Cambio de estrategia. Tras un año y medio convulso en el principal centro de investigación sobre cáncer del país, el Gobierno ha decidido “refundar” la Fundación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) “para reforzar la estabilidad institucional, la transparencia y la excelencia científica del centro mediante una nueva estructura de gobernanza adaptada a los retos actuales de la investigación biomédica”, según un comunicado.

El patronato del centro creará “una estructural temporal de Gobernanza” formada por “un órgano colegiado de Dirección Científica” que compondrán tres personas: un representante de la investigación básica, un representante de la investigación clínica y un representante de las unidades de servicio. Según ha adelantado El País y podido confirmar este periódico, las tres personas elegidas son Óscar Llorca, Luis Paz-Ares y Fátima Al-Shahrour.

Esta troika formará, junto con la actual gerente (Cristina Navarro), la Comisión Permanente del CNIO, que se ocupará de la gestión diaria del centro, ha informado el Ministerio.

Esta estructura estará activa hasta que se renueven los estatutos del centro “para actualizar los mecanismos de control, responsabilidad y funcionamiento interno del centro”, según el comunicado emitido. La previsión es que estén listos para el primer trimestre de 2027.

“Se favorece así, una toma de decisiones más plural y alineada con las necesidades del centro”, sostiene la nota enviada por el CNIO. Cuando los nuevos estatutos estén listos, continúa la nota, “se disolverá la Comisión permanente del CNIO y se pondrá en marcha la nueva gobernanza para el centro”.

El CNIO lleva 18 meses sumido en una crisis institucional y de reputación tras la abrupta salida de Maria Blasco, que ejercía la dirección científica del centro, y Juan Arroyo, que gestionaba la económica desde la gerencia. Con estos nombramientos, el departamento que dirige Diana Morant trata de cerrar así una crisis que desde la salida de Blasco y Arroyo ha incluido denuncias, una investigación de la Fiscalía, renuncias de candidatos a dirigir el centro antes de tomar posesión, el cese de otro gerente por un supuesto caso de acoso o los tejemanejes del anterior responsable cuando ya había sido destituido.

Renunciar antes de empezar

Los últimos meses han sido convulsos en el centro. La última persona que se designó para dirigirlo, el científico español Raúl Rabadán, que llegó de EEUU para ser el nuevo director científico del CNIO, presentó la semana pasada su renuncia ante el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades antes incluso de tomar posesión del cargo. El científico señaló las “controversias y el ruido mediático” como las principales causas de su marcha.

Los escándalos se sucede en el CNIO desde que estalló la crisis en la dirección del centro con la salida de la directora científica, Maria Blasco, y el responsable económico, Juan Arroyo, en enero del año pasado. La marcha de ambos, acordada por el patronato del centro en enero de 2025, desató una sucesión de denuncias, investigaciones judiciales, despidos, dimisiones y controversias científicas.

A Blasco la sustituyó Rabadán había sido elegido por unanimidad el pasado 4 de septiembre de 2025 por el patronato del CNIO para sustituir a María Blasco tras la crisis desatada a principios de ese año. Ese mismo día, para reemplazar al gerente del centro, Juan Arroyo, el patronato designó a José Manuel Bernabé, que salió incluso más rápido cuando el Gobierno pidió su cese en febrero de 2026, solo seis meses después de su entrada, tras un supuesto caso de acoso.

Este goteo de escándalos, en los que se incluye una reciente incursión en el edificio del centro del exgerente Juan Arroyo, después de haber sido despedido, ha tenido como consecuencia la salida de todos los patronos privados del CNIO, desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) a la Fundación CRIS Cáncer o el BBVA.

Diana Morant (Gandía, 1980) es ministra desde hace cinco años y combina el puesto con ser secretaria general del PSPV en la Comunitat Valenciana, autonomía que aspira a presidir y que vive en convulsión a propósito de la huelga de profesores. Estos días, especialmente a caballo entre Madrid y València, hace frente también a la crisis política del Gobierno tras los sumarios de corrupción que afectan a su partido. Entre sus asuntos de gestión prioritarios, invertir en ciencia, las decisiones para resolver los problemas del CNIO o la agilización en la homologación de títulos extranjeros que, junto a la necesidad de crear más plazas universitarias públicas para bajar las notas de corte, es una de sus prioridades.

Su Ministerio acaba de anunciar un desembolso de 8.000 millones en tecnologías profundas (Deep Tech). En términos prácticos, ¿qué significa esto?

Para hacerlo fácil, es aquella tecnología que es ciencia ficción hasta que pasa a ser una solución real. Por ejemplo, internet o la telefonía móvil en su tiempo fueron deep tech. Vamos a invertir en la computación cuántica, inteligencia artificial o biotecnología. Sabemos que son críticas y que van a tener muchos desarrollos. Queremos que esos descubrimientos se hagan en España.

Es un país que ha aumentado lo que invierte en ciencia, pero aún está en el 1,5% del PIB, por debajo de la media europea. El presidente del Gobierno ha anunciado que está preparando presupuestos para 2027. ¿Cuántos millones le va a pedir su Ministerio?

Hemos sido el segundo país de Europa que más dinero de los fondos europeos ha destinado a la I+D+i y la gran pregunta era qué va a pasar después de los fondos Next Generation. Pues la buena noticia es que, incluso con presupuestos prorrogados, hemos ido aumentando el presupuesto un 20% cada año. En cuanto al dinero que pediremos en los próximos presupuestos, calculo que en torno a 5.000 y pico o 6.000 millones.

Una de las instituciones científicas más relevantes en España es el CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas). Encadena investigaciones y dimisiones. La última, un director científico que ni siquiera ha llegado a tomar posesión. ¿Qué está pasando?

El CNIO es el buque insignia de la investigación en ciencia oncológica de nuestro país. Y vamos a hacer todo lo que haga falta para solucionar los problemas. Tuvimos que cerrar una etapa pasada donde hay dudas sobre posibles irregularidades administrativas y que está en manos de la justicia. Había que abrir una nueva etapa y sacar del conflicto y el debate político al CNIO. Necesita financiación y la estamos incrementando. Necesita paz y todas las decisiones se tomarán de manera valiente. Vamos a proponer un refuerzo administrativo que permita que quien asuma la gerencia tenga los suficientes recursos. Quizás también haya que hacer un refuerzo en la dirección científica para que no sea una sola persona, sino una conjugación de roles.

Su Ministerio ha homologado recientemente más de 85.000 títulos extranjeros a ciudadanos que viven en España, lo que ha sido un hito, aunque aún quedan 72.000 peticiones. ¿Por qué sigue el atasco?

He empatizado muchísimo con las personas que demandaban su homologación del título y me parecía una grave injusticia. Y también me parecía que este gobierno, que precisamente favorece y reconoce el talento de las personas migrantes, tenía que hacer más y mejor. En 2014 el PP diseñó un sistema en plena crisis económica precisamente para impedir la homologación de títulos. En 2022 hicimos un esfuerzo que no fue suficiente y en 2024 se hizo una orden ministerial, que es la que ha permitido que se resuelva. Todavía queremos mejorar, por ejemplo con procesos de mejora robótica.

Gran parte de esos títulos homologados, 30.000, son de Medicina [aunque no pueden ejercer en la pública]. En España faltan médicos, pero las notas de corte en selectividad son altísimas, en esta y otras carreras. ¿Qué está pasando?

Cuando yo nací, en 1980, había 800.000 estudiantes universitarios y ahora estamos en 1.800.000 estudiantes universitarios. Se debe en gran medida a la incorporación de la mujer y de los hijos e hijas de las familias de clase trabajadora. Hace 25 años que no se aprueba ninguna universidad pública más, pero se han aprobado más de 30 universidades privadas en la última década. La matrícula en la universidad pública ha crecido solo un 2% y en la privada ha crecido un 100%. Todos los universitarios de más que se han incorporado no están teniendo una plaza pública porque la pública ha dejado de crecer. Por eso las notas de corte cada vez son más altas. Los parlamentos autonómicos han decidido no crear plazas en sus universidades públicas y a la vez están permitiendo crear universidades privadas. Es una decisión de privatización, no son ofertas complementarias.

Precisamente ustedes endurecieron en octubre el proceso de creación de un campus para frenar las llamadas “universidad-chiringuito”, exigiendo proyectos más solventes. ¿Cuántas han frenado en este tiempo?

En la práctica todavía no hay ninguna propuesta de universidad nueva que se haya sometido a las nuevas reglas. Pero todas las universidades que hay ahora, públicas y privadas, van a tener un proceso de adaptación y de revisión. Hay 13 universidades con informe desfavorable del Ministerio y ya se han creado seis, en comunidades del Partido Popular [a partir de ahora ya no sería posible].

Sobre la situación política, ¿qué valoración hace de los casos de corrupción y sumarios judiciales que se están conociendo y que afectan a su partido, Santos Cerdán, Leire Díez, Ábalos, Zapatero...?

Lo primero es respetar a la Justicia y ahí creo que el Partido Socialista está siendo ejemplar. El PP destruía ordenadores a martillazos. Nosotros hemos roto cualquier vínculo con las personas investigadas, han sido expulsadas o dadas de baja de militancia. Lamentablemente, no hemos detectado estas cosas cuando estaban ocurriendo, pero cuando hemos tenido indicios hemos tomado medidas.

Con todo lo que se está conociendo, ¿ha llegado el Gobierno a un fin de ciclo? ¿Contemplan las elecciones anticipadas, como piden Junts y PNV?

Nosotros somos un gobierno que estamos haciendo que España crezca por encima de todos los países. Hemos conseguido demostrar que se puede crecer económicamente y además también proteger a la sociedad. Frente a un gobierno, el del PP, que era ineficaz y que creaba paro, nosotros somos un gobierno eficaz. Yo creo profundamente que la sociedad sí que se siente representada por la acción de este gobierno. Y, por otra parte, no hay una alternativa. No la hay y, por tanto, nuestra obligación es seguir trabajando hasta que se agote la legislatura.

Usted también es secretaria general del PSPV y se presentará a unas primarias para ser candidata a presidir la Generalitat Valenciana. ¿Preferiría unas elecciones generales separadas de las autonómicas para evitar que los casos de presunta corrupción empañaran su campaña?

