El PP alimentó la teoría de la conspiración del 11M con cientos de preguntas parlamentarias
El Partido Popular alimentó la teoría de la conspiración del 11M impulsada por el periódico El Mundo en la sede de la soberanía popular: el Congreso. Lo hizo a través del registro de cientos de preguntas parlamentarias para que fueran respondidas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero durante varios años después de los atentados.
La enorme cantidad de preguntas deja patente la obsesión que tenía el partido de Mariano Rajoy por vincular a ETA con la perpetración de la masacre en la que fallecieron 191 personas y más de 1.000 resultaron heridas. Así como por dejar en entredicho la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante la instrucción del caso en la Audiencia Nacional, una actitud que choca con su defensa acérrima de la acción de la Guardia Civil en otras tragedias como la de Ceuta. Otro de los objetivos que se desprende de la lectura de los interrogatorios efectuados por el entonces principal partido de la oposición es la insinuación de que el Ministerio del Interior intentó ocultar datos con fines partidistas.
Además de la comisión de investigación creada en el Parlamento, de la instrucción del caso en la Audiencia Nacional y de las numerosas interpelaciones a Interior en el pleno del Congreso, los diputados del PP Jaime Ignacio del Burgo y Alicia Castro preguntaron en cientos de ocasiones por las supuestas “incógnitas” y “mentiras” sobre la masacre. Sus interpelaciones incluyeron imprecisiones, contradicciones e incluso datos falsos.
Intento de involucrar a ETA
Intento de involucrar a ETA
Basándose en informaciones publicadas por El Mundo, el PP intentó dar pábulo a la teoría de que ETA había participado en el 11M. La estrategia se fundamentó en dos pilares: la idea falsa de que el explosivo coincidía con el habitualmente utilizado por la banda terrorista y la posibilidad de que estuviera detrás del atentado dado que supuestamente conocía la técnica empleada para detonar las bombas a través de teléfonos móviles, un extremo negado por los investigadores.
Ambas especulaciones se tradujeron en decenas de preguntas parlamentarias sobre el aprendizaje que la banda terrorista había llevado a cabo sobre ese procedimiento de detonación y el explosivo empleado hasta llegar al absurdo: “¿Qué pruebas periciales se han realizado que avalen que el explosivo Goma 2 puede provocar los destrozos ocasionados por los atentados del 11M en los trenes?”.
El hallazgo de una tarjeta del Grupo Mondragón en la furgoneta Kangoo aparcada cerca de la estación de Alcalá de Henares fue otro de los ejes en los que se fundamentó la teoría de que ETA estaba detrás de los atentados porque supuestamente tenía inscrito un número de teléfono fijo que apuntaba al norte. Sobre esa cuestión también demandó información el PP después de que el periódico El Mundo difundiera la noticia. El Gobierno disipó las dudas: no se trataba de una tarjeta, sino de un casette de la orquesta Mondragón, que no contenía ningún teléfono apuntado.
Otro de los elementos planteados para poner en duda la versión oficial de que el yihadismo era el culpable del ataque terrorista a los trenes se canalizó a través de la interpretación de comentarios de etarras. En este sentido, el PP preguntó por la relación de ETA aludiendo a una carta enviada por una etarra a otro preso de la banda en la que se refería a los “derrapes que pudieron cometer esa masacre” o sobre la conversación en la que se escuchó a Josu Ternera decir “se van a enterar los españoles de lo que somos capaces de hacer”.
El afán por involucrar a la banda terrorista llevó incluso a solicitar información sobre las “investigaciones llevadas a cabo para determinar la razón de ser de la llamada de proetarras a hacer boicot a Renfe la víspera del 11M”. La contestación del Ejecutivo fue que la práctica del reparto de octavillas por parte de la izquierda abertzale contra empresas españolas (como Telefónica o Endesa) era “habitual”.
Relación entre etarras y yihadistas
Relación entre etarras y yihadistasDecenas de las solicitudes de información por escrito remitadas desde la bancada popular al entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se referían a la supuesta buena relación de los condenados del 11M con miembros de ETA, especialmente en las prisiones. Aparte de preguntar por “datos objetivos” sobre las relaciones entre presos islamistas y etarras, los diputados del PP se interesaron, por ejemplo, por la intervención de ejemplares de Egin y Gara con la dirección de varios terroristas y una anotación sobre la elaboración de cloratita.
La respuesta del Gobierno fue rotunda: Abdelkrim Benesmail utilizaba esos papeles como “mantel” y la fórmula hallada no coincidía con la utilizada por ETA para la elaboración de ese explosivo.
Insinuación de obstrucción a la Justicia
Insinuación de obstrucción a la JusticiaEl ataque del PP al Gobierno fue continuo durante los dos años posteriores a la matanza. Las preguntas registradas después del verano de 2006 incluyen decenas de acusaciones de ocultación de datos a la Audiencia Nacional por parte del Gobierno así como de contradicciones en los informes elaborados por la Policía. Respecto al retraso o la ocultación de información al juez, el Ejecutivo siempre respondió que los informes solicitados fueron entregados en tiempo y forma. La obsesión de los populares por la supuesta ocultación de datos provocó que solicitaran información de por qué se omitió la palabra “bilbaínas” en el nombre de una de las evidencias encontradas: “Debería poner Gráficas Bilbaínas”, aseguraba el texto.
