Córdoba ya ha elegido los nuevos nombres para las calles que hasta ahora lucían en una denominación vinculada con el franquismo. Después del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento para eliminar esos nombres franquistas y del proceso participativo abierto entre los consejos de distrito de los barrios afectados, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha dado luz verde al listado definitivo de los 12 nuevos nombres para otras tantas vías que este viernes ha quedado definitivamente aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la capital.

El Consistorio ha querido respetar las propuestas elaboradas por el Consejo del Movimiento Ciudadano, quien después de varios meses propuso un listado con los nombres recogidos entre vecinos y consejos de distrito. También se han respetado los criterios seguidos en ese proceso, como el de dar nombres genéricos y no de personas a las vías en las que más debate se había abierto, además de sumar más nombres de mujeres al callejero cordobés. A esos criterios se suman los dictados por la normativa en Córdoba, como que una vía pública solo puede llevar el nombre de una persona cuando ésta ya haya fallecido.

Así, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, el Ayuntamiento quiere rotular los 12 nuevos nombres antes de que acabe el año, además de eliminar otros dos que, en un caso aparecía solo en el callejero fiscal –calle Francisco Franco, en la barriada de Alcolea- o bien ya no existe el lugar, como la Glorieta de Artilleros.

Cuáles son los nuevos nombres

Pero, ¿quiénes darán nombre ahora a estas 13 calles? En el caso de las tres vías que habían suscitado mayor polémica –el PP se ha opuesto a su eliminación y de cara a las elecciones municipales próximas ya anuncia que si gana la Alcaldía hará una consulta popular para devolverle sus nombres-, se ha evitado elegir nombres de personas que pudieran suscitar simpatías y antipatías. Así, la céntrica calle Cruz Conde pasará a llamarse Foro Romano –rememorando el espacio en época romana en esta zona-, la avenida Conde de Vallellano será a partir de ahora la Avenida del Flamenco y la Plaza de Cañero se llamará De los Derechos Humanos.

También llevarán nombres genéricos otras dos calles: Las Pulidoras, para realzar el trabajo durante décadas de las mujeres en los talleres de la tradicional joyería cordobesa, y el de Avenida de La Letro, nombre popular con el que se nombraba a la fábrica Electromecánicas, durante décadas pilar económico para muchas familias en la ciudad.

María Cerrato, primera mujer veterinaria

En cuanto a los nombres individuales, el nuevo callejero cordobés tendrá cabida para reconocer a la primera mujer veterinaria de España, María Cerrato, quien para matricularse en la carrera tuvo que pedir un permiso especial en 1923 al Ministerio de Instrucción Pública, ya que estaba prohibida esta carrera a mujeres. Para entonces, ya era maestra y estuvo alentada por su padre, también veterinario.

La calle Cronista Rey Díaz, que recurrió la familia, se ha dejado en suspenso hasta que se pronuncie la justicia. De resolverse, la vía será para el librero Rogelio Luque, hombre muy comprometido con la cultura, que fue fusilado el inicio de la Guerra Civil. Luque nació en Priego de Córdoba en 1897 y se estableció en la capital cordobesa con 22 años, donde en compañía de su hermano Rafael fundó la librería Luque, que aún hoy sigue abierta en Córdoba. Fue un gran emprendedor en el mundo literario local y en 1936 fue fusilado por tener libros marxistas en su establecimiento.

Manolo Rubia será otra de las personas que a partir de ahora figuren en el callejero cordobés, homenajeado por el fundador del sindicato CCOO. Junto a él, el párroco Bartolomé Blanco, muy querido en su barrio de Cañero y en la ciudad, tendrá otra calle con su nombre.

Una calle llevará por nombre Ángela Romero de Torres, hermana del célebre pintor cordobés, y otras dos mujeres comprometidas y activistas por las causas sociales y el feminismo durante su vida: Ana Claro y Carmen López.

Homenaje a Hugo Pratt

Y, por último, una pincelada cultural para muchos desconocida. Córdoba tendrá una calle que se llamará Corto Maltés. El autor de este personaje, Hugo Pratt, era de origen veneciano, pero su familia materna eran judíos sefardíes procedentes de Córdoba que huyeron después de la expulsión ordenada por los Reyes Católicos en 1492. El propio Hugo Pratt tenía las llaves de la casa de su familia y tal es el cariño que le tenía a Córdoba que ubicaba la infancia y la adolescencia del personaje de Corto Maltés en la Calleja de la Flores y en la Calle del Pañuelo, ambas en la Judería cordobesa.

El cambio de nombres franquistas en las calles de Córdoba ha llegado a los tribunales. Las familias de dos de las personas que dan nombre a sendas vías públicas en la capital han impugnado el acuerdo del Ayuntamiento para sustituir su denominación actual y han llevado el caso a los juzgados.

Se trata, por un lado, de los familiares de Antonio Cañero, rejoneador y militar que tras el levantamiento de 1936, se reincorporó al Ejército y encabezó la conocida como Columna Cañero. Y, por otro lado, de la familia del cronista José María Rey Díaz, profesor, filólogo y abogado, que estuvo al cargo de la prensa y propaganda franquista desde julio de 1936, además de llevar la contabilidad de los asesinados en los cementerios.

Ambas familias han puesto el caso en manos del Juzgado de lo Contencioso número dos de Córdoba y, de momento, lo que han recurrido es el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento por el que en el mes de febrero pasado se aprobó el cambio de los nombres de 15 calles vinculados con el franquismo y la represión posterior a la Guerra Civil, en cumplimiento de la Ley de Memoria democrática.

Por eso, el Gobierno municipal teme que el recurso y el retraso que pueda conllevar afecte a la totalidad de las vías, no solo a las dos en las que se ven aludidas estas dos familias, ya que el recurso se ha realizado contra el acuerdo del Pleno que afecta a la totalidad de las vías públicas objeto del cambio de nombre, según han confirmado fuentes municipales.

Así las cosas, y a la espera de ver si el juzgado admite a trámite la impugnación hecha por las familias, el gobierno municipal ha elevado una consulta a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, que es quien debe establecer los criterios correspondientes para actuar ante este revés en las pretensiones del Consistorio.

Ahora, en manos del juez está la decisión de sobreseer la denuncia de las familias o bien ordenar la paralización de todo el proceso puesto en marcha por el Ayuntamiento.

Cabe recordar que Córdoba enfilaba ya la recta final para eliminar estos nombres de sus calles, después del acuerdo del Pleno municipal y de que desde el Consejo del Movimiento Ciudadano –órgano de participación vecinal-, se hubieran recogido más de 270 propuestas de nombres para las 15 calles afectadas por el cambio y se hiciera una selección final con tres propuestas por cada vía. Esa propuesta vecinal final ha sido elevada a la Gerencia Municipal de Urbanismo, responsable en último término de la nomenclatura del viario público y quien dictará los nuevos nombres finalmente. Ahora, todo está a la espera de la decisión del juez.

Córdoba enfila ya la última etapa para sustituir el nombre de calles franquistas. Después de que la Comisión Municipal de Memoria Histórica trabajara durante meses para proponer y argumentar el cambio de denominación de una quincena de calles, después de que este cambio fuera aprobado en Pleno, ahora ha concluido el proceso participativo por el que se ha realizado una selección de nuevos nombres para las calles que los vecinos han propuesto y que el Ayuntamiento deberá ultimar para elegir las denominaciones futuras.

Entre las vías públicas que cambiarán su nombre de acuerdo con la Ley Andaluza de Memoria Democrática -que obliga a eliminar del callejero toda reminiscencia en homenaje al franquismo-, se encuentran vías principales en la ciudad como: José Cruz Conde -militar y político, alcalde de Córdoba, se le destaca como uno de los artífices del éxito del levantamiento militar en Córdoba que provocó la Guerra Civil-, la avenida Conde de Vallellano -político, alcalde de Madrid durante la dictadura de Primo de Rivera y ministro de Obras Públicas durante la dictadura franquista-, la Plaza de Cañero -rejoneador y militar, tras el levantamiento de 1936, se reincorporó al Ejército y encabezó la conocida como Columna Cañero-, José María Pemán -escritor, apologista de la dictadura de Primo de Rivera y comprometido con el régimen franquista, que le reconoció con distinciones.-, o Cronista Rey Díaz -profesor, filólogo y abogado, estuvo al cargo de la prensa y propaganda franquista desde julio de 1936, además de llevar la contabilidad de los asesinados en los cementerios-.

También desaparecerán las calles de Joaquín López Huici, Fernando Fernández Martínez, Glorieta de Artilleros, Periodista Quesada Chacón, Poeta Francisco Arévalo, Joaquín Benjumea y Periodista García Prieto, entre otras, todas ellas de personas relacionadas con el franquismo.

Proceso participativo

Desde que el Ayuntamiento aprobó cambiar estos nombres, se abrió la vía de la participación ciudadana, con el Consejo del Movimiento Ciudadano como órgano encargado de recoger y seleccionar las propuestas de nombres recibidas de entre los consejos de distrito y vecinos de las zonas afectadas por los cambios de nombres. En total, más de 270 nombres distintos propuestos para las 15 calles que cambiarán su denominación. Ese proceso selectivo ha terminado esta semana con la aprobación de la propuesta definitiva que los vecinos elevan al Ayuntamiento, con una terna de nombres posibles para cada una de las vías públicas que hay que cambiar.

