En julio de 2022, el presidente andaluz Juan Manuel Moreno separó las competencias de Agricultura y Medio Ambiente en dos consejerías distintas, dirigidas ambas por dos almerienses: Carmen Crespo y Ramón Fernández Pacheco. La potestad sobre la gestión del agua quedó en el primer departamento, una decisión discutida por los ecologistas y aplaudida por algunas asociaciones de agricultores y ganaderos (no todas). Moreno no quiso que la nueva estructura de su Gobierno pasara desapercibida y vaticinó una “revolución hídrica” en este mandato.

Dos años después, aquel esquema se ha roto con la salida de Crespo del Ejecutivo para integrarse en las listas del PP a las elecciones europeas del 6 al 9 de junio. Las competencias de la consejería de Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural y Agua han sido transferidas de manera interina este mismo viernes al titular del departamento de Medio Ambiente, con una resolución del presidente de la Junta publicada en un BOJA extraordinario. La dimisión de Crespo se ha precipitado porque su candidatura en las europeas –oficial a partir del próximo lunes– era incompatible con su puesto de consejera, según la ley electoral.

La resurrección temporal de esta macroconsejería es en teoría de manera interina. De hecho, ambos departamentos mantienen su propia estructura, encargándose Fernández Pacheco del “despacho ordinario de los asuntos y la gestión” (tal y como reza en el BOJA) que competan a la consejería que hasta ahora ha comandado Crespo.

Moreno ha ejecutado rápido los cambios en su Ejecutivo, pero también ha deslizado que se trata de una reforma temporal y que no descarta abrir una crisis de Gobierno de mayor calado, sustituyendo a otros miembros de su gabinete por nuevos nombres que den un impulso renovado a la acción política en el segundo tramo de legislatura. En el aire está el perfil de la consejera de Salud, Catalina García, muy cuestionada dentro y fuera del Palacio de San Telmo por la gestión de las abultadas listas de espera, a quien algunas voces en el PP sitúan ya fuera del Ejecutivo.

La separación de Agricultura y Medio Ambiente fue una reclamación que venían haciendo de largo las cooperativas agrarias y demás asociaciones del campo andaluz. Aunque tampoco había consenso en el sector. Asaja, por ejemplo, defendía que hubiera “una sola cabeza visible” que aglutinara las políticas agrarias y medioambientales. Y COAG no se posicionó ni a favor ni en contra.

Moreno cumplió con esa propuesta, rompiendo con el esquema de macroconsejería, una fórmula que en el caso de Agricultura y Medio Ambiente nunca ha cuajado las veces que se ha intentado en Andalucía, también en la etapa del PSOE. En este caso, el presidente andaluz enmarcó su decisión en la llamada “revolución verde”. También anunció que ésta sería la “legislatura del agua”, meses antes de que estallara la guerra por Doñana a cuenta de la proposición de ley para amnistiar regadíos ilegales junto al Parque Nacional.

Meses antes, también, de que la sequía pusiera en riesgo el crecimiento económico de Andalucía y obligara al Gobierno autonómico a anunciar duras restricciones que, finalmente, han quedado pausadas tras las últimas lluvias de primavera.

“Trabajar con ahínco”

La decisión de Moreno ha llevado al consejero de Medio Ambiente a declararse “agradecido por la confianza”, y ha puesto de relieve que “vamos a trabajar con ahínco, poniendo lo mejor de nosotros mismos para que la Consejería de Agricultura siga siendo el motor que mueve sectores como la pesca, la ganadería, el agua y la propia agricultura, sin olvidar nunca el cuidado del medio ambiente”.

Preguntado en una atención a medios en Sevilla por la transitoriedad de las competencias adjudicadas, Fernández Pacheco ha señalado que su tarea es “hacerlo bien y trabajar mucho hasta que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, decida que deje de hacerlo”. Asimismo, ha subrayado que los andaluces “estamos de enhorabuena” por la marcha de Crespo a Bruselas, ya que “el sector primario, trascendental para miles de familias, va a tener a su mejor protagonista en Bruselas”, al tiempo que la ha calificado como “la voz más autorizada de nuestra tierra para el sector”.

