, es ETA. Me dijo: por lo que ya sabemos, por los antecedentes, por la información previa que tenemos de ETA, sabemos que no hay la menor duda”.

Otro de los interlocutores de Aznar –José Antonio Zarzalejos, director de ABC– describe la llamada en términos más fríos sin dar a entender que le hiciera cambiar de opinión: “Mi experiencia en ese sentido es que yo no me sentí ni presionado ni no presionado. Me sentí depositario de la comunicación de un criterio, que lógicamente tiene que ser solvente a mi juicio, del presidente del Gobierno”.

Aznar también llama al director de El País, medio con el que no mantiene buenas relaciones. Ahí existe la constancia de que la presión surte efecto. El titular previsto “Matanza terrorista en Madrid” pasa a ser “Matanza de ETA en Madrid”. Jesús Ceberio no ha dejado de lamentarlo desde entonces. “El Gobierno de Aznar miente desde el primer minuto”, ha dicho en una entrevista en elDiario.es. “La conclusión que establecieron desde el primer momento los estrategas políticos del PP es que un atentado de ETA les favorecía frente a la hipótesis contraria”.

Lo que Ceberio comenta veinte años más tarde –que temían que los votantes establecieran una conexión entre el atentado y el apoyo de Aznar a la invasión de Irak– es exactamente lo que está pasando por la cabeza de los dirigentes del PP. José Manuel García Margallo lo confirma en un libro de memorias publicado en 2020. “Cuando al rato entraron Pedro Arriola y Paco Villar, les pregunté: 'Pero, ¿sabemos quién ha sido?'. 'Todavía no –me respondieron–. Si ha sido ETA nos salimos del mapa, pero si han sido los yihadistas, nos vamos a casa'”.

Arriola es el principal asesor electoral del PP. A esa hora, todos los que hacen o encargan encuestas saben que pueden tirar a la papelera las que ya conocen. El impacto emocional de la matanza hace que la reacción del electorado sea imprevisible. De todas formas, los dirigentes del PP sí son conscientes de las consecuencias que pueden producirse.

En otro libro, el periodista de El Mundo Casimiro García Abadillo cita otra conversación en la que participa el sociólogo, esta con Eduardo Zaplana, al que traslada un mensaje similar: “Pues mira: yo creo que si se confirma la autoría de ETA, el PP va a barrer, pero si al final los atentados los han cometido los terroristas islámicos, entonces gana el PSOE”.

Es obvio que Arriola comparte sus impresiones con Aznar. El presidente también interviene en una rueda de prensa el mismo día del atentado a las 14.00. No menciona directamente a ETA, pero algunas de sus frases sólo pueden referirse a ese grupo: “Han matado a muchas personas por el mero hecho de ser españoles. Todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta”.

La primera pista que desmiente al Gobierno

La furgoneta descubierta en Alcalá por la mañana contiene siete detonadores que no son los habituales en ETA y una cinta casete con versículos coránicos. La policía encuentra un pequeño resto de explosivos que no es Titadine, el tipo empleado por ETA desde hace muchos años. El tipo de detonador permite identificar al fabricante, que cuenta a la policía que se ha vendido en varias minas de Asturias.

Es el primer giro de los acontecimientos que no espera el Gobierno. A media tarde, los policías expertos en ETA en la Brigada de Información reciben una orden, según Informativos Telecinco. Dejen lo que están haciendo y ayuden a los policías expertos en terrorismo yihadista. La cúpula policial ya está volcada sobre la pista yihadista en la tarde del día 11 y así se lo comunica al Gobierno.

A las 17.28, la ministra de Exteriores, Ana Palacio, envía una orden a todos los embajadores españoles. Comunica a cada uno de ellos que debe “aprovechar aquellas ocasiones que se le presenten para confirmar la autoría de ETA de estos brutales atentados, ayudando así a disipar cualquier tipo de duda que ciertas partes interesadas puedan querer hacer surgir”. 

Una funcionaria de Moncloa llama a decenas de corresponsales extranjeros para insistir en la misma autoría. “Nos dio tres razones”, dice ese mismo día uno de los periodistas. “La primera, que nadie había reivindicado y ETA tarda varios días en hacerlo. La segunda, que el explosivo era el habitualmente utilizado por ETA. Era falso. La tercera, que ETA no avisa nunca antes de los atentados”. Varios de esos corresponsales lo consideran un intento tosco de manipulación: “Es un hecho serio. No es corriente en otros países ni en una democracia normal. Personalmente, no tengo palabras. Fue un intento de manipular nuestro trabajo y resulta inadmisible”, opina el corresponsal de la radio pública holandesa.

Ante cualquier hipótesis sobre el atentado, la intervención del CNI debería haber sido esencial. El Gobierno decide mantenerlo al margen. Su director, Jorge Dezcallar, lo cuenta en 2015 en un libro de memorias: “Yo hablé esos días tres veces con el presidente: el primer día, le dije que con los datos que tenía pensaba que había sido ETA, como todo el mundo pensó aquella mañana. El día 12, le dije que no me preguntara a mí porque estaba fuera de juego, que toda la investigación la estaba llevando Interior en torno a las pistas de la mochila y la furgoneta, y que a mí no me dejaban meter baza. Y el tercer día le dije: 'Mira, presidente, esto huele a islamista que apesta'”.

Acebes habla de la furgoneta en otra rueda de prensa después de las ocho de la tarde. A pesar de que la policía ya le ha informado de sus primeros pasos, el ministro insiste en la versión que él cree que puede beneficiar al PP. “La principal línea de investigación es la de la banda terrorista ETA, y cuando aparecen estos datos (por lo hallado en la furgoneta), lo único que tenemos que hacer de manera responsable y seria es iniciar otra línea de investigación”. Es algo que la policía hará sin necesidad de esperar el permiso del ministro. Sobre el resto de explosivo, dice que “es dinamita, pero la habitual en los atentados de ETA”. Otro dato falso.

Aznar realiza una segunda ronda de llamadas a directores de periódicos. Antonio Franco desconfía más del presidente que por la mañana y así lo cuenta a sus periodistas. “La verdad es que la palabra que yo utilicé aquella noche a las doce y media o una de la madrugada en mi redacción, cuando lo comenté con mis compañeros, es que me sentía desinformado por parte del Gobierno”, explica.

Una prueba de un valor incalculable

De madrugada, en torno a las dos de la mañana, se producirá el hecho que lo alterará todo, el que realmente cambiará la historia de España. En la comisaría de Vallecas a la que se han llevado los objetos hallados en los trenes para su investigación aparece una mochila que contiene un explosivo que no ha estallado. En vez de provocar su detonación en un lugar seguro, un policía desactiva la bomba para poder acceder a todos sus componentes. Quien lo hace no es un agente cualquiera, sino uno de los mejores tedax de España, con doce años de experiencia en desactivación de explosivos.

En una entrevista en 2006, explica que era muy consciente del riesgo que estaba asumiendo –“no todas las bombas se pueden desactivar, no es una ciencia exacta”–, pero también de algo más: “Sabía de la importancia capital de lo que contenía esa bolsa, de lo que nos podía aportar conocer los componentes del artefacto. Sabía que nos iba a dar mucha información. Por eso arriesgué mi vida”.

Los policías saben que tienen delante una prueba de un valor incalculable. Los españoles lo descubrirán el sábado. Pero el Ministerio del Interior ya sabe desde esa madrugada qué tipo de explosivo se utilizó en los trenes. Como cuenta el tedax en esa entrevista, las dos partidas de dinamita marca Titadine que ETA había robado en Francia eran de color rojo y naranja. El explosivo que contiene la mochila es de color beige, el que será identificado como tipo goma, marca Goma 2 Eco.

El viernes 12 de marzo, la oposición y varios medios de comunicación tienen algo más que dudas razonables. José Luis Rodríguez Zapatero y el lehendakari Juan José Ibarretxe habían apuntado a ETA a primera hora del jueves sin tener ninguna información. Al día siguiente, todo empieza a ser distinto. “Yo sé que muchos ciudadanos quieren tener acceso a los datos cuanto antes”, dice ahora Zapatero.

Tras el último Consejo de Ministros antes de las elecciones, Aznar dice a los periodistas que no quiere jugar “a las quinielas” sobre la autoría del atentado, pero justifica la conducta de su ministro de Interior: “¿Es que alguien piensa que un Gobierno con dos dedos de frente en España después de treinta años de terrorismo ante un atentado como el de ayer no tiene que pensar que razonablemente puede ser esa banda la autora?”.

Las informaciones sobre el contenido de la mochila suponen el viernes otro fuerte revés para la versión del Gobierno. Diez kilos de explosivo Goma 2 con un detonador de cobre de origen español. Los detonadores que usa ETA suelen ser de aluminio. No utiliza Goma 2 desde hace quince años. La detonación debería haberse producido al activarse la alarma del móvil, otro método que no es habitual en ETA.

Acebes vuelve a comparecer a las 18.20 y ni se inmuta al dar la noticia que conoce desde muchas horas antes. Ya está totalmente encadenado a su discurso. De forma robótica, repite lo mismo. A preguntas de un periodista que inquiere si continúan centrados en ETA, responde: “Sí, sigue siendo la primera línea de investigación”. Es como si todo el escenario que se ha levantado se viniera abajo en el instante en que Acebes admitiera la realidad.

El día se cierra con manifestaciones en toda España contra la masacre terrorista. Los medios informan de que once millones de personas han salido a la calle. En Madrid, el príncipe Felipe acompaña en la cabecera a los líderes del Gobierno y de la oposición. Zapatero había llamado el día anterior a Rajoy para pedir que se convocara el pacto antiterrorista. Rajoy lo consulta con Aznar y el presidente se niega.

El lema lo ha escogido el Gobierno sin dejar intervenir a la oposición: “Con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo”. La inclusión de la Constitución es otro recurso para enfocar la acusación en ETA. En varias concentraciones, se escucha una proclama: “¡Quién ha sido!”.

El sábado 13 de marzo, jornada de reflexión, se publica en El Mundo una entrevista con el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno. Hay tantas cosas sin precedentes esos días que una más tampoco resulta tan llamativa. Lo que sí es inaudito es el titular: “Mariano Rajoy: 'Tengo la convicción moral de que fue ETA'”. Al menos, es un argumento que no podía rebatir ningún policía. Cuando todas las pruebas se te vienen encima, siempre queda el recurso de apelar a los sentimientos, como si eso pudiera borrar lo sucedido en las 48 horas anteriores. En realidad, fuentes del PP contaron días después que Rajoy sabía a primera hora de la tarde del sábado que estaba a punto de perder las elecciones.

Acebes aún tiene tiempo de hundirse aún más. A las 14.30, insiste con su credibilidad desmoronándose en todas las redacciones. “A ningún español le puede sorprender que la primera pista sea ETA”. Otra manera de afirmar que todos los españoles deben pensar como él. Al final, siempre vuelve a salir la mentira: “Ningún miembro de las fuerzas de seguridad me ha dicho que la alternativa no sea ETA”. Los periodistas con fuentes policiales están recibiendo mensajes muy diferentes. También los dirigentes del PSOE a los que informan en secreto mandos policiales.

Poco antes de las ocho de la tarde, todas las esperanzas del PP se derrumban con estrépito. La tarjeta del móvil conectado a la bomba lleva a la policía a una tienda del barrio madrileño de Lavapiés. A esa hora se anuncian cinco detenciones, las de tres marroquíes y dos indios, en una noticia adelantada por la Cadena SER. Acebes está condenado a seguir apareciendo ante los medios. “Esto abre una importante línea de investigación”, acierta a decir sin fuerzas para negar la evidencia.

En ese momento del sábado, Moncloa aún intenta que el CNI colabore en la desinformación y ordena a Jorge Dezcallar que desmienta en público una información de la Cadena SER. “Esto sí fue intolerable e indecente. Timermans (secretario de Estado de Comunicación) me llamó seis veces de parte del presidente para que saliera en televisión y dijera que seguíamos trabajando en la pista de ETA, cuando ellos ya sabían que se había detenido a esta gente”, dice el director del servicio de inteligencia. Termina publicando un comunicado que no es el que demanda Aznar, porque, según él, “no gustó a nadie, ni a Gobierno ni a oposición”.

Miles de personas se concentran ante las sedes del PP en protesta por la actitud del Gobierno. A los teléfonos móviles de muchísimas personas, llegan mensajes sin firmar llamando a concentrarse frente a las sedes del PP con el texto: “¿Aznar de rositas? ¿Lo llaman jornada de reflexión y Urdaci (director de informativos de TVE) trabajando? Hoy 13M, a las 18h. Sede PP, C/ Génova 13. Sin partidos. Silencio por la verdad. ¡Pásalo!”.

