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La Policía señala que Iberdrola pagó al comisario Villarejo 232.000 euros por espiar a Florentino Pérez

Sede de Iberdrola

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha concluido en un informe, incorporado al sumario de la pieza separada número 17 del caso Tándem, que Iberdrola pagó 1,13 millones de euros entre 2004 y 2017 al comisario José Manuel Villarejo para financiar una decena de operaciones encubiertas. El expolicía, que ahora se encuentra en prisión, realizó supuestamente labores de espionaje contra el presidente de ACS, Florentino Pérez, por los que la primera eléctrica española le pagó 232.000 euros, según publica El Confidencial.

Este informe desvela como se distribuyeron los supuestos pagos de la eléctrica a las empresas del excomisario por las operaciones de espionaje realizadas. Este jueves se dio a conocer que Iberdrola ha fichado como asesor internacional del presidente ejecutivo de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, al ex director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán.

La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán realizó este encargo durante 2009 en plena ofensiva de la constructora para tomar el control del capital de Iberdrola. ACS acababa de incrementar su presencia en el capital de la eléctrica hasta el 12,6% y reclamaba (no lo consiguió) su entrada en el consejo de administración de la eléctrica con al menos dos puestos.

Villarejo presentó en marzo de 2009 al entonces jefe de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, un documento bajo el nombre en clave de operación Posy, que exponía algunas posibles "líneas de trabajo" contra el presidente de ACS: desde supuestos "antecedentes de sobornos" a sus "relaciones" con el naviero Fernando Fernández Tapias.

Otra de las operaciones fue la denominada Gipsy. En esta operación, según el informe policial, Iberdrola pidió que se espiara al que fuera director de Servicios Generales de la eléctrica, José María A.V. ante la sospecha de que podía estar facilitando información confidencial a Florentino Pérez en plena ofensiva de ACS para tomar el control de la eléctrica.

Otros 785.824 euros fueron abonados por Iberdrola para financiar las operaciones de espionaje Arrow y B-B entre 2004 y 2006. En el proyecto Arrow se contrató al excomisario para infiltrarse en un grupo ecologista e investigar a un juez de lo Contencioso-Administrativo de Jerez de la Frontera (Cádiz) que en aquel momento estaba analizando los recursos contra la puesta en marcha de la central de ciclo combinado (gas natural) cuya construcción ultimaba entonces la compañía en Arcos de la Frontera, con una inversión de unos 850 millones de euros.

En el proyecto B-B, el objetivo era conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, que entonces era la primera eléctrica de España. el presunto cabecilla de la operación Tándem rastreó la vida privada, las amistades, los vínculos societarios y la trayectoria profesional de Pizarro. El objetivo del excomisario era filtrar “información sensible” sobre Pizarro a los medios de comunicación “con el fin de erosionar y desprestigiar su imagen” y forzar que el presidente de la energética abandonara su puesto.

Finalmente, Iberdrola habría abonado 114.200 euros a la empresa Cenyt del excomisario por el proyecto Wind para investigar a un socio en Rumanía con el que estaban desarrollando un parque eólico. El exjefe de seguridad de Iberdrola justificó la contratación de Villarejo en su declaración en la Audiencia Nacional por la necesidad de conocer la fiabilidad de un socio con el que la compañía iba a emprender un gran proyecto de renovables ya que el Centro Nacional de Inteligencia había dejado de suministrar ese tipo de información a las grandes empresas españolas cuando invierten en el extranjero tras el ingreso de Rumanía en la Unión Europea.

Solo hace unos días que ha producido el levantamiento parcial del secreto de sumario. La sección tercera de lo Penal ha adoptado recientemente esa decisión en un auto en el que estima el recurso de Antonio Asenjo, imputado en esta pieza, contra el auto por el que el juez Manuel García Castellón prorrogó el pasado 14 mayo un mes más el secreto de las actuaciones.

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