“Hay un Leroy Merlin debajo del edificio”. Según fuentes del caso, los propios agentes de Policía que precintaron el pasado viernes 27 de marzo varios almacenes del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) no daban crédito ante la cantidad de material y herramientas acumulados. Una hormigonera industrial, máquinas profesionales de cortar azulejos, decenas de máquinas taladradoras de la marca más cara del mercado, miles de metros de cable, tubo, moqueta y una interminable fila de estanterías con tornillos de diferentes tipos, codos de tuberías, equipos de calefacción y todo lo que uno pueda necesitar para una obra. Con la particularidad de que el 90% de este material no se usaba para el mantenimiento del CNIO, según fuentes de la investigación. 

Las grabaciones a las que ha tenido acceso en exclusiva elDiario.es, anteriores al precinto de las instalaciones, ya están en poder de la Fiscalía, que ahora tendrá que comprobar qué materiales fueron retirados en las semanas anteriores. Las dependencias a las que la Policía judicial ha prohibido el acceso “bajo responsabilidad penal individual” son dos almacenes de más de 200 metros cuadrados de superficie situados en el parking de la planta -4 del CNIO, y unas dependencias más pequeñas en la planta más alta del edificio (5) en la que se acumula material informático. En sus zonas más altas, las que quedan debajo de la rampa del garaje, el almacén subterráneo alcanza los siete metros de altura.

Detrás de estas misteriosas puertas, ahora precintadas, se escondía una realidad paralela a los trabajadores del centro que ahora está en el foco de la Fiscalía. Investigan si esos almacenes fueron utilizados para el desvío de fondos por la presunta trama de corrupción en torno a la figura de Juan Arroyo, gerente del centro durante dos décadas y hombre de confianza de Mariano Barbacid, fundador de la institución. En la denuncia presentada en julio de 2025 ante la Fiscalía Anticorrupción por un ex alto cargo del centro ya se citaba la existencia de “un almacén segregado, fuera del control del departamento logístico”, que había sido establecido 18 años antes por Arroyo. 

Tras las “puertas secretas”

Aunque los trabajadores conocían la existencia de almacenes en la planta más baja del aparcamiento subterráneo, ninguno sabía que hubiera semejante acumulación de material detrás de las paredes. “Hay ferreterías en Madrid que tienen menos material que nosotros”, dice una fuente interna. La sorpresa ha sido aún mayor en cuanto a la puerta de la quinta planta, a la que se accede por un tramo de escaleras que parecía no conducir a ninguna parte. En ninguno de los accesos a los almacenes hay cámaras de seguridad, de modo que es imposible saber quién entraba y salía de las instalaciones.  

En las grabaciones hay elementos que llaman la atención porque son ajenos al centro y seguramente fueron usados en otras obras relacionadas con la trama, según fuentes de la investigación. “Hay rollos de cable para ir de aquí a La Paz tres veces”, relata uno de los trabajadores. Pero, sobre todo, hay elementos que nada tienen que ver con un centro de investigación: desde calderas a equipos autónomos de aire acondicionado —cuando en el centro se utilizan climatizadores industriales—, jambas de puertas, grifería y sistemas de cisternas para cuartos de baño que no son compatibles con los que se usan en el edificio. También hay cortadoras de porcelana por control numérico, cuando en el CNIO “jamás se ha cortado un azulejo”, y decenas de papeleras de aluminio que no se usan en el centro. 

Un “almacén segregado”

Ya en la primera denuncia interpuesta en 2018 por la entonces presidenta del comité de empresa, Ana Isabel Hernández, se destacaban los gastos desmedidos en ferretería en el CNIO, con partidas de hasta 50.000 euros “en bisagras y tornillos” y una licitación que pretendía comprar bañeras de hidromasaje, estufas de pellets y suelo radiante. Una auditoría de 2018 también destacaba que el mayor centro de investigación en España destinaba a gastos de aprovisionamiento más del doble que otros centros similares como el CNIC (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares). Con unas plantillas e ingresos muy similares entre ambos centros, destacaba el informe, “el gasto de mantenimiento se duplica en el caso del CNIO”, aunque se atribuía a algunas especificidades del centro.

En la denuncia presentada por un ex alto cargo del CNIO en junio de 2025 que dio lugar a la investigación, las partidas y suministros de ferretería también aparecían como uno de los focos principales de posibles irregularidades dentro del área técnica. Durante años, reflejaban los denunciantes, los suministros de ferretería (junto con los eléctricos y de saneamiento) han eludido el control del departamento de compras y logística. Entraban bajo la supervisión directa de la dirección técnica, donde a menudo era el propio personal de la contrata encargada de los servicios de mantenimiento de las instalaciones quien firmaba la recepción. Según la denuncia, bastaba con el albarán de entrega y nadie del CNIO verificaba físicamente la mercancía.

En la denuncia consta que el coordinador de almacén, empleado de una de las muchas contratas de la red investigada, declaró en febrero de 2025 que la entrada de mercadería (suministros de ferretería, mecánico, saneamientos o eléctrico) se realiza “en un almacén segregado, fuera del control del departamento logístico que depende del Departamento de Compras”, y que, consultados sobre esta anomalía, los técnicos de compras indicaron que “esa decisión fue adoptada por el exgerente D. Juan Arroyo para agilizar y evitar conflictos del área técnica desde hace más de 18 años”. 

Otra de las claves que podría explicar la presencia de material y equipos de alto valor en los almacenes del CNIO, según las denuncias, es que una vez terminada la obra para la que se habían adquirido, el centro presentaba “bajas de utillaje no identificado por valores muy importantes cada año cifradas en decenas de miles de euros”, es decir, declaraba como perdido gran parte del material comprado, de forma que pasaba a estar fuera de registro. 

El volumen de este tipo de suministros técnicos solicitados mediante contratos menores llegó a ser de hasta 1,5 millones de euros. A partir de 2025 los denunciantes consiguieron que se cumpliera la ley y se obligara a desglosar los gastos con una descripción detallada de cada elemento comprado y su precio unitario, evitando la opacidad de los listados anteriores con categorías genéricas agrupadas. Para aquellas fechas, es presumible que buena parte del material de construcción y maquinaria ya habría pasado a formar parte del arsenal oculto de la trama del CNIO.

La Fiscalía investiga estos hallazgos como parte de una amplia red de irregularidades producidas en el mayor centro español de investigación contra el cáncer durante décadas, desde el uso masivo de contratos menores a falsas “ofertas de acompañamiento” para simular la competencia. La existencia de este almacén segregado cuadra con la utilización de los medios del CNIO para uso particular que han señalado tanto el ex alto cargo que denunció a la Fiscalía como el gerente que llegó tras Arroyo, José Manuel Bernabé, y que presentó su renuncia. En estas denuncias consta la existencia de una persona de mantenimiento del centro al que los trabajadores se referían como “el mayordomo” que acudía semanalmente al domicilio particular de Juan Arroyo para realizar labores particulares y que cada miércoles le llevaba un bidón de gasoil propiedad del CNIO.

Consultados por elDiario.es, desde el CNIO aseguran que no pueden comentar nada mientras la investigación esté en curso y recalcan que la actividad científica ha continuado, ajena a estos hechos. Por su parte, el exgerente Juan Arroyo asegura que hasta dónde él sabe, en esos almacenes había “algo de herramienta y repuestos (material de fontanería y electricidad) de lo más común” y desconoce si se usaba fuera del CNIO. En cualquier caso niega que los almacenes precintados sean “almacenes segregados” y recuerda que “los gestionaba la empresa de mantenimiento, bajo la supervisión del director técnico”, en referencia a Javier de Dios. Este medio ha tratado de contactar con este último para conocer su versión pero no ha obtenido respuesta.

En su última reunión, del viernes 10 de abril, el patronato del CNIO nombró nueva gerente del centro a Cristina Navarro Enterría, tras la dimisión del anterior responsable en el cargo y el bloqueo de la institución durante semanas. La nueva responsable se enfrenta a la mayor crisis de reputación en la historia del centro científico, con los investigadores y el resto de la plantilla totalmente desmoralizados, después de casi dos años de crisis y escándalos continuados. Entre las papeletas a resolver está el despido de las nueve secretarias de administración, porque estaban empleadas de Gedosol (una de las empresas bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción), lo mismo que puede suceder en breve con el departamento de informática. 

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha advertido este sábado de que el pacto de gobierno hecho público entre el PP y Vox en Extremadura “pone los pelos de punta, pero eso ya lo hemos visto en la Comunidad Valenciana, y costó vidas, porque el negacionismo cuesta vidas”. “En la Comunidad Valenciana hemos sufrido la terrible dana pero, aparte, estamos sufriendo un Consell negacionista”, ha indicado Diana Morant, para añadir: “Hay mucha evidencia de que si no hubiésemos tenido ese Consell negacionista decidiendo en aquellas horas trágicas en que se tomaron tan malas decisiones, como que no se protegió la ciudadanía y no se envió aquel mensaje de alerta temprana para que la gente se pudiera defender y se pudiera proteger, muy probablemente no estaríamos lamentando las 230 muertes”.

La líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades se ha pronunciado así durante la entrevista celebrada en el marco del Global Progressive Mobilisation de Barcelona. Morant ha destacado que quiere gobernar la Comunitat Valenciana para llevar adelante un “proyecto de progreso” basado en que “se puede crecer económicamente a la vez que crecemos en derechos”, un proyecto que es “el modelo antagónico de lo que está pasando en la Comunitat Valenciana”.

Diana Morant ha resaltado que “en la Comunitat Valenciana la ciudadanía ha visto muy claramente lo que significa un Partido Popular entregado a Vox gobernando. Y lo que quieren es un cambio. Así que cuando sea estaremos preparados para ese cambio en la Comunidad Valenciana”, ha manifestado.

“Necesitamos gobiernos de progreso que apuesten por los servicios públicos como la sanidad, las Emergencias, la vivienda o la universidad pública”, ha recalcado, para insistir: “El negacionismo cuesta vidas, la regresión en derechos”. En ese sentido, ha apuntado que en la Comunidad Valenciana “hemos tenido también un problema de cribado de cáncer de mama, igual que se ha visto en Andalucía. La ciencia ha avanzado tanto que pone a disposición modelos y tecnología para diagnosticar tempranamente precisamente para salvar vidas. Si luego eso no lo aplicamos, porque estamos en manos de gobiernos que reducen y recortan en la sanidad pública, otra vez volvemos a que ponen en peligro la vida de las personas”. “Se ha demostrado que las coaliciones de PP y Vox son malas para la gente. A las pruebas me remito”, ha apostillado.

“Científicos de EEUU vienen a España por nuestra ciencia”

En contraposición, el Gobierno de España “está haciendo una apuesta sin precedentes por la ciencia”, ha destacado Diana Morant, quien ha puesto en valor el papel que tuvieron las administraciones públicas en el impulso de la ciencia para hacer frente a la pandemia de la Covid con las vacunas y la necesidad de ese impulso público de la investigación y no que ésta queden en manos de los mercados, ya que, en ese caso, nadie investigaría frente a enfermedades como la ELA y otras tipificadas como raras al tener una menor o escasa rentabilidad.