Desde Telefónica Móviles, se envían ese día un millón más de mensajes SMS de lo habitual, casi todos entre las siete de la tarde y las nueve de la noche.

Su número crece cuando aparece la noticia de las detenciones hasta que se cuentan por miles frente a la sede de la calle Génova. Rajoy comparece ante los medios para denunciar “estas presiones intolerables”, porque se hacen “con el objetivo de influir y coaccionar al electorado”. Moncloa realiza llamadas a las televisiones a las que quiere convencer de que retransmitan en directo sus palabras.

Su intervención da al PSOE la oportunidad de anunciar en público lo que está diciendo en privado. Es entonces cuando Alfredo Pérez Rubalcaba pronuncia la frase que será recordada durante mucho tiempo: “Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta”.

Esa noche hay una última oportunidad para el juego sucio. TVE emite el documental 'Asesinato en febrero', estrenado tres años antes, sobre el asesinato de Fernando Buesa y su escolta Jorge Díaz por una bomba de ETA. Telemadrid lo había dado la noche anterior. La Fundación Fernando Buesa protesta al día siguiente con un comunicado contra la manipulación de la figura del vicelehendakari: “No podemos callar cuando se pretende de forma artera que la verdad se convierta en otra víctima más de esta barbarie y, menos aún, cuando se trata de utilizar la memoria de dos víctimas del terrorismo con fines electorales”.

Antes de que muchos españoles se vayan a dormir, a las doce y media de la noche, Acebes vuelve a comparecer para informar de la reivindicación del atentado por Al Qaeda en forma de una cinta de vídeo depositada en Madrid entre la mezquita de la M-30 y el tanatorio cercano. La policía ha recibido la notificación cinco horas antes a través de una llamada telefónica hecha a Telemadrid sobre el lugar en que se ha dejado la cinta. Quien aparece en el mensaje es un varón que habla en árabe con acento marroquí, dice Acebes.

El día de las elecciones, los medios ofrecen testimonios de votantes que no olvidan lo que ha ocurrido desde el jueves. Algunos dicen incluso que el atentado ha hecho que sea aún más importante acudir a las urnas. La participación aumenta hasta el 75,6%, casi siete puntos más que en las anteriores elecciones. El PSOE obtiene el 42,5% de los votos y 164 escaños. El PP cae hasta el 37,7% y 148 escaños, 35 menos que cuatro años atrás.

“Han hablado los españoles y han dicho que quieren un Gobierno de cambio”, dice esa noche el futuro presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Rajoy admite su derrota con Aznar al lado: “La participación del pueblo español ha sido democráticamente elocuente”.

A las 23.30, el escrutinio no deja lugar a dudas y TVE pone fin a su programa especial sobre las elecciones para ofrecer la película 'Un mundo perfecto'.

No es el final de la historia. Sólo pasan unas semanas desde la fecha de las elecciones para que algunos medios de comunicación de la derecha empiecen a cuestionar lo que ocurrió esos días. No para preguntarse por qué el Gobierno de Aznar mantuvo hasta el final la hipótesis de ETA, sino para dudar de la investigación policial.

Antes, el 3 de abril, la policía ha encontrado a los miembros del comando en un piso de Leganés. Los terroristas activan los explosivos en su poder y matan al policía de los GEO Francisco Javier Torronteras. Siete de ellos perecen en la explosión, entre ellos Serhane Ben Abdelmajid Fakhet, alias 'El Tunecino', y Jamal Ahmidan, alias 'El Chino', a los que pronto se considerará los jefes del comando.

El comienzo del bulo de los agujeros negros

La teoría de la conspiración del 11M comienza el domingo 18 de abril con un largo artículo de cinco páginas en El Mundo y el titular 'Los agujeros negros del 11-M'. Es una vuelta al comienzo con el objetivo de dar coherencia a la pista de ETA y exculpar a Aznar de su responsabilidad por los mensajes falsos que pusieron en circulación pocas horas después del atentado.

Se inicia con la invención de que la policía preparaba una redada para detener a toda la cúpula de ETA en Francia en la noche del 12 de marzo, justo antes de la jornada de reflexión. Se presenta literalmente como un regalo a Aznar: “Al presidente le tienen preparado un regalo de fin de curso”. Le servirá como “última catapulta electoral para arrasar en los comicios”.

Pero la intención última no es esa, sino vender una gran conspiración en la que policías cercanos al PSOE tendieron una trampa al Gobierno precisamente para hacerle creer que había sido ETA. Son descritos como “un grupo de mandos policiales y algunos agentes del CNI, de la cuerda más dura y leal al partido socialista”, que serán los que supuestamente “controlarán” la investigación, y no la cúpula policial nombrada por el PP durante sus ocho años de Gobierno. No se explica cómo pudieron subvertir el funcionamiento de la cadena de mando policial.

Un ejemplo obvio de las falsedades del artículo tiene que ver con la identificación del explosivo. La tesis que se pone en circulación es que se trata de Titadine para confundir al Gobierno. “El error al transmitir el informe sólo puede ser intencionado”, dice el artículo. “Ningún experto policial, y menos los especialistas en desactivación de explosivos, podrían confundir Titadine con Goma 2. Los olores que provocan ambas sustancias son tan diferentes como un plátano y una pera”.

Tanto Titadine como Goma 2 son tipos de dinamita. Como explicó tiempo después el tedax que desactivó la bomba que no explotó, no hay diferencias en su olor. Le preguntan si el Titadine y la Goma 2 tienen un olor parecido. “Sí, sin duda, es el mismo. Distinguir entre Titadine, Goma 2 o la Gelamonit portuguesa es imposible hasta que no se analiza”, responde. “Porque los componentes son los mismos. Lo que da la analítica son datos específicos de sustancias que componen el explosivo”.

El artículo del 18 de abril carece de coherencia interna en muchos aspectos. Se presenta como una trampa al Gobierno para que pique en el anzuelo de ETA, pero luego se duda de la pista islámica. Es muy revelador que desde el primer momento El Mundo intente exculpar a Jamal Zougam, detenido el 13 de marzo, y a José Emilio Suárez Trashorras, el exminero que será condenado por vender la dinamita a los terroristas. Ambos tendrán una presencia relevante en futuras portadas de El Mundo.

A partir de ahí, El Mundo y la COPE insisten en que se debe investigar hasta el final, que es precisamente lo que está haciendo en esos momentos la Audiencia Nacional. Quienes llevan la iniciativa son Pedro J. Ramírez, director del periódico, y Federico Jiménez Losantos, presentador estrella de la COPE. Su misión es cuestionar las principales pruebas que aparecen en la instrucción del caso.

La mecánica se repite. El Mundo publica un artículo que es comentado hasta la saciedad en las tertulias de la COPE, donde Ramírez juega un papel protagonista. El Partido Popular toma nota de todo lo que lee y escucha para montar sin pruebas una nueva versión sobre el atentado que incluye la colaboración de ETA y los yihadistas.

Mariano Rajoy no tarda mucho tiempo en unirse a la conspiración. En octubre en el Foro de El Mundo, afirma que no se cree que los detenidos del 11M organizaran el atentado: “Lo que me dice tanto el sentido común como mi experiencia como exministro del Interior es que es metafísicamente imposible que los señores a los que se detuvo hubieran podido cometer el atentado sin que hubiera alguien detrás”. Metafísicamente imposible. El Mundo cierra el círculo abriendo su portada del día siguiente con el titular de la intervención de Rajoy.

El momento culminante es la aparición de José María Aznar en noviembre en la comisión de investigación del Congreso. No se espera autocrítica del expresidente, pero llama la atención que se reafirme en las mismas ideas que hicieron que su partido perdiera las elecciones: “No soy el único que piensa que ETA tuvo algo que ver”. Su frase más recordada sobre los responsables del atentado, los que eligieron el día de la matanza, es: “No creo que anden en desiertos muy remotos ni en montañas muy lejanas”.

El PP apuesta por completo por esa trama etarra-yihadista, la única manera de defender a Aznar sin negar que los autores podrían ser marroquíes. El objetivo final es crear confusión, desprestigiar la investigación judicial y sugerir que la llegada del PSOE al poder en 2004 no es legítima al haberse conseguido gracias a un baño de sangre.

Pedro J. Ramírez es su socio más fiable. Siempre con la intención de defender la reputación de Aznar, todavía escribe en 2007 que “cada día cobra más cuerpo la idea de que ETA aportó asistencia logística a los autores de la masacre”.

El PP respalda la campaña desde el Congreso

Es el inicio de la etapa de la crispación que dominará toda la legislatura y culminará en las elecciones de 2008, presentadas por el PP como una revancha por lo ocurrido cuatro años atrás. Pero antes se trata de aprovechar cada artículo de El Mundo como munición contra el Gobierno de Zapatero. El PP presenta en el Congreso más de 400 preguntas parlamentarias para interrogar al Gobierno sobre asuntos de la investigación, en muchos casos con la intención velada de vincular a ETA con el atentado.

Hay artículos hilarantes, aunque el tema no sea nada divertido. Se publica que dentro la furgoneta Kangoo descubierta el mismo 11 de marzo hay una tarjeta de la Corporación Mondragón, el grupo vasco de cooperativas. “Alrededor de 40 agentes escucharon esa información que apuntaba a ETA”, dijo El Mundo. En realidad, es un trozo de papel con el membrete de la imprenta madrileña Gráficas Bilbainas que el dueño de la furgoneta robada utilizaba para dejarla en el salpicadero cuando aparcaba en doble fila. Sí había una casete con un disco de la Orquesta Mondragón, un objeto de escaso valor probatorio.

Una muestra de ácido bórico utilizada como matacucarachas y encontrada en el piso de un yihadista pasa a ser otro elemento de la conexión con ETA con el argumento de que Interior falsificó un documento con el fin de ocultar al juez “lazos entre el 11-M y ETA”, según un titular del periódico en su primera página. Una jueza que dio credibilidad a esa pista absurda consiguió sentar en el banquillo a la cúpula de la policía científica. Fue premiada por el PP con el puesto de vocal del Consejo General del Poder Judicial años después y más tarde con el de jueza de enlace en Londres.

Sin embargo, la clave siempre será la mochila con la bomba que no explotó. La mayor parte de los esfuerzos de El Mundo se dedican a descalificar el valor como prueba de ese explosivo y por tanto de las detenciones conseguidas gracias al examen del artefacto y el móvil. Al periódico se une un grupo llamado Peones Negros que aumenta en internet la difusión de los bulos y en el que se da a conocer Juan Carlos Girauta, años después diputado de Ciudadanos y hoy columnista de ABC.

Los bulos se multiplican en varias direcciones. La bomba estaba preparada para no explotar. La mochila fue “un señuelo colocado”, en expresión de Jiménez Losantos. La tarjeta telefónica se empleó para apuntar a los sospechosos que debían ser detenidos. La policía no respetó la cadena de custodia de la mochila como prueba.

Hasta la explosión de Leganés se presenta como un montaje para borrar pruebas y eliminar a los que pueden contar la verdad. Jiménez Losantos insiste en que no se cree que “unos moritos” sean capaces de montar un atentado de esas dimensiones.

En marzo de 2006, Rajoy destaca que un artículo de El Mundo puede ser un elemento esencial, porque “toda la investigación y todo el sumario que está hoy en día en la Audiencia Nacional parte de la existencia de una mochila que estaba en el tren o en la estación de Atocha. Ahora se nos dice que esa mochila no estaba en el tren o en la estación de Atocha”. El líder del PP llega al extremo de afirmar que “si esto se confirma puede anular toda la investigación y podría anular el sumario”.

El sumario nunca se anuló y el juicio se celebró. Todas las invenciones fueron desmentidas por la sentencia de la Audiencia Nacional, confirmada después por el Tribunal Supremo con la única salvedad de que los 21 condenados inicialmente pasaron a ser 18.

El acoso a los mandos policiales que intervienen en la investigación se hace durísimo en algunos casos, así como al juez de instrucción Juan del Olmo, frecuentemente insultado por Jiménez Losantos, y la fiscal del caso. Rodolfo Ruiz era el comisario del barrio madrileño de Vallecas el día de la explosión y se ocupó de cumplir las órdenes de la jueza de guardia sobre los objetos hallados en los trenes, incluida la mochila que no explotó.

