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El Constitucional anula la condena de Fonsi Loaiza por sus críticas al papel de la Policía en la muerte de Mame Mbaye

Algunos de los asistentes a la concentración en recuerdo de Mame Mbaye en Lavapiés.

Alberto Pozas

19 de noviembre de 2026 12:00 h

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El Tribunal Constitucional ha decidido amparar al tuitero Alfonso 'Fonsi' Loaiza y ha anulado la condena de 2.100 euros que le fue impuesta por atribuir la muerte del senegalés Mame Mbaye a un “asesinato” de la Policía Municipal de Madrid. El pleno, con tres votos particulares, ha aprobado una sentencia que entiende que la condena de Loaiza vulneró su derecho a la libertad de expresión y que sus mensajes no injuriaban a la Policía sino que formaban parte de un “debate político en materia de derechos humanos, esencia de la democracia” relacionado con las “políticas migratorias”.

Mame Mbaye tenía 35 años cuando se desplomó en la calle del Oso del madrileño barrio de Lavapiés mientras era perseguido por la Policía Municipal en una redada contra manteros en el centro de la ciudad. Los jueces, meses después, terminaron por cerrar el caso sin encontrar más culpables que una isquemia cardíaca que provocó la parada cardiorespiratoria que acabó con su vida. En la calle, las protestas que acabaron con fuertes enfrentamientos con la Policía en Lavapiés denunciaron que Mbaye era víctima del racismo institucional por una persecución policial que había llevado su corazón al límite.

Varias personas sí fueron juzgadas por sus declaraciones sobre el papel de la Policía Municipal en la muerte del hombre senegalés. Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros en la capital, y la dueña de una tienda de ropa de Lavapiés fueron absueltos, pero Loaiza fue condenado a pagar 2.100 euros por un delito de injurias graves al cuerpo policial madrileño. “Hoy ha muerto, Mmame Mbage cuando era perseguido por la policía. Su único delito: carecer de unos papeles. No se ha muerto sólo ni es una muerte natural, en un asesinato y es culpable el Estado policial español”, dijo en uno de los mensajes de su cuenta de X que denunció un sindicato policial.

Los tribunales madrileños rechazaron los argumentos de la defensa de Loaiza, entre otras cosas alegando que la expresión “asesinado” no atribuía la muerte de forma material a la Policía sino “para indicar una muerte no natural”, buscando crear “un clima de opinión contrario a normalizar dichas muertes”. La Audiencia Provincial de Madrid selló su condena: “Asesinar es matar a alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa, y ese y no otro era el comportamientos que el recurrente imputaba a la policía local de Madrid, haber asesinado a un mantero sin papeles, pudiendo haber alcanzado la finalidad que se dice pretendida sin necesidad tan gravísima imputación”.

El pleno, con ponencia de Ramón Sáez y el apoyo de la Fiscalía, ha aprobado este miércoles una sentencia que no solo anula la condena de Loaiza sino que revisa la doctrina para ampliar la protección de la libertad de expresión frente al “crédito de las instituciones, cuerpos o símbolos del Estado”. Las últimas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la metria, dice el Constitucional, invitaban a hacer esta revisión.

“La consideración del contexto es imperativa”, añade el tribunal de garantías. Y los jueces se equivocaron, en primer lugar, al considerar que Alfonso Loaiza comentó la muerte de Mbaye y el papel de la Policía como periodista y no como ciudadano. “La lectura de los tuits refleja con claridad que vehicula una crítica a las políticas migratorias”. Un mensaje “en un debate público sobre políticas del Estado en materia de inmigración”, en ese caso vinculando el fallecimiento del hombre a “las políticas migratorias”.

“La puta bandera” y un objetor de conciencia

La Fiscalía había apoyado la concesión de amparo a Loaiza. En sus recursos y alegaciones, la defensa de Loaiza entendía que la condena finalmente avalada por el Tribunal Supremo vulneró tanto su derecho a la tutela judicial efectiva como su libertad de expresión. Primero por aplicarle los parámetros que habría que aplicar a un periodista en un caso similar, segundo por deducir que su intención era ofender al cuerpo policial madrileño y, finalmente, por ir en contra de la doctrina que estableció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) cuando en 2023 sancionó a España por la condena a un sindicalista gallego que gritó a la “puta bandera” y fue finalmente multado por “ultrajes a España”.

“Esta vulneración cobra especial gravedad por su efecto disuasorio o desalentador del libre ejercicio de la libertad de expresar opiniones, mediante la amenaza implícita de que aquellas personas que formulen una crítica en redes sociales a la institución de los cuerpos y fuerzas de seguridad, aunque sea sin atacar al honor de funcionarios concretos, pueden ser objeto de condenas penales”, alegó su letrada, Sonia Olivella. Sus expresiones, añadió en sus escritos, “en ningún caso incitan a la violencia y se producen, además en un contexto de debate político y social en relación a la situación de las personas migrantes”.

El Constitucional explica que la doctrina española sobre este asunto se remontaba, sobre todo, a finales de los años 80. Por ejemplo cuando el tribunal anuló la condena de multa y tres meses de arresto mayor impuesta al objetor de conciencia José Luis Navazo por un artículo en el que ironizaba sobre los jueces: “Hay una gran parte de los Jueces que son realmente incorruptibles; nada, absolutamente nada, puede obligarles a hacer justicia”. El Constitucional ya dijo entonces que el “contexto” debió proteger su derecho a la libertad de expresión aunque su opinión fuera “acerba, inexacta e injusta”.

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