El EKO vuelve a dar la voz de alarma. Este centro social okupado en Carabanchel, el distrito más poblado de Madrid, acaba de denunciar un segundo intento de desalojo que, según su relato, pudieron frenar con éxito hace una semana, en la madrugada del pasado 4 de marzo. “Hemos parado a Midtown Capital Partners S.A., el fondo buitre que ha intentado realizar un desalojo a lo desokupa”, exponen en un comunicado, difundido este jueves por la tarde y en el que hacen referencia al dueño oficial del edificio, una sociedad inmobiliaria que se hizo con la propiedad en 2024.

En él explican que, en torno a la una y media de la mañana, un grupo que contabilizan en unas 15 personas ajenas a la organización –en el edificio, autogestionado desde hace 14 años, coexisten distintos colectivos– con idea de hacerse con el espacio, siempre según el relato de los miembros del EKO. También denuncian que los propietarios del fondo han participado en operaciones similares para desalojar otros inmuebles que albergan centros sociales okupados, como La Dignidad en Móstoles o el de la calle Gregorio Navas 24, en Vallecas.

“Su estrategia es siempre la misma: compra barata, presión extrajudicial, desalojo, reventa o explotación con una cuantiosa plusvalía”, sentencian a través del comunicado. Las personas que coordinan el espacio aseguran que la empresa envió a operarios cargados con “radiales, percutores, ladrillos, cemento, alargadores o focos” y otros utensilios con los que agilizar el desalojo denunciado.

Desde el EKO de Carabanchel indican que el intento pudo frenarse a tiempo debido a que, en ese momento, había gente en el interior de las instalaciones que pudo hacer frente a la situación. “El mensaje es claro: quieren quedarse el barrio a cualquier precio para especular con nuestros centros sociales, nuestras viviendas o cualquier terreno explotable, utilizando todas las vías de presión a su alcance”, intuyen, a la vez que ponen de manifiesto su determinación de ejercercer, en caso de necesitarlo, las “acciones legales oportunas”.

No es la única vez que ocurre algo similar, y de hecho es el segundo llamamiento que hacen en los últimos meses. El pasado verano, en agosto, y después de una semana en alerta ante la previsión de que algo así pudiera ocurrir, advirtieron de la presencia en los alrededores de varios agentes policiales de los que denunciaron una actitud “intimidatoria”. Entre los movimientos sociales hubo revuelo e incluso protestas posteriores, pero hasta ahora no ha vuelto a levantarse la voz de alarma.

Pacientes con ropa de abrigo y gorros en el comedor, agua corriente de color marrón chocolate no apta para el consumo y el médico que pasa consulta de baja y sin sustituir. Así describe el sindicato CSIF la situación en la se encuentra el Centro de Salud Mental de Albelda, con capacidad para 140 plazas, que tacha de “absoluto abandono del mantenimiento y por consiguiente de los residentes y los trabajadores”.

En los meses estivales, CSIF denunció las altas temperaturas sufridas por los residentes tanto en las habitaciones como en las zonas comunes (salones, comedores). Ahora se suma el frío, ya que “la calefacción no funciona correctamente o simplemente deja de funcionar hasta que acuden los operarios a partir de las 8 de la mañana para solventar el problema”, asegura CSIF, que detalla que esta semana ni el lunes ni martes funcionó correctamente y por consiguiente el agua caliente tampoco, con lo cual los usuarios que se levantan temprano para actividades externas no pueden asearse correctamente ni ducharse. Así mismo, advierten de que “este agua tiene un color marrón chocolate no apta para el consumo”.

“Las bajas temperaturas en las zonas comunes hacen que los pacientes tengan que tener puesta ropa de abrigo y gorros incluso en el comedor. La situación en las habitaciones no es mejor, pasando frío incluso en las camas”, describe CSIF, que recuerda que los pacientes vien allí, que no son pacientes temporales sino que sus patologías requieren un internamiento continuo.

A estos problemas, suman que el médico especialista en medicina de familia y comunitaria que se ocupa de ellos, lleva varios meses de baja y sin sustituir. “Acude otro facultativo cuando puede y sin tiempo suficiente para atender las necesidades sanitarias. El martes pasado, sin ir más lejos, se esperaba su visita pero no acudió”.

Ante esta situación, CSIF exige a los gestores sanitarios, como reiteradas veces durante estos años, “el adecuado arreglo o sustitución del sistema de calefacción así como un adecuado mantenimiento de las instalaciones, así como que las bajas y permisos reglados del facultativo sean sustituidos por otro profesional, no solo por la buena voluntad y disposición del médico que pueda acudir”. Y subrayan: “Es una cuestión de respeto y dignidad hacia los usuarios y profesionales de este centro sanitario”.

Activistas por la vivienda de Málaga han entrado durante la tarde de este viernes el edificio de calle Ollerías, 15, adjudicado por la Junta de Andalucía a una promotora israelí dedicada al negocio de los pisos turísticos, y planean permanecer en él al menos hasta lograr una interlocución con la administración autonómica, a la que acusan de alimentar la especulación y la turistificación en plena crisis de vivienda. Un centenar de personas, además de un amplio despliegue policial que incluye hasta diez furgones, aguardan a la puerta. “Sionistas rentistas, estáis en nuestra lista”, se ha escuchado.

“Están vendiendo el patrimonio público a cachos. Hemos decidido recuperar espacios públicos; no queremos que caiga en manos de fondos buitre porque acabarán siendo apartamentos turísticos perpetuando la emergencia habitacional que tenemos encima”, explica Rosa Galindo, portavoz de Un Techo por Derecho, desde dentro del edificio.

“Cada día atendemos familias sin alternativa habitacional. La gente necesita hogares, y el patrimonio público debe estar al servicio de la gente”, reclama. Entre quienes han entrado hay familias sin vivienda, además de activistas del Sindicato de Inquilinas o de Voces por Palestina, según fuentes que han participado en la acción.

En un comunicado, las activistas denuncian que las administraciones “que deberían velar por nuestros intereses son las que expolian el patrimonio público y lo venden a fondos buitres, provocando la expulsión de las vecinas para negociar con nuestras casas”. Apuntan, además, la “complicidad con el genocidio en Gaza” que supondría que el adquirente esté vinculado a un fondo israelí.

El edificio está ubicado en una de las zonas más saturadas de pisos turísticos de España en una de las ciudades que más ha sufrido el encarecimiento de la vivienda en todo el país. A mediados de 2024 la Junta de Andalucía lo subastó al mejor postor. Fue White Málaga Casa 32, S.L., dedicada a prestar “servicios de hospedaje en hostales, pensiones, hoteles y apartamentos, así como servicios de alojamientos turísticos extrahoteleros”. Pagó 3,6 millones de euros a la Junta, que se excusó alegando que desconocía qué fin iba a darle la nueva titular. Esta entidad forma parte de una red de decenas de empresas dedicadas al negocio inmobiliario y de alojamiento turístico, bajo el paraguas común de White Spain Holding, 2019.

Estaba previsto que la adquisición se completara en noviembre de 2024 con la elevación a público de la escritura, pero en todo 2025 nada se supo. Málaga Acoge siguió utilizando el edificio hasta esta semana, y hace un par de días su responsable, Alejandro Cortina, explicaba a elDiario.es Andalucía que la Junta ha seguido siendo su interlocutora en todo este tiempo, a pesar de no tener ya nada que ver con el inmueble, en teoría.

Durante los últimos días este medio ha intentado obtener información oficial sobre en qué situación se encuentra el edificio: actual propietario, destino… A última hora del viernes una portavoz oficial de la Junta de Andalucía ha explicado que el edificio está “actualmente” en un “proceso administrativo de enajenación”. Es decir, que la venta al fondo aún no estaría completada. En ese resquicio es donde los activistas quieren hurgar para cambiar el destino del inmueble.