Sufre un linchamiento mediático. “Hasta de asesino llegaron a tacharme en la radio”, cuenta años después a El País. “Decían que yo había manipulado la mochila. Todo un disparate. Los llevé a los tribunales por injurias y calumnias, pero nunca los condenaron”.

Es difícil imaginarse lo que llega a sufrir este policía. Su hija y su esposa se hunden en la depresión. Su mujer acaba suicidándose. En la policía, le retiran el arma reglamentaria por temor a lo que pueda hacer con ella. “Llegué a pensar en pegarme un tiro”. Afortunadamente, logra superar un trato inhumano.

En septiembre de 2006, El Mundo entrevista a Suárez Trashorras para presentarlo en tres portadas consecutivas como un inocente injustamente perseguido. El procesado recita todos los temas que han aparecido antes en el periódico. “Soy la víctima de un golpe de Estado encubierto”. “La Policía me ofreció dinero y un piso para que incriminara a Zougam y El Tunecino”. “Jamal (Zougam) tenía contactos con ETA”. El PP utiliza estas declaraciones para presentar una interpelación al Gobierno a través de Eduardo Zaplana, que fue portavoz del Gobierno de Aznar y que dice en el Congreso que los testimonios publicados “confirman más sombras que luces” sobre el 11M.

Un año antes, en una conversación con sus padres en la prisión, grabada por estar acusado de terrorismo, Trashorras les deja claras sus motivaciones: “Mientras el periódico El Mundo pague, si yo estoy fuera, les cuento la Guerra Civil española. Desde que nací. Desde la Guerra Civil hasta ahora”. Su madre no entiende cómo la justicia permite publicar esas cosas a El Mundo, como una entrevista a otro delincuente que acusa a Trashorras de colaborar con ETA. “Porque tienen más dinero que todos ellos juntos, no te jode. Son unos mercenarios. Te pagan a ti para que cuentes cuentos”, responde Trashorras.

La sentencia de la Audiencia Nacional no le sirve a Rajoy. Afirma que el caso no está cerrado, porque no se ha condenado a los “inductores o autores intelectuales”. Asegura que su partido apoyará “cualquier otra (investigación) que permita avanzar sin límites en la acción de la justicia”.

La lógica indica que al PP no le interesa que se siga hablando del 11M en años posteriores para que los votantes no recuerden la conducta de Gobierno en esos días. Pero lo que hace es mantener viva la teoría de la conspiración con acusaciones directas e insinuaciones, lo que tiene consecuencias en la opinión pública.

Una encuesta de 2006 revela que el 23% de los españoles está en desacuerdo con la afirmación de que los atentados fueron exclusivamente obra de yihadistas. El porcentaje se eleva al 53% entre los votantes del PP. Es un fenómeno que ahora se repite en EEUU. Hay porcentajes similares o incluso superiores de votantes republicanos de EEUU que afirman que sólo un fraude electoral pudo impedir la victoria de Donald Trump en las elecciones de 2020. 

El Partido Popular pagó un alto precio por los acontecimientos de esos cuatro días de marzo. Perdió unas elecciones que creía tener ganadas y hay pocas cosas peores en política que eso. Lo que ocurre es que nadie asumió ninguna responsabilidad. Acebes fue el secretario general del PP de 2004 a 2008. Siguió como diputado hasta 2011 y luego abandonó la política.

Aznar había hundido a su partido en las urnas, pero continuó siendo su referente. Fueron sus críticas a Rajoy las que hicieron que la dirección del PP marcara distancias con él y su fundación, la FAES. Luego, ha vuelto a contar con un papel estelar al amparo de Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo. Utilizar sin rubor los bulos mediáticos, como hizo Rajoy, pudo tener una influencia en su derrota en las urnas en 2008. No le supuso ningún problema en los comicios de 2011.

Pedro J. Ramírez recuerda periódicamente que no se sabe la verdad sobre el 11M y nunca ha reconocido que difundiera bulos en forma de hechos falsos o manipulados. Más bien al contrario, se ha pasado años acusando de graves delitos a los jueces, fiscales y policías que participaron en la investigación. Fue destituido por la empresa que edita El Mundo en 2014, aunque fundamentalmente por la publicación de los SMS de Rajoy a Bárcenas. Le sustituye su director adjunto, Casimiro García Abadillo, autor de muchos de los artículos de la teoría de la conspiración.

Jiménez Losantos continúa siendo uno de los grandes representantes de la derecha en la radio ante el que se inclinan los dirigentes del PP por temor a su influencia. Sigue afirmando que el 11M fue una gran conspiración contra el PP tapada por la investigación judicial.

El 11M cambió la historia reciente de este país, y no sólo por sus efectos en las elecciones del 14 de marzo. Instaló en la política española la idea de que mentir ya no acarrea un coste público en términos de descrédito. Siempre habrá un medio de comunicación que respalde los infundios. El líder siempre podrá decir que todo se debe a una campaña injusta promovida por los adversarios políticos.

Mucho antes de que Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos, España fue testigo de cómo la mentira y la manipulación son armas legítimas en la carrera por alcanzar o mantener el poder.

Una letrada del despacho en València del bufete MA Abogados, de los exministros del PP José María Michavila y Ángel Acebes, copió 55 páginas de los fundamentos jurídicos de un escrito de otra letrada que defendía a un demandado en un mismo pleito. Una sentencia ha condenado a la abogada y al bufete a indemnizar con 1.000 euros a la afectada al considerar que hubo una infracción de los derechos de autor.

Las dos letradas defendían a sendos clientes demandados en el marco de un proceso civil en materia de responsabilidad contractual ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Dénia. La letrada de MA Abogados presentó una contestación a la demanda que resultó ser una copia literal del mismo escrito elaborado por su compañera. La afectada planteó reclamaciones extrajudiciales y la autora del plagio se disculpó por su conducta.

A pesar de las disculpas, la abogada demandó a la otra letrada por el plagio. Sin embargo, el Juzgado de lo Mercantil número 5 de València desestimó la demanda argumentando que en un proceso en el que ambas ejercían de abogadas “resulta admisible la coincidencia de la argumentación jurídica de los respectivos escritos”. Además, la sentencia inicial también aducía que no existió plagio alguno al haberse citado la autoría del extenso texto.

Por el contrario, tras un recurso de apelación, la sección novena de la Audiencia Provincial de València, ha concluido que el plagio del escrito “no resulta amparado por el derecho de cita”, al tratarse de una “reproducción parcial pero extensa” y “mediante un uso no autorizado por la otra letrada”. El fallo, dictado el pasado 9 de enero, sostiene que el 'fusilamiento' del escrito supuso una “lesión de los derechos patrimoniales” de la abogada plagiada.

Se trata de una insólita situación que plantea una controversia jurídica con antecedentes “infrecuentes”, advierte la sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Eduardo Pastor Martínez. 

La afectada argumentaba que “el esfuerzo profesional plasmado en su escrito de contestación a la demanda y objeto de plagio reúne, por su originalidad, las características de una obra susceptible de gozar de la protección patrimonial y personal” prevista en la Ley de Propiedad Intelectual. 

La delegación en València del bufete de Michavila y Acebes, por su parte, negaba el plagio al limitarse el escrito a la “reproducción de la fundamentación jurídica” elaborada por la otra letrada, “intitulada como tal y objeto de cita expresa”, por lo que rechazaba que pudiera englobarse en el concepto de “obra protegida”.

En la fundamentación jurídica del escrito en cuestión, del 27 de febrero de 2020, la abogada indicaba: “Hacemos nuestros, en gran parte, los fundamentos de carácter material alegados por el codemandado (...), por ser acertadamente aplicables y pormenorizados, además de citar y reproducir la jurisprudencia más representativa respecto del objeto del pleito”. A continuación incluía medio centenar de folios reproducidos tal cual.

El escrito procesal se considera “protegido como obra”

La Audiencia de València argumenta que, a tenor de la jurisprudencia española y europea en la materia, el escrito copiado debe considerarse como “protegido como obra” por su naturaleza, “perfectamente subsumible” en las previsiones de la Ley de Propiedad Intelectual, y por su “carácter profesional”, resultado de un “proceso de toma de decisiones sucesivas y complejas” por parte de la autora.

La afectada formuló en un primer momento una reclamación extrajudicial contra MA Abogados por lo que consideraba una infracción de sus derechos de propiedad intelectual. La otra abogada, en una carta en respuesta al requerimiento, pidió disculpas y rechazó que hubiera cometido infracción alguna. Finalmente, la autora del escrito copiado solicitó un resarcimiento de 3.000 euros.

La sentencia de la Audiencia de València ha rebajado la cifra a 1.000 euros, a pagar solidariamente por MA Abogados y la letrada de su filial en València.

El fallo tiene en cuenta que ni el bufete ni la abogada “obtuvieron remuneración de ningún tipo” por su desempeño profesional de representación del cliente demandado en el juzgado de Dénia, al “menos con carácter directo” (un perito designado judicialmente confirmó este extremo tras revisar la contabilidad del bufete). Además, considera que el cálculo de los daños y perjuicios de la demandante es “abiertamente desproporcionado”.

También rechaza la indemnización por daño moral al no hallar indicios suficientes, más allá del “enojo” y la “frustración” que asegura haber sufrido la afectada. La sentencia tampoco advierte un “daño concreto a su prestigio o reputación profesionales a resultas de estos hechos”. 

La sentencia no ha sido recurrida, según ha podido saber elDiario.es. El fallo libra a la condenada y al despacho del abono de las costas procesales.

El juicio de la caja B del Partido Popular regresó este lunes al año 2013 con la declaración del ex secretario general Ángel Acebes. En aquellos primeros días de febrero, Luis Bárcenas concedía entrevistas asegurando que los papeles publicados por El País eran una falsificación y la caja B un invento interesado. Ocho años después, tras dos sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo dando por probada la financiación irregular del partido y la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del poder, Ángel Acebes compareció como testigo y aseguró que los manuscritos en los que se basa la causa son “rotundamente falsos”.

El último ministro del Interior de José María Aznar se ancló en la versión de aquellos días como su jefe lo hizo con el 11M y la autoría islamista recientemente en el programa de La Sexta. “Al Gobierno de entonces le puede usted acusar de lo que quiera, menos de no decir la verdad”, dijo Aznar hace dos semanas a Jordi Évole. Este lunes, Acebes afirmó sobre los papeles de Bárcenas: “Sigo sin explicarme a qué responden esos apuntes. Lo único que puedo decirle es que no son ciertos y que son rotundamente falsos porque no se corresponden con la realidad ni a nada que yo conozca”.

La falsedad de los papeles de la que habló Acebes afectan también a las anotaciones sobre los sobresueldos que él habría recibido procedentes del dinero negro de los empresarios, 107.100 euros en total. “No, en absoluto. Lo desmiento tajantemente. Es falso. Todas las retribuciones a lo largo de mi vida han sido con las debidas retenciones y la declaración correspondiente a la Agencia Tributaria”, dijo desde algún lugar sin identificar que no fue la sala en la que se celebra el juicio. Acebes se acogió al artículo 14 de la ley aprobada el pasado mes de septiembre para la actuación del sistema de justicia durante la pandemia y no acudió a declarar a la Audiencia Nacional. Además apareció cubierto con una mascarilla en una suerte de despacho donde no se apreciaba a nadie más. 

Los estatutos del PP, el escudo

Los estatutos de Partido Popular se han convertido en la mejor defensa de un responsable del PP durante los más de veinte años que se extendió el funcionamiento de la caja B. Los utilizó Acebes en fase de instrucción para explicar a Pablo Ruz que según el documento que rige el funcionamiento del PP, su tesorero puede tomar decisiones, por trascendentes que sean, donde no pueden entrar ni los presidentes, ni los secretarios generales. 

Ese mismo argumento fue casi recitado ante Ruz por María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos en fase de instrucción y por el propio Mariano Rajoy en el juicio de Gürtel. Y no se quedó ahí: los estatutos saltaron como argumento de descargo del caso de la caja B de Génova al caso de la caja B de Madrid. Esperanza Aguirre los esgrimió ante el juez del caso Púnica para responsabilizar de cualquier irregularidad en la financiación de la formación que ella presidió a su tesorero, Beltrán Gutiérrez.

Esos artículos que descargan a cualquier cargo del Partido Popular por encima del tesorero dicen que los secretarios generales se encargan de la política, pero no de la administración, ni siquiera como supervisores de la labor de tesorero y gerente, pues el primero de estos informa al comité ejecutivo del partido para explicar en qué se ha gastado el dinero después de hacerlo. 