Crespo: “Magnífica decisión”

La propia Crespo ha valorado en la red social X que Fernández Pacheco vaya a asumir las competencias de la consejería que deja. “Compañero y amigo. Gracias presidente. Magnífica decisión”, ha asegurado.

Moreno ya adelantó este jueves que su intención era delegar las funciones de Crespo al frente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a otro consejero para “seguir trabajando con normalidad y serenidad” y defendió que su gabinete funciona como un “equipo” porque “no existen individualismos como existen en otros ámbitos territoriales”.

Fernández Pacheco dejó la Alcaldía de Almería para incorporarse al Gobierno andaluz como consejero tras las últimas elecciones autonómicas ganadas por el PP-A por mayoría absoluta. Tras su nombramiento como consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul tras la investidura de Moreno, asumió meses después la Portavocía del Gobierno andaluz.

A Juan Manuel Moreno no le gustan los cambios en su Gobierno, porque sugieren pérdida de estabilidad y esa es una máxima sobre la que sustenta todo su peso político. Sin embargo, la salida inminente de su consejera de Agricultura, Pesca y Medio Rural, Carmen Crespo, para formar parte de la lista del PP a las elecciones europeas de junio ha abierto el debate de sopetón. Moreno no descarta ahora hacer cambios de más calado en su Ejecutivo, confirman fuentes de su entorno.

El presidente de la Junta ha explicado este jueves en el Parlamento que no sustituirá de inmediato a Crespo y que sus competencias serán “delegadas” en otro consejero, que mantendrá a gran parte del equipo con el que ha trabajado la almeriense. La decisión de no cubrir el hueco de la titular de Agricultura con otro nombre de fuera del gabinete no tiene antecedentes.

Moreno quiere tomarse un tiempo para valorar si es necesario aprovechar la salida de Crespo para acometer una crisis de Gobierno de más calado, sustituyendo a otros consejeros por nuevas caras que den un impulso renovado a la acción política de la Junta en la segunda mitad de la legislatura.

La dirigente almeriense, veterana en el Ejecutivo y en el PP andaluz, tiene que dimitir antes del lunes, día en el que se oficializa su candidatura a las europeas, porque la ley electoral establece que no pueden ser “elegibles los miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas” al Parlamento Europeo. Crespo dimitiría, previsiblemente, antes de la reunión semanal del gabinete andaluz del próximo martes, en la que se hará efectivo el traspaso de competencias a otro departamento. Fuentes de San Telmo matizan, sin embargo, que “hay disparidad de criterios jurídicos” sobre este asunto y que aún no está cerrada la decisión del todo.

Moreno no ha querido confirmar que el receptor de esas políticas de Agricultura y Agua sea el actual consejero de Medio Ambiente y portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco. La opción transitoria pasaría por delegar en el titular de Presidencia, Antonio Sanz, hasta que el presidente resuelva si acomete una crisis de Gobierno mayor.

La excepción de incompatibilidad que afecta a la candidatura europea de la consejera de Agricultura -que mantendrá su acta como parlamentaria andaluza- no perjudica, en cambio, a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que encabeza la lista del PSOE y prevé compaginar su doble rol, como muy tarde, hasta el 16 de julio, cuando se reúne el pleno del Parlamento europeo en sesión constitutiva. Si los eurodiputados elegidos en los comicios del 6 al 9 de junio no han tramitado su acta antes de esa fecha, ya no podrán participar en el primer pleno de la Cámara.

Los tiempos en España los marca la Junta Electoral Central y no hay un plazo cerrado a priori. En las europeas de 2019, el plazo para que las autoridades españolas notificasen al Parlamento Europeo quiénes son los eurodiputados elegidos fueron las dos semanas siguientes a las elecciones de aquel año.

Cambios en la Consejería de Salud

Moreno ha entrado este jueves en la sesión plenaria del Parlamento andaluz acompañado de la consejera de Agricultura. El presidente ha querido resaltar el valor de Crespo para las listas del PP en las europeas, gracias a su conocimiento del campo andaluz y de las necesidades de Andalucía de políticas hídricas más contundentes, que tengan en cuenta la “singularidad” de esta región ante el cambio climático.

Tanto en círculos de Gobierno como en la dirección del PP andaluz suena, desde hace semanas, el nombre de la consejera de Salud, Catalina García, como una de las que abandonaría el Ejecutivo de Moreno, asediada por las críticas de la oposición y de los sindicatos médicos a la gestión de su departamento con las abultadas listas de espera.