A media tarde del viernes, el objetivo de las activistas era permanecer en el interior hasta lograr al menos el compromiso de un encuentro. La Policía había identificado ya a algunas de ellas. “Basta de desahucios, basta de vender la ciudad a fondos israelís. Recuperamos el espacio para las vecinas”, señalan en un vídeo en el que piden apoyo y difusión.

Sede de Málaga Acoge durante veinte años

Aunque el inmueble corresponde a cuatro números diferentes con su correspondiente asiento registral (13, 15 y 17 de Calle Ollerías y 4 de la Calle Eduardo Ocón), en realidad los cuatro están unidos en un solo edificio, con una superficie en planta de 782 metros cuadrados y 1.837 construidos en 1950 en planta baja más dos y castilletes. En su día allí se ubicó el juzgado de menores.

Si White Málaga Casa es la propietaria, no podrá ubicar pisos turísticos a corto plazo, porque Málaga aprobó el pasado agosto una moratoria de tres años que impide el registro de nuevos apartamentos turísticos. En cambio, sí podría optar por los apartamentos turísticos, una figura parecida, que en la práctica seguiría ahondando en la turistificación del Centro, y a la que no afecta la moratoria.

Durante más de 15 años el inmueble ha servido de sede a Málaga Acoge, que lo ocupaba sin pagar alquiler a la Junta. La entidad ha atendido en ese local a unas 5.000 personas sin hogar y ha impartido formación de más de 2.200 desempleados en la última década. “Se quedan, también, entre esas paredes las urgencias para dar respuesta a las necesidades humanas más básicas – como la alimentación o un techo para dormir – que, tanto tiempo después, siguen siendo, asombrosamente, una carencia estructural en esta ciudad”, señalaba la entidad en una carta pública.

Su director explicaba el jueves a este medio que se iban con mucha pena de un inmueble que les sirvió de hogar durante tanto tiempo, y que “permitiría múltiples usos sociales, para nosotros u otras entidades, incluso viviendas sociales”.

La situación evoca a la ocurrida hace casi veinte años en el inmueble histórico municipal de calle Nosquera que alberga La Invisible, una china en el zapato del Ayuntamiento. La Invisible es un centro social autogestionado que ha servido de semillero de los principales movimientos activistas de la ciudad, prestando un lugar a voces y visiones alternativas al modelo de ciudad ejecutado por el Consistorio, gobernado por el PP desde hace 25 años. Esa relación ha sufrido vaivenes, de los amagos de regularización a las amenazas explícitas de desalojo, hoy judicializadas. Aun con restricciones y a medio gas, La Invisible permanece en pie desde 2007.

Los socialistas de La Rioja han analizado este lunes la sitaución de las infraestructuras sociosanitarias y han denunciado lo que consideran la “nefasta gestión del Gobiero del PP” porque La Rioja “tendrá que devolver 14,5 millones de euros comprometidos para infraestructuras de carácter sociosanitario”. Así, ha recordado que a lo largo de la pasada legislatura se dejaron proyectados, iniciados o terminados centro de centros de día en municipios con una captación de fondos de más de 40 millones de euros.

La diputada regional María Somalo ha recordado que en la legislatura anterior el Gobierno de La Rioja “elaboró un plan de infraestructuras financiado principalmente con fondos europeos”. Así, “y tras un intenso trabajo de planificación, dejamos finalizadas las obras del centro de día en Castañares y en construcción los centros de Uruñuela, Arnedo y Calahorra”. Y en fase de proyecto “estaban los centros de Haro, Torrecilla, Villamediana, Aldeanueva y Ezcaray”. Toda esta actuación en centros de día, ha dicho Somalo, “superaba los 40 millones de euros de fondos aportados por el Misterio de Derechos Sociales y Agenda 2030”.

Desidia y falta de gestión

La diputada socialista ha asegurado que en lo que llevamos de presente legislatura “nos hemos encontrado con la desidia, la ineficacia y la falta de gestión del Gobierno de Capellán”. Por lo que respecta al centro de día de Arnedo, las obras “concluyeron en septiembre de 2024, con lo que cumple ya 16 meses sin abrir tras la finalizar su construcción”. 16 meses después, los arnedanos y arnedanas “siguen pasando junto a sus instalaciones y ven como el Ejecutivo del PP no es capaz de ponerlo en marcha”. Por lo que respecta al centro de día para personas mayores de Calahorra, María Somalo ha recordado que “acumula ya 7 meses desde que la obra finalizara y el Gobierno de La Rioja tampoco lo ha abierto”.

La diputada socialista ha asegurado que estos retrasos “o se deben a una enorme torpeza en la gestión del Gobierno de Capellán, o bien a un puro interés político y electoralista que pretenda retrasar las inauguraciones a un periodo lo más cercano posible a las próximas elecciones autonómicas y locales”. Somalo ha exigido al Ejecutivo “la inmediata puesta en marcha de estos centros de día de Arnedo y Calahorra”.

Guerra abierta en el Centro Intergeneracional Ouka Leele de Arganzuela, un espacio ubicado en el número 16 de la calle del Bronce y dirigido a personas de 14 a 35 años o con más de 65, que vuelve a vivir un conflicto por cuestiones edadistas. Meses después de las quejas por el veto a que mayores de 35 años pudieran utilizar su sala de estudio, ahora las protestas atañen a otro grupo poblacional. Desde hace unos días, el acceso de menores de 14 años ha sido prohibido a partir de las 16.00, incluso si van acompañados de adultos.

De hecho, el origen de la controversia está en la asistencia del alumnado de centros educativos cercanos junto a sus padres y madres para comenzar a disfrutar del fin de semana los viernes por la tarde en la cafetería del recinto. La falta de alternativas públicas y asequibles para el ocio en esta zona del barrio de Legazpi, así como la proximidad con los dos colegios, contribuyó a que el Ouka Leele se convirtiera desde su inauguración en 2024 en referencia de las “cerves” de padres y madres los viernes a la salida de las clases. Mientras en el bar los progenitores comparten desahogos de la semana y experiencias propias o de sus hijos, estos aprovechan el rato extra con sus mejores amigos para jugar por la planta baja.

Es por ello que la prohibición adoptada por la Junta Municipal de Arganzuela, autoridad del Ayuntamiento en el distrito, ha desatado un conflicto con dos bandos enfrentados. Por un lado, las familias de la zona y la plantilla del bar-cafetería, aliadas en su queja por una actuación de cuya legalidad dudan. Por otro el personal del centro, que insiste en los reiterados avisos emitidos para no haber tenido que llegar a esta situación, al tiempo que circunscriben su participación a “aplicar y transmitir” la medida de la Junta.

La coyuntura ha provocado incluso escenas de tensión, especialmente el primer viernes en el que se aplicó el veto, el pasado 21 de noviembre. Varias fuentes cuentan que ese día se desplazaron al lugar agentes de la Policía Municipal, después de que las familias manifestaran la irregularidad de la práctica. “Hola, Junta de Arganzuela. ¿Es normal que ahora no dejéis entrar a menores en espacios públicos? Se promueve tener hijos pero luego no se permite el acceso a los mismos…”, cuestionaba una madre en su cuenta de X.

La cuestión ha sido elevada ya mediante una queja formal y conjunta dirigida a la Junta de Arganzuela por una posible vulneración de “los principios recogidos en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, que impone a los poderes públicos el deber de garantizar su derecho al ocio, a la participación y al disfrute de recursos comunitarios adecuados a su desarrollo”. En el escrito indican asimismo que la iniciativa “podría resultar contraria a los principios de igualdad, no discriminación y acceso en condiciones de igualdad a los servicios sociales de titularidad pública recogidos en la Ley 12/2022, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid”.