Por eso, en el marco de la apuesta del Gobierno de España por la ciencia, “tenemos más científicos trabajando que nunca en nuestro país, más personas en el sector de la innovación”. Y ha relatado que, dentro de una convocatoria para atraer investigadores de todo el mundo a España, “el 60% de los que están viviendo son de Estados Unidos. Cuando hablas con ellos, te dicen que en gran medida no es solo porque tengamos un gran sistema de ciencias, sino también porque tenemos un país con valores democráticos. Ciencia y democracia, binomio”.

Encuentro con Lula da Silva y éxito de la delegación

Morant, con el president de la Generalitat catalana, Salvador Illa, visitó el viernes junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el Barcelona Supercomputing Center (BSC), un centro de referencia en computación de altas prestaciones (HPC) dedicado a la investigación y servicios de supercomputación. A lo largo de las dos jornadas de la Global Progressive Mobilisation (GPM), la delegación valenciana, integrada por 300 socialistas, ha tenido un gran protagonismo con la participación en diversos paneles y entrevistas, junto a otros dirigentes progresistas del resto del mundo. También ha sido muy celebrada la gorra con el lema “Makes Science Great Again” que numerosos de los participantes del PSPV-PSOE portaron durante el encuentro de los progresistas a nivel mundial.

El patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha nombrado por mayoría absoluta a Cristina Navarro Enterría como nueva gerente, tras la dimisión del anterior responsable y el bloqueo de la institución durante semanas. 

Navarro será la primera mujer que se pone al frente de la gerencia del CNIO, que se encuentra envuelta en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por las presunta trama liderada por el exgerente Juan Arroyo, hombre de confianza de Mariano Barbacid que pasó a décadas manejando las cuentas de la institución. 

El patronato considera que Cristina Navarro reúne tanto la experiencia como la capacitación técnica óptimas para un puesto de la máxima exigencia personal y profesional, ya que “cuenta no solo con una sólida trayectoria como gestora, sino que también posee la capacidad de liderazgo que requiere la dirección administrativa del mayor centro de investigación en oncología de nuestro país”.

Funcionaria con 25 años de experiencia

Como funcionaria de carrera, posee más de 25 años de experiencia en los tres niveles territoriales de la administración (local, autonómica y general), y ha ocupado cargos de la más alta responsabilidad en la Administración General del Estado, siendo Subsecretaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entre los años 2023 y 2026. Actualmente era vocal asesora del Ministerio de Hacienda.

La marcha del anterior gerente, José Manuel Bernabé, por un supuesto caso de acoso dejó al centro sin capacidad para firmar nuevos contratos y paralizó algunas decisiones. La primera consecuencia fue la marcha de las nueve secretarias de administración, que se ocupaban de buena parte del papeleo de los grupos de investigación. Al estar empleadas de Gedosol (una de las empresas bajo la lupa de la fiscalía anticorrupción), su contrato no se ha prorrogado y se esperaba una situación similar con el departamento de informática. 

Todo esto, en mitad de una investigación al centro de la Fiscalía Anticorrupción por una presunta trama de corrupción en torno a la figura de Juan Arroyo, gerente del centro durante dos décadas y hombre de confianza de Mariano Barbacid, fundador de la institución. La investigación comenzó tras la denuncia de un ex alto cargo del centro en junio de 2025, a la que sumaron las denuncias interpuestas por el exgerente José Manuel Bernabé en su efímero paso por el CNIO.

El último episodio de la crisis se vivió antes de Semana Santa, cuando una unidad de Policía Judicial clausuró y precintó los almacenes situados en la planta -4 y la planta 5 del edificio del CNIO, según adelantó elDiario.es. La dirección informó a los trabajadores del precinto policial y de la prohibición absoluta de acceso o manipulación de los efectos, bajo responsabilidad penal individual. 

Mientras esperamos a que las elecciones andaluzas cierren el ciclo autonómico en las urnas, la política sigue en los banquillos de los juzgados. El juicio por el 'caso mascarillas' ha empezado y, con él, ese momento incómodo en el que la política se enzarza en el pasado y no tiene tiempo para el futuro, al menos, nos hace dudar de lo que vendrá.

No hay nada especialmente nuevo en lo que se escucha estos días, pero ahora los hechos entran en la sala y dejan de ser relato. El caso que afecta al valenciano José Luis Ábalos y a su entorno no es solo una cuestión personal ni un episodio aislado de esos que los partidos intentan encapsular con rapidez. Tiene algo más persistente: conecta con una forma de hacer política que no sabemos hasta dónde ni hasta quién llega. No sorprende, pero desgasta. No hace falta que salpique directamente para hacer daño. Diana Morant compartió lista electoral con Ábalos. Estuvieron juntos en la papeleta y poco más porque son perfiles contrapuestos y porque, mientras estuvo en el PSPV, el exministro tuvo amigos tan fieles como enemigos acérrimos. Hasta el punto de que los números uno y dos de aquella candidatura ni compartieron actos, algo tan anómalo como casi todo lo que rodeó al exministro desde que Pedro Sánchez le hizo un corte en la cabeza sin llegar a dejar caer la guillotina. Pese a todo ello, la política no exige culpabilidad para generar coste. A veces, basta con la cercanía, aunque sea sobre un papel.

El daño y la desafección por el asco que provoca casi todo lo que rodea al personaje pueden pesar. Especialmente en la secuencia de derrotas electorales autonómicas que se están convirtiendo en costumbre. Las tendencias pesan más que los programas. Y la fórmula de los ministros-candidatos suma tantos errores como pruebas. En ese escenario, el ticket ideado entre Morant y Pilar Bernabé se la juega en algo más que impedir restar. Eliminar lo que pueda lastrar no es suficiente en un momento en que hay que reconstruir una cierta idea de posibilidad. Que la gente vuelva a pensar que se puede ganar. Que merece la pena intentarlo. Que no todo está decidido de antemano. Y eso no se logra solo con estrategia; exige también algo parecido a la credibilidad emocional, que es más frágil y menos controlable.

Ahí aparece, inevitablemente, Mónica Oltra. Con la incertidumbre sobre su futuro político. Sin posibilidad de cuándo y hasta dónde llegarán contra ella, tras todo lo visto, algunos plazos le pueden perjudicar, pero también le pueden hacer la campaña electoral. El efecto lawfare está ahora mismo mucho más cerca de sumar que de restar. Oltra, a la espera del cierre de su caso, resurge con fuerza después de ser continuamente golpeada. No como novedad, porque no lo es, sino como referencia. Como alguien que en su momento consiguió ordenar un espacio político que ahora parece más disperso. Sobre todo, vuelve una cabeza que fue capaz de ilusionar y que regresa desde una profunda reflexión que ha aumentado su valor.

No obstante, su eventual capacidad de aglutinar depende mucho de su figura, pero también de la disposición de los demás a aceptar que el protagonismo puede ser compartido o, incluso, cedido. Que el momento exige mucha generosidad y trabajar para sumar de verdad. Por eso, el acuerdo a la izquierda del PSPV no se puede ceñir a sumar siglas y repartir puestos en las listas. No se puede limitar a València y no se debe hacer tapándose la nariz a los ojos de todos y solo porque las encuestas y los precedentes sitúan a algunos muy lejos de los escaños. Si no hay un compromiso que se muestre lo más sincero posible, algunas integraciones restarán más que sumarán.

No se puede vivir con la incógnita permanente que generan los sectores más ortodoxos de Podemos. Hay demasiada gente interesada en buscar disidencias y frases corrosivas. El proceso requiere menos explicaciones ambiguas y menos matices como los de Pablo Iglesias. De la idea que transmitan las izquierdas, todas, dependerá en gran medida que mucha gente se ilusione en el poco más de un año que queda hasta las elecciones.

Los bloques cada día están más claros y muy igualados. Es complicado saber cómo llegará el PP a las municipales de mayo ni si Pérez Llorca logrará imponer su “normalidad” en las autonómicas. En gran parte, dependerá de si es capaz de soltar lastre. Por él y por su partido. El daño que aún puede hacer Carlos Mazón a los suyos es todavía imposible de medir. El expresident se ha distinguido siempre por su escaso altruismo y por su agresividad contra los suyos. Que hoy sea Paco Camps quien reivindique congreso y democracia contra el máximo adalid del zaplanismo responde tanto al manual de justicia poética como a la relación que uno y otro han tenido, tienen y tendrán con los tribunales. 

El caso de la dana y el intento de Mazón de personarse en la causa revela hasta qué punto el actual president no controla a su antecesor

El caso de la dana y el intento de Mazón de personarse en la causa revela hasta qué punto el actual president no controla a su antecesor. Y las pocas dudas que tiene el dimitido al elegir entre él y su partido. Ese problema convierte en menores, por comparación, otros que no lo son. Pérez Llorca sigue salpicado por cuestiones que tienen efecto acumulativo, como las polémicas sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública y la progresión laboral de su pareja. En Alicante se va a librar una batalla menos vistosa que la de València, pero muy importante. La lucha no será tan visible y la disputa va a desenterrar más de lo visto hasta ahora.

Y en ese terreno, donde todo se mezcla —los juzgados, las urnas y las expectativas—, la política vuelve a lo de siempre: intentar convencer de que lo próximo será distinto a lo anterior. Aunque cada vez cueste más creerlo.

Una unidad de Policía Judicial ha clausurado y precintado este viernes los almacenes situados en la planta -4 y la planta 5 del edificio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Según ha podido saber elDiario.es, la dirección ha informado de que la Fiscalía ha requerido que se informe a los trabajadores del precinto policial y la prohibición absoluta de acceso o manipulación de los efectos, bajo responsabilidad penal individual. 

Fuentes internas del centro informan de que las instalaciones precintadas están en la planta más baja y más alta del edificio respectivamente. En la planta -4 hay al menos dos almacenes, además del aparcamiento subterráneo, y en la planta 5 hay un almacén de mantenimiento, con materiales de construcción y maquinaria que podría estar relacionada con las licitaciones investigadas.

La Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace meses una presunta trama de corrupción en torno a la figura de Juan Arroyo, gerente del centro durante dos décadas y hombre de confianza de Mariano Barbacid, fundador de la institución. La investigación comenzó tras la denuncia de un ex alto cargo del centro en junio de 2025, a la que se han sumado recintemente las denuncias interpuestas por el exgerente José Manuel Bernabé en su efímero paso por el CNIO.

Los dos principales denunciantes han señalado graves irregularidades en el área de mantenimiento debido al pago por trabajadores que no estaban prestando servicio y un sobrecoste millonario por servicios que no se prestan y posibles empresas pantalla con extrabajadores del centro. Este desfalco se habría producido, según varios informes, a través de un entramado de sociedades que acapararon adjudicaciones por valor de 11,9 millones de euros, y un segundo bloque de empresas vinculadas a dos ciudadanos de origen ucraniano que se llevaron otros 9,2 millones de euros.