Fuentes del Palacio de San Telmo aseguran que García ya ha sido informada de los planes del presidente para sustituirla, pero oficialmente todo es un cierre de filas con la consejera, cuya destitución sería vista por la oposición de izquierdas como una victoria política que Moreno no quiere conceder en este momento.

El malestar “estructural” y pospandémico de la sanidad andaluza es la primera trinchera donde se bate el Gobierno de mayoría absoluta de Moreno con los grupos de la oposición. Las listas de espera para operarse y para una consulta con el especialista rebasan el millón de pacientes -alcanzan un 12,5% de la población andaluza a 31 de diciembre- y una cifra récord de 53.000 personas que ha superado el plazo máximo legal para una cirugía, incumpliendo el decreto de garantías de la propia Junta.

El Ejecutivo andaluz ha tratado de poner coto a esta situación anunciando dos planes de choque en los últimos seis meses, sin que ninguno de ellos haya visto la luz por ahora. Los acuerdos marco para estabilizar los conciertos con la sanidad privada -licitados el pasado octubre con un presupuesto estimado para cuatro años de casi 800 millones de euros- han quedado pausados por la lentitud del procedimiento y la urgencia política de agilizar las derivaciones de pacientes a la privada.

En febrero, la Junta decidió reactivar los contratos sin publicidad ni concurrencia -a dedo- con clínicas privadas para embridar las listas de espera antes de final de año, pero se interpuso una huelga de letrados del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que paralizó este nuevo procedimiento dos semanas. Hasta final de mayo, según fuentes de la consejería de García, no se podrán cerrar los contratos con estas clínicas, de modo que el objetivo de reducir la lista de pacientes pendientes de operación un 60% de aquí a final de año está en entredicho.

En estos seis meses ha habido más de una decena de dimisiones y ceses en la cúpula de la Consejería de Salud, la polémica arrastrada de los contratos de emergencia autorizados durante lo peor de la pandemia que la Junta prorrogó durante dos años y medio -hasta junio de 2023- triplicando el presupuesto inicial; y capítulos específicos como el salto del ex viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán a la aseguradora privada Asisa tres meses después de su cese.

Este asunto, tras revelar este periódico que Guzmán adjudicó 44 millones de euros en contratos a dedo a la empresa que después quiso ficharle zamarreó el Gobierno andaluz, que tuvo que abrir una investigación interna y postergar unos meses el fichaje de su ex número dos en Salud. El run run en la gestión sanitaria del Ejecutivo de Moreno ha rearmado a una oposición que pocas veces logra arrugar el traje al presidente de la Junta. Es una constante en los duelos parlamentarios, donde PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía han pedido la dimisión de la consejera.

La reciente citación a Carmen Crespo, consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, para declarar como investigada en el caso Halsa, fue seguida de su casi inmediata “desconvocatoria”. Apenas dos días después de conocerse que se la investigaba y que debía declarar en el juzgado, fuentes judiciales informaron de que era un error. “Se anula la citación como investigada. Es decir, se le cita como investigada y antes de la citación no lo estaba. Por tanto, se anulan las dos cosas, que en el auto del 21 de diciembre iban unidas”, informaron. La imputación y “descitación” de Crespo son últimos jalones de un proceso plagado de recovecos procesales.

La jueza titular del juzgado de instrucción 3 de Almería investiga el presunto amaño de concursos públicos a favor de la constructora Hispano Almería en diversos municipios de la provincia gobernados por el PP a cambio de mordidas que iban a parar a técnicos municipales, políticos locales o a financiar las campañas electorales del Partido Popular.

El abanico de presuntos delitos es amplio, y abarca casi todos los posibles relacionados con la corrupción: contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, negociaciones prohibidas a autoridades o funcionarios y organización y grupo criminal.

¿Por qué fue citada como investigada Carmen Crespo?

En este contexto, Carmen Crespo fue citada para declarar como investigada en la pieza separada en la que se investigan los presuntos delitos cometidos en La Mojonera. Este municipio estuvo gobernado durante años por José Cara, también investigado y estrecho colaborador de Crespo. Fue ella quien propuso su nombramiento como presidente de IFAPA cuando llegó a la Consejería de Agricultura, en 2019.