No tengo preferencia. Lo digo de verdad, para mí no hay un problema con el Gobierno de España. No lo hay. Sería muy raro que yo dijera que hay un problema con el Gobierno de España del que formo parte. De hecho, yo defiendo que hago yo más por la Comunitat Valenciana y por los valencianos y las valencianas que el propio gobierno de la Generalitat o el presidente Pérez Llorca. Por ejemplo, cuando el Gobierno de España está proponiendo 3.700 millones de euros más con un nuevo modelo de financiación que satisface todas las exigencias que había tenido siempre la sociedad valenciana, el Gobierno de Pérez Llorca dice que no. ¿Quién está defendiendo más los intereses valencianos, esta ministra o el president de la Generalitat?

Ahora mismo hay una crisis abierta con una huelga de profesores indefinida precisamente. Si llegara a presidenta valenciana, ¿satisfaría todas las peticiones de los maestros, entre ellas subidas de salario de 500 euros, mejores ratios e infraestructuras?

Bueno, desde luego nosotros nos estaríamos sentando con la comunidad educativa y, sobre todo, los estaríamos respetando. En el gobierno valenciano siguen en El Ventorro, han decidido estar ausentes y salir solo para insultar a los profesores. El señor Pérez Llorca ha llegado a decir que incluso ha habido violencia por parte de los manifestantes, cosa que en ningún caso ha ocurrido, de manera que vuelven a criminalizar a aquellos que en la calle están trasladando una situación insoportable que se vive en las aulas. Su objetivo es que la comunidad educativa se canse, que se olviden, que desistan, pero cuando vuelvan a las aulas no se pueden olvidar. Estamos viendo colegios con goteras, con infraestructuras absolutamente obsoletas, con aulas masificadas, sin los recursos necesarios pedagógicos para atender a los niños y las niñas. No hablamos solo de salario.

Ese desgaste político del PP lo recogen las últimas encuestas, como Sigma Dos, que dicen también que el PSPV bajaría y Compromís casi les daría el sorpasso. ¿Hace autocrítica?

Yo las encuestas las tomo como pulso de la calle, pero es una encuesta, no son unas elecciones. En las últimas semanas, en el Partido Socialista estamos atravesando un momento complejo y complicado. Pero veo en las calles valencianas un enfado muy significativo y yo creo que muy difícil de resolver por parte del votante del Partido Popular con el Partido Popular, por eso ese votante se está yendo a Vox. También veo que mucha gente está saliendo de la abstención y diciendo que su preferencia es voto a la izquierda. En el año 2023 el PSPV sacó el mejor resultado de su serie. Los que perdieron masivamente voto, 240.000 votos, fueron Compromís, Izquierda Unida y Podemos. Para mí es un motivo de felicitación y de alegría que Compromís esté mejorando sus datos, porque, si no, no sumamos. La gran noticia es que podemos darle la vuelta a la situación en la Comunidad Valenciana. Hay una posibilidad real y la tenemos que aprovechar.

Ese enfado con los socialistas ya tuvo sus efectos en las elecciones de Aragón y Andalucía, donde otras candidatas ministras tuvieron malos resultados. ¿Le preocupa que se repita en su caso?

Yo creo que es perverso hacer una comparación por el hecho de que las candidatas hayan sido ministras. Además, mujeres. Por ejemplo, el Partido Popular en la Comunidad Valenciana no está rozando la mayoría absoluta como Andalucía, está rozando su suelo. De manera que hay partida porque la situación es muy diferente. Yo encaro este proyecto con la convicción de que ser ministra del Gobierno de España, y no solo dedicarme a criticar, sino dedicarme también a gobernar, es bueno para el proyecto. Si no lo pensara ya habría dejado de ser ministra.

¿Sabe ya cuándo va a dejar el cargo para dedicarse a la Comunitat Valenciana?

Por ahora, seguiré. Por aclarar, soy de València, vivo en València y me levante donde me levante mi cabeza valenciana y mi corazón valenciano siempre va a defender la Comunitat Valenciana.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha inaugurado la jornada ‘I Foro Impacto. Innovación con propósito' organizada por elDiario.es, que ha calificado de “un acto de resistencia ilustrada y de optimismo militante”. 

La ministra ha resaltado que una conversación como esta no habría sido podido hace apenas diez años, porque en España todavía no habíamos asumido colectivamente que el conocimiento, la ciencia y la innovación son la base más sólida sobre la que se construye la prosperidad, la cohesión social y la soberanía de un país. 

“España está demostrando que el progreso y el crecimiento pueden y deben ir de la mano de una transformación social profunda, sin dejar a nadie atrás”, ha asegurado la ministra. “Y que la apuesta por la innovación no es una política sectorial, ni siquiera una política de Estado: es una política más urgente que nunca para toda la humanidad”.

Morant ha advertido contra quienes promueven el desprecio activo hacia la ciencia y el conocimiento, fomentan el descrédito a las voces expertas o niegan el cambio climático o la violencia de género, y contra los algoritmos que expanden desinformación y penalizan la complejidad. “Este foro es, entre otras cosas, un acto de resistencia ilustrada y de optimismo militante”, ha defendido. “Porque el optimismo anclado en la ciencia nunca es ingenuo. Es la gran fuerza motriz que transforma el mundo”. 

Bajo el lema ‘I Foro Impacto. Innovación con propósito', voces académicas de referencia, representantes de organizaciones sociales y líderes del sector se reúnen para analizar la estrategia donde convergen la alta administración del Estado, junto a los líderes empresariales que están ejecutando los proyectos que transforman España.

A través de varias mesas de debate, veremos cómo en un contexto global donde la incertidumbre solo se combate con evidencia y estrategia, se sitúa la ciencia y la innovación aplicada como las herramientas definitivas para garantizar la prosperidad, la justicia social y la soberanía del país.

El encuentro se emitirá en directo desde este mismo enlace y a través de nuestros perfiles en YouTube y Linkedin.

Tras renunciar a tomar posesión como nuevo director científico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Raúl Rabadán se ha dirigido a sus compañeros para explicar su salida. En una carta a la que ha tenido acceso elDiario.es, el físico y bioinformático ha señalado “las controversias y el ruido mediático” como las principales causas de su marcha.

Además de subrayar que su decisión no guarda relación alguna con la calidad humana o científica de quienes integran el CNIO, el investigador ha descrito las condiciones que han hecho imposible materializar su compromiso de liderar la ciencia del centro en sustitución de Maria Blasco. “El contexto institucional presente, marcado por controversias continuas, una elevada exposición pública, la politización de los asuntos internos de la institución, la polarización y ruido mediático y un clima de incertidumbre, — describe— no ofrece en este momento las condiciones de estabilidad necesarias para liderar con garantías mínimas un proyecto de transformación de la magnitud que vosotros y el centro merece”. 

Rabadán fue elegido por unanimidad el pasado 4 de septiembre de 2025 por el patronato del CNIO para sustituir a Maria Blasco tras la crisis desatada a principios de ese año. Ese mismo día, para reemplazar al gerente del centro, Juan Arroyo, el patronato designó a José Manuel Bernabé, que salió incluso más rápido, en febrero de 2026. Si tomamos como referencia estas fechas, los sustitutos de Maria Blasco y Juan Arroyo han sobrevivido apenas nueve meses a la guerra interna y los continuos escándalos.

En su carta, Rabadán defiende la necesidad de “un pacto de estado” que garantice la estabilidad y respaldo institucional del CNIO, al margen de coyunturas políticas. “La investigación en cáncer exige visión a largo plazo, serenidad y confianza, porque su misión trasciende cualquier circunstancia temporal”, subraya.

A continuación reproducimos el contenido íntegro de la carta de Rabadán a sus excompañeros:

Estimados investigadores e investigadoras del CNIO,

Quisiera dirigirme a vosotros para expresaros, ante todo, mi profundo respeto y admiración por la labor científica que desarrolláis cada día. El CNIO representa uno de los mayores activos de la ciencia española y europea, gracias al talento, la dedicación y el compromiso de vosotros, sus investigadores, personal técnico y profesionales de apoyo.

Como sabéis, he sido propuesto para asumir la posición de Director Científico del centro. Agradecí sinceramente esa confianza y consideré la posibilidad con la ilusión de poder contribuir a una etapa de renovación y modernización institucional, reforzando aún más la proyección internacional y la excelencia científica del CNIO.

Tras una reflexión detenida, he tomado la difícil decisión de no aceptar dicha responsabilidad en las circunstancias actuales. Se trata de una decisión meditada y nada sencilla. Considero, sin embargo, que el contexto institucional presente, marcado por controversias continuas, una elevada exposición pública, la politización de los asuntos internos de la institución, la polarización y ruido mediático y un clima de incertidumbre, no ofrece en este momento las condiciones de estabilidad necesarias para liderar con garantías mínimas un proyecto de transformación de la magnitud que vosotros y el centro merece. 

Estoy convencido de que instituciones como el CNIO necesitan marcos sólidos de gobernanza, un pacto de estado que garantice la estabilidad presupuestaria y respaldo institucional duradero, al margen de coyunturas políticas. La investigación en cáncer exige visión a largo plazo, serenidad y confianza, porque su misión trasciende cualquier circunstancia temporal.

Quiero subrayar con especial énfasis que esta decisión no guarda relación alguna con la calidad humana o científica de quienes integráis el CNIO. Muy al contrario: precisamente por el enorme valor de vuestro trabajo, considero esencial que podáis desarrollar vuestra labor en un entorno estable, predecible y plenamente orientado a la ciencia.

Confío sinceramente en que el CNIO sabrá superar esta etapa y continuará ocupando el lugar de referencia internacional que merece. España necesita un CNIO fuerte, ambicioso y respetado, y estoy seguro de que el talento interno del centro será clave para lograrlo.

Por mi parte, seguiré comprometido con la investigación en cáncer y con la colaboración científica con España desde la Universidad de Columbia, manteniendo siempre el mayor aprecio por vuestra labor y por el futuro del CNIO.

Con mis mejores deseos y todo mi respeto,

Raul 

El brillante científico español Raúl Rabadán, que llegó de EEUU para ser el nuevo director científico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha presentado su renuncia ante el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, según ha podido saber elDiario.es. Rabadán fue elegido por unanimidad el pasado 4 de septiembre de 2025 por el patronato del CNIO para sustituir a Maria Blasco, aunque aún no había tomado posesión del cargo, a la espera de que se despejaran diferentes aspectos administrativos y en medio de la mayor crisis de reputación del centro.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha confirmado la información de elDiario.es, e informa de que Rabadán “ha decidido no asumir el puesto que logró tras presentarse y aceptar al concurso lanzado por el CNIO en su momento”. “Se trata de una decisión que este Ministerio respeta, pero que también lamenta”, añaden.