Desde el Ministerio de Ciencia aseguran que las autoridades están colaborando con la justicia para esclarecer los hechos desde el principio.

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha exigido hoy la creación de una Comisión de Investigación en la Diputación de València sobre la plaza adjudicada a la mujer de Pérez Llorca en un puesto de alta dirección. Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación este viernes antes de presidir la comisión ejecutiva nacional (CEN) de los socialistas valencianos que se ha celebrado en la ciudad de Alicante, lugar que Morant ha calificado como “la zona cero del modelo especulativo del partido Popular y sus escándalos”: “Aquí se reparten viviendas de protección pública, se privatiza la sanidad y es donde aparecen posibles irregularidades en los bonos comercio que salpican a Carlos Baño”.

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha señalado que Pérez Llorca “está utilizando los puestos públicos en las administraciones para su propio beneficio” y ha censurado que “la urgencia de que su pareja pueda conciliar se traduce en un sueldazo que dobla el que tenía como funcionaria en el Ayuntamiento de Finestrat”: “Eso no es motivo de extrema urgencia para ninguna administración, estamos ante una modificación de la norma para que proveer de un puesto de alta dirección a una persona que no formaba parte de la Diputación de València”.

Asimismo, Morant ha anunciado que los socialistas valencianos se personará -cuando se abran diligencias- en la causa que investiga al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baños y ha alertado que “el Partido Popular lleva décadas convirtiendo la provincia de Alicante en su cortijo, pero esto tiene que acabar.

Un Consell “ausente”

Por otro lado, la secretaria general del PSPV ha apuntado que Pérez Llorca “ya no tiene que seguir pidiendo a Feijóo un congreso, lo que tiene que asumir es que esta etapa ha terminado y cuanto antes convocar elecciones” y ha subrayado que “el cambio de la Comunitat Valenciana comienza en Alicante”.

Con ello, ha denunciado que “los valencianos y valencianas estemos sufriendo un Consell ausente que, mientras el Gobierno de España aprobando decretos y ayudas para hacer frente a las consecuencias de la guerra, no toma medidas; y un Consell ausente que mientras el Gobierno pone sobre la mesa un nuevo sistema de financiación que da 4.669 millones de euros más al año para la Comunitat Valenciana lo que hace es decir que no por puro sectarismo”.

Cuando los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se personaron en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) el pasado mes de diciembre, no lo hacían para realizar un registro por sorpresa. La Policía acudía para recoger documentos de manos del nuevo gerente, José Manuel Bernabé, que empezaba a descubrir los detalles de una trama interna de la que nadie le había advertido. Se adentraba así en un proceso lleno de trampas del que le llevó a presentar su renuncia a principios de febrero, antes de que una denuncia por acoso forzara su salida. 

Las irregularidades que este directivo describió en hasta cinco denuncias ante la UDEF coinciden y profundizan en las que ya había puesto ante la Fiscalía Anticorrupción un ex alto cargo del centro en junio de 2025, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. En sus informes, ambos señalaron el “riesgo de interferencia” de Juan Arroyo, el exgerente señalado como responsable de la presunta trama, que permaneció en su cargo de vicepresidente de Asuntos Económicos del CNIO hasta noviembre de 2025, a pesar de que se había anunciado su salida en enero de ese año. Las dos personas que examinaron con detalle la trama terminaron fuera del centro por denuncias internas.

Sobrecostes millonarios

En el breve periodo entre septiembre de 2025 y su salida a finales de febrero, Bernabé tuvo tiempo de recopilar documentación y reportar a la UDEF graves irregularidades en el área de mantenimiento debido al pago por trabajadores que no estaban prestando servicio y un sobrecoste millonario aún mayor que el que figuraba en la denuncia ante la Fiscalía. Este desfalco se habría producido, según su informe, a través de un entramado de sociedades con sede en Arroyomolinos, que acapararon adjudicaciones por valor de 11,9 millones de euros, y un segundo bloque de empresas vinculadas a dos ciudadanos de origen ucraniano que se llevaron otros 9,2 millones de euros.

Bernabé ordenó un recuento sorpresa el 22 de enero de 2026 y levantó acta: de los 26 trabajadores que una de las empresas debía tener en las instalaciones por contrato, solo había 11 presencialmente en el CNIO. El propio encargado de la empresa admitió que los cuadrantes “ya se elaboran con menos personal del exigido”, acreditando un incumplimiento estructural. La Policía también recibió la denuncia de que una persona de mantenimiento del centro —al que los trabajadores se referían como “el mayordomo”— acudía semanalmente al domicilio particular de Juan Arroyo para realizar labores particulares y que cada miércoles le llevaba un bidón de gasoil propiedad del CNIO.

Fragmentación y ofertas falsas

Bernabé documentó el mismo modus operandi en la contratación que había descrito el exdirector de Operaciones del CNIO ante la Fiscalía: el uso masivo de contratos menores, para ajustarse al límite legal, así como la simulación de competencia mediante “ofertas de acompañamiento” (empresas de la misma trama presentando ofertas falsas más caras para que gane la empresa deseada). El gerente saliente también denunció la creación a medida de un puesto de secretaria de alta dirección para Laura Muñoz, la asistente y mano derecha de Juan Arroyo, por un sueldo de 69.729 € anuales, así como un correo en el que el jefe de personal contaba que ella misma diseñó el perfil por indicación del ex gerente. 

Laura Muñoz es la trabajadora que puso una queja ante el departamento de Recursos Humanos por supuesto acoso que precipitó la salida de Bernabé del centro (lo hizo el día después de que este pidiera su despido, el de Arroyo y el de José Ignacio Fernández Vera). En su escrito, la secretaria denunciaba un trato excesivamente personal del gerente, que según ella le enviaba información íntima a través de WhatsApp. Hasta abril de 2025, esta colaboradora estrecha de Arroyo estuvo contratada por Gedosol SL, que consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción como una empresa “satélite” en la que se externalizaba fraudulentamente a personal estructural del centro.

Las paredes oyen

Como en el caso del denunciante anterior, en el informe presentado ante la UDEF Bernabé advertía sobre el conflicto que suponía la presencia de Arroyo como vicedirector de Asuntos Económicos, con funciones estrechamente relacionadas con la contabilidad y gestión económica del centro. Esto generaba un riesgo evidente de interferencia, porque el resto del equipo económico-financiero seguía siendo el mismo que cuando se habrían producido los hechos que el nuevo gerente estaba investigando. Entre septiembre y noviembre, además, Bernabé estaba tratando de aclarar lo sucedido con Arroyo todavía en el propio centro.

En sus escritos Bernabé deja constancia de que podía ser objeto de espionaje por parte de los denunciados y tuvo que buscar formas seguras de recopilar información y proteger sus comunicaciones. Los informes que tiene la UDEF en su poder relatan cómo Gedosol controlaba los ordenadores, el correo y la ciberseguridad, y Zeus SL (fundada por un exdirector técnico del CNIO) controlaba todo el sistema SAP (el sistema de contabilidad interna). Esto, aseguran los denunciantes, les daba acceso pleno a toda la información financiera, presupuestaria, de recursos humanos y de compras, permitiendo modular la transparencia e impedir auditorías. A todo ello, según la denuncia ante la Fiscalía, se unían las represalias hacia los trabajadores que denunciaban irregularidades, además del uso de denuncias internas en el comité de acoso para silenciar a los críticos, según relatan varias fuentes.

El exdirector de Operaciones del centro, que presentó en el verano de 2025 una denuncia de más de 120 páginas ante la Fiscalía Anticorrupción tras documentar un presunto desfalco de hasta 25 millones de euros en contratos inflados o ficticios, también fue despedido en agosto de ese mismo año en lo que denunció como una represalia por haber destapado las irregularidades. La acusación que se utilizó para justificar el despido estaba relacionada con supuestas negligencias en la gestión de contratos que habrían puesto “en peligro la integridad económica y física” de instalaciones clave, algo que él niega. Fuentes del Ministerio de Ciencia también insinuaron que el exdirectivo estaba molesto por no haber sido elegido para el puesto de gerente cuando se produjo el relevo en la cúpula del centro.

Antes de esas investigaciones internas, ya existían avisos formales sobre posibles irregularidades en el CNIO. En 2018, la presidenta del comité de empresa, Ana Isabel Hernández, presentó una denuncia ante un juzgado en la que alertaba de posibles anomalías en la gestión económica y en determinados contratos del centro. Paralelamente, un informe del Tribunal de Cuentas había señalado deficiencias relevantes en los procedimientos de contratación y control interno, apuntando riesgos de irregularidades en la adjudicación y supervisión de servicios. Ana Isabel Hernández también denunció haber recibido presiones y amenazas tras presentar su denuncia, aunque aquellas reclamaciones iniciales ante la justicia no prosperaron.

Pasividad inexplicable

La salida de Bernabé en la gerencia se produjo tras la pasividad del patronato y del Ministerio de Ciencia a la hora de sacar al exgerente Juan Arroyo del CNIO, lo que permitió a los investigados mantener su capacidad para interferir en las pesquisas sobre la presunta trama que lleva años instalada en el centro. La salida del gerente ha conducido a un bloqueo de la gestión del centro, ya que el patronato ha decidido no renovar a múltiples trabajadores de Gedosol SL que cumplen tareas esenciales, como las secretarias de departamento.

Ante esta situación crítica, el máximo órgano de gobierno del CNIO, presidido por la secretaria general de Ciencia, Eva Ortega Paíno, se reunió el pasado lunes sin comunicar ninguna medida concreta. Tuvo que ser el actual director científico del centro, Fernando Peláez, el que informara a los trabajadores que el patronato ha decidido darle poder de firma, lo que permitirá mantener con normalidad las tareas administrativas cotidianas, y que se va a iniciar el proceso de selección de un nuevo director gerente. 

Unos días antes, buena parte de la plantilla salió en defensa de Bernabé tras su salida con una carta abierta, al considerar que las informaciones que causaron su cese forman parte de “una campaña de desprestigio orquestada”, dirigida a minar la reputación de la persona que estaba destapando la corrupción del anterior gestor. El lunes la situación era tan insostenible que prácticamente toda la plantilla, unos 400 trabajadores del CNIO, firmó otra carta pidiendo al patronato “una reestructuración de calado” de todo el sistema de gestión y administración. También pidieron que no se nombre a una sola persona para liderar esta limpieza del control como pasó con Bernabé, sino que se incorpore “un equipo de gestión de su confianza con el que reconducir esta situación”. No quieren que el sustituto de Bernabé vuelva a estar “solo ante el peligro”.

Consultado por este diario, el exgerente Juan Arroyo ha preferido no pronunciarse, puesto que no conoce los términos del informe de Bernabé. Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades subrayan que tanto la directora científica (María Blasco) como el director gerente (Arroyo), permanecieron en el centro en los puestos que tenían antes tras la decisión de cesarlos en enero de 2025. Tampoco han querido detallar la información que le dieron a José Manuel Bernabé al tomar posesión de su cargo, solo que se le encargó recabar toda la información necesaria para conocer la situación del centro. 