La citación de Crespo obedecía a que, en el marco de un convenio con la Junta de Andalucía, ella participó en la concesión de la subvención (como presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos de Poniente, en su calidad de alcaldesa de Adra) para construir el Museo de la Agricultura. Esta construcción fue adjudicada a una UTE en la que participaba la constructora Hispano Almería, la firma sospechosa de haber pagado comisiones. Finalmente, y a pesar de la adjudicación inicial, la UTE no presentó la documentación necesaria para ejecutar la obra, que finalmente asumió otra empresa.

Crespo se defendió el martes alegando que la obra se adjudicó en 2012 y ella dejó de ser presidenta en 2011, cuando fue sustituida por su teniente de alcalde. Pero lo que está en cuestión no es su participación en la adjudicación de la obra, sino en la previa adjudicación de la subvención, y si esta se hizo a sabiendas de la existencia de irregularidades.

Así lo denunció el PSOE (acusación particular), que había pedido su citación como investigada “por su participación en la gestión de subvenciones en el expediente del Museo de la Agricultura-Centro de interpretación, informado desfavorablemente y con pagos no justificados”. También lo había hecho la Fiscalía -sin explicitar los motivos-, según el informe fiscal que este medio ha podido consultar. Y la jueza acordó toda la prueba propuesta por Fiscalía.

Según ha podido documentar este medio, su cese como alcaldesa se produjo en un Pleno Extraordinario el 24 de diciembre de 2011, y el informe policial recoge que el 11 de diciembre, 13 días antes, se remitió la documentación justificativa de la “subvención concedida”.

Un error

Carmen Crespo, consejera y parlamentaria, es aforada. Por tanto, en una investigación penal debe declarar ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJA). Fuentes oficiales del poder judicial explicaron este miércoles que para que eso ocurra, el juzgado debe encontrar antes en la causa indicios suficientes de delito y elevar “una exposición razonada a la Sala Civil y Penal del TSJA para que sea ésta la que lleve el asunto”.

Por eso, causó sorpresa a la acusación su citación en el auto dictado por la jueza Ana María Vico el 21 de diciembre. Todas las fuentes consultadas coinciden en señalar que, al citarla, la jueza cometió sin duda un error. En esa resolución ya había un detalle que llamaba la atención: de las veinte personas llamadas a declarar, solo el nombre de Carmen Crespo (la última que debía desfilar ante el juzgado) aparecía en mayúsculas.

Y “desimputada” de forma peculiar

Crespo ya anunció el martes que recurriría. También dijo que no tiene “nada que esconder” y trasladó su “disponibilidad absoluta” para “colaborar” en la instrucción de la causa. Sin embargo, no renunció a su condición de aforada ofreciéndose a declarar ante el juzgado de Instrucción 3 de Almería, como podría haber hecho. El miércoles, un día después, fuentes judiciales oficiales anunciaron que no tendría que declarar, al menos por ahora. El Confidencial había adelantado, apenas unas horas antes, que todo era un error y que la jueza rectificaría.

El error de citar a una aforada es un hecho, pero su “desconvocatoria” se ha producido de forma peculiar. De ella informaron fuentes oficiales, pero ni las partes han sido notificadas, ni los medios de comunicación han recibido la providencia. Este medio lo ha intentado, sin éxito.  

Las fuentes han informado de que se trata de una providencia que la jueza ha dictado para “dejar sin efecto la citación como investigada”. Sin embargo, funcionarios de tribunales lo ven raro: “No se puede corregir un auto con una providencia. Hay que dictar otro auto”, explica un funcionario de un juzgado de instrucción. Lo mismo opinan fuentes de AMAyT, la asociación denunciante y acusación particular en el procedimiento.

La información oficial también señala que la anulación abarca tanto la citación como la propia imputación: “Iban unidas”. Pero AMAyT no lo ve claro: “Puede anular la citación porque se ha equivocado en la forma de citarla. Está claro que la citación es un error material. Pero no puede anular la imputación, porque ya no es un mero error material y tendrá sus argumentos para investigarla”.