“Ante esta decisión irrevocable por parte del doctor Rabadán, el Ministerio, en un Patronato convocado para el próximo 8 de junio, incorporará en su orden del día la adopción de las medidas necesarias para seguir garantizando, como hasta ahora, que las funciones propias de la dirección científica del CNIO están plenamente cubiertas”, indica el Ministerio. Contactado por este medio, Rabadán ha confirmado su renuncia pero ha preferido no hacer declaraciones.

Rabadán (1974) trabajaba antes de ser nombrado en el CNIO como catedrático Gerald and Janet Carrus en la Universidad de Columbia en Nueva York, donde era el director del Programa de Genómica Matemática y, previamente, fue director del Centro de Topología de la Evolución y Heterogeneidad del Cáncer. Antes, fue investigador en el Institute for Advanced Study (IAS) en Princeton (EEUU) y en el CERN de Ginebra (Suiza). Realizó su licenciatura en Física y su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, desarrollando el resto de su carrera en el extranjero, en Suiza y desde 2003 en EE.UU.

Su trabajo científico se había centrado en desarrollar y aplicar modelos cuantitativos a datos genómicos de gran escala para la comprensión de la dinámica de procesos biológicos, en concreto el cáncer y las enfermedades infecciosas. Las investigaciones de Rabadán en genómica del cáncer han llevado a la identificación de alteraciones impulsoras y mecanismos de resistencia a la terapia en tumores de cerebro, en varios tipos de leucemias y linfomas, entre otros.

La secretaria general de los socialistas en València, Pilar Bernabé, ha puesto en marcha este sábado la cuenta atrás “para que los vecinos y vecinas puedan recuperar una ciudad que mire al futuro, que garantice unos servicios públicos de calidad y que proteja a todos sus vecinos y vecinas independientemente del barrio en el que vivan”.

La también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha asegurado que “queda un año para que los 87 barrios vuelvan a ser la prioridad, para que València recupere su mirada feminista y diversa, para que vuelva el rigor, la ciencia y el respeto a nuestra ciudad, para dejar atrás el negacionismo y apostar de nuevo por una ciudad verde, que respete la educación pública. Pero, para que eso pase, os necesito a todas y todos vosotros. Queda muy poco, 365 días. Y tenemos que aprovecharlos todos para que València vuelva a ser nuestra ciudad”.

La candidata socialista, de la mano del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha reivindicado el abrazo frente a los que se dedican a odiar: “Dicen que yo soy muy de abrazar y a eso lo llaman 'pilarear'. Lo leí y me encanta. Al otro lado se dedican a odiar y yo reivindico lo contrario, 'pilarear'. Hay que pilarear más y los que quieran odiar que odien, pero nosotras y nosotros nos dedicamos a abrazar y a 'pilarear'”.

En este sentido, Bernabé ha defendido la política de escuchar, de conversar con la ciudadanía y con todos los vecinos y vecinas. “Ese es mi objetivo final. No quiero ser otra cosa en mi vida que ser alcaldesa de València, de mi ciudad, de la que hablo con mis vecinos y vecinas, con mis amigas y amigos de la falla. Creo en las personas porque eso es la política. Pero no puedo hacerlo sola porque esto es una suma, la suma de mucha gente y por eso os digo que os necesito a todos. Necesito vuestra fuerza y tenemos que hacer una campaña entre todos de hablar, de escuchar y de sentirnos porque merecemos una València mejor”, ha continuado.

La candidata socialista ha congregado a más de 400 personas en ‘l’esmorzar popular’ que ha organizado en el Parque de Senabre y que ha servido de pistoletazo de salida para la campaña a la Alcaldía de València en 2027. En el acto, Caballero y Morant, de hecho, han encendido un neón con el lema ‘Pilar alcaldesa’ y 'Será València, Será Pilar’.

Bernabé también ha tenido palabras de apoyo para la comunidad educativa, a la que ha defendido por su lucha por dignificar la educación pública. “Quiero romper una lanza por los maestros y por las maestras, por el profesorado. Porque están siendo atacados por el Partido Popular y están luchando por los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas para que puedan aprender en igualdad de condiciones, para que puedan tener las mismas oportunidades y para que la educación pública sea de calidad”.

Por su parte, Morant ha defendido que Pilar Bernabé “será la alcaldesa de València que escuchará a los valencianos, no como los gobiernos del PP, como el de María José Catalá, que se esconden de los problemas y tienen miedo a la gente”. “La alternativa comienza hoy”.

Finalmente, Abel Caballero ha mostrado su convencimiento de que Pilar Bernabé será la próxima alcaldesa de València: “La conocí por la tele y, después de escucharla unas cuantas veces, entendí que la Pilar política es un cañón. Lo que transmite, el poderío y la querencia a tu tierra la transforman en alguien absolutamente ganador. Eres una candidata ganadora. Y, por eso, vas a ser alcaldesa como yo, con el 70% de los votos”; ha finalizado. 

El conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Marciano Gómez, ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, por las acusaciones de corrupción de la ministra al conseller.

Así lo han confirmado a EFE fuentes del entorno del conseller, que han precisado que la querella se interpuso este miércoles 20 de mayo, aunque Gómez ya había avanzado su intención de seguir adelante el proceso, después de que Morant no acudiera al acto de conciliación convocado para el pasado 2 de abril.

El acto de conciliación fue solicitado por la defensa de Gómez, que en el texto de solicitud indicaba que Morant acusó el pasado 4 de febrero al conseller de Sanidad de estar lucrándose con la privatización de la sanidad: “Aparece siempre detrás de todo lo que tiene que ver con Ribera Salud”.

El 5 de febrero, añade el escrito, la dirigente socialista volvió a imputar al conseller conductas delictivas en una declaraciones que, a su juicio, “no constituyen una crítica política genérica, una valoración ideológica ni una opinión amparada por la libertad de expresión, sino una imputación directa, personal y concreta de hechos delictivos”.

En ellas, indica, atribuye al conseller “lucro personal indebido derivado del ejercicio de su cargo público, conductas corruptas vinculadas a la privatización de la sanidad y relación irregular y espuria con una empresa concreta del sector sanitario (Ribera Salud)”.

La defensa del conseller considera que las manifestaciones descritas “encajan plenamente en el delito de calumnias” y el acto de conciliación era la “última oportunidad” para que Morant rectificara públicamente y evitara “la interposición inmediata de la correspondiente querella criminal, con todas las consecuencias penales, civiles y reputacionales que de ello se derivan”.

Por su parte, el pasado mes de febrero, el PSPV-PSOE presentó ante la Fiscalía provincial de Valencia una denuncia contra el conseller, la directora general del Grupo Ribera Salud, Sonia Hernández, y el gerente de la Clínica de Benidorm, Juan David Gómez.

En la denuncia señalaban que hay “claros intereses en conflicto” entre el conseller y miembros de la cúpula de la concesionaria Ribera Salud, “a quien se le prorrogó ilícitamente la gestión del Departamento de Salud Elche-Crevillent, con grave quebranto para las arcas públicas mientras existía familiaridad entre las partes”.

Añade que las “prácticas en la gestión sanitaria podrían devenir” en los delitos de negociaciones prohibidas y conflicto de intereses, administración desleal, corrupción en los negocios y prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, malversación y omisión de los deberes de supervisión por parte de la Generalitat valenciana.

La Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha respondido en el Senado a las preguntas sobre la situación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ante la grave crisis por la apertura de una investigación de la Fiscalía por una presunta trama de corrupción. “El Gobierno de España nunca va a dejar caer al CNIO”, ha asegurado la ministra ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, al tiempo que ha llamado a la tranquilidad de trabajadores y pacientes. “Los problemas que hayan podido surgir y los problemas que puedan seguir surgiendo se van a afrontar con rigor, con transparencia y con responsabilidad institucional”. 

La titular de Ciencia ha defendido que el ejecutivo dará lo que necesite al centro para seguir garantizando su funcionamiento y “para seguir mejorando las esperanzas de cientos de miles de enfermos oncológicos y sus familiares”. Asimismo, Morant ha recalcado que el CNIO “necesita paz” y ha recordado a los senadores del PP que la gobernanza del centro es colegiada. “Ustedes están presentes en el Patronato por medio de cuatro de sus comunidades autónomas”, ha dicho. “Por eso yo les vuelvo a pedir por favor, que imiten a sus compañeros del partido en el Patronato y que se sumen a la solución, que contribuyan a esa estabilidad institucional”.  

En los últimos meses, el CNIO atraviesa la mayor crisis de su historia, con el foco en una presunta trama de corrupción en contratos, sobrepuestas millonarios y servicios de mantenimiento. La Fiscalía Anticorrupción investiga una presunta trama de corrupción en torno a la figura de Juan Arroyo, gerente del centro durante dos décadas y hombre de confianza de Mariano Barbacid, fundador de la institución.

El Partido Popular había pedido la comparecencia de la ministra junto a la de la exdirectora científica del CNIO, Maria Blasco, y el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, que han quedado subsumidas en la comparecencia de la ministra. La senadora popular Elena Castillo López ha insistido en que el Ministerio de Morant es el máximo responsable político de esta situación y ha acusado a la ministra de buscar el silencio sobre las irregularidades del CNIO, no la paz. “Ustedes eligieron a los peores gestores”, ha asegurado. “Y desde que entraron al Gobierno en 2018 se ha vivido el máximo despilfarro y descontrol”. También ha recalcado la salida reciente de 22 trabajadores del centro, en un “desmantelamiento a cámara lenta” y ha puesto en duda que el próximo director científico vaya a tomar posesión de su cargo.

Morant ha respondido acusando al PP de “seguir contribuyendo al escarnio de un centro como el CNIO” y de querer “derrocar al Gobierno de Pedro Sánchez” a través de este caso. “Esto ya no va de las personas, va de un centro público que ha perdido patronos, porque está perdiendo apoyos”, ha insistido, y ha concluido expresando su intención de “intentar que se ponga negro sobre blanco lo que haya podido ocurrir allí y que se dé parte a la justicia”. 

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha anunciado este miércoles que el Observatorio de Yebes (Guadalajara) se convertirá, el próximo 12 de agosto, en el centro de seguimiento oficial del Eclipse Total Solar, el primero de los tres grandes acontecimientos extraordinarios que constituyen el denominado Trío de Eclipses.

“El Gobierno ha decidido estar aquí para que este observatorio sea un espacio para divulgar la ciencia ese día”, ha explicado Morant. Según ha adelantado, se contará con expertos científicos de la Agencia Espacial Española, el Instituto de Astrofísica de Canarias y del propio Observatorio de Yebes. Y con la colaboración de los astronautas españoles de la Agencia Espacial Española (ESA), Pablo Álvarez y Sara García.