Así, tras la selección de nombres bajo criterios como el de lograr la igualdad entre hombres y mujeres en ellos, que las personas cuyos nombres se proponen ya hayan fallecido o que se elijan denominaciones no personales y que tienen que ver con la historia de la ciudad para las calles que han generado conflicto político, el resultado de la propuesta vecinal conjuga denominaciones históricas –Foro Romano, Califato de Córdoba, Anfiteatro Romano, De los Gladiadores, 4 de diciembre-, genéricos –Derechos Humanos, Patios de Córdoba, Del Flamenco- y de personas que han sido relevantes en la historia de la ciudad en sectores tan dispares como el arte -La Chiquita Piconera-, la universidad, la investigación, la literatura, la industria local o el deporte, entre otros.

Ahora, el turno para concluir esta selección será del Ayuntamiento. La propuesta del Consejo del Movimiento Ciudadano será elevada a la Gerencia Municipal de Urbanismo, órgano responsable de la nomenclatura del viario público, que deberá realizar la elección final de los nombres que finalmente rotulen estas calles. La aprobación en este órgano será previa a la Junta Local de Gobierno, que dará la luz verde final a los nuevos nombres.

El Gobierno municipal ha expresado en distintas ocasiones por boca de su delegada de Participación Ciudadana, Alba Doblas, que espera concluir el proceso y cambiar los rótulos de las calles con los nuevos nombres para final de año. Desde Urbanismo no se han querido dar, de momento, plazos concretos. Ahora habrá que ver si en esta recta final no surgen obstáculos que lo impidan y, definitivamente, Córdoba deja atrás los nombres franquistas en sus espacios públicos.

“El análisis histórico realizado por esta comisión demuestra que la Iglesia Católica no tiene ni puede tener título de propiedad alguno sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba”. Esta es la principal conclusión que se extrae del informe encargado a expertos por el Ayuntamiento de Córdoba acerca de la titularidad de la Mezquita y que, tras un análisis histórico y jurídico del monumento, concluye así que la Iglesia nunca ha tenido la propiedad del mismo.

El informe, al que ha tenido acceso este medio y se da a conocer este sábado en el Ayuntamiento de Córdoba, hace un relato de los hechos históricos y de la situación jurídica de la Mezquita-Catedral, con los que se describe, por un lado, que la propiedad del monumento ha sido históricamente pública -del Estado en sus diversas formas- y, por otro, el sentimiento y apego de los cordobeses por este bien de dominio público: “Dos características que persistirán por encima de todos los cambios políticos o religiosos”.

La Mezquita-Catedral fue inmatriculada por la Iglesia en 2006, inscribiéndola a su nombre como Santa Iglesia Catedral en el Registro de la Propiedad, con un gasto de 30 euros, gracias a la modificación realizada en 1998 (durante el Gobierno de Aznar) del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que recuperaba la consideración de fedatarios públicos que los obispos habían tenido en la ley hipotecaria franquista (1944) y les otorgaba capacidad de registrar bienes sin aportar títulos de propiedad.

“En la referida inmatriculación faltan los tres requisitos básicos exigibles a cualquier registro de un bien: prueba de la propiedad, descripción del bien y certificación de que se encuentra libre de cargas”, advierte el informe de los expertos, que señalan que la inmatriculación “no tiene validez jurídica”.

Propiedad del Estado

La inmatriculación ha sido denunciada públicamente en los últimos años por especialistas y por la Plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos, que han argumentado la apropiación del monumento por parte de la Iglesia, borrando incluso el nombre de Mezquita en algunos momentos. A partir de ahí, el Ayuntamiento encargó este informe a un grupo de expertos para delimitar la titularidad de la Mezquita-Catedral y emprender basándose en ello las medidas oportunas. Entre esos expertos se encuentran el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, los expertos en Historia Medieval Alejandro García Sanjuán y Juan B. Carpio Dueñas y –hasta que fue nombrada vicepresidenta del Gobierno-, Carmen Calvo, como especialista en Derecho Constitucional.

El informe que ahora se hace público aborda la historia del monumento, desde su edificación hasta nuestros días, para demostrar cómo su propiedad ha estado ligada siempre al Estado, más allá de que a partir de 1236, tras la conquista cristiana de Córdoba, en el edificio se haya practicado el culto católico. “A la luz de la documentación histórica conservada, podemos afirmar (…) que la Iglesia Católica no puede demostrar propiedad del edificio”, asevera el informe.

En el análisis histórico, se da cuenta de cómo “la información actualmente disponible respecto a la época andalusí (siglos VIII al XIII) permite establecer que la Mezquita de Córdoba carece de antecedentes cristianos documentados, que se origina como un proyecto arquitectónico directamente ligado a la dinastía Omeya y que, como tal, fue un edificio de propiedad estatal a lo largo de todos los siglos de al-Andalus”. Es esa propiedad estatal la que los expertos certifican a lo largo de la Historia, con datos que así lo demuestran desde la época de la conquista cristiana, con la titularidad en manos del Estado y la supervisión en manos del Concejo de Córdoba de la época, hasta el siglo XX: “Durante los siglos XIX y XX se mantiene tanto la vinculación del pueblo de Córdoba con su Mezquita como su carácter de edificio público, encargándose el Estado de su protección y conservación, siempre con el apoyo cercano y constante del Ayuntamiento de la ciudad”.

El uso no reconoce propiedad

Cuestión aparte es el uso de culto católico que desde entonces se le dio al edificio y que los expertos no entran a rebatir ni pretenden eliminar pero, advierten: “El uso religioso de una antigua mezquita no supone reconocimiento de propiedad por parte de la Iglesia, salvo que exista donación expresa. Y en el caso cordobés, no existe donación expresa”.

Llaman la atención también sobre cómo en el Archivo de la Catedral no consta documento que acredite la propiedad de la Mezquita: “Fue la Iglesia Católica la única institución suficientemente cuidadosa en la conservación de las pruebas documentales que certifican sus propiedades. En este contexto, resulta significativa la falta de referencia alguna en la documentación eclesiástica a la supuesta donación o a la propiedad de la Mezquita Catedral”.

Como final del documento, los expertos realizan una propuesta de actuación al Ayuntamiento para reclamar la titularidad de la Mezquita-Catedral. “El Ayuntamiento tiene legitimidad para actuar en contra de la inmatriculación en cumplimiento de su deber institucional de defensa de un bien público en el ámbito del municipio”, argumentan. Y, por ello, aconsejan que la herramienta más apropiada para ello “sería recabar los apoyos parlamentarios necesarios para el planteamiento de un Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con el objetivo final de anular la inscripción” de la Mezquita-Catedral a nombre de la Iglesia en el Registro de la Propiedad.

La respuesta del Cabildo

El Cabildo Catedral de Córdoba ha emitido un comunicado en el que afirman que “numerosas instancias judiciales y de la Administración han reconocido que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral es propiedad de la Iglesia desde 1236”.

Así lo ha indicado tras una “primera lectura” del informe elaborado por la Comisión de Expertos en un texto en el que apuntan también que “en 2014, la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda señaló en un informe que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral de Córdoba no consta en el inventario de Bienes y Derechos del Estado”.

En ese sentido -agrega el Cabildo-, la Dirección General de Patrimonio recogió que “la Abogacía del Estado ya señala que nadie cuestiona que Fernando III el Santo, tras la conquista de Córdoba en el año 1236, decide que la Mezquita sea consagrada y convertida en Catedral de la ciudad, y desde entonces la Iglesia es quien gestiona la misma, si bien colaborando con la misma en su conservación y mantenimiento, ya en la época moderna tanto el Estado como otras administraciones públicas, y ello dada su condición de bien de patrimonio histórico”.

El Ayuntamiento de Córdoba pretende este año acabar con el sexismo en la Feria de Mayo y, al menos en la parte que le toca como organizador, por primera vez ha incluido en las bases para instalar las casetas una serie de cláusulas contra el machismo y el uso de la mujer como objeto. “No se admitirá el uso de imágenes que cosifiquen el cuerpo de la mujer, la denigren o usen como reclamo publicitario”, especifica la nueva normativa para la fiesta que comienza el próximo 19 de mayo.

Así, expresamente se ha prohibido el uso de publicidad sexista durante la feria y la Policía Local vigilará que en las casetas no se utilice la imagen de la mujer como reclamo y como un mero objeto. En mente están esas campañas que solo utilizan a chicas jóvenes para reparto de publicidad en el recinto ferial, los carteles publicitarios con la mujer como gancho o las casetas en las que, tras la barra, pareciera que ha habido un mero casting físico para servir copas.

Ahora, como el resto de las bases de las casetas, el incumplimiento de esas normas puede ser objeto de denuncia. Sus consecuencias, según el régimen sancionador previsto, pueden ser apercibimientos y cierres de las casetas, que suelen ser las sanciones más usuales, en función de la gravedad de los hechos, además de ser tenido en cuenta de cara a futuras ediciones de la Feria.

Además, la nueva normativa contempla este año una cláusula en el derecho de admisión para poder negar la entrada a aquellas personas que luzcan símbolos o leyendas machistas, además de cualquier tipo de odio a minorías, religioso o político. Se podrá aplicar “cuando porte ropa o símbolos que inciten a la violencia, el racismo, sexismo o xenofobia”, señala la normativa. Es el caso de grupos de jóvenes que tradicionalmente van a la feria vestidos todos con una misma camiseta encargada para la fiesta, con lemas de distinta índole y que, este año, podrían quedarse en la calle si la leyenda es sexista y denigrante para la mujer.

