El espionaje sin orden judicial de policías nacionales a los movimientos sociales suma una nueva causa. Pero no contra ningún uniformado, sino contra activistas que protestaron contra uno de los agentes protagonistas de la infiltración. Un juzgado de Barcelona investiga a seis militantes de la organización independentista Arran por formar un “grupo criminal” cuya principal acción fue el lanzamiento de pintura a la comisaría de la Policía Nacional de Maó (Menorca), donde estaba destinado uno de los policías infiltrados.

Así lo ha podido saber elDiario.es tras tener acceso al auto del Tribunal Supremo que ha dirimido la discrepancia entre el juzgado de Barcelona (que entendía que la causa debía investigarse en Menorca por ser el lugar donde se perpetraron las pintadas) y el de Maó (que envió la causa a la capital catalana al entender que fue desde allí donde “se organizó” la protesta). El Alto Tribunal ha decidido que el caso se instruya desde Barcelona, tal y como había pedido la Fiscalía.

La base de la causa es el informe realizado por agentes de la comisaría de la Policía Nacional de Maó, esto es, la misma sede en la que trabajaba el agente infiltrado en enero de 2025, cuando los activistas de Arran lanzaron pintura contra su edificio. El “grupo criminal” del que hablaba la Policía en su atestado se mantuvo en el auto del juzgado de Maó que, asumiendo la tesis policial, abrió una causa por este delito, además del de daños y acoso.

Según el juez de Maó, los seis activistas de Arran forman parte un “grupo criminal”, delito habitualmente empleado contra bandas de crimen organizado o narcotraficantes, con “suficiente estructura y reparto de roles” no solo para viajar desde Barcelona a la isla para realizar las pintadas, sino también para grabarlas en vídeo y difundirlas desde la cuenta de la entidad.

En Maó, los activistas de Arran realizaron dos únicas acciones: el lanzamiento de bolas de pintura contra la comisaría y una pintada en una pared de la carretera general de la isla con el mensaje “infiltración es tortura, os las devolveremos todas”, y las iniciales del policía. Las publicaciones en redes sociales sobre la protesta, agregó el juez de la isla, “contenían mensajes relativos a datos personales e identidad del agente de Policía Nacional e incitación al odio”.

La infiltración del agente en los movimientos sociales de Barcelona fue desvelada por La Directa en 2023. Activistas estudiantiles, del barrio Gòtic de Barcelona y de un casal del Eixample reconocieron al policía como uno de sus compañeros de militancia con el que compartieron asambleas y concentraciones contra los desahucios durante meses. El policía llegó a puestos de coordinación en el núcleo del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) del campus Mundet de Barcelona.

El espionaje de este agente sin control judicial en movimientos sociales transcurrió en paralelo al de otros policías infiltrados en círculos anarquistas de Barcelona, independentistas de Girona o los movimientos sociales de Madrid y València. La Justicia ha rechazado investigar las infiltraciones y ha desestimado de plano todas las querellas de los afectados sin abrir ninguna investigación.

Por el contrario, tanto la Agencia Española de Protección de Datos como un juzgado de Madrid mantienen abiertos sendos procedimientos a un activista por exponer en Twitter a policías nacionales que se infiltraron en diversos movimientos sociales en la última década.

A la causa de la capital de España se suma ahora la que el juzgado de Barcelona, por orden del Supremo, instruirá contra los seis activistas de Arran. Previsiblemente, la jueza de instrucción los citará como investigados en las próximas semanas para completar la investigación, pues en el juzgado Maó ya declaró el policía infiltrado.

En Maó, los activistas de Arran realizaron dos únicas acciones: el lanzamiento de bolas de pintura contra la comisaría y una pintada en una pared de la carretera general de la isla con el mensaje “infiltración es tortura, os las devolveremos todas”, y las iniciales del policía. Las publicaciones en redes sociales sobre la protesta, agregó el juez de la isla, “contenían mensajes relativos a datos personales e identidad del agente de Policía Nacional e incitación al odio”.

Los activistas, arguyó el juez de Maó, “organizaron los actos desde Barcelona”, ciudad desde la que también cree que se publicó el tuit que divulgó la protesta. Ese mismo criterio adujo la Fiscalía del Supremo, quien señaló que los textos de los tuits “incitan al odio”.

En uno de los vídeos de Arran, agregó el fiscal del Alto Tribunal, “se observa al agente de la Policía Nacional salir del interior de la comisaría de Mahón”. Unido al mensaje del tuit de la entidad independentista, “sugiere que quienes se desplazaron a Menorca subieron los vídeos una vez regresaron a Barcelona”, lo que según el fiscal “evidencia funciones de financiación (compra del billete), ejecución material (pintadas), cooperación en la ejecución (vigilancia en vehículo próximo a las fechadas) y emisión y difusión del mensaje de odio (post en redes sociales)”.

La entidad juvenil de la izquierda independentista catalana, Arran, ha vandalizado con pintadas en la fachada la segunda residencia del exfutbolista y empresario Gerard Piqué en la Cerdanya para denunciar que las casas de los ricos para pasar el fin de semana o veranear en la comarca acentúan la crisis de la vivienda.

“¿Estás harto de tener que marcharte a vivir fuera para no poder pagar una vivienda digna en la Cerdanya?”, comienza el vídeo que ha colgado Arran, en el que se ve a un encapuchado con traje pintando “Fuera pijos” en la puerta de la casa y “Arran” en una pared de piedra.

Arran ha defendido “señalar” la segunda residencia del futbolista para “pasar a la ofensiva contra el monocultivo turístico que ahoga el Pirineo”. “Contra los pijos, los rentistas y los especuladores que hacen de nuestras vidas una miseria, echándonos fuera de nuestros pueblos y abocándonos a trabajos precarios”, ha apostillado la entidad.

La vandalización de la casa de Gerard Piqué se produce en el contexto de las protestas que varios colectivos sociales y ecologistas llevan realizando en la Cerdanya contra la crisis de vivienda en la comarca, que afecta especialmente a los jóvenes y trabajadores.