La citación y “desimputación” (o al menos, su citación para declarar) exprés de la consejera Crespo es el último episodio de una investigación judicial que entra ahora en su octavo año de vida. 

Carmen Crespo (8 de diciembre de 1966) es una de las cuatro diputadas por Almería del PP en el Parlamento andaluz y ha sido portavoz parlamentaria del grupo hasta este mismo lunes, cuando ha cedido el testigo a Dolores López para asumir la cartera de Agicultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. 

Crespo nació en Adra (Almería) en 1966 y es diplomada en Biblioteconomía y Documentación. Es una persona próxima al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien la nombró en 2016 portavoz del PP en el Parlamento tras la marcha de Carlos Rojas al Congreso. Precisamente, la última intervención de Carmen Crespo como portavoz parlamentaria del Grupo Popular ha sido en el debate de investidura de Moreno como presidente de la Junta.

Uno de los avales de Crespo son sus años de militancia y responsabilidad en el Partido Popular. Crespo ingresó en el Partido Popular en 1990 y, entre otros cargos, ha sido vicepresidenta de la Diputación de Almería hasta abril del 2000, mientras que entre 1995 y 2000 fue vicepresidenta de la Diputación Provincial dirigiendo el Área de Bienestar Social, Cultura y Deportes.

Desde 1998 hasta 2011 fue diputada autonómica en el Parlamento andaluz y desde 2003 a 2011, alcaldesa de Adra, su localidad de nacimiento. Como diputada en el Parlamento andaluz, desde el año 2000, ha ejercido como secretaria de la Comisión de Coordinación y vocal de Asuntos Europeos, así como portavoz de Agricultura e Inmigración, Gobernación y vocal de la Comisión ejecutiva de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 

El otro, su vinculación con el sector agroalimentario por los diferentes cargos que ha ostentado en la provincia de Almería --una de los territorios más importantes para el sector hortifrutícola andaluz--, tanto en la Diputación Provincial como al frente del Ayuntamiento de Adra. Aunque en la nueva cartera, la almeriense tendrá que hacerse cargo también de las competencias de Medio Ambiente.

• La portavoz parlamentaria del PP-A responde a la presidenta de la Comunidad de Madrid que ha dicho que “pagan más en sanidad y educación que los andaluces”

La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, ha restado importancia a las declaraciones de su compañera de partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, diciendo que el sistema de financiación perjudica a su territorio y beneficia a Andalucía, y las ha enmarcado en “la crítica a un modelo” contra el que están todos los populares.

Ha recordado que “lo aprobó el PSOE con los independentistas de Cataluña”, para reiterar el rechazo de su formación a un modelo que no comparten. “Es injusto para la Comunidad de Madrid y para Andalucía”, ha matizado Carmen Crespo, y ha abogado por “defender la solidaridad entre las comunidades autónomas sin fisuras”. Igualmente, ha insistido en que “en España nadie le regala nada a nadie”.

En paralelo, ha reclamado a C's “coherencia” y que “le sirva para Andalucía lo mismo que para el resto de España”, porque entiende que en esta comunidad autónoma los de Albert Rivera son menos exigentes con los socialistas que en el conjunto del país, lo que cree que ha quedado en evidencia en la negociación de los presupuestos autonómicos.

“Que Susana Díaz hable de absolutismo sorprende muchísimo de una señora que se conforma con el diálogo sólo con C's. Nos hace mucha gracia. No se han puesto en contacto con el PP-A para negociar los presupuestos autonómicos y se han conformado con el apaño con C's”, ha apuntado en referencia a las declaraciones esta semana de la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

Ha criticado del líder de C's, Juan Marín, que sea “un consejero más de Susana Díaz” y eso le ha supuesto “renunciar a cambiar cosas en Andalucía porque está satisfecho con ese diálogo en exclusiva”. En alusión a la visita a Andalucía este jueves del presidente de C's, Albert Rivera, le ha preguntado por qué en esta comunidad autónoma no dialogan con los populares como en otras. “¿Por qué lo que sirve para el resto de España no vale en Andalucía? ¿por qué estabilidad en Andalucía significa sumisión?”, ha expresado la diputada.

