Llega unos minutos tarde a la entrevista porque se ha entretenido de camino haciendo algunas fotos de la ciudad y propone retratarse junto a la escultura de una madre sosteniendo a su hija en el céntrico campus de la Merced de la Universidad de Murcia (UMU). Angela O'Hagan (Glasgow, 1966) ha venido a la capital murciana esta semana con credenciales poco habituales: es profesora emérita de Igualdad y Políticas Públicas en la Universidad Caledonia de Glasgow (GCU), preside desde 2024 la Comisión Escocesa de Derechos Humanos y lleva décadas construyendo marcos teóricos para medir si un presupuesto público respeta o vulnera derechos. Su tesis doctoral comparó el análisis presupuestario con perspectiva de género en Escocia, Andalucía y Euskadi. Conoce España, por tanto, desde dentro y, prácticamente, no recurre en ningún momento de la conversación a otra lengua que no sea el castellano.

La investigadora ha participado en el I Simposio Internacional organizado por la Universidad de Murcia en el marco de la red EuWIGeN —conformada por once universidades europeas— con una ponencia en la que conecta los derechos humanos con algo tan concreto como ir al médico, pagar el alquiler o acceder a un servicio de dependencia.

La entrevistamos mientras Belfast vive días de disturbios racistas -el mismo patrón que vivió Torre Pacheco hace menos de un año- y el gobierno laborista de Keir Starmer gestiona la tensión entre su discurso de derechos y una política migratoria cada vez más restrictiva.

¿Cuál fue el motivo que le llevó a investigar los derechos humanos desde la vida cotidiana?

Llevo toda mi carrera profesional trabajando en el ámbito de la igualdad, siempre con un enfoque de género. Las mujeres y los hombres tenemos experiencias distintas de los servicios públicos, del espacio público, de los recursos públicos. Las mujeres usamos el transporte para llevar a los críos, hacer la compra, acompañar a la suegra, y volver a un trabajo de tiempo parcial. Los hombres, en general, van directamente a su trabajo. Eso parece obvio una vez que lo ves, pero el sistema económico y social lo refuerza sin pensarlo, a veces sin mala intención, y así se repite el círculo. Lo que hacemos con la investigación es precisamente romperlo: ver qué produce desigualdad y actuar sobre ello.

Lo que me interesa ahora es cómo enlazar esa vida cotidiana con los marcos normativos de derechos humanos. Tendemos a pensar que los derechos humanos son cosas de guerras, cárceles o crisis humanitarias. Pero los derechos económicos, sociales y culturales recogidos en los convenios internacionales hablan de comida, transporte, educación, vivienda, agua. De las cosas de las cuales dependemos todos en la vida cotidiana.

¿Puede poner un ejemplo concreto?

En el norte y oeste de Escocia, una zona de belleza natural inmensa, pero con una población muy dispersa, hemos investigado el acceso a servicios de maternidad. Si vives muy al norte y estás embarazada, tienes un viaje de cuatro horas en coche para llegar al hospital, porque no hay autobús. Y si vives en una isla y es tu primer embarazo, tienes que salir seis semanas antes de la fecha probable de parto porque no hay servicios de maternidad en las islas más pequeñas. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de eso: de que todo el mundo tenga acceso a un servicio de calidad, accesible y apropiado dentro de su entorno. Eso es lo que exigen las normas internacionales.

En la Región de Murcia y en otras comunidades, las listas de espera en dependencia llevan años enquistadas. ¿Cuándo deja de ser un problema de gestión y se convierte en vulneración de derechos?

Es una cuestión de valores: qué valoramos como sociedad. La economía del cuidado —lo que se llama la economía informal— no recibe el mismo valor que la economía de fabricar o construir cosas, aunque tiene un coste individual y económico enorme. Sin invertir en infraestructura de cuidado, creamos un bloqueo en todo el sistema social y económico. Tenemos una población que envejece, un trabajo cada vez más precario, y un sistema que lleva décadas apoyándose en el cuidado gratuito de las mujeres. Eso frena sus oportunidades económicas y perpetúa la desigualdad.

La dependencia recae sobre las familias y, dentro de ellas, sobre las mujeres. ¿Es un fallo del sistema o una vulneración de derechos?

Ambas cosas. Es un problema estructural, tradicional, que llevamos generaciones reproduciendo con el rol supuestamente aceptado de las mujeres como cuidadoras. El sistema económico, social y cultural ha llegado a este punto. Y resulta en brechas de derechos claras: reduce la posibilidad económica, social y cultural de quienes se encuentran más apartados del mercado laboral porque tienen que cuidar de los demás, precisamente porque no hay servicios públicos suficientes.

Usted ha contribuido al concepto de Wellbeing Gender Budgeting. ¿Cómo lo explicaría a alguien sin formación en políticas públicas?

Las finanzas públicas son de todos. Todos contribuimos a través de nuestros impuestos, pero el beneficio de esos recursos no llega a todos de la misma manera. Presupuestar con perspectiva de género no significa gastar más en mujeres que en hombres. Significa preguntarse: ¿qué impacto va a tener esta decisión de gasto? ¿Va a aumentar el bienestar de mujeres y hombres por igual, o va a reproducir la desigualdad estructural que ya existe? Con más inversión en servicios de cuidado, el impacto para las mujeres sería mayor que para los hombres, no porque sean privilegiadas, sino porque cargan con más de esa necesidad. Eso es lo que hay que corregir.

Se ha presentado en el simposio el WIGI Index, un indicador que mide el impacto de las infraestructuras en el bienestar desde una perspectiva de género. ¿Qué aporta que no recogieran los indicadores anteriores?

Es una de las innovaciones más interesantes de este proyecto. Con una base de datos nacionales de toda España y el conocimiento acumulado sobre presupuestación con perspectiva de género y sobre cómo hombres y mujeres experimentan los servicios públicos de forma diferente, se ha construido un índice que puede decirle a quienes toman decisiones políticas dónde invertir para producir un impacto más igualitario. Es una herramienta de análisis para mejorar la política pública con evidencia, no con intuición.

Torre Pacheco en 2025, Belfast esta semana. El patrón es similar, que consiste en una agresión atribuida a un migrante, bulos y vídeos falsos que se viralizan y disturbios racistas en la calle. En Belfast, y también en Torre Pacheco, la propia familia de la víctima ha pedido que no se instrumentalice su tragedia. ¿Estamos ante una manifestación minoritaria de la xenofobia o ante unos prejuicios mucho más extendidos de lo que queremos reconocer?

Es una experiencia que tenemos en común en muchos países de Europa, y también en Estados Unidos. Hay un impulso político claro, pero yo lo relaciono también con la crisis del coste de vida y los años de austeridad que seguimos viviendo. La gente que tiene menos, para quienes llegar a fin de mes es difícil, está muy frustrada y busca a quien echarle la culpa. Y es muy fácil señalar a las personas inmigrantes, porque algunas voces políticas y algunos medios fomentan la idea de que la falta de recursos en la vida cotidiana es culpa del Estado por haber invertido en ellos. Pero no es así. Estos recursos tienen que ser para todo el mundo. Y tenemos que pensar en por qué hay tanta inmigración: las guerras, el cambio climático, que están forzando a la gente a moverse porque su tierra ya no da de sí.

Además, hay una campaña activa de desinformación. Se dice que los inmigrantes reciben cantidades enormes de dinero al día, que tienen acceso a vivienda, a móviles. No es verdad. Tenemos la responsabilidad de contrastar esa desinformación.

El ministro británico para Irlanda del Norte, Hilary Benn, ha denunciado un “clima de miedo” con personas expulsadas de sus casas por el color de su piel. ¿Qué obligación tiene el Estado más allá de condenar?

Tiene obligaciones concretas bajo el Convenio contra la Discriminación Racial: proteger y actuar para prohibir la discriminación que estamos viendo. La libertad de expresión es un privilegio, pero está limitada: no se puede expresar de una manera que amenace o incite a la violencia. El Estado tiene que hacer cumplir ese límite. Está bien condenar, pero también hay que actuar.

El laborismo británico o los socialdemócratas alemanes atraviesan una crisis de apoyo. En España, el CIS ha revelado recientemente que el 44,6% de los españoles apoya la “prioridad nacional” de Vox, que ya figura en algunos pactos de gobierno regionales con el PP. ¿La socialdemocracia ha perdido ese debate porque abandonó los derechos sociales como marco?

Tenemos una responsabilidad, quienes estamos en instituciones públicas, en la prensa, en la docencia: hacer ver con claridad que la estabilidad social, el bienestar democrático, depende de que las personas disfruten de sus derechos económicos, sociales y culturales. Hay una concepción muy extendida y muy equivocada de que los derechos humanos son una carga innecesaria para el Estado. No: son una manera de ampliar y mejorar las decisiones de política pública, porque empiezan con un principio fundamental que es la dignidad y el respeto para todos. Si empezamos desde ahí, se abre el abanico de lo posible.

En el Reino Unido hay un debate sobre si salir del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El laborismo no lo ha descartado. ¿Qué cambiaría en la vida de alguien en Belfast o Glasgow?

Lo que parecía un debate destinado a debilitar el Convenio ha terminado siendo lo contrario. Los 46 países miembros del Consejo de Europa han reafirmado su confianza en la Convención y en el Tribunal de Estrasburgo. Y tienen razón: los derechos que recoge el Convenio están en toda parte de la vida cotidiana. Vienen de un contexto histórico —la posguerra— pero sus valores fundadores siguen plenamente vigentes. Lo que empezó como un cuestionamiento se ha convertido en una reafirmación. Eso es importante.

Castilla-La Mancha ha recibido más de 123 millones de euros para continuar desarrollando políticas activas de empleo y acciones de formación y cualificación para personas ocupadas y desempleadas en la región, 

Así se ha acordado en la LXXXVII Conferencia sectorial de Empleo y Asuntos Laborales presidida por la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, y celebrada este miércoles. En la sesión se acordaba el reparto territorial de los 2.571.961.030 euros con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para la gestión de las comunidades autónomas con competencias en esta materia.

Estos fondos se destinarán para financiar programas y servicios de política activa de empleo incluidos en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno (PAFED).

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha señalado la importancia de este reparto de fondos, para reforzar el mercado de trabajo de Castilla-La Mancha, “que atraviesa las cifras de desempleo más bajas de los últimos 18 años y los niveles más altos de empleo de toda la serie histórica, habiendo superado por primera vez las 800.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en nuestra región en un mes de abril”.

Otros 600.000 euros para prevención de riesgos laborales

Al reparto de 123,13 millones de euros en el marco de las políticas activas de empleo se suman cerca de 600.000 euros dirigidos a acciones destinadas a mejorar la seguridad en los entornos de trabajo de la región, en este caso procedentes de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, dentro de un reparto global de 11 millones de euros en el conjunto del Estado.

“Nuestro mercado de trabajo atraviesa por un momento histórico y confiamos en que el mes de mayo consolide ese buen momento la próxima semana y que siga bajando el desempleo y creciendo la afiliación en nuestra región”, ha indicado Patricia Franco.

Izquierda Unida (IU) de Santander ha registrado una moción para exigir al equipo de Gobierno del Ayuntamiento (PP) la convocatoria de la comisión mixta para la Recuperación Integral del Cabildo de Arriba. Este foro, que aglutina a las administraciones con competencias en urbanismo y obras públicas, lleva más de tres años sin ser convocada. La demanda de IU pasa por reactivar las reuniones del órgano en un plazo máximo de tres meses.

IU elevará el asunto al pleno municipal para impulsar de nuevo un espacio de coordinación entre administraciones pensado para abordar la recuperación integral del barrio, poner en común información, evaluar avances y orientar las actuaciones necesarias, en el céntrico y antiguo barrio.

El concejal de IU, Keruin Martínez, ha advertido de que el Cabildo de Arriba es “una de las zonas más golosas del centro, apenas a escasos metros del Ayuntamiento y, sin embargo, lleva décadas acumulando abandono, solares vacíos, edificios deteriorados y pérdida de vida vecinal. Es una imagen muy dura de la falta de respuesta institucional y urbanística”.

La última reunión de la comisión mixta se celebró el 9 de marzo de 2023, cuando se aceptó una hoja de ruta basada en la modificación puntual del PGOU, la articulación de un convenio entre administraciones y el desarrollo de actuaciones paralelas en el barrio.

Desde entonces, ha habido una serie de movimientos, como el derribo de los números 9, 11 y 13 de la calle Alta o la intervención de Gesvican para construir vivienda de alquiler asequible, pero no se ha vuelto a convocar la Comisión para explicar de forma suficiente cómo encajan esas actuaciones en una estrategia global para el conjunto del ámbito.