En algunas poblaciones de la comarca más de un 80% de casas dedicadas exclusivamente a segundas residencias, lo que hace que los jóvenes no puedan encontrar vivienda asequible y tengan que trasladarse a comarcas vecinas como el Berguedà, denuncia Arran. Además, la carencia de alternativa económica provoca que los puestos de trabajo que se ofertan sean de poca calidad y precarios.

Un juez ha absuelto a seis militantes de Arran, la organización juvenil de la izquierda independentista catalana, a los que la Fiscalía acusaba de desórdenes público por la protesta que llevaron a cabo en la sede de Barcelona del PP en 2017 para reclamar un referéndum de autodeterminación. En su sentencia, el magistrado Josep Tomàs Salàs concluye que la irrupción en el local del partido debe quedar amparada por el derecho de reunión y manifestación de los activistas.

La Fiscalía pedía a los acusados multas de 5.400 euros y una indemnización al PP con 1.319 euros por los gastos de limpieza de los grafitis que hicieron en las paredes y cristales del local. El PP, que era acusación particular, llegó a pedir una condena de seis años de cárcel para los activistas, aunque posteriormente se apartó de la causa.

Además de no quedar acreditado que los militantes de Arran accedieran al 'hall' de la sede del PP, la protesta no alteró lo suficiente la paz pública para que pueda considerarse delictiva, ya que duró tan solo 20 minutos y los independentistas se marcharon tras el primer requerimiento policial, concluye el juez.

El juez se decanta por la absolución que reclamaban los acusados, defendidos por las letradas Júlia Humet y Norma Pedemonte, tras ponderar los derechos en juego: el de reunión de los jóvenes de Arran y la paz pública en la sede del PP perturbada por la protesta.

El análisis del magistrado parte de la premisa de que el ejercicio de derechos fundamentales en las protestas “no es neutro”. En consecuencia, pueden surgir “inconvenientes y molestias a los afectados”, en este caso trabajadores y militantes del PP de Barcelona.

Sin embargo la escasa entidad y duración de la protesta de Arran, abunda el magistrado, hace que no cruce la línea del Código Penal y deba quedar amparada por los derechos fundamentales, ya que no tuvo la “permanencia en el tiempo” ni la gravedad necesaria para suponer una alteración de la paz pública castigada por el delito de desórdenes públicos.

“Si bien se produjo una invasión de la sede del PP, lo cierto es que los hechos discurren en un lapso de unos 15-20 minutos y no se perturbó de forma relevante la paz pública”, remarca el magistrado.

Los manifestantes, resalta la sentencia, ejercían sus derechos de reunión y manifestación “precisamente contra la actuación de un rival político”. En este sentido, el juez recuerda que “cualquier ciudadano mínimamente informado conoce la distancia ideológica” entre Arran y el PP, pero que más allá de estos mimbres “ni se produjeron violencias ni altercados significativos entre personas”.

Por otro lado, el juez desestima la petición del fiscal para imputar por falso testimonio al exdiputado de la CUP David Fernandez al considerar que el exparlamentario no mintió a sabiendas al testificar que se trató de un acto “completamente pacífico” en el que los activistas no llegaron a entrar en el vestíbulo del local.

La Audiencia Provincial de Balears ha absuelto a los once militantes de la organización independentista Arran recientemente juzgados por delitos contra el desorden público por manifestarse contra el turismo masivo con bengalas y confeti. “No se produjeron actos violentos, no se rompió nada y ello no es delictivo”, señala el tribunal en relación a una concentración que se llevó a cabo “contra la masificación que comporta el modelo turístico en las islas”. 

La Fiscalía pedía inicialmente un total de 29 años de cárcel para doce acusados, si bien acabó retirando sus cargos contra uno de ellos. El 'caso confeti' se remonta a julio de 2017, cuando un grupo de miembros de Arran encendieron bengalas y lanzaron confeti en las proximidades de un restaurante de la zona del Moll Vell de Palma en contra de la masificación turística.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el tribunal de la Sección Segunda considera, sin embargo, que durante la manifestación no se produjeron “conductas de carácter violento”, como tampoco se causó “ningún tipo de daño o perjuicio, más allá de las molestias producidas por el humo a las personas situadas en las proximidades”, para las que “ni siquiera apreciamos la existencia de peligro”. “Nadie ha formulado reclamación de ningún tipo. No se alteró la paz pública entendida como señala la jurisprudencia y, sobre todo, no se ejecutó ningún acto de violencia de ningún tipo”, inciden los magistrados.

“Se causaron molestias a los clientes del restaurante por el humo provocado y la situación sorprendente de una pequeña manifestación con pancartas y reivindicaciones, humo, bengalas y confeti. Pero una sociedad democrática no puede criminalizar el sobresalto que puede causar una manifestación (aunque no haya sido comunicada a la autoridad) en los comensales de un restaurante. Las molestias causadas no constituyen alteración de la paz pública mediante el uso de la violencia. El derecho a no ser molestado mientras se cena en un restaurante no puede primar sobre el derecho a protestar pacíficamente, aun cuando se empleen humo, bengalas, confeti y pancartas y sin utilizar ninguno de esos medios para ejercer violencia sobre las personas o cosas”, prosigue la resolución.

Los magistrados abundan en que los manifestantes utilizaron “para llamar la atención y dar empaque a un acto con escasa participación de ciudadanos”. Los propios camareros del local informaron de que algunos de los manifestantes habían penetrado a la terraza del restaurante “durante cinco o diez minutos” mientras que los allí presentes, “comprensiblemente enojados por el acto, señalaron que se produjo preocupación”, pero “no miedo”.

Asimismo, la sentencia subraya que, pese a que la convocatoria no fue debidamente comunicada a la autoridad, no por ello los participantes “dejaron de estar dentro del ámbito del ejercicio de los derechos a la libre expresión y a la reunión y manifestación”. El tribunal se muestra tajante en este sentido: “Señala la doctrina que el derecho de reunión es el más elemental de los derechos fundamentales de naturaleza política ya que la libertad de expresar las propias ideas apareja forzosamente el reconocimiento del derecho a trasmitir a otros tales opiniones y a escuchar las ajenas. Por ello se considera la reunión pública la forma más primaria de expresión del pluralismo. El derecho de reunión es una consecuencia indispensable de la libertad de expresión”.