Los trabajadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) se reúnen este viernes en una asamblea, convocada por los sindicatos CSIF y UGT, en un ambiente de máxima preocupación y para lanzar un llamamiento de auxilio al Ministerio de Ciencia y al patronato de la institución. La marcha del gerente José Manuel Bernabé por un supuesto caso de acoso ha dejado al centro sin capacidad para firmar nuevos contratos y puede paralizar muchas actividades diarias. 

La primera consecuencia es la marcha de las nueve secretarias de administración, que se ocupan de buena parte del papeleo de los grupos de investigación, cuyo contrato finaliza el martes 10 de marzo y no serán reemplazadas. Bernabé quería renovarlas, pero al estar empleadas de Gedosol (una de las empresas bajo la lupa de la fiscalía anticorrupción), su contrato no se ha prorrogado. El siguiente nubarrón en el horizonte es una situación similar con el departamento de informática. 

El patronato del CNIO se reúne este lunes, pero el Ministerio de Ciencia no ha querido informar del contenido de la reunión ni de si se tomarán medidas urgentes para encontrar nuevo gerente o solucionar esta situación. Los directores de programa de centro han enviado este jueves una carta al patronato, a la que ha podido acceder elDiario.es, en la que expresan su preocupación por el futuro de la institución y piden “una solución urgente para poder tener a alguien con poder legal de firma”. 

Proyectos en riesgo

Los directores también piden al ministerio que implemente el “Plan de Actuación” propuesto por nuestro recién cesado gerente, que estaba empezando a sacar a la luz la trama de corrupción en el centro bajo el amparo del anterior equipo gestor. “Consideramos que la simple contratación de un nuevo gerente independiente va a ser insuficiente si la misma no viene asociada a la capacidad de poder contratar a un equipo de gestión de su confianza con la que reconducir esta situación”, escriben.

“Está en riesgo la solicitud de proyectos internacionales, esto puede impedir optar a financiación competitiva”, advierte una investigadora principal, que prefiere que no demos su nombre. “No tener gerente pues prácticamente no podemos firmar nada, ningún contrato de nuevas personas ni de proyectos y no se pueden firmar las cosas de mantenimiento esencial de cualquier sitio”, asegura otra fuente interna del CNIO. “Es un buque a la deriva, el Ministerio va tomando medidas de una en una, pero esto no se va a solucionar con pequeños parches. La herida es grande y esto necesita un plan integral de apoyo. O sea, el Ministerio no puede cerrar los ojos y pensar que esto es un mal sueño, pero tenemos un problema muy serio y necesitamos un apoyo integral para reflotar las estructuras de control”.

“Cesión ilegal de trabajadores”

El sindicato CSIF recuerda que el personal al que no se va a renovar tiene una antigüedad de entre 10 y 20 años en el centro y se encarga de tareas de secretaría en los programas de investigación (organización de viajes de congresos, envíos de muestras científicas y otras tareas de gestión, entre otras funciones claves en el desarrollo de la labor de nuestros investigadores). “Estas personas dependen de una de las empresas externas investigadas por la Fiscalía Anticorrupción y CSIF entiende que se ha producido una cesión ilegal de los trabajadores, dado que la citada empresa únicamente actúa como intermediaria y la labor de estas personas está integrada en el CNIO de manera estructural”, explican en un comunicado. “Por este motivo, CSIF estudiará acciones jurídicas para defender los legítimos intereses de este colectivo de trabajadores”.

El sindicato asegura haberse puesto en contacto con el ministerio para solicitar información y pedir explicaciones y tiene previsto iniciar una ronda de contactos con grupos parlamentarios para trasladarles de primera mano la situación y promover una solución y la asunción de responsabilidades. “El próximo lunes también está prevista una reunión del Patronato del CNIO que debería tomar cartas en el asunto para solucionar esta crisis interna”, afirman.

“La marcha de personal clave, como las secretarias, ha sido especialmente dolorosa, no solo por la carga de trabajo que asumían, sino por la calidad humana que han demostrado hasta el último minuto”, asegura Guadalupe Sabio, jefa de grupo en el CNIO. “Muchas de ellas llevaban aquí más de 15 años… Incluso sabiendo que su contrato terminaba en dos días, su prioridad fue dejarnos todo lo más organizado posible. Ese nivel de compromiso habla muy bien del tipo de personas que hay en el CNIO y de por qué este centro es tan especial. Esperamos que esta situación se pueda finalmente resolver”.

El pasado viernes, la plantilla del centro firmó una carta pública en apoyo del gerente cesado, José Manuel Bernabé, suscrita por el 90% de los jefes de grupo (47 de 52) y que sumó el respaldo más de 200 trabajadores. El nuevo gerente era la gran esperanza de regeneración del centro, en plena investigación de la Fiscalía Anticorrupción por las presuntas irregularidades del anterior responsable de las cuentas, Juan Arroyo. Los firmantes de la carta consideran que las informaciones aparecidas en los últimos días forman parte de “una campaña de desprestigio orquestada” y dirigida a minar la reputación de la persona que estaba destapando la corrupción del anterior gestor.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solicitará mañana viernes en el Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que proceda al cese del nuevo gerente de la institución, José Manuel Bernabé, tras las informaciones sobre un caso de acoso publicadas por el diario ABC. Tras conocer el “presunto caso de acoso” en el centro, el ministerio “condena de forma rotunda” lo que consideran “unos hechos impropios de una institución como el CNIO”.

Esta decisión se produce tras conocerse la queja formal que Laura Muñoz, entonces secretaria general del CNIO y empleada desde hacía doce años, contra el nuevo gerente, que había llegado al centro para poner orden tras la crisis y contaba con un amplio respaldo entre la plantilla y la confianza del ministerio. El anuncio del cese coincide con una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción que investiga presuntas irregularidades en contratos por valor de 25 millones de euros. En dicha trama, el denunciante cargaba contra el anterior gerente, Juan Arroyo, y situaba a Muñoz como una de sus personas de confianza.

Mensajes personales por Whatsapp

El escrito de Laura Muñoz, presentado ante el área de Recursos Humanos, buscaba amparo legal ante posibles represalias frente a la insostenible situación laboral que vivía con Bernabé, desde su toma de posesión en el cargo el 1 de septiembre de ese mismo año. La denunciante detalla un patrón de acoso que se intensificó rápidamente, cuando el nuevo gerente comenzó a someterla a un trato excesivamente personal. Según Muñoz, Bernabé le enviaba información íntima a través de WhatsApp desde el gimnasio y alardeaba de su vida amorosa y sexual con frases como: “Este año llevo catorce”.

“A medida que mi labor profesional mermaba, aumentaba la comunicación de temas personales, incluso cuando iba a su despacho por algún motivo”, relata la denunciante. “Esta cuestión me ha producido confusión, ansiedad y un clima de incertidumbre constante. En una ocasión, el Gerente compartió conmigo por WhatsApp información íntima que me hizo sentir muy incómoda”.

Dos semanas después de oficializar su queja por acoso y poner los hechos en conocimiento del Patronato del CNIO, Laura Muñoz fue despedida, según ABC. Varios investigadores del CNIO han expresado a elDiario.es su malestar ante esta situación, dado que el nuevo gerente estaba avanzando y colaborando con la justicia para aclarar el entramado de irregularidades del que se acusa al exgerente Juan Arroyo. Con esta denuncia y su destitución, la tarea queda de nuevo en el aire.

El Comité de Ética y Garantías del PSPV-PSOE ha abierto un expediente contra el alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, por “amenaza velada” a la secretaria general del partido y ministra de Ciencia, Diana Morant, y por “menospreciar” a la mujer que le denunció por presunto acoso sexual.

Fuentes del PSPV-PSOE han explicado que esa “amenaza velada” contra la líder de los socialistas valencianos hace referencia a unas declaraciones en las que el alcalde habría dicho: “Juro que como le pase algo a mi familia, Diana Morant se las verá conmigo”.

Las mismas fuentes han señalado que el expediente también se ha abierto por “deslealtad al proyecto socialista”, al asegurar que el alcalde ha reconocido que “está en conversaciones con otros partidos” para presentar una alternativa política en el municipio.

González, que fue suspendido cautelarmente de militancia el pasado mes de diciembre al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, mantiene el cargo de alcalde de Almussafes y su acta en el grupo socialista, por lo que tiene que responder a la disciplina interna del partido, según las mimas fuentes socialistas, que también han dicho que son “varias” las denuncias por acoso sexual presentadas internamente contra el alcalde.

El alcalde, por su parte, ha negado las acusaciones de acoso y asegura que no ha tenido ninguna comunicación oficial por parte del PSOE de que se haya presentado una segunda denuncia contra él.

De hecho, ha remitido un burofax a la dirección nacional del PSOE, al que ha tenido acceso EFE, para que le informen de la existencia o no de esa segunda denuncia “con el fin de ejercitar, si fuera necesario, el derecho de defensa”.

González ha asegurado que toda esa situación obedece a una guerra interna del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, “que está abierto en canal”, según ha dicho.

En una carta abierta publicada en sus redes sociales González ha señalado que “la denuncia falsa por acoso sexual y laboral no es un hecho aislado sino que es el punto culminante de una campaña de acoso y derribo” contra su persona, que se inició hace más de cuatro años para menoscabar su imagen política, personal, familiar y profesional.

“Ante la falta de pruebas en mi contra y las pruebas y testimonios de mi inocencia que yo sí he aportado ante mi partido, resulta incomprensible que el caso no haya sido archivado”, afirma el alcalde, y añade que luchará “en todos los frentes posibles” para defender su honor y su imagen.

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en declaraciones a los periodistas en Les Corts Valencianes, ha manifestado que ella va a estar siempre “del lado de la víctima”.

Solo entre 2022 y 2023 se perdieron 277 ayudas FPU (Formación de Profesorado Universitario) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, uno de los principales mecanismos de financiación a nivel estatal para el inicio de la carrera investigadora. Dicho de otra manera, en ese periodo años hasta 277 personas se quedaron sin un contrato público para trabajar en su tesis durante los siguientes cuatro años.

La situación amenaza con repetirse este año (correspondiente a la convocatoria de 2024) con otras 61 ayudas que van camino del limbo. Estos contratos perdidos corresponden a personas que resultaron beneficiarias de una FPU tras presentarse al proceso selectivo, pero luego renunciaron a ella por diferentes razones (estas convocatorias son tan lentas en su resolución que es habitual que el personal investigador concurra a varias a la vez, y para cuando se resuelve una puede estar ya trabajando en otro sitio).

En tres convocatorias Universidades habrá escatimado 338 contratos a futuros doctores, que ahora tendrán que plantearse cómo afrontan la tarea de redactar la tesis, una empresa de varios años, sin una fuente de ingresos estable y predecible.