“Tenemos que denunciar que no exista una explicación completa, actualizada y verificable sobre qué se está haciendo, qué falta por hacer, qué plazos se manejan y qué papel va a tener cada administración”, ha afirmado el concejal.

La moción plenaria plantea que la convocatoria de la Comisión Mixta no sea una simple reunión informativa, sino una verdadera sesión de trabajo. Para ello, ha reclamado que el equipo de Gobierno remita a todos los grupos municipales, con al menos un mes de antelación, la documentación técnica, urbanística, patrimonial y administrativa necesaria para analizar la situación real del barrio.

“Una comisión sin documentación previa serviría de poco. No queremos una foto ni una reunión que solo sirva para cubrir expediente ni que sea meramente informativa. Queremos una reunión de trabajo, con expedientes, datos, calendario, compromisos y una hoja de ruta que se pueda comprobar”, ha subrayado Martínez.

Derecho vecinal a información

En una visita reciente al entorno, el concejal ha comprobado de nuevo el estado de abandono de distintos puntos del Cabildo y recogió la preocupación de vecinos que reclaman transparencia, participación y certezas sobre el futuro inmediato de la zona.

Por ello, considera que la situación del barrio debe abordar, no solo desde una perspectiva urbanística, sino también humana. “Hablamos de un barrio marcado por el deterioro, por el recuerdo del derrumbe que costó la vida a tres vecinos y por una pérdida progresiva de población y tejido vecinal. Quienes siguen viviendo allí tienen derecho a información clara y a garantías de que el barrio no seguirá degradándose mientras se acumulan anuncios”, ha indicado Martínez.

Al mismo tiempo, el edil ha lamentado que no se ha hecho nada para impedir los procesos de acumulación de suelo, dinámicas propias de gentrificación en un lugar atractivo por su ubicación, o la dilatación de actuaciones por parte de iniciativa privada para forzar la revalorización de suelos.

José Manuel López (Madrid, 1966) llega con una ristra de propuestas para resolver el problema de la vivienda. Todas pasan por una premisa clave: ser imaginativo, inventar nuevas ideas. “Pasar de pantalla”, resume. Su nuevo libro, 'Casas. Hacer política con (la, nuestra, tu) vivienda' (Editorial Akal), es una radiografía del mercado inmobiliario y del alquiler actual. También una guía que evita vender balas de plata, pero que apunta a una consecuencia irrefutable: una sociedad que se divide entre “una parte a la que le cayó una casa y tiene la vida hecha y el resto”.

López es ingeniero de formación, especializado en planificación y urbanismo, con una amplia experiencia como gestor tanto en las administraciones públicas como en el sector privado. También en el ámbito político. Fue candidato de Podemos en la Comunidad de Madrid en 2015; director del plan de innovación Justicia 2030 del Ministerio de Justicia en 2020; y actualmente es director del gabinete de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Propone sustituir el concepto ‘vivienda’ por el de ‘casa’.

Al escribir, me fijé en el término. Cuando invitas a alguien a cenar, lo invitas “a tu casa”, pero al preguntar a gente que tiene una vivienda que alquila, siempre me decían: “Yo vivo en una casa y alquilo una vivienda”. El concepto ‘casa’ nos permite pensar de otra manera, porque esa vivienda que se alquila es la casa de alguien. En torno a ese concepto, es mucho más fácil plantear cualquier tipo de política.

¿Se puede salir del relato de que la crisis de vivienda no tiene solución?

Sí, pero hay que cambiar de mirada. Cuando hablamos de vivienda encontramos dos salidas: construir mucho más o esa idea melancólica de ‘si fuéramos como Austria…’. No podemos construir mucho más y Austria ha tardado 100 años en lograr ese modelo. Tenemos que ver las casas como un ecosistema con cuatro elementos. Uno es el acceso, lo que está ahora encima de la mesa. Otro tiene que ver con el uso; con más de un millón de personas que no pueden bajar a la calle o que se han ido a una residencia porque no tienen ascensor. Está el impacto ambiental. Y un cuarto elemento, que tiene que ver con la economía. La construcción tenía un peso en la productividad, pero que ahora tiene más que ver con lo financiero, tanto para los fondos como para los hogares, que desde hace 60 años ahorran en ladrillo.

Hay otro elemento, la innovación. Estamos pensando en construir como siempre, pero la industrialización nos permite tener casas en cuatro meses. Si levantas la cabeza en ciudades como Madrid, Barcelona o València, verás que se están recreciendo los edificios. Si sales de la pantalla del acceso, aparecen otros elementos que pueden funcionar.

¿Eso debería ir acompañado de otras medidas? ¿Hasta dónde pueden crecer en alto las ciudades si no hay un aumento de los servicios públicos?

Hemos estado haciendo ciudades extensivas, que son las que no tienen transporte ni servicios públicos. Cuando montas un sistema de chalés adosados lejos del centro, las administraciones no tienen capacidad de generar servicios y el centro de salud llega 15 años después. Si lo haces sobre la ciudad consolidada, los servicios ya están ahí. En la Conferencia de Quito, en 2016, Naciones Unidas ya dijo que había que densificar en lugar de extender. Cualquier ciudad está llena de ‘agujeros’, de solares pendientes de algo, con los que puedes reconfigurar la ciudad. El recrecimiento te lo permite, siempre y cuando haya un control. Ahora lo hacen las élites, pero puedes sacar una ley que diga que todo lo nuevo es VPO permanente. Hay que volver a un sistema en el que la vivienda pase a ser redistribución y no un mercado libre, como lo es desde los años 80.

La sociedad se divide en dos, los ‘mochileros’ que han recibido ladrillo y los que no

¿Cómo ha influido el contexto social e ideológico en las políticas de vivienda de las últimas décadas?

El 80% de nuestras viviendas están construidas después del año 1960. Hay un primer ciclo, en el que Franco ve que se le está yendo la dictadura y reparte 8 millones de VPOs. No sé si mi padre tenía en la mano un lápiz o un cóctel molotov, pero cuando le dieron la casa, un quinto sin ascensor de 68 metros, lo soltó. Cuando en 2011 se cumplieron los 50 años de mi barrio, se hizo una reunión y ocho de cada diez vecinos, entre ellos mi padre, decían que conocían a alguien en el Ministerio de Vivienda. Les habían convencido de que era un favor personal. Ahí se consigue que empecemos a ahorrar en ladrillo y que la propiedad sea un valor para los españoles.

Luego llegó el segundo ciclo, con Felipe González, donde se pasa a las ayudas en el IRPF, que supusieron una transferencia de 160.000 millones. El gran problema entonces fue la descalificación. Mis padres estaban muy contentos, porque pasaron de vivir en una casa de 300.000 pesetas a una de tres millones. Fue la gran redistribución, pero el Estado estaba diciendo que, desde ese momento, cada familia se ocupa de su siguiente generación. A partir de ahí, la sociedad se divide en dos: los mochileros que han recibido ladrillo y los que no.

¿Qué tiene de generacional esta crisis?

Tiene una parte generacional, pero también territorial. Los precios de las VPO estaban tasados, daba igual si tenías casa en Palencia o en Madrid. Cuando levantas la protección, tu casa en Palencia vale una cosa y en Madrid, otra. Si te tocó en el centro tienes una herencia; si te tocó en un barrio, otra. Y tiene una parte de vulnerabilidad, que no afecta solo a los jóvenes, sino a quienes tienen menos renta o a ese 14% de la población que llegó después a nuestro país y no estaba el día que se repartieron las mochilas.

Como la cultura es el ladrillo, según caen las herencias del primer ciclo, mucha gente decide comprar una casa, para sus hijos o para alquilarla. Eso sube los precios, el que ahorra [para su primera vivienda] no llega y el que compra, como paga más, lo carga al alquiler, así que la división se hace todavía más grande. Hay que controlar este sistema para que eso no siga creciendo.

En el libro dice que las decisiones de cada uno van a influir en el resto, “alteran el ecosistema”. En un país donde alrededor del 90% del parque de alquiler está en manos de pequeños propietarios, ¿hasta qué punto afectan las decisiones personales en la crisis de la vivienda?

Tienes una crisis, no puedes ponerte en manos de decisiones personales. Las estadísticas dicen que el 75% de la población tiene vivienda en propiedad y un 18% vive de alquiler. De estos, el 15% está en el mercado y un 3% son rentas antiguas o gente que las alquila a un familiar o un conocido por debajo de mercado. ¿Y el otro 7%? El dato no es fácil de encontrar, pero es gente que ha comprado una casa y se la está dejando a sus hijos o a sus nietos. Es decir, cuatro de cada diez casas en alquiler están fuera del mercado. Es una masa social que no está especulando, que te apoyarían si tomas la decisión de regular. El conflicto no es entre casero e inquilino, sino de especuladores contra el resto.

Habla también de las viviendas vacías.

Tenemos casi cuatro millones de viviendas vacías y ese relato de que están donde la gente no quiere vivir no es cierto. En Madrid hay 97.000 y en Barcelona, 75,000, pero la gente no las saca [en alquiler] por miedo a impagos o porque es mucho lío. Prefieren no ganar dinero. Si la Administración es capaz de darles tranquilidad, por ejemplo, a través de una agencia pública que alquile viviendas privadas, mientras le pones un impuesto a la vivienda vacía, estás movilizando miles de casas.

¿Cómo se puede llegar a esas personas que necesitan rehabilitar sus edificios sin que eso suponga una transferencia de recursos públicos a manos privadas?

La vía más fácil para resolver el tema de la vivienda es la rehabilitación. Imagina un edificio sin ascensor en un barrio donde la población mayor no puede bajar a la calle y, además, tiene frío porque es ineficiente. Se puede sacar una normativa que permita recrecer el edificio con dos VPO, a condición de que las plusvalías se destinen a rehabilitar la finca. En una sola intervención estás generando un mercado nuevo de vivienda protegida, mientras resuelves los problemas de los vecinos. Y además pones condiciones: si tienes la vivienda vacía o la estás alquilando por encima del rango de precios que yo decida, no te puedo ayudar. Si para una rehabilitación de 40.000 euros yo te pongo 25.000, si no cumples estas condiciones y tienes que ponerlo todo de tu bolsillo, enseguida te salen las cuentas.

En el libro aborda la fiscalidad. ¿Qué le parece la propuesta del PSOE de modular la bonificación del IRPF de la que disfrutan los caseros si bajan los precios?

Es un error. La vivienda tiene que volver a ser un sistema de redistribución. Si transfieres impuestos al que ya tiene, estás haciendo un sistema de redistribución inverso, que amplía un poquito más la brecha entre los que pueden y los que no pueden. Además, no va a funcionar: a quien puede subir el precio todo lo que quiera, le da igual la bonificación, porque siempre podrá subirlo por encima. El marco político no tiene que ser inquilinos y caseros, sino especuladores contra el resto. Una amiga me decía que alquilaba su vivienda por un precio adecuado, 1.100 euros al mes. Al preguntarle cuánto cobraba antes, me respondía que 700. Entonces es una especuladora. Un ahorrador aspira a ganar un 5%, no un 30%. El ahorro es correcto, la especulación, no.

Este discurso de no enfrentar a inquilinos con caseros es también el del presidente Sánchez. ¿No aleja a una parte de los inquilinos, ahogados por el alquiler?

Aleja a una parte de los inquilinos y no interpela a una parte de los caseros, a ese 40% que han sacado sus casas del mercado y se las alquilan a sus entornos. El problema es quién quiere especular. Los fondos siempre quieren; los grandes tenedores siempre quieren; y los pequeños tenedores, ¿cómo les ayudamos a que estén en el lado correcto de la historia? No lo vamos a hacer apelando a su solidaridad, sino tomando una decisión política y empezando a sacar normas. Yo hago una propuesta: una ley de beneficios razonables, como la que dice cuánto ganan las eléctricas. Bastaría con meter al sector de la vivienda, para que todo el mundo estuviera tranquilo. ¿Este año se gana un 5%? Pues se gana un 5%, que no es lo mismo que que te suban el alquiler un 5%.

Las próximas elecciones van de resolver el problema de la vivienda

Hay mucho diagnóstico, pero ¿se está actuando sobre el problema?

No lo suficiente. Hay una especie de miedo a abordarlo y poca capacidad para salir de ese punto melancólico o de construir más. Hay más cosas que hacer, tenemos que pasar de pantalla. Nos hemos metido en la cabeza que la vivienda es escasa, que la única manera de solucionar el problema es por la vía ortodoxa, aunque tardemos años en hacerlo.