En concreto, la protesta tuvo lugar entre las 19.45 y las 20.00 horas del 22 de julio de 2017, convocada por la organización Arran en Palma enmarcada en la campaña 'El turisme ens explota! Mallorca necessita sobiranies, drets i autodeterminació' ('¡El turismo nos explota! Mallorca necesita soberanías, derechos y autodeterminación'). Como considera probado el tribunal, se congregaron en lugar, próximo a un restaurante, más de diez personas que portaban pancartas reivindicativas contra el turismo, botes de humo, bengalas y confeti.

Solo dos de los acusados participaron en la protesta

Los manifestantes accionaron los botes de humo y lanzaron el confeti, “ocasionando molestias y nerviosismo a algunos clientes del restaurante” pero sin que se produjeran “ningún desperfecto ni actos de violencia y sin que conste que ninguno de ellos abandonara el lugar”, abundan los magistrados. Cuando unos quince minutos después avistaron a varios agentes de la Policía Portuaria, los participantes en la protesta se disolvieron. 

Durante la vista oral, nueve de los acusados negaron haber asistido a la protesta -varios de ellos se encontraban ese día fuera de Mallorca-. Sobre ello, la Audiencia afirma que únicamente hay constancia efectiva de que dos de los inculpados estuvieran presentes en los hechos, mientras que un tercero, periodista, se encontraba cubriendo la concentración.

Añade incluso la resolución judicial que “la rotundidad de este caso pone de manifiesto que no son creíbles ninguno de los reconocimientos fotográficos” efectuados -algunos de ellos más de un mes después-, teniendo en cuenta sobre todo que la visión que algunos de los testigos tuvieron de quienes realmente participaron “fue de escaso tiempo en un ambiente en el que había confusión”. A ello se suma, añade el tribunal, la “abrumadora prueba de descargo” efectuada por la defensa de los procesados, ejercida por el abogado Josep de Luis. 

Mientras el Ministerio Público postulaba que se congregaron en la zona “unos cuarenta individuos, entre los que se encontraban los acusados”, quienes “con ánimo de alterar la tranquilidad pública y actuando de común acuerdo” comenzaron a lanzar botes y bengalas, la sentencia asevera que no se ha acreditado en juicio que existiera mutuo acuerdo entre los acusados más allá de la voluntad de cada uno de los manifestantes de unirse voluntariamente a la concentración. No en vano, una de las acusadas señaló que se enteró por redes sociales de la convocatoria y decidió acudir sola.

Al inicio del juicio, una treinta de personas se concentraron a las puertas de la Audiencia para apoyar a los encausados. “Tirar confeti sale caro. 29 años de prisión por defendernos del turismo”, rezaba una pancarta.

La Fiscalía ha retirado este jueves la acusación contra uno de los jóvenes encausados en el llamado caso Confeti, al entender que no estaba presente en la protesta de Arran en el Moll Vell de Palma del 22 de julio de 2017.

Durante la cuarta jornada del juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears, el fiscal ha decidido retirar solo la acusación contra este joven, para el cual pedía tres años de prisión por un delito de desórdenes públicos.

El 'caso confeti'

El 'caso confeti' se remonta a julio de 2017, cuando un grupo de miembros de la organización independentista Arran encendieron bengalas y lanzaron confeti en un restaurante de la zona del Moll Vell de Palma en contra de la masificación turística.

En un vídeo publicado entonces por Arran en redes sociales se puede escuchar un fragmento de la canción 'Not welcome (Viridarquia)' del grupo de rap Lágrimas de Sangre, así como ver cómo los jóvenes lanzan confetis a personas sentadas en algunos locales de la zona.

También se ve cómo se concentran en el paseo marítimo de Palma encendiendo bengalas y exhibiendo carteles reivindicativos en los que se puede leer, entre otros mensajes, 'Aquí se está librando la lucha de clases'.

La grabación del año 2017 está asociada a un tuit en el que piden “parar el turismo masivo que destruye Mallorca y que condena la clase trabajadora de los Països Catalans a la miseria”.

La Fiscalía pide un total de 29 años de cárcel para 12 acusados por el 'caso confeti' por delitos de desorden público. El 'caso confeti' se remonta a julio de 2017, cuando un grupo de miembros de la organización independentista Arran encendieron bengalas y lanzaron confeti en un restaurante de la zona del Moll Vell de Palma en contra de la masificación turística.

Este lunes se celebra el juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears, en el cual nueve de los doce acusados han negado que asistieran a la propuesta contra la masificación turística organizada por Arran en el puerto de Palma en julio de 2017.

En concreto, a ocho de los encausados se les pide dos años de cárcel; a tres, tres años por reincidencia, y a una última acusada, le pide cuatro años de cárcel, en concepto de autoría.

Una treinta de personas se han concentrado este lunes en Palma para apoyar a los encausados. “Tirar confeti sale caro. 29 años de prisión por defendernos del turismo”, se podía leer en una pancarta.

La concentración ha sido convocada por las organizaciones Arran y Alerta Solidària. A ella han acudido representantes de las entidades ecologistas GOB y Terraferida y el diputado de la CUP en el Congreso Albert Botran. También han asistido para trasladar su apoyo la regidora de Modelo de Ciudad del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, y el diputado de MÉS per Mallorca Joan Mas 'Collet', entre otros.

En declaraciones a los medios de comunicación, Blanca Dolores, de Alerta Solidària, ha considerado que “lo más fuerte” de este caso es que “solo tres de estas 12 personas estaban presentes en el momento de los hechos”, puesto que “la base de datos que ha utilizado la Policía es una base del archivo de las personas activas en el movimiento social de Mallorca”.

Por su parte, Climent Tortella, de Arran Palma, ha asegurado que “no se juzga a 12 personas por tirar confeti en un restaurante, se les juzga por un proyecto político que es el de la izquierda independentista, el cual está planteando una alternativa al sistema capitalista en su totalidad”.

El diputado de la CUP en el Congreso Albert Botran ha señalado que este es “un caso claro de represión política que demuestra la existencia de ficheros policiales que son ilegales”. En este sentido, ha mostrado su apoyo a Arran y a todas las organizaciones que denuncian los efectos de la masificación turística.