Las instalaciones del observatorio astronómico más importante del Instituto Geográfico Nacional (IGN) acogerán los recursos necesarios para facilitar que los medios de comunicación, españoles e internacionales, puedan mostrar este fenómeno histórico, con retransmisiones en directo y en las mejores condiciones. “Será un espacio para que los medios de comunicación puedan contar al mundo el eclipse, en directo, y explicar qué implicaciones tiene”, ha explicado la ministra.

La península ibérica será el único lugar poblado del mundo donde podrá disfrutarse el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, el primero de estas características que se puede ver en nuestro país desde hace más de 100 años (en 1912).

“La observación de los eclipses hace avanzar la ciencia; gracias a ellos entendemos mejor el sol y el universo”, ha destacado la ministra. Según ha recordado, fue durante un eclipse, en 1919, cuando se confirmó la teoría de la relatividad de Einstein, “cambiando para siempre nuestra comprensión del cosmos”, ha explicado.

El Trío de Eclipses “es una oportunidad para atraer talento y mostrar al mundo lo que somos, una potencia científica en astronomía y astrofísica, la séptima del mundo en publicaciones en estas áreas”, ha asegurado.

Garantizar la seguridad y la movilidad

Morant también ha explicado que el Gobierno lleva trabajando desde hace más de un año “para garantizar la seguridad y la movilidad, ayudando a la ciudadanía a localizar con antelación el mejor punto de observación”.

Los trabajos se han llevado a cabo desde la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, que preside el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y en la que participan 13 ministerios junto a comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos.

La Junta de Castilla-La Mancha ya anunció hace unas semanas la creación de una Comisión Regional de Seguimiento del Trío de Eclipses.

El pasado mes de marzo se lanzó la web www.trioeclipses.es, que recoge toda la información práctica y de seguridad relacionada con estos eventos.

El Observatorio de Yebes

El Observatorio de Yebes está situado en el término municipal del pueblo con este nombre, en Guadalajara, a solo 80 kilómetros de Madrid, a una altitud de 930 metros.

Está gestionado por el Centro Astronómico de Yebes, una unidad del Instituto Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dedicada al desarrollo y construcción de instrumentación en el campo de la radioastronomía, así como a la realización de observaciones astronómicas tanto de interés astronómico como geodésico o geofísico.

El radiotelescopio de 40 metros es uno de los nodos más importantes de la Red Europea de Interferometría de Muy Larga Base, una de las mayores instalaciones científicas del mundo, y es una estación del Servicio Internacional de VLBI para Geodesia y Astrometría.

El centro alberga cuatro instalaciones principales. Tanto el gran radiotelescopio de 40 metros de diámetro, el radiotelescopio de 13,2 metros de la red RAEGE, junto con la sede central de la red, una cámara anecoica capaz de trabajar a muy altas frecuencias, un pabellón de gravimetría relativa (superconductora) y absoluta, y además cuenta con laboratorios y talleres para el diseño, desarrollo y construcción de equipamiento avanzado de radioastronomía.

“Hay un Leroy Merlin debajo del edificio”. Según fuentes del caso, los propios agentes de Policía que precintaron el pasado viernes 27 de marzo varios almacenes del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) no daban crédito ante la cantidad de material y herramientas acumulados. Una hormigonera industrial, máquinas profesionales de cortar azulejos, decenas de máquinas taladradoras de la marca más cara del mercado, miles de metros de cable, tubo, moqueta y una interminable fila de estanterías con tornillos de diferentes tipos, codos de tuberías, equipos de calefacción y todo lo que uno pueda necesitar para una obra. Con la particularidad de que el 90% de este material no se usaba para el mantenimiento del CNIO, según fuentes de la investigación. 

Las grabaciones a las que ha tenido acceso en exclusiva elDiario.es, anteriores al precinto de las instalaciones, ya están en poder de la Fiscalía, que ahora tendrá que comprobar qué materiales fueron retirados en las semanas anteriores. Las dependencias a las que la Policía judicial ha prohibido el acceso “bajo responsabilidad penal individual” son dos almacenes de más de 200 metros cuadrados de superficie situados en el parking de la planta -4 del CNIO, y unas dependencias más pequeñas en la planta más alta del edificio (5) en la que se acumula material informático. En sus zonas más altas, las que quedan debajo de la rampa del garaje, el almacén subterráneo alcanza los siete metros de altura.

Detrás de estas misteriosas puertas, ahora precintadas, se escondía una realidad paralela a los trabajadores del centro que ahora está en el foco de la Fiscalía. Investigan si esos almacenes fueron utilizados para el desvío de fondos por la presunta trama de corrupción en torno a la figura de Juan Arroyo, gerente del centro durante dos décadas y hombre de confianza de Mariano Barbacid, fundador de la institución. En la denuncia presentada en julio de 2025 ante la Fiscalía Anticorrupción por un ex alto cargo del centro ya se citaba la existencia de “un almacén segregado, fuera del control del departamento logístico”, que había sido establecido 18 años antes por Arroyo. 

Tras las “puertas secretas”

Aunque los trabajadores conocían la existencia de almacenes en la planta más baja del aparcamiento subterráneo, ninguno sabía que hubiera semejante acumulación de material detrás de las paredes. “Hay ferreterías en Madrid que tienen menos material que nosotros”, dice una fuente interna. La sorpresa ha sido aún mayor en cuanto a la puerta de la quinta planta, a la que se accede por un tramo de escaleras que parecía no conducir a ninguna parte. En ninguno de los accesos a los almacenes hay cámaras de seguridad, de modo que es imposible saber quién entraba y salía de las instalaciones.  

En las grabaciones hay elementos que llaman la atención porque son ajenos al centro y seguramente fueron usados en otras obras relacionadas con la trama, según fuentes de la investigación. “Hay rollos de cable para ir de aquí a La Paz tres veces”, relata uno de los trabajadores. Pero, sobre todo, hay elementos que nada tienen que ver con un centro de investigación: desde calderas a equipos autónomos de aire acondicionado —cuando en el centro se utilizan climatizadores industriales—, jambas de puertas, grifería y sistemas de cisternas para cuartos de baño que no son compatibles con los que se usan en el edificio. También hay cortadoras de porcelana por control numérico, cuando en el CNIO “jamás se ha cortado un azulejo”, y decenas de papeleras de aluminio que no se usan en el centro. 

Un “almacén segregado”

Ya en la primera denuncia interpuesta en 2018 por la entonces presidenta del comité de empresa, Ana Isabel Hernández, se destacaban los gastos desmedidos en ferretería en el CNIO, con partidas de hasta 50.000 euros “en bisagras y tornillos” y una licitación que pretendía comprar bañeras de hidromasaje, estufas de pellets y suelo radiante. Una auditoría de 2018 también destacaba que el mayor centro de investigación en España destinaba a gastos de aprovisionamiento más del doble que otros centros similares como el CNIC (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares). Con unas plantillas e ingresos muy similares entre ambos centros, destacaba el informe, “el gasto de mantenimiento se duplica en el caso del CNIO”, aunque se atribuía a algunas especificidades del centro.

En la denuncia presentada por un ex alto cargo del CNIO en junio de 2025 que dio lugar a la investigación, las partidas y suministros de ferretería también aparecían como uno de los focos principales de posibles irregularidades dentro del área técnica. Durante años, reflejaban los denunciantes, los suministros de ferretería (junto con los eléctricos y de saneamiento) han eludido el control del departamento de compras y logística. Entraban bajo la supervisión directa de la dirección técnica, donde a menudo era el propio personal de la contrata encargada de los servicios de mantenimiento de las instalaciones quien firmaba la recepción. Según la denuncia, bastaba con el albarán de entrega y nadie del CNIO verificaba físicamente la mercancía.

En la denuncia consta que el coordinador de almacén, empleado de una de las muchas contratas de la red investigada, declaró en febrero de 2025 que la entrada de mercadería (suministros de ferretería, mecánico, saneamientos o eléctrico) se realiza “en un almacén segregado, fuera del control del departamento logístico que depende del Departamento de Compras”, y que, consultados sobre esta anomalía, los técnicos de compras indicaron que “esa decisión fue adoptada por el exgerente D. Juan Arroyo para agilizar y evitar conflictos del área técnica desde hace más de 18 años”. 

Otra de las claves que podría explicar la presencia de material y equipos de alto valor en los almacenes del CNIO, según las denuncias, es que una vez terminada la obra para la que se habían adquirido, el centro presentaba “bajas de utillaje no identificado por valores muy importantes cada año cifradas en decenas de miles de euros”, es decir, declaraba como perdido gran parte del material comprado, de forma que pasaba a estar fuera de registro. 

El volumen de este tipo de suministros técnicos solicitados mediante contratos menores llegó a ser de hasta 1,5 millones de euros. A partir de 2025 los denunciantes consiguieron que se cumpliera la ley y se obligara a desglosar los gastos con una descripción detallada de cada elemento comprado y su precio unitario, evitando la opacidad de los listados anteriores con categorías genéricas agrupadas. Para aquellas fechas, es presumible que buena parte del material de construcción y maquinaria ya habría pasado a formar parte del arsenal oculto de la trama del CNIO.

La Fiscalía investiga estos hallazgos como parte de una amplia red de irregularidades producidas en el mayor centro español de investigación contra el cáncer durante décadas, desde el uso masivo de contratos menores a falsas “ofertas de acompañamiento” para simular la competencia. La existencia de este almacén segregado cuadra con la utilización de los medios del CNIO para uso particular que han señalado tanto el ex alto cargo que denunció a la Fiscalía como el gerente que llegó tras Arroyo, José Manuel Bernabé, y que presentó su renuncia. En estas denuncias consta la existencia de una persona de mantenimiento del centro al que los trabajadores se referían como “el mayordomo” que acudía semanalmente al domicilio particular de Juan Arroyo para realizar labores particulares y que cada miércoles le llevaba un bidón de gasoil propiedad del CNIO.

Consultados por elDiario.es, desde el CNIO aseguran que no pueden comentar nada mientras la investigación esté en curso y recalcan que la actividad científica ha continuado, ajena a estos hechos. Por su parte, el exgerente Juan Arroyo asegura que hasta dónde él sabe, en esos almacenes había “algo de herramienta y repuestos (material de fontanería y electricidad) de lo más común” y desconoce si se usaba fuera del CNIO. En cualquier caso niega que los almacenes precintados sean “almacenes segregados” y recuerda que “los gestionaba la empresa de mantenimiento, bajo la supervisión del director técnico”, en referencia a Javier de Dios. Este medio ha tratado de contactar con este último para conocer su versión pero no ha obtenido respuesta.