Últimamente se habla de recuperar la ilusión en la izquierda. En los últimos años los precios del alquiler se han disparado, miles de familias dedican buena parte de sus ingresos a pagar la renta y a los jóvenes les cuesta cada vez más emanciparse. Esto ha pasado en ocho años de Gobierno de coalición progresista. ¿Se podía haber hecho más?

La ilusión pasa por resolver este tema. Las próximas elecciones van de cosas, pero la central es resolver el problema de la vivienda. El 15M surge por la vivienda [tras el estallido de la burbuja inmobiliaria], pero la crisis en ese momento estaba centrada en la corrupción, era una crisis política, económica, de cierre del modelo. En 2015 empezamos a hablar de emergencia climática, inteligencia artificial, cuidados y feminismo. La vivienda sigue estando ahí, pero estábamos en otra. En política las decisiones no se toman de un día para otro, hay una presión social que te va llevando al borde del precipicio. Hace ocho años la sociedad no estaba con esto en la agenda e igual la prioridad no era la vivienda. Ahora mismo es la prioridad máxima y hay que resolverlo con valentía. Se está dividiendo a la sociedad en dos, la mitad de la población que está bastante contenta cuando llega a su casa y quien vive esto con ansiedad.

Hacer las paces en el polideportivo del barrio después de pelear por un balón de goma. Echar carreras en el parque, conocer a otros niños y acabar siendo amigos porque os vieron jugar y decidieron unirse. Dejar crecer la imaginación con una torre hecha de bloques de madera, colocados uno a uno y respetando el turno en la ludodeca al lado de casa. Suele decirse que los niños son como esponjas y absorben cada estímulo de su entorno, así que los primeros años de vida son cruciales para su desarrollo: el cerebro tiene más plasticidad que nunca, el cáracter comienza a forjarse y las habilidades salen a relucir.

En Rivas Vaciamadrid, donde uno de cada diez habitantes es niño o niña, han puesto el broche al 2025 con un mes dedicado al juego en la infancia, una herramienta de ocio y diversión pero también un mecanismo ágil para el aprendizaje, la convivencia o la interacción con los demás. Coincidiendo con el aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN) –un tratado internacional de Naciones Unidas que, en su artículo 31, también defiende el Derecho al Juego como parte esencial en los primeros años de vida–, la ciudad organizó hasta 13 actividades entre el 9 y el 21 de noviembre.

Rivas, con 105.000 habitantes y 15.545 de ellos menores de 12 años, es Ciudad Amiga de la Infancia desde 2004. Este sello lo otorga Unicef y reconoce a los ayuntamientos que impulsan políticas pensadas para la infancia o la adolescencia, promocionan espacios de participación para los jóvenes e impulsan alianzas entre los distintos actores locales con influencia en su desarrollo. Otros municipios de la Comunidad de Madrid como Navacerrada, Fuenlabrada o la propia capital también forman parte de la Red de Infancia y Adolescencia (RIA), que agrupa a quienes comparten esta insignia de la ONU.

Además, la categoría de Ciudad Amiga de la Infancia se renueva cada cierto tiempo para supervisar si aún se cumplen los requisitos. “El juego es crucial para el desarrollo físico, mental, social y emocional, permitiendo explorar límites, desarrollar habilidades cognitivas, fomentar la creatividad y aprender valores como la cooperación, el respeto y la resolución de conflictos”, destacan desde el consistorio ripense, que desplegó varias actividades en noviembre con el juego como epicentro.

Entre ellas, se anunció una jornada centrada en el videojuego o los esports, competiciones online entre jugadores o equipos como FIFA o League of Legends. Este formato se ha popularizado entre jóvenes y adultos hasta crear ligas profesionales e incluso campeonatos internacionales. El debate en Rivas se planteó en torno a cómo el gaming afecta en nuestro cerebro y qué evidencias científicas existen de ello, así como las habilidades cognitivas o socioemocionales que se desarrollan o ideas para elaborar planes de acompañamiento familiar que supervisen su uso.

Cada 20 de noviembre, día en el que se firmó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, se selecciona uno de los 54 derechos del tratado de la ONU para protagonizar su aniversario. La urbe elabora un programa de actividades a su alrededor, y este año le tocó al juego. Desde el Gobierno municipal reivindicaron el concepto como un “pilar de desarrollo integral” en la infancia, y no una actividad secundaria que ayude pasar el rato: sirve para interactuar con otros, aprender a relacionarse o convivir con unas reglas de referencia, así como interiorizar valores como la cooperación o la resolución pacífica de conflictos.

A nivel municipal, existe un Plan Local de Infancia y Adolescencia (PLIA), la hoja de ruta municipal que articula las políticas públicas durante cuatro años dirigidas a su infancia y adolescencia. La estrategia, alineada con los principios de UNICEF y la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, vela por la existencia de entornos seguros, participativos o accesibles y pensados para que el el juego y la escucha activa ayuden a estimular a los más jóvenes.

Se basa en seis pilares clave: la escucha y protección de este segmento de la población, el acceso universal a servicios “esenciales y de calidad” para su desarrollo o la promoción de entornos para el disfrute familiar, el juego o el ocio infantil. Asimismo, en 2021 se impulsó un proceso participativo con cuatro comisiones de trabajo para abordar la situación de los sectores más jóvenes.

Desde el Foro Juvenil de Rivas, un proyecto de ocio y participación ciudadana que promueve un municipio más atractivo para los jóvenes, se presentó durante el Mes de la Infancia una nueva campaña contra el acoso escolar. El acto tuvo lugar en La Casa+Grande, epicentro de los recursos juveniles en la ciudad. En realidad, el municipio cuenta con dos centros municipales para la infancia, Bhima Sangha y Rayuela, mientras que este otro inmueble se enfoca en edades posteriores.

Este mismo Foro Juvenil, en el que participan ciudadanos de entre 12 y 18 años que viven o estudian en Rivas, inauguró en las jornadas por la infancia una exposición titulada La historia del pueblo palestino, que aborda la situación histórica en Cisjordania. Rivas Vaciamadrid saca pecho de sus medios públicos –a los que se suman 132 parques infantiles– y también del impulso ciudadano para incentivar reflexiones sociales en la localidad madrileña. “Ser ciudad amiga de la infancia implica fomentar la participación infantil y promover alianzas con actores locales que trabajen para, por o con la infancia”, sentencian desde el Ayuntamiento.

A este espacio se añade el Foro Infantil de Rivas, el mayor órgano de participación de la infancia en la ciudad y que opera desde hace más de 20 años. Está compuesto por grupos donde los niños y niñas opinan, debaten y proponen y se generan cambios que necesita la ciudad para convertirla en un mejor lugar para vivir la infancia. En el espacio participan niñas y niños de 6 a 12 años, quienes aportan ideas sobre asuntos que le afectan a través del juego.

Decía Thomas Dye que “las políticas públicas son todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer”. Y aunque parezca una obviedad académica, la frase encierra una gran verdad que conviene recordar: las decisiones políticas también se miden por las ausencias, por lo que se posterga, se ignora o se deja caer del presupuesto. Y precisamente ahí —en ese terreno donde se decide qué se prioriza y qué se deja para después— es donde las organizaciones de la sociedad civil tenemos mucho que decir.

Durante los últimos días, desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM) hemos intensificado nuestra labor de incidencia política: reuniones con los distintos grupos parlamentarios para hablar del presupuesto regional, relevantes miembros del gobierno regional, desarrollo de propuestas de mejora en materia de empleo, servicios sociales y digitalización dentro del acuerdo “Castilla-La Mancha, Horizonte 2030”, y una insistencia tan constante como amable en algo que ya no debería ser discutible: necesitamos más inversión social, no menos, ya que la inversión social es motor de desarrollo económico y social de la región.

Las políticas públicas también necesitan ciudadanía

Las políticas públicas no surgen por generación espontánea ni se cuecen únicamente en los despachos de las consejerías, sino que son el resultado de tensiones, intereses, datos y, sobre todo, de voces que insisten. La historia de la política social en Castilla-La Mancha —como en tantas otras regiones— se ha escrito gracias a la persistencia de quienes, desde el Tercer Sector, recordamos que el progreso no se mide solo en PIB, sino también en igualdad, acceso, participación y dignidad.

Y es que las organizaciones sociales como la Red representamos la experiencia directa de miles de personas que conviven a diario con la pobreza, la exclusión o la brecha digital. Somos la línea de contacto entre la teoría y la realidad. Entre el informe y el rostro, y cuando los acuerdos de concertación social dejan fuera a las entidades del Tercer Sector —mientras sí incluyen a otros “agentes sociales” más clásicos—, se pierde una pieza clave de la realidad, no por ego corporativo, sino porque sin las organizaciones sociales, el diagnóstico socioeconómico se queda cojo y las políticas pueden cumplir objetivos, pero no cambian vidas.

Una región que no deja a nadie atrás (sobre el papel)

Castilla-La Mancha, Horizonte 2030, suena bien. Es un nombre redondo, esperanzador, lleno de futuro. Y lo cierto es que el documento nace con buena intención y perspectivas, ya que si bien la región ha crecido mucho, y necesitará crecer a mucha mayor velocidad para acercarse a la media nacional, y por ello, esta política nace con el compromiso de coordinar esfuerzos para garantizar un desarrollo sostenible y cohesionado, primer requisito para crecer, aunque si en ese horizonte no caben las personas en situación de pobreza o exclusión (es necesario incluir a ese 34,2% de la población en el diagnóstico), si el bienestar no se mide desde la base, corremos el riesgo de llegar al 2030 con una estrategia ejecutada y demasiada gente descolgada por el camino.

Desde EAPN-CLM hemos planteado propuestas muy concretas en áreas clave que tienen que ver con el refuerzo de los servicios sociales públicos, el empleo inclusivo o la digitalización justa.

La incidencia política no es activismo: es democracia

Algunas personas todavía se sorprenden de que las organizaciones sociales hagan “incidencia política”, como si opinar sobre políticas públicas fuera una intromisión en el sacrosanto terreno de la política institucional, pero precisamente es lo contrario: participar, proponer, evaluar y fiscalizar es el ejercicio básico de la ciudadanía democrática. Es precisamente esa participación ciudadana lo que distingue a las democracias de otros sistemas de gobierno.

Nuestro trabajo no es de oposición, sino co-constructores de políticas, aportando evidencias y propuestas sopesadas, no eslóganes pegadizos; diálogo, no confrontación. Lo hacemos desde la convicción de que la pobreza no se erradica solo con caridad, sino con estructuras sólidas, decisión y compromiso. Nuestra tarea no es dar discursos, sino abrir conversaciones incómodas, y para ello hay que recordarle al poder que la exclusión social no se resuelve con discursos inspiradores, sino con políticas coherentes, lo haremos amablemente, sí, pero con firmeza.

¿Y por qué insistimos tanto?

Porque cuando las instituciones se olvidan de mirar hacia abajo, las desigualdades crecen hacia arriba; porque si no se escucha a quienes trabajan cada día en los barrios, en los centros sociales o en los programas de inserción, la política se convierte en un juego de despacho; y porque —como solemos repetir con una sonrisa medio cansada— no somos ONG “de pancarta”, sino de propuesta.

Nuestra incidencia no se basa en la queja, sino en la evidencia y el dato. Queremos una región más justa, sostenible y digital, sí, pero también más humana. Y eso se consigue con grandes planes estratégicos y también con pequeñas decisiones presupuestarias, con sensibilidad política y con diálogo real.

Sabemos que insistir en aumentar el presupuesto social no es la manera más popular de ganar titulares. Pero si lo hiciéramos al revés —si pidiéramos menos inversión, menos derechos o menos equidad—, seguro que habría cola para escucharnos.

Así que seguiremos siendo esa voz incómoda pero necesaria, la que se cuela en las reuniones y en los presupuestos, la que recuerda que la pobreza no es un fenómeno natural, sino una consecuencia de decisiones humanas.

Y lo haremos con el optimismo que da saber que cada avance, por pequeño que sea, mejora la vida de alguien. Porque otro mundo no solo es posible: está en marcha. Lo construimos cada día, desde cada entidad, cada barrio y cada persona que se niega a aceptar la desigualdad como paisaje.

El Ateneo de Cáceres será este sábado 8 de noviembre el escenario de las I Jornadas sobre Protección Animal, un encuentro impulsado por Verdes Equo Extremadura en colaboración con la Red Derechos Animales de Verdes Equo, que reunirá a representantes institucionales, colectivos y profesionales del ámbito de la protección y el bienestar animal.