Brazaletes morados contra agresiones machistas

Con el objetivo de hacer de la Feria un lugar seguro y tranquilo para las mujeres, por segundo año consecutivo también se pondrá en marcha la iniciativa de los brazaletes morados, grupos de voluntarias que, con un pañuelo de ese color anudado en el brazo, estarán atentas por todo el recinto ferial a posibles agresiones sexistas. Ya han estado presentes también en la Feria de Sevilla y estarán en la edición del festival de música Interestelar Sevilla.

El año pasado, en la primera edición de esta iniciativa, se detectaron más de 50 acciones de acoso y de agresión que se lograron evitar gracias a la actividad voluntaria de decenas de mujeres.

Este año, de nuevo, los brazaletes morados se organizarán en la Feria, coordinados por el colectivo Café Feminista, que cuenta con un centenar de mujeres. Los grupos de chicas recorrerán la Feria, atentas a cualquier situación que pueda suponer una agresión machista o verbal.

Tratan de prevenir que ocurra una agresión, interrumpirla o socorrer a la mujer que la esté sufriendo. Y su pañuelo morado las hace fácilmente identificables para que, en un momento dado, cualquier persona pueda acudir hasta ellas. Además, determinadas casetas se señalarán como Puntos Morados, identificadas como espacios que servirán para ayudar a las mujeres y donde se establecerán los protocolos de actuación.

El Ayuntamiento de Córdoba declarará personas 'non gratas' a los cinco jóvenes del grupo de WhatsApp denominado 'La Manada' que han sido condenados a nueve años de cárcel por un delito de abusos sexuales cometido a una joven en los Sanfermines de 2016, frente a los cargos de violación promovidos por la Fiscalía y la acusación particular.

Dicha declaración se realizará a través de una moción conjunta de todos los grupos municipales sobre la que ha informado este jueves en rueda de prensa la viceportavoz de IU y teniente de alcalde, Alba Doblas.

En este sentido, con la moción “se discrepa de la sentencia de la Audiencia de Navarra”, a la vez que “se rechazará un planteamiento patriarcal de la justicia y se debe avanzar en el sentido de no dar ningún tipo de paz a los maltratadores, a quienes abusan y a quienes consideran que las mujeres no son iguales a los hombres”.

Asimismo, se mostrará “el apoyo y solidaridad a la víctima, sus familiares y amistades”, de manera que se declarará personas 'non grata' a José Ángel Prenda, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero “por los hechos realizados”, al tiempo que “se apoyan las movilizaciones convocadas en la ciudad y se insta al Gobierno de España a la modificación urgente del Código Penal para que las interpretaciones patriarcales de los artículos del Código Penal no conduzcan a estos resultados”, entre otros aspectos.

Por otra parte, IU presentará junto a Ganemos dos mociones, una de ellas en la que rechaza la creación dé un producto paneuropeo de pensiones individuales, de manera que insta a la Comisión Europea a retirar la propuesta y que el Gobierno de España apoye su retirada, así como que se estudien “las medidas necesarias para que los sistemas públicos de pensiones garanticen unas pensiones dignas y suficientes”, además de otros puntos.

En cuanto a la segunda moción, es la relativa a instar al Gobierno de la Nación y a las Cortes a que, “a través de la Ley de Presupuestos, se deroguen de la Ley de Haciendas Locales todos los beneficios fiscales en los impuestos de ámbito municipal (IBI e ICO) de las confesiones religiosas”, entre ellas la Iglesia Católica.

En concreto, pretenden que se supriman dichos beneficios fiscales “para todos aquellos inmuebles, que, de manera directa o indirecta, están sustentando o son susceptibles de que puedan sustentar actividades económicas insertas en el ámbito del mercado”.

Durante el verano pasado, Córdoba Laica recibió de manos del Ayuntamiento de la capital cordobesa la información que había solicitado sobre las propiedades que en la ciudad están exentas del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Entre ellas, la Iglesia Católica destacaba como el titular con el mayor número de propiedades exentas de este impuesto -- 443 inmuebles -- y, sobre ellos, Córdoba Laica ha realizado en los últimos meses un trabajo de campo para comprobar qué uso real tienen cada una de esas propiedades de la Iglesia. Este trabajo ha puesto sobre la mesa que entre los 443 inmuebles se encuentran decenas de viviendas, cocheras, locales y edificios de uso comercial, entre otros.

Según los datos aportados por el propio Ayuntamiento de Córdoba, la Iglesia Católica deja de aportar cada año a las arcas municipales una suma de 1.250.000 euros por las propiedades que no pagan este impuesto, del que también están exentos los inmuebles de las propias administraciones: Ayuntamiento (309 inmuebles) o Junta de Andalucía (90)-, las fundaciones (377), la Universidad (20), los monumentos privados (70), Cruz Roja (6) y otras confesiones religiosas (4).

En el caso de la Iglesia, se interpreta que la vigencia del acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos de 1979 señala que están exentos del pago del IBI sus propiedades, como lugares de culto o que no tengan ánimo de lucro. 

Comercios, solares y fincas

El trabajo de campo de Córdoba Laica, que ha desarrollado un estudio comprobando cada uno de los inmuebles por los que no paga IBI la Iglesia, ha arrojado luz sobre el uso de esos 443 inmuebles. Van mucho más allá de parroquias, conventos, seminarios, ermitas o centros de enseñanza concertados. El listado de propiedades de la Iglesia Católica en Córdoba incluye 171 viviendas distribuidas por toda la ciudad -sin contar las que están incluidas en los recintos religiosos-. Junto a ello, también existen hasta 80 locales que se dedican a usos varios como almacenes, tiendas de ropa o distintos comercios.

La lista sigue con 42 cocheras, 16 solares y fincas rústicas, clubes juveniles y también algunos edificios destinados a oficinas o uso comercial.  Se trataría, así, de una serie de propiedades sin vinculación al culto pero que, en la práctica, están exentos del pago del IBI.

Además de esas propiedades, otros inmuebles de la Iglesia sí estarían claramente en la normativa que les evita el pago del IBI, bien sea como lugares de culto -iglesias, ermitas, conventos, etc-, centros parroquiales, centros de enseñanza concertados, hospitales -San Juan de Dios-, universidad -Loyola-, residencias de mayores, fundaciones y casas de cursillos o espiritualidad.

Entre los lugares de culto estaría la propia Mezquita-Catedral, el principal enclave turístico de la ciudad, que ha recibido en el último año 1,8 millones de visitantes que pagan una entrada y por el que la Iglesia deja de abonar al Ayuntamiento un montante de 51.000 euros anuales de IBI.

Con este estudio de fondo, Córdoba Laica prepara un texto para presentarlo como moción a los grupos municipales del Ayuntamiento de Córdoba en el mes de febrero, donde propondrá revisar el listado de inmuebles que actualmente no pagan el IBI, para actualizar su verdadero uso y abordar si deben o no abonar este impuesto.

Córdoba iniciará este mes de enero los trabajos para localizar y exhumar las fosas comunes de la capital cordobesa, fosas en las que se encuentran los restos de alrededor de 4.000 personas represaliadas durante la guerra civil y el franquismo, documentadas en archivos de los cementerios, en escritos de la época y en testimonios orales que han sido recopilados por colectivos memorialistas.

El Ayuntamiento de la capital y la Junta de Andalucía han llegado a un acuerdo para comenzar los trabajos este mes y que empezarán por una compilación de toda la documentación existente para abordar las tareas en las fosas, localizadas en los cementerios municipales de La Salud y de San Rafael.

Este estudio documental será desarrollado por un equipo multidisciplinar de la Junta de Andalucía, en el que habrá de concretarse los archivos y detalles existentes respecto de la existencia de las fosas que serán el objeto de trabajo. Además, uno de los primeros pasos será también la realización de catas en el lugar exacto para ubicar las fosas, una tarea que llevará a cabo el Ayuntamiento de Córdoba. Con estas catas se conseguirá localizar la ubicación concreta y delimitar las fosas sobre las que se deberá actuar posteriormente.

Los trabajos, acordados entre el consistorio cordobés y la dirección general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, quieren dar cumplimiento así tanto a la Ley Andaluza de Memoria Democrática como a los reiterados requerimientos realizados por Naciones Unidas a España para acabar con la situación que viven los familiares de las miles de víctimas de la guerra civil y el franquismo, cuyos restos siguen sin localizarse ni identificarse legalmente.

El inicio de estas tareas ha sido repetidamente solicitado a la Junta y al Ayuntamiento por los familiares de las víctimas en Córdoba, especialmente a través de la asociación ‘Dejadnos Llorar’, que persigue recuperar los restos de sus seres queridos y reparar la dignidad de las víctimas del franquismo que yacen enterradas en las fosas comunes de los cementerios cordobeses.

Ha sido su deseo, expresado recientemente con la apertura de la Oficina de Memoria Democrática en Córdoba en noviembre pasado, en la confianza de que esto supusiera un impulso definitivo para que en 2018 puedan desarrollarse las intervenciones para recuperar los restos de sus seres queridos.

Testimonios de los derechos que quedaron bajo tierra

Es el caso de Luis Raya, nacido en 1893 en Fernán Núñez (Córdoba), que fue agricultor en la Campiña cordobesa. Tuvo ocho hijos y en agosto de 1936 fue requerido por la Guardia Civil para que se personara en el cuartel. Apareció fusilado el 13 de agosto en el cortijo los Llanos de las Torres, según consta en el libro del cementerio de San Rafael de Córdoba.