Antonio es padre de tres escolares de 5, 3 y 2 años que van al colegio público Tirso de Molina, situado a pocos cientos de metros del Ouka Leele. “Nos ha trastocado completamente. Es uno de los pocos espacios del barrio de Legazpi que tenemos para reunirnos y socializar”, lamenta sobre el veto en conversación con Somos Arganzuela. “El barrio no tiene ninguna infraestructura que permita a familias reunirse, así que la cafetería se había convetido en punto de reunión por sus características: es amplia, tiene un buen patio... en el verano se usa menos, claro, porque hace mejor tiempo y se está mejor en la calle. Pero en estos meses nos deja sin nada”.

El progenitor admite que “hay molestias”, un punto en el que incidirán desde el centro, pero expone que “el problema es si cómo sociedad podemos considerar que los niños son eso, una molestia”. Desde su punto de vista “hacen cosas de niños de 5 años, claro, no están sentados leyendo un libro”. Reconoce que “hacen ruido, es una obviedad, como ver más jubilados que jóvenes en un centro de salud porque se ponern enfermos en mayor medida”.

Es una medida desmesurada que roza la ilegalidad y demuestra una falta de empatía social, más en un centro que se denomina intergeneracional. Deberían fomentar la convivencia entre diferentes grupos sociales, no segregar por edad, raza o sexo

En la misma línea se pronuncia Zuriñe, madre de una niña de 3 años que también va al Tirso del Molina: “Es una medida desmesurada que roza la ilegalidad y demuestra una falta de empatía social, más en un centro que se denomina intergeneracional. Deberían fomentar la convivencia entre diferentes grupos sociales, no segregar por edad, raza o sexo”. Lanza otras alternativas, como “zonificar, mobiliario para compartimentar, acondicionar acústicamente zonas...”. Se hace también una serie de preguntas sobre el efecto de la decisión en un espacio de estas características: “¿No puede entrar un abuelo con su nieto? ¿No puede entrar una madre de 28 años con su hijo?”.

Antonio defiende por motivos similares la queja conjunta presentada por las familias ante la concejala presidenta de Arganzuela, Dolores Navarro: “No puedes prohibir la entrada de menores a un edificio público por razones de edad. Si están acompañados, no puedes hacerlo”. Y añade: “El uso que le damos al centro está limitado a los viernes por la tarde, el resto de la semana no había nada, más allá de que alguna familia fuese puntualmente por su cuenta. Era una dinámica normalizada con los mayores, que sabían que tenían la cafetería para ellos el resto de la semana”.

Un último detalle ha soliviantado aún más a padres y mades. Se trata de la imagen que encabeza este artículo, con dos carteles al entrada del centro con mensajes similares. Uno limita la entrada de menores de 14. El otro la de animales de compañía. “Nuestros hijos no son perros. Compararles es despersonalizar a la infancia y considerarla una molestia, lo cual va en contra de la sociedad”, recalca Antonio.

Israel, autoridad del centro que atiende a este medio presentándose como “jefe del edificio”, tacha esta última crítica de Antonio de “demagogia”. Arremete contra la dinámica establecida por padres y madres: “Esto no era el Centro Intergeneracional Ouka Leele, esto era el chiquipark”. Relata que tuvieron que limitar expresamente el acceso de patinetes, ya que los menores (“hasta 120 algunos días”) recorrían las estancias sin más control que el del propio personal del recinto. Habla además de molestias sonoras para quienes utilizaban la sala de estudio: “La propuesta de los padres es que los viernes los niños del barrio no puedan utilizarla”, dice Israel. “Mis compañeras de trabajo no tienen por qué aguantar el pollo que se monta cada semana. Aquí lo que hay es un problema de educación y de disciplina”, sentencia.

Mis compañeras de trabajo no tienen por qué aguantar el pollo que se monta cada semana. Aquí lo que hay es un problema de educación y de disciplina

“Es una decisión que se toma en la Junta, pero tiene que ver con esto”. Subraya igualmente los avisos previos emitidos a las familias, tanto con comunicaciones personales como a través de cartelería desplegada en el edificio: “Se les ha advertido”. Zuriñe traslada por contra a este medio que “la única indicación que solían dar es que los patinetes se quedasen en la entrada, como es normal, y que los niños no corriesen por el vestíbulo”. “Los padres estábamos pendientes. Ningún usuario ni personal de la cafetería nos trasladó más quejas”, mantiene.

Israel señala a uno de los papeles con indicaciones colgados en las paredes: “Esto está puesto desde marzo, por lo menos, y no han hecho caso”. La circular llama a “acompañar y supervisar a los más pequeños”, “evitar correr, jugar o gritar” y pensar “en quienes buscan estudiar, leer, charlar o descansar”.

Fuentes del Ayuntamiento trasladan a este medio que “los destinatarios de la programación del centro son jóvenes de 14 a 35 años y mayores de 65”, aunque“se ha venido permitiendo el acceso a la cafetería al público en general, pese a que no fuera destinatario de los servicios que se prestan, pero esta circunstancia no debe interferir en el desarrollo de la programación ni el correcto funcionamiento del centro”. Dicen que “los servicios de vigilancia se han enfrentado a la supervisión constante de los menores, especialmente los viernes por la tarde, y a quejas continuas de usuarios y del personal del centro por conductas que impedían el trabajo normal”. Precisan que “los menores podrán acceder al centro para actividades programadas y el resto de los días de la semana, pero no cuando se emplean esas instalaciones para el asueto de los padres a precios mucho más económicos que los de una cafetería o restaurante comercial”, aunque la cartelería no indica este último apunte.

Israel sostiene además que “la cafetería es solo para mayores”. Un punto en el que discrepa un miembro de la plantilla de ese negocio, que charla con este diario aunque prefiere no dar su nombre : “Es pública, no puedes limitar que venga nadie. Lo mismo pasa con el propio edificio. La segunda planta es la que tiene el perfil intergeneracional y ahí sí puedas controlar que pase gente con menos de 14 años o que tenga entre 35 y 65”.

Una batalla con deriva hostelera y política

El establecimiento recibe una concesión del Ayuntamiento de Madrid, de forma que su dueño explota este y otros bares en centros culturales municipales, con unos precios limitados en la adjudicación. La merma de clientela que supone el veto les pone en el mismo barco que las familias, aunque pasan varias horas al día a solo unos pasos de esos trabajadores del centro que tanto venían reclamando dar carpetazo al tardeo de los viernes. El personal de la cafetería, conformada por cuatro personas, reconoce que “algunos viernes se ha liado demasiado”, pero plantean que el propio centro “entre en acción y ponga talleres para niños todos los viernes de 17.00 a 20.00 o reforzar la seguridad”. Describen la medida de “desproporcionada”.

El efecto es especialmente sensible porque la clientela no mayor de 65 años consume con precios más caros, aunque sigan estando muy por debajo de mercado: “Un botellín le cuesta 1 euro a un jubilado (que además suele tomarse uno o un café, sin más) y 1,50 a los padres que venían los viernes (que solían pedir varias rondas)”, cuenta este empleado. Además, los progenitores suelen tirar más de “cervezas especiales, que son más caras, aunque aquí la tengas a 2,80 en vez de 4 como en cualquier bar”. De esta forma, no solo pierden ventas, sino el grueso de las que les resultan más rentables. Ahora los viernes cierran a las 20.00, como el resto de jornadas, cuando antes continuaban hasta las 22.00, así que parte de la plantilla ha visto reducidas sus horas contratadas. Además, las familias no pueden merendar en la tarde y algunas no desean acudir ahora a desayunar los domingos. Cifra las pérdidas semanales en 1.000 euros.