De carácter abierto y gratuito, las jornadas pretenden fomentar el diálogo y la cooperación entre administraciones, entidades y ciudadanía para avanzar en la defensa de los derechos de los animales y su reconocimiento como parte esencial de una sociedad sostenible y empática.

Entre los participantes destaca la presencia del director general de Derechos de los Animales del Gobierno de España, José Ramón Becerra, quien ofrecerá una conferencia a las 13:00 horas. También intervendrán representantes de organizaciones de toda Extremadura que trabajan en el ámbito de la protección animal, como ADANA Badajoz, AVATMA, DEMA o la Asociación Felina de Romangordo.

“Queremos generar un espacio de reflexión y encuentro para avanzar hacia una sociedad más empática y sostenible, donde los animales sean considerados parte esencial de nuestro entorno y de nuestras responsabilidades éticas”, ha señalado Juanan Cardoso, coportavoz de Verdes Equo Extremadura.

El programa arrancará a las 10:30 horas con la bienvenida de Juanan Cardoso y Mar González, a la que seguirá un conversatorio sobre 'Desafíos de la conservación de la fauna silvestre' con Pablo Ramos, de Ecologistas Extremadura, y Chusa Barrantes. Tras un descanso, el responsable de DEMA, Pepe Antolín, ofrecerá la charla 'Paciencia para no abandonar', antes de la intervención de José Ramón Becerra, director general de Derechos de los Animales perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España que actualmente está trabajando en la implementación y consolidación de la Ley de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales que entró en vigor en 2024. Entre sus tareas están la elaboración y socialización de varios reglamentos para el desarrollo normativo de la ley, el establecimiento de cursos obligatorios para dueños de perros, y la regulación sobre qué animales se podrán comprar o adoptar. Además, impulsa políticas para apoyar a las entidades locales y protectoras de animales, y focaliza en generar consensos amplios para que las medidas sean efectivas y estables. Su enfoque pragmático prioriza la consolidación y estabilidad de estas políticas más allá de solo cumplir plazos administrativos.

Jornada completa

Ya por la tarde, a las 17:00 horas, se celebrará la mesa redonda 'Extremadura y la protección animal', moderada por Carmen Ibarlucea, con la participación de María Manglano, Andrés Montero y Sara Ramiro. Además, de miembros de la Protectora de Cáceres. A las 19:15 horas, el investigador y divulgador Julio César Pintos abordará 'La política desde la sostenibilidad', y las jornadas concluirán con un acto poético que incluirá textos de Carolina Coronado, Federico García Lorca y Chantal Maillard.

A lo largo del día se sucederán conferencias, diálogos y espacios informales para compartir experiencias. Desde la organización se subraya la importancia de tejer redes entre colectivos, profesionales y ciudadanía, así como de impulsar políticas públicas que reconozcan la protección animal como un eje de sostenibilidad y justicia social.

Y es que la evolución de las sociedades puede medirse por el modo en que tratan a los animales. Su bienestar, respeto y protección no solo reflejan el grado de sensibilidad colectiva, sino también el compromiso ético y cultural de una comunidad que entiende que el progreso no puede desligarse del cuidado de todas las formas de vida que la habitan.

La entrada será libre hasta completar aforo.

Quizá ha pasado un poco desapercibido, pero esta semana la Organización Mundial de la Salud ha movido una ficha importante. Ha dicho a los países europeos que la era de considerar el alcohol un patrimonio cultural o una sustancia inofensiva ha acabado.

Es mejor no engañarnos. Aquí están los datos: La Unión Europea (UE) es la subregión con mayor consumo del mundo y el cáncer es ahora también la principal causa de muerte. En 2020, el alcohol provocó 111.300 nuevos casos de cáncer en el continente.

Así lo recoge un manual de prevención, el vigésimo, publicado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), que depende de la OMS en un volumen –te dejo aquí en enlace para consultarlo íntegro– que da un tirón de orejas a los países por no aplicar políticas de salud pública para proteger a las personas del alcohol. No se anda con medias tintas: “A pesar de la creciente evidencia, estas no se utilizan lo suficiente”.

Pregunté a algunos expertos en la materia cómo estaba España y la respuesta fue: mal. No hay ninguna ley específica para reducir el consumo de alcohol en toda la población, aunque sí algunas medidas que prohíben, por ejemplo, que se anuncien bebidas con alta graduación. Mientras, cada verano seguimos queriendo vivir en los anuncios de cerveza: la amistad, la playa, las vacaciones, el buen rollo. Un idilio patrocinado por una sustancia perjudicial para la salud. 

El Ministerio de Sanidad sí ha aprobado una norma para evitar que los niños, niñas y adolescentes se inicien en el consumo, aunque aún está la espera de votación en el Congreso. ¿Cómo? Básicamente atacando a todo lo que “normaliza” esta sustancia porque ahí, dicen los expertos, está la clave de cualquier política pública en este ámbito: quitarlo de la vista lo más posible y hacer difícil su acceso. De hecho, la ley prohíbe consumir alcohol de manera expresa por primera vez a los menores de edad. 

“Hay que dejar de pensar solo en tratamientos y empezar a hacerlo en políticas públicas. El problema no es individual, sino un asunto de Estado. El ”bebo porque quiero“ no es verdad, hay un contexto que incita”, me decía Albert Espelt, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del grupo de trabajo sobre alcohol de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).

El manual de la IARC destaca unas cuantas medidas cuya eficacia está probada y que deberían empezar a poner en marcha ya los gobiernos:

-Aumentar los impuestos

-Fijar precios mínimos. O sea, prohibir las promociones como la happy hour

-Restringir la disponibilidad. Es decir, que se venda en menos lugares y con horarios limitados 

-Elevar la edad para comprarlo o tomarlo 

-Establecer monopolios gubernamentales que controlen la venta 

¿Ves posible que esto ocurra en España? Somos un país productor donde el consumo, además, está muy normalizado, me advirtió Iñaki Galán, del Centro Nacional de Epidemiología (CNE): “Los gobiernos de todo el sur europeo son bastante reacios a políticas integrales y duras”. En Madrid incluso se promociona.

Lo mejor: combinar cuantas más medidas para potenciar los efectos. Subir el precio es una de las más eficaces. 

Hace tres años pasó algo que dio una pista de cuán difícil podía ser caminar hacia estas políticas. Con los votos de los países del sur, la Eurocámara 'indultó' el vino, la cerveza y el cava en un plan europeo contra el cáncer. Se aprobaron una serie de enmiendas que suavizaron el vínculo del consumo de alcohol con el desarrollo de tumores.

Frases como estas fueron borradas: “La OMS reconoce que no existe un nivel seguro de consumo de alcohol en lo que respecta a la prevención del cáncer e insiste en la necesidad de tener esto en cuenta al diseñar y aplicar las políticas de prevención”.

Albert Espelt me contó que preguntaron a chavales y chavalas en Manresa qué significaba para ellos el consumo “responsable” y muchos dijeron que volver correctamente a casa sin haber perdido el móvil ni las llaves. “Cuanto más se consume, más se tolera, así que un consumo moderado, si se mantiene, implica que cada vez se tomará más alcohol”, asegura. 

Mientras estabas a otras cosas...

La huella cerebral de las agresiones sexuales

 Y para terminar otra investigación relacionada con el cerebro que me ha parecido interesante. Un estudio liderado por el Hospital Clínic de Barcelona ha evidenciado que más de la mitad de las mujeres con estrés postraumático después de sufrir violencia sexual tienen desconectadas dos áreas relacionadas con la respuesta al miedo.

En ellas había desaparecido casi por completo la comunicación entre la amígdala, que ayuda a procesar emociones como el miedo, y la corteza prefrontal, que ayuda a regularlas.

Hasta aquí la newsletter de hoy. Este cierre es un poco especial porque supone también una despedida. Emprendo una nueva aventura profesional y el boletín se queda en buenas manos, las de mis compañeras de la sección de Sociedad. Ha sido un privilegio sostener este canal de comunicación. Gracias por hacerlo tan especial. 

Nos encontramos en la vida (no virtual) de fuera.

Un abrazo muy grande.

Cuando hablamos de ciudades y su exposición al calor extremo, rara vez pensamos en la sombra como algo más que un respiro ocasional entre edificios. Pero en Singapur, la sombra dejó de ser un capricho para transformarse en una estrategia sistémica. En esa isla-ciudad situada casi sobre el ecuador, donde las temperaturas rondan los 31-33 °C durante todo el año, las autoridades han convertido la cobertura sombreada en obra pública.

La obsesión con la sombra urbana comenzó con Lee Kuan Yew, primer ministro de Singapur durante décadas, quien veía la humedad y el calor como factores que socavaban la productividad nacional. Lee impulsó, además de la omnipresencia del aire acondicionado en interiores (a lo que el académico Cherian George apeló con el término “nación con aire acondicionado”, una política urbana: “primero deme sombra”.

Las arcadas, antes olvidadas, se reactivaron: pasillos cubiertos de metro y medio de ancho atraviesan las plantas bajas de locales para dar sombra al peatón. En paralelo, los desarrolladores inmobiliarios están obligados a construir aleros de entre 2,4 y 3,7 metros en las fachadas para generar sombra. Estas marquesinas actúan casi como rutas peatonales techadas.

Pero la sombra no es solo “gris” (de estructura construida): también es “verde”. Singapur ha apostado por árboles de copa amplia, vías arboladas, jardines verticales y techos verdes. En 1974 había unos 158.600 árboles en la ciudad; en 2014, ya contaban más de 1,4 millones. Hoy casi la mitad del territorio urbano está cubierta de pastos, arbustos o árboles.

El efecto de estas infraestructuras verdes no es simbólico. Un estudio de 2025 sobre el “Park Cool Island” en Singapur detectó que los parques presentan una temperatura media del aire entre 1,69 y 2,21 °C más baja que las zonas urbanas circundantes (día y noche). Otra investigación del proyecto IRIS, mediante imágenes térmicas y sensores, muestra que la vegetación elimina la emisión de calor de superficies como muros y pavimentos.

La sombra urbana también se ha convertido en herramienta de equidad social. En la ciudad no se permite que un edificio se habilite para uso humano si no hay árboles plantados en sus alrededores. Las zonas de vivienda pública, igual que los barrios acomodados, disponen de parques, senderos sombreados y vegetación, sin distinciones.

De las zonas verdes a la tecnología climática avanzada

Aunque no basta con plantar y cubrir: el país invierte en tecnología climática avanzada. El proyecto Cooling Singapore 2.0 está desarrollando un “gemelo digital urbano” que permite simular cuál es el mejor balance de sombra, viento y vegetación para distintas zonas de la ciudad.Además, se aplican pinturas reflectantes y se exploran infraestructuras especiales para reducir la demanda de aire acondicionado en hasta un 40 % en algunos sectores.

Singapur no pretende ser el modelo universal, pero sí una demostración de lo que puede hacerse con visión de Estado. En ciudades democráticas con administración rotatoria puede parecer utópico mantener una política tan coherente, pero este experimento climático prueba que la sombra puede dejar de ser decorativa para ser esencial. Y quizá, cuando el calor deje de ser un lujo para unos pocos, muchas poblaciones podrían aprender del ejemplo.

España siempre ha sido un país de voluntarios. Muchas personas han querido ayudar cuando otras estaban en su peor momento, lo hemos visto hace días durante los incendios forestales, pero antes lo vimos en la limpieza del chapapote procedente del ‘Prestige’ en las costas de Galicia, en los peores momentos de la pandemia con el reparto de comida, o en la limpieza del lodo en las poblaciones más afectadas por la DANA de Valencia. 

Sin embargo, últimamente vemos cómo esa ayuda está cargada ideológicamente de ideas ultraliberales, casi rozando eslóganes fascistas como aquello de ‘solo el pueblo salva al pueblo’. Consignas que en el fondo esconden el rechazo a la regulación y al gasto público. Hoy hablamos con Yolanda, Joan y Jorge, tres personas que ante estos desastres se lanzaron a ayudar a los demás, para entender mejor qué les impulsó a actuar y qué sensación les ha dejado esta experiencia. Beatriz Muñoz, periodista del elDiario.es en Galicia, ha colaborado en la producción de este episodio.

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Arde España, y no como figuradamente nos gustaría con oleadas de movimientos sociales reclamando mejoras sociales, una mejor sanidad y educación públicas, el fin del genocidio en Gaza, dimisiones y responsabilidades de todo aquel que desde un cargo público haya cometido un fraude o ilegalidad… No, España arde, y arde de verdad.