Acebes pudo extenderse en esta explicación desde el comienzo mismo de su intervención ya que el representante de la acusación pública, el fiscal especial Antonio Romeral, le preguntó primero si se ratificaba en su declaración como imputado en fase de instrucción y después le abordó por esa independencia de la que gozaron Bárcenas y Lapuerta, según la tesis de la dirección del PP. Acebes fue el único secretario general que llegó a estar imputado y fue, concretamente, por la compra de acciones de Libertad Digital con dinero negro de la caja B. Acebes lleva, con un paréntesis de algunos meses, siendo consejero de Iberdrola desde 2014 y socio de un despacho de abogados junto al también ministro de Aznar José María Michavila.

Por más que pasen los años y los dirigentes del partido reiteren que ellos no tenían por qué saber nada de la financiación del mismo ni del pago de las obras de su sede nacional, las explicaciones no parecieron convencer a la jefa del departamento Derecho Penal de la Abogacía del Estado, Rosa María Seoane. “Me llama la atención que una decisión tan relevante como era iniciar una remodelación en el edificio donde tenían su sede y que iba a abarcar una serie de años (…) ¿me quiere decir que la tomó don Álvaro Lapuerta y decidió el importe que se iba a gastar en esa reforma, de forma autónoma, y luego lo metió en los presupuestos?”, le llegó a preguntar a Acebes. 

El exministro del Interior contestó afirmativamente y precisó que, de hecho, la “iniciativa” de gastar millones en reformar Génova partió en 2005 del número dos de Bárcenas en la Gerencia del partido, Cristóbal Páez, y que esto tuvo que llevar el visto bueno de Lapuerta, tesorero en aquel entonces y del que dependía finalmente, pero que todo eso era ajeno al secretario general y al presidente. Para intentar asentar su tesis, Acebes dijo que luego Páez iba explicándoles el proyecto de la obra, planta a planta, pero a título meramente informativo, sin que hubiera nada que discutir. 

“Sueldos de transición”

Más difuso en sus explicaciones había sido el exsenador del PP y antiguo responsable de la acción exterior del partido, Luis María Fraga Egusquiaguirre, sobrino del fundador de Alianza Popular y del Partido Popular. Amigo de Luis Bárcenas, Fraga Egusquiaguirre dijo que el extesorero es el “chivo expiatorio” de que en España no haya un sistema de financiación transparente de los partidos, tesis que repitió al menos cinco veces. “Discúlpeme, pero no nos interesa la teoría general”, le tuvo que decir el abogado Mariano Benítez de Lugo, de Adade. 

Por lo demás, Luis María Fraga insistió en lo cultos que son Bárcenas, que era Lapuerta y, por supuesto, que era él, a quien nada le interesan las cuestiones del dinero. Eso sí, admitió una cuenta en Suiza regularizada, así como en otros países, porque en los años setenta y ochenta se dedicó a vivir en el extranjero y a hacer negocios. También se permitió, o le permitió el tribunal, hablar jocosamente de “los papeles de Soto”, en referencia a cuatro folios donde Bárcenas habría apuntado todos los libros que había leído en la cárcel y sus autores. 

Con más interés para la causa, Fraga Egusquiaguirre confirmó que en el PP se pagaban “sueldos de transición” cuando alguien dejaba un cargo. “Cómo se le iba a dejar en la indigencia”, afirmó. Y cuando el abogado Gonzalo Boye le insistió por la autorización de esos sobresueldos, el testigo dijo que se le preguntara a Mariano Rajoy y “a la secretaria general que él puso”, en referencia a Cospedal. Tanto Rajoy como Cospedal comparecerán como testigos la próxima semana. 

Entre los testigos de la jornada del lunes también declaró Alberto Recarte, presidente de Libertad Digital cuando el medio de Federico Jiménez Losantos lanzó una ampliación de capital y el PP adquirió acciones con dinero negro de la caja B porque, según Bárcenas, estaban en la línea de atribuir el 11M a ETA. Recarte reconoció que fueron a ver a Aznar, Aguirre o Acebes, entre otros dirigentes del partido, para que les ayudaran a buscar inversores, pero que el PP en sí nunca compró acciones. 

“Era un proyecto ideológico que necesitaba fondos para hacer frente a la situación. Acababa de ganar el PSOE las elecciones el señor Zapatero y se presentaban, desde un punto de vista ideológico y de los medios de comunicación, unos años difíciles”, declaró Recarte.

El regreso de Ángel Acebes a Iberdrola tras su absolución en el caso Bankia ha abierto un precedente inédito entre los consejeros independientes del Ibex 35. No se recuerda en el selectivo una ida y vuelta al cargo como la del exministro de José María Aznar. Tras ser exonerado en el juicio por el rescate de Bankia, que forzó su salida temporal de la eléctrica hace año y medio, Acebes ha sido repescado por Iberdrola como vocal independiente y miembro de su comisión ejecutiva, la más importante.

Desde 2013, el mandato de los consejeros independientes de las cotizadas está limitado a doce años como máximo. Es una forma de garantizar que no tienen excesiva dependencia de las empresas que les pagan cantidades que, en el caso del Ibex, alcanzan de media los 184.000 euros, según la última estadística oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de 2018. Ese año, Acebes recibió de Iberdrola 314.000 euros brutos y fue uno de los independientes mejor pagados del selectivo.

Como señala un estudio publicado este lunes en el boletín trimestral del regulador bursátil, “unos largos plazos de permanencia del independiente ponen en riesgo la supervisión eficiente” de las empresas y “los mandatos largos agravan los problemas de captura” de este tipo de vocales. Por ello, “el tiempo de servicio de los independientes en una sociedad debería estar limitado a periodos valorativamente cortos para preservar su capacidad de supervisión de los ejecutivos”.

En la CNMV, a preguntas sobre cuál puede ser la duración máxima del mandato del exministro del PP como vocal independiente tras su vuelta a la multinacional, se remiten al artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital. En él se dice que “no podrán ser considerados en ningún caso como consejeros independientes” aquellos vocales que “hayan sido consejeros durante un período continuado superior a 12 años”.

En la misma línea se pronuncian los estatutos y el reglamento del consejo de administración de Iberdrola, que señalan que “no podrán ser considerados consejeros independientes aquellos que lo hayan sido durante un período continuado superior a doce años”. Sin embargo, fuentes de la eléctrica señalan que Acebes “no tiene el contador a cero” y en su nueva etapa como consejero, un nombramiento que deberá ratificar la junta de accionistas del grupo, “empieza a sumar con la mochila que trae” de años acumulados en el cargo en ese primera etapa. En ese caso, no iniciaría un nuevo periodo de doce años como independiente, que le habría abierto la puerta a permanecer en el cargo tras sucesivas prórrogas hasta 2032.

Acebes cesó como consejero de Iberdrola el 28 de marzo de 2019. La eléctrica le fichó el 24 de abril de 2012, el mismo día en que cesó como vocal y presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de BFA, la matriz de Bankia, que acabaría rescatada poco después. El exministro llevaba vinculado a Caja Madrid desde 2008 como consejero de su filial de participadas, Cibeles, y se incorporó a ese puesto en BFA el 27 de julio de 2011, una semana después de la salida a bolsa de Bankia.

Un hecho que destaca la sentencia de la Audiencia Nacional que le ha absuelto junto a los otros 33 acusados al señalar que es “absolutamente contrario a la realidad” que Acebes formara parte de ese órgano de BFA “cuando se decidió la referida Salida a Bolsa, como de forma gratuita se afirmaba en la querella presentada por el Partido Político UPyD”, lo que supuso “una real y auténtica vulneración del principio de igualdad” en comparación con otros exconsejeros respecto a los que no se admitió la querella, como el exministro socialista Virgilio Zapatero.

“Amplia trayectoria”

El ex ministro de Administraciones Públicas (1999-2000), de Justicia (2000-2002) y de Interior (2002-2004) vuelve a Iberdrola en un momento de problemas judiciales para la eléctrica por las complicaciones del caso Villarejo y los encargos de la cúpula de la multinacional al polémico excomisario. Iberdrola, que no ha querido comentar las razones para repescar a Acebes, destacó en 2015, cuando propuso su renovación, su “amplia trayectoria” en el sector público y su “profundo conocimiento de las instituciones públicas en España, elemento clave dada la importancia que el ámbito regulatorio tiene en los negocios que desarrolla la Sociedad, tal y como ha podido demostrar durante su último mandato, tanto en su actividad en las sesiones plenarias como en las reuniones de la Comisión Ejecutiva Delegada”.

“Además, la experiencia de don Ángel Jesús Acebes Paniagua en numerosas sociedades en su etapa como consejero de una de las principales entidades financieras de España, le permite seguir contribuyendo de forma muy positiva en los debates y en los procesos de toma de decisiones del Consejo de Administración”, destacó entonces Iberdrola.

No es el único fichaje reciente que ha hecho la multinacional eléctrica de una persona con amplios conocimientos de los resortes de la policía y la justicia. El pasado mes de julio, Iberdrola contrató como asesor internacional del presidente ejecutivo de la eléctrica al ex director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán.

En el sumario de la pieza separada número 17 del caso Tándem, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha incorporado un informe en el que asegura que Iberdrola pagó 1,13 millones de euros entre 2004 y 2017 al comisario José Manuel Villarejo para financiar una decena de operaciones encubiertas que iban desde espiar al presidente de ACS, Florentino Pérez, a infiltrarse en un grupo ecologista e investigar a un juez que estaba analizando los recursos contra la puesta en marcha de la central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera.

Acebes ha calificado estos nueve años de calvario judicial en Bankia como los más duros de su vida. “Este mes tengo que dejar un consejo de administración por estar aquí”, se lamentaría en marzo de 2019, unas semanas antes de su cese en Iberdrola, en el juicio por la salida a Bolsa, en referencia a su forzada despedida del máximo órgano de gestión de Iberdrola y los “muy graves” perjuicios personales, profesionales y morales sufridos por su procesamiento. No obstante, su salida de la eléctrica no fue una dimisión como tal. Acebes acabó su segundo mandato y no pudo renovar, lo que le habría permitido alcanzar los citados doce años ininterrumpidos como vocal independiente.

En esa primera etapa en la eléctrica, se embolsó unos 2,154 millones brutos por su pertenencia al consejo de Iberdrola, compañía a cuyo accionariado todo apunta a que Acebes ha permanecido durante su salida temporal. Cuando abandonó ese órgano, Acebes declaró la tenencia de 6.704 títulos de la compañía. La semana pasada declaró la posesión de 7.144 acciones. A los precios actuales, tienen un valor de unos 76.500 euros.

El ex ministro del Interior y ex consejero independiente de BFA, Miguel Acebes, ha asegurado que si Deloitte le hubiera comunicado la existencia de algún problema en las cuentas de Bankia de 2011, por más remoto que fuera, habría “parado todo en seco y pedido que se formulan como Dios manda”, según informa Europa Press.

Así se ha defendido Acebes durante el interrogatorio por parte de su abogado en el marco del juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Hanares (Madrid).

“Deloitte nunca nos dijo nada, si hubiese hecho alguna advertencia en la que dijera que la compañía no era viable, ¿alguien puede pensar que yo iba a correr el riesgo? Si a mí, mínimamente me hubiesen dicho que había un problema, paro todo en seco y se formulan (las cuentas) como Dios manda”, ha asegurado el que también fuera presidente del comité de auditoría de BFA.

Acebes ha explicado que sobre las cuentas de 2011, que fueron presentadas ante el Banco de España sin auditoría, no existía “el más mínimo indicio de preocupación”. En su opinión, si el auditor externo hubiera tenido alguna objeción, les habría notificado por escrito la existencia de alguna salvedad, tal y como obligaba la ley española.

De hecho, el exministro ha subrayado el hecho de que poco después de que Deloitte informara sobre sus avances en la realización del informe de auditoría, en el que “solo apuntaba la existencia de aspectos relevantes con necesidad de análisis con la dirección”, dimitiría para irse al consejo de administración de Iberdrola.

“¿Sabiendo que me iba a los pocos días, que ya no iba a cobrar como consejero de BFA, cómo iba a poner en riesgo mi futuro personal y profesional?, ha apostillado Acebes, añadiendo que Deloitte solo dijo que necesitaba una planificación fundamentalmente sobre la valoración de la participación de Bankia y sobre la recuperabilidad de los activos fiscales diferidos.