O el padre de Rosario Moreno, que fue alcalde republicano de Obejo. Ella fue la última persona que lo vio con vida antes de que lo mataran. Después, ya no lo vieron más. Su cuerpo está en la fosa del cementerio de La Salud.

Es el caso también de Carmen Gracia, hija de Antonio Gracia Sánchez, fusilado en Córdoba. Pertenecía al Partido Socialista y era dirigente del sindicato de panaderos. Su mujer iba todos los días a la cárcel, hasta que un día le dijeron que ya no estaba allí. Está enterrado en el cementerio de San Rafael en una fosa común.

O como Francisco y Carmen, nietos de Manuel Jiménez Sevillano, socialista, detenido tras la Guerra Civil y condenado en procedimiento sumarísimo de urgencia. Fue enviado a la prisión provincial de Córdoba, donde murió a los pocos meses. Su cuerpo se encuentra en la fosa común del cementerio de San Rafael de Córdoba.

Testimonios –un sinfín de ellos- como el de Antonio Deza, presidente de la asociación ‘Dejadnos Llorar’. Él fue un niño de la guerra que no llegó a conocer a su padre. Su familia quedó desmembrada por el conflicto. Los que tuvieron suerte terminaron en Argelia, luego en Francia, muchos en Cataluña. Los demás, nueve familiares, están desaparecidos en las fosas comunes de los cementerios de Córdoba.

De todo esto han pasado más de 80 años ya. Y los familiares de las 4.000 víctimas del franquismo que yacen enterradas en las fosas comunes de Córdoba esperan que, de verdad, este 2018 sea el año para recuperar la dignidad de todos ellos.

El mapa de equilibrios que hasta ahora se venía produciendo en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba se ha roto. Desde el acuerdo de investidura y hasta el momento, los socios del Gobierno municipal –PSOE e IU- habían contado con el apoyo de Ganemos Córdoba desde su puesto en la oposición en teoría pero, en la práctica, como un tercer grupo por el que debían pasar las medidas más importantes del Consistorio, dado que de ellos depende sumar la mayoría de concejales. Un Gobierno en minoría de 11 concejales -7 socialistas y 4 de IU- ha necesitado siempre de los cuatro de Ganemos para sumar los votos necesarios frente al resto de la oposición: 11 concejales del PP, 2 de Ciudadanos y uno más de Unión Cordobesa. Pero ese equilibrio se ha roto.

Ganemos Córdoba votó este martes en contra del documento de ordenanzas municipales para 2018, una posición que se sumó a la del bloque del resto de la oposición y con sus 18 votos negativos tumbaron la propuesta del Gobierno en minoría. La coalición de electores venía avisando semanas atrás de su disconformidad con el documento de ordenanzas por no cumplir una serie de puntos acordados entre ellos y el cogobierno. Y si en otras ocasiones estas disensiones se habían resuelto en reuniones de urgencia, acuerdos de última hora y la prevalencia de la buena marcha del primitivo acuerdo de investidura entre los tres grupos municipales, en esta ocasión Ganemos se ha plantado.

El documento de ordenanzas municipales que presentaba el cogobierno apenas tenía cambios con respecto al del año vigente que sí fue apoyado por Ganemos. Y esa realidad ha sido el argumento que se han echado en cara ambas partes para mantener su postura enfrentada. De un lado, el Gobierno municipal se preguntaba por qué, sin apenas cambios, no iba a obtener el voto de Ganemos que apoyó el documento similar el año pasado. Y de otro lado, Ganemos venía a decir que precisamente por no incorporar más cambios de acuerdo con lo pactado entre Gobierno y ellos, esta vez no iban a contar con su apoyo. En la práctica, la ciudad seguirá funcionando con las ordenanzas municipales de este año, sin mayores problemas.

Y a partir de ahora, ¿qué? La baraja de juego parece haberse roto entre cogobierno y Ganemos, ante el acomodo en sus sillones de la bancada de la oposición, sobre todo del PP que ve en esta situación la fragilidad del Gobierno municipal que venía denunciando desde el inicio del mandato dada la aritmética del salón de Plenos.

Ahora queda en manos de PSOE, IU y Ganemos decidir si este movimiento ha sido solo un aviso que se puede reparar con la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento para el año que viene o si, sin embargo, va a ser la tónica de unas nuevas posturas enfrentadas a partir de ahora. Si es así, la tarea al frente del Consistorio puede resultar más que áspera, con el Gobierno en minoría sacando adelante solo las cuestiones que pueden aprobar en Junta de Gobierno Local y esperando obtener los votos de alguno de los grupos de la oposición en el Pleno en un empeño que se antoja difícil.

Pero, a la vista de todos, están las próximas elecciones municipales, aunque aún falten casi dos años. Eso y los movimientos de los distintos partidos a nivel andaluz y nacional pueden explicar la situación que se ha dado en Córdoba. Sobrevuela la posibilidad de una unión electoral entre Podemos e Izquierda Unida a nivel estatal para hacerse con la mayoría del electorado de izquierdas frente al PSOE, y eso haría imposible la comunión entre Ganemos –integrado en parte por el partido morado que además en Andalucía está totalmente enfrentado al PSOE-A- con una Izquierda Unida en Córdoba cogobernando con los socialistas en el Ayuntamiento.

Desde este momento, cada partido de la izquierda quiere marcar su propio perfil y definir sus pasos. Y el camino se antoja complicado.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado el archivo de la denuncia del sindicato CTA contra el exedil del PP en el Ayuntamiento de la capital Rafael Navas por la gestión de contratos sobre el Alcázar de los Reyes Cristianos, al tiempo que Navas ha anunciado que ha encargado el estudio de acciones judiciales contra “quienes promovieron estas calumniosas acusaciones”, tras “cuestionar injustamente” su honradez “sin base alguna con el doble fin de hacer daño” a su persona y “desviar la atención del desastroso cambio de gestión del espectáculo nocturno del Alcázar”.

En una nota, Navas ha argumentado que “este tipo de denuncias falsas con acusaciones sin base jurídica que acaban siendo archivadas por un juez no deben quedarse impunes”, de modo que considera que “debe lucharse contra aquellos que usan la justicia de forma espúrea buscando hacer daño aprovechando la repercusión que estas acciones tienen en los medios de comunicación, así como contra aquellos y aquellas responsables de la administración que apoyan este tipo de actuaciones”.

Ante ello, ha afirmado que ha quedado demostrado que el objetivo del equipo de gobierno en el que él participó era que “la ciudad contara con una actividad turística para conseguir aumentar las pernoctaciones y fomentar el empleo, todo ello recibiendo el Ayuntamiento de Córdoba unos importantes ingresos mediante un canon, y con la creación de numerosos empleos directos e indirectos”.

Sin embargo, “la realidad ahora es que el Alcázar está perdiendo número de visitas mes a mes tras permanecer sus puertas cerradas por la tarde-noche y algunos festivos, que Córdoba no cuenta ya con un espectáculo nocturno de primer nivel, que el Ayuntamiento ha dejado de percibir importantes ingresos, y que 13 personas de forma directa han quedado en paro”, ha advertido el exconcejal.

Por tanto, Navas ha explicado que “aquí sólo hay una realidad, y es que el 15 de junio de 2015, algunos representantes municipales, entre ellos el denunciante, pidieron al actual cogobierno municipal la ruptura de la gestión público-privada del espectáculo de luz y sonido del Alcázar y que se gestionara exclusivamente desde lo público, a pesar de que desde todos los ámbitos turísticos se reconocía como un éxito ese modelo de gestión”.

Al respecto, ha remarcado que “los responsables políticos actuales sabían que la propuesta era inviable y por tanto era necesario poner el 'ventilador' para desviar la atención ante un fracaso anunciado de ese modelo público de gestión del espectáculo de luz y sonido, como el tiempo ha demostrado”, puesto que “hoy no existe ya el mencionado espectáculo nocturno”. Esto explica, a su juicio, “por qué se produce esa falsa denuncia”.

Además, ha agregado que la realidad supone actualmente “una importante pérdida de ingresos para todos los cordobeses, que las 13 personas que estaban trabajando estén en paro, que hoy no haya espectáculo de luz y sonido en el Alcázar ni un solo día al año --antes había tres pases en invierno y cuatro en verano todos los días del año-- y que los horarios de visita al Alcázar se han visto notablemente reducidos, porque, ahora, está cerrado todos los lunes, todos los domingos y festivos por la tarde, y todas las tardes desde el 15 de junio al 15 de septiembre”.

En su opinión, “contra eso es contra lo que deberían actuar y trabajar quienes se han dedicado a desprestigiar” su persona y la gestión realizada por el anterior gobierno municipal. Navas cree que “quienes han impulsado y apoyado esta denuncia han quedado en ridículo y se ha puesto de manifiesto su mala fe, que sólo ha servido para dañar las arcas públicas, para dañar el turismo de Córdoba, y para la pérdida del empleo de 13 personas”. En definitiva, “todo esto ha sido hecho a costa del interés general de Córdoba y los cordobeses”, ha apostillado.

Mientras, ha indicado que ahora se anuncia que “dan un paso parcial atrás y vuelven a un modelo similar al que denunciaron, pues en breve la misma empresa que lo gestionaba iniciará un nuevo espectáculo con menos pases --uno en invierno y dos en verano y lunes cerrado--, menos personal contratado, muchas menos horas de apertura del Alcázar, cobrando del Ayuntamiento en vez de pagando un canon al mismo, y siendo ahora todos los gastos de mantenimiento a cuenta del Consistorio”.