El monte, los bosques, la tierra se nos está quemando y si se quema, no nos queda nada. En las últimas semanas hemos visto como el fuego arrasa con bosques y casas de media Península, Galicia, Castilla y León, Extremadura y Madrid son las comunidades más afectadas, aunque también en Castilla-La Mancha hemos sufrido algunos focos, por suerte sin tan graves consecuencias.

Algunos pensarán, bueno, incendios como cada verano, a nosotros esa afirmación nos parece falaz, simplista y no del todo cierta. Si cada verano las condiciones climáticas suelen provocar incendios en nuestro país, el problema es cuando esos incendios, como en el caso actual, no pueden controlarse por la escasez de medios materiales y, sobre todo, humanos, o cuando son provocados por intereses económicos.

Hace algo más de 20 años, la Ley de Montes prohibió la recalificación de uso de los terrenos calcinados, y miren ustedes, qué casualidad que los incendios disminuyeron sorpresivamente, no se nos ocurre por qué motivo. Hace 10 años, el PP modificó esta ley, permitiendo esos cambios si pueden justificarse por “razones de interés general”, los incendios no aumentaron, sin embargo, la superficie quemada sí es decir, tenemos los mismos incendios, pero estos son más destructivos y más difíciles de controlar.

El verano del 2025 pasará a nuestra memoria como uno de los peores años para nuestro patrimonio natural, como un auténtico desastre. Pero nosotros nos preguntamos: ¿podría haberse evitado?

Evidentemente lo más difícil de controlar son las condiciones climáticas, el aumento de las temperaturas, las tormentas secas y las sequías, crean el campo de cultivo perfecto para los incendios forestales.

¿Este es el origen de los incendios que aun queman nuestros campos? No, el 90% está confirmado como de origen humano, incluso intencionados, producidos por pirómanos, más de la mitad del terreno arrasado lo ha sido por incendios provocados deliberadamente, como el caso del incendio en Extremadura, producido por razones cinegéticas. Está claro que hay personas para las que es más importante su fin de semana de caza que la vida de los vecinos y el medio ambiente.

Hasta aquí podemos decir que son motivos difícilmente previsibles y que salvo los desalmados que encienden la mecha, nadie puede ser responsable. La realidad es que las políticas matan y en este caso, queman.

La mala gestión de los paisajes, que llevan al abandono rural, convierten nuestros campos secos en combustible perfecto. La casi desaparición de los rebaños de ovejas, cabras y vacas que pacían hace unos años, nos dejan sin un agente perfecto para la prevención de incendios, que, de manera natural, creaban corredores que hacían las veces de cortafuegos. Ahí entra la política, o debe entrar. Si por diversas cuestiones desaparecen esos cortafuegos, es responsabilidad de los gobiernos suplirlos, hacer cortafuegos eficientes, mantener el monte en las condiciones adecuadas, llevando a cabo las labores adecuadas de mantenimiento. Es absolutamente necesaria la reducción de combustible vegetal, la realización de desbroces selectivos, la recuperación de usos agrarios, etc. Es decir, desarrollar una buena gestión con una planificación del ecosistema con un plan de prevención de incendios y de conservación del medio natural.

Queremos hacer una llamada, necesitamos una buena gestión del ecosistema, necesitamos el compromiso de los políticos de defender los espacios naturales de nuestro territorio, necesitamos políticas que aseguren los medios económicos y humanos necesarios para prevenir estas situaciones, pero no hablamos de contratos estivales, en dudosas condiciones laborales, sino de cuadrillas estables, con condiciones laborales adecuadas que puedan realmente realizar las necesarias acciones para evitar los incendios.

Está claro que hay desalmados que producen los incendios, pero por suerte, también hay personas maravillosas, héroes que se juegan sus vidas para salvar la del medio natural.

Bomberos forestales, agentes medioambientales, miembros de la UME, a todos ellos queremos agradecer sus esfuerzos, su trabajo incansable y de eso en Castilla-La Mancha sabemos mucho. Nos gustaría recordar a los 9 bomberos forestales y 2 agentes medioambientales que perdieron la vida combatiendo el incendio forestal del Riba de Saelices hace justo 20 años. A sus familias y a las familias de los fallecidos combatiendo los incendios de este verano, queremos enviar nuestras condolencias con una última demanda, necesitamos políticas eficientes para que estos sean los últimos fallecidos luchando contra el fuego.

*El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Eva Ramírez, Elías Rovira y Javier Sánchez.

¿Dónde están los dirigentes de juventud de Toledo? ¿Dónde están las políticas que deberían garantizarles a todos y todas un futuro digno? No es una pregunta para un debate tranquilo: es un grito que recorre los barrios, que se escucha en las casas donde ellos y ellas no pueden emanciparse, que resuena en las conversaciones de quienes saben que la ciudad se les está cerrando en la cara. Y no nos engañemos: lo que existe no es política, es beneficencia. Un sucedáneo paternalista que pretende calmar la indignación de todos y todas con gestos simbólicos y actividades recreativas, mientras el verdadero problema se pudre bajo la alfombra.

Beneficencia es organizar festivales y excursiones para ellos y ellas cuando los jóvenes no pueden pagar un alquiler. Beneficencia es inaugurar proyectos piloto para unos pocos, mientras la mayoría se enfrenta sola al muro de los precios abusivos y la precariedad laboral. Beneficencia es la sonrisa de foto oficial cuando detrás, en silencio, se consiente que la emancipación sea estadísticamente imposible. Y no, la beneficencia no construye futuro: lo adormece.

La realidad es clara y cruel. Los jóvenes toledanos y toledanas viven atrapados entre salarios bajos, inestabilidad laboral y viviendas que engullen más del 70 % de sus ingresos. Solo uno de cada diez menores de 30 años, hombres y mujeres por igual, logra emanciparse, y no por falta de voluntad, sino porque el sistema político ha convertido ese derecho en un privilegio. El mercado es una máquina de expulsar: quienes pueden se marchan, quienes no, se quedan atrapados en casa de sus familias o en alquileres que les impiden ahorrar, planificar o soñar.

Frente a esto, las instituciones locales han optado por la estrategia más cómoda: sustituir las políticas estructurales por calendarios festivos. Conciertos, parques temáticos, actividades de ocio... como si el problema de ellos y ellas fuera el aburrimiento y no la imposibilidad material de construir un proyecto de vida. El ocio no es enemigo de la juventud, pero tampoco es la respuesta. Lo indignante es que se utilice como cortina de humo para tapar la ausencia de medidas reales que beneficien a todos y todas.

Las pocas iniciativas que van más allá del entretenimiento, como residencias de estudiantes o proyectos de vivienda compartida, son testimoniales, pensadas para unas decenas de personas, mientras miles de jóvenes siguen excluidos. Es el equivalente político a dar un vaso de agua a un barrio entero que se está quemando. Se gana un titular, pero no se salva nada. Y mientras se juega a la beneficencia, la brecha se agranda: más jóvenes sin futuro, más talento que se va, más ciudad envejecida y dependiente.

La juventud de Toledo, ellos y ellas, no está pidiendo favores: está reclamando derechos. Y esos derechos no se reducen a un techo. Hablamos de empleo digno para todos y todas, educación accesible para cada uno y cada una, transporte que conecte a todos y todas, acceso real a la cultura y a la participación política sin distinciones. Hablamos de políticas integrales que miren a ellos y ellas como motor de la ciudad, no como público pasivo para llenar plazas en fiestas municipales. Porque sin una juventud activa y arraigada, Toledo corre el riesgo de convertirse en una postal bonita... pero vacía.

El silencio de quienes gobiernan sobre este drama no es casual. Es un silencio que denota ausencia, la ausencia que delata ignorancia, y la ignorancia que confirma la falta de interés. Es, en última instancia, una decisión política: priorizar lo inmediato, lo visible, lo que da votos rápidos, frente a lo profundo, lo incómodo y lo transformador. Pero las consecuencias de esta decisión caerán sobre todos y todas, y lo harán para quedarse.

Es hora de asumir que las políticas juveniles no son un extra opcional, sino un pilar estratégico de cualquier ciudad que quiera tener futuro. No basta con planes en papel ni con proyectos simbólicos para unos pocos. Hace falta un parque público de vivienda en alquiler asequible para ellos y ellas, ayudas que lleguen sin burocracias imposibles a todos y todas, planes de empleo que no se basen en contratos basura, programas de emancipación que empiecen en la educación y terminen en la autonomía real.

Si Toledo no apuesta por todos y todas sus jóvenes, no tendrá quien la sostenga mañana. No tendrá nuevos vecinos y vecinas en sus barrios, ni empresas con trabajadores y trabajadoras formados y formadas, ni un tejido cultural y social vivo. Tendrá turismo, sí; tendrá fotos bonitas, sí; pero no tendrá vida. Y una ciudad sin vida no es una ciudad: es un decorado.

Por eso, el momento de actuar es ahora. No dentro de cinco años, no en la próxima legislatura, no cuando las estadísticas sean todavía peores. Ellos y ellas no pueden seguir esperando a que alguien, desde un despacho, decida que sus vidas merecen prioridad. No necesitan beneficencia: necesitan que la política deje de mirarlos y mirarlas como un problema y empiece a tratarlos y tratarlas como la solución. Porque si no es ahora, quizá no haya un mañana que merezca la pena para todos y todas.

“El ejemplo más gráfico de cómo es la situación de la sanidad pública en verano en Andalucía.” Así lo decía en julio de 2018 Juan Manuel Moreno, entonces candidato del Partido Popular a la Junta de Andalucía, al referirse al consultorio de Rodalquilar, una pequeña localidad costera en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). “Aquí solamente se abre dos horas al día”, denunciaba ante la cámara, en plena campaña. “Eso, con un Gobierno del Partido Popular y con un Gobierno de Juanma Moreno, no ocurrirá jamás.” Prometía impulsarlo, pero bajo su gobierno el consultorio apenas funciona.

Siete años después, el centro de salud de Rodalquilar -uno de los varios consultorios auxiliares del término municipal de Níjar- no solo no abre dos horas al día, sino que ha reducido su servicio a un único día cada quince: cuatro horas al mes. Es lo que denuncian doce asociaciones vecinales de la zona, que han creado una plataforma para reclamar mejoras en la atención sanitaria de este y otros pueblos del entorno.

Una consulta cada quince días

“La situación actual en Rodalquilar es que solo hay consulta una mañana cada quince días”, señala la Coordinadora de Asociaciones de los Pueblos del Cabo de Gata en un escrito remitido a la Junta. Un problema que se puede agravar en verano porque, como denuncian los sanitarios y los sindicatos, la falta de personal se hace especialmente patente en el periodo estival cuando se producen más bajas y vacaciones. Ahora mismo, la atención puntual se realiza los martes alternos, de 8 a 11 de la mañana, según confirma la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Almería. El resto de la atención médica se presta en el centro de salud de Campohermoso, a unos 20 kilómetros por carretera.

Nada asegura que este verano la situación pueda ser peor por la falta de trabajadores que padece el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Por eso, los vecinos claman por una mejora de su situación. “No estamos pidiendo privilegios”, sostienen desde la Coordinadora, “sino que se nos facilite el acceso a unos servicios a los que tenemos derecho”. Los colectivos alertan de que hay personas mayores, pacientes crónicos o vecinos sin medios para desplazarse que quedan desatendidos: “El transporte público es anecdótico y muchas localidades están aisladas entre sí”.

La Junta asegura que el consultorio “no está cerrado” y que la atención en Campohermoso cubre las necesidades del vecindario. Añade que la asistencia puede gestionarse también por vías telemáticas y que los recursos están ajustados a la población censada en Rodalquilar: 180 personas, según el Instituto Nacional de Estadística. Pero los residentes subrayan que la cifra real se multiplica en verano. “La población se duplica o triplica durante la temporada alta, como ocurre en muchas zonas turísticas del litoral”, apuntan desde la Coordinadora.

Citas sin cubrir

Además del recorte de horario, los vecinos denuncian problemas estructurales: dificultades para conseguir cita médica -la aplicación oficial Salud Responde ofrece plazos de 10 a 15 días- y situaciones en las que los pacientes acuden al consultorio con cita previa y se lo encuentran cerrado por ausencia de personal. “No son pocas las ocasiones en que no hay médico sustituto”, afirman.

