Las primarias de Compromís para la cabeza de cartel de las Elecciones Europeas tendrá al menos tres aspirantes: la todavía diputada autonómica Isaura Navarro (Iniciativa) que hizo el anuncio hace pocos días, el actual 'titular' del escaño en Estrasburgo, Jordi Sebastià (Bloc) que ha anunciado su intención de renovar el puesto, y la exdirectora general de Financiación y Fondos Europeos, Myriam Fernández Herrero, que esgrime su larga experiencia en asuntos europeos.

Sebastián ha confirmado su candidatura a través de las redes sociales con un vídeo grabado precisamente en el Parlamento Europeo en el que recuerda que con él Compromís consiguió el hito de su primer eurodiputado, destacando como sus principales referencias la lucha por las infraestructuras como el Corredor Mediterráneo y la defensa de los intereses de los agricultores valencianos.

Por su parte, Isaura Navarro anunció su candidatura en una entrevista radiofónica hace unos días. Myriam Fernández Herrero ha anunciado este viernes su intención y ha destacado su trabajo en la divulgación entre los pequeños municipios valencianos de cómo captar financiación europea de forma efectiva.

Compromís aspira a reeditar este escaño en unas elecciones a las que concurrirá en una coalición de diferentes formaciones como Chunta Aragonesista (ChA), Més per Mallorca y Por Un Mundo Más Justo (PUM+J), y en la que todavía se está pendiente de sumar a Nueva Canarias y parte de En Marea; por otro lado no estará Equo, formación a la que sí se sumó en 2014 pero que ahora ha optado por unirse a la candidatura de Podemos.

La diputada de Compromís, Isaura Navarro, se ha referido este martes al comunicado remitido por la Diócesis de Valencia a los medios de comunicación respecto a la denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción por los 22 trabajadores de la Archidiócesis de Valencia que cobraron de la Generalitat como si fueran profesores de religión.

Según Navarro la Diócesis reconoce en su comunicado que se estaba llevando a cabo esta práctica, “una manera de actuar que sabían que no tenía ningún apoyo jurídico y que reconocen que se ha prolongado durante más de veinte años. Estamos hablando de 22 trabajadores de la Iglesia católica pagados durante todo ese tiempo con dinero público”.

“Ahora -ha añadido la parlamentaria- tras reconocer el pecado viene la penitencia y por eso lo que debería hacer la Iglesia es, lo más pronto posible, devolver ese dinero a las arcas públicas, porque son de los valencianos y las valencianas”.

Respecto a las explicaciones de la Diócesis acerca de que los 22 trabajadores se dedicaban a labores de formación, Navarro ha asegurado que “la cuestión no es a qué dedican el tiempo las personas que trabajan para las Diócesis, sino que el dinero público no tienen porque pagar trabajadores de la Iglesia católica. Hay una ley estatal que obliga a las comunidades autónomas a retribuir el salario de los profesores de religión, pero no del personal de las Diócesis, esa es la cuestión”.

La portavoz adjunta del PP en les Corts, María José Català, ha denunciado la “obsesión enfermiza de Compromís por desprestigiar la enseñanza de la religión en la Comunitat Valenciana”. La crítica se produce a raíz de las acusaciones de la diputada Isaura Navarro sobre la contratación de 22 profesores de religión durante al menos nueve años por la conselleria de Educación durante la etapa del PP, lo que habría costado 9 millones a las arcas públicas; esta contratación, según Compromís, podría suponer un caso de financiación irregular de la Iglesia, por lo cual lo ha puesto en manos de Fiscalía.

“Esta información solo obedece a una estrategia para ganar visibilidad en un espacio político que está viendo mermada su imagen por su incapacidad para gestionar”. A juicio de la diputada popular “Compromís mantiene una actitud frentista frente a los derechos y libertades de los ciudadanos, que les lleva a combatir de manera enfermiza estas cuestiones. Las acusaciones reiterativas de Navarro son una cortina de humo, una estrategia a la desesperada por parte de una diputada y un grupo parlamentario en unos momentos difíciles para ellos porque se está viendo que solo han venido a resolver los problemas de sus amigos, no de los ciudadanos”.