QUE PIDAN “DISCULPAS”

Entretanto, Navas ha defendido que “ha quedado claro” tras la resolución judicial que su actuación fue “correcta y en beneficio de las arcas municipales y del turismo de Córdoba”, y que todos los contratos que él firmó “contaban con los informes de los técnicos competentes, supervisados por los controles que eran necesarios, y con todos los requisitos de transparencia que marca la legislación vigente, cuestiones que conocían perfectamente los denunciantes y los responsables políticos que han apoyado esta forma de actuar”.

Así, ha subrayado que dichos denunciantes y políticos que han apoyado “deberían pedir disculpas” no solo a él, sino a todos los cordobeses “por el daño causado a las arcas del Ayuntamiento, al turismo de la ciudad y a las familias que han dejado en paro de forma directa”.

Lograr la titularidad pública de la Mezquita-Catedral. Ese es el objetivo con el que nace la comisión de expertos creada por el Ayuntamiento de Córdoba para tal fin y que estará presidida por Federico Mayor Zaragoza, el que fuera director general de la Unesco cuando este organismo internacional protegió el emblemático monumento cordobés con el título de Patrimonio de la Humanidad.

La puesta en marcha de la comisión, que ha sido presentada este viernes por la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, junto al propio Mayor Zaragoza, se completará con el nombramiento de cuatro asesores más “de reconocido prestigio”, de ámbito nacional e internacional, que realizarán su labor de asesoramiento desde el punto de vista “jurídico, administrativo, patrimonial y cultural”.

La elección de Federico Mayor Zaragoza para guiar este trabajo viene apuntalada no solo por su conocimiento de la Unesco y de la propia Mezquita-Catedral cuyo título de Patrimonio de la Humanidad impulsó, sino por su postura en defensa de la titularidad pública del monumento desde que se conoció que la Mezquita fue inmatriculada por la Iglesia inscribiéndola a su nombre en el Registro de la Propiedad en 2006 sin tener título de dominio sobre ella. De hecho, Mayor Zaragoza fue una de las personalidades que firmaron un manifiesto reclamando que el monumento fuera público, promovido por la Plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos.

“No ha asistido impasible a la privatización” del conjunto monumental ha dicho sobre ello la alcaldesa de Córdoba, en alusión a su idoneidad para presidir la comisión de trabajo que se constituirá formalmente el 20 de junio próximo y que se ha marcado como objetivo elaborar un informe completo para presentárselo al Ayuntamiento el próximo otoño. En base a ese documento, será el equipo municipal de gobierno quien deba decidir los pasos a dar desde la institución para reclamar la titularidad pública del monumento.

Sobre ello, la alcaldesa ha afirmado que “se tomarán las decisiones más rentables, eficientes y que permita con más garantías avanzar en la titularidad pública”, para lo cual espera tener el informe del grupo de expertos con “argumentos contundentes y establecer una estrategia para conseguir la titularidad”. En ese camino, Isabel Ambrosio no ha renunciado a que el Ayuntamiento pueda acudir a los tribunales. “No se descarta nada”.

La Mezquita como icono mundial

Federico Mayor Zaragoza ha advertido que la Unesco puede declarar el monumento como Patrimonio Mundial “en peligro” si no se cumplen los valores “excepcionales” de “convivencia” y respeto entre culturas por el que fue protegido por este organismo internacional. En ese sentido, ha destacado “su valor desde un punto de vista cultural pero también de civilización, de convivencia y fraternidad”.  “Es un icono a escala mundial de convivencia, fraternidad y solidaridad”, ha añadido sobre el principal atractivo turístico de la capital cordobesa, un monumento que define como símbolo entre culturas.

En ese sentido, desde el Ayuntamiento se ha defendido que “los motivos excepcionales por los que se le concedió el título de Patrimonio de la Humanidad tienen que ser respetados por todos”, en palabras de la alcaldesa. Una afirmación en alusión a la Iglesia que ha querido borrar el nombre de Mezquita de la nomenclatura del monumento y llamarlo solo como Catedral, hasta que rectificó el pasado año.

El Ayuntamiento de Córdoba va a poner en marcha un nuevo organismo municipal con participación directa de colectivos implicados pero, esta vez, en un ámbito muy particular: las mascotas. Así, el denominado Consejo Municipal de Animales Domésticos verá la luz en las próximas semanas y será una iniciativa pionera en Andalucía para tratar las políticas municipales que se lleven a cabo acerca de los animales de compañía que viven en la ciudad.

Según ha informado el propio Ayuntamiento, se trata de un órgano de carácter consultivo que asesorará al propio Consistorio y a la empresa municipal Sadeco encargada del Centro de Control de Animales (CECA) en todo lo que tiene que ver con la convivencia de los animales domésticos en la ciudad y también sobre el cuidado de los que llegan hasta la perrera municipal. Los últimos datos señalan que Córdoba cuenta con un censo de 70.000 perros, una cifra alrededor de la cual gira una gran parte de los vecinos de la capital.

Protectoras de animales

De este nuevo organismo, para cuya creación ya ha habido diversas reuniones y se ultima ahora la redacción del documento constitutivo, formarán parte las protectoras de animales de Córdoba. Una veintena de ellas integran la Federación de Protectoras de Córdoba, que será quien las represente en el nuevo Consejo Municipal de Animales Domésticos con el fin de realizar las aportaciones de estos colectivos en el trato a las mascotas por parte de la administración local.

“Hay muchísimos temas que mejorar”, cuentan a eldiario.es/andalucia fuentes de las protectoras, que saludan “positivamente” la creación de este organismo y “la disposición a hablar” del Ayuntamiento sobre un tema en el que estos colectivos han estado siempre alerta. Pretenden, ahora desde este consejo, asesorar al Consistorio basándose en su propia experiencia.

Entre los asuntos que las protectoras plantearán en el nuevo organismo municipal será la instalación de parques caninos en la ciudad, con un diseño y servicios adecuados para perros y dueños, además de trasladar al Ayuntamiento todas aquellas demandas de colectivos y dueños de mascotas con las que habitualmente tienen trato las asociaciones y protectoras que trabajan por el bienestar de los animales. De momento, a comienzos de este año, Córdoba estrenó el primer parque para el esparcimiento canino, con unos 2.000 metros cuadrados específicamente para que los canes puedan correr sueltos. Y la idea del Ayuntamiento es ampliar a otras zonas de la ciudad estos parques, para lo cual contará ahora con el asesoramiento de los colectivos implicados en el órgano municipal.

Asimismo, las protectoras propondrán al Consistorio aplicar el ‘método CES’ (captura, esterilización y suelta) con las colonias de gatos que existen en diversos puntos de la ciudad. “Se trata de controlar las colonias felinas, como se hace en muchas ciudades de Europa”, argumentan.

Y, de otro lado, creen “urgente” desarrollar una serie de medidas para los animales que llegan hasta el Centro de Control Animal municipal y “mejorar la calidad de su estancia allí”, unas medidas que desde el Ayuntamiento ya se están teniendo en cuenta para establecer un protocolo de desparasitación, vacunas y aislamiento para evitar contagios de enfermedades entre los distintos animales que llegan hasta el centro, en su mayoría perros.

De hecho, a través de un convenio con la Universidad de Córdoba, el Centro de Control Animal va a rediseñar las instalaciones y tareas en dicho espacio para procurar la salud de las mascotas que llegan hasta él, muchas veces en contacto con distintas patologías. Y para ello, se están tomando medidas como la vacunación de todos los animales que entran en el CECA, el establecimiento de una zona de bioseguridad donde se aísla a la mascota cuando llega para comprobar si porta alguna enfermedad, independizar las jaulas para evitar el contacto entre animales y extraer una muestra de ADN a los que salgan de allí en adopción para garantizar su seguimiento si vuelve a ser hallado sin dueño.

“Los primeros días, era incapaz de dormir en la cama”. Los nervios y las emociones atenazaban a este chico de 35 años que, después de tres años viviendo en la calle, ha estrenado una nueva vida en un piso a partir del cual reconstruir su presente y pensar en tener un futuro. Él –al que preservamos su identidad- forma parte del programa Hábitat que trabaja con los sintecho -personas sin hogar que viven en la calle durante años y que sufren aparejadas algunas enfermedades. Este programa lo han puesto en marcha en Córdoba el Ayuntamiento y la Fundación RAIS (Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral).

Hasta hace nada, él y otras nueve personas vivían en la calle, dormían en cajeros, en algún lugar abandonado o de albergue en albergue en el mejor de los casos. Durante al menos tres años su vida ha transcurrido en las cunetas de la sociedad, apartados de todos los cauces sociales y en el último escalón de la exclusión, hacia donde nadie mira. Y ahora, esta iniciativa les ofrece una nueva oportunidad, una nueva vida bajo un techo.

200 personas sin techo

A este programa se han podido acoger quienes, de entre las doscientas personas que se contabilizaron que viven en la calle en Córdoba, cumplían unos requisitos extremos: llevar varios años como vagabundos, tener alguna enfermedad mental o problemas con el alcohol y las drogas. A partir de ahora, tienen la oportunidad de recomponerse y mirar al futuro. “Es como si fuera mi casa, puedo vivir aquí, recuperarme, entrar en la sociedad, ser una persona normal y corriente”, relata este joven beneficiario que lleva algo más de un mes en su vivienda. Una nueva oportunidad sin una fecha límite, más que la que marque su recuperación y con los compromisos de mantener en buen estado la vivienda y una buena convivencia con la comunidad de vecinos.