Según el Ayuntamiento de Níjar, que reconoce no tener competencias directas en materia sanitaria, en el consultorio de Rodalquilar se tramitan una media de 50 citas mensuales. En torno al 20% de ellas no llegan a prestarse porque los usuarios no acuden. “Se está trabajando para concienciar a la población de que anulen las citas si no pueden asistir”, explican fuentes municipales. Aun así, el consistorio se compromete a “trabajar en el ámbito de sus competencias para garantizar los mejores servicios públicos posibles”.

El PSOE, como oposición en el Parlamento andaluz, critica lo que consideran el “deterioro” de la asistencia sanitaria en la zona, recordando el vídeo en el que Moreno, en 2018, denunciaba que el consultorio abría de 8 a 11 cada mañana. “Entonces le parecía mal, pero hoy se presta ese servicio cada dos semanas y a veces ni eso”, señalan fuentes socialistas. El grupo parlamentario ha apoyado las reclamaciones vecinales y ha anunciado su respaldo a futuras concentraciones, la primera de ellas prevista para principios de junio.

Una población que se multiplica en verano

Níjar (33.000 habitantes) es uno de los municipios más extensos de España. Cuenta con una treintena de núcleos de población muy diseminados, lo que complica el acceso a los servicios públicos por su dispersión geográfica, que a menudo choca con el hecho de que las carreteras que los conectan son comarcales. Un problema que se agrava en verano cuando el turismo amplía notablemente la población de la zona. Pese a ello, la Junta defiende que el reparto de recursos es proporcional al número de habitantes, pero las asociaciones reclaman que se tengan en cuenta otras variables: el aislamiento geográfico, la edad media elevada, la baja densidad poblacional y la llegada masiva de visitantes en verano.

“La falta de personal médico, de transporte y de recursos materiales es más que evidente”, afirma el escrito firmado por las asociaciones al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. “No se tiene en consideración la dispersión del municipio ni la existencia de una población migrante no censada que también necesita atención”.

Frente a la promesa de Moreno en 2018, “eso no ocurrirá jamás con un gobierno del Partido Popular”, los vecinos denuncian que la realidad desmiente al presidente. “Queremos que se incrementen los recursos profesionales necesarios para recibir una atención adecuada”, concluye la Coordinadora. “En ningún caso nos vamos a resignar a continuar con una atención sanitaria tan deficiente”. Por eso, el próximo 8 de junio se movilizarán de nuevo para reclamar mejoras en la sanidad pública de la zona.

La Organización Mundial de la Salud en 1948 estableció la definición de salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

La salud es un pilar fundamental para el bienestar y el desarrollo de cualquier sociedad. En España, a lo largo de las últimas décadas, la mejora en las condiciones sanitarias, el acceso universal a la atención médica y los avances socioeconómicos han permitido que la población disfrute de una de las esperanzas de vida más elevadas del mundo: alrededor de 83 años (más alta en mujeres, unos 86 años, y en hombres, unos 80).

Sin embargo, me gustaría en este artículo detenerme en las dimensiones sociales, no menos importantes, (aunque quizá siempre olvidadas y desapercibidas), que los aspectos psicológicos y biológicos, y que resultarían imprescindibles tener en consideración para entender de qué adolecemos en nuestra sociedad.

Es importante señalar que, pese a que la definición de la OMS es de 1948, no es hasta 1980 que, por primera vez, en Reino Unido se publica un informe donde se tienen en cuenta los determinantes sociales de la salud: el informe Black, que indagaba sobre las desigualdades en salud. Y en España, tendríamos que esperar 16 años más para que los determinantes sociales de la salud salieran a la luz. Ello fue en el conocido Informe Navarro-Benach, publicado en 1996 bajo el título 'Desigualdades sociales en salud en España'.

En el imaginario colectivo, la salud sigue estando atrapada en un relato simplista: enfermar o estar sano depende de hábitos individuales, genética o, a lo sumo, de la rapidez con la que uno acuda al médico. (Pilar sobre el que se alimenta la sanidad privada). Sin embargo, esa mirada estrecha omite una verdad crucial: los determinantes sociales (esas condiciones en las que nacemos, vivimos, trabajamos y envejecemos) modelan nuestra salud tanto o más que cualquier predisposición biológica. Y, aun así, siguen siendo invisibles para gran parte de la población, e incluso para algunas políticas públicas.

Resulta desconcertante que, a pesar de décadas de investigaciones (desde el histórico Informe Black en Reino Unido en 1980 hasta la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS en 2008), los determinantes sociales apenas ocupen espacio en la conciencia pública. ¿Por qué seguimos culpando al individuo de su enfermedad, ignorando el peso del entorno social y económico en el que vive? Vayamos a un ejemplo cotidiano: dos personas sufren diabetes tipo 2. Una tiene una condición socioeconómica que le permite acceso a frutas frescas, espacios verdes, tiempo para ejercitarse y servicios de salud de calidad. La otra, tiene una situación socioeconómica que le alcanza para ultraprocesados, ya que son más baratos y abundantes que las verduras, donde la falta de tiempo por su precariedad laboral le limita la actividad física y donde la atención médica llega tarde y mal. ¿De verdad creemos que ambas tienen las mismas posibilidades de manejar su enfermedad? Esta ceguera social no es accidental. Estamos en una sociedad que hiperindividualizan la responsabilidad: si estás enfermo, es porque no te cuidaste; si tienes obesidad, es porque “no tienes fuerza de voluntad”. La lógica neoliberal, convierte al ciudadano en un “emprendedor de sí mismo”, y ello cala profundamente en nuestra comprensión de la salud, invisibilizando las desigualdades estructurales que realmente enferman.

Más grave aún, esta invisibilidad alimenta políticas sanitarias desacertadas. Se invierten millones en campañas de 'hábitos saludables' que apelan a elecciones individuales, como si todas las personas pudieran, en igualdad de condiciones, elegir llevar una dieta equilibrada o correr cinco kilómetros diarios. Ignorar los determinantes sociales no solo es injusto: es ineficaz. No logra mejorar la salud poblacional y perpetúa el ciclo de enfermedad y pobreza.

La invisibilidad alimenta políticas sanitarias desacertadas. Se invierten millones en campañas de 'hábitos saludables' que apelan a elecciones individuales, como si todas las personas pudieran, en igualdad de condiciones, elegir llevar una dieta equilibrada o correr cinco kilómetros diarios. Ignorar los determinantes sociales no solo es injusto: es ineficaz

La pandemia de COVID-19 hizo aún más evidente esta realidad. El virus no golpeó a todos por igual: las tasas de contagio, hospitalización y mortalidad fueron más altas en comunidades pobres, en trabajadores esenciales mal remunerados, en quienes no podían teletrabajar ni aislarse. Aun así, el discurso público insistía en el mantra de la “responsabilidad individual”: lávate las manos, quédate en casa, mantén la distancia... ¿Y qué pasaba cuando quedarse en casa significaba compartir 40 metros cuadrados entre cinco personas?

Mucho se habla de salud mental pero no hay que olvidar que la precariedad laboral es uno de los factores sociales más relevantes en el contexto de la salud mental. Las condiciones laborales inestables, los contratos temporales, las jornadas largas sin posibilidad de conciliación familiar, la falta de seguridad en el empleo y los bajos salarios afectan directamente al bienestar psicológico de las personas.

Los trabajadores/as que se encuentran en situaciones laborales precarias experimentan niveles elevados de estrés y ansiedad, lo que aumenta significativamente el riesgo de padecer depresión y otros trastornos mentales. La presión constante por cumplir con objetivos laborales poco realistas y la incertidumbre sobre el futuro crean un entorno de ansiedad crónica, donde la salud mental se deteriora rápidamente.

Este contexto refleja cómo los determinantes sociales, como las condiciones de trabajo, son fundamentales para entender las crisis de salud mental que atraviesan muchas personas, invisibilizando aún más las dificultades inherentes al entorno socioeconómico.

Frente a este escenario, urge un cambio de mirada. Necesitamos una salud pública que no solo promueva estilos de vida saludables, sino que actúe sobre los determinantes sociales: reducir la pobreza, garantizar vivienda digna, crear empleos seguros, mejorar la educación, asegurar acceso equitativo a servicios de salud de calidad. La medicina no puede ser solo una respuesta al dolor individual: debe ser también una herramienta de transformación social.

Mientras sigamos enfocándonos solo en lo biológico y lo conductual, mientras ignoremos que las condiciones de vida enferman o curan, seguiremos oyendo ese grito silencioso: ¡Ay, ay, me duele! Pero no será solo el dolor físico el que nos atraviese, sino también el dolor de una sociedad que, mirando hacia otro lado, se niega a sanar verdaderamente.

Izquierda Unida celebra este fin de semana la Conferencia Interparlamentaria en La Rioja, un foro de reflexión con los cargos públicos de la formación en diferentes instituciones. “Una reflexión conjunta que lanza el mensaje a la sociedad de una organización que se arremanga en un contexto político muy complicado, donde la ola reaccionaria y el espíritu reaccionario pareciera que forma parte del orden de los tiempos y ante lo que decimos que no”, ha subrayado el Coordinador Federal de IU, Antonio Maíllo, acompañado de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la diputada riojana Henar Moreno.

Maíllo se ha negado a “asumir de manera resignada una visión autoritaria que corree los mecanismos del sistema democrático” y ha dicho estar en un momento de “disputa política”, en referencia a la llegada de la ultraderecha a países europeos o la reciente llegada de Trump a la presidencia de EEUU, sobre lo que ha pedido “no tomarse a la ligera o como broma” sus anuncios. “Frente a la alternativa autoritaria, reivindicamos una alternativa de profundización democrática”, ha dicho Maíllo llamando a decir “basta” a asumir “con resignación y brazos cruzados la ofensiva de la derecha”.

No fue un voto contra el Gobierno. Las derechas votaron contra doce millones de pensionistas, contra veinte millones de personas que son usuarias del transporte público en nuestro país

Sira Rego — Ministra de Juventud e Infancia

Sira Rego ha destacado el momento actual recordando el 'no' de la derecha al Decreto Ómnibus, que incluía la subida de las pensiones, los descuentos del transporte, las ayudas para los afectados de la DANA, entre otras medidas sociales. La ministra ha subrayado: “No fue un voto contra el Gobierno. Las derechas votaron contra doce millones de pensionistas, contra veinte millones de personas que son usuarias del transporte público en nuestro país”.

Para el coordinador federal de IU, se ha tratado de una “operación de acoso al gobierno” por la que tienen que ser “castigados”. “La derogación del decreto ómnibus es la constatación de que a la derecha no le importan los intereses de las personas que más necesitan el empuje del Estado. Se han dado un tiro en el pie, pero le han dado una patada a estas personas”, ha subrayado. “Se ha pasado de frenada en el acoso al gobierno, se han dado cuenta de que han cometido un error, garantía de servicio, pero el daño está hecho”, ha añadido Maíllo.

En este sentido, la ministra de Juventud e Infancia ha señalado que el Gobierno ya está trabajando “en la búsqueda de una salida lo más rápidamente posible para sacar adelante las medidas”. “No vamos a dejar que se justifiquen y vamos a exigir en los parlamentos que rindan cuentas”, ha añadido Henar Moreno.

Así mismo, se ha presentado el contenido de la Conferencia Interparlamentaria, en la que se debatirá sobre soberanía alimentaria, la pobreza infantil, el derecho a la vivienda. Será un foro de reflexión entre los representantes en las instituciones de Izquierda Unida, que mantiene la importancia de seguir “con un pie en las instituciones y otro en la calle”.

Entre el mundo que va surgiendo de las grandes transiciones en marcha (climática, cultural, demográfica, digital…) y las políticas públicas heredadas del viejo contrato social (también en sus impugnaciones neoliberales) se produce un desencaje sistémico. El estado de bienestar clásico fue la respuesta, pero el cambio de época altera las preguntas.

Las complejidades e incertidumbres radicales que enfrentamos requieren dinámicas fuertes de acción y protección colectiva. Los valores y las formas de instrumentar esa protección, sin embargo, exigen transformaciones que pueden explorarse a partir de un triple eje: innovar, democratizar y territorializar las políticas públicas.

Innovar (construir fraternidad)

En el núcleo de un nuevo contrato ecosocial para el siglo XXI reside la articulación de igualdad con diferencias, y de autonomía personal con vinculación comunitaria. Las brechas económicas y culturales interseccionan en desigualdades y discriminaciones. La superación de ambas requiere enlazar políticas de igualdad (predistributivas y redistributivas) con políticas de reconocimiento de diversidades de origen, género, edad o funcionales.

Los derechos colectivos, por otro lado, se reescriben desde gramáticas de autodeterminación personal; sin ellas, la igualdad esconde siempre relaciones de dominación. Pero los procesos de autonomía se inscriben en lógicas de interdependencia, solo adquieren sentido en marcos de vinculación colectiva.