Enma López, concejala del PSOE Cibeles, asegura en declaraciones a este periódico que el Ayuntamiento debe “corregir esta situación” para “dar alternativas que no excluyan a los niños y las niñas de un centro intergeneracional”. Critica que el Consistorio tome este tipo de medidas mientras emprende campañas para el fomento de la natalidad: “No salimos de nuestro asombro al ver cómo trata el Gobierno de la ciudad a los menores y la infancia. Se les llena la boca con publicidad, pero cuando llega la hora de la verdad se expulsa a la infancia de un centro para la convivencia de distintas edades”.

No salimos de nuestro asombro al ver cómo trata el Gobierno de la ciudad a los menores y la infancia. Se les llena la boca con publicidad, pero cuando llega la hora de la verdad se expulsa a la infancia de un centro para la convivencia de distintas edades

Enma López — Portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista cree que desde el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida “no están convirtiendo a Madrid en una ciudad amigable para la infancia” porque “no hay dónde vivir”, existe una “deficiencia de escuelas infantiles” y “faltan parques públicos para el verano, pero también lugares donde las familias puedan esparcirse con sus hijos en días de frío”.

Modelo inédito y errático para un barrio falto de dotaciones para la infancia y la socialización

Desarrollado y ampliado en las últimas dos décadas, la población del oficioso Barrio de los Metales (zona que corresponde al barrio oficial de Legazpi) se compone mayoritariamente de familias jóvenes con hijos. Vecinos que llevaban años reclamando equipamientos como el Ouka Leele, que homenajea en su nombre a la polifacética artista y fotógrafa madrileña fallecida en 2022, ante la falta de bibliotecas, centros culturales o institutos públicos. “En el Tirso de Molina hay 1000 alumnos y el 90% viven en el barrio de Legazpi, pero tenemos una necesidad tremenda de dotaciones para que nosotros socialicemos con nuestros iguales y nuestros hijos con los suyos. Había una cafetería en Matadero y la cerraron”, dice Antonio.

Pero la apuesta del equipo de Almeida por un centro intergeneracional en Arganzuela, inaugurado en junio de 2024, suma una nueva convulsión en su trayectoria fruto de su concepción basada en la edad. El recinto, que se divide en un centro juvenil y otro de mayores, tuvo a finales del año pasado una primera controversia al impedir el acceso de personas con más de 35 a su sala de estudio: “Un caso claro de discriminación por edad en un lugar público”, afirmó una vecina.

El Ayuntamiento optó por introducir una enmienda transaccional que permite el acceso en ciertos intervalos por determinar a los mayores de 35, siempre que su solicitud previa sea aceptada. Para Antonio, es un problema de planteamiento: “La distribución poblacional del barrio hace que no tenga sentido abir un centro intergeneracional y lo limitarlo. El público objetivo está desfigurado”. Pese a estas tensiones, el área de Familias, Políticas Sociales e Igualdad ya ha adelantado que estudia extender el modelo a otros puntos de la ciudad.

Las obras de rehabilitación de un edificio histórico se sabe cuándo comienzan, pero difícilmente cuándo terminan. Eso es lo que sufre a día de hoy el Centro Social Autogestionado (CSA) La Tabacalera, epicentro de los movimientos sociales de Lavapiés y expulsado del inmueble hace dos años. Los colectivos siguen organizados en otros enclaves, preparando una reactivación que esperan llegue lo más temprano posible. Por su parte, durante estos meses el Ministerio de Cultura, dueño del bloque, ha ido concatenando diversas intervenciones de renovación y, por el momento, no puede fechar la apertura definitiva del mismo.

El CSA La Tabacalera ha sufrido varias interrupciones en su actividad desde la cesión del espacio, en 2012, al que han llegado a dar vida más de 30 colectivos debido a obras de rehabilitación y reforma que la asamblea que gestiona el enclave nunca ha reclamado, tal y como incide Sergio Escribano, integrante del área de comunicación. “La última comenzó hace dos años para reformar la techumbre y cubiertas, pero las han encadenado con otras intervenciones ligadas al programa de fondos europeos”, introduce.

Tanto tiempo de los colectivos en el “exilio”, tal y como lo denomina el también integrante del colectivo Escaparate de Poesía, ha hecho incrementar sus dudas sobre el futuro del CSA. “Queremos que cuando se reabra el edificio, los colectivos volvamos a tener para nuestro uso los 4.400 metros cuadrados que históricamente nos han pertenecido”, exige.

En este sentido, Escribano recalca que los colectivos sociales que han pasado por este espacio cumplen de forma ejemplar con los objetivos planteados por el Ministerio de Cultura para poder acceder al mismo. “Siempre hemos tenido por bandera una fuerte vinculación con los movimientos sociales y culturales del barrio. Es lo que se entiende por cultura situada. Y también hemos impulsado el uso público y abierto del recinto, de manera gratuita, para cualquier persona que lo quiera utilizar y traiga propuestas de talleres y participación. La transversalidad es crucial”, desarrolla.

La asamblea de La Tabacalera admite que la relación con el Ministerio de Cultura es últimamente más fluida que tiempo atrás. En palabras de Escribano, mientras desde la cartera liderada por Ernest Urtasun les comunican con asiduidad las novedades, la asamblea les hace saber cómo ejecutan su hoja de ruta los colectivos que llevan meses organizándose fuera del espacio, así como sus procesos de reactivación para cuando todo esté listo y puedan volver a ocupar La Tabacalera.

Sin fecha para la reapertura

Sin embargo, el temor no ha desaparecido. “En política siempre pasan cosas y el Ministerio está integrado por personas con discursos e intereses diferentes en el edificio. Ahora estamos intentando medir nuestras fuerzas para contaminar esos discursos e influir en los análisis y el horizonte marcado por Cultura para que se asemejen lo máximo posible a los nuestros”, se explaya el propio Escribano.

A día de hoy, el esfuerzo de todos estos colectivos se centra en estar preparados para su nuevo ingreso en el histórico edificio de Lavapiés, construido entre 1790 y 1792, contiguo a la glorieta de Embajadores. “Una de las ideas es retomar nuestra iniciativa de amadrinamiento de nuevos grupos que quieran integrarse en La Tabacalera, independientemente de si quieren formar parte de la asamblea”, concretiza el integrante del área de comunicación de este espacio por el que han pasado colectivos como El Keller, Molino Rojo, Cigarra Eléctrica, Contacto y FotoFree, así como Lavapiés al límite, el Sindicato de Inquilinas y Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel, con quienes han colaborado.

Para ello, Escribano fecha en enero de 2026 el momento en el que la actividad se retome, aunque es consciente de que “los plazos de entrega de obra siempre se alargan mucho más de lo previsto”. Así sucederá. Según ha confirmado el Ministerio de Cultura a elDiario.es, las obras de la fachada y la cubierta están terminadas. Todavía queda el proyecto de la zona interior del edificio, cuya redacción ya se ha licitado, y después vendrá la adjudicación de las obras como tal. Desconocen cuándo comenzará esta última intervención, aunque sí contará con un plazo previsto de ejecución de 10 meses. La idea es reabrir el enclave de manera paulatina cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

Un nuevo centro oficial para residencias artísticas

Por otro lado, el Ministerio de Cultura comenzó hace más de medio año con su proyecto para revitalizar el espacio. Lo llamaron Centro de producción y de residencias artísticas Tabacalera y se creó por real decreto el 4 de marzo. Este Centro tiene como objetivo apoyar la creación artística, la investigación y generación de conocimiento en torno a las artes contemporáneas, otorgando espacio, tiempo, recursos y un apoyo sostenido al sector creativo y a los diversos agentes del sector cultural contemporáneo, así como mediante la programación de actividades, en un programa integral para el encuentro, la experimentación y la promoción de la creación contemporánea, según se explica en la web del Ministerio.