El 'caso confeti'

La protesta en cuestión tuvo lugar en verano de 2017 en la capital balear. En un vídeo publicado entonces por Arran en redes sociales se puede escuchar un fragmento de la canción 'Not welcome (Viridarquia)' del grupo de rap Lágrimas de Sangre, así como ver cómo los jóvenes lanzan confetis a personas sentadas en algunos locales de la zona.

También se ve cómo se concentran en el paseo marítimo de Palma encendiendo bengalas y exhibiendo carteles reivindicativos en los que se puede leer, entre otros mensajes, 'Aquí se está librando la lucha de clases'.

La grabación del año 2017 está asociada a un tuit en el que piden “parar el turismo masivo que destruye Mallorca y que condena la clase trabajadora de los Països Catalans a la miseria”.

Las organizaciones Arran y Alerta Solidària han convocado este lunes, ante la Audiencia Provincial de Palma, una concentración en apoyo a los 12 encausados por el 'caso confeti', quienes desde este lunes serán juzgados como presuntos autores de delito de desordenes públicos.

Según han informado tanto Arran como Alerta Solidària, la concentración tendrá lugar a las 09.30 horas, en la plaza del Mercat, delante de la Audiencia.

A esta concentración en apoyo a los 12 encausados en el marco del 'caso confeti', además de Arran y Alerta Solidària, también acudirán representantes del GOB y Terraferida y el diputado de la CUP en el Congreso Albert Botran.

Hay que recordar que el 'caso Confeti' se remonta a 2017, cuando un grupo de miembros de la organización juvenil Arran encendieron bengalas en la zona del Moll Vell de Palma, entre la zona del pantalán y la de restaurantes.

Además, en un vídeo publicado entonces por la organización juvenil Arran en redes sociales, se puede escuchar un fragmento de la canción 'Not welcome (Viridarquia)' del grupo de rap Lágrimas de Sangre, así como ver cómo los jóvenes lanzan confetis a personas sentadas en algunos locales de la zona. También, cómo se concentran en el paseo marítimo de Palma encendiendo bengalas y exhibiendo carteles reivindicativos en los que se puede leer, entre otros mensajes, 'Aquí se está librando la lucha de clases'.

La grabación del año 2017 está asociada a un tuit en el que piden “parar el turismo masivo que destruye Mallorca y que condena la clase trabajadora de los Països Catalans a la miseria”.

A tenor de estos hechos, la Fiscalía pide un total de 29 años de cárcel para los 12 militantes de la organización juvenil Arran que están encausados en el 'caso confeti'.

La Policía Nacional ha detenido a ocho jóvenes vinculados a Arran, la organización juvenil de las CUP, por desórdenes públicos frente a las puertas del Tribunal Supremo.

Fuentes policiales y jurídicas han indicado a EFE que los arrestos se han practicado sobre las dos de la tarde en la plaza de la Villa de París, frente al Tribunal Supremo, y que los detenidos portaban pancartas y botes de pintura. Agentes de la Brigada Provincial de Información se han hecho cargo de la investigación.

Desde Arran han confirmado a eldiario.es que los involucrados pertenecen a la organización, si bien no han confirmado cuántos de ellos están detenidos. Estas mismas fuentes defienden que se ha tratado de una “acción protesta”.

Varias sedes del PSC en diferentes ciudades, como L'Hospitalet y Gavà y hasta nueve, han aparecido esta mañana atacadas con pintadas contra la celebración del Consejo de Ministras el próximo 21 de diciembre en Barcelona firmadas por Arran y Endavant. Fuentes de la formación socialista han confirmado que las pintadas se han realizado esta noche, a cuatro días de la reunión del Gobierno.

La alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, ha denunciado el ataque en la sede de su localidad, en la que han pintado consignas como “21-D: tumbemos el régimen”, junto al nombre de las dos organizaciones de la izquierda independentista y logos de las mismas.

También en la localidad de L'Hospitalet, uno de los locales de la formación socialista ha aparecido con la misma inscripción sobre la persiana. “Señalar al que piensa diferente y amenazar un gobierno democrático... chic@s de Arran no estaréis confundidos de régimen?”, se ha preguntado el PSC en el mensaje con el que ha denunciado la acción.

Las pintadas en las sedes socialistas de la madrugada de este martes se suman a las realizadas durante los últimos días en el entorno de la Llotja del Mar, el lugar elegido por el Gobierno central para celebrar el Consejo de Ministras del próximo viernes. En la fachada de este edificio apareció el pasado fin de semana una pintada que rezaba “Pedro go home” junto a una bandera estelada.

Ciudadanos ha denunciado a la organización de la izquierda independentista Arran ante la Fiscalía por un supuesto delito de odio tras el ataque con pintura amarilla a la casa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La protesta contra el instructor de la causa contra los independentistas encarcelados se produjo el pasado miércoles y fue reivindicada por la organización juvenil, vinculada a la CUP.

La líder del partido, Inés Arrimadas, ha presentado este jueves el escrito en el que se informa a la Fiscalía sobre el hecho. La decisión de interponer la denuncia desde el partido se tomó por el comité de dirección de Ciudadanos, según informaron en un comunicado. Antes de esto, los Mossos d'Esquadra ya habían abierto una investigación sobre las pintadas en el portal de la casa que Llarena tiene en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

La organización independentista Arran reivindicó el ataque desde su cuenta de Twitter, con un vídeo en el que se observa cómo dos jóvenes llegan a un portal y arrojan pintura de color amarillo sobre la puerta acristalada de entrada.

El vídeo viene acompañado de un mensaje: “El pueblo manda, Arran obedece. Ocho meses después, por petición popular y con una resolución de la instrucción judicial que prevé sentencias desmesuradas, lo hemos vuelto a hacer: señalamos al juez Llarena como símbolo del régimen del 78”. El pasado mes de marzo, Arran ya protagonizó una acción similar frente a la casa de Llarena en Das (Girona), con pintadas en el asfalto en las que le acusaban de “fascista”.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado al Ministerio del Interior este jueves que adopte las medidas de protección necesarias para los jueces que trabajan en Catalunya y también para el magistrado Pablo Llarena, después del incidente ocurrido en su domicilio. La Comisión Permanente del órgano del gobierno de los jueces ha instado también a la Fiscalía General del Estado, a Interior y al Departamento de Interior de la Generalitat a que adopten “de inmediato” todas las medidas necesarias para “la persecución de las personas y grupos” que participaron en el ataque.