La portavoz adjunta ha manifestado que “Navarro dice lo mismo y lo contrario. Debe aclararse porque por un lado dice que no estaba acorde con la normativa y que se resolvió en 2014. Por lo tanto fue el PP quien lo resolvió. Que se aclare Navarro porque dice lo mismo y lo contrario”.

Para Català “este es un tema recurrente por parte de Compromís. No sabemos si Marzà se va a poner tan flamenco con los profesores que dejaron de dar clase para preparar la Primavera Valenciana, algunos de ellos muy relacionados con Compromís”.

“Las afirmaciones de la diputada no son ninguna novedad y resultan reiterativas. Solo obedecen a su intento de desacreditar la enseñanza de religión con acusaciones vagas, genéricas y poco fundamentadas. En cualquier caso, siempre hemos actuado de acuerdo con la legalidad. Todo lo que se llevaba a cabo en la última legislatura era supervisado por los técnicos, por la Intervención y Abogacía. Con estas noticias interesadas se está acusando a los funcionarios de la propia Conselleria, que es a quien corresponde esta tarea, de hacer una planificación educativa irregular”.

Arzobispado

Desde el Arzobispado de València se ha calificado la denuncia de Compromís de “difamatoria” en un comunicado que critican la intención de la formación de “polemizar, descalificar, faltar al honor y calumniar”.

De este modo la Iglesia afirma que “jamás ha ocultado o realizado ninguna acción que pudiera ser descalificada” y que siempre ha actuado “bajo las directrices de la Conselleria de Educación, desde hace décadas”, y por tanto, “bajo distintos gobiernos”.

“Si se confirma, estamos ante un fraude a las arcas públicas”, asegura la diputada de Compromís en las Corts Valencianes Isaura Navarro sobre la investigación judicial que busca esclarecer si las “cuotas de facturación” cobradas por Ribera Salud a través de su central de compras B2B Salud en  los suministros farmacéuticos para los hospitales públicos de gestión privada se extendieron a la compra de prótesis. Estas últimas están fuera del cálculo de la cápita y de costes anuales de los hospitales privatizados porque forman parte de los servicios cuyas facturas paga directamente la Conselleria de Sanidad.

“La empresa concesionaria es solo una intermediaria”, señala Navarro sobre la compra de prótesis. “Hace las compras pero pasa las facturas a la Generalitat”. La diputada ha registrado en las Corts Valencianes diversas preguntas al Consell para aclarar “el modus operandi de la concesionaria”.

Ribera Salud gestiona los hopsitales de Alzira, Elche y Torrevieja y tiene el 35% de la empresa que gestiona  el hospital de Dénia. El funcionamiento de B2B Salud mediante “cuotas de facturación”, que Sanidad desconocía, ha recrudecido el enfrentamiento de la concesionaria con el Consell, que pretende revertir las concesiones sanitarias realizadas durante la época del PP, con el hopital de la Ribera como primer objetivo en 2018, cuando termina la concesión.

A la espera de lo que determine el juez que ha abierto diligencias previas y ha pedido informes a la Fiscalía Anticorrupción, la parlamentaria de Compromís considera que, en el caso de que se confirmen las sospechas “el primer objetivo ha de ser recuperar el dinero”. En segundo lugar, cree que “estamos ante una buena muestra de por qué hay que acabar con las concesiones que buscan el áximo beneficio a costa del dienro público y olvidando la calidad asistencial”.

Compromís ha vuelto a pedir el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores en la ciudad de València en este caso a razón de una plaga de chinches. La Diputada de Compromís en las Corts, Isaura Navarro, ha sido quien ha denunciado esta situación lamentando que se trata de “una situación de insalubridad que tiene que suponer el cierre inmediato de estas instalaciones”.

Según Navarro, “no es la primera vez que se denuncia la existencia de estos insectos al CIE de Zapadores, demostrando sus deficientes condiciones. Esto significa que ese lugar no puede servir para tener allí a gente que, además, no ha cometido ningún delito”.