Además de insistir sobre la presencia de nitroglicerina en los trenes -un aspecto que los defensores de la teoría de la conspiración empleaban para justificar que era un componente empleado por ETA-, el PP utilizó el error cometido por el jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, en la Comisión de Investigación -en la que señaló que ese producto figuraba en los informes- para insinuar que su posterior desmentido en sede judicial obedecía a fines cuestionables. El Gobierno reiteró que se había tratado de un error y que ningún informe apuntaba la existencia de este explosivo.
El uso partidista de la masacre se hizo aún más evidente con preguntas sobre uno de los implicados, del que se dijo que era militante del PSOE. El PP preguntó en varias ocasiones por su caso hasta que Interior respondió que, aunque no podía dar datos sobre militantes de organizaciones debido a la protección de datos, esa persona jamás había estado afiliada en las filas socialistas.
Cuestionamiento de la actuación policial
Cuestionamiento de la actuación policial
El PP cuestionó la actuación policial de los GEO en el piso de Leganés en el que se suicidaron siete terroristas y falleció un policía. En sus preguntas, los diputados se refieren a los hechos como aquellos en los que “supuestamente” se suicidaron los yihadistas involucrados en el atentado. “¿En qué se basa el ministro para afirmar que los presuntos suicidas dispararon desde las ventanas teniendo en cuenta que no existen vídeos, fotografías ni testigos que avalen esta información?”, inquirió la diputada Alicia Castro. El representante de la Policía Nacional declaró en la Audiencia Nacional que los hechos habían sucedido así.
Otras actuaciones policiales que se pusieron en duda en los escritos registrados en el Parlamento fueron las investigaciones relativas a la furgoneta Kangoo hallada en Alcalá de Henares y de la mochila encontrada en Vallecas (insistieron en que “nadie la había visto” en la estación de El Pozo y denunciaron errores en su custodia para cargar contra el jefe de los Tedax). Los populares llegaron a interrogar a Rubalcaba sobre por qué había manifestado que se encontró la bolsa a las 1:30 horas mientras que en el sumario figuraba como hallada 30 minutos más tarde (las dos de la madrugada).
Exigencia de investigaciones
Exigencia de investigaciones
Las preguntas del PP invitaban implícitamente a Rubalcaba a ordenar investigaciones ad hoc sobre las confabulaciones. Así, se refirieron a las “previsiones” de Interior ante la imposibilidad del juez del Olmo de “averiguar el número ni la identidad de los autores de la masacre”, de “determinar cómo se distribuyeron las bombas en los trenes” o el lugar y condiciones en las que se fabricaron las bombas. El Gobierno respondió en decenas de ocasiones con la única opción posible: el caso estaba judicializado y las instituciones, a disposición de la Justicia para esclarecer los hechos.
Preguntas mal planteadas
Preguntas mal planteadasAlgunos de los escritos registrados por el PP en el Congreso se basaban directamente en acusaciones falsas. Una de ellas hacía alusión a si Rubalcaba consideraba que “un solo testigo es suficiente para involucrar a Lamari” (jefe de la célula terrorista). La contestación fue demoledora: la implicación de Lamari se fundamentó en otros elementos, como sus huellas, la relación con otros autores de la masacre y su identificación como uno de los suicidas de Leganés.
Sospechas sobre el Gobierno de Aznar
Sospechas sobre el Gobierno de Aznar
Aunque el objetivo del PP fue manifestar la existencia de una conspiración auspiciada por el PSOE, en algunos casos pareció perder el sentido de sus ataques al preguntar al Ejecutivo socialista por aspectos de las actuaciones realizadas en los tiempos en que José María Aznar estaba en el poder y el responsable de Interior era Ángel Acebes.
Así, en una de las preguntas solicitaba información sobre los “motivos por los que se intervino el teléfono del locutorio de Jamal Zougham dos semanas antes de los atentados del 11M así como la suspensión de dicha intervención una semana antes de la masacre”. El Ministerio no dio respuesta por tratarse de una pieza secreta. En cualquier caso, ambas decisiones correspondieron al Gobierno del PP.
También se interesaron por las grabaciones de las conversaciones mantenidas por el exdirigente socialista Fernando Huarte con uno de los condenados en la prisión de Villabona. El Gobierno manifestó que envió al juzgado la cinta que se le solicitó y señaló que “de las otras dos comunicaciones”, que tuvieron lugar durante el Gobierno de José María Aznar, “no se conservaron las cintas de grabación si es que esta se produjo”.
Más surrealista es la demanda del nombre del “autor de la nota de prensa enviada a las agencias de prensa EFE y Europa Press” el mismo 11 de marzo de 2004 “afirmando que había nitroglicerina en los trenes”. Esa persona tuvo que ser nombrada por el entonces ministro Ángel Acebes. El Gobierno socialista respondió que no constaba la existencia de ese comunicado.
La utilización del terrorismo como arma arrojadiza fue desinflándose y la estrategia del PP se suavizó conforme las evidencias desmontaban la teoría de la conspiración. No obstante, todavía quedan resquicios y de vez en cuanto los líderes del PP defienden que la verdad completa sobre el 11M aún no se conoce. En septiembre, María Dolores de Cospedal se comprometió a trabajar para que se conozca “toda la verdad” sobre el mayor atentado de la historia de España.