El 90% logran la reinserción

Su horizonte, ahora bajo techo, no tiene fecha de caducidad. Este programa de reinserción les permite vivir en el piso asignado el tiempo necesario para reconstruir sus vidas, para que de verdad vuelvan a la sociedad y dormir en una cama no les sea algo extraño. Se trata de depositar en ellos la confianza que no han tenido de nadie en mucho tiempo y, a partir de ahí, desarrollar su día a día de forma autónoma. Y los resultados, según cuentan los responsables del programa en España, están ahí: alrededor del 90% de los beneficiarios se mantiene en el programa y desarrolla su reinserción social.

“En la calle te puedes encontrar de todo. Te sientes como desnudo. Siempre estás en alerta. La calle te hace muy desconfiado”, relata sobre su vida pasada. Después de ocho años en España desde que llegó de Bulgaria con problemas de drogadicción y varias recaídas, tiene en sus manos las llaves de un hogar, en ese hogar donde los primeros días no fue capaz de dormir en la cama. “Tenía las emociones y los sentimientos alerta”. Alerta como en mitad de la nada donde dormía antes, junto a uno de los molinos del Guadalquivir, donde cuenta cómo le robaban y le quemaban sus pertenencias.

Ahora, de vuelta a la sociedad a través de esta iniciativa, su día a día comienza cada jornada con la sencillez de levantarse de la cama y desayunar, algo que, sin embargo, no había hecho en mucho tiempo. Después, la jornada se completa con las labores de la casa, la visita de una técnico del programa Hábitat que cada semana realiza un seguimiento de su caso y la puesta en orden de las gestiones administrativas habituales que hasta ahora no había tenido que hacer porque no tenía un techo: empadronarse en su nuevo domicilio, darse de alta en el centro médico del barrio o conocer los recursos del centro cívico de su distrito.

Trabajador de la construcción en los años del boom inmobiliario antes de caer abandonado en la calle, ahora busca trabajo como un parado más, con su ficha abierta en el servicio público de empleo y con un curso formativo de cocina que le ha demostrado que sabe y le gusta cocinar. Ahora, con esta nueva oportunidad que se le ha brindado, tiene esperanzas de encontrar de nuevo un empleo pero, después de todos estos años, no cree en la suerte: “La suerte tienes que buscarla tú, con fuerzas y ganas para salir adelante”, dice seguro de estar en el camino correcto.

El Ayuntamiento de Córdoba está investigando los bienes inmatriculados por la Iglesia a su nombre en el Registro de la Propiedad por si alguno de ellos fueran en realidad públicos y esta investigación ya ha arrojado sus primeros resultados. Se trata de dos bienes sobre los que cabría reclamar su titularidad pública: una ermita y distintos espacios de una plaza pública.

El Consistorio cordobés requirió en su día “certificado sobre las inmatriculaciones registradas a nombre del Cabildo de Córdoba, a todos los registros de la propiedad de nuestra ciudad”, según consta en un escrito de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, en respuesta sobre este asunto al grupo municipal de Ganemos Córdoba.

En dicho escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucia, consta que toda la información recabada de los siete Registros de la Propiedad de la capital cordobesa se dirigió a la Gerencia Municipal de Urbanismo para que fuera ésta la que iniciara una investigación con el fin de comprobar si las inmatriculaciones afectaban a bienes municipales.

Así, sobre el listado de inmatriculaciones halladas –del que no se ha hecho público cuántos bienes lo componen- se trasladó solicitud de informe a Urbanismo para que aportase concretamente “información relacionada con el conjunto de bienes inscritos en los distintos Registros de la Propiedad de Córdoba a favor de la Diócesis de Córdoba por su posible afección a bienes de titularidad municipal”, según indica el escrito de la alcaldesa. Y, de momento, Urbanismo ha señalado directamente a dos casos concretos en los que se habrían encontrado “títulos de propiedad que resultarían contradictorios”.

Se trata de la Ermita de los Santos Mártires, junto al río Guadalquivir, y de espacios de la Plaza de Nuestra Señora de la Fuensanta. Por un lado, se señala a la ermita sobre la que, en estos momentos, se está “completando su expediente de investigación” y por otro lado, se apunta a “espacios libres existentes entre las construcciones destinadas a uso religioso, vivienda y almacén sitas en la Plaza Nuestra Señora de la Fuensanta, actualmente en proceso judicial”. Y es que sobre esta plaza, tras protestas vecinales, ya abrió un expediente administrativo el propio Ayuntamiento para reclamársela a la Iglesia, procedimiento administrativo sobre el que el Cabildo presentó un recurso judicial y logró parar al considerar los tribunales que el acuerdo de la Junta de Gobierno municipal del consistorio no era el órgano que debía haber tomado la decisión de reclamar la plaza.

Así las cosas, ahora la plaza pública se incluye dentro de este nuevo intento del Ayuntamiento que trata de averiguar la totalidad de bienes inmatriculados por la Iglesia en la capital. Sobre ese listado completo prosigue la investigación desde el área de Urbanismo, que deberá ofrecer como resultado un informe con los bienes públicos que hayan sido registrados por la Iglesia y sobre los que el Ayuntamiento pueda actuar para reclamar su titularidad.

El alcance de la operación urbanística sobre bienes públicos

Este escrito de la alcaldesa responde a una petición formulada en el Pleno municipal por el grupo Ganemos Córdoba para que se hiciera público el listado de las inmatriculaciones que pudieran afectar a bienes municipales y conocer así “el alcance de esta operación urbanística sobre el patrimonio de los bienes públicos y municipales”.

Isabel Ambrosio señala sobre este extremo que se trata de una “documentación que obra en el oportuno expediente abierto en nuestro departamento de Patrimonio, y que se encuentra a disposición de los y las capitulares que quieran hacer cualquier consulta sobre este extremo”, aunque a esta consulta no puedan acceder más personas que los concejales.

De hecho, sobre la exposición pública de este listado se limita a decir que “las propiedades inmatriculadas a nombre de la Iglesia Católica, como las registradas a nombre de cualquier sujeto de naturaleza pública o privada, son públicas en cuanto cualquier ciudadano o ciudadana puede solicitar al Registro de la Propiedad que corresponda información sobre la pertenencia o no de algún edificio o terreno a quien en cada momento pudiere considerarse propietario”.

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este martes los presupuestos municipales para este año 2017 y se ha convertido así en la primera capital de provincia de Andalucía en sacarlos adelante. Aun así, el consistorio cordobés no se escapa de la complicada aritmética que se vive en los ayuntamientos de las capitales andaluzas, con difíciles equilibrios de fuerzas entre los distintos grupos políticos, tanto en el gobierno como en la oposición, que han provocado que hasta el momento ninguna otra capital de Andalucía cuente con un documento de cuentas aprobado para el año vigente.

Y todo ello se complica si, además de las cuitas locales de cada partido, de fondo se marcan líneas estratégicas por las formaciones políticas a nivel regional o nacional. En un extremo de este panorama se encuentra Cádiz, donde Por Cádiz Sí Se Puede ostenta la alcaldía y hasta el momento no cuenta con el respaldo de PSOE ni PP para aprobar los presupuestos. El equilibrio de fuerzas y la necesidad de acuerdos para sacar adelante las cuentas municipales se repite en capitales como Granada –donde gobierna el PSOE con el apoyo de Ciudadanos-, en Málaga –donde el PP necesita a Ciudadanos para aprobar los presupuestos-, o en Almería, donde se repite esta simbiosis. En Sevilla, el gobierno municipal del PSOE se sostiene con los votos de IU y Participa Sevilla, mientras que en Jaén gobierna el PP con la necesaria abstención de Ciudadanos y en Huelva, donde el PSOE también gobierna con mayoría simple y necesita de votos de otros grupos.

El ejemplo de Córdoba, pese a ser la única capital de Andalucía que cuenta con presupuestos para 2017, es reflejo también de la situación que se vive en otras ciudades, donde el camino hacia acuerdos para probar el documento de las cuentas municipales está sembrado de obstáculos entre partidos.

De hecho, el gobierno de PSOE e IU en el consistorio cordobés llegó a programar para diciembre pasado la aprobación en Pleno de los presupuestos, pero tuvo que dejar fuera del orden del día ese punto ante la falta de acuerdo con Ganemos Córdoba, la fuerza que con sus votos posibilitó el actual gobierno de coalición en minoría y con quien firmaron un pacto de investidura con 51 medidas. La asamblea de esta formación donde convergen Podemos, Equo y movimientos sociales dijo 'no' entonces a la aprobación de los presupuestos tal y como los presentaban PSOE e IU. Y cogobierno y Ganemos tuvieron que “darse un tiempo” para reconducir las negociaciones hasta el acuerdo final.

Ese margen de tiempo ha tenido su fin en este martes 17 d enero con la aprobación de las cuentas, pero hasta el último momento -in extremis-, no se ha producido el pacto final. De hecho, la propia alcaldesa quiso presentar el acuerdo en rueda de prensa el lunes por la mañana -24 horas antes del pleno de aprobación- y tuvo que anular la convocatoria ante la falta de acuerdo con Ganemos a esas alturas aún. Horas más tarde, ya por la tarde y a contrarreloj, las tres formaciones políticas ratificaban el acuerdo alcanzado con la rúbrica de un documento de nueve páginas y unas cuarenta medidas -concretas y con fecha de ejecución- con el que Ganemos Córdoba ha querido asegurarse el desarrollo de las políticas que firmó con su apoyo en el acuerdo de investidura.