Acebes es una de las 34 personas físicas acusada de falsedad contable y estafa a los inversores por parte de las acusaciones particulares, ya que la Fiscalía Anticorrupción no le incluyó en su escrito, que sólo se ha dirigido contra cuatro exdirectivos de la entidad: el expresidente Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el ex consejero delegado Francisco Verdú y el exconsejero José Manuel Fernández Norniella.

Iberdrola ha confirmado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que va a prescindir de su consejero independiente Ángel Acebes, miembro del máximo órgano de gestión de la eléctrica desde abril de 2012. En su lugar, la compañía dará entrada a una nueva consejera, que convertirá a la multinacional en la empresa del Ibex con mayor proporción de mujeres en su máximo órgano de gestión.

Tal y como estaba previsto, el orden del día de la junta de accionistas que previsiblemente celebrará Iberdrola el próximo 29 de marzo no incluye la renovación del exministro de José María Aznar, que acababa su mandato, aunque la eléctrica podía habérselo renovado sucesivamente hasta 2024.

En lugar de Acebes, que estos días se sienta en el banquillo por la presunta estafa de la salida a Bolsa de Bankia, Iberdrola va a proponer el nombramiento como consejera independiente de la economista vasca Sara de la Rica Goiricelaya, que ya era vocal de su filial Iberdrola España desde finales de 2017, cuando fue la primera mujer en incorporarse al máximo órgano de gobierno de esa filial, dirigida desde hace un año por Ángeles Santamaría.

Una vez sea ratificado por los accionistas de la eléctrica, el nombramiento de De la Rica va a elevar el número de consejeras en la eléctrica hasta 6, lo que supondrá elevar el porcentaje de mujeres en el máximo órgano de gestión de la compañía hasta el 42,8%, frente al actual 35,7%.

Iberdrola se convertirá así en la empresa del Ibex con mayor proporción de consejeras, por delante de Red Eléctrica. La media en el Ibex está en el 23% y ha caído por primera vez en catorce años.

El orden del día de la junta también recoge la renovación del mandato como consejero del presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por otros cuatro años, con lo que el ejecutivo salmantino, que lleva en la eléctrica desde 2001, podría seguir en el cargo hasta 2023.

Para entonces, Galán tendría 72 años, por encima del límite de 70 años que recomienda el reglamento del consejo de Iberdrola “con carácter meramente indicativo” a la hora de valorar el nombramiento de nuevos consejeros.

Por su parte, Acebes, ex secretario general del PP, exdiputado, exsenador, ex alcalde de Ávila y exministro de Interior, Justicia y Administraciones Públicas, va a dejar Iberdrola con una retribución acumulada superior a los 2 millones de euros, si se toman como referencia los 313.000 euros brutos que la eléctrica le pagó en 2017. Esa cifra equivale a una asignación mensual de 26.083 euros brutos al mes.

En 2015, cuando Acebes estaba doblemente imputado por el caso Bárcenas por un posible delito de apropiación indebida (luego se le desimputó) y por su labor en Bankia (entonces, por apropiación indebida, falsificación de las cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas), el consejo de Iberdrola ya propuso reelegirle, decisión que fue refrendada poco después por la junta de la eléctrica.

Ahora, con el juicio por la salida a Bolsa de Bankia en todos los medios de comunicación, Iberdrola ha decidido abortar su renovación y no asumir ese coste reputacional, lo que ha impedido a Acebes optar a un tercer mandato que le habría permitido alcanzar unos ingresos acumulados de más de tres millones de euros como administrador de la eléctrica.

El que fuera secretario general del PP y ministro de Justicia e Interior durante el Gobierno de José María Aznar, Ángel Acebes, ha negado este miércoles en el Congreso la existencia de sobresueldos en efectivo en el Partido Popular. “En el PP en sobres no ha cobrado nadie”, ha asegurado a preguntas del diputado del PSOE Artemi Rallo durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga las finanzas de los conservadores. En este sentido, ha insistido en que las retribuciones que existían “tenían su certificado al final de año con las retenciones correspondientes” y estaban “debidamente declaradas a Hacienda”.

Desvinculado de la política institucional desde 2011, Acebes también ha negado la veracidad de las anotaciones de Luis Bárcenas que supuestamente reflejan la contabilidad de la caja B que, gracias a las aportaciones irregulares de empresarios, engrosó los ingresos del PP entre 1999 y 2008. Es decir, de los llamados papeles del extesorero en los que también aparecen registradas presuntas entregas a su favor de 6.300 euros trimestrales.

El exministro también ha dicho que no es cierto que siendo él secretario general del PP, puesto que ocupó entre octubre de 2004 y junio de 2008, el medio de comunicación de Federico Jiménez Losantos, Libertad Digital, recibiera una inyección de fondos por parte del partido a través de la compra de acciones. El antiguo número dos de la formación conservadora fue imputado en 2014 al sospechar el juez Pablo Ruz que había autorizado el uso de más de 400.000 euros de la contabilidad B del PP entre 2004 y 2004 para adquirir estas acciones. No obstante, la investigación contra él por esta cuestión se acabó archivando al no haber encontrado el juez indicios “suficientemente constatados” de que autorizara a Bárcenas a comprar esos títulos.

La comparecencia del exdirigente del PP se volvió bronca durante la intervención del diputado de ERC Gabriel Rufián, que ha iniciado su turno preguntándole si se avergonzaba de algo de la época en la que fue secretario general del PP. Acebes ha respondido con un tajante “no” y ha reiterado que se siente “muy orgulloso” del PP y de los “grandes servicios” realizados a España y al Estado de derecho. Rufián ha acabado su turno comparando a Acebes con el personaje Luca Brasi de la película El Padrino, que ha definido como un asesino mafioso “muy fiel y con pocas luces”. “A mí hoy me ha parecido que usted es el Luca Brasi de según quien”, ha dicho.

En el inicio de la sesión, el diputado de ERC, que ha acudido vestido con una camiseta con una foto de Rodrigo Rato entrando en prisión en la que podía leerse la frase “es el mercado, amigo”, tuvo un rifirrafe con la parlamentaria del PP Celia Villalobos, que lo acusó de decirle que estuviera “tranquila” que le quedaba “muy poco aquí”. Rufián, por su parte, aseguró que la representante conservadora, previamente, lo había llamado “impresentable”.

Próximamente, a juicio por el caso Bankia

Acebes, junto a otros 33 acusados (entre ellos, el exvicepresidente Rodrigo Rato), se sentará a partir del próximo 26 de noviembre en el banquillo de la Audiencia Nacional por la salida a Bolsa de Bankia, de cuya matriz, BFA, fue consejero desde el 27 de julio de 2011, justo después de la salida de la entidad a Bolsa, hasta que dimitió el 24 de abril de 2012. Lo hizo coincidiendo con su fichaje por Iberdrola y dos semanas antes de la reformulación de las cuentas de Bankia que derivó poco después en su quiebra y nacionalización.

Aunque no era objeto de esta comisión, su procesamiento en esta causa por los delitos de falsedad contable y estafa de inversores también ha sido comentado por alguno de los intervinientes. Acebes ha insistido en que él no era consejero durante la salida a Bolsa de la entidad, por lo que no pudo intervenir en el supuesto perjuicio generado a los accionistas. No obstante, según el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el exministro sí tuvo una “participación relevante” en los informes sobre el estado de la entidad así como en las “múltiples y relevantes falacias contables”. Sí es cierto, tal y como Acebes ha reiterado durante sus intervenciones, que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado solicitan para él el sobreseimiento del delito de falseamiento de cuentas y no lo consideran como uno de los responsables de la comisión del delito de estafa de inversores.

Una camiseta con la foto de Rodrigo Rato entrando a prisión y su famosa frase “es el mercado, amigo” ha desatado un nuevo enfrentamiento entre Gabriel Rufián y Celia Villalobos. Ha ocurrido en la comisión de investigación de la presunta financiación ilegal del PP, en la que comparecía el exministro Ángel Acebes. Y ha acabado con un cruce de acusaciones entre ambos diputados que ha sido atajado por el presidente de la comisión, Pedro Quevedo.

Antes del choque, Villalobos había comentado con otros diputados de su formación sus reparos con la prenda que llevaba el diputado de ERC. Pero la bronca se desató durante el interrogatorio a Acebes del diputado del PSOE Artemi Rallo, que paró de preguntar tras escuchar la discusión entre los parlamentarios del PP y Rufián. En ese momento, Villalobos, que no es miembro de la comisión y asistía como público, dijo que el miembro de ERC la estaba “amenazando”.

Posteriormente, se ha levantado de su asiento y aseguró que el miembro de ERC le había dicho estuviese “tranquila” porque “te queda muy poco aquí”. “Le pido que pida disculpas, nada más”, ha añadido la exministra.

En ese momento ha intervenido Quevedo, que ha dicho que no ha escuchado nada ante los requerimientos de otro diputado del PP de que “diga algo al que amenaza”. Rufián ha intervenido en ese momento, asegurando que él se ha levantado a por agua y que Villallobos le ha llamado “impresentable” cuando ha pasado por su lado.

El presidente de la comisión ha instado a ambas partes a parar el intercambio de reproches, y se ha quejado de que haya “público” en las comparecencia, en referencia a Villalobos. Además, ha asegurado que todo el que interrumpa será expulsado de la sala, dirigiéndose también a la diputada del PP. Aunque esto último lo ha extendido a cualquiera que estuviera presente en la misma.

Cuando a Rufián le ha tocado interrogar a Acebes, ha comenzado pidiendo que conste en acta que “diputados no adscritos a esta comisión” le han dicho que no podía sentarse en el lugar que le correspondía “porque era su sitio”. Algo que asegura también le ocurrió a la diputada de Podemos Carolina Bescansa.

Tras terminar su intervención, Rufián ha instado a la prensa en Twitter a publicar “todo lo que saben que los del PP nos dicen fuera de la cámara”.

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Dos vecinos discuten airadamente en el parque sobre el nuevo trabajo de la esposa de Pedro Sánchez y el máster de Pablo Casado. Son viejos conocidos. Uno repite con insistencia que a su nieto no le dieron un título como el de Casado y otro responde preguntando “¿y los ERES?”. No hay acuerdo. En el fondo creo que todo les parece mal, pero compiten por ver quien le reprocha al otro lo peor. “Y tú más”.

El fichaje de la mujer del presidente del Gobierno por el Instituto de Empresa se ha colado como trending topic en la tertulia de mi plaza del distrito madrileño de Ciudad Lineal. Licenciada en marketing, con “20 años de experiencia”, según destaca el Instituto de Empresa, dirigirá el recién creado Centro de Estudios Africanos, dependiente de la Fundación IE, nutrida con fondos públicos y privados.

Material para el reproche, con mis vecinos que mezclan la discusión con un nieto al que cuidar, el juego de las cartas y un perro que se distrae persiguiendo una pelota. Es mi última tanda como oyente, a la sombra de una acalorada discusión. En el fondo, eso sí, juraría que son viejos que se quieren. Son los mismos que volverán a encontrarse mañana y, si se van en agosto, a la vuelta se querrán todavía más.

Saludo y me despido. Hasta el mes que viene. Todo está cambiando en horas, pero intuyo que, a la vuelta, la charleta de mi parque seguirá con Sánchez, el avión, la mujer, la casa de Iglesias, Rivera, la bandera, Catalunya y un Casado incomprendido. ¿A quién no le dan un máster? Quién nos hubiera dicho que, en agosto, gobernaría el PSOE, que Rajoy era el pasado y que su sustituto estaba ya en la cuerda floja. Pablo Casado y el Supremo dejan su examen para septiembre.

Me pregunto qué será de aquellos que tienen un curro de verano, de esos de a 800 euros, metiendo horas como un reloj y, por supuesto, muy por encima de lo que marca el contrato. O por qué pagamos la luz a precio récord y antes nos contaban que era porque no llovía y, ahora, que ha llovido, que es porque hace mucho calor, como si tuviera que hacer frío en verano. No me lo ha de explicar Acebes, que espera el juicio de Bankia, haciéndose millonario en Iberdrola. Otro.

Queda pendiente que saquen al dictador del monumento que pagamos todos, hay inflación de caspa, el anuncio ha servido para quitar unas cuantas caretas y me pregunto qué pensarán estos nostálgicos sobre las andanzas de la familia, queriendo vender el pazo por 8 millones de euros y con Carmencita, duquesa de Franco con Grandeza de España, con finca en Sevilla a través de una sociedad en Panamá. Triana Enterprises, típica offshore con testaferros, ha recibido ayudas de la Junta de Andalucía y mantiene deudas con trabajadores.