En su última reunión, del viernes 10 de abril, el patronato del CNIO nombró nueva gerente del centro a Cristina Navarro Enterría, tras la dimisión del anterior responsable en el cargo y el bloqueo de la institución durante semanas. La nueva responsable se enfrenta a la mayor crisis de reputación en la historia del centro científico, con los investigadores y el resto de la plantilla totalmente desmoralizados, después de casi dos años de crisis y escándalos continuados. Entre las papeletas a resolver está el despido de las nueve secretarias de administración, porque estaban empleadas de Gedosol (una de las empresas bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción), lo mismo que puede suceder en breve con el departamento de informática. 

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha advertido este sábado de que el pacto de gobierno hecho público entre el PP y Vox en Extremadura “pone los pelos de punta, pero eso ya lo hemos visto en la Comunidad Valenciana, y costó vidas, porque el negacionismo cuesta vidas”. “En la Comunidad Valenciana hemos sufrido la terrible dana pero, aparte, estamos sufriendo un Consell negacionista”, ha indicado Diana Morant, para añadir: “Hay mucha evidencia de que si no hubiésemos tenido ese Consell negacionista decidiendo en aquellas horas trágicas en que se tomaron tan malas decisiones, como que no se protegió la ciudadanía y no se envió aquel mensaje de alerta temprana para que la gente se pudiera defender y se pudiera proteger, muy probablemente no estaríamos lamentando las 230 muertes”.

La líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades se ha pronunciado así durante la entrevista celebrada en el marco del Global Progressive Mobilisation de Barcelona. Morant ha destacado que quiere gobernar la Comunitat Valenciana para llevar adelante un “proyecto de progreso” basado en que “se puede crecer económicamente a la vez que crecemos en derechos”, un proyecto que es “el modelo antagónico de lo que está pasando en la Comunitat Valenciana”.

Diana Morant ha resaltado que “en la Comunitat Valenciana la ciudadanía ha visto muy claramente lo que significa un Partido Popular entregado a Vox gobernando. Y lo que quieren es un cambio. Así que cuando sea estaremos preparados para ese cambio en la Comunidad Valenciana”, ha manifestado.

“Necesitamos gobiernos de progreso que apuesten por los servicios públicos como la sanidad, las Emergencias, la vivienda o la universidad pública”, ha recalcado, para insistir: “El negacionismo cuesta vidas, la regresión en derechos”. En ese sentido, ha apuntado que en la Comunidad Valenciana “hemos tenido también un problema de cribado de cáncer de mama, igual que se ha visto en Andalucía. La ciencia ha avanzado tanto que pone a disposición modelos y tecnología para diagnosticar tempranamente precisamente para salvar vidas. Si luego eso no lo aplicamos, porque estamos en manos de gobiernos que reducen y recortan en la sanidad pública, otra vez volvemos a que ponen en peligro la vida de las personas”. “Se ha demostrado que las coaliciones de PP y Vox son malas para la gente. A las pruebas me remito”, ha apostillado.

“Científicos de EEUU vienen a España por nuestra ciencia”

En contraposición, el Gobierno de España “está haciendo una apuesta sin precedentes por la ciencia”, ha destacado Diana Morant, quien ha puesto en valor el papel que tuvieron las administraciones públicas en el impulso de la ciencia para hacer frente a la pandemia de la Covid con las vacunas y la necesidad de ese impulso público de la investigación y no que ésta queden en manos de los mercados, ya que, en ese caso, nadie investigaría frente a enfermedades como la ELA y otras tipificadas como raras al tener una menor o escasa rentabilidad.

Por eso, en el marco de la apuesta del Gobierno de España por la ciencia, “tenemos más científicos trabajando que nunca en nuestro país, más personas en el sector de la innovación”. Y ha relatado que, dentro de una convocatoria para atraer investigadores de todo el mundo a España, “el 60% de los que están viviendo son de Estados Unidos. Cuando hablas con ellos, te dicen que en gran medida no es solo porque tengamos un gran sistema de ciencias, sino también porque tenemos un país con valores democráticos. Ciencia y democracia, binomio”.

Encuentro con Lula da Silva y éxito de la delegación

Morant, con el president de la Generalitat catalana, Salvador Illa, visitó el viernes junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el Barcelona Supercomputing Center (BSC), un centro de referencia en computación de altas prestaciones (HPC) dedicado a la investigación y servicios de supercomputación. A lo largo de las dos jornadas de la Global Progressive Mobilisation (GPM), la delegación valenciana, integrada por 300 socialistas, ha tenido un gran protagonismo con la participación en diversos paneles y entrevistas, junto a otros dirigentes progresistas del resto del mundo. También ha sido muy celebrada la gorra con el lema “Makes Science Great Again” que numerosos de los participantes del PSPV-PSOE portaron durante el encuentro de los progresistas a nivel mundial.

El patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha nombrado por mayoría absoluta a Cristina Navarro Enterría como nueva gerente, tras la dimisión del anterior responsable y el bloqueo de la institución durante semanas. 

Navarro será la primera mujer que se pone al frente de la gerencia del CNIO, que se encuentra envuelta en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por las presunta trama liderada por el exgerente Juan Arroyo, hombre de confianza de Mariano Barbacid que pasó a décadas manejando las cuentas de la institución. 

El patronato considera que Cristina Navarro reúne tanto la experiencia como la capacitación técnica óptimas para un puesto de la máxima exigencia personal y profesional, ya que “cuenta no solo con una sólida trayectoria como gestora, sino que también posee la capacidad de liderazgo que requiere la dirección administrativa del mayor centro de investigación en oncología de nuestro país”.

Funcionaria con 25 años de experiencia

Como funcionaria de carrera, posee más de 25 años de experiencia en los tres niveles territoriales de la administración (local, autonómica y general), y ha ocupado cargos de la más alta responsabilidad en la Administración General del Estado, siendo Subsecretaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entre los años 2023 y 2026. Actualmente era vocal asesora del Ministerio de Hacienda.

La marcha del anterior gerente, José Manuel Bernabé, por un supuesto caso de acoso dejó al centro sin capacidad para firmar nuevos contratos y paralizó algunas decisiones. La primera consecuencia fue la marcha de las nueve secretarias de administración, que se ocupaban de buena parte del papeleo de los grupos de investigación. Al estar empleadas de Gedosol (una de las empresas bajo la lupa de la fiscalía anticorrupción), su contrato no se ha prorrogado y se esperaba una situación similar con el departamento de informática. 

Todo esto, en mitad de una investigación al centro de la Fiscalía Anticorrupción por una presunta trama de corrupción en torno a la figura de Juan Arroyo, gerente del centro durante dos décadas y hombre de confianza de Mariano Barbacid, fundador de la institución. La investigación comenzó tras la denuncia de un ex alto cargo del centro en junio de 2025, a la que sumaron las denuncias interpuestas por el exgerente José Manuel Bernabé en su efímero paso por el CNIO.

El último episodio de la crisis se vivió antes de Semana Santa, cuando una unidad de Policía Judicial clausuró y precintó los almacenes situados en la planta -4 y la planta 5 del edificio del CNIO, según adelantó elDiario.es. La dirección informó a los trabajadores del precinto policial y de la prohibición absoluta de acceso o manipulación de los efectos, bajo responsabilidad penal individual. 

Mientras esperamos a que las elecciones andaluzas cierren el ciclo autonómico en las urnas, la política sigue en los banquillos de los juzgados. El juicio por el 'caso mascarillas' ha empezado y, con él, ese momento incómodo en el que la política se enzarza en el pasado y no tiene tiempo para el futuro, al menos, nos hace dudar de lo que vendrá.

No hay nada especialmente nuevo en lo que se escucha estos días, pero ahora los hechos entran en la sala y dejan de ser relato. El caso que afecta al valenciano José Luis Ábalos y a su entorno no es solo una cuestión personal ni un episodio aislado de esos que los partidos intentan encapsular con rapidez. Tiene algo más persistente: conecta con una forma de hacer política que no sabemos hasta dónde ni hasta quién llega. No sorprende, pero desgasta. No hace falta que salpique directamente para hacer daño. Diana Morant compartió lista electoral con Ábalos. Estuvieron juntos en la papeleta y poco más porque son perfiles contrapuestos y porque, mientras estuvo en el PSPV, el exministro tuvo amigos tan fieles como enemigos acérrimos. Hasta el punto de que los números uno y dos de aquella candidatura ni compartieron actos, algo tan anómalo como casi todo lo que rodeó al exministro desde que Pedro Sánchez le hizo un corte en la cabeza sin llegar a dejar caer la guillotina. Pese a todo ello, la política no exige culpabilidad para generar coste. A veces, basta con la cercanía, aunque sea sobre un papel.

El daño y la desafección por el asco que provoca casi todo lo que rodea al personaje pueden pesar. Especialmente en la secuencia de derrotas electorales autonómicas que se están convirtiendo en costumbre. Las tendencias pesan más que los programas. Y la fórmula de los ministros-candidatos suma tantos errores como pruebas. En ese escenario, el ticket ideado entre Morant y Pilar Bernabé se la juega en algo más que impedir restar. Eliminar lo que pueda lastrar no es suficiente en un momento en que hay que reconstruir una cierta idea de posibilidad. Que la gente vuelva a pensar que se puede ganar. Que merece la pena intentarlo. Que no todo está decidido de antemano. Y eso no se logra solo con estrategia; exige también algo parecido a la credibilidad emocional, que es más frágil y menos controlable.

Ahí aparece, inevitablemente, Mónica Oltra. Con la incertidumbre sobre su futuro político. Sin posibilidad de cuándo y hasta dónde llegarán contra ella, tras todo lo visto, algunos plazos le pueden perjudicar, pero también le pueden hacer la campaña electoral. El efecto lawfare está ahora mismo mucho más cerca de sumar que de restar. Oltra, a la espera del cierre de su caso, resurge con fuerza después de ser continuamente golpeada. No como novedad, porque no lo es, sino como referencia. Como alguien que en su momento consiguió ordenar un espacio político que ahora parece más disperso. Sobre todo, vuelve una cabeza que fue capaz de ilusionar y que regresa desde una profunda reflexión que ha aumentado su valor.