En este sentido, recogen que el inmueble actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación arquitectónica y reforma integral de las instalaciones (saneamiento del edificio, rehabilitación de fachadas, cubiertas y carpinterías, mejoras de infraestructuras y rehabilitación del jardín), para adecuar el edificio a su futuro uso como centro de residencias. Y añaden: “No obstante, ha iniciado su actividad mediante la concesión de ayudas para la producción e investigación en residencias artísticas y se prevé su próxima apertura en 2026 como sede de importantes muestras y actividades públicas relacionadas”.

Cultura ha precisado a este medio que ya han creado una esta línea de ayudas que, en régimen de concurrencia competitiva, están dotadas con dos millones de euros y enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La convocatoria, que acaba de ser resuelta, financiará 49 proyectos de artistas que realizarán sus residencias en instituciones culturales repartidas por todo el territorio y cuyos trabajos podrán verse al finalizar sus residencias en Tabacalera en Madrid, han precisado.

Hacia la cogestión del espacio

Escribano afirma que desde la asamblea del CSA están pendientes de que el proyecto del Ministerio no afecte al suyo propio ni a su entorno. “Algo que tenemos que revisar y recordar continuamente”, apuntilla. Asimismo, sostiene que Cultura tampoco les ha tenido tan en cuenta como les hubiera gustado a la hora de diseñar y realizar el seguimiento de las obras, aunque este aspecto sí ha mejorado con el paso del tiempo. “Esperamos que Urtasun, en algún momento, reconozca públicamente que la asamblea volverá al edificio para así poner en valor nuestra labor social y cultural”, añade el integrante del Centro Social, quien entiende que “esa falta de reconocimiento prácticamente es una omisión voluntaria a la genealogía del CSA en el barrio”.

Por su parte, el Ministerio admite que su voluntad es que Tabacalera “sea un centro cultural con proyección nacional e internacional, pero también un centro abierto y al servicio del barrio de Lavapiés, para los vecinos y vecinas”. En este sentido, enfatizan que la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes mantiene un “diálogo continuo” con diversas organizaciones “para acordar el modelo de gestión del futuro centro así como otras cuestiones como el uso de los distintos espacios”.

Cultura destaca que, entre los acuerdos ya alcanzados en las reuniones, las entidades que forman parte del CSA dispondrán de un espacio propio autogestionado para desarrollar sus proyectos con total autonomía. Además, el CSA y las asociaciones vecinales y culturales del barrio de Lavapiés formarán parte del órgano de gestión de Tabacalera, en un modelo de gobernanza basado en la cogestión que se está definiendo de manera consensuada, siempre según la versión del Ministerio. “También se ha acordado la cesión gratuita de espacios para entidades del barrio que desarrollen actividades socioculturales”, han apuntillado.

Todos preparados para la vuelta del “exilio”

Por el momento, tanto la asamblea como el Ministerio se preparan para la apertura, aunque se desconozca su fecha exacta. Así pues, la asamblea piensa en un crear una instalación que repase la historia del CSA y que incluya el proceso de La Tabacalera en el exilio. “Hemos continuado fuera, y hemos hecho muchas cosas que no debemos olvidar”, abunda Escribano. Del mismo modo, reclaman que los muros antes repletos de obras de arte callejero y ahora totalmente blancos que dan a las calles Miguel Servet y Embajadores vuelvan a lucir este tipo de obras. Proponen que el método sea un proceso participativo orientado a las personas del barrio para decidir qué pieza de arte urbano quieren que se refleje en las paredes.

La Justicia ha condenado a una empresa de 'desokupación' por un delito de coacciones leves durante el intento de desalojo de un centro social de Granada el pasado mes de enero. En concreto, el Juzgado de Instrucción 6 de la capital granadina considera que la administradora de AMA Desokupa, la entidad contratada para desalojar La Madriguera, bloqueó con las órdenes dadas a sus trabajadores el acceso al edificio e impidió la entrada de alimentos para amedrentar a los activistas y ciudadanos que estaban en el inmueble, situado en pleno centro de Granada.

Los hechos, que tuvieron lugar el pasado 20 de enero, dieron lugar a escenas de tensión por la oposición de los miembros de La Madriguera a abandonar el centro. No en vano, se trataba de un centro okupado que estaba deshabitado desde hacía tiempo. Aunque había pertenecido a la Junta de Andalucía, en ese momento su propiedad era privada y fue esta la que contrató los servicios de AMA Desokupa para desalojar el edificio ante la oposición de decenas de activistas y ciudadanos de a pie que, durante horas, protestaron y trataron de detener a la empresa de desokupación, obligando a intervenir a la Policía Nacional. De hecho, tres mujeres denunciaron agresiones a su vez por parte de varios agentes policiales.

La jornada, que se saldó con cuatro personas heridas y un detenido, acabó con final feliz para los activistas de La Madriguera que consiguieron renegociar el desalojo, aplazándolo hasta marzo. No obstante, dos meses después dieron por roto el pacto al entender que la propiedad del edificio había actuado de mala fe al hacer uso de esas tácticas de coacción y amedrentamiento que protagonizaron los miembros de AMA Desokupa, contratados entonces como “vigilantes de seguridad”. Pese a ello, la Justicia sí reconoce esas tácticas parcialmente al condenar a la representante legal de la entidad. En todo caso, el centro social sí acabó siendo desalojado definitivamente el pasado mes de mayo por la Policía Nacional.

La denuncia presentada tras aquellos hechos señalaba que un grupo de trabajadores de la empresa permaneció durante más de quince horas en la entrada del edificio, impidiendo el paso a residentes y a terceras personas, y bloqueando el acceso de alimentos. Según el escrito, se llegó a advertir a quienes se encontraban dentro que abandonarían el inmueble “por las buenas o por las malas”. El mismo documento, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, apunta también que uno de los integrantes de la operación llegó a proferir amenazas de muerte, aunque este extremo no ha quedado acreditado durante el proceso judicial al no haberse podido identificar a su autor.

Los denunciantes aportaron fotografías, material gráfico y una publicación en la propia página web de AMA Desokupa en la que la empresa reconocía su participación en los hechos y relataba cómo había organizado un “control de accesos” en el inmueble. En la denuncia se solicitaba que se tomase declaración a las personas que intervinieron aquel día, además de la identificación de todo el personal desplazado.

Una multa económica simbólica

El juzgado considera probado que la actuación de la empresa se tradujo en impedir la entrada de alimentos a las personas que se encontraban dentro del centro social, lo que supone una limitación ilegítima de su libertad. Esa conducta es la que se señala como un delito leve de coacciones por parte de la administradora de la entidad. La resolución, sin embargo, descarta que existiera un delito de amenazas y absuelve tanto a la propiedad del inmueble como al personal de seguridad privada, al no haberse acreditado su participación directa en las acciones que motivaron la condena, pese a la existencia de numerosas imágenes grabadas durante la jornada.

De ese modo, el fallo condena a la responsable de AMA Desokupa a una sanción simbólica de un mes de multa con una cuota diaria de siete euros -210 euros en total- y al pago de una décima parte de las costas procesales. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Granada. No obstante, supone el reconocimiento explícito del tipo de actuación de estas empresas en hechos como los sucedidos el pasado 20 de enero.

Pese a la condena y a las pruebas aportadas por los denunciantes, el tribunal considera que se produce un delito leve porque entiende que no se pudo atribuir a la responsable de la empresa ninguna amenaza directa, ni tampoco las expresiones atribuidas a alguno de sus empleados como el “te voy a matar” que señalan los denunciantes, ya que no se identificó a la persona que las pronunció. El tribunal descarta además que la negativa a permitir el acceso al inmueble constituya coacciones, pero sí considera probado que impedir la entrada de comida vulneró derechos básicos de quienes estaban dentro del centro.