Para Navarro la situación es “intolerable” y vuelve a pedir el cierre del centro “tal y como aprobaron las Cortes Valencianas en octubre pasado, con los votos a favor de PSPV, Compromís y Podemos, y en contra del PP y Ciudadanos”. En ella las Cortes instaban en el Gobierno central a iniciar el proceso de cierre de Zapadores y que cediera los terrenos al Ayuntamiento de Valencia para convertirlo en un espacio abierto a la ciudadanía.

“De momento el CIE de Zapadores continúa siendo una prisión de inocentes, un pequeño Guantánamo donde personas inocentes que intentan mejorar sus vidas acaban tratadas cómo si fueron delincuentes. Desde Compromiso continuaremos luchando porque este centro cierro y no vuelvo a abrirse nunca más”, ha concluido la diputada Isaura Navarro.

L’exconseller i expresident de les Corts Valencianes, Juan Cotino, ha comparegut aquest dilluns en la comissió d’investigació parlamentària sobre l’accident de metro que va tenir lloc a València el 3 de juliol de 2006. L’exmembre del Govern valencià ha estat contundent a l’hora d’assegurar que “no vaig oferir res a ningú a canvi de res”, en referència a la possibilitat que des del Consell es provara de comprar el silenci de les víctimes.

Cotino, defensat per l’exvicepresident valencià Víctor Campos per la gestió d’aquest sinistre, ha reconegut que va anar dues vegades a la plaça de la Mare de Déu per acompanyar les víctimes i els familiars, després dels dos funerals celebrats a la catedral de València. Ha reconegut, però, que va decidir no tornar-hi perquè va comprovar que hi havia gent que se sentia incòmoda amb la seua presència.

L’exresponsable d’Agricultura ha apuntat que va anar al lloc de l’accident tan bon punt se’n va assabentar, “inicialment el meu escorta em va dir que es podia tractar d’un atemptat”, i que ningú no li va indicar res per a mirar d’ajudar, “com ho havia fet moltes altres vegades”. Així, ha explicat que va visitar les víctimes “perquè em va donar la gana”, els va donar la seua targeta i els va preguntar si hi podia ajudar, “ho feia en consciència, era la meua única finalitat”. “Vaig anar a veure unes 35 famílies”, ha apuntat.

Pel que fa a les visites, Cotino ha insistit que hi acudia “com a Juan Cotino, com a conseller i com a membre del Partit Popular, perquè eren qüestions inseparables”, alhora que ha indicat que l’expresident Francisco Camps no li va encarregar res, “a mi ningú no em va dir res”. Així mateix, ha estat contundent en afirmar que no va fer cap promesa als familiars i no ha dubtat a demanar-los perdó, “però per si es podia haver fet més, perquè la voluntat de tots era actuar adequadament i es va fer tan bé com es va saber”.

Quan se li ha preguntat si s’ha fet justícia, l’expresident de les Corts ha assegurat que encara no se sap, perquè encara no s’ha tancat la causa judicial. No obstant això, ha puntualitzat que amb les víctimes “mai no es fa prou justícia”.

Isaura Navarro no es presentarà a les oposicions per a lletrat convocades per les Corts Valencianes. La diputada de Compromís, advocada, ha decidit desistir-ne per la pressió política i mediàtica patida des que va transcendir la seua intenció. “És dur i desagradable ser el centre del debat”, confessa durant una conversa amb aquest periòdic.

El PP va denunciar l’aspiració de Navarro, que també va ser criticada pel PSOE, per Ciutadans i, fins i tot, per membres del seu partit, Iniciativa, una de les potes de Compromís. Aquest és el cas del conseller de Transparència: “La intenció d’Isaura Navarro no és pertinent. L’ètica força a no fer determinades coses en un càrrec públic” i actituds com aquesta no fan cap favor al sistema, ha dit Manuel Alcaraz.

Navarro hi renuncia, però pensa que la seua actitud és impecable: “Com tothom reconeix, que m’haguera presentat a l’oposició és totalment legal. A més, és èticament irreprotxable. No és un cas de portes giratòries, ja que no sóc un alt càrrec, sinó diputada. Optaria a una oposició duríssima, pública i transparent. I qualsevol membre del tribunal que poguera estar contaminat renunciaria a avaluar-me”.