No obstante, su eventual capacidad de aglutinar depende mucho de su figura, pero también de la disposición de los demás a aceptar que el protagonismo puede ser compartido o, incluso, cedido. Que el momento exige mucha generosidad y trabajar para sumar de verdad. Por eso, el acuerdo a la izquierda del PSPV no se puede ceñir a sumar siglas y repartir puestos en las listas. No se puede limitar a València y no se debe hacer tapándose la nariz a los ojos de todos y solo porque las encuestas y los precedentes sitúan a algunos muy lejos de los escaños. Si no hay un compromiso que se muestre lo más sincero posible, algunas integraciones restarán más que sumarán.

No se puede vivir con la incógnita permanente que generan los sectores más ortodoxos de Podemos. Hay demasiada gente interesada en buscar disidencias y frases corrosivas. El proceso requiere menos explicaciones ambiguas y menos matices como los de Pablo Iglesias. De la idea que transmitan las izquierdas, todas, dependerá en gran medida que mucha gente se ilusione en el poco más de un año que queda hasta las elecciones.

Los bloques cada día están más claros y muy igualados. Es complicado saber cómo llegará el PP a las municipales de mayo ni si Pérez Llorca logrará imponer su “normalidad” en las autonómicas. En gran parte, dependerá de si es capaz de soltar lastre. Por él y por su partido. El daño que aún puede hacer Carlos Mazón a los suyos es todavía imposible de medir. El expresident se ha distinguido siempre por su escaso altruismo y por su agresividad contra los suyos. Que hoy sea Paco Camps quien reivindique congreso y democracia contra el máximo adalid del zaplanismo responde tanto al manual de justicia poética como a la relación que uno y otro han tenido, tienen y tendrán con los tribunales. 

El caso de la dana y el intento de Mazón de personarse en la causa revela hasta qué punto el actual president no controla a su antecesor

El caso de la dana y el intento de Mazón de personarse en la causa revela hasta qué punto el actual president no controla a su antecesor. Y las pocas dudas que tiene el dimitido al elegir entre él y su partido. Ese problema convierte en menores, por comparación, otros que no lo son. Pérez Llorca sigue salpicado por cuestiones que tienen efecto acumulativo, como las polémicas sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública y la progresión laboral de su pareja. En Alicante se va a librar una batalla menos vistosa que la de València, pero muy importante. La lucha no será tan visible y la disputa va a desenterrar más de lo visto hasta ahora.

Y en ese terreno, donde todo se mezcla —los juzgados, las urnas y las expectativas—, la política vuelve a lo de siempre: intentar convencer de que lo próximo será distinto a lo anterior. Aunque cada vez cueste más creerlo.

Una unidad de Policía Judicial ha clausurado y precintado este viernes los almacenes situados en la planta -4 y la planta 5 del edificio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Según ha podido saber elDiario.es, la dirección ha informado de que la Fiscalía ha requerido que se informe a los trabajadores del precinto policial y la prohibición absoluta de acceso o manipulación de los efectos, bajo responsabilidad penal individual. 

Fuentes internas del centro informan de que las instalaciones precintadas están en la planta más baja y más alta del edificio respectivamente. En la planta -4 hay al menos dos almacenes, además del aparcamiento subterráneo, y en la planta 5 hay un almacén de mantenimiento, con materiales de construcción y maquinaria que podría estar relacionada con las licitaciones investigadas.

La Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace meses una presunta trama de corrupción en torno a la figura de Juan Arroyo, gerente del centro durante dos décadas y hombre de confianza de Mariano Barbacid, fundador de la institución. La investigación comenzó tras la denuncia de un ex alto cargo del centro en junio de 2025, a la que se han sumado recintemente las denuncias interpuestas por el exgerente José Manuel Bernabé en su efímero paso por el CNIO.

Los dos principales denunciantes han señalado graves irregularidades en el área de mantenimiento debido al pago por trabajadores que no estaban prestando servicio y un sobrecoste millonario por servicios que no se prestan y posibles empresas pantalla con extrabajadores del centro. Este desfalco se habría producido, según varios informes, a través de un entramado de sociedades que acapararon adjudicaciones por valor de 11,9 millones de euros, y un segundo bloque de empresas vinculadas a dos ciudadanos de origen ucraniano que se llevaron otros 9,2 millones de euros.

Desde el Ministerio de Ciencia aseguran que las autoridades están colaborando con la justicia para esclarecer los hechos desde el principio.

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha exigido hoy la creación de una Comisión de Investigación en la Diputación de València sobre la plaza adjudicada a la mujer de Pérez Llorca en un puesto de alta dirección. Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación este viernes antes de presidir la comisión ejecutiva nacional (CEN) de los socialistas valencianos que se ha celebrado en la ciudad de Alicante, lugar que Morant ha calificado como “la zona cero del modelo especulativo del partido Popular y sus escándalos”: “Aquí se reparten viviendas de protección pública, se privatiza la sanidad y es donde aparecen posibles irregularidades en los bonos comercio que salpican a Carlos Baño”.

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha señalado que Pérez Llorca “está utilizando los puestos públicos en las administraciones para su propio beneficio” y ha censurado que “la urgencia de que su pareja pueda conciliar se traduce en un sueldazo que dobla el que tenía como funcionaria en el Ayuntamiento de Finestrat”: “Eso no es motivo de extrema urgencia para ninguna administración, estamos ante una modificación de la norma para que proveer de un puesto de alta dirección a una persona que no formaba parte de la Diputación de València”.

Asimismo, Morant ha anunciado que los socialistas valencianos se personará -cuando se abran diligencias- en la causa que investiga al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baños y ha alertado que “el Partido Popular lleva décadas convirtiendo la provincia de Alicante en su cortijo, pero esto tiene que acabar.

Un Consell “ausente”

Por otro lado, la secretaria general del PSPV ha apuntado que Pérez Llorca “ya no tiene que seguir pidiendo a Feijóo un congreso, lo que tiene que asumir es que esta etapa ha terminado y cuanto antes convocar elecciones” y ha subrayado que “el cambio de la Comunitat Valenciana comienza en Alicante”.

Con ello, ha denunciado que “los valencianos y valencianas estemos sufriendo un Consell ausente que, mientras el Gobierno de España aprobando decretos y ayudas para hacer frente a las consecuencias de la guerra, no toma medidas; y un Consell ausente que mientras el Gobierno pone sobre la mesa un nuevo sistema de financiación que da 4.669 millones de euros más al año para la Comunitat Valenciana lo que hace es decir que no por puro sectarismo”.

Cuando los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se personaron en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) el pasado mes de diciembre, no lo hacían para realizar un registro por sorpresa. La Policía acudía para recoger documentos de manos del nuevo gerente, José Manuel Bernabé, que empezaba a descubrir los detalles de una trama interna de la que nadie le había advertido. Se adentraba así en un proceso lleno de trampas del que le llevó a presentar su renuncia a principios de febrero, antes de que una denuncia por acoso forzara su salida. 

Las irregularidades que este directivo describió en hasta cinco denuncias ante la UDEF coinciden y profundizan en las que ya había puesto ante la Fiscalía Anticorrupción un ex alto cargo del centro en junio de 2025, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. En sus informes, ambos señalaron el “riesgo de interferencia” de Juan Arroyo, el exgerente señalado como responsable de la presunta trama, que permaneció en su cargo de vicepresidente de Asuntos Económicos del CNIO hasta noviembre de 2025, a pesar de que se había anunciado su salida en enero de ese año. Las dos personas que examinaron con detalle la trama terminaron fuera del centro por denuncias internas.

Sobrecostes millonarios

En el breve periodo entre septiembre de 2025 y su salida a finales de febrero, Bernabé tuvo tiempo de recopilar documentación y reportar a la UDEF graves irregularidades en el área de mantenimiento debido al pago por trabajadores que no estaban prestando servicio y un sobrecoste millonario aún mayor que el que figuraba en la denuncia ante la Fiscalía. Este desfalco se habría producido, según su informe, a través de un entramado de sociedades con sede en Arroyomolinos, que acapararon adjudicaciones por valor de 11,9 millones de euros, y un segundo bloque de empresas vinculadas a dos ciudadanos de origen ucraniano que se llevaron otros 9,2 millones de euros.

Bernabé ordenó un recuento sorpresa el 22 de enero de 2026 y levantó acta: de los 26 trabajadores que una de las empresas debía tener en las instalaciones por contrato, solo había 11 presencialmente en el CNIO. El propio encargado de la empresa admitió que los cuadrantes “ya se elaboran con menos personal del exigido”, acreditando un incumplimiento estructural. La Policía también recibió la denuncia de que una persona de mantenimiento del centro —al que los trabajadores se referían como “el mayordomo”— acudía semanalmente al domicilio particular de Juan Arroyo para realizar labores particulares y que cada miércoles le llevaba un bidón de gasoil propiedad del CNIO.

Fragmentación y ofertas falsas

Bernabé documentó el mismo modus operandi en la contratación que había descrito el exdirector de Operaciones del CNIO ante la Fiscalía: el uso masivo de contratos menores, para ajustarse al límite legal, así como la simulación de competencia mediante “ofertas de acompañamiento” (empresas de la misma trama presentando ofertas falsas más caras para que gane la empresa deseada). El gerente saliente también denunció la creación a medida de un puesto de secretaria de alta dirección para Laura Muñoz, la asistente y mano derecha de Juan Arroyo, por un sueldo de 69.729 € anuales, así como un correo en el que el jefe de personal contaba que ella misma diseñó el perfil por indicación del ex gerente. 

Laura Muñoz es la trabajadora que puso una queja ante el departamento de Recursos Humanos por supuesto acoso que precipitó la salida de Bernabé del centro (lo hizo el día después de que este pidiera su despido, el de Arroyo y el de José Ignacio Fernández Vera). En su escrito, la secretaria denunciaba un trato excesivamente personal del gerente, que según ella le enviaba información íntima a través de WhatsApp. Hasta abril de 2025, esta colaboradora estrecha de Arroyo estuvo contratada por Gedosol SL, que consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción como una empresa “satélite” en la que se externalizaba fraudulentamente a personal estructural del centro.

Las paredes oyen

Como en el caso del denunciante anterior, en el informe presentado ante la UDEF Bernabé advertía sobre el conflicto que suponía la presencia de Arroyo como vicedirector de Asuntos Económicos, con funciones estrechamente relacionadas con la contabilidad y gestión económica del centro. Esto generaba un riesgo evidente de interferencia, porque el resto del equipo económico-financiero seguía siendo el mismo que cuando se habrían producido los hechos que el nuevo gerente estaba investigando. Entre septiembre y noviembre, además, Bernabé estaba tratando de aclarar lo sucedido con Arroyo todavía en el propio centro.