Elena es una de las personas a las que le tocaría una FPU en segunda ronda, pero ante el silencio institucional y los precedentes está empezando a pensar que no va a ser. Y le genera todo un problema, cuenta, porque ella se mudó desde Madrid a Santiago de Compostela porque era el mejor lugar para hacer su tesis sobre Patrimonialización de lugares de memoria vinculados al franquismo. Pero, sin el contrato, todo el plan se tambalea.

“Contaba con que me iban a dar la ayuda”, explica, “y si no sale bien tendré que continuar la tesis de otra manera, compatibilizarla con alguna otra cosa, porque hacerla a tiempo completo en cuatro años sin recursos económicos es inviable para mí. De momento comparto una habitación y no es tan caro como en Madrid, pero es un dinero. Estoy viviendo de los ahorros conseguidos con trabajos previos mientras esto se resuelve”, cuenta.

El colectivo de investigadores perjudicados se ha reunido en ocasiones con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para pedir explicaciones porque no entienden que si se convocan 900 plazas, y tienen su presupuesto como poco preasignado (porque si ningún adjudicatario inicial renunciara sí se ejecutarían esos 900 contratos) luego se pierdan algunas. Según su versión el ministerio señala a la Intervención General, que “no ha sido propensa a publicar estas resoluciones”, de manera que “el remanente se redirige a otras partidas presupuestarias, es decir, el presupuesto se libera y se destina a otras ayudas”.

El departamento que dirige Diana Morant ha explicado a este periódico que la Secretaría General de Universidades “está analizando la eventual reasignación de las plazas no cubiertas en la última convocatoria”, pero también admite que “en este momento no es posible confirmar si dichas plazas podrán ser objeto de redistribución ni el calendario en el que, en su caso, podría materializarse”.

Cuatro años remunerados

La convocatoria de ayudas para la investigación FPU ofrecía 900 plazas para desarrollar el doctorado en un plazo de cuatro años a razón de 31.923,72 euros anuales. Son la principal ayuda que ofrece Universidades para estudiantes predoctorales y el proceso selectivo es “altamente competitivo y lento”, explican algunos aspirantes en una carta en la que denuncian el silencio del Ministerio ante la posibilidad, certeza si el resultado depende de lo que ha pasado los años anteriores, de que se pueden perder esas seis docenas de puestos en esta convocatoria.

No siempre fue así. Hasta 2022, cuando alguien renunciaba a su contrato lo normal era que corriera turno y se adjudicara esa ayuda a la siguiente persona de ese campo de conocimiento, explican los investigadores.

“Desde siempre, en las órdenes de convocatoria de los contratos predoctorales de Formación del Profesorado Universitario se establece que podrán concederse nuevas plazas en resolución complementaria siempre y cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitan y los candidatos cumplan los requisitos”, ilustran desde la Asociación FPU Investiga. “Sin embargo, a partir de la FPU22, que fue cuando cambió el baremo, se dejaron de publicar las resoluciones complementarias. La FPU22 sentó este peligroso precedente: la FPU23 tampoco tuvo complementaria. La FPU24 [la convocatoria que se acaba de resolver] aún tiene tiempo, pero también puede ir por el mismo camino”, advierten.

El problema no lo tiene solo quien está pendiente de que le den la ayuda o no. Si esta persona disfruta de otro contrato, una situación habitual en ciencia, lo liberaría al aceptar la FPU, beneficiando a un tercero

Otro problema, tercia G. S., número 1 en la lista de espera de su área, es que esto no solo afecta al posible beneficiario. Debido a que al modus operandi de las convocatorias de ayuda a la investigación, que se resuelven a meses o incluso años vista, muchos científicos solicitan varias a la vez y, como le ocurre a él, pueden estar disfrutando de otro contrato en el momento de resolución de la convocatoria FPU.

Es el caso de G. S., que actualmente cuenta con un contrato de la universidad en la que acaba de empezar la tesis. Pero, cuenta este investigador, si finalmente le concedieran la FPU que otra persona rechazó, renunciaría a su actual contrato en favor de la FPU, mejor dotada económicamente y, sobre todo, de mucho más prestigio, un imponderable que puede ser decisivo en el hipercompetitivo mundo del acceso a la universidad. Así, G. S. se haría con una FPU, abandonaría el contrato que tiene actualmente y otra persona lo ocuparía. “Somos bastantes en esta situación”, asegura.

A diferencia de Elena, G. S. no tiene problemas para empezar con su tesis porque tiene ya un contrato que le permite trabajar. Pero a Elena su actual situación no le deja avanzar como le gustaría. “Ahora estoy limitada a avanzar bibliográficamente e ir cumpliendo con los plazos del programa del doctorado, que exige realizar una serie de cursos, etc. Pero la investigación como tal no la he empezado, pese a llevar matriculada un año en el doctorado, porque me gustaría hacer trabajo de campo y necesito un contrato para eso por riesgos laborales, seguros, etc. También para asistir a congresos, etc.”, parte fundamental de realizar un doctorado.

FPU Investiga cree que el ministerio debe modificar el proceso de resolución de estas convocatorias, históricamente problemáticas. “Manifestamos reiteradamente la necesidad de determinar un procedimiento transparente de concesión y marcado por tiempos definidos, que elimine la ambigüedad actual que deja en el limbo a decenas de personas cada año, esperando sin certezas la readjudicación de un posible contrato que puede no llegar”, sostienen desde la asociación.

El ministerio ha informado de que la convocatoria FPU 2026 cuenta con una dotación inicial de 124,1 millones de euros y prevé la concesión de 900 contratos predoctorales en universidades y centros de investigación españoles, las mismas que se han convocado en los últimos tres ejercicios, pero que finalmente no se han concedido en su totalidad en ninguno de los tres.

Tras el innegable éxito de Pedro Sánchez de elegir, porque yo lo valgo, a los candidatos de las últimas elecciones autonómicas, alguien en el partido debería atreverse a parafrasear a Rita Barberá y su mítico “¡Qué hostia! ¡Qué hostia!”. Le salió del alma cuando, en 2015, perdió la alcaldía de València y, de paso, la izquierda desalojó al PP de la Generalitat. Pero —un desalojo, otra okupación— la alegría solo duró ocho años. La caída a plomo de Unides Podem-Esquerra Unida (tenían más nombre que militantes) sumó apenas 3,5% en las urnas, y arrastró incluso a Puig (a.k.a el bon chic), que se consoló de la derrota (el PSPV quedó segundo) soñando que, si los resultados hubieras sido otros, la izquierda hubiera podido ganar. De Perogrullo. Como poder, hubiera podido pasar cualquier cosa pero no pasó. Ahora, toca plantearse qué hacer de cara a 2027.

De momento hay dos factores a tener en cuenta. El primero, el PSOE. Y aquí hay que ver la botella medio vacía o con un agujero en el fondo. En Extremadura y en Aragón se han dejado por el camino diez y cinco diputados autonómicos respectivamente. Lo bueno, un resultado histórico; lo malo, los peores datos de su historia multiplicados por dos. Y, por si fuera poco, el próximo 15 de marzo toca Catilla y León (se masca la tragedia). Luego, antes del verano, Andalucía, donde la candidata (María Jesús Montero) es nada menos que la inquilina del ministerio de Hacienda, que no es el mejor lugar del mundo para cosechar amigos. Como cantaban los Stones, no sé qué pasa que lo veo todo negro. Y de lo que hay a la izquierda del PSOE mejor ni hablar. Es como dar un salto al vacío y piñarse contra el borde.

Y luego están las valoraciones. Niveles así de negación de la realidad no se ven con frecuencia. En Aragón, por ejemplo, los socialistas creen que tiene más culpa Lambán por haberse muerto que Pilar López Alegría por haberse presentado. Así lo ha dicho, sin despeinarse, el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, y eso que el PSOE madrileño está como para dar lecciones. López Alegría puede ser todo lo buena candidata que quiera del politburó socialista, pero, si luego no le votan, es como un niño que no ríe, una flor que no huele o un match que no te hacen en Tinder. Ná de ná.

Con este telón de fondo, se agradece que Gabriel Rufián haya levantado la voz para pedir una unión de la izquierda o las izquierdas, que no se sabe. Bien si se trata de frenar así a la ultradercha y a la ultraultraderecha que tiene ya la Moncloa a tiro de escupitajo, pero mucho mejor si se consigue que se unan todas alrededor de un proyecto ilusionante y con algunos de sus cabezas de cartel que permitan soñar (un poquito, al menos) con un mundo mejor. Un Emilio Delgado por aquí, un Óscar Matute por allá, una Ione Belárra por el otro lado… y más de uno madrugaría para votar y no como ahora, que basta con que el día salga nublado para que los puristas se queden en casa dando lecciones de dignidad. A esos, espero que no se les vaya todo por la boca, que igual les hace falta para justificarse cuando lleguen los despidos sin indemnización o la rebaja del SMI.

La estrategia de Vox es presentarse como la solución al fin del mundo que ellos mismos quieren provocar, y retratarse los menos posible: si además de oírles, a algunos de los que les votan les da por escucharles, algún día pincharán el globo. Contra eso, un discurso que deje el centro al PSOE que se mueve como pez en el agua en la inanidad, y que la izquierda a su izquierda lo sea sin complejos (en medio ambiente, política de vivienda, igualdad, educación, inmigración…) podría, o no, ser la solución. Pero al menos hay que intentarlo. Unirse donde se pueda, jubilar a algunas viejas glorias, olvidarse de las cuotas o crear otro grupo de Whatsapp sin Yolanda Díaz igual no son tan malas ideas.

Y si se hace con cabeza, todavía mejor. En la Comunitat Valenciana tenemos el activo de Mónica Oltra que, le guste o no, es necesario que vuelva. Lo de su juicio infinito no es una vergüenza para ello sino un honor que, supongo, hubiera preferido no merecer. Nadie como ella ha sufrido más (y con mayor crueldad) los envites del lawfare, y nadie ha mantenido tan alta su dignidad. Que la sección cuarta de la Audiencia Provincial y de las Jons mantenga, con respiración asistida, la causa abierta contra ella, no nos puede hacer olvidar que, de momento, la única condenada es la fascista Cristina Seguí, nada menos que a quince meses de cárcel por difundir un vídeo de unas menores víctimas de abuso sexual.

En Compromís están preguntándole a los suyos qué les parece que la exvicepresidenta del Consell se presente a alcaldesa de València y, como era de esperar, la gente responde que dónde hay que firmar. También les preguntan por la portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Papi Robles, y la gente responde que quién es.

Pero que Oltra se presente a la alcaldía del cap i casal y Joan Baldoví a la Generalitat tampoco es tan buena idea. Más inteligente sería concentrar en València a los dos mejores cabezas de cartel que tiene la izquierda: Oltra y Pilar Bernabé. Son los dos mejores currículos que tiene la izquierda sobre la mesa, dos candidatas capaces de sumar votos desde Orihuela a Benicarló. Como en el PSOE no se van a bajar del burro y no van a renunciar a Diana Morant para que aspire a la presidencia (o Pedro se enfada), a ver cómo reaccionan los valencianistas. Después de todo, el ayuntamiento está a un concejal de distancia, y Catalá se está luciendo. Es un objetivo asequible; el Palau de la Generalitat está más difícil. Si se impone la cordura, hay partido.