Desde la Generalitat, este jueves la consellera de Justicia, Ester Capella, ha afirmado hoy que las pintadas en la casa del magistrado no son “compartidas” por la mayoría de catalanes y son un acto “muy aislado”, a diferencia de las “agresiones fascistas”. “Es un acto no compartido, la mayoría de la gente del país no comparte este tipo de acciones, ya que si en alguna cosa se caracteriza el movimiento independentista es porque es cívico y pacífico y se expresa de otra manera que no es señalando a las personas”, ha sostenido la consellera.

La Ejecutiva de Ciudadanos ha decidido este miércoles presentar una denuncia ante la Fiscalía “por delitos de odio” contra Arran, la organización juvenil de la CUP. El partido de Rivera justifica esta decisión “tras los nuevos ataques realizados al domicilio del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena”.

Arran desveló en un vídeo subido a Twitter el lanzamiento de pintura contra el domicilio de Llarena, el magistrado que instruyó la causa por el proceso soberanista, en el que se revela la dirección del juez en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Hace ocho meses, esta organización juvenil de la izquierda independentista señaló la casa del magistrado en Das (Girona) con pintadas en el asfalto en las que lo llamaban “fascista”.

Tanto Albert Rivera, como la portavoz de la Ejecutiva nacional y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, han condenado el “señalamiento y acoso” contra el juez del Supremo. “Mi más rotunda condena a esta salvajada de los comandos separatistas contra el juez Llarena. Los totalitarios siguen acosando impunemente a los defensores del Estado de derecho en Cataluña”, dijo Rivera en su cuenta de Twitter.

Tanto él como Arrimadas, que ha calificado de “intolerables” los ataques, han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “actúe” para poner fin a esta situación. “Sánchez tiene que actuar ya y dejar de mirar hacia otro lado”, han señalado ambos dirigentes.

El Govern de Quim Torra no quiere que las imágenes de tensión provocada por grupos independentistas como las que este fin de semana se vieron en Barcelona vuelvan a repetirse. Por esta razón está decidido a dar confianza a los Mossos, comenzando por avalar su actuación ante la contramanifestación convocada por Arran y grupos vinculados a los CDR, con la que trataban de contrarrestar una marcha de policías convocada por Jusapol para homenajear a los policías que actuaron en Catalunya el 1-O.

“Estas imágenes no se habían producido nunca”, se ha lamentado el conseller de Interior, Miquel Buch, considerando que quienes trataron de romper el cordón policial “son personas que no pertenecen al movimiento independentista que se ha manifestado durante tantos años con actitud pacífica”. Las palabras de Buch reflejan un estado de opinión en el seno del Govern que desea minimizar a toda costa los choques, cada vez más frecuentes, entre grupos de derecha y antifascistas, que se han sucedido varios fines de semana en Barcelona.

Pese a que este sábado las imágenes de violencia fueron provocadas tanto por los manifestantes, de ambas convocatorias, como por parte de la policía, este domingo Buch ha negado que los Mossos cargaran contra los manifestantes. “Aguantaron los cordones policiales”, ha asegurado ante los micrófonos de Rac1. El conseller ha avalado la actuación de su policía, aceptando que algunos agentes pudieron saltarse los protocolos establecidos pegando por encima de la cintura o a personas con las manos en alto.

Sobre esta cuestión también Quim Torra se ha manifestado, prometiendo que analizarán la actuación de estos agentes. Con todo, el president respaldó el dispositivo y reclamó tener confianza en la policía catalana. “Tenían un papel complicadísimo”, aseguró en TV3. Torra además rechazó la petición de dimisión de Miquel Buch que le había hecho la CUP, sin cargar las tintas contra los anticapitalistas. Algo diferente a lo que ha hecho el propio Buch, quien el domingo cuestionó el compromiso pacífico de la CUP y movimientos de la izquierda independentista como Arran, que estaban tras la marcha.

Pero la ruptura de la CUP y los CDR con las fuerzas mayoritarias del independentismo no se circunscriben a la manifestación de este fin de semana. Este miércoles la policía desalojó la acampada establecida en la plaza Sant Jaume, ante la sede del Govern, para reclamar la “implementación de la República”. En la protesta participaban unas pocas decenas de personas y, pocos días después de recibir la visita de Torra que se interpretó como un apoyo, los antidisturbios acabaron sacando de la plaza elementos móviles como tiendas de campaña y otros materiales alegando razones de seguridad.

Y una situación similar volvió a repetirse el jueves, cuando los CDR convocaron una sentada ante las puertas del Tribunal Superior, en protesta por las acusaciones a las que se enfrentan 11 activistas que protestaron en ese mismo lugar. Los Mossos volvieron a desalojar a los concentrados, entre los que estaba el líder de la CUP, Carles Riera, quien protagonizó una de las fotos más compartidas de la jornada siendo arrastrado por la policía catalana.  

El malestar entre las bases independentistas más activas respecto a la actuación del Govern es patente no solo entre los militantes de base. La exconsellera de Educación del Govern de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, ha sido una de las voces que se ha quejado de la paradoja de que, a la vez que Torra reclama “una marcha por los derechos civiles, los Mossos actúen con contundencia ante sus movilizaciones. Los CDR, por su parte, también se han sumado a la CUP en la petición de dimisión de Buch.

Si en el Ejecutivo preocupan unas imágenes de tensión que pueden generar rechazo dentro y fuera de Catalunya, no inquieta menos la posibilidad de que la base independentista más excitada se desconecte del Govern o, directamente, le dé la espalda. Los CDR ya han llevado a cabo acciones contra las sedes de los partidos independentistas y han criticado lo que consideran una “traición” de los gobernantes por no avanzar hacia la independencia. Las conmemoraciones del 1-O y del 27-O fácilmente podrían dar alas a esas críticas. El “otoño caliente” anunciado por Torra también provoca sudores dentro del Palau.