Las políticas públicas, por tanto, afrontan el reto de construir comunidad, de tejer entornos cotidianos configurados por lazos de apoyo mutuo y redes de solidaridad. En la práctica, transitar este eje de innovación implicaría construir una ciudadanía social más fraternal, más republicana. Ello nos conduce a dos áreas paradigmáticas del (nuevo) estado de bienestar.

En primer lugar, la garantía de rentas. En el marco de la sociedad industrial, el salario operó como el gran dispositivo de distribución de la riqueza. El cambio de época altera los parámetros: la generación de valor deviene más social e inmaterial; la centralidad del trabajo pierde fuerza en clave cultural; y la transición ecológica fragiliza empleos y antiguos esquemas productivos.

Es aquí donde la renta básica -una prestación universal, individual e incondicional- podría jugar un papel clave en el camino hacia lógicas innovadoras de ciudadanía social. Se trata de una herramienta que desplaza el ingreso del mercado laboral al terreno de los derechos; amplía el perímetro de la desmercantilización hacia la garantía de las bases materiales de la vida.

La renda básica conecta ciudadanía social con autonomía personal, empodera frente a escenarios de dominación y genera, a la vez, condiciones para la articulación de vínculos y redes de apoyo mutuo.

En segundo lugar, los cuidados. La causa de la fraternidad se disputa, sobre todo, en el campo de los cuidados cotidianos y de las prácticas comunitarias de reciprocidad. En escenarios de innovación social, el derecho a los cuidados debería adquirir un nivel de universalidad y garantía equivalente a la salud y la educación; y las políticas públicas de cuidados un grado de centralidad homologable a las políticas clásicas del estado de bienestar.

En los instrumentos de acción se abre un abanico de posibilidades: desde prestaciones universales por crianza y redes socioeducativas de pequeña infancia, hasta fórmulas de articulación comunitaria inscritas en agendas feministas (el programa municipal ‘Vila Veïna’ en Barcelona…).

En síntesis, derechos subjetivos, políticas públicas y prácticas colectivas de cuidados que reconocen vulnerabilidades e interdependencias, pero reducen riesgos de exclusión relacional y contribuyen a fortalecer estructuras de solidaridad.

Democratizar (construir lo común)

El estado de bienestar desarrolló un esquema burocrático de gestión pública de raíz weberiana: estructuras administrativas rígidas; estandarización de servicios; y paternalismo profesional que relega a los ciudadanos a roles pasivos. La ofensiva neoliberal diseñó después el modelo de la ‘nueva gestión pública’ (NGP): transferencia de la lógica mercantil al ámbito público, externalizaciones y sustitución de ciudadanos por clientes.

Hoy, la redefinición del bienestar en clave democrática implica asumir el giro hacia lo común: superar tanto el monopolismo burocrático como la NGP y llevar la protección colectiva a lógicas de participación ciudadana. Democratizar los derechos sociales supone articular lo institucional y lo comunitario: trabajar en las intersecciones entre el potencial universalista de las políticas públicas y el potencial cooperativo de las prácticas ciudadanas.

Supone construir una esfera compartida donde enlazar coproducción de políticas, acuerdos público-comunitarios y dinámicas de acción colectiva vinculadas a la autogestión de derechos. Es un cambio de paradigma. Un estado de bienestar orientado a vertebrar lo común más que a gestionar burocracias: del welfare al commonfare.

Y de la teoría a la práctica. En el doble contexto reciente de crisis y transiciones, surge un nuevo conjunto de iniciativas sociales que operan como motor democratizador de la esfera colectiva: conectan la movilización a la construcción de lo común. Adoptan formas de ‘autonomía’ urbana (viviendas recuperadas, escuelas populares, espacios autogestionados); innovación social (crianza compartida, huertos vecinales, economía cooperativa); y apoyo mutuo (redes comunitarias ante vulnerabilidades relacionales o materiales).

La conexión entre políticas sociales innovadoras y este tipo de acción colectiva permite superar el dilema clásico en términos de institucionalidad versus resistencia; hace posible -más allá de ese binarismo- generar un espacio de articulación de estructuras público-comunitarias, tejidas en torno a tres posibles lógicas.

La lógica temática: coproducción de políticas sectoriales por medio de redes horizontales que suman recursos públicos e inteligencias colectivas (viviendas cooperativas, comunidades energéticas locales…).

La lógica infraestructural: programas de patrimonio ciudadano y gestión cívica. Los equipamientos públicos de proximidad (ateneos, bibliotecas, escuelas infantiles…) han ido configurando la geografía física del bienestar. La gestión cívica (por medio del tejido asociativo del territorio) crea las condiciones para convertirlos también en su ecosistema comunal y democrático: de servicios públicos a lugares de creación colectiva de ciudadanía (los ‘palacios del pueblo’ de Klinenberg).

La lógica vecinal: dinámicas creadoras de barrios y comunidades fuertes, con capacidades para la resolución de problemas y la mejora de condiciones de vida. Aquí, la regeneración de áreas vulnerables desde la acción sociocomunitaria, o el apoyo público a ecosistemas territoriales de economía social (el programa de ‘comunalidades urbanas’ en Catalunya), pueden considerarse estrategias de referencias.

Territorializar (construir arraigo)

La sociedad industrial generó marcos nacionales de gestión del conflicto de clases, el contrato social fraguó en el espacio de los estados. Los regímenes de bienestar se construyeron bajo instituciones centralizadas. Hacia finales del siglo XX, el esquema territorial empieza a alterarse: irrumpe la reestructuración en el espacio de políticas públicas y prácticas colectivas.

Las ciudades, en este proceso, mantienen abierta la ventana colectiva y democrática: la proximidad como espacio donde tratar de proteger sin cerrar; los gobiernos locales como palanca de protección de derechos básicos y de empoderamiento comunitario.

Se trata de fijar la agenda urbana, el bienestar de proximidad y las estrategias locales de transición verde en el núcleo del nuevo contrato ecosocial: retornar a las ciudades las lógicas de emancipación que el siglo XX había reservado a los estados. Se dibujaría, pues, el doble reto de reescribir lo común desde gramáticas de proximidad, y de reubicar en el municipalismo las herramientas clave para hacerlo posible. En síntesis, más poder en los lugares, allí donde las cosas pasan, donde late el talento colectivo para abordarlas.

Conectar ciudadanía y territorio, en la práctica, implica construir un bienestar más arraigado, más sensible a la posibilidad de cotidianidades dignas. Y es aquí donde operan con fuerza las políticas vinculadas al derecho a la ciudad. Ya en 1968, Henry Lefebvre publicaba Le droit à la ville. Su propuesta implicaba inscribir la transformación social en trazados urbanos: de calles, plazas y barrios.

Volvió con David Harvey y su Spaces of hope (2000), en días de alternativas a la globalización salvaje. Y ha estallado con fuerza en la última década, al hilo de la acción colectiva urbana a escala global: la defensa de los hábitats populares frente a dinámicas de ‘gentrificación planetaria’ (Loretta Lees).

El derecho a la ciudad, como dimensión cotidiana y comunitaria de todos los derechos básicos, gana fuerza en tanto que proyecto de reconstrucción colectiva de una ciudadanía democrática para el siglo XXI.

Se concreta en una triple dimensión de políticas entrelazadas: localizar derechos sociales (vivienda y barrios, procesos de acogida, vínculos frente a soledades); generar transiciones ecológicas urbanas (soberanías alimentaria y energética, movilidades saludables) y forjar economías comunales (redes y territorios cooperativos). En su interacción, esos tres vértices temáticos pueden dar lugar a nuevas lógicas de ciudadanía: la prosperidad compartida y arraigada en entornos habitables.

En síntesis, los procesos orientados a innovar, democratizar y territorializar lo colectivo pueden operar, en un contexto ya maduro de cambio de época, como rutas estratégicas hacia un nuevo contrato ecosocial superador del estado de bienestar clásico. El cruce de valores (intersecciones de fraternidad), las estructuras público-comunitarias (espacios de lo común) y el derecho a la ciudad (procesos de arraigo) emergen como ideas-fuerza principales.

Se produce, a partir de ahí, la traducción a políticas públicas y a prácticas colectivas: renta básica y cuidados; lógicas habitacionales alternativas, infraestructuras sociales y territorios cooperativos; planes de barrios y transiciones energéticas de proximidad… Un amplio abanico donde asentar las bases de una ciudadanía social posible para el siglo XXI. Frente a la construcción reaccionaria de miedos y odios, una propuesta para explorar caminos de más democracia; para alzar -de forma discreta- utopías cotidianas de esperanza.

El alumnado que supere el nuevo Máster de Gestión, Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales de la UCLM entrará directamente en la bolsa de trabajo para poder ser nombrados funcionarios interinos, según ha desvelado el consejero de Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en el acto de firma del convenio por Junta, UCLM y las diputaciones provinciales.

El curso empezará con 40 plazas, comenzará en enero y tiene la misma duración que un curso académico. Se desarrollará principalmente online y está pensado especialmente para formar a universitarios en áreas de derecho, administración de empresas y gestión pública para capacitarlos para esas funciones.

Cada plaza tiene un coste de unos 1.800 euros, pero al estar subvencionado por las instituciones firmantes del convenio cada alumno tendrá que pagar 210.

Ruiz Molina ha explicado que esta formación pretende “solucionar uno de los problemas estructurales de las administraciones, que es el déficit de profesionales como secretarios, interventores y tesoreros, fundamentales para el funcionamiento de un ayuntamiento”.

Castilla-La Mancha tiene 955 puestos de estas características de los que en la actualidad están sin cubrir 633. Para tratar de paliar este problema, “que tenemos en la región y en otras comunidades autónomas”, el consejero ha recordado que la Junta ha convocado en los últimos años siete procesos selectivos para formar bolsas de trabajo y ha augurado que este máster “tendrá un gran éxito”, porque garantiza un puesto de trabajo a quien lo supere.

Una formación que “morirá de éxito”

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, ha coincidido con Ruiz Molina en que este máster “morirá de éxito, porque la demanda va a ser muy alta”, y ha subrayado la importancia que va a tener para impulsar la “recualificación” de profesionales del personal que ya está trabajando en la administración pública, “donde a veces hay gente que no se ha vuelto a formar en 25 años”.

Garde ha agradecido en particular a la Diputación de Guadalajara que se haya unido en el que es el primer convenio que firma con la UCLM y ha destacado que las instituciones hayan decidido poner en marcha esta iniciativa “con una universidad pública”.

El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha intervenido en nombre de todos los gobiernos provinciales y ha destacado la importancia de que en este convenio se han puesto de acuerdo instituciones de distinto signo político“.

Martínez Chana ha explicado que “este no es el convenio de mayor volumen económico”, pero es importante “por el factor del personal que trabaja en los ayuntamientos”, ya que estos secretarios e interventores son fundamentales para el funcionamiento de un gobierno municipal.

Hacer “cantera”

El presidente de la Diputación de Cuenca ha corroborado que hay una problemática para encontrar secretarios e interventores en pueblos de Cuenca y Guadalajara y ha apuntado que sin ellos es difícil aplicar la complicada normativa europea. Así, ha deseado que este máster sirva para hacer “cantera” para este personal de los ayuntamientos y espera que este alumnado del máster pueda hacer prácticas en estos ayuntamientos.

El acto lo ha cerrado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha felicitado que la universidad regional “siempre esté buscando salidas más allá de su ámbito”, en este caso para ayudar a “resolver una contractura que sufre el cuerpo local”.

El presidente regional ha coincidido también en comentar el acuerdo entre administraciones de distintos colores y lo ha contrapuesto con el “frentismo” que practican en otros lugares.

La Diputación de Ciudad Real ha anunciado que estudia abandonar el Plan de Empleo de la Junta de Comunidades y crear uno propio, que sea “más potente”. Así lo señaló la diputada y portavoz del equipo de Gobierno, según recoge la Tribuna de Ciudad Real, Rocío Zarco, quien explicó que “los alcaldes aseguran que el plan no está funcionando y que no tienen autonomía a la hora de la selección”.

Por eso, señaló, la institución se plantea crear un plan propio que tenga “más flexibilidad” en la contratación. Además, Zarco señaló que la institución aporta “más dinero que el Ejecutivo autonómico” al plan que “no está atendiendo las necesidades de los ayuntamientos”. El portavoz socialista en la diputación provincial, José Manuel Bolaños, lamentó que se haga “política del empleo a través del sectarismo”.