Pero al final, y para sorpresa de nadie, hay que ser muy optimista para no pensar que en 2027 nos vamos a tener que contentar con una victoria moral y cuatro años más de Pérez Llorca.

Primero fue la universidad. Esta semana le ha tocado a la Sanidad. En dos meses será el turno de la Formación Profesional (FP). Tras siete años en la Moncloa, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha embarcado en una ofensiva contra la creciente privatización de los pilares básicos del estado del bienestar, una medida que la izquierda venía reivindicando hace tiempo, siempre con un ojo en la Comunidad de Madrid. En los tres casos, Moncloa se ha encontrado con la resistencia del PP, que pelea cada medida en favor de lo público en todos los frentes, desde el político hasta el judicial.

Estas medidas forman parte de la batalla ideológica contra la derecha ultraliberal que Sánchez inició haces meses y que representa fundamentalmente Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. A cada palo del Gobierno regional a derechos o servicios públicos, el Consejo de Ministros ha intentado contestar con medidas. Por ejemplo, ocurrió cuando el PP de Madrid sucumbió a una propuesta de Vox para torpedear el derecho al aborto obligando a los servicios municipales a informar de un falso síndrome postaborto. El Ejecutivo contraatacó con medidas para blindar el aborto en la Constitución y para obligar a las comunidades a cumplir con la ley enviando el registro de objetores de conciencia. 

En Moncloa están convencidos de que el mensaje acabará calando en los ciudadanos, aunque en los dos últimos test electorales, en Aragón y Extremadura, la estrategia no ha funcionado y la derecha se ha disparado mientras que los socialistas se han hundido. La intención del Gobierno es, en todo caso, seguir dando la batalla en lo ideológico, a pesar de la complejidad de que algunas iniciativas terminen por ver la luz dada la minoría parlamentaria de la coalición. Uno de los problemas es que en la aritmética tienen que encajar dos fuerzas de derechas, como PNV y Junts, que ha roto, además, con Sánchez mientras no se cumplan una serie de exigencias. El otro es que el PP ya ha dejado claro que será un dique en defensa de la privatización, mediante iniciativas parlamentarias y recursos en los tribunales.

Lo que sostienen en el Gobierno es que a la ultraderecha se la frena, además de no blanqueándola, con políticas. “Es lo que está haciendo el Gobierno: más política frente al intento de avance de la anti-política”, expresó la portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa del último Consejo de Ministros, donde se aprobaron medidas como el combate a la privatización sanitaria, las multas por el 'spam telefónico' de las energéticas o la prohibición de las subidas exageradas de precios en casos de emergencia.

Más allá de las palabras, la importancia que el Gobierno da a estas iniciativas se puede calibrar en el hecho de que, en el caso de las que atañen a los ministerios que lleva el PSOE, ha sido el propio presidente quien ha salido a presentarlas en vez de las respectivas ministras, un movimiento que Moncloa realiza cuando quiere que algún anuncio tenga más efecto. Todo lo que hace el presidente ocupa lugares destacados en los medios de comunicación; si el anuncio lo hace Diana Morant o Milagros Tolón probablemente no ocupe portadas ni sumarios del telediario.

“Presentan la privatización como única salida”

En uno de esos actos, hace casi un año, Pedro Sánchez desgranó cómo funciona el método que –principalmente los diferentes gobiernos del PP, el nacional en su momento y los autonómicos ahora– han puesto en marcha para minar lo público e impulsar lo privado: “Primero recortan recursos para minar su funcionamiento y, después, se cuestiona su servicio y calidad, precisamente afectados por los recursos que se detraen. Finalmente, cuando el deterioro es evidente, presentan la privatización como única salida”, razonó entonces Sánchez.

El paso ha sido recibido con buenos ojos por la comunidad educativa (solo el PP y algunos centros privados se han opuesto al endurecimiento de los requisitos para crear nuevas universidades), aunque muchos piensan que no van lo suficientemente lejos. “Son medidas necesarias, pero insuficientes”, valora Enrique Díez, catedrático en la Facultad de Educación de la Universidad de León. Este experto explica que en los últimos años se ha “llevado a las universidades públicas a un proceso de competición permanente a través de rankings, búsqueda de financiación, captación de alumnado... Un modelo que lleva a la mercantilización de la educación superior”, sostiene.

En opinión de Díez “hay que ir hacia la sucesiva supresión de lo privado en los bienes comunes, en los derechos sociales. No puede haber beneficio, ánimo de lucro y usura, como sucede en el caso de Quirón. En ese caso se ve muy evidente porque es salud, pero sucede exactamente lo mismo con la educación”, sostiene.

Díez concede que el marco se ha ido desplazando tanto que solo plantear esto suena radical, pero está convencido de que es una cuestión de “voluntad política”. “Poco después de la Inquisión, dos personas decidieron que iban a desamortizar todos los bienes de la iglesia”, recuerda en alusión las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz en el siglo XIX. “Se decía que era imposible, pero en una época en la que la Iglesia tenía un inmenso poder, se hizo. Es voluntad política”, insiste. “Pero, claro, tras la moción de censura lo primero que firmaron en sede parlamentaria los grupos que apoyaron a Sánchez fue derogar la ley mordaza, algunos [como Sumar] pidieron derogar los acuerdos con el Vaticano. Pero no se hizo nada”, expone esa, en su opinión, falta de ambición.

El mismo argumento, palabra por palabra

En la educación, la privatización progresa adecuadamente. El estancamiento de la oferta pública tanto en la FP como en la universidad, unido al aumento de la demanda de formación ante un mercado laboral ultracompetitivo han propiciado el desembarco de todo tipo de actores, con los fondos de inversión a la cabeza, para ocupar el espacio que el sector público ha dejado libre. Se compran y venden universidades con un 100% de beneficio, las empresas registran ganancias que rondan el 10%, cifras difíciles de alcanzar en otros sectores, y la clientela parece garantizada y, en algunos casos, creciente: España es la puerta de entrada a Europa para toda Latinoamérica.

La resistencia del Gobierno empezó con la universidad el pasado mes de octubre, cuando el Congreso aprobó la reforma del real decreto 640/2021, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. El Ministerio de Universidades de Diana Morant endureció las condiciones para abrir nuevos centros tras comprobar, a base de experiencia, que la modificación anterior, realizada por el exministro Manuel Castells, no había surtido el efecto deseado: al dejar la decisión de aprobar o no un proyecto completamente en manos de las comunidades autónomas, estas podían dar el visto bueno aunque no cumpliera los requisitos. Y así lo hicieron: en los últimos años se han aprobado al menos tres universidades con informes desfavorables del Ministerio.

“Una universidad no puede ser una máquina expendedora (...) una fábrica de títulos sin garantías”, argumentó el presidente cuando presentó la segunda actualización del Real Decreto. Ese día habló de “chiringuitos”. “Toca elegir entre un modelo de educación superior universal, de calidad, que dé oportunidades a quien las necesita y que cohesiona el territorio, o un modelo que discrimina entre quienes pueden pagar y quienes no”, explicó.

Desde el pasado octubre, para abrir universidades privadas es necesario que una agencia de calidad independiente (nacional o autonómica) dé el visto bueno al proyecto, más allá de que este debe cumplir una serie de requisitos para obtener una licencia de universidad.

El (intento) de reforzar el sistema público educativo se quiere complementar ahora con la FP, otro sector en el que la privatización se ha disparado en los últimos años. En algunos ciclos populares, como los biomédicos o informáticos, se están matriculando más personas en centros privados que en públicos, básicamente porque estos no existen.

El presidente anunció hace dos semanas que quiere seguir el camino iniciado con la universidad y que va a “poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías” y que, afirmó, “se han convertido en chiringuitos que solo dan diplomas” sin calidad formativa. Casi palabra por palabra con el argumento utilizado para la universidad hace un año. En este caso, sin embargo, Sánchez no adelantó por dónde va a ir la reforma de un proceso que, en este momento, apenas pide a la iniciativa privada ajustarse a ciertos requisitos de instalaciones y profesorado. Como ocurre con la universidad, las competencias para autorizar centros las tienen en exclusiva las comunidades autónomas.

“Las garras especuladoras” de la Sanidad

El plan en Sanidad sigue la misma línea. No se trata de revertir lo ya privatizado, sino de al menos establecer algunos límites y mecanismos de control a un modelo instaurado hace 30 años por el Gobierno de José María Aznar y que ha dado como resultado que los grandes grupos de la sanidad privada estén haciendo negocio a costa de la insuficiencia de recursos públicos.

Aquella ley, de 1997, estableció que las comunidades autónomas podían apoyarse en el sector privado en dos vertientes: externalizando la gestión de centros hospitalarios públicos a cambio de un canon anual y subcontratando servicios y tratamientos de la sanidad pública a la privada. El resultado, tres décadas más tarde, es una red pública cada vez más en manos privadas, y unas empresas que hacen caja con los presupuestos de las administraciones regionales.

Hace un par de meses, el Ministerio de Sanidad sentó las bases para justificar la medida que ahora han tomado. Presentaron un demoledor informe en el que señalaban que entre 2011 y 2023 el gasto público en sanidad privada se había disparado un 84%, a consecuencia de que en la actualidad uno de cada tres hospitales de la red pública esté gestionado por una empresa.

La salud es como la educación, siempre tiene clientela. Pero en el caso de la Sanidad hay muchos costes que pueden mermar los beneficios, así que las compañías han ido encontrando la manera de potenciar su rentabilidad. Por ejemplo, como señala el informe, rechazando los procedimientos clínicos más costosos, que acaban asumidos por el sistema público. Pero hay casos más extremos: el Hospital de Torrejón demostró que las prácticas para mejorar la cuenta de resultados llegaban al extremo de rechazar pacientes en función de su gravedad, se daban órdenes para reutilizar material de un solo uso, se prescindía de algunos tratamientos o se aligeraban listas de esperar cambiado el triaje de los pacientes.

El anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobado el pasado martes y al que le queda un largo camino hasta que se debata en el Congreso, no entra a revertir esas privatizaciones. Pero sí plantea requisitos para las nuevas, como justificaciones a las externalizaciones de gestión de hospitales, auditorías a las cuentas o la obligación de priorizar a entidades sin ánimo de lucro frente a las empresas. “Vamos a proteger el Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y privatizadoras”, resumió la ministra de Sanidad, Mónica García.

Eso sí, para que eso acabe sucediendo el texto tiene que ser aprobado en un Congreso enormemente fragmentado, y con una mayoría que pasa por sumar a algunos partidos que lejos de tener problemas con la privatización sanitaria, la han impulsado en sus territorios.

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha exigido este jueves al Ayuntamiento de Alicante que abra expediente para que se devuelvan las viviendas públicas adjudicadas a cargados del Partido Popular y ha advertido que “han corrompido el sistema”.