En sus escritos Bernabé deja constancia de que podía ser objeto de espionaje por parte de los denunciados y tuvo que buscar formas seguras de recopilar información y proteger sus comunicaciones. Los informes que tiene la UDEF en su poder relatan cómo Gedosol controlaba los ordenadores, el correo y la ciberseguridad, y Zeus SL (fundada por un exdirector técnico del CNIO) controlaba todo el sistema SAP (el sistema de contabilidad interna). Esto, aseguran los denunciantes, les daba acceso pleno a toda la información financiera, presupuestaria, de recursos humanos y de compras, permitiendo modular la transparencia e impedir auditorías. A todo ello, según la denuncia ante la Fiscalía, se unían las represalias hacia los trabajadores que denunciaban irregularidades, además del uso de denuncias internas en el comité de acoso para silenciar a los críticos, según relatan varias fuentes.

El exdirector de Operaciones del centro, que presentó en el verano de 2025 una denuncia de más de 120 páginas ante la Fiscalía Anticorrupción tras documentar un presunto desfalco de hasta 25 millones de euros en contratos inflados o ficticios, también fue despedido en agosto de ese mismo año en lo que denunció como una represalia por haber destapado las irregularidades. La acusación que se utilizó para justificar el despido estaba relacionada con supuestas negligencias en la gestión de contratos que habrían puesto “en peligro la integridad económica y física” de instalaciones clave, algo que él niega. Fuentes del Ministerio de Ciencia también insinuaron que el exdirectivo estaba molesto por no haber sido elegido para el puesto de gerente cuando se produjo el relevo en la cúpula del centro.

Antes de esas investigaciones internas, ya existían avisos formales sobre posibles irregularidades en el CNIO. En 2018, la presidenta del comité de empresa, Ana Isabel Hernández, presentó una denuncia ante un juzgado en la que alertaba de posibles anomalías en la gestión económica y en determinados contratos del centro. Paralelamente, un informe del Tribunal de Cuentas había señalado deficiencias relevantes en los procedimientos de contratación y control interno, apuntando riesgos de irregularidades en la adjudicación y supervisión de servicios. Ana Isabel Hernández también denunció haber recibido presiones y amenazas tras presentar su denuncia, aunque aquellas reclamaciones iniciales ante la justicia no prosperaron.

Pasividad inexplicable

La salida de Bernabé en la gerencia se produjo tras la pasividad del patronato y del Ministerio de Ciencia a la hora de sacar al exgerente Juan Arroyo del CNIO, lo que permitió a los investigados mantener su capacidad para interferir en las pesquisas sobre la presunta trama que lleva años instalada en el centro. La salida del gerente ha conducido a un bloqueo de la gestión del centro, ya que el patronato ha decidido no renovar a múltiples trabajadores de Gedosol SL que cumplen tareas esenciales, como las secretarias de departamento.

Ante esta situación crítica, el máximo órgano de gobierno del CNIO, presidido por la secretaria general de Ciencia, Eva Ortega Paíno, se reunió el pasado lunes sin comunicar ninguna medida concreta. Tuvo que ser el actual director científico del centro, Fernando Peláez, el que informara a los trabajadores que el patronato ha decidido darle poder de firma, lo que permitirá mantener con normalidad las tareas administrativas cotidianas, y que se va a iniciar el proceso de selección de un nuevo director gerente. 

Unos días antes, buena parte de la plantilla salió en defensa de Bernabé tras su salida con una carta abierta, al considerar que las informaciones que causaron su cese forman parte de “una campaña de desprestigio orquestada”, dirigida a minar la reputación de la persona que estaba destapando la corrupción del anterior gestor. El lunes la situación era tan insostenible que prácticamente toda la plantilla, unos 400 trabajadores del CNIO, firmó otra carta pidiendo al patronato “una reestructuración de calado” de todo el sistema de gestión y administración. También pidieron que no se nombre a una sola persona para liderar esta limpieza del control como pasó con Bernabé, sino que se incorpore “un equipo de gestión de su confianza con el que reconducir esta situación”. No quieren que el sustituto de Bernabé vuelva a estar “solo ante el peligro”.

Consultado por este diario, el exgerente Juan Arroyo ha preferido no pronunciarse, puesto que no conoce los términos del informe de Bernabé. Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades subrayan que tanto la directora científica (María Blasco) como el director gerente (Arroyo), permanecieron en el centro en los puestos que tenían antes tras la decisión de cesarlos en enero de 2025. Tampoco han querido detallar la información que le dieron a José Manuel Bernabé al tomar posesión de su cargo, solo que se le encargó recabar toda la información necesaria para conocer la situación del centro. 

Los trabajadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) se reúnen este viernes en una asamblea, convocada por los sindicatos CSIF y UGT, en un ambiente de máxima preocupación y para lanzar un llamamiento de auxilio al Ministerio de Ciencia y al patronato de la institución. La marcha del gerente José Manuel Bernabé por un supuesto caso de acoso ha dejado al centro sin capacidad para firmar nuevos contratos y puede paralizar muchas actividades diarias. 

La primera consecuencia es la marcha de las nueve secretarias de administración, que se ocupan de buena parte del papeleo de los grupos de investigación, cuyo contrato finaliza el martes 10 de marzo y no serán reemplazadas. Bernabé quería renovarlas, pero al estar empleadas de Gedosol (una de las empresas bajo la lupa de la fiscalía anticorrupción), su contrato no se ha prorrogado. El siguiente nubarrón en el horizonte es una situación similar con el departamento de informática. 

El patronato del CNIO se reúne este lunes, pero el Ministerio de Ciencia no ha querido informar del contenido de la reunión ni de si se tomarán medidas urgentes para encontrar nuevo gerente o solucionar esta situación. Los directores de programa de centro han enviado este jueves una carta al patronato, a la que ha podido acceder elDiario.es, en la que expresan su preocupación por el futuro de la institución y piden “una solución urgente para poder tener a alguien con poder legal de firma”. 

Proyectos en riesgo

Los directores también piden al ministerio que implemente el “Plan de Actuación” propuesto por nuestro recién cesado gerente, que estaba empezando a sacar a la luz la trama de corrupción en el centro bajo el amparo del anterior equipo gestor. “Consideramos que la simple contratación de un nuevo gerente independiente va a ser insuficiente si la misma no viene asociada a la capacidad de poder contratar a un equipo de gestión de su confianza con la que reconducir esta situación”, escriben.

“Está en riesgo la solicitud de proyectos internacionales, esto puede impedir optar a financiación competitiva”, advierte una investigadora principal, que prefiere que no demos su nombre. “No tener gerente pues prácticamente no podemos firmar nada, ningún contrato de nuevas personas ni de proyectos y no se pueden firmar las cosas de mantenimiento esencial de cualquier sitio”, asegura otra fuente interna del CNIO. “Es un buque a la deriva, el Ministerio va tomando medidas de una en una, pero esto no se va a solucionar con pequeños parches. La herida es grande y esto necesita un plan integral de apoyo. O sea, el Ministerio no puede cerrar los ojos y pensar que esto es un mal sueño, pero tenemos un problema muy serio y necesitamos un apoyo integral para reflotar las estructuras de control”.

“Cesión ilegal de trabajadores”

El sindicato CSIF recuerda que el personal al que no se va a renovar tiene una antigüedad de entre 10 y 20 años en el centro y se encarga de tareas de secretaría en los programas de investigación (organización de viajes de congresos, envíos de muestras científicas y otras tareas de gestión, entre otras funciones claves en el desarrollo de la labor de nuestros investigadores). “Estas personas dependen de una de las empresas externas investigadas por la Fiscalía Anticorrupción y CSIF entiende que se ha producido una cesión ilegal de los trabajadores, dado que la citada empresa únicamente actúa como intermediaria y la labor de estas personas está integrada en el CNIO de manera estructural”, explican en un comunicado. “Por este motivo, CSIF estudiará acciones jurídicas para defender los legítimos intereses de este colectivo de trabajadores”.

El sindicato asegura haberse puesto en contacto con el ministerio para solicitar información y pedir explicaciones y tiene previsto iniciar una ronda de contactos con grupos parlamentarios para trasladarles de primera mano la situación y promover una solución y la asunción de responsabilidades. “El próximo lunes también está prevista una reunión del Patronato del CNIO que debería tomar cartas en el asunto para solucionar esta crisis interna”, afirman.

“La marcha de personal clave, como las secretarias, ha sido especialmente dolorosa, no solo por la carga de trabajo que asumían, sino por la calidad humana que han demostrado hasta el último minuto”, asegura Guadalupe Sabio, jefa de grupo en el CNIO. “Muchas de ellas llevaban aquí más de 15 años… Incluso sabiendo que su contrato terminaba en dos días, su prioridad fue dejarnos todo lo más organizado posible. Ese nivel de compromiso habla muy bien del tipo de personas que hay en el CNIO y de por qué este centro es tan especial. Esperamos que esta situación se pueda finalmente resolver”.

El pasado viernes, la plantilla del centro firmó una carta pública en apoyo del gerente cesado, José Manuel Bernabé, suscrita por el 90% de los jefes de grupo (47 de 52) y que sumó el respaldo más de 200 trabajadores. El nuevo gerente era la gran esperanza de regeneración del centro, en plena investigación de la Fiscalía Anticorrupción por las presuntas irregularidades del anterior responsable de las cuentas, Juan Arroyo. Los firmantes de la carta consideran que las informaciones aparecidas en los últimos días forman parte de “una campaña de desprestigio orquestada” y dirigida a minar la reputación de la persona que estaba destapando la corrupción del anterior gestor.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solicitará mañana viernes en el Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que proceda al cese del nuevo gerente de la institución, José Manuel Bernabé, tras las informaciones sobre un caso de acoso publicadas por el diario ABC. Tras conocer el “presunto caso de acoso” en el centro, el ministerio “condena de forma rotunda” lo que consideran “unos hechos impropios de una institución como el CNIO”.

Esta decisión se produce tras conocerse la queja formal que Laura Muñoz, entonces secretaria general del CNIO y empleada desde hacía doce años, contra el nuevo gerente, que había llegado al centro para poner orden tras la crisis y contaba con un amplio respaldo entre la plantilla y la confianza del ministerio. El anuncio del cese coincide con una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción que investiga presuntas irregularidades en contratos por valor de 25 millones de euros. En dicha trama, el denunciante cargaba contra el anterior gerente, Juan Arroyo, y situaba a Muñoz como una de sus personas de confianza.