Una altra qüestió és que en el tribunal per a elegir un treballador de les Corts Valencianes hi haja polítics. “Potser això s’hauria de canviar. Els avaluadors haurien de ser tècnics”. Navarro, dolguda, veu irònica la reacció del PP, que va denunciar la seua temptativa d’opositar amb virulència. “Un partit caracteritzat per la corrupció, l’amiguisme i l’arbitrarietat es queixa perquè una ciutadana, amb una vida professional més enllà de la política, es presente a una oposició en què, per la seua preparació, pot competir”.

Navarro és advocada de professió –ha treballat per al sindicat CCOO; ara en té excedència– i va ser diputada a Madrid per EU entre el 2004 i el 2008. El 2007 se’n va anar d’aquest partit per integrar-se en Iniciativa. En la legislatura passada, va treballar com a assessora de l’actual vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, a les Corts Valencianes. Actualment, promou una llei per a impedir les portes giratòries i endurir les incompatibilitats dels alts càrrecs.

Isaura Navarro no se presentará a las oposiciones para letrado convocadas por las Corts Valencianes. La diputada de Compromís, abogada, ha decidido desistir por la presión política y mediática padecida desde que transcendió su intención. “Es duro y desagradable ser el centro del debate”, confiesa en conversación con este periódico.

El PP denunció la aspiración de Navarro, que también fue criticada por el PSOE, Ciudadanos e incluso miembros de su partido, Iniciativa, una de las patas de Compromís. Ese es el caso del Conseller de Transparencia. “La intención de Isaura Navarro no es pertinente”.“La ética fuerza a no hacer determinadas cosas en un cargo público” y actitudes como ésta le hacen un flaco favor al sistema, ha dicho Manuel Alcaraz.

Navarro renuncia pero cree que su actitud es intachable. “Como todo el mundo reconoce, que me hubiera presentado a la oposición es totalmente legal. Además, és éticamente irreprochable. No es un caso de puertas giratorias ya no que soy un alto cargo, sino diputada. Iba a optar a una oposición durísima, pública y transparente. Y cualquier miembro del tribunal que pudiera estar contaminado iba a renunciar a evaluarme”.

Otro asunto es que el tribunal para elegir a un trabajador de las Corts Valencianes tenga presencia de políticos. “Tal vez eso se debería cambiar. Los evaluadores deberían ser técnicos”. Navarro, dolida, ve irónica la reacción del PP, que denunció su intento de opositar con virulencia. “Un partido caracterizado por la corrupción, el enchufismo y la arbitrariedad se queja porque una ciudadana, con una vida profesional más allá de la política, se presente a una oposición en la que, por su preparación, puede competir”.

Navarro es abogada de profesión -trabajó para el sindicato CCOO, del que está en excedencia-y fue diputada en Madrid por EU entre 2004 y 2008. En 2007 abandonó ese partido para integrarse en Iniciativa. En la legislatura pasada, trabajó como asesora de la ahora vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en las Corts Valencianes. Actualmente, promueve una ley para impedir las puertas giratorias y endurecer las incompatibilidades de altos cargos.

La intenció d’una diputada de Compromís, Isaura Navarro, d’opositar a una plaça de lletrada en el parlament valencià ha generat una tensió notable en la política autonòmica. El PP va denunciar l’assumpte, el PSOE creu que el pas fet per Navarro “no és ètic” i Ciutadans el qualifica de poc “estètic”.

Ni tan sols en la coalició en què participa Navarro, Compromís, ho veuen clar: Alguns dels seus membres qualifiquen “almenys, d’insòlit” el fet: que la diputada que, precisament, promou una llei per a impedir les portes giratòries i endurir les incompatibilitats d’alts càrrecs aspire a obtenir una plaça de lletrada en el seu propi Parlament, oposició que s’ha de dirimir davant d’un tribunal que presideix un polític del seu propi partit.