Este lunes el colectivo Arran ha llevado a cabo un acto de protesta contra el turismo masificado en la ciudad de València tomando precisamente un bus turístico en la capital. La acción, que ha tenido lugar a las 12,20h, se ha desarrollado en coordinación también en Barcelona y Palma de Mallorca en cuestión de pocas, y ha supuesto también la apertura de botes de humo de color violeta.

En un comunicado Arran ha justificado su acción afirmando que el actual modelo turístico “está comportando un aumento de los precios del alquiler en las ciudades, en especial en València”. Por otro lado también critican que este tipo de turismo “genera un trabajo absolutamente precarizada, que buena parte asumen las personas jóvenes y a menudo sin contrato, sin horarios fijos, y cobrando sueldos pésimos”.

Desde la Federación Empresarial de Hosteleria se ha exigido a todos los partidos “y especialmente el alcalde Joan Ribó” una “condena firme” por este “ataque” así como de “cualquier forma de violencia”. También han reclamado a la administración “que actúe de manera muy contundente contra este posible acto vandálico vinculado con la turismofobia”. Por otro lado advierten que este fenómeno está ligado “a la aparición y eclosión de pisos turísticos ilegales, cuya actividad tienen un efecto directo en la convivencia ciudadana y en el mercado de la vivienda”.

Por su parte la primera teniente de alcalde y concejala de Turismo, la socialista Sandra Gómez, ha manifestado que “este tipo de acciones que buscan confrontar, que buscan señalar, que buscan rechazar a aquellas personas que vienen de fuera y que por lo tanto casi podrían ser tildadas de xenófobas, no tienen ningún tipo de cabida en València”. Además advertía a Arran que “no van a romper con este consenso que hemos construído con toda la ciudad sobre el modelo turístico valenciano”.

Las numerosas protestas contra el magistrado Ricardo González por su voto particular en la sentencia contra 'la manada' han salpicado indirectamente a otro juez. Se trata de Eloy Velasco, al que la organización juvenil Arran confundió con González y puso su foto en lugar de la este último en un cartel publicado en redes sociales.

En su montaje, Arran quería rechazar la actuación de dos de los jueces de la Audiencia Provincial de Navarra responsables del fallo en el caso de la violación a la joven madrileña. La organización independentista quería cargar así contra Ricardo González, al que confundieron con Velasco, y contra José Francisco Cobo, que leyó la sentencia y cuya foto sí es correcta.

El tuit fue publicado el pasado 26 de abril, cuando se conoció la sentencia. Arran no ha rectificado desde entonces. Actualmente, Velasco está destinado en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

Cientos de personas se han manifestado este lunes en València frente a la Delegación de Gobierno para pedir la “libertad de los presos políticos”, tras la decisión de ingreso en prisión para Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa.

En la concentración, a la que han acudido “a título personal” políticos de Compromís como el diputado en las Corts Josep Nadal, han estado presentes los lazos amarillos y distintas pancartas “en defensa de la democracia” y en “solidaridad con Catalunya”.

Con cánticos como 'Llibertat presos polítics', 'Els carrers seràn sempre nostres', 'Sense llibertat no hi ha democràcia' o 'Catalunya, no esteu sols' se ha desarrollado una manifestación sin incidentes, en la que la canción 'L'estaca', de Lluís Llach ha sido coreada en repetidas ocasiones.

El coordinador de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Antoni Infante, ha manifestado que la concentración era para “defender la libertad y la democracia”. “Defendemos que los problemas políticos solo pueden tener solución a nivel político, y la más amplia libertad de expresión, en contra de todo tipo de represión”, ha indicado.

Infante ha lanzado dos mensajes, uno al Gobierno español, ya que considera que “no puede escudarse ni esconderse detrás de las togas del juzgado”; y otro al pueblo catalán: “No están solos. Vamos a continuar luchando por la libertad y la democracia, por que las personas puedan expresarse libremente y podamos determinar mediante la votación y el ejercicio pacífico de la democracia cómo queremos autogestionarnos y como vivir y convivir”.

Nadal, por su parte, ha acudido a la concentración para “pedir una salida democrática, pacífica y pactada al conflicto”, ya que tiene “miedo” porque la democracia “está en peligro”. “Hay que dar la cara, porque sino es como decía aquel dicho alemán 'Al final vendrán a por nosotros y ya no quedará nadie'”, ha señalado.

“Represión como única reacción”

Por su parte, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) considera “extremadamente grave” la “acentuación de la represión” como “única reacción” del Estado español ante las últimos acontecimientos políticos en Catalunya y ha sostenido que encarcelar cargos electos “por haber organizado una votación o porque la mayoría parlamentaria que expresa la soberanía popular decida investir un diputado u otro como presidente, y amenazar con posibles penas de hasta 30 años de prisión, es simplemente desproporcionado y, por lo tanto, injusto”.

“Denunciar esta gravísima regresión autoritaria no implica en absoluto compartir el proyecto independentista”, señala en un comunicado en el que anima a participar en las concentraciones, y en el añade que es necesario situarse “muy a la derecha, y en un posicionamiento muy autoritario, para no compartir esta preocupación y esta denuncia”.

Por eso, ACPV cree que se debe “revertir con urgencia esta regresión, que acabará por afectar no sólo los independentistas, sino a todos los demócratas del Estado: si se puede encarcelar cargos electos, o impedir que un Parlamento invista un diputado con sus derechos políticos intactos --y todo esto para organizar una votación--, se abre una puerta que no sabemos dónde nos puede conducir”.

En esta línea, apunta que “por razones elementales de democracia y de justicia, hay que pedir la liberación de los nuevos cargos electos catalanes encarcelados, y que se permita el libre regreso de los que está en el exilio” y reclamar la “apertura de un diálogo abierto entre el Gobierno español y las instituciones catalanas”.

“Queríamos dar constancia de una petición. Estamos expresando un sentimiento de cada vez más sectores sociales, que están denunciando una regresión autoritaria que nos preocupa, porque cuando abres esa puerta la estás abriendo para muchas cosas”, ha explicado el gerente de ACPV, Toni Gisbert.