Los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2014 y 2015 preveían ingresar por reintegros de cantidades indebidamente cobradas -básicamente de subvenciones- 647 millones de euros, de los que en estos dos años apenas ha conseguido recuperar 138, poco más del 20%. En concreto, en las cuentas de 2014 se consignó por este concepto una partida de 235 millones de euros, de lo que consiguió que se le devolvieran 44, mientras que en 2015 esperaba recuperar 412 y sumó 94. En el caso concreto del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que reclamaba superaba las 30 millones de euros pero apenas ha logrado que se le reintegren ocho.

Son datos correspondientes a las liquidaciones de los presupuestos autonómicos que ha ofrecido este miércoles la portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, en el marco de la presentación de una proposición no de ley para la “regeneración en el uso, gestión y control de los fondos públicos”. Ha referido también que en 2016 las cuentas prevén reintegros por un total de 428 millones de euros, cuyo nivel de recuperación no se conocerá lógicamente hasta que concluya el ejercicio.

En cuanto a la proposición no de ley en sí, ha destacado que una de las cosas que se reclama a la Junta de Andalucía es que impulse un proyecto de Ley de Subvenciones en el actual periodo de sesiones, ya ha puesto el ejemplo de comunidades autónomas gobernadas por el PP “muy avanzadas” en esta materia. En su opinión, la misma debería incluir el compromiso de crear un registro público de subvenciones accesible a través del portal de transparencia de la Junta de Andalucía. Ha reconocido, sin embargo, que no sabe si esas mismas comunidades autónomas gobernadas por el PP cuentan con estos registros, pero ha dicho que en Andalucía “hay que cambiar la imagen” que se está dando “con una transparencia adicional”. Junto a ese registro, considera importante que se contemple la publicación de todo el proceso que se siga para otorgar las subvenciones.

El presidente del  PP-A, Juan Manuel Moreno, ha propuesto a su partido que Carmen Crespo sea la nueva portavoz parlamentaria del grupo, en sustitución de Carlos Rojas, que renunció para ocupar su escaño en el Congreso de los Diputados tras haber liderado la candidatura por Granada para el 20D. Con ello, el líder del PP-A apuesta por una mujer y cumple con los pronósticos que la hacían partir como favorita. De hecho, ya sonó para el cargo cuando Juan Manuel Moreno tomó posesión de su escaño en el Parlamento de Andalucía tras las elecciones autonómicas del 22 de marzo de 2015, pero entonces decidió mantener a Carlos Rojas, portavoz parlamentario heredado de su predecesor en el cargo, Juan Ignacio Zoido.

El líder de la oposición la ha definido como “la persona idónea para reforzar e impulsar este proyecto”. Mientras, Carmen Crespo ha agradecido la confianza depositada en ella, y tras reconocer el trabajo de su predecesor, ha dicho que lo quiere “seguir e implementar”. De hecho, ha insistido en que Carlos Rojas es “el que está llevando la voz cantante en la cámara y siendo la voz de los más desfavorecidos”.

No ha sido el único cambio del día. También ha propuesto el nombramiento de Toni Martín como vicesecretario de Coordinación Política del PP-A y que el propio Carlos Rojas sea el coordinador de los diputados de la federación. Igualmente se han creado dos nuevas secretarías: Necesidades Educativas Especiales, con María Jesús Botella al frente, y Federaciones Deportivas, que estará dirigida por Jesús Corrionero.

La elección de Carmen Crespo supone también que Juan Manuel Moreno ha apostado por un perfil potente, en lugar de otro más discreto que hubiera impedido cualquier riesgo de restarle protagonismo en el Parlamento de Andalucía. Pero, también, que decide aprovechar para este cometido a una mujer que hace más de dos años fue una de las que se posicionó para liderar el PP-A, cuando Juan Ignacio Zoido anunció que se retiraba, y hasta que Mariano Rajoy lo impuso a él.

No lo tenía tampoco fácil, toda vez que incluso en la oposición han coincidido en manifestar las dificultades con las que se encontraba para tapar el hueco de Carlos Rojas, considerado por sus rivales un muy buen portavoz parlamentario. Pero fue el propio Juan Manuel Moreno el que quería que liderara la lista por Granada para las elecciones generales del pasado 20 de diciembre, para mantener el tipo en esta provincia, y desde ese momento sabía que iba a tener que prescindir de él en el Parlamento de Andalucía.