El testimonio de los denunciantes y el atestado policial han resultado claves para el fallo. Ambos han apuntado que la persona que daba las órdenes al grupo de desokupación era la representante de AMA Desokupa, lo que ha permitido al juez atribuirle la responsabilidad aunque no quedara determinado quién ejecutó materialmente la acción de interceptar los alimentos. A su vez, la sentencia absuelve de todos los cargos a la propietaria del inmueble y a los “vigilantes de seguridad” que habían sido contratado para la operación, al entender que no existen pruebas de que intervinieran en los hechos concretos.

El centro social okupado EKO, en Carabanchel, denuncia graves amenazas para expulsarles de un edificio autogestionado desde hace 14 años. En la última semana han estado emitiendo alertas y llamamientos en redes sociales para proteger el CSO, pues tuvieron noticias de que pronto podía llegarles una empresa especializada en expulsiones y vaciado de propiedades, con métodos “ilegales”, según el CSO.

El que alojan era un inmueble abandonado que empezaron a utilizar como centro de actividades culturales, políticas, vecinales o de ocio en el barrio. Durante más de una década la infraestructura estuvo en concurso de acreedores, pero en 2024 la compró una sociedad inmobiliaria llamada Midtown Capital Partners. Ahora, el EKO hace pública su situación reciente: afirman que una empresa ha tratado de echarles y señalan precisamente a este fondo de inversión.

“Compran barato para maximizar benecios y, antes de empezar procesos judiciales largos, inician una escalada de intimidación, presión, amenazas, coacción y violencia contra las personas que habitan el espacio para intentar recuperar el edicio de manera rápida y efectiva, aunque ilegal”, concluyen desde el CSO, que sospecha un modus operandi que la empresa replica en otras inversiones, como ocurrió en 2023 en el bloque de la Dignidad de Móstoles que esta sociedad adquirió a la Sareb. En su narración de los hechos cuentan que la madrugada del pasado lunes 25 de agosto dos agentes de la Policía Nacional recorrieron “varias veces” en coche el entorno del EKO.

Serían las cuatro de la mañana y, siempre según su testimonio, los policías llegaron a dirigirse a otros compañeros en el edificio para llamar su atención con un megáfono. “Tic-tac, tic-tac, tic-tac...”, es lo que explican que repetían, a su parecer en “tono de burla e intimidación”. En el comunicado añaden que una hora más tarde fueron otros cinco hombres “corpulentos y vestidos de negro” quienes merodearon por la zona “de forma intimidatoria”, aunque se marcharon sin llegar a entrar.

“Horas después, la Policía Nacional identicó sin alegar motivo a once personas en la entrada del EKO, algo muy poco habitual en todos estos años de vida del centro social. [...] El 26 de agosto, a las 9.17 horas, cuatro agentes de paisano se presentaron en el espacio e identificaron a varias personas del CSO” alegando, según sus integrantes, que eran “órdenes del jefe” y se pasarían a revisar “todas las mañanas”.

“Sospechamos que este es el comienzo de un proceso de presión y acoso para intentar desalojar por la fuerza un espacio que lleva años dando vida a multitud de proyectos y colectivos, redes de apoyo, cultura o resistencia y siendo punto de encuentro para tantas personas que habitamos y cuidamos Carabanchel”, sentencia el comunicado de la EKO, donde apuntan directamente a una “campaña de presión al margen de la legalidad”, pues dicen no haber recibido procedimiento de desalojo alguno. En los últimos meses, otro CSO de Carabanchel llamado Vetades también fue clausurado a raíz de un incendio y otros tótems como La Atalaya, en Vallecas, fue desalojado a finales del año pasado.

Las reseñas son difusas: o bien el descontento es tal que ni se alcanzan las dos estrellas, o las muestras de agradecimiento puntúan al máximo sus servicios. “Le pongo un uno porque no hay un cero. Solo tienen gentuza”. “Gente desocupada buscando entretenimiento. ¿Qué es este lugar exactamente? Da miedo acercarse”. “Es como una especie de albergue para personas vulnerables, todo hombres con muy mala pinta: no trabajan, se pasan el tiempo en la puerta fumando, bebiendo cerveza y con el móvil”. “Suciedad, inseguridad, conflictos continuos... no ha hecho más que empeorar la convivencia de los vecinos”. Son respuestas en Google Maps a The Pacific Hostel, un albergue que tiene a los vecinos entre dos aguas. Mientras algunos lanzan duras críticas contra el hostal, otros lo colman de alabanzas. ¿Qué está ocurriendo?

El establecimiento en cuestión se ubica en el número cuatro de la calle de Sánchez Barcáiztegui, en el barrio de Pacífico. Junto a la puerta apenas hay carteles o distintivos que expliquen cuestiones básicas como el horario de apertura, el tipo de licencia o negocio e incluso anuncios del día a día. La fachada principal está prácticamente vacía y solo cuelgan dos pósteres, uno que prohíbe y otro que advierte: el primero restringe fumar o beber en la puerta, mientras que el segundo alerta de la presencia de cámaras de videovigilancia 24 horas. Algunos vecinos de la zona llevan meses quejándose de ruidos, suciedad o conflictos que atribuyen a varios de sus huéspedes.

“No es lo que te esperas de un hostel, que es el tránsito de turistas. Sabes que hay algo raro en el ambiente, pero nadie te dice nada. Siempre me ha dado la sensación de ser un sitio poco transparente”, confiesa Valeria, que vive desde hace años muy cerca del polémico albergue. Durante una temporada se fue a vivir a otro país y, cuando volvió a casa, se encontró con la “extraña” pensión. Le llamó la atención la escasa información al respecto, pues ni en la puerta ni en internet encontraba gran cosa sobre el espacio.

Se sintió interesada desde el primer momento. Está muy cerca de su piso y, como a veces vienen amigos de fuera de Madrid a visitarla, podía ser una buena opción que recomendarles si buscaban alojamiento. “No encontrábamos nada: ni si tenía estrellas, ni el tipo de licencia, la denominación...”. Las primeras sospechas llegaron al buscar en Internet. El hostel no tiene página web –algo poco habitual en un negocio de esta categoría– pero sí aparecían varias reseñas, en su mayoría negativas. “Algunas reviews daban miedo”, confiesa Valeria. Tanto ella como otros vecinos consultados coinciden en haber visto a gente sentada, fumando o bebiendo, pasar largos ratos frente al edificio o deambular por los alrededores.

Es algo que también se menciona en algunos comentarios. De hecho, The Pacific Hostel apenas acumula 1,3 estrellas sobre cinco en las valoraciones de Google. “Nuestro establecimiento no está abierto al público ni al turismo, ya que se alquila de forma exclusiva al Samur Social, con quienes colaboramos para brindar atención a personas en situación de vulnerabilidad”, destaca el propio dueño, en respuesta a uno de los mensajes que criticaban su local en Internet. “Lamentamos que se ataque injustamente un proyecto social que busca ayudar a quienes más lo necesitan”, sentenció en referencia a su adhesión como refugio temporal para usuarios de la red municipal. En la hilera de reseñas, otro bloque diferenciado parece darle la razón.

“[El hostal] marcó una diferencia en la vida de tres de mis familiares”, señaló hace tres meses una usuaria identificada como Angela Catuicia Quisca Mejia. Narra cómo las circunstancias dejaron sin recursos a sus allegados y, a través de Samur Social, pudieron alojarse allí. “El trato que recibieron fue humano, respetuoso y muy profesional”, sostiene. Otra de las apreciaciones positivas la escribe Clara Martín Morán, que asegura ser vecina del barrio y alaba un recurso que “puede beneficiar a mucha gente que pasa por dificultades”. “Si están por los alrededores, pero siempre con cuidado y educación”, sentencia. Este comentario da la máxima puntuación al negocio.