Asimismo, Gisbert ha anunciado que, de continuar esta “regresión autoritaria” por parte del Gobierno español, APCV continuará haciendo “gestiones políticas” y organizando “movilizaciones sociales”.

La Fiscalía pide penas de 5.400 euros de multa para cada uno de los seis jóvenes de Arran, la organización juvenil de la izquierda independentista catalana, que en marzo del año pasado intentaron ocupar la sede del PP en Barcelona en una protesta a favor del referéndum de independencia. La pena solicitada por la Fiscalía es ostensiblemente menor a los seis años de cárcel que reclamó el PP, que ejerce de acusación particular, para los jóvenes.

En su escrito de acusación, avanzado por la agencia EFE, el ministerio público acusa de un delito de desórdenes públicos a los seis militantes de Arran y pide que se les condene, además, a indemnizar con 1.319 euros al PP por los gastos de limpieza de los grafitis que los activistas hicieron en las paredes y los cristales de la sede del partido.

En el escrito de acusación del PP los conservadores aseguraron que los jóvenes actuaron “por motivos de discriminación ideológica” contra el partido. Los hechos ocurrieron en marzo del año pasado, cuando un grupo de militantes de Arran, organización cercana a la CUP, protestó frente a la sede del PP para reclamar el referéndum. Los conservadores acusan a los jóvenes de un delito de desórdenes en concurso con uno de daños y de un delito de allanamiento de domicilio de persona jurídica. 

El juez de instrucción dejó a un paso del juicio a los seis jóvenes por el delito de daños y el de desórdenes, que castiga la ocupación, en contra de la voluntad del propietario, de un establecimiento o un local aunque se encuentre abierto al público, como es la sede del PP. Esta modalidad delictiva se incluyó en la reforma del Código Penal aprobada por el PP en 2015 y está castigada con una pena de prisión de tres a seis meses o una multa.

En su escrito de calificación, la Fiscalía sostiene que los seis acusados, integrados en un grupo de unas 40 personas y actuando en nombre de Arran, acudieron a la sede del PP en Barcelona con el propósito de llevar a cabo “una acción de carácter reivindicativo”. Una vez allí, sostiene el ministerio público, un grupo de 17 personas entre los que figuraban los acusados, entraron en la sede del PP e intentaron rebasar la puerta de seguridad que daba acceso a las dependencias del partido, sin conseguirlo.

Asimismo, los militantes de Arran pegaron carteles en las paredes y las puertas de cristal de la sede del PP, con eslóganes como “La organización es la clave de la victoria” o “Referéndum, independencia, Països Catalans”. Según el ministerio público, los acusados y el resto de personas que les acompañaban “se negaron a abandonar el lugar, tras ser requeridos al efecto por el personal de seguridad del PP, impidiendo así el normal funcionamiento del partido y la entrada y salida de las personas”.

Los acusados salieron de la sede del partido unos veinte minutos después, cuando fueron requeridos por una patrulla de los Mossos d'Esquadra, tras lo que pegaron más carteles en las vidrieras de las puertas de acceso, así como una pancarta con el lema “La independencia no se negocia, referéndum sí o sí”, y repartieron por el lugar varias cajas de cartón en forma de urnas. Al mismo tiempo, añade el ministerio público, una persona no identificada dibujó con espray una bandera “estelada” en las vidrieras de la puerta de la sede del PP.

El Partido Popular (PP) de Catalunya reclama seis años de cárcel para cada uno de los seis jóvenes de la organización juvenil de la izquierda independentista Arran que irrumpieron en su sede y pintaron grafitis en su puerta. Los conservadores acusan a los jóvenes de un delito de desórdenes en concurso con uno de daños y de un delito de allanamiento de domicilio de persona jurídica. 

En el escrito de acusación del PP, al que ha tenido acceso este diario, los conservadores aseguran que los jóvenes actuaron “por motivos de discriminación ideológica” contra el partido. Los hechos ocurrieron en marzo de este año, cuando un grupo de militantes de Arran, organización cercana a la CUP, protestó frente a la sede del PP para reclamar el referéndum.

El juez de instrucción dejó a un paso del juicio a los seis jóvenes por el delito de daños y el de desórdenes, que castiga la ocupación, en contra de la voluntad del propietario, de un establecimiento o un local aunque se encuentre abierto al público, como es la sede del PP. Esta modalidad delictiva se incluyó en la reforma del Código Penal aprobada por el PP en 2015 y está castigada con una pena de prisión de tres a seis meses o una multa.

Los populares acusan a los jóvenes de irrumpir en el vestíbulo del PP, donde “pretendieron por la fuerza traspasar la puerta de acceso amparados por la intimidación ambiental”. Los militantes de Arran se quedaron 20 minutos en el vestíbulo, añade el PP, porque los vigilantes de seguridad impidieron que entraran en la zona de oficinas de la sede.

Una vez salieron los jóvenes “realizaron los actos de violencia sobre la sede y ocasionaron desperfectos”, que según el juez instructor consistieron en pintar grafitis y enganchar pegatinas en las puertas del PP, lo que ocasionó daños valorados en 1.391,5 euros. El PP reclama esa cantidad a los jóvenes en concepto de responsabilidad civil.

Militantes de Arran han tildado este jueves de “absolutamente desproporcionada” la petición de seis años de prisión para seis de sus miembros por parte del PP, y han roto la parte del escrito donde se solicita la pena ante la sede de la Delegación del Gobierno central.

La protesta que el pasado mes de marzo organizó Arran, la rama juvenil de la izquierda independentista catalana, en la sede del PP en Barcelona terminará en el banquillo de los acusados para seis de sus militantes. En concreto, para los que irrumpieron en el vestíbulo de la sede de los populares y pintaron grafitis y engancharon pegatinas en sus puertas.

El titular del juzgado de instrucción 11 de Barcelona ha cerrado la investigación abierta tras la denuncia del PP catalán, y ha considerado que existen indicios suficientes para que seis militantes de Arran vayan a juicio por los presuntos delitos de desórdenes públicos, penado con cárcel, y daños, castigado con una multa. Ahora la Fiscalía y la defensa de los jóvenes deberá formular escrito de acusación o, por contra, reclamar el archivo del caso.