Así se ha pronunciado este jueves Diana Morant en declaraciones a los medios de comunicación refiriéndose al escándalo de adjudicación de vivienda pública en Alicante y antes de reunirse con representantes de asociaciones de vecinos de la ciudad de Alicante para analizar la situación de la vivienda pública en la ciudad y trasladarle su compromiso con dar respuesta a la crisis habitacional que sufre la Comunitat Valenciana.

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha afirmado que “estamos hablando de personas que han resultado adjudicatarias y que en un proceso limpio no habrían recibido una vivienda de protección pública nunca” y ha afeado a Pérez Llorca que “hable de honorabilidad de las administraciones cuando con el dinero de todos los alicantinos se han quedado con una vivienda”.

Además, ha apuntado que “ante este escándalo debería de responder el alcalde Barcala con su dimisión, pero también las personas implicadas devolviendo la vivienda” y ha insistido en que “se creen que lo fácil es apuntarse a política, estar dos años y medios de concejal y llevarse tres pisos, pero no, deben dimitir y devolver las viviendas”.

Asimismo, Morant ha señalado la hipocresía de VOX “poniéndose de lado de la defensa de lo público cuando fueron ellos con sus cambios normativos los que permitieron la perversión” y ha subrayado que “no engañan a nadie”: “VOX ha llegado a la Comunitat Valenciana a facilitar de nuevo el pelotazo urbanístico”.

“Pérez Llorca debe dar la cara, comparecer en Les Corts y explicarle a los alicantinos y alicantinas porque mientras hay 5.400 familias esperando una vivienda pública ellos se la reparten entre cargos del Partido Popular”, ha concluido la líder socialista.

Entre los propietarios hay fondos de inversión, grupos empresariales, bancos, individuos, familias, fundaciones, una cooperativa o la Iglesia, de manera directa o indirecta. Las hay con ánimo de lucro o sin él; iniciativas particulares o campus de grupos internacionales; online, presenciales o mixtas. El ecosistema de universidades privadas de España es variado (“atomizado”, dicen en el sector empresarial) en la forma y en el fondo (objetivos), pero sobre todo es creciente: en lo que va de década se han aprobado 11 nuevas iniciativas y otras seis esperan turno en las respectivas administraciones. Este 2026 se producirá el sorpaso y las 50 universidades públicas se quedarán en minoría.

De los 48 centros privados aprobados en el país (las últimas en obtener la licencia aún no están operativas), seis pertenecen a fondos de inversión, que además participan en otra; 15 a la Iglesia católica propiamente dicha o a algún grupo cercano, aunque sea laico (por ejemplo la UCAM, en Murcia, la Francisco de Vitoria, de los Legionarios de Cristo, o la Ramón Llull, que cuenta con fundaciones religiosas detrás); siete tienen la forma de una fundación no vinculada con la iglesia; hay una cooperativa (Mondragón); una con un modelo particular (la UOC, que funciona bajo el sistema público, pero tiene gestión privada); el resto pertenecen a empresas, bien a grandes grupos –alguno internacional con campus por medio planeta– o a familias particulares, como se puede observar en el siguiente cuadro (se puede ordenar por cualquiera de las columnas pinchando en la cabecera de cada una).

La explosión de centros se produjo a partir de 2019, pero en lo que va de siglo se han aprobado un total de 30 universidades privadas, casi el doble de las que existían hasta el año 2000 (18). En 1993 solo había siete campus privados, y el único que no pertenecía a la Iglesia era la Alfonso X el Sabio de Madrid. A partir de ahí se produjo un movimiento expansivo que ha ido por etapas de mucha actividad separadas por pequeños parones: entre 1995 y 1999 se abrieron 11, casi dos al año; entre el año 2000 y 2018, menos de una al año (15 en total); en 2019 se dio la explosión, tanto en números como territorial, con 15 campus nuevos en seis años.

Hoy, solo Castilla-La Mancha, Asturias e Islas Baleares no tienen ninguna universidad privada, aunque las dos últimas ya tramitan proyectos o centros adscritos para unirse al club.

De los 48 centros privados, 20 tienen ánimo de lucro, 22 no, según información del Ministerio de Universidades, y en los otros seis casos no aparece información detallada, aunque la forma jurídica o el carácter de la compañía a la que pertenecen (por ejemplo del CEU Fernando III o IE Universidad Madrid, recientemente aprobadas, son parte de grupos sin ánimo de lucro en sus otros campus) revelan su naturaleza. Pero de las 15 aprobadas en los últimos seis años, cuando se ha producido el boom, 11 contemplan ganar dinero, bien lo saben los fondos de inversión, y solo cuatro no.

El sector se presta. Los ingresos de las universidades privadas crecieron un 12% en 2023 para llegar hasta los 3.700 millones de euros, según el Observatorio DBK. Si se echa la vista más atrás, el negocio ha crecido un 75% en nueve años y las universidades privadas presentan, de media, rentabilidades cercanas a las dos cifras.

El reciente aterrizaje de los fondos

Un mercado atomizado, en expansión y con una rentabilidad superior al de muchos otros acabó atrayendo a los fondos de inversión, que desembarcaron en la educación superior hace relativamente poco. Permira compró la Europea de Madrid en 2018 y, siguiendo la lógica de los fondos (invertir, rentabilizar, salir) la vendió en 2024 al sueco EQT. El fondo CVC (accionista de Naturgy, entre otras) adquirió en 2019 la Alfonso X El Sabio en una operación que le ha devuelto mil millones (el 100% de la inversión) en seis años. También en 2019, Sofina y Portobello Capital se hizo en 2025 con el 24% de Proeduca, grupo detrás de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Individuos particulares (o familias enteras) también se mueven en el sector. Precisamente el dueño de la UNIR, Miguel Arrufat, ha expandido su cartera universitaria y recientemente ha pasado a formar parte del patronato de la Universidad Internacional Villanueva, uno de los centros adscritos desgajados de la Universidad Complutense de Madrid en 2019. Arrufat es una de las principales figuras de la educación superior universitaria en España, pero no el único. Ni siquiera es el único en ampliar sus miras en la universidad privada: Diego del Alcázar Silvela acaba de expandir su IE Universidad a Madrid, convirtiendo este centro en el decimocuarto privado de la región.

La familia de las Heras abrió Udima en 2006 y la familia Segovia tiene la Universidad Camilo José Cela (UCJC), además de colegios en varios países, agrupados en torno a la SEK. Josean Querejeta, rostro visible de clubes deportivos como el Alavés (fútbol) o el Baskonia (baloncesto), ha abierto recientemente Euneiz en Euskadi y Gabriel Calzada Cano, fundador del think tank ultraliberal Juan de Mariana, fue el impulsor del campus online Hespérides, en Canarias (a quien el Tribunal Supremo acaba de denegar medidas cautelares en su recurso contra el decreto antichiringuitos aprobado por el Gobierno).

Del Opus a Jesuitas

A medio camino entre los dueños particulares y otra de las grandes patronales universitarias del país, la iglesia católica, estaba José Luis Mendoza Pérez, impulsor y dueño de la Católica de Murcia (UCAM) hasta su fallecimiento. Ahora es su mujer, María Dolores García, la cara del centro, que está en proceso expansivo en Madrid mediante un centro adscrito.

La Iglesia controla varios campus por todo el país. De manera directa están las Pontificias de Salamanca y de Comillas, aunque esta última la gestionan los Jesuitas. Esta orden es la más activa en el mundo universitario: tiene también la Universidad de Deusto (Euskadi), y la Loyola, en Andalucía, y controla Esade, en Catalunya, que es uno de los centros que compone la Ramón Llull (que es una federación de fundaciones religiosas y civiles). La Universidad de San Jorge está ligada al Arzobispado de Zaragoza, pero sin relación de propiedad.

Tras los Jesuitas aparece el Opus Dei, dueño de la Universidad de Navarra en Pamplona, quizá el centro privado más prestigioso de España. La obra también es muy cercana a la cristiana Universidad Internacional de Catalunya, donde gestiona la capellanía o la atención pastoral, aunque no es su dueña.

En torno a la Iglesia hay otros centros por todo el país: la Asociación Católica de Propagandistas tienen el CEU, con campus en Madrid, la Comunitat Valenciana, Catalunya o, recientemente, Andalucía. Los Legionarios de Cristo están detrás de la Francisco de Vitoria a través de Regnum Christi, el Arzobispado de Valencia de la Universidad Católica de Valencia (UCV); los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús (dehonianos) controlan ESIC University; el Instituto Secular de los Cruzados de Santa María, la Universidad Católica de Ávila.

Bancos y grupos internacionales

El tercer gran grupo de propietarios lo forman empresas, desde grandes grupos hasta herramientas firmas ad hoc. En este cajón de sastre hay bancos (Abanca posee la Universidad Intercontinental de la Empresa, primera privada gallega, aunque tiene la forma de una fundación y la Asociación Española de la Banca está detrás de CUNEF, en Madrid), grupos internacionales como Tech Education, Rights & Technologies, S.L., que ha unido el campus de la Universidad Tecnológica de las Islas Canarias al grupo mundial online Unitech, el gigante de la formación Ilerna, que ha adquirido recientemente la Universidad Internacional de Castilla, o Planeta, de la familia Lara, que adquirió la Universitat Internacional de Valencia (que le vendió un gobierno del PP por seis veces menos de los que costó crearla) y ha abierto la Universidad Internacional de la Empresa en Madrid.

Finalmente, hay dos centros que tienen un modelo único en el sector universitario. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) sigue la regulación y el marco de precios del sistema público, pero tiene una gestión privada. Mondragón Unibertsitatea es una cooperativa que pertenece a sus trabajadores.

En los últimos años, el Gobierno ha hecho dos intentos de controlar esta expansión universitaria privada en España. Varios de los últimos centros aprobados (UDIT, en Madrid, UTAMED en Andalucía y la Universidad Tecnológica de Canarias, Uninde en Extremadura) fueron regularizados pese a tener informes desfavorables del Ministerio de Universidades. Pero este informe no era vinculante, lo que daba barra libre a las comunidades autónomas para validarlas a voluntad. El pasado octubre el departamento que dirige Diana Morant aprobó un real decreto para endurecer los requisitos para crear (o mantener, si ya existen) universidades, y entre las nuevas exigencias está que los gestores deben tener experiencia previa en el sector. Algunos centros se han rebelado contra la nueva norma (el CEU o la Universidad de las Hespérides), de momento sin éxito.

Otro enfrentamiento. El Ministerio de Universidades ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la orden por la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado mes de noviembre la adscripción del Centro Universitario Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a la Universidad Complutense de Madrid. El departamento que dirige Diana Morant recuerda que este es un caso inédito en el que un colegio profesional va a impartir títulos y sostiene que “la docencia está, y debe seguir estando, en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar”.

Este recurso se une al que presentó el PSOE hace unos días. El rector de la Universidad Carlos III de Madrid también anunció que recurriría el centro. Argumentó Ángel Arias entonces que este paso “está forzado”, que es “un error” y que es una “puerta falsa para formalizar como universidades ámbitos que no lo son”, una crítica que también se ha vertido desde la Universidad Complutense. Hay precedentes de esto: en 2018 la misma UCM y la Rey Juan Carlos perdieron tres centros adscritos, que pasaron a ser universidades propias.