Al Conseller de Transparència, Manuel Alcaraz, també l’incomoda el tema. “Des del punt de vista jurídic, no hi ha impediment, però genera una disfunció molt important en el parlament. D’entrada, molts dels membres del tribunal haurien d’abstenir-s’hi, fet que crearia una situació molt danyosa per a la credibilitat de la institució”.

“La intenció d’Isaura Navarro no és pertinent”, diu Alcaraz, del mateix partit, Iniciativa, una de les potes de Compromís, que la diputada. “L’ètica força a no fer unes coses determinades en un càrrec públic” i actituds com aquesta fan poc de favor al sistema. “Amplien la zona d’ombra que el PP va llançar sobre les institucions, desprestigiant-les i estenent aqueix missatge tan nociu que difon la dreta: que tots els polítics som iguals”.

“Isaura, que és una lluitadora contra la corrupció, hauria de reflexionar-hi. L’esquerra ha de ser creïble i tenir un plus ètic. A més, quan defense la llei sobre incompatibilitats en les Corts Valencianes, el debat no serà sobre allò que és important sinó sobre la seua intenció de ser lletrada” en el parlament del qual ara és diputada.

Navarro defensa que no hi ha incompatibilitat ni ètica ni legal entre la seua condició de diputada i la seua aspiració a convertir-se en treballadora de la Cambra. Advocada de professió -va treballar per al sindicat CCOO, del qual està en excedència, va ser diputada a Madrid per EU entre els anys 2004 i 2008. El 2007 va abandonar aqueix partit i es va integrar en Iniciativa. Durant la legislatura passada, va treballar com a assessora de l’ara vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, en les Corts Valencianes. Ambdues mantenen des de fa mesos una relació que membres del partit qualifiquen, com a mínim, de “freda”.

Oltra, que va criticar sense embuts el nomenament del marit de la consellera de Sanitat, Carmen Montón, en una empresa de la Diputació de València, encara no s’han pronunciat públicament sobre l’afer.

La intención de una diputada de Compromís, Isaura Navarro, de opositar una plaza de letrado en el parlamento valenciano está generando una notable tensión en la política autonómica. El PP denunció el asunto, el PSOE cree que el paso dado por Navarro “no es ético” y Ciudadanos lo califica de poco “estético”.

Ni siquiera en la coalición en la que participa Navarro, Compromís, lo ven claro: Algunos de sus miembros califican “cuanto menos, de insólito”, el hecho: que la diputada que, precisamente, promueve una ley para impedir las puertas giratorias y endurecer las incompatibilidades de altos cargos aspire a obtener una plaza de letrada en su propio Parlamento, oposición que se ha de dirimir ante un tribunal que preside un político de su propio partido.

Al Conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, también le incomoda el tema. “Desde el punto de vista jurídico no hay impedimento pero genera una disfunción muy importante en el parlamento. De entrada, muchos de los miembros del tribunal deberían abstenerse, creando una situación muy dañina para la credibilidad de la institución”.

“La intención de Isaura Navarro no es pertinente”, dice Alcaraz, del mismo partido, Iniciativa, una de las patas de Compromís, que la diputada. “La ética fuerza a no hacer determinadas cosas en un cargo público” y actitudes como ésta le hacen un flaco favor al sistema. “Amplian la zona de sombra que el PP arrojó sobre las instituciones, desprestigiándolas y extendiendo ese mensaje tan dañiño que difunde la derecha: que todos los políticos somos iguales”.

“Isaura, que es una luchadora contra la corrupción, debería reflexionar. La izquierda debe ser creíble y tener un plus ético. Además, cuando defienda la ley sobre incompatibilidades en las Corts Valencianes, el debate no será sobre lo importante sino sobre su intención de ser letrada” en el parlamento del que ahora es diputada.

Navarro defiende que no hay incompatibilidad ni ética ni legal entre su condición de diputada y su aspiración a convertirse en trabajadora de la cámara. Abogada de profesión -trabajó para el sindicato CCOO, del que está en excedencia- fue diputada en Madrid por EU entre 2004 y 2008. En 2007 abandonó ese partido para integrarse en Iniciativa. En la legislatura pasada, trabajó como asesora de la ahora vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en las Corts Valencianes. Ambas mantienen desde hace meses una relación que miembros del partido califican de, como mínimo, “fría”.