En concreto, en su auto, el magistrado acota que la conducta de los jóvenes encaja con la modalidad del delito de desórdenes que castiga la ocupación, en contra de la voluntad del propietario, de un establecimiento o un local aunque se encuentre abierto al público, como es la sede del PP. Esta modalidad delictiva se incluyó en la reforma del Código Penal aprobada por el PP en 2015 y está castigada con una pena de prisión de tres a seis meses o una multa.

El juez considera que mientras decenas de jóvenes protestaban frente la sede del PP catalán en la calle Urgell de Barcelona, los seis procesados –que se negaron a declarar en su comparecencia ante el juzgado– fueron más allá de la manifestación, que por si sola, recuerda el magistrado, “no es constitutiva de infracción penal”.

Si los miembros de Arran están imputados es por irrumpir en el vestíbulo de la sede del PP, donde, según el juez, “pretendieron por la fuerza traspasar otra puerta” para acceder a la zona donde se encontraban agentes de seguridad, que cerraron el acceso y no les dejaron acceder al interior de la sede del PP. Remarca el auto que los jóvenes permanecieron en el vestíbulo del PP sin dejar entrar o salir al personal del partido “alterando el normal funcionamiento” de la formación, elemento fundamental para procesarles por desórdenes públicos.

Respecto al presunto delito de daños, el magistrado sostiene que tres de los seis acusados, una vez fuera del vestíbulo, pintaron grafitis y engancharon pegatinas en las puertas de la sede del PP, lo que ocasionó daños valorados en 1.391,5 euros.

Los jóvenes se negaron a acudir a su citación para declarar como imputados el pasado mes de julio, lo que llevó al juez a pedir a los Mossos d'Esquadra que les detuvieran. Tras ser arrestados y puestos a disposición del juez, también se acogieron a su derecho a no declarar.

Centenares de personas se han concentrado este miércoles frente a la sede de Delegación del Gobierno en València bajo el lema 'Feixisme ni a València ni enlloc (Fascismo ni en València ni en ningún lugar)' para reclamar la dimisión de Juan Carlos Moragues y reivindicar que no haya “cap agressió sense resposta (ninguna agresión sin respuesta)”, en una convocatoria organizada por Arran, Endavant y Gatzara.

Los manifestantes se han congregado alrededor de las 19 horas en la calle Colón para protestar por las agresiones ocurridas el lunes en la manifestación del 9 d'Octubre, en las que un grupo de ultraderecha trató de impedir que una parte de la marcha pusiese llevar a cabo el recorrido previsto.

Los participantes en la concentración han coreado consignas como “Moragues Dimisión”, “Espanyolisme es feixisme (Españolismo es fascismo)”, “Fora feixistes dels nostres barris (fuera fascistas de nuestros barrios)”, “Os vais a quemar de tanto cara al sol” y “València serà la tomba del feixisme (València será la tumba del fascismo)”.

Uno de los representantes de la organización de la protesta, Josep Villarroya, ha asegurado ante los medios que el “responsable máximo” de las agresiones y altercados ocurridos el lunes “fue el delegado del Gobierno español en València, Juan Carlos Moragues”, ya que con “la actuación policial y la impunidad con la que actuaron los fascistas, va a ser una encerrona que se produjo en una manifestación que es legal”.

Asimismo, ha criticado que los agresores “fascistas” tienen “toda la cobertura y toda la impunidad de partidos políticos y de determinadas instituciones” como el “aparato judicial y el ”aparato policial“.

Los organizadores de la concentración han leído un manifiesto en el que han denunciado que entre los grupos ultraderechistas había “individuos conocidos e identificados” como el presidente de la Interagrupación de Fallas, Jesús Hernández Motes. “Hay que exigir su expulsión”, han reclamado.

En la misma línea, han criticado la “permisividad de la policía española” ante los incidentes del 9 d'Octubre, y “la impunidad con la que el fascismo actúa en València”. Asimismo, han acusado al delegado del Gobierno de “cultivar” esta situación al permitir “la entrada de grupos fascistas a la manifestación” cuando “había avisos previos” sobre su intervención en la marcha.

Por todo ello, han pedido “que se condene firmemente y de forma efectiva las agresiones”, han advertido que “es peligroso equiparar” a ambos la izquierda participante en la manifestación y a los grupos de derecha que interfirieron en la misma y han apelado a la “unidad popular”.

El objetivo de la acción es denunciar la "desmesurada" cantidad de coches de alquiler que hay en la isla "como consecuencia de la masificación turística"

Las organizaciones independentistas Arran y Endavant−ligadas a la CUP−, junto al colectivo ecologista Joves del GOB, han pegado más de mil adhesivos este miércoles en coches de alquiler de Mallorca para protestar contra el modelo de turismo de masas. El objetivo de la protesta es, según han explicado en un comunicado, denunciar la “desmesurada” cantidad de coches de alquiler que hay en la isla “como consecuencia de la masificación turística”.

Las organizaciones han informado de la acción a través de las redes sociales, donde han compartido imágenes de las pegatinas con mensajes como “Aquest cotxe sobra” (“Este coche sobra”) o “Turism kills Mallorca” (“El turismo mata Mallorca”). “Arran, Joves del GOB y Endavant continúan dejando claro que la masificación turística nos explota”, señalan en uno de los mensajes.

En el comunicado, la organización Endavant critica que la circulación de los coches de alquiler, que cifran en 100.000, supone una saturación de las carreteras y un aumento de la contaminación, a los que se sumaría “la falta de transporte público”. Por ello, anuncian que en las próximas semanas continuarán colocando adhesivos en Mallorca dentro de la campaña 'Sobiranies, Drets, Autodeterminació', con el objetivo de “plantar cara a la masificación”

La nueva acción se produce después de que a finales del mes de julio, hace menos de un mes, varios miembros de Arran prendieran bengalas en el exterior de un restaurante situado en el Moll Vell de Palma e irrumpieran dentro lanzando confeti a los comensales. También hace dos semanas la organización juvenil paró un autobús turístico en Barcelona, tratando, sin conseguirlo, de pincharle las ruedas y realizando pintadas, con el grafiti “El turismo mata a los barrios” en el frente del vehículo.