La Comunidad de Madrid aprobó la adscripción a la UCM del centro del ICAM en pleno juicio al fiscal general por la filtración de información de la pareja de Díaz Ayuso. Un juicio en el que el ICAM estuvo presente del lado de la presidenta como acusación particular, aunque ambas partes desligaron ambos actos: la tramitación del centro adscrito, explicó entonces el ICAM, había empezado tres años antes.

Algunas fuentes achacan la medida a las necesidades financieras de la Complutense (reciben dinero por alojar centros adscritos), al deseo de poder e influencia en el sector de un organismo jurídico con buenas conexiones en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y a la imparable privatización del sistema universitario en la región la maniobra económico-formativa realizada a tres entre la UCM, el ICAM y el Ejecutivo regional.

Pero otras voces recuerdan que la universidad pública no llena el grado de Derecho (tiene una tasa de cobertura de las plazas del 90%, según sus propios datos), por lo que introducir un nuevo agente que lo imparta dentro de su campus es hacerse la competencia a sí misma.

“No es la función de los colegios profesionales”

“La función de impartir docencia oficial no es la función de los colegios profesionales, como dice la ley”, explican fuentes del Ministerio de Universidades. De hecho, el ICAM tuvo que cambiar sus estatutos por petición de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para poder impartir docencia. “El resultado de esta decisión va a permitir que un centro privado compita con la facultad de derecho de la misma universidad a la que está adscrita, la Complutense. La decisión adoptada por el Gobierno de la señora Ayuso sienta un precedente muy grave al ceder a grupos profesionales la formación en títulos universitarios, habilitantes como este, a precios privados”, dicen las fuentes del ministerio.

Sostienen estas fuentes que “se abre de esta forma otra vía para desmantelar la universidad pública”, una crítica habitual del departamento que dirige Morant al Gobierno madrileño, con el que ha tenido varios enfrentamientos porque Madrid es la comunidad autónoma que peor financia a la universidad pública y la que más centros privados tiene y ha abierto en los últimos años. El último campus privado aprobado en España fue el IE, en la capital. También tuvieron un fuerte enfrentamiento a costa del programa María Goyri, por el que el ministerio cofinancia durante seis años la contratación de profesores universitarios que exige la nueva ley (la LOSUE): Madrid fue la única comunidad que rechazó participar del programa hasta que la presión que ejercieron los rectores dobló la mano de Ayuso, que acabó firmando.

Universidades cree que Ayuso está embarcada en una cruzada contra la universidad pública. “Si esta decisión la toman otros colegios profesionales, significaría desmontar la universidad y ceder la formación de nuestros jóvenes a intereses particulares de grupos profesionales”, argumenta su recurso.

“De facto, la creación de este centro adscrito supone la creación de una universidad privada sin pasar por el expediente de tener que crearla. Será un centro que, a los efectos más problemáticos, es privado y que según parece será un centro de impartición de clases, no de investigación”, valoraba cuando se realizó el anuncio Jacobo Dopico, catedrático de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. “Pero no se puede considerar que simples centros de impartición de clases sean universidades. Una universidad es un centro de investigación y avance del conocimiento. Pretender desgajar la docencia y la expedición de títulos de la labor de investigación y avance del conocimiento de las universidades conduce a la destrucción del tejido universitario”.

Como es posible que os haya pasado desapercibido por las fechas y también por lo desconocida que es para el gran público, os recuerdo que por fin habemus nueva ministra de Educación. Más de tres semanas hemos pasado sin responsable educativa. Te dejo que decidas si es enormemente significativo de la importancia que se da a ese ministerio o si no es tan importante sin ninguna gran iniciativa legislativa en marcha. Un poquito más abajo tenéis un enlace con los principales retos que afronta Milagros Tolón.

Porque hoy quería empezar por la universidad. Este 2025 acabado ha sido un año convulso en los campus. Los recortes a la financiación y el impulso que muchos gobiernos regionales, por no decir todos, están dando a los centros privados van a lograr un hito histórico este año que empieza: cuando acabe 2026 habrá más universidades privadas que públicas en España, algo impensable hace 20 años.

En este momento el balance es de 50 a 48 a favor de lo público, pero con más de una decena de proyecto en trámite es una cuestión de tiempo. La única apuesta abierta es dónde se producirá el sorpasso. Extremadura, Madrid o Asturias se postulan como candidatas con fuerza, pero puede haber sorpresa en Baleares. 

De norte a sur, las comunidades educativas se rebelan, pelean contra lo que por el momento parece inevitable. Los rectores madrileños le recuerdan a la presidenta que se ahogan y que necesitan más dinero, mientras Ayuso aprueba centros privados o le regala uno adscrito al colegio de abogados, que tanta ayuda le dio con el juicio al fiscal; los andaluces valoran acudir a los tribunales a reclamar lo que consideran suyo; en Asturias que el PSOE aprobara dos centros privados que arrancan este año casi parte el Ejecutivo regional por las protestas de IU.

El Gobierno intentó poner límite a esta expansión endureciendo la normativa que este mismo gabinete había endurecido sin éxito alguno hace casi cinco años. La nueva norma ataca lo que los expertos criticaron de la anterior: la falta de algún elemento vinculante, que pudiera paralizar un proyecto por cuestiones técnicas y la voluntad política del gobierno regional de turno no baste para abrir una nueva universidad. El filtro está creado, el tiempo dirá cómo funciona.

El crecimiento de la privada se explica de manera simple: hay demanda. Algo más complejo es contar cómo hemos llegado a esta situación. Versión corta: durante muchos años porque las comunidades autónomas lo han ido buscando, por acción u omisión, y el Gobierno central lo ha permitido. Versión algo más elaborada: si capas la oferta pública porque no financias a las universidades que dependen de ti a la vez que obligas a miles de profesionales a tener un máster para ejercer (hola, plan Bolonia) y además tienes un mercado laboral que premia muchísimo tener un título universitario, la oferta privada para cubrir esa demanda llegará.

El resultado, además del explicado, es que el sector es tan atractivo para la inversión que un fondo puede comprar una universidad y venderla en seis años con un 100% de ganancia. Mil millones de beneficio. Como explica en esta entrevista el profesor de la Complutense Rodrigo Castro, “para la derecha la universidad es una amenaza, pero también una oportunidad de negocio”. Justo lo que quieres para tu sistema universitario.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

El Patronato de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha respaldado este lunes 12 de enero por unanimidad la propuesta de Ángel Pelayo como nuevo rector de la institución académica.

El nombramiento de Ángel Pelayo como nuevo responsable de esta organización, convirtiéndose en el primer cántabro en liderar la UIMP en democracia, será ratificado por el Consejo de Ministros en su próxima reunión.

Así lo ha avanzado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (PSOE), en una publicación en la red social X. “Enhorabuena y mucho éxito en esta nueva etapa, en la que desde el Ministerio seguiremos impulsando una universidad pública como la UIMP, al servicio del conocimiento y el progreso”, ha señalado.

La responsable de Ciencia, Innovación y Universidades ha dado las gracias también al hasta ahora rector de la institución académica, Carlos Andradas, por su trabajo estos años.

Ángel Pelayo, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria (UC), ya desempeñó el cargo de vicerrector en una etapa anterior y ha sido coordinador general de las pruebas de Acceso de la UC, donde ha impartido clases en las asignaturas de Bioética, en la Facultad de Medicina, y de Introducción al Derecho y Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho. Entre sus temas de investigación destacan la Teoría de la democracia y la Historia del pensamiento jurídico. Actualmente trabaja con un proyecto de investigación sobre Derecho e inteligencia artificial.

Una vez aceptada por el Patronato de la UIMP la propuesta del Ministerio y aprobado su nombramiento por el Consejo de Ministros, sustituirá al frente de una institución arraigada en Cantabria como universidad de verano al matemático Carlos Andradas, que fue nombrado en 2021, después de haber sido previamente rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y profesor visitante en las universidades de Berkeley, Stanford y Harvard.

La PSOE ha trasladado a la ejecutiva nacional del PSPV los nombres de los cargos del partido que finalmente dirigirán la gestora que pilotará la crisis desatada en Almussafes y que finalmente estará dirigida por la responsable del partido en justicia y lucha contra la violencia de género, Rosa Peris.

La renuncia del alcalde, Toni González, a sus cargos orgánicos a raíz de una denuncia de una militante socialista por acoso provocó la intervención del partido, que conformó una gestora para la que inicialmente nombró a Jorge Vidal, Toñi Serna y Manoli Egea, quien expresó “todo” su apoyo a González a través de un comentario en redes sociales, donde sentenció: “La víctima eres tú”.

Sin embargo, el PSPV ya advirtió de que modificaría esta propuesta de la dirección provincial liderada por el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa. Fuentes socialistas han confirmado a elDiario.es que la dirección federal del partido ha dado el visto a la propuesta lanzada por la propia Morant para que sea Peris la que dirija la ejecutiva provisional, acompañada por Vidal y Serna.

Manoli Egea, apartada definitivamente de la gestora, calificó al alcalde de Almussafes denunciado de “una persona íntegra y intachable”, y aseguraba que “detrás de esto hay gente con intereses y ganas de hacer daño”. A esto añadía: “Aquí la víctima eras tú. Una lástima que las mujeres que sufren de verdad este tipo de acoso se vean ensuciadas por quien presenta denuncias falsas solo para hacer daño”.

Tras conocer estas declaraciones, desde el PSPV afirmaron que no iban a blanquear nada respecto a este tema. Así, calificaron las declaraciones de Egea de “desafortunadas”, y aseguraron que no podía formar parte de esta ejecutiva provisional por una “parcialidad intolerable” que la descartaba: “Ni la secretaria general del PSPV (Diana Morant), ni la secretaria de Organización del PSOE (Rebeca Torró), ni la responsable de Igualdad (Pilar Bernabé) van a consentir que esté”, sentenciaron, tal y como así ha sido.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se han personado hoy en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para solicitar información en el marco de una investigación en curso, a petición de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid. 

Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades aseguran que no se ha tratado de un registro, sino exclusivamente de una solicitud formal de información. El CNIO ha facilitado con total colaboración la documentación solicitada de forma formal, que los agentes se han llevado únicamente en un disco duro. En ningún caso se han llevado ni ordenadores ni ningún otro dispositivo, aseguran las mismas fuentes.

La denuncia -a la que la Fiscalía otorga entidad suficiente como para investigar un presunto delito- fue presentada por un ex alto cargo del CNIO el pasado mes de junio contra otros antiguos directivos del área económica del organismo y empresas afines por presuntamente haberse lucrado con contratos que se fraccionaban o inflaban.

En la denuncia que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción el extrabajador acusaba a antiguos cargos del área económica del centro de haberse lucrado con contratos que se fraccionaban, inflaban o en los que ni había prestación real, con la protección del exgerente del CNIO Juan Arroyo.