Consultados por la controversia, desde el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid confirman que el consistorio tiene contratadas ocho plazas de este hostel como recurso temporal para alojar a personas en situación de vulnerabilidad. Este es un mecanismo habitual que contempla la Ley de Contratos del Sector Público, y permite a las administraciones ampliar su capacidad de acogida sin tener que levantar nuevas infraestructuras de cero. En este caso, como es para uso social y en atención de emergencia, las estancias por persona son teóricamente reducidas. Pero a veces los tiempos se demoran.

“Nosotros también dependemos de que el Gobierno central los realoje, sobre todo si son solicitantes de asilo”, indican fuentes del área municipal, que delega en el Estado parte de la responsabilidad por las temporadas que se prolongan. Afirman desconocer las quejas vecinales sobre el hostel, pero puntualizan que, “de haberlas, sería difícil saber si las provocan los usuarios del Samur Social u otros huéspedes” del local. Valeria entiende que haya personas que necesiten de estos recursos, e incluso lo ve con buenos ojos. Pero las explicaciones no terminan de convencerla.

“Como vecina me gustaría más claridad, deberíamos saber qué tipo de establecimiento es. No puedo comprender que siendo legal no tenga ningún tipo de identificación”, sentencia. Si la situación fuera otra y Valeria hubiera recomendado finalmente el hostal a sus visitas, no todas podrían entrar. En una llamada telefónica –lo poco que puede encontrarse online es un número de teléfono–, desde el negocio indican a Somos Madrid que “solo pueden alojarse hombres”. “Nada de chicas”, traslada The Pacific Hostel ante una solicitud de reserva. Al preguntarles el porqué, no concretan razones.

En la gasolinera que hay justo al lado hacen alguna elucubración. “Ir siendo mujer es un peligro, ni siquiera sé si hay gente que se aloje sin venir del Samur”, señala Pepe, que vive en Puente de Vallecas, pero trabaja a pocos metros del hostal. Ha oído que el inmueble tiene un baño compartido y habitaciones separadas por lonas. En el catálogo de licencias y expedientes urbanísticos del Ayuntamiento de Madrid, CONEX, el 20 de mayo de 2024 el establecimiento obtuvo la licencia de funcionamiento de actividad, que le permitía operar como hostel al constatar que cumplía los requisitos legales y técnicos.

Pocos meses antes habían solicitado el permiso de obras para habilitar un espacio de 189 metros cuadrados útiles (250 en total). Al contratar sus plazas para uso social, el consistorio debe dar un segundo aval y confirmar que tiene características mínimas. “Hemos tenido algún problema, pero tampoco gran cosa. Creo que afecta más a la imagen del barrio, que es una zona tranquila y residencial donde los conflictos no son tan habituales”, considera Pepe desde la gasolinera. Sobre ello habla Camino Cuesta, vecina de la zona y portavoz de la Asociación Vecinal Los Pinos de Retiro Sur, que también opera en Pacífico.

“Le dan un sitio para dormir a la gente sin recursos, pero durante el día se olvidan de ellos”, considera Cuesta, que ya era conocedora de la situación del hostal. “Se pasan el día en la calle, deambulando o sentados en los bancos bebiendo cerveza. Para esas horas no parece que tengan otras alternativas, ¿qué van a hacer si no?”, lamenta, refiriéndose a que “no tener recursos paralelos” con los que ocupar ese tiempo puede llevar a una situación que “perjudica al barrio”. El área de Políticas Sociales del Ayuntamiento, no obstante, subraya que algunas de las plazas de Samur Social –no todas– sí tienen atención las 24 horas. “¿Hasta cuándo van a estar allí? ¿Eternamente? El gran problema es que la administración no está siendo transparente”, sentencia tajante.

El pasado 26 de noviembre, varios agentes de la Policía Nacional se presentaron en el centro social La Atalaya, uno de los bastiones del movimiento okupa en Puente de Vallecas. Lo desalojaron después de una década funcionando como espacio multiusos y zona de encuentro vecinal. Desde entonces, el edificio permanece vacío. Seis meses más tarde, el grupo municipal de Más Madrid pide darle un nuevo uso: proponen reconvertirlo en un centro público de Formación Profesional. “Es uno de los distritos a la cabeza del abandono escolar temprano. La falta de inversión en educación o la escasez de oferta formativa en FP hace que muchos jóvenes vallecanos no puedan continuar formándose y abandonen”, expone el concejal del partido Félix López-Rey, vinculado históricamente a actividades asociativas.

La parcela, entre las calles Puerto de la Costabona y Puerto del Milagro, pertenece al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), un organismo dependiente del Gobierno regional. Los primeros ocupantes fueron llegando a partir de 2014 y lo convirtieron en CSO, sede de debates políticos o acciones de todo tipo: llegó a incluir un taller de forja, una fábrica de bicicletas, gimasio de boxeo, biblioteca, un pequeño huerto... Pero antes de eso el edificio albergaba, precisamente, centro de enseñanza: el CEIP Magerit.

“Ahora, frente a la falta de plazas públicas en el distrito proliferan los centros privados y concertados a los que gran parte del alumnado no puede acceder por cuestiones económicas”, destaca López-Rey, cuya formación pide dar al centro una nueva vida. “Solicitamos a la Junta Municipal que inste a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a planificar, construir y poner en funcionamiento a la mayor brevedad posible, un centro público de enseñanzas de Formación Profesional en la parcela, calificada como suelo dotacional para equipamientos, ampliando y diversificando la oferta existente de estas enseñanzas en el distrito para dar respuesta a la creciente demanda de las mismas”, requieren desde Más Madrid.

Los terrenos de uso dotacional a los que hacen mención sirven para construir infraestructuras o prestar servicios de uso público. Es el caso de las escuelas, pero también de hospitales o parques. El principal partido de la oposición madrileña destaca que el antiguo CSO La Atalaya presta un espacio idóneo para este fin, pues llegó a convertirse en uno de los centros sociales juveniles “de mayor actividad y relevancia en el barrio” hasta que “fue desalojado y derruido”, tal y como considera el edil de Más Madrid en su reivindicación.

El próximo miércoles, 11 de junio, llevarán esta misma propuesta a la Junta de Distrito de Vallecas, donde el resto de grupos deberán dar o no su aval para elevar la cuestión y trasladarla a las autoridades municipales o regionales. “[Isabel Díaz] Ayuso abandona completamente a los estudiantes y les obliga a irse a la privada. Por eso hace falta construir este centro de FP”, resalta la diputada regional de Más Madrid, Beatriz Borrás, que arremete contra las políticas educativas de la presidenta. “Es una oportunidad magnífica, pero necesitamos ejercer presión desde las organizaciones políticasde izquierdas y los movimientos vecinales”, sentencian desde el partido.

En un primer momento, cuando se produjo el desalojo en noviembre, miembros del CSO deslizaron que la expulsión del espacio podía formar parte de un negocio urbanístico en la zona. Ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid han confirmado estos planes hasta la fecha, después de meses en los que la parcela ha permanecido desalojada. No obstante, el Gobierno municipal ha mantenido una política estricta contra los centros sociales okupados. De lo que sí había constancia era de que el alcalde José Luis Martínez-Almeida estaba rehabilitando la zona que rodea al parque junto al que se ubica el centro para construir un itinerario peatonal entre miradores, aunque nada asegura que las instalaciones que albergaron La Atalaya formen parte de ese plan.

El lunes se fue la luz y el martes apareció el fuego. En la mañana del 29 de abril, un día después del apagón que afectó a España y buena parte de la península ibérica, un viejo edificio comenzó a arder en la calle Antoñita Jiménez. Era en el número 46 de esta vía en Carabanchel, Madrid, y de inmediato hubo que desalojar a todo el que estaba dentro. Con la particularidad de que, en este caso, ni siquiera cuando amainaron las llamas o el humo pudieron volver a entrar. El inmueble incendiado es un CSO, un centro social okupado, que además tenía un pleito aún curso contra los propietarios: la empresa Tassaraland Developments, una sociedad limitada dedicada a la compra-venta y alquiler de parcelas, solares o fincas. Y esto ha levantado ciertas sospechas o, cómo mínimo, malestar a su alrededor. “Qué casualidad”, sugieren con ironía algunos integrantes expulsados del CSO, más de una semana después del fuego.