Hasta aquí, el peregrinaje de negociaciones, reuniones, acuerdos y desacuerdos producido en estos últimos meses en Córdoba, que sirve de ejemplo para ilustrar la realidad a la que se enfrentan los grupos políticos en los ayuntamientos de las capitales andaluzas, donde quedaron atrás las mayorías absolutas y sólo con acuerdos entre distintas formaciones se podrán aprobar las cuentas de las que depende cada ciudad y los servicios a sus vecinos.

Muchas de las enfermedades denominadas como raras suponen una merma paulatina en las capacidades funcionales de las personas y, hasta ahora, apremiados por la urgencia de obtener una cura para su enfermedad, las administraciones parecían haber dejado de lado la perspectiva de estas personas como ciudadanos de pleno derecho para hablar sobre cualquier asunto que como tales les incumbe. Ahora, el Ayuntamiento de Córdoba va a echar a andar el Consejo Local de la Discapacidad y las Patologías Minoritarias, un órgano que asesorará al gobierno municipal en sus decisiones desde la perspectiva de quienes padecen alguna discapacidad, incluyendo de manera pionera a las personas con enfermedades raras.

Así se recoge bajo el epígrafe de Patologías Minoritarias con el que el Ayuntamiento quiere sumar a estas personas en el Consejo Local de la Discapacidad, un órgano asesor de carácter consultivo y deliberante en el que estarán presentes, además de los representantes municipales y de otras instituciones, miembros de asociaciones y colectivos que trabajan a diario con personas que presentan alguna merma en sus capacidades funcionales.

“Quienes padecen enfermedades raras sufren a menudo efectos discapacitantes”discapacitantes, explica a eldiario.es/andalucia quien está al frente de esta iniciativa en el Ayuntamiento de Córdoba como concejal de Servicios Sociales, Rafael del Castillo. Pero, en la práctica y hasta el momento, no se les había tratado desde esa perspectiva en la tarea diaria de las decisiones municipales que conlleva una ciudad como Córdoba. Ahora, mediante este nuevo órgano y bajo el paraguas del Reglamento Municipal de Participación Ciudadana, sus necesidades y su óptica servirán para asesorar al consistorio en todo aquello en lo que la discapacidad deba ser tenida en cuenta.

Así lo establece el Reglamento de este nuevo órgano que el Ayuntamiento prevé aprobar en el próximo pleno municipal: el Consejo Local de la Discapacidad y las Patologías Minoritarias será “el órgano consultivo de participación ciudadana del municipio de Córdoba en materia de discapacidad, emitiendo los dictámenes y formulando las propuestas sobre los asuntos que les sean planteados o sobre los quiera manifestarse dentro de sus atribuciones”, señala el documento al que ha tenido acceso este medio.

Y es que, hasta el momento, los colectivos que trabajan en el ámbito de la discapacidad en Córdoba habían llevado su voz a la toma de decisiones políticas del Ayuntamiento a través de comisiones sectoriales que trataban asuntos que les afectaban específicamente, como la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, el urbanismo, el transporte o los servicios sociales. Pero, a partir de ahora, las personas y asociaciones que trabajan a diario con la diversidad funcional contarán con un órgano asesor propio, que guiará al Ayuntamiento en todos los aspectos desde la perspectiva de quienes necesitan una especial atención por sus capacidades distintas.

En este órgano, además del Ayuntamiento y los colectivos de personas con discapacidad, estarán presentes otras instituciones como la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno en Córdoba y la Universidad, además de organizaciones sindicales y empresariales, entidades ciudadanas y órganos sectoriales.

Entre las funciones que el reglamento del nuevo Consejo Local de la Discapacidad y las Patologías Minoritarias de Córdoba recoge sobre la labor de este órgano se encuentran las de asesorar y emitir propuestas con referencia a los planes, programas y actuaciones que se refieran o afecten a la discapacidad, velar por el cumplimiento en el ámbito municipal de las normas establecidas en el ordenamiento jurídico en materia de discapacidad e informar sobre las necesidades correspondientes a su ámbito de actuación y en defensa de las personas con diversidad funcional. Junto a ello, este órgano será informado por el área de Servicios Sociales municipal en todo aquello que afecte a las personas con discapacidad, además de encargarse de promover fórmulas que permitan una mayor sensibilización ciudadana con respecto a la discapacidad.

De igual forma, el nuevo Consejo Local prevé ser una herramienta para dinamizar los procesos participativos sobre las políticas de accesibilidad y discapacidad municipales, además de facilitar la coordinación de instituciones públicas y privadas en este ámbito, y fomentar el asociacionismo y voluntariado en el campo de la colaboración con estas personas y los colectivos que las representan.

El Pacto por el Clima que los grupos políticos del Ayuntamiento de Córdoba –excepto el PP- firmaron en diciembre del año pasado, y un acuerdo municipal posterior contra el uso del glifosato de los herbicidas químicos han dado a luz en la práctica una medida innovadora para el cuidado de los jardines públicos: emplear tratamientos naturales y ecológicos para eliminar las plagas que afectan habitualmente a las plantas y eliminar así el uso de productos químicos.

De una manera experimental cuyos resultados se evaluarán a final de año, los Jardines de Orive, el Parque Juan Carlos I y la rosaleda de la Plaza de Andalucía de la capital cordobesa han sido los tres espacios seleccionados como particular laboratorio medioambiental en este proyecto. En ellos, se ha sustituido el uso de los productos químicos y herbicidas tradicionales por especies depredadoras que, de manera natural, acaban con las plagas que merman a las plantas en el período estival.

Ejército biológico

Así, contra los pulgones, las polillas, las cochinillas y las arañas rojas que pueden invadir los jardines, se han soltado de manera controlada especies que, de forma biológica, mantienen a raya a las plagas que azotan los espacios verdes. “Se trata de introducir especies que acaban con las plagas de manera natural dentro de su cadena biológica”, explica a eldiario.es la concejala de Medio Ambiente en Córdoba, Amparo Pernichi.

Para reducir los efectos del pulgón, actuarán mariquitas, varias especies de avispas y el aphydoletes, un depredador específico de esta plaga. Para frenar a la araña roja, otros dos insectos depredadores y otros arácnidos que actúan también contra las polillas. Y, en un cuarto parque del centro de la ciudad, los Jardines de Colón, se empleará próximamente un quemador específico para acabar con las malas hierbas de manera natural sin que pasen por los herbicidas.

Los máximos beneficiados de estos tratamientos naturales pero específicos serán los rosales, las catalpas, jacarandas y árboles cítricos que acusan la invasión de estas plagas de insectos y que forman parte de los jardines y espacios verdes seleccionados para introducir estos tratamientos biológicos. 

Feromonas para el exterminio

Junto a la suelta de depredadores, se ha aplicado también otra forma de contrarrestar de manera biológica las especies que perjudican los parques y jardines de la ciudad, como es con la exposición de feromonas: hormonas que atraen a los individuos que conforman las plagas para que puedan ser exterminados de manera natural.

“Sin duda,  es la mejor forma de captar en un primer estadio las plagas y poder reducir la emisión de productos químicos perjudiciales para nuestros vecinos y mascotas”, defienden desde el Ayuntamiento, que apuesta por restablecer la cadena biológica natural como forma de luchar contra las plagas de insectos y lograr así “espacios más sostenibles y más saludables”.

Los servicios de Parques y Jardines sobre este proyecto evaluarán la efectividad de un método de control biológico que ya ha sido probado en ciudades como Almería o Salamanca y cuyas experiencias se mostraron en el último Congreso Nacional de Parques y Jardines celebrado en Huesca. Si los resultados son positivos como se espera, estos tratamientos se extenderán a más zonas verdes de la capital cordobesa.

Dos exconcejales del anterior gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Navas y Miguel Reina, deberán declarar en calidad de investigados ante los juzgados de la capital cordobesa acusados de delitos de “presunta prevaricación administrativa” por 'troceo' de contratos.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba tiene abierta una causa por estos hechos en los que los exconcejales populares estaban llamados a declarar el pasado mes de abril pero la cita judicial se pospuso hasta que el juzgado resolviera la petición del sindicato CTA de personarse en la causa como acusación popular, sindicato que fue el que denunció ante la Fiscalía los hechos.

CTA así lo solicitó en su momento pero se le impuso una fianza para ello de 15.000 euros que recurrió y, ahora, la Audiencia Provincial de Córdoba acaba de resolver el recurso y rebaja la fianza a 4.000 euros, montante que el sindicato sí podrá aportar según ha confirmado para personarse en la causa finalmente. Así las cosas, se está a la espera de que el juzgado ponga de nuevo fecha a la citación de los dos exconcejales investigados para declarar.

Sobre los hechos que se investigan, además de los escritos de denuncia de CTA que la Fiscalía tomó en consideración, existe un informe realizado de oficio por la Intervención General del Ayuntamiento de Córdoba que constata el 'troceo' de contratos que durante el anterior mandato municipal bajo el Gobierno del PP se realizó para adjudicar el espectáculo de agua, luz y sonido en el Alcázar de los Reyes Cristianos de la capital cordobesa.