Mensajes personales por Whatsapp

El escrito de Laura Muñoz, presentado ante el área de Recursos Humanos, buscaba amparo legal ante posibles represalias frente a la insostenible situación laboral que vivía con Bernabé, desde su toma de posesión en el cargo el 1 de septiembre de ese mismo año. La denunciante detalla un patrón de acoso que se intensificó rápidamente, cuando el nuevo gerente comenzó a someterla a un trato excesivamente personal. Según Muñoz, Bernabé le enviaba información íntima a través de WhatsApp desde el gimnasio y alardeaba de su vida amorosa y sexual con frases como: “Este año llevo catorce”.

“A medida que mi labor profesional mermaba, aumentaba la comunicación de temas personales, incluso cuando iba a su despacho por algún motivo”, relata la denunciante. “Esta cuestión me ha producido confusión, ansiedad y un clima de incertidumbre constante. En una ocasión, el Gerente compartió conmigo por WhatsApp información íntima que me hizo sentir muy incómoda”.

Dos semanas después de oficializar su queja por acoso y poner los hechos en conocimiento del Patronato del CNIO, Laura Muñoz fue despedida, según ABC. Varios investigadores del CNIO han expresado a elDiario.es su malestar ante esta situación, dado que el nuevo gerente estaba avanzando y colaborando con la justicia para aclarar el entramado de irregularidades del que se acusa al exgerente Juan Arroyo. Con esta denuncia y su destitución, la tarea queda de nuevo en el aire.

El Comité de Ética y Garantías del PSPV-PSOE ha abierto un expediente contra el alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, por “amenaza velada” a la secretaria general del partido y ministra de Ciencia, Diana Morant, y por “menospreciar” a la mujer que le denunció por presunto acoso sexual.

Fuentes del PSPV-PSOE han explicado que esa “amenaza velada” contra la líder de los socialistas valencianos hace referencia a unas declaraciones en las que el alcalde habría dicho: “Juro que como le pase algo a mi familia, Diana Morant se las verá conmigo”.

Las mismas fuentes han señalado que el expediente también se ha abierto por “deslealtad al proyecto socialista”, al asegurar que el alcalde ha reconocido que “está en conversaciones con otros partidos” para presentar una alternativa política en el municipio.

González, que fue suspendido cautelarmente de militancia el pasado mes de diciembre al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, mantiene el cargo de alcalde de Almussafes y su acta en el grupo socialista, por lo que tiene que responder a la disciplina interna del partido, según las mimas fuentes socialistas, que también han dicho que son “varias” las denuncias por acoso sexual presentadas internamente contra el alcalde.

El alcalde, por su parte, ha negado las acusaciones de acoso y asegura que no ha tenido ninguna comunicación oficial por parte del PSOE de que se haya presentado una segunda denuncia contra él.

De hecho, ha remitido un burofax a la dirección nacional del PSOE, al que ha tenido acceso EFE, para que le informen de la existencia o no de esa segunda denuncia “con el fin de ejercitar, si fuera necesario, el derecho de defensa”.

González ha asegurado que toda esa situación obedece a una guerra interna del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, “que está abierto en canal”, según ha dicho.

En una carta abierta publicada en sus redes sociales González ha señalado que “la denuncia falsa por acoso sexual y laboral no es un hecho aislado sino que es el punto culminante de una campaña de acoso y derribo” contra su persona, que se inició hace más de cuatro años para menoscabar su imagen política, personal, familiar y profesional.

“Ante la falta de pruebas en mi contra y las pruebas y testimonios de mi inocencia que yo sí he aportado ante mi partido, resulta incomprensible que el caso no haya sido archivado”, afirma el alcalde, y añade que luchará “en todos los frentes posibles” para defender su honor y su imagen.

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en declaraciones a los periodistas en Les Corts Valencianes, ha manifestado que ella va a estar siempre “del lado de la víctima”.

Solo entre 2022 y 2023 se perdieron 277 ayudas FPU (Formación de Profesorado Universitario) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, uno de los principales mecanismos de financiación a nivel estatal para el inicio de la carrera investigadora. Dicho de otra manera, en ese periodo años hasta 277 personas se quedaron sin un contrato público para trabajar en su tesis durante los siguientes cuatro años.

La situación amenaza con repetirse este año (correspondiente a la convocatoria de 2024) con otras 61 ayudas que van camino del limbo. Estos contratos perdidos corresponden a personas que resultaron beneficiarias de una FPU tras presentarse al proceso selectivo, pero luego renunciaron a ella por diferentes razones (estas convocatorias son tan lentas en su resolución que es habitual que el personal investigador concurra a varias a la vez, y para cuando se resuelve una puede estar ya trabajando en otro sitio).

En tres convocatorias Universidades habrá escatimado 338 contratos a futuros doctores, que ahora tendrán que plantearse cómo afrontan la tarea de redactar la tesis, una empresa de varios años, sin una fuente de ingresos estable y predecible.

Elena es una de las personas a las que le tocaría una FPU en segunda ronda, pero ante el silencio institucional y los precedentes está empezando a pensar que no va a ser. Y le genera todo un problema, cuenta, porque ella se mudó desde Madrid a Santiago de Compostela porque era el mejor lugar para hacer su tesis sobre Patrimonialización de lugares de memoria vinculados al franquismo. Pero, sin el contrato, todo el plan se tambalea.

“Contaba con que me iban a dar la ayuda”, explica, “y si no sale bien tendré que continuar la tesis de otra manera, compatibilizarla con alguna otra cosa, porque hacerla a tiempo completo en cuatro años sin recursos económicos es inviable para mí. De momento comparto una habitación y no es tan caro como en Madrid, pero es un dinero. Estoy viviendo de los ahorros conseguidos con trabajos previos mientras esto se resuelve”, cuenta.

El colectivo de investigadores perjudicados se ha reunido en ocasiones con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para pedir explicaciones porque no entienden que si se convocan 900 plazas, y tienen su presupuesto como poco preasignado (porque si ningún adjudicatario inicial renunciara sí se ejecutarían esos 900 contratos) luego se pierdan algunas. Según su versión el ministerio señala a la Intervención General, que “no ha sido propensa a publicar estas resoluciones”, de manera que “el remanente se redirige a otras partidas presupuestarias, es decir, el presupuesto se libera y se destina a otras ayudas”.

El departamento que dirige Diana Morant ha explicado a este periódico que la Secretaría General de Universidades “está analizando la eventual reasignación de las plazas no cubiertas en la última convocatoria”, pero también admite que “en este momento no es posible confirmar si dichas plazas podrán ser objeto de redistribución ni el calendario en el que, en su caso, podría materializarse”.

Cuatro años remunerados

La convocatoria de ayudas para la investigación FPU ofrecía 900 plazas para desarrollar el doctorado en un plazo de cuatro años a razón de 31.923,72 euros anuales. Son la principal ayuda que ofrece Universidades para estudiantes predoctorales y el proceso selectivo es “altamente competitivo y lento”, explican algunos aspirantes en una carta en la que denuncian el silencio del Ministerio ante la posibilidad, certeza si el resultado depende de lo que ha pasado los años anteriores, de que se pueden perder esas seis docenas de puestos en esta convocatoria.

No siempre fue así. Hasta 2022, cuando alguien renunciaba a su contrato lo normal era que corriera turno y se adjudicara esa ayuda a la siguiente persona de ese campo de conocimiento, explican los investigadores.

“Desde siempre, en las órdenes de convocatoria de los contratos predoctorales de Formación del Profesorado Universitario se establece que podrán concederse nuevas plazas en resolución complementaria siempre y cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitan y los candidatos cumplan los requisitos”, ilustran desde la Asociación FPU Investiga. “Sin embargo, a partir de la FPU22, que fue cuando cambió el baremo, se dejaron de publicar las resoluciones complementarias. La FPU22 sentó este peligroso precedente: la FPU23 tampoco tuvo complementaria. La FPU24 [la convocatoria que se acaba de resolver] aún tiene tiempo, pero también puede ir por el mismo camino”, advierten.

El problema no lo tiene solo quien está pendiente de que le den la ayuda o no. Si esta persona disfruta de otro contrato, una situación habitual en ciencia, lo liberaría al aceptar la FPU, beneficiando a un tercero

Otro problema, tercia G. S., número 1 en la lista de espera de su área, es que esto no solo afecta al posible beneficiario. Debido a que al modus operandi de las convocatorias de ayuda a la investigación, que se resuelven a meses o incluso años vista, muchos científicos solicitan varias a la vez y, como le ocurre a él, pueden estar disfrutando de otro contrato en el momento de resolución de la convocatoria FPU.

Es el caso de G. S., que actualmente cuenta con un contrato de la universidad en la que acaba de empezar la tesis. Pero, cuenta este investigador, si finalmente le concedieran la FPU que otra persona rechazó, renunciaría a su actual contrato en favor de la FPU, mejor dotada económicamente y, sobre todo, de mucho más prestigio, un imponderable que puede ser decisivo en el hipercompetitivo mundo del acceso a la universidad. Así, G. S. se haría con una FPU, abandonaría el contrato que tiene actualmente y otra persona lo ocuparía. “Somos bastantes en esta situación”, asegura.

A diferencia de Elena, G. S. no tiene problemas para empezar con su tesis porque tiene ya un contrato que le permite trabajar. Pero a Elena su actual situación no le deja avanzar como le gustaría. “Ahora estoy limitada a avanzar bibliográficamente e ir cumpliendo con los plazos del programa del doctorado, que exige realizar una serie de cursos, etc. Pero la investigación como tal no la he empezado, pese a llevar matriculada un año en el doctorado, porque me gustaría hacer trabajo de campo y necesito un contrato para eso por riesgos laborales, seguros, etc. También para asistir a congresos, etc.”, parte fundamental de realizar un doctorado.

FPU Investiga cree que el ministerio debe modificar el proceso de resolución de estas convocatorias, históricamente problemáticas. “Manifestamos reiteradamente la necesidad de determinar un procedimiento transparente de concesión y marcado por tiempos definidos, que elimine la ambigüedad actual que deja en el limbo a decenas de personas cada año, esperando sin certezas la readjudicación de un posible contrato que puede no llegar”, sostienen desde la asociación.

El ministerio ha informado de que la convocatoria FPU 2026 cuenta con una dotación inicial de 124,1 millones de euros y prevé la concesión de 900 contratos predoctorales en universidades y centros de investigación españoles, las mismas que se han convocado en los últimos tres ejercicios, pero que finalmente no se han concedido en su totalidad en ninguno de los tres.