La elección de Carmen Crespo, que fue delegada del Gobierno en Andalucía entre 2011 y 2015, cuando pasó a liderar la candidatura por Almería para las elecciones autonómicas del 22 de marzo, ha sido comunicada a la junta directiva del PP-A este lunes en un hotel en Bormujos (Sevilla), elegido por Juan Manuel Moreno para desvelar a los suyos su propuesta sin que se filtrara a los medios de comunicación previamente.

Es también un paso más en su plan de renovación del partido, ya no sólo porque vaya a estrenar portavoz parlamentaria, sino porque consiguió que las listas para el 20D no fueran encabezadas por cuneros y porque, como consecuencia del resultado de esos comicios, tiene previsto los relevos de los presidentes provinciales de Córdoba y Jaén, José Antonio Nieto y José Enrique Fernández de Moya, respetivamente, porque han salido elegidos diputados. Y especialmente por la salida de Javier Arenas del Parlamento de Andalucía, tras su reciente dimisión para dedicarse de lleno a su tarea de senador.

Nacida en 1966 en Adra (Almería), pueblo del que fue alcaldesa entre 2003 y 2011, Carmen Crespo es licenciada en documentación y ha destacado por tener que ser la voz del Gobierno de España en Andalucía en un periodo especialmente duro para la comunidad autónoma por la crisis (2011-2015). El haber tenido que defender durante años las políticas del Gobierno del PP en tierra hostil ha sido reconocido por muchos dentro del partido, que ven en ella una política con mucha proyección por delante. La primera decisión fue volverla a incluir en 2015 en las listas para el Parlamento de Andalucía (había sido diputada entre 1998 y 2011) y que encabezara además una candidatura por Almería en la que a última hora decidió incluirse Javier Arenas, aunque se tuvo que conformar como número 4, y que hace unas semanas anunció que lo dejaba.

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, se ha mostrado este miércoles convencida de que la inversión de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015 en la comunidad autónoma -que con 1.958,16 millones de euros han crecido un 15,3% con respecto a este ejercicio- llegará hasta el 17,9% del total para equiparse con el peso de su población. “Sin duda llegaremos a ese porcentaje”, ha subrayado en respuesta a una de las críticas más comunes que se hacen desde el Gobierno de Andalucía porque esta premisa está recogida en la Disposición Adicional Tercera (DAT) del Estatuto de Autonomía y con el PP “nunca se ha cumplido”. Con el PSOE en el Palacio de la Moncloa se ha estado más cerca de cumplirla, pero tampoco totalmente.

En todo caso, y pese a que en 2015 no es ya de aplicación la DAT, la delegada del Gobierno en Andalucía ha indicado que se “se cumplirá el Estatuto de Autonomía” cuando se conozcan otras partidas que no están regionalizadas en el montante de inversiones facilitado este martes y donde la región se ha quedado en un 17,4% del total pese a llevarse 260 millones de euros más que para 2014. Son por ejemplo las cantidades correspondientes a los fondos europeos, donde Andalucía suele salir “bien parada”. Y también las partidas de planes como el Cerca, destinado a la generación de empleo entre los jóvenes y a pymes, y que está dotado con más de 2.800 millones de euros para toda España y no se conoce todavía el reparto; la dependencia, “donde las inversiones crecerán más del 6% este año”, y Andalucía debería pillar un buen bocado por ser la autonomía con más dependientes; y un nuevo fondo de 32 millones de euros para la familia y la infancia, que también se repartirá entre las CCAA, que a su vez lo destinarán a las administraciones locales.

Por todo ello, la delegada del Gobierno en Andalucía, que ha comparecido en rueda de prensa rodeada por los ocho subdelegados, ha destacado que estos PGE “apuestan” por la comunidad autónoma y “resuelven algunos de sus problemas históricos”. Cree, de hecho, que “reflejan exactamente el momento económico en el que nos encontramos con un aumento del 2% del PIB” (producto interior bruto). “Es una realidad tangible: hay 260 millones de euros más”, ha enfatizado.