Oltra, que criticó sin ambages el nombramiento del marido de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, en una empresa de la Diputación de Valencia, aún no se han pronunciado públicamente sobre el asunto.

La parlamentaria en cuestión, Isaura Navarro, de Compromís, tiene la cualificación y la experiencia suficientes para optar a esa plaza y actúa, muy probablemente, de buena fe, ya que ha declarado con toda naturalidad que, si gana el concurso, pedirá la excedencia y se incorporará a su puesto cuando deje de ser diputada en las Corts Valencianes, algo que no jugará a su favor si la Cámara quiere, como es de suponer, cubrir unas tareas de asesoramiento legal que necesita.

Es también muy probable que no se incurra en ilegalidad alguna con esa maniobra, por muy singular que resulte el caso, que lo es sin lugar a dudas. Revela, sin embargo, una incoherencia que anida en el enfoque que una cierta izquierda regeneradora aplica a la necesidad de intervenir contra el ventajismo político.

La proposición que presentó Navarro y que la Cámara ha debatido ya en comisión, persigue acabar con “la práctica reiterada del fichaje de antiguos miembros de gobiernos por empresas privatizadas bajo la dirección del mismo responsable político que después pasa a formar parte de la plantilla de dicha empresa”. Y para ello establece, entre otras medidas, que, no solo los cargos públicos, sino cualquier persona “cuyo nombramiento se efectúe por el Consell” no podrá incorporarse a empresas que hayan tenido que ver con su área de gestión en cinco años (la comisión lo ha reducido a tres). Además, las empresas de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad (la comisión lo ha reducido al tercer grado) no podrán suscribir contratos mientras sean cargos públicos y estos tendrán vetado durante cinco años (la comisión lo ha reducido a tres) “ofrecer sus servicios ni ejercer cualquier otro papel mediador, remunerado o no, que pudiera provocar un conflicto de intereses con la función ejercida”

Digo que llama la atención porque el régimen parece orientado estrictamente a la actividad privada y es mucho más benévolo con el funcionariado o esa cantera de cargos y políticos que, en principio, es la Universidad, y muy específicamente los abogados. ¿Conflicto de intereses? ¿No lo hay si una diputada acaba convirtiéndose en letrada del Parlamento en el que ha ejercido su tarea política? Es poco discutible que hace falta una normativa más exigente contra la perversión de la gestión pública por las influencias de tipo empresarial y económico. ¿Sólo de tipo económico? Hay quienes, con cierta razón, advierten de que el exceso de celo puede resultar disuasorio para la incorporación a los equipos de la Administración pública de profesionales valiosos de ciertos sectores. Como en todo, se trata de buscar una formulación razonable.

Pero las alegaciones de la diputada Navarro en el sentido de que las incompatibilidades afectan al gobierno y no al ámbito legislativo o de que el proceso en las Corts Valencianes es inequívocamente transparente son pueriles. ¿Quiere eso decir que están blindadas al conflicto de intereses las decisiones de órganos de contratación de un Parlamento y no las mesas de adjudicación o los tribunales de oposiciones de la Administración?

El problema no es legal, o no es solo legal, sino de concepto. No hay reglamentación imaginable que exima, en última instancia, del compromiso con lo razonable. Y en eso entra de lleno la política, no la que hace leyes sino la que predica con las actitudes, la que establece costumbres y crea precedentes. A la regeneración de la vida pública le hace falta ética, desde luego, también estética y, sobre todo, mucho sentido común.

La diputada y portavoz de Compromís en la Comisión de Sanidad en Les Corts, Isaura Navarro, ha señalado que “una vez más la privatización que hizo el PP de un servicio público, el de las ambulancias, escondía el verdadero interés de los anteriores gobernantes: beneficiar a sus amiguitos. Así se entiende después de que la Comisión Europea haya cuestionado el superconcurso de transporte sanitario urgente y ordinario que el último gobierno del PP adjudicó por 694 millones a la UTE Ambulevante S.L., quedándose con el 90% del servicio hasta 2023”.