Por cierto, para septiembre, ¿qué fue de aquello del rey emérito y los dineros? A la chita callando hemos dejado de hablar de aquellas acusaciones del dinero en Suiza, los testaferros, las comisiones, la lista de la amnistía fiscal… Al presidente Sánchez le preguntaron y respondió: “Tenemos una monarquía renovada y ejemplar. Con el Rey Juan Carlos también fue ejemplar. También, también, también”. Que vaya bien lo que queda de agosto, pónganse a la sombra y cuídense del bochorno.

Ángel Acebes ya es oficialmente millonario. Recién cumplidos los 60 años, el exministro de José María Aznar está a punto de alcanzar los 2 millones de euros brutos de retribución acumulada en Iberdrola, la mayor eléctrica española. Mientras, la firma de “servicios jurídicos” que el abulense creó hace diez años ya roza los 3 millones de facturación tras un 2017 récord.

En Iberdrola, que fichó a Acebes como consejero independiente en abril de 2012, el ex secretario general del PP, exdiputado, exsenador, ex alcalde de Ávila y exministro de Interior, Justicia y Administraciones Públicas va a alcanzar los 2 millones de ingresos acumulados el próximo mes de septiembre, si se toman como referencia los 313.000 euros brutos que la eléctrica le pagó en 2017. Esa cifra equivale a una asignación mensual de 26.083 euros brutos al mes.

Por su parte, Doble A Estudios y Análisis, firma de “servicios jurídicos” de la que Acebes es administrador único, registró en 2017 su mayor facturación desde que se creó. Sus últimas cuentas, depositadas recientemente en el Registro Mercantil, reflejan que la sociedad incrementó su cifra de negocio el año pasado un 76%, hasta 543.000 euros.

Doble A eleva así a cerca de 3 millones lo facturado desde su constitución el 29 de julio de 2008, poco después de que Acebes abandonase la secretaría general del PP, cuando todavía era diputado en el Congreso (no abandonaría su escaño hasta 2011).

Doble A cerró 2017 con activos valorados en 787.687,3 euros y declaró un beneficio de 47.441 euros, un 56,6% más. Su cuenta de resultados estuvo lastrada por la partida de “aprovisionamientos”, que creció un 79%, hasta 472.925 euros.

La empresa, que llegó a tener a una persona en plantilla, carece actualmente de empleados y está domiciliada en un lujoso chalé en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Es la propietaria del 50% de Master Abogados, SLP, el bufete que Acebes fundó a finales de 2011 con otro exministro de Aznar, José María Michavila, y que según su web ya cuenta con una plantilla de 80 abogados y ocho sedes ubicadas en Madrid, Sevilla, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao, Salamanca, Vigo y Marbella.

Renovación en Iberdrola

Acebes, junto a otros 33 acusados (entre ellos, el exvicepresidente Rodrigo Rato), se sentará a partir del próximo 26 de noviembre en el banquillo de la Audiencia Nacional por la salida a Bolsa de Bankia, de cuya matriz, BFA, fue consejero desde el 27 de julio de 2011, justo después de la salida de la entidad a Bolsa, hasta que dimitió el 24 de abril de 2012. Lo hizo coincidiendo con su fichaje por Iberdrola y dos semanas antes de la reformulación de las cuentas de Bankia que derivó poco después en su quiebra y nacionalización.

El expolítico acabará su segundo mandato como consejero de Iberdrola en marzo del próximo año y todo apunta a que para entonces, el macrojuicio por la presunta estafa de Bankia estará todavía pendiente de sentencia. La eléctrica no aclara si se le renovará en el cargo para otros cuatro años, una propuesta que corresponde al consejo de administración y que debe ratificar la junta de accionistas.

En 2015, cuando Acebes estaba doblemente imputado por el caso Bárcenas por un posible delito de apropiación indebida (luego se le desimputó) y por su labor en Bankia (entonces, por apropiación indebida, falsificación de las cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas), el consejo de Iberdrola ya propuso reelegirle, decisión que fue refrendada poco después por la junta de la eléctrica.

El año que viene, podría optar a un tercer mandato en Iberdrola (hasta 2023) que le permitiría alcanzar unos ingresos acumulados de más de tres millones como administrador de la eléctrica.

El exministro Ángel Acebes y los empresarios Javier López Madrid y Arturo Fernández se han adherido a la petición formulada por tres exconsejeros de Bankia para que se les aplique la conocida como doctrina 'Botín' y evitar sentarse en el banquillo de los acusados por el falseamiento de las cuentas de la entidad previa salida a Bolsa.

En sus escritos presentados ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y a los que ha tenido acceso Europa Press, los que fueran miembros del Consejo de Administración de Bankia piden el archivo de sus causas exponiendo que ni el Ministerio Fiscal ni la acusación particular que ejerce el FROB formulan acusación contra ellos.

Se acogen así a la doctrina bautizada con el apellido del banquero Emilio Botín que evitó ser juzgado por un caso de cesiones de crédito de acuerdo con una sentencia del Tribunal Supremo en 2007 que limitaba la acción de las acusaciones cuando la Fiscalía y los perjudicados solicitaran el sobreseimiento de la causa.

Todos ellos se adhieren a la petición formulada el pasado 18 de noviembre al juez instructor por los exmiembros del Consejo de Administración de la entidad Jesús Pedroche, Estanislao Rodríguez-Ponga y Mercedes Rojo que solicitaron que se aplicara la doctrina Botín. Los tres fueron condenados en la Audiencia Nacional en febrero de este año por el uso fraudulento de las tarjetas 'black' de Caja Madrid.

En el caso del exministro del Interior Ángel Acebes, su letrado alega que no se le acusa por el delito de fraude de inversores sino por estafa en las cuentas de BFA --matriz de Bankia-- y recuerda que de su actuación no se puede derivar ninguna responsabilidad penal ya que su incorporación a la entidad fue posterior al debut bursátil del banco en julio de 2011.

Aunque el juez sentará en el banquillo a 32 personas físicas, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón ejerció su acusación contra cinco: el presidente de la entidad Rodrigo Rato, para el que pide cinco años de cárcel, su 'número dos' José Luis Olivas y los exconsejeros José Manuel Norniella y Francisco Verdú Pons. A todos ellos se les imputa fraude de inversores.

Oposición de la Confederación Intersindical de Crédito

La acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) se opone a la pretensión de los consejeros procesados al entender que no es cierta la premisa de que solo fue perjudicado por los hechos el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) pues el delito de falsedad contable conlleva un ilícito penal de naturaleza “supraindividual, colectivo o difuso”.

Los acusados piden la nulidad del auto con fecha de 17 de noviembre por el cual el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictaba apertura de juicio oral contra 32 personas físicas además del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Bankia y la auditora Deloitte por la inclusión de datos falsos en el folleto informativo que aprobó el Consejo de Administración del banco previo a su debut bursátil.

Jornadas de bocas cerradas. Señor Juez: mándelos una temporada a un hospital psiquiátrico penitenciario, recételes las pastillas dememory de farmaotc, ingréselos en una residencia de esas personas que viven en la luna de Valencia, perdidos por culpa de esa cruel enfermedad llamada Alzheimer. Esos severos casos de olvido son un agravio para el resto de humanos que sí nos acordamos del daño que ese grupo de ministros mercenarios hicieron en las finanzas públicas. Los agujeros, mejor aún boquetes, en el presupuesto que perpetró la camarilla del señor Aznar son cósmicos. Un gigantesco butrón. Los Arenas, Mayor Oreja, Acebes, Rato o Álvarez Cascos forman una tropa de aupa, una pandilla basura, que piensa irse de rositas diciendo que no se acuerdan de nada o inculpando de pasada a un extesorero, el señor Lapuerta, que está más allá que aquí. ¡Muy valientes! Se trata de que no haya ningún deslenguado que ponga en entredicho aquella época dorada en la cual a ellos les iban muy bien, aunque en voz alta decían que España iba bien. España, sin duda alguna, eran ellos.

Solo puede haber un eximente a este lapsus generalizado de memoria. Es posible que estuvieran en el ajo de tantos asuntos turbios que el suceso concreto que les pregunta el juez se les hubiera traspapelado en la sesera. Los hay que estuvieron al loro de tantos presuntos delitos que cuando les pregunta un juez o un fiscal sobre ellos se hagan los locos, porque, mire usted señoría, es imposible acordarse de todas las trapisondas. De paso también habría que tratarles la adicción a la cleptomanía.

Los problemas de memoria, de los que en su día fueron prohombres del PP, son la mar de serios. Si yo fuera familiar suyo me preocuparía de lo lindo. Podrían no saber en qué exótico país tienen ingresados a buen recaudo sus ahorrilllos, podrían haberse olvidado de qué propiedades son suyas o están a nombre de terceros y de testaferros, podrían no recordar entre todas sus queridas cuál es su legítima esposa, o podrían olvidar, simplemente, el número PIN de una tarjeta de empresa, asignada por ser miembro de un boyante consejo de administración, con un limite de extracciones supersónico. Y todo esto, sinceramente, sí es grave de veras. Si fuera familiar suyo directo haría que redactarán cuánto antes el testamento no sea cosa que se vayan a olvidar de mis relaciones de parentesco con ellos. Aunque esta enfermedad ya se sabe, viene y va. A veces, con ellos, es pasajera. No se les olvida ni a tiros el nombre del yate amarrado en Ibiza, el nombre de un conseguidor de terrenos de caza a buen precio o el día del cumpleaños de Aznar. Ya se sabe, los mafiosos también suelen hacer pactos de mutismo que no incumplen jamás, por si las moscas. Es la omertá, un código de silencio que hay que respetar. No tengo nada más que decir, señor juez.

Ángel Acebes, exministro del Interior de Aznar, ha calificado este viernes de “increíble” la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de procesarlo junto a otras 33 personas por la salida a bolsa de Bankia, tras finalizar la fase de instrucción.

En una entrevista en Cope, ha anunciado que recurrirá la resolución de Andreu por la “injusticia cometida” frente a otros cuatro consejeros que han quedado fuera del procedimiento por no tener tiempo de tomar posesión de sus cargos. Acebes alega que fue nombrado consejero una semana después de la salida a bolsa de Bankia, por lo que defiende que tampoco pudo tener ninguna responsabilidad en los hechos que se investigan.

“Yo no tuve nada que ver con la salida a bolsa”, ha señalado en Cope, “ni intervine en el proceso de integración, ni en la salida a bolsa, ni en la oferta pública, ni era firmante del folleto de la salida”.

Acebes fue consejero de BFA, la matriz de Bankia, durante siete meses, tras los cuales dimitió para incorporarse como consejero a otra entidad. “¿Tenía que haberlo descubierto, tenía que haber hecho otra investigación en aquel momento? No se sostiene de ninguna de las maneras”, ha insistido.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha concluido la instrucción del “caso Bankia” sobre la salida a Bolsa de la entidad y ha acordado el procesamiento de un total de 32 personas físicas.

El auto, contra el que cabe recurso, procesa también a otras personas con responsabilidad en la entidad, como José Luis Olivas, Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella, Ángel Acebes, Javier López Madrid (el compiyogui) o Arturo Fernández. También se juzgará a la propia entidad por delitos de falsedad en las cuentas anuales y fraude de inversores. También se juzgará al auditor externo, Francisco Celma, por sus informes favorables elaborados sobre los estados financieros de Bankia, durante los meses de la salida a Bolsa.

El tribunal del caso Gürtel ha aceptado que declaren como testigos en el juicio seis integrantes de la cúpula del PP en tiempos de José María Aznar, como había solicitado uno de los acusados, Luis Bárcenas. El primer gran juicio a la trama de corrupción arrancará en octubre y por él desfilarán los exsecretarios generales del PP Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes; los vicesecretarios generales Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, así como el exportavoz en el Parlamento europeo Gerardo Galeote.

La solicitud de Bárcenas ha provocado una fractura en el tribunal. El presidente y ponente de la sentencia, Ángel Hurtado, ha quedado en minoría y emitirá un voto particular. El ponente del auto aceptando las declaraciones es José Ricardo de Prada, que ha compartido criterio a favor de los testimonios con Julio de Diego, informaron fuentes jurídicas. 

La Fiscalía Anticorrupción pide 42 años de cárcel para Bárcenas en esta causa, donde hay 40 acusados, de los que la mitad fueron cargos del PP. En su escrito de defensa, Bárcenas no solicitó las declaraciones como testigos, pero la ley le permite hacerlo en este momento procesal. 