Carmen Crespo ha intentado rebatir las críticas que se hacen a los PGE desde Andalucía, como la citada de la DAT, pero también la del hecho de que sea la comunidad autónoma que ocupa la décima posición en cuanto a inversión per cápita. Primero, destacando que ha aumentado un 14,4% para Andalucía hasta los 233,37 euros de inversión por habitante en 2015. Y segundo ha insistido en que hablar de esto es “ofrecer una visión sesgada” porque hay inversiones en un territorio que benefician a otros, y ha puesto como ejemplo las destinadas a carreteras o ferrocarriles que no repercuten en una única provincia.

Y también se ha agarrado a la “baja” ejecución de los PGE de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero para dejar claro que una cosa es lo que pone el papel y luego otra la realidad. “Con el PP tenemos un nivel de ejecución alto”, ha indicado, si bien no ha podido facilitar la cifra porque todavía no dispone de los cálculos, según ha confesado.

Insistente ha sido también cuando ha vuelto a hablar de “los 1.000 millones de euros de liquidez” extra que tendrála Junta de Andalucía “gracias” a que se han rebajado hasta el 1% los intereses del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) mientras que para las liquidaciones pendientes se aumentará a 240 mensualidades el plazo. “Eso no lo dicen cuando hablan de financiación”, ha insistido en referencia a una cifra que para la Junta de Andalucía es un “engaño” porque no es dinero que se regala sino un préstamo que hay que devolver.

Otro de sus argumentos -y lo ha repetido hasta en cuatro ocasiones- ha sido contraponer la inversión de los PGE del Ministerio de Fomento para 2015 -1.408 millones de euros si se cuentan las no regionalizadas- con la de la Consejería de Fomento y Vivienda este año, “unos 400”, según ha dicho. “Esa es la sensibilidad de la Junta de Andalucía con esta tierra”, ha repetido con convencimiento pese a comparar dos ejercicios diferentes y recaer el grueso de las inversiones de fomento en el Gobierno de España.

De todas maneras, se ha centrado en el Ministerio de Fomento, porque junto con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, copan las mayores inversiones en Andalucía. Ha dicho por ejemplo que “Andalucía pasa de la tercera posición a la segunda en inversión del Ministerio de Fomento, donde el 78% de su presupuesto para la comunidad autónoma se destina a carreteras y ferrocarriles”.

Por otra parte, ha informado de la rebaja fiscal y su repercusión en Andalucía. No ha podido dar muchas cifras, pero sí ha avanzado que se beneficiarán de ella “tres de cada cuatro contribuyentes”. E igualmente, ha apuntado que el 72% de los contribuyentes que ingresan menos de 24.000 euros brutos por año tendrán rebajas del 23% en sus impuestos el próximo año “mientras que los mileuristas no pagarán nada”. También ha cifrado en 260.000 los autónomos que se beneficiarán de rebajas fiscales.

En cuanto a las quejas por el modelo de financiación, ha recordado que no ha sido Mariano Rajoy el que lo ha aprobado, sino “el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aplaudido por Andalucía”. Es más a su presidente “no le gusta” este modelo, pero “¿creen que es éste el momento de abrir el melón de la financiación?”, se ha preguntado en relación a la decisión de posponerlo pese a las quejas, entre otras, de Andalucía, que incluso prepara un recurso contra la medida. Sobre la petición de una comisión bilateral para abordar el resultado de la liquidación de la financiación correspondiente a 2013, Carmen Crespo ha compartido la voluntad del Gobierno de España de no convocarla. “La financiación se debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y no entre dos”.

En una rueda de prensa, Crespo ha destacado que la principal premisa de la norma es “organizar y ordenar” y defiende que la ley actuará contra cuestiones que “provocaban el estupor” de muchos españoles “como la quema de la bandera de España en muchos actos”, algo que sostiene “había que regular”.

Para Crespo, la norma lo que hará es “organizar la regulación de la posibilidad de que todo el mundo ejerza con posibilidades la libertad que da la Constitución Española”, al tiempo que ha aseverado que la ley “trata circunstancias que se han producido que no se están recogiendo en las leyes, por lo que la dificultad en ese sentido de organizar es mayor”.

Finalmente, la delegada del Gobierno en Andalucía ha señalado que “hay que tener tranquilidad” porque la Ley de Seguridad Ciudadana “va a pasar por más filtros que cualquier otra ley y se va a estudiar por todos los ámbitos institucionales, judiciales y parlamentarios”.