“Ahora el Consell tiene que actuar con contundencia y trasladar a Fiscalía toda la información que obtenga después de revisar con la Comisión Europea el superconcurso de Ambulevante. El objetivo final del Consell tiene que ser comenzar el proceso para rescindir este contrato de las ambulancias”.

Según Navarro, “nos encontramos con una pieza más de la red clientelar que el PP tejió durante los veinte años que estuvo en el poder en nuestro territorio. Como en tantas otras ocasiones, el beneficio de una minoría privilegiada se priorizó por encima del interés y el bienestar de la ciudadanía. Compromís sospechó desde el primer momento de este concurso y por eso solicitó en 2014 la creación de una comisión de investigación en las Corts, puesto que uno de los empresarios adjudicatarios estaba imputado por soborno”.

“Además, con este superconcurso que daba prácticamente todo el servicio de transporte sanitario a Ambulevante, el sector sufrió un grave estrangulamiento. Situación que conocíamos después de mantener reuniones con los trabajadores, que han denunciado condiciones laborales precarias que además iban a repercutir en la calidad del servicio, en la atención y en los tiempos de respuesta”.

“Es el momento de hacer frente a todos los desmanes cometidos por el PP, es el momento de poner luz donde el anterior gobierno era oscuro, beneficiaba a sus amiguitos y hacía chanchullos. Por eso, esperamos que el Gobierno del Botánico sea contundente y pida responsabilidades a quien corresponda”, ha concluido Isaura Navarro.

Cinco diputados de Compromís en las Corts, entre ellos su síndic, Fran Ferri, han suscrito una carta en la que se pide que los candidatos de la formación para las elecciones del 20 de diciembre -comicios a los que acude en confluencia con Podemos- sean elegidos mediante primarias.

Según ha explicado Ferri, esta carta apoya las primarias como método de elección de los candidatos, proceso que se utilizó también en las listas para las elecciones de mayo, porque es “una muy buena manera” de implicar a los ciudadanos.

Así, defienden que la formación “no dé marcha atrás” en este sistema, aunque según Ferri “el tiempo es muy ajustado” y cree que no va a dar tiempo a llevarlas a cabo en este caso, en parte porque “no ha habido voluntad política por alguna de las partes” y por ello también se ha “agotado” el tiempo.

Los cinco diputados que firman la carta son, además de Ferri, Marian Campello, Isaura Navarro, Graciela Ferrer y Josep Nadal.

Compromís y Podemos formalizaron el pasado viernes el pacto para concurrir juntos a las próximas elecciones bajo el nombre de 'Compromís-Podemos-És el moment'. Entre el 11 y el 16 de noviembre los partidos tienen que presentar las candidaturas ante la Junta Electoral y dos días después, el 18, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El TSJCV ha dado la razón a Compromís en una sentencia en la que condena al PP por vulnerar el derecho a la información tras negarse el gobierno de Alberto Fabra a entregar la copia del acta de la reunión del Consell que, constituido como Junta General de RTVV, aceleró el cierre de Canal 9.

El 7 de noviembre de 2013 Fabra aprobó el conocido como “decretazo” que posibilitaba que el gobierno valenciano, en calidad de Junta General de RTVV, aprobara la designación de un liquidador del ente audiovisual público valenciano sin tener que pasar previamente por las corts Valencianes. Esto suponía la aceleración del cierre de Canal 9 al que se urgía por la rebelión de los trabajadores de Canal 9 que, tras el anuncio del cierre que hizo el President de la Generalitat, se convirtió en una máquina de denuncia de las políticas del PP.

Según explica la diputada de Compromís, Isaura Navarra, el entonces vecipresidente de la Generalitat, José Císcar, respondió a la petición de la coalición de la copia del acta, con un certificado realizado al efecto “en el cual no se hacía constar las cuestiones básicas que la normativa exige para una acta, al no contener ni los miembros asistentes, ni su voto, ni el contenido de los acuerdos logrados”. Por ello se recurrió al TSJ “que ahora nos da la razón”.