El documento municipal –al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucia- realiza un pormenorizado informe sobre los contratos menores que se hicieron en 2014 y 2015 a la empresa EMTE para la adjudicación del espectáculo en el Alcázar y señala en sus conclusiones que existen indicios de “una serie de irregularidades cometidas en la tramitación de los expedientes examinados” por la delegación de Turismo que entonces lideraba el concejal del PP Rafael Navas.

“Fraccionamiento indebido”

Entre esas irregularidades está el “fraccionamiento indebido” del contrato para este servicio, un ‘troceo’ de lo que debiera haber sido un solo contrato de más valor y, por tanto, sin que se pudiera adjudicar directamente debido a los límites legales en cuanto a su montante. Así lo expone el documento municipal que señala que “debió considerarse un sólo expediente de contratación, no susceptible de ser tratado como contrato menor”.

Junto a ello, la Intervención General municipal constata que la adjudicación del espectáculo del Alcázar se prorrogó de manera irregular. “Se acuerda la prórroga de un contrato administrativo especial” que, en su cláusula tercera, literalmente señalaba que tenía “carácter de improrrogable”, pese a lo cual se concatenaron los contratos.

Asimismo, entre las irregularidades detectadas en este informe se apunta al valor del contrato de adjudicación del servicio, que se alteró para realizar varios contratos menores. El informe avala que si se hubiera calculado correctamente el valor del contrato de adjudicación del espectáculo, sería más elevado y “repercutiría principalmente en la no calificación del contrato como menor y en consecuencia en la imposibilidad de utilizar el procedimiento de adjudicación directa”.

A todo ello, se une que entre el 1 y el 31 de marzo de 2015, queda constatado que la empresa adjudicataria del espectáculo de agua, luz y sonido en el Alcázar “presta el servicio careciendo del título jurídico habilitante para ello”, es decir, sin el pertinente contrato.

Este listado de irregularidades que aparecen desarrolladas en el exhaustivo informe de la Intervención General municipal acaba por aconsejar que la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento lo estudie para decidir si el Consistorio lo hace llegar al juzgado que estudia estos hechos y si se persona en la causa que se investiga, por los perjuicios económicos que hubieran sufrido las arcas municipales. “Verificados estos datos no cabe duda de que se ha producido un enriquecimiento injusto del contratista (…) con el correlativo perjuicio económico para el Ayuntamiento de Córdoba”, afirma el informe municipal.

Asimismo, en el caso del Instituto Municipal de Deportes que dirigía Miguel Reina, se investiga el presunto fraccionamiento irregular del contrato con el despacho catalán de abogados Cuatrecasas, al que se le encargaron varios trabajos, entre ellos el del proceso del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en este organismo municipal. Según los hechos denunciados, Miguel Reina firmó dos decretos en los meses de mayo y octubre de 2013 para saltarse así el límite económico para este tipo de contratos menores (30.000 euros) cuando el montante completo de la factura del bufete catalán ascendía a más de 36.000 euros.

Los técnicos municipales del área de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba venían trabajando en ello y una moción aprobada el pasado mes de julio por unanimidad de todos los grupos en el Pleno otorgó carta de acuerdo político a su tarea: la renegociación de los préstamos bancarios para rebajar los intereses que el consistorio paga por ellos, actualizarlos a los índices actuales y dejar de pagar así un dinero que se necesita emplear en servicios y programas municipales.

El resultado de esa tarea acaba de llegar: la comisión de Hacienda del Ayuntamiento ha dado a conocer el ahorro de casi cuatro millones de euros en el pago de intereses a los bancos tras renegociarlos a la baja  con tres entidades: Cajasur, Caja Granada y BBVA, con quienes el consistorio mantiene una deuda crediticia de 18 millones de euros en total.

Según los datos del área de Hacienda municipal a los que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, los intereses han sido rebajados con criterios de “prudencia financiera”, bajando del 5% al 0.8% con Cajasur –el grueso de esta operación de ahorro para el Ayuntamiento-, del 1,75% al 0,6% con BBVA y del 1,5% al 0,9% con Caja Granada.

La tarea de los técnicos de Hacienda proseguirá ahora para intentar aumentar ese ahorro reduciendo el pago de los intereses de otros préstamos bancarios con entidades con las que aún no se ha llegado un acuerdo, como son Bankia, Santander o La Caixa. De hecho, el equipo de gobierno estudia volver a licitar deuda con esas entidades para reducir los intereses y amortizar así la deuda que tiene contraída con ellas con tipos de interés antiguos.

La pregunta ahora es cómo se puede ver traducido para los cordobeses ese dinero que el Ayuntamiento ya no tendrá que emplear en pagar intereses a los bancos. De entrada, el ahorro de cuatro millones conseguido ahora sumará en positivo en las arcas municipales a lo largo de los ejercicios en los que los préstamos están vigentes, a razón de 400.000 euros anuales si las condiciones se mantienen como las actuales.

Así, para 2017, esos 400.000 euros reducidos del gasto corriente del Ayuntamiento irán a la casilla del ‘haber’ en los presupuestos municipales que ahora se están elaborando y se podrán traducir, a su vez, en gastos corrientes del consistorio como son sus servicios públicos, programas de cada delegación y empresas municipales, según la información ofrecida a este medio desde la delegación de Hacienda.

Esos 400.000 euros ahorrados en intereses para 2017 suponen una cantidad similar, por ejemplo, a la que mantiene en funcionamiento el gasto municipal propio del programa ‘Córdoba es mi barrio’, que conlleva obras de infraestructuras en distintas zonas de la capital.  Ese mismo montante supone dos tercios del dinero destinado a Ayudas para el Alquiler por el Ayuntamiento cordobés al año.

O, suma también, el presupuesto los programas de las delegaciones de Salud y Consumo municipales, o los programas llevados a cabo desde el área de Educación e Infancia. Un ejemplo más: esos 400.000 euros son asimilables igualmente a las tasas que los visitantes pagan al año por sus entradas al Zoológico de la ciudad o lo que ingresa el Ayuntamiento por las tasas de la empresa municipal de cementerios (Cecosam).

Uno de los 51 puntos del acuerdo de investidura que PSOE, IU y Ganemos Córdoba firmaron para que tomara posesión como alcaldesa Isabel Ambrosio y se constituyera un cogobierno municipal entre los socialistas e Izquierda Unida marcaba el camino para “profundizar en el carácter laico y la aconfesionalidad” del Ayuntamiento. En el pleno municipal de este mes de septiembre, IU y Ganemos Córdoba han presentado una moción conjuntamente para desarrollar ese acuerdo y aprobar una serie de medidas “al objeto de garantizar el carácter laico y aconfesional” del consistorio, moción que no ha salido adelante por la falta de apoyo del grupo del PSOE -socio mayoritario del cogobierno-, que se ha abstenido y ha otorgado así la mayoría a los grupos que se han posicionado en contra del texto: PP, Ciudadanos y UCOR. 

La moción presentada este viernes en el Pleno del Ayuntamiento cordobés por IU y Ganemos pedía que el consistorio no promoviera “ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo, siendo todos los actos organizados por el Ayuntamiento de Córdoba exclusivamente de carácter civil” basándose en el “plano de igualdad y neutralidad, conforme a los artículos 14, 16 y 23 de la Constitución Española”. Asimismo, solicitaba el acuerdo de los grupos políticos para que los concejales y el personal de servicio de la administración local “no participaran en función de su cargo en manifestaciones religiosas”, como son las procesiones y romerías locales. 

De igual manera, el texto que ha quedado rechazado con la abstención del PSOE, pedía que el Ayuntamiento “no donara, ni facilitara suelo público ni locales, ni concederá subvención pública o exenciones fiscales municipales” para la realización de actividades de ninguna confesión o institución “salvo que promuevan actos de conciliación y difusión cultural”.

En busca de la unanimidad de los grupos

La presentación de esta moción se ha encontrado con la abstención del PSOE que, en palabras del delegado de Presidencia, David Luque, supone “un debate suficientemente sensible” y que ha argumentado su postura en buscar la unanimidad de los grupos municipales en un próximo pleno para elaborar un reglamento que regule la actividad del Ayuntamiento con respecto a los colectivos y actividades religiosas. En alusión al hecho de que los concejales acudan a las manifestaciones religiosas en función de su cargo, los socialistas se han mostrado en contra “tanto de obligar como de prohibir” dicha asistencia. 

Los proponentes de la moción, tanto IU como Ganemos, han abundado en la necesidad de “separar lo público, lo institucional, de las creencias religiosas o las no creencias”, tomando como referencia incluso palabras del Papa Francisco en favor de un estado laico y de la libertad de religión, así como textos de propuestas presentadas por el propio PSOE en otros ayuntamientos y comunidades autónomas en favor del carácter laico de las instituciones públicas. 

El 'no' a esta moción ha sumado los votos del PP, cuyos concejales han defendido su “derecho como cargo público a representar a los ciudadanos en cualquier ámbito”, ya sea religioso o no. De hecho, el portavoz popular, José María Bellido, llegó a aludir a que “tendrán que mandarnos a la Guarda Civil a pararnos” para que los ediles del PP dejen de acudir a actos religiosos en función de su cargo público.

En el mismo sentido se han posicionado Ciudadanos –“absolutamente en contra”, según su portavoz, José Luis Vilches,- y UCOR, que ha criticado la propuesta por “intentar prohibir que representemos a los ciudadanos. Hablan de libertad pero solo buscan prohibir”, ha dicho su portavoz, Rafael Serrano.