Para apoyar su solicitud, la defensa de Bárcenas presentó indicios que la investigación fue arrojando sobre cada uno de los seis testigos y que, sin embargo, no motivaron su imputación en la causa que se va a juzgar. El argumento que hila la solicitud de declaración en el juicio para la mayoría de ellos es que eran sus superiores cuando el extesorero cometió presuntamente los delitos que se le imputan -y que él ha negado reiteradamente a lo largo del proceso- y que estaban al tanto de la financiación del Partido Popular y de las contrataciones que llevó a cabo con la red corrupta que lideraba Francisco Correa.

En el caso de Álvarez Cascos, por ejemplo, Bárcenas comienza argumentando que fue secretario general del PP hasta 1998 y, que como número dos del partido, conocía sus “funciones, relaciones y responsabilidad”.

El tribunal también ha aceptado que se curse una comisión rogatoria a Suiza solicitando más información que, según Bárcenas, demostraría que los fondos traspasados a una de sus cuentas procedían de la compra-venta de obras de arte y no era dinero de la corrupción. 

El auto aceptando las peticiones de Bárcenas no está todavía notificado a las partes porque el magistrado que se opone, Ángel Hurtado, aún no ha redactado su voto particular. Hurtado es uno de los jueces que se opuso a que Concepción Espejel y Enrique López fueran apartados del tribunal que juzgará Gürtel y la caja B del PP por la proximidad de ambos magistrados a la formación de Mariano Rajoy. 

El tribunal del primer gran juicio de Gürtel ha quedado fracturado por la petición de Luis Bárcenas de que declaren como testigos los tres secretarios generales que José María Aznar designó como máximos colaboradores en el PP entre los años 1989 y 2004 -Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes- y a los vicesecretarios generales Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, así como el exportavoz en el Parlamento Europeo Gerardo Galeote.

El designado como ponente de la resolución, el conservador Ángel Hurtado, ha quedado en minoría respecto a sus dos compañeros del tribunal, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, por lo que ha debido ceder la ponencia y emitir un voto particular. Así queda reflejado en una providencia dictada este mismo jueves, a la que ha tenido acceso eldiario.es Ahora, el ponente es el magistrado progresista José Ricardo de Prada, esto es, quien redactará el auto con la decisión sobre la petición de la defensa de Bárcenas a favor o en contra de las declaraciones de los testigos solicitados.

Una decisión a favor de las declaraciones como testigos de los prebostes del PP revolucionaría la vista de la denominada Primera Época, que arrancará en octubre y que juzgará la relación del partido con la trama de corrupción entre los años 1999 y 2005.

La explicación de la importancia de estas declaraciones está en el escrito que presentó la defensa de Bárcenas y que incluye los indicios de la presunta participación, o al menos el conocimiento, en actividades irregulares de los máximos responsables del Partido Popular con la red presuntamente liderada por Francisco Correa. Ninguno de los seis señalados como testigos fue llamado a declarar como imputado en toda la instrucción a pesar de esos indicios.

Ángel Hurtado, el magistrado que ha quedado en minoría, es quien presidirá y redactará las sentencias de los casos Gürtel y caja B del PP después de que la Sala de lo Penal decidiera apartar a Enrique López y Concepción Espejel por su afinidad al partido de Mariano Rajoy. Hurtado emitió entonces un voto particular en contra de la recusación en el que consideraba “acertado” y “aconsejable” ser juez de la Audiencia Nacional y colaborar con FAES, el think tank del PP.

La Fiscalía Anticorrupción pide 42 años de cárcel para Bárcenas en esta causa, donde hay 40 acusados, de los que la mitad fueron cargos del PP. En su escrito de defensa, Bárcenas no solicitó las declaraciones como testigos que ahora pide, pero la ley le permitía hacerlo en este momento procesal. Las declaraciones de los testigos se retrasarán varios meses a la fecha inicial del juicio, señalada para el 4 de octubre.

El argumento que hila la solicitud de declaración en el juicio para la mayoría de ellos es que eran sus superiores cuando el extesorero cometió presuntamente los delitos que se le imputan -y que él ha negado reiteradamente a lo largo del proceso- y que estaban al tanto de la financiación del Partido Popular y de las contrataciones que llevó a cabo con la red corrupta que lideraba Francisco Correa.

En el caso de Álvarez Cascos, por ejemplo, Bárcenas comienza argumentando que fue secretario general del PP hasta 1998 y, que como número dos del partido, conocía sus “funciones, relaciones y responsabilidad”.

La Audiencia Nacional ha vuelto a rechazar la imputación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; de la secretaria general del Partido Popular (PP), Maria Dolores de Cospedal; y de sus antecesores en el cargo, Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos, en la causa en la que se investiga la 'caja B' de la formación, al considerar que la investigación no ha determinado su “intervención o interferencia” en las conductas penales atribuidas a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.

Así consta en tres autos dictados por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en los que se rechazan los recursos de apelación presentados por cinco acusaciones (PSPV, IU, Observatori DESC, Manos Limpias y ADADE) y cuatro defensas contra el auto dictado el pasado 23 de marzo por el juez Pablo Ruz en el que proponía juzgar a Bárcenas, Lapuerta y otras cuatro personas en esta pieza separada del 'caso Gürtel'.

De esta manera, los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel confirman que en el banquillo de los acusados del juicio por la contabilidad B del PP se sentarán, además de los dos extesoreros 'populares', el exgerente de la formación Cristóbal Páez, los socios del estudio de arquitectura Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero.

Cospedal y Acebes, exculpados

El auto en el que se resuelve el recurso presentado por IU y los cuatro colectivos sociales que presentaron la querella que inició la investigación, el tribunal señala que la imputación de Cospedal y Acebes resulta “reiterativa e ineficaz” porque sus declaraciones como testigos ya se celebraron “con el resultado exculpatorio que aparece en el procedimiento”.

A este respecto, en la resolución en la que se resuelve el recurso de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), los magistrados señalan que “en el momento actual no han aparecido nuevos datos, elementos indiciarios o revelaciones distintas” que permitan reconsiderar su exoneración en esta causa.

En este sentido, apuntan que a lo largo del procedimiento se han detallado “hasta la saciedad” los indicios delictivos atribuidos a los imputados, “sin dar entrada a terceros ajenos a esa participación, que no se cubre acudiendo a determinados cargos ostentados en la formación política”.

Avala la 'mordida' de Toledo

La Sala también avala la decisión del juez Ruz de enviar a los juzgados de Toledo la parte del procedimiento en la que se investiga la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa en la concesión y ejecución en 2007 de un contrato de basuras que el Ayuntamiento de la ciudad adjudicó a la empresa Sufi, filial de Sacyr. Según el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, este contrató se concedió como contrapartida a una donación.

A juicio del tribunal, existen “claros y contundentes indicios” de la existencia de “entregas en efectivo” por un montante de 200.000 euros que Bárcenas entregó al gerente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha“, José Ángel Cañas, ”cuyas sumas al parecer tenían su origen en Sacyr-Vallehermoso y estaban supuestamente destinadas a subvenir los gastos de la campaña electoral del PP en las elecciones autonómicas de 2007“.

De esta forma, la Sección Cuarta avala que los juzgados de la capital castellano-manchega investiguen al exgerente regional y supuesto receptor de la donación José Ángel Cañas; al entonces tesorero del PP de Castilla-La Mancha, Lamberto García Pineda; al exalcalde de Toledo José Manuel Molina y al expresidente de Sacyr Luis del Rivero. La causa se sigue también contra el actual presidente de la compañía, Manuel Manrique.

Indicios contra Bárcenas y Lapuerta

En relación con los recursos de los acusados, la Sección Cuarta destaca los “claros indicios de responsabilidad criminal” que obran en la causa contra Bárcenas por delitos fiscales y de apropiación indebida, al tiempo que recuerda a Lapuerta que la situación de “demencia sobrevenida” en la que asegura encontrarse será “resuelta” por el tribunal “antes o durante el juicio oral”.

En su auto de marzo, Ruz también consideraba al PP responsable civil subsidiario por las donaciones que recibió en 2008 y por el pago en negro de 1,5 millones a la empresa Unifica, que realizó las obras de reforma de su sede central, en la calle Génova de Madrid, entre los años 2005 y 2011.

Iberdrola ha comunicado este martes a a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que propondrá la reelección del exministro Ángel Acebes como consejero externo independiente, según consta en el orden del día de la próxima Junta de Accionistas que celebrará a finales del mes que viene.

Acebes podrá continuar así sentándose en el consejo de administración de la primera eléctrica española, que anunció su fichaje el 24 de abril de 2012. Su nombramiento fue ratificado dos meses después en la Junta de accionistas con un 80,07% de votos favorables, un 0,04% de votos en contra y un 19,13% de abstenciones.

El reglamento del consejo de Iberdrola establece que los vocales de la compañía “ejercerán su cargo durante un período de cuatro años, salvo que antes la Junta General de Accionistas acuerde su separación o renuncien a su cargo”, por lo que Acebes podrá permanecer en ese órgano hasta, al menos, 2019.

El reglamento del consejo de la eléctrica también estipula que la reelección de los consejeros independientes se realizará previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que debe evaluar “la calidad del trabajo y la dedicación al cargo de los consejeros propuestos durante el mandato precedente así como, de forma expresa, la honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, disponibilidad y compromiso con su función”.

Doblemente imputado

Acebes, que abandonó la política activa en junio de 2011, cuando dejó su escaño en el Congreso de los Diputados, está doblemente imputado por la supuesta contabilidad paralela del PP (por un posible delito de apropiación indebida) y por su etapa en Bankia (por apropiación indebida, falsificación de las cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas).

El ex secretario general del PP, exdiputado, exsenador y exministro de Interior, Justicia y Administraciones Públicas con José María Aznar fue nombrado consejero de Iberdrola tras dimitir como consejero del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia. La eléctrica le pagó en 2013 (último ejercicio disponible) 317.000 euros brutos por sus servicios. Cuando fue nominado, Iberdrola destacó que la experiencia previa del abulense “le sitúa en una posición idónea para el ejercicio de sus funciones como miembro de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo de Iberdrola”.

Salida antes de la intervención

Su salida de BFA y su simultáneo aterrizaje en Iberdrola (de la que Bankia era entonces accionista destacado) se produjo dos semanas antes de la intervención de Bankia, que tuvo que ser nacionalizada y necesitó un rescate multimillonario del Estado tras una salida a bolsa que dilapidó la inversión de unos 300.000 pequeños accionistas.

El exministro presidía el Comité de Auditoría y Cumplimiento del BFA, órgano que, según el informe de los peritos del Banco de España remitido el mes pasado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en el marco de la investigación del caso Bankia, “fracasó en el cumplimiento de sus funciones, pues las cuentas fueron reformuladas con modificaciones radicales”.

En el orden del día de la próxima junta de accionistas, que se celebrará el 27 o el 28 de marzo, también figuran la reelección como consejero de, entre otros, el presidente ejecutivo de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán.

Ángel Acebes camina firme hacia el millón de euros de sueldo en Iberdrola. La retribución bruta acumulada del exministro como consejero de la primera eléctrica española alcanzará esa emblemática cifra en unos meses, coincidiendo con el tercer aniversario de su nombramiento como miembro del consejo de administración de la multinacional.

Desde su desembarco en Iberdrola, el 24 de abril de 2012, hasta ahora, la retribución acumulada de Acebes en la eléctrica suma más de 850.000 euros brutos, según un cálculo basado en una estimación de su sueldo de 2014 y en los datos disponibles de los ejercicios 2013 y 2012.

El último ejercicio del que hay datos publicados es de 2013, cuando Iberdrola pagó 317.000 euros brutos al ex secretario general del PP, exdiputado, exsenador y exministro de Interior, Justicia y Administraciones Públicas con José María Aznar. Esa cifra quintuplica con creces los cerca de 60.000 euros anuales que percibía en su última etapa en la vida política como diputado raso en el Congreso, en la que ya estaba vinculado a la extinta Corporación Cibeles (Caja Madrid).

De esos 317.000 euros, que equivalen a unos 26.000 euros brutos al mes, 165.000 correspondieron a retribución fija; otros 62.000, a dietas (cada consejero de Iberdrola cobra 2.000 euros por reunión en concepto de prima de asistencia); y otros 88.000 euros, a la compensación por su pertenencia a comisiones del Consejo de Iberdrola.