Desde la Junta de Comunidades, el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha señalado que se trata de un “amago” que solo quedará “en ruido” y que es una “ocurrencia”, así como una “indolencia” con las personas desempleadas de la provincia. Caballero, que ostentó la presidencia de la Diputación de Ciudad Real durante las dos legislaturas anteriores, ha mostrado su convencimiento de que la institución no se saldrá del plan de empleo, dado que durante su etapa como presidente “nunca ha recibido una queja” sobre el mismo, ni de los ayuntamientos gobernados por el PP ni de los del PSOE.

Por otro lado, el vicepresidente segundo ha apuntado que la Junta “solía aportar el 60% del coste”, mientras que la Diputación el 40% restante, además de ser “la única en toda la región” que sufragaba a los ayuntamientos los gastos de Seguridad Social derivados de las contrataciones. Caballero ha advertido de que, si efectivamente se materializa la salida, sería un caso claro de “sectarismo” e “indolencia”.

Aspiración “clientelar”

Por su parte, la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha achacado esta postura de la Diputación a motivaciones “partidistas y clientelistas”, según recoge Europa Press. Padilla ha señalado que sospecha que la Corporación provincial ciudadrealeña no está poniendo a los desempleados por delante de otros intereses que pudieran ser “partidistas” y se ha preguntado si lo que pretende realmente es “elegir” a las personas que quiere contratar con una aspiración “clientelar”.

Así, ha insistido en que la Diputación “no está poniendo a los desempleados como prioridad, sino respondiendo a otros intereses”, al tiempo que ha advertido de que esta Institución debería “poner el doble de dinero” que en la actualidad para seguir ofreciendo las prestaciones de los planes de empleo.

Igualmente, Padilla ha recordado que “en su día”, la “Diputación de Cuenca privó a los parados de Cuenca de poder tener un plan de empleo y oportunidades para poder tener ingresos y desarrollarse, además, en una oportunidad laboral”. “Si lo que pretende la Diputación de Ciudad Real es elegir a las personas que tienen que contratar, entonces lo que está buscando es un programa, digamos, más clientelar”, concluyó.

El Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) será “sinónimo de empleo y no de desempleo, con un papel activo y no pasivo”. Ese es uno de los principales objetivos del Plan Director de Políticas Activas de Empleo 2024-2027, que ha destacado este martes la presidenta, María Guardiola, durante la firma del acuerdo con CCOO, UGT y la Creex en el marco del diálogo social.

Se trata de un documento “para ir de la mano” en el objetivo de generar empleo de calidad y sentar las bases del desarrollo económico, ha destacado Guardiola, que durante su intervención ha recordado que se cumple un año de su toma de posesión.

También ha apuntado que este plan será “el marco y la guía” para poner en marcha otros planes, como los de empleo autónomo, juvenil y de empleo y discapacidad. Según ha dicho, se ciñe a las necesidades actuales del mercado laboral y debe contribuir al desarrollo económico y social, fomentar la empleabilidad, reducir el desempleo y promover empleo de calidad.

Para ello, ha incidido en que se apuesta por casar las necesidades de las empresas como con los perfiles de los demandantes y con una “actitud activa, de salir al territorio”, de ahí que entre los principales objetivos, también destacados por los agentes sociales, sea la transformación del Sexpe.

De acuerdo con el diagnóstico hecho para este plan, las políticas activas incidirán en las mujeres, jóvenes y mayores de 45 años, además de impulsar la cohesión social y territorial. El plan, que no cuenta con partida presupuestaria propia, más allá de la que tengan los planes que se pongan en marcha, cuenta con 8 objetivos generales y 4 líneas estratégicas, como son la mejora del SEXPE, elaboración de planes integrales de empleo y formación, incentivar las colaboración entre entidades publicas y privadas y aprobar e implementar un sistema de evaluación a través de un proceso de transformación digital.

Sindicatos y patronal

Por su parte, la secretaria regional del UGT, Patro Sánchez, se ha congratulado del plan, que es “resultado palpable” del dialogo social y de una unión de voluntades, con el deseo de que la región siga siendo un referente de dialogo social. Según ha dicho, el paro mejora, pero la situación no es optima, porque han pasado cuatro años desde la pandemia y hay extremeños que llevan en paro desde entonces, y ha remarcado que el plan director debe dirigirse a adaptar el mercado laboral a la sociedad extremeña actual.

Para la secretaria de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, el plan director va a posibilitar negociar los dos planes de empleo pendientes para 2024-2025 y 2025-2026, y ha recordado que en Extremadura se ha avanzado en la estabilidad en la contratación, gracias a la reforma laboral, así como un crecimiento económico, fruto de la subida del SMI y de las pensiones. “Partimos de una realidad óptima para seguir creciendo”, ha dicho la responsable de CCOO, que ha instado a no olvidar los fondos europeos de Recuperación y Resiliencia.

Por último, el secretario de la Crexx, Javier Peinado, ha dicho que “hoy es un día significativo” y ha agradecido a la presidenta de la Junta que esté “facilitando, propiciando y se esté creyendo” este marco de dialogo, que cree no es fácil. Además, ha incidido en que este plan nace de una “fotografía muy real” de como esta el empleo en Extremadura, y que ha requerido de mucho esfuerzo de todas las partes, y ha recordado que mientras que en el SEXPE hay inscritos 70.000 demandantes de empleo, las empresas siguen con puestos sin cubrir, una cuestión que hay que abordar “más allá del análisis simplista de que hay gente que no quiere trabajar”. 

Hace unas semanas, Pablo González se sorprendió cuando, al abrir el buzón, encontró una carta de la Generalitat. La misiva venía a decir algo así como que su país le necesitaba. Le estaban reclutando para participar en la Asamblea Ciudadana para el Clima, una iniciativa de participación pública con 100 personas escogidas al azar que debatirán sobre cómo puede afrontar Catalunya los retos del cambio climático.

La Generalitat parte de la base de que estamos en “situación de emergencia climática” y que se deben “reducir drásticamente las emisiones”. Para llevar a cabo estos cambios, se ha decidido contar con la participación de un centenar de catalanes. No serán los encargados de elaborar normativas, pero sí que ejercerán de portavoces de las preocupaciones o prioridades de la ciudadanía en la lucha contra el cambio climático.

“Es un proyecto de mejora democrática y una oportunidad de participar, más allá del voto, en la definición de políticas públicas relevantes”, explican desde el departamento de Acción Climática, que se compromete a “incorporar” las aportaciones de la ciudadanía en las decisiones de la Generalitat. Las personas seleccionadas saben que su palabra no será ley, pero algunos como González se sienten muy emocionados ante la perspectiva de que se les escuche.

En el caso de González, se suma el hecho de que es migrante y todavía no tiene derecho a voto. Así que está “encantado” de participar. Llegó desde Colombia a Torredembarra (Tarragona) hace un año y medio y desde entonces se ha empezado a preocupar “bastante” por el cambio climático. “Ves que sube la temperatura y que hay cosas que no van como deberían”, explica, en referencia a la falta de lluvias y a la grave sequía. Tras recibir la carta, tiene ganas de poder aportar su grano de arena.

En cambio, hay otras personas seleccionadas que jamás se habían preocupado por el estado del clima. Una de ellas es Ainhoa Bel, una vecina de Roquetes (Tarragona) que reconoce que es un tema que no le quitaba el sueño. “Recuerdo hace años que decían que los aerosoles causaban agujeros en la capa de ozono. Pues yo era de la que compraba desodorantes en espray”, resume.

Pero hoy esta técnica sanitaria de 42 años sí esta preocupada. “Vas al súper y te das cuenta de todo el plástico que hay. Bolsas dentro de bolsas”, explica. La razón de este cambio de perspectiva fue la primera de las seis sesiones en las que participarán los miembros de la asamblea. Las tres primeras son formativas, de tal manera que los participantes “se puedan formar una opinión” para después, en las sesiones deliberativas, hacer propuestas con “conocimiento de causa”, tal como destacan desde Acción Climática.

Representación de la ciudadanía

Las 100 personas escogidas al azar han asistido a charlas con meteorólogos que les han explicado los cambios de temperaturas y de ciclos, con biólogos que les han alertado del peligro de los microplásticos o con físicos que les han hablado de las nuevas energías renovables, sus beneficios y sus riesgos. “Uff... Es que estamos fatal”, constata Bel.

A pesar de que los expertos de la cumbre del clima hace dos años que aseguran que se ha llegado a un punto de no retorno, Bel jamás había oído a hablar de nada que le hiciera pensar que el cambio climático pudiera no ser reversible. Por eso ahora es un poco pesimista: “Esto tiene muy mala pinta porque quienes más contaminan no tienen intención de frenar”. Se refiere a países como China, India o Rusia, que están incumpliendo con las pactos globales de reducción de emisiones. Y también a empresas e industrias.

Muchos de los compañeros de asamblea de Bel comparten esta preocupación, sobre todo si se tiene en cuenta que las competencias de Catalunya en la materia son limitadas. “Tenemos las manos muy atadas, tanto el Govern, como nosotros como ciudadanos. No espero solucionar el problema, pero sí ser parte de la respuesta”, explica Virginia Tamayo, vecina de Olesa de Bonesvalls (Barcelona).

Podemos tener un sector agrícola maravilloso y sin a penas huella de carbono, pero ¿cómo va a hacer la Generalitat que dejes de comprar en Shein o en Amazon?

Tamayo está convencida de que una de las áreas en las que Catalunya puede tener incidencia es en el apoyo a la agricultura extensiva: “Hay que ayudar al productor local para que pueda vender a un precio más digno y que tú no tengas que comprar fruta que venga de China”. Aún así, insiste en que hacen falta acciones globales. “Podemos tener un sector agrícola maravilloso y sin apenas huella de carbono, pero ¿cómo va a hacer la Generalitat que dejes de comprar en Shein o en Amazon?”, se pregunta.

Al contrario que algunos de sus compañeros de asamblea, Tamayo sí estaba muy concienciada con el cambio climático antes de participar en la iniciativa, si bien se reconoce parte del problema. “Tengo un coche diésel y voy a supermercados. Vale que tengo un huerto e intento reducir mi consumo, pero a veces he tenido que comprar en Amazon”, expone. Según esta mujer, que ejerce de voluntaria en una asociación forestal, “siempre se piensa en los ricos como culpables, pero la realidad es que vivimos en un sistema que nos obliga a hacer gestiones que afectan al clima”.

González, por contra, sí se fija más en las clases bienestantes. Preguntado por si, a raíz de su participación en la asamblea, ha cambiado algún hábito, se muestra resignado. “No tengo coche, voy a todos lados en bicicleta. Reciclo y no compro demasiadas cosas. Yo casi no contamino. No conozco a nadie que tenga dinero, pero supongo que contaminará bastante más que yo”, asume.

Quien sí ha cambiado de hábitos es Bel. “Muchos somos ignorantes del tema. Vale que antes reciclaba, pero también compraba carne de macrogranjas sin saber que era tan contaminante”, dice. Quiere seguir asistiendo a la asamblea para saber qué más puede cambiar. Y también, para conocer “cómo hacer de Catalunya un lugar mejor”.

Tras haberse formado, a Bel, González y Tamayo se les trasladarán unas preguntas. ¿Cuál debe ser la alimentación del futuro? ¿Cómo se debería cambiar el modelo de producción para mitigar las emisiones? ¿Qué tipo de energías renovables se debería priorizar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a cambiar? ¿Cómo se deben repartir los esfuerzos? ¿Quién debe asumir los costes? ¿Qué deben hacer los gobiernos?

Es muy emocionante pensar que de nuestra participación puedan salir leyes

Ahora mismo, los tres reconocen que son preguntas que les quedan un poco grandes, pero están dispuestos a afrontar el reto. “Es muy emocionante pensar que de nuestra participación puedan salir leyes”, valora González. Tamayo también coincide en la importancia de contar con la opinión de la ciudadanía para decidir y asegura que las normativas son importantes para la crisis climática, pero duda de la capacidad de incidencia que tenga Catalunya.

En cambio, Bel no tiene claro que la Generalitat realmente pueda incluir sus posturas en futuras leyes. “No sé si nosotros 100 podemos solucionar nada”, reconoce. Pero lo que sí ve claro es que este proceso de discusión servirá para concienciar a parte de la población. “Se trata de hablar y expandirlo. Cada uno de nosotros hablaremos con 20 personas sobre esto, ellos con otras diez y así sucesivamente”, explica. “Quizás no acabemos con la crisis climática, pero algo sí vamos a cambiar”, remacha.