Compromís recuerda que esta Junta General de RTVV “fue de gran importancia porque en ella se designó un nuevo director general y nuevos consejeros y se produjo después de que este mismo día el gobierno valenciano aprobara un decreto ley para recuperar el control del ente público, una serie de decisiones tomadas para acelerar el cierre de RTVV”.

Según Navarro “el gobierno del PP en este momento había perdido el control sobre los informativos del ente público y quería detener el más rápidamente posible las emisiones en que por primera vez los periodistas de RTVV estaban informando en libertad. De este modo la actuación del gobierno del PP al cierre de RTVV se convirtió en un gran empastre”. Para Compromís “así empezó el gran lío jurídico que ahora se tiene que deshacer”.

La diputada autonómica explica que la información que dio el Consell no tenía el acta de la junta, por lo que no se podia conocer quienes fueron los asistentes del Consell, qué votó cada cual, donde se reunieron etc. “la información básica que tiene que figurar en una acta”. Según Isaura Navarro “la denegación de la información de una cosa tan sencilla como el acta de una reunión nos hizo preguntarnos qué irregularidad estaba escondiendo el gobierno del PP”.

En su sentencia el TSJ estima que en “este caso concreto no se ha dado ninguna razón que justifique la negativa a facilitar esta información, (…) por lo que tenemos que declarar la existencia de vulneración constitucional a la negativa a facilitar la documentación solicitada por el demandante, a que está obligado el órgano requerido, y en tales termas procede la estimación del recurso interpuesto”.

Resulta evidente que la palabra clave, la palabra “trampa” de la medida, es el término REVISABLE, que permite limpiar conciencias y hacer que la gente no piense lo que en realidad es: condenar a una persona a la cadena perpetua. Es decir, que por un hecho cometido en el pasado, hace más de 20 o 30 años, pasará el resto de su vida en prisión, sin esperanza de cambio ni redención.

Una perspectiva que, tal y como los juristas han reiterado, choca frontalmente con nuestra Constitución que condiciona y orienta las penas de prisión a un fin: la reinserción. Pero ¿qué importa este principio fundamental frente a una sociedad dirigida por titulares que buscan el impacto, donde las noticias del miedo juegan un papel determinante día tras día en los informativos (junto al tiempo y el fútbol), y el contenido de las leyes es intuido por el nombre con el que son bautizadas más allá de su contenido real?

¿Hubiera tenido el mismo éxito la pregunta si se hubiera formulado sobre la cadena perpetua? El término es tan abrupto que ha desaparecido de las legislaciones, siendo sustituido por eufemismos tales como “prisión perpetua” o “por tiempo indeterminado”, ya que al menos no se encadena a la gente a un muro. Algo se ha avanzado.

Así, mientras los juristas y defensores de los derechos humanos se desgañitan cuestionando una medida populista y probablemente inconstitucional, la sociedad víctima de la fábrica de miedo ve cada vez con mejores ojos medidas que quizás sepa injustas y extremas, pero que le permiten dormir más tranquila.

Afortunadamente la mayoría de los representantes públicos se han mantenido en la razón, la justicia y el sentido común cuestionando su inclusión en el código penal. Esperemos por ello que la vigencia de esta medida, que pronto formará parte del marco jurídico español, dure el menor tiempo posible- como mucho hasta las próximas elecciones generales- y de ese modo no se le aplique a nadie.

En cuanto a la reforma de la regulación penal de los delitos de terrorismo, ha contado con la firma del PPSOE, ansiosos ambos por escenificar un acuerdo, y de nuevo según publica El País, la encuesta de Metroscopia informa de que cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad, a la que se le ha preguntado sobre el título del acuerdo (Un Pacto Antiterrorista) y poco o nada sobre su contenido normativo.

Quizás fueron esas mismas encuestas las que han llevado a un Partido Socialista a la deriva a firmar el pacto que permitirá perseguir como terroristas a todos aquellos que protestemos, investiguemos o pensemos, sin darse cuenta de la contradicción en la que estaba incurriendo al incluir la prisión permanente revisable que había cuestionado.

Por el bien del Estado de Derecho sería conveniente que dejaran de legislar a golpe de encuesta o titular, llamaran a las cosas por su nombre y dejaran los eufemismos para la literatura.