Evolución al alza

En 2014, es probable que la retribución de Acebes haya superado los 317.000 euros de 2013, ya que desde julio de ese año el abulense, licenciado en Derecho, es uno de los cinco miembros de la Comisión Ejecutiva Delegada de Iberdrola, la más importante y la que más veces se reúne (22 reuniones en 2013), lo que se traduce en mayores emolumentos por dietas de asistencia para sus integrantes.

Dado que la eléctrica, a diferencia de otras empresas del Ibex, pormenoriza la asistencia de todos sus vocales a las reuniones que celebran tanto su consejo de administración como sus distintas comisiones, es posible estimar una media de lo que cobró Acebes por cada una de las 31 reuniones a las que asistió en 2013 en su condición de consejero de Iberdrola: 10.225,81 euros. El exministro asistió a las trece reuniones que celebró el consejo de administración y acudió a ocho reuniones de la Comisión Ejecutiva (de la que forma parte desde julio del año pasado) y a otras diez de la de Auditoría y Supervisión del Riesgo, de la que fue integrante entre enero y julio.

En 2012, su retribución se quedó en 216.000 euros, al haberse incorporado a Iberdrola en abril de ese año: cobró 174.000 euros de retribución fija y otros 42.000 en concepto de prima de asistencia. En este caso, asistió a 13 de las 17 reuniones del consejo de administración y a nueve reuniones de la Comisión de Auditoría. En ese ejercicio, por tanto, cobró una media de 9.818 euros por reunión.

Doblemente imputado

Acebes, que abandonó la política activa en junio de 2011, cuando dejó su escaño en el Congreso de los Diputados, hoy por hoy está doblemente imputado por la supuesta contabilidad paralela del PP (por un posible delito de apropiación indebida) y por su etapa en Bankia (por apropiación indebida, falsificación de las cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas).

Fue nombrado consejero de Iberdrola tras dimitir como consejero del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de la entidad. Cuando fue nominado, Iberdrola destacó que la experiencia previa del abulense en Bankia “le sitúa en una posición idónea para el ejercicio de sus funciones como miembro de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo de Iberdrola”.

Su salida de la entidad y su simultáneo aterrizaje en Iberdrola (de la que Bankia era entonces accionista destacado) se produjo dos semanas antes de la intervención de la entidad, que tuvo que ser nacionalizada y necesitó un rescate multimillonario del Estado tras una salida a bolsa que dilapidó la inversión de unos 300.000 pequeños accionistas.

El exministro presidía el Comité de Auditoría y Cumplimiento del BFA, órgano que, según el informe de los peritos del Banco de España remitido el mes pasado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en el marco de la investigación del caso Bankia, “fracasó en el cumplimiento de sus funciones, pues las cuentas fueron reformuladas con modificaciones radicales”.

El juez Pablo Ruz quiere tener encima de su mesa esta misma semana el protocolo notarial sobre la compra de acciones de Libertad Digital por parte un grupo de personas que, según Luis Bárcenas, habrían adquirido los títulos con dinero negro del Partido Popular. Para ello, el instructor de los ‘papeles de Bárcenas’ ha requerido al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales, integrado en el Consejo General del Notariado, que entregue en el plazo de tres días el protocolo 2.811, al que hace referencia el informe policial que concluye que el dinero de las acciones salió de la caja B del PP.

La legislación establece que los notarios deben registrar e informar de los movimientos de pago que se realicen en metálico por importe igual o superior a los 100.000 euros. En una providencia dictada este martes, a la que ha tenido acceso eldiario.es, Ruz solicita el citado protocolo 2.811 que lleva la firma del notario Ignacio Paz-Ares Rodríguez. El juez investiga si, como le contó Bárcenas, la mujer de éste, Rosalía Iglesias; Alvaro Lapuerta y Francisco Yáñez, adquirieron acciones de Libertad Digital a finales de 2004 con dinero negro del PP y bajo la autorización del entonces secretario general, Ángel Acebes. Según recoge el informe de la UDEF, la adquisición de los títulos por los tres citados se realizó “a través de ingresos en efectivo” en sucursales próximas a sus domicilios.

La operación se habría realizado a propuesta del entonces presidente de Libertad Digital Alberto Recarte, según Bárcenas. Ante la imposibilidad de encontrar desde el PP empresarios que se hicieran cargo de la compra en la ampliación de capital del medio, Lapuerta propuso a Acebes que personas de confianza adquirieran las acciones con dinero negro del PP hasta que aparecieran otros compradores a los que traspasar los títulos. Yáñez habría devuelto el dinero prestado a la caja, pero Rosalía Iglesias invirtió los 139.700 euros en la compra de un chalet y Lapuerta incluso ganó 69.850 euros de plusvalías con la reventa a Libertad Digital de las acciones que compró con idéntica cantidad a la de la esposa de Bárcenas. El extesorero Lapuerta tampoco devolvió el dinero al PP. Ruz indaga si Acebes permitió que tanto Iglesias como Lapuerta se quedaran con el dinero procedente de las donaciones irregulares de grandes empresarios que llenaban la caja secreta del partido.

Una de las acusaciones populares del caso Bárcenas ha solicitado al juez que investigue a la cúpula de Libertad Digital por blanqueo de capitales y un delito contra la Hacienda Pública. De esta forma, el Observatori Desc señala a Recarte, Federico Jiménez Losantos y otras seis personas como presuntos implicados en el blanqueo de capitales del PP a través de la ampliación de capital que lanzaron a finales de 2004. El PP habría apoyado con 434.000 euros la operación de un medio que fue altavoz de los pilares de la oposición del partido de Mariano Rajoy durante la primera legislatura de Zapatero: la teoría de la conspiración en torno a la autoría de los atentados del 11-M, cometidos cuando Acebes era ministro del Interior, y las furibundas críticas al proceso de diálogo con ETA.

El pasado martes declararon ante Ruz casi todos los protagonistas de la operación. Recarte negó haber solicitado al PP que participara en la operación y dijo que se limitó a pedir a Acebes, como a Aznar o a Esperanza Aguirre, que comentaran a empresarios y simpatizantes la oferta de acciones. Lapuerta sólo señaló que el dinero de la compra era suyo mientras que Rosalía Iglesias no fue citada por encontrarse ya imputada. Los empresarios Alberto Dorrego y Borja García-Nieto, que aún conservan las acciones, negaron haber participado en la estrategia diseñada presuntamente por Lapuerta.

Acebes se desentiende

Asimismo, Ángel Acebes negó haber autorizado tal compra de acciones, al tiempo que negó la existencia de una caja B en el seno del Partido Popular. Incluso negó que los tesoreros del PP dependan del secretario general, como recoge uno de los artículos citados en el auto por el que el juez Ruz le citaba como imputado de un delito de apropiación indebida por omisión. Según fuentes presentes en la declaración, Acebes citó varios artículos de los estatutos del partido que, según él, demuestran que el secretario general y el tesorero constituían compartimentos estancos dependientes del comité ejecutivo del PP. Ese amplio órgano de dirección estaba presidido ya en el momento de la compra de acciones por el presidente del PP, Mariano Rajoy.

A raíz de esta declaración, Ruz pide al PP que le entregue en el plazo máximo de tres días actas de ese comité ejecutivo, el comité dirección o la junta directiva nacional que puedan recoger cualquier acuerdo respecto a la compra de acciones de Libertad Digital. “Debiendo remitirse, en caso afirmativo, testimonio íntegro de las menciones existentes en las actas y acuerdos que se hubieren documentado al respecto, con certificación de los asistentes a las reuniones”, recoge la citada providencia de Ruz.

Asimismo, el juez del caso Bárcenas exige que en tres días “se certifique la relación de las funciones que hubieren sido encmendadas al tesorero del partido por parte del Comité Ejecutivo Nacional (artículo 44 de los estatutos del partido) así como la relación de las funciones que le hubieren sido asignadas al gerente del Partido por parte del Secretario General (artículo 22.2 de los estatutos), todo ello en referencia al periodo temporal comprendido entre 2004 y 2008”.

De esta forma, Ruz obliga al PP a apoyar o desmentir las afirmaciones de Acebes en sede judicial sobre a quién respondían Lapuerta y Bárcenas, a los que los investigadores señalan como gestores del dinero negro que el PP recibían de grandes empresarios a cambio de adjudicaciones de contratos de la Administración. Otros tres secretarios generales habían declarado antes ante Ruz –María Dolores de Cospedal, Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas-, en calidad de testigos. Los tres, como hizo Acebes la pasada semana, se desentendieron de cualquier responsabilidad sobre los tesoreros, al tiempo que destacaron la “honorabilidad” de Álvaro Lapuerta.

El último impulso del juez Pablo Ruz para establecer responsabilidades en el caso de la financiación irregular del PP empezó este martes a dar sus frutos. El exsecretario general del PP Ángel Acebes negó cualquier responsabilidad en las cuentas del Partido Popular, de las que, por otra parte, negó “categóricamente” que albergaran una caja B. Pero al tiempo, remachó su autoexculpación asegurando que el tesorero del PP no depende del secretario general, sino del comité ejecutivo, un organismo que integran un importante número de cargos del partido y que siempre encabeza el presidente de la formación, Mariano Rajoy en la época de los hechos investigados.

Según fuentes presentes en la declaración, Acebes explicó que, una vez celebrado el congreso del partido, el comité ejecutivo hace dos nombramientos: el del secretario general y el del tesorero. Las funciones de éste último, añadió, también las establece el comité ejecutivo. “No hay jerarquía entre el secretario general y el tesorero, es decir, entre el área política y económica”, afirmó el exministro del Interior. Según Acebes, esa independencia entre política y dinero dentro de un partido la establece la Ley de Régimen Electoral.

Acebes negó haber ordenado o autorizado la compra de acciones con dinero del PP, ni de sus fondos legales, ni de la presunta caja B. Para apoyar que de él no dependía el tesorero cuando se compraron las acciones, Acebes remitió a un artículo de los estatutos. El juez, en su auto de imputación, citaba el 40.2: “Corresponde al secretario general del partido la dirección de todos los servicios y la jefatura de su personal”.

Durante la mañana, declaró como testigo Alberto Recarte, expresidente de Libertad Digital. Su testimonio aportó detalles hasta ahora desconocidos. Él habló de una o dos reuniones con Acebes, pero solo para informarle de la ampliación de capital y pedirle que lo difundiera entre afiliados y empresarios conocidos. Acebes confirmó esta tesis y negó que diera instrucciones a nadie de adquirir acciones. Admitió que sí pudo trasladar la información que le dio Recarte a algunas personas.

En esa reunión o reuniones acudió acompañado de Federico Jiménez Losantos, que impulsaba Libertad Digital como uno de los dueños pero todavía en los micrófonos de la cadena Cope. Recarte dijo que también se había reunido con Esperanza Aguirre y José María Aznar para informarles de la ampliación de capital. Siempre con el mismo propósito que se encontró con Acebes, que difundieran entre conocidos la posibilidad de adquirir acciones. “Si no hablamos con doscientas personas, no hablamos con nadie”, declaró Recarte.

La foto de Acebes con el arquitecto

Durante una hora, el exministro del Interior contestó solo a las preguntas del juez y de la Fiscalía. Fue suficiente para que cayera en contradicciones, según fuentes presentes en el interrogatorio. Por ejemplo, cuando dijo no conocer a Gonzalo Urquijo, el arquitecto de las obras de Génova, imputado por haber cobrado en negro las obras. En ese momento, Ruz le enseñó una foto en la que aparece dando la mano a Urquijo. Acebes dijo que podría tratarse de la copa de Navidad del partido y alegó que ha dado la mano a “miles de personas” en su vida. En la foto, aparece entre ambos Mariano Rajoy.

Acebes fue especialmente contundente en negar la existencia de una caja B en el partido. Remitió en varias ocasiones a su faceta de “servidor público” para asegurar que si hubiera conocido de alguna irregularidad, lo habría denunciado. Dijo que las anotaciones de sobresueldos de los papeles de Bárcenas era “todo falso e inventado”.

Ruz había citado a Acebes en base al testimonio de Luis Bárcenas, quien aseguró que la adquisición de más de 400.000 euros en acciones de Libertad Digital en 2004 se realizó con fondos de la caja B del partido y con la supervisión de Acebes.

También estaba citado a declarar como imputado Álvaro Lapuerta, quien una vez más se negó a declarar por motivos de salud y leyó una carta en la que aseguró haber gastado 139.700 euros de su propio dinero en la adquisición de acciones porque “en circulos del partido” se entendió que había que ayudar a Libertad Digital.