El Supremo tumba el decreto de universidades del Gobierno que acota los centros privados

El Tribunal Supremo ha anulado el decreto de universidades que puso en marcha el Gobierno en 2025 con el objetivo, entre otros, de limitar la proliferación de universidades privadas. Los jueces estiman un recurso del Govern de Marga Prohens en Balears y entienden que la normativa se tramitó de urgencia sin que estuviera justificado. “El tribunal concluye que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación no está debidamente justificado. Y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa, carecía del amparo legalmente exigido”, explica el tribunal.

La norma arrancó en 2024 y fue finalmente aprobada el año pasado con un objetivo: poner límites a la proliferación de centros universitarios privados autorizados por las comunidades autónomas que no cumplen los requisitos mínimos. El primer decreto de 2021 no frenó su crecimiento por la moratoria de cinco años y el nuevo real decreto ley ahora anulado impuso más requisitos. Por ejemplo, que la aprobación de nuevas universidades on line dependiera del Congreso de los Diputados, la existencia de informes vinculantes y un mínimo de 4.500 estudiantes.

Varias comunidades autónomas gobernadas por el PP anunciaron que llevarían el nuevo Real Decreto, entre ellas Madrid y Balears junto con siete impugnaciones más, y ahora la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha estimado las alegaciones de forma del recurso del Govern de Marga Prohens: su tramitación urgente no estaba justificada. La omisión del trámite de consulta previa como consecuencia de ese carácter urgente, añade el Supremo, implica que su aprobación carece de “amparo” legal y el ejecutivo, en la práctica, debe repetir el proceso.

Los jueces, por tanto, no entran en el fondo del resto de cuestiones planteadas en el recurso sobre artículos concretos de la norma universitaria. Empiezan por señalar que el preámbulo de la ley “no dedica un solo párrafo en relación con la tramitación de urgencia” y tampoco lo hizo el Consejo de Estado. El trámite de consulta pública que se pasó por alto, añade el Supremo, garantiza “la participación efectiva de los ciudadanos en el proceso legislativo” y aquí fue omitido.

El Supremo reconoce que la Ley Orgánica del Sistema Universitario de 2023 introdujo suficientes cambios que justifican el Real Decreto que ahora tumban, novedades que “incluso, podrían conllevar las razones de la declaración de urgencia y la omisión de trámite de consulta pública previa que se denuncia”. Pero el Real Decreto de 2025 que ahora cae no decía “nada” a este respecto. La única justificación, añaden los magistrados, “es más una voluntad política para su pronta entrada en vigor que una causa objetiva que acredite una urgencia”.

Los “chiringuitos” universitarios

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió a esta problemática como “chiringuitos”, especialmente a los centros online creados en los últimos años. En el cuarto de siglo precedente han visto la luz 27 nuevas universidades privadas en España mientras que el último centro público creado vio la luz en 1998. Universidades, tal y como explicó elDiario.es, ubicadas a veces en locales comerciales, en polígonos e incluso sin profesores.

Entre otras medidas, el Real Decreto que ahora ha tumbado el Supremo por defectos en su tramitación, incluía la obligación de contar con un informe obligatorio de una agencia de calidad (ANECA o sus homólogos autonómicos) para comprobar que los centros cumplen los requisitos académicos. Un segundo informe, este relacionado con la gestión económica de la futura universidad, tendría que llegar de la Conferencia General de Política Universitaria. La razón: las comunidades autónomas han aprobado hasta cuatro proyectos en los últimos años de universidades que directamente tenían un informe desfavorable.