Marta y Mario están sentados al sol en un bar de Vistalegre, a una media hora a pie del lugar donde se instalaba el centro que ahora tratan de reivindicar. Hablan sobre el día del incendio, el proceso judicial que avaló su estancia en el inmueble –que fue recurrido por la S.L. y sigue en trámite– o lo que supone para ellos haber perdido el espacio en el que llevaban casi un año trabajando. Todo a causa de un accidente que les sorprende y por un desalojo que, aparentemente, no dejará posibilidad de retorno. “Cuando pasaron las horas algunos tuvieron un minuto, como mucho, para entrar a recoger lo que les diera tiempo. Pero muchos de nuestros materiales, algunos importantes o caros, siguen ahí y no nos dejan pasar”, lamenta Marta, que no llegó a estar dentro en el momento del fuego pero llegó poco después, cuando todo estaba acordonado.

Hasta el lugar se acercaron, según su testimonio, algunos coches de la Policía Local, ambulancias y el camión de los bomberos. Entraron casi a la vez que los ocupantes del edificio comenzaban a salir, expulsados por el humo o las llamas. De inmediato se armó un cordón policial para delimitar la zona: solo podrían pasar un grupo restringido de seguridad y después de superar un chequeo. “La única excepción en ese momento eran los vehículos de urgencias, que tenían que atender a la gente”, rememora Mario, que sí vivió parte de aquella jornada desde el lugar de los hechos.

En un momento determinado se acercaron también los representantes de la propiedad. Hablaron con los miembros de seguridad que ya había por la zona, según ellos, “se negaron” a relacionarse con los miembros del CSO pese a sus intentos. “Los bomberos nos dijeron que cuando amainara el humo podríamos entrar, aunque pasarían horas. Pero luego lo tapiaron todo con seguridad”, revela el joven. Por lo que pudieron suponer, pese a que no tienen certezas, parece que el incendio empezó en la planta baja, muy cerca de la puerta de acceso.

En esos momentos había mucho material dentro, ya que solo unos días antes (el sábado) habían celebrado un evento especial y el domingo lo pasaron ocupados con la limpieza. Todavía quedaban cosas por recoger. “Justo esa mañana hubo otra discusión con los obreros”, apunta Marta. En el caso de este edificio, la empresa propietaria sí había reclamado el inmueble enviando a compañías de seguridad o personal de servicio que iniciara su demolición: “El CSO forma parte de un megaproyecto urbanístico que engloba toda la manzana para construir residencias de lujo destinadas a atraer artistas. Creemos que aquí, concretamente, quieren abrir una macrogalería”, aseguraron los integrantes del centro social okupado en una nota difundida a raíz del desalojo.

En ese momento recuerdan que, en la pared que más se ha quemado (y a la que las cenizas dejaron prácticamente teñida de negro), tenían colgada una pancarta en la que podía leerse el lema La vivienda no es un negocio, que ardió con lo demás y terminó reducida a la nada. Dentro del edificio tuvieron que dejar diversos elementos o herramientas de un imprenta autogestionada –“que habíamos pagado de nuestro bolsillo” y de la que solo les dio tiempo a salvar la impresora–, un piano u otros objetivos utilizados en sus talleres que, en muchos casos, tenían que ver con el arte en sus distintas vertientes.

Dicen que en Carabanchel ahora somos el barrio de los artistas, el nuevo SoHo madrileño. Pero tiene trampa: quieren lo de fuera porque el arte que hacemos aquí no les interesa

“Dicen que en Carabanchel ahora somos el barrio de los artistas, el nuevo SoHo madrileño, pero tiene trampa: quieren lo de fuera porque el arte que hacemos aquí no les interesa nada”, determinan, convecidos. Y añaden: “Cuando abren una exposición en el distrito, en la mayoría de los casos solo meten a artistas conocidos o caros que ya exhiben sus muestras por ahí. No premian al arte local, buscan acumular patrimonio”. Marta y Mario explican que, días antes del incendio, vieron entrar a unos chatarreros que recogían las vigas de los solares colindantes.

“Era el último paso para acabar la obra: ahora solo les quedaba el conflicto judicial en marcha para sacarnos del CSO. Lo que vino después es demasiada casualidad, y una muy afortunada para ellos”, desliza Mario. En este tiempo habían enviado servicios de seguridad a cargo de otras sociedades limitadas como Meta, que presta asistencia en materia de protección o custodia. Aseguran haber visto a personal de otra empresa, Palm Tree S.L., igualmente dedicada a la compra-venta de fincas o solares, la intermediación para liberar la propiedad y finalmente rehabilitar o construir sobre ese mismo suelo nuevas edificaciones.

No obstante, una sentencia del Juzgado de Instrucción número 11 de Plaza de Castilla, con fecha del 10 de diciembre de 2024 y a la que ha tenido acceso este periódico, desestima que los miembros del CSO denunciados hayan ocupado el inmueble “en estado ruinoso o semirruinoso” ni que residan en él. De hecho, la diferencia principal con la okupación al uso radica en que en estos centros sociales nadie vive únicamente dentro, sino que el uso es colectivo y puntual. “La ocupación debe revestir una cierta entidad temporal, con exclusión del acceso temporal u ocasional”, fundamenta el auto, que ha sido recurrida por Tassaraland Developments S.L.U. No serían punibles las ocupaciones de fincas abandonadas o ruinosas ni aquellas que exista una posesión 'socialmente manifiesta“, se concluía en la exposición de motivos.

A pesar de todo esto, en la conversación con Somos Madrid, Marta y Mario se muestran algo desesperanzados. Por delante aún quedaba esperar a una sentencia definitiva sobre el futuro del edificio, pero ahora que han sido expulsados y la propiedad vuelve a tener el control del inmueble, todo se les complica. “La gente confunde mucho el tipo de ocupación que ejercemos en los centros sociales con esa otra que sí daña a particulares y debe ser perseguida. En todo este tiempo hemos compartido espacio o comunidad con vecinos [de Carabanchel, pero también otras zonas], alojado a distintas asociaciones cuyo uso del edificio era para elaborar talleres o actividades vecinales. Estamos cansados, porque todos tenemos nuestros trabajos fuera y esto lo hacemos para compartir. Pero ya es demasiado”, asevera Marta.

En la farmacia de la calle Santa Ana de Bolueta, Adriana no pudo bajar la persiana hasta pasadas las diez de la noche. El portón eléctrico dejó de funcionar algo antes de la una de la tarde y desde entonces la farmacéutica se quedó custodiando el local, pero sobre todo, los medicamentos. “Tuve que quedarme porque no podíamos dejar la farmacia sin vigilancia”, cuenta a este periódico desde el otro lado del mostrador. Durante las más de nueve horas que se quedó el local -y el barrio de Bolueta- sin luz, Adriana no abandonó su puesto de trabajo por miedo a saqueos, aunque su preocupación principal era que los medicamentos refrigerados no se descongelaran. “Hay algunos como la insulina que puede aguantar bastante tiempo, pero tenemos otros que solo aguantan 12 horas, hemos estado al límite de perder productos y tener que llamar al seguro”, asegura.

A pesar de la oscuridad, ocho personas se acercaron a la farmacia de urgencia durante el apagón a por productos que no podían esperar a tener. Entre ellos, los padres de un menor con conjuntivitis aguda y una mujer con problemas respiratorios. Adriana se los dio sin cobrarles y está a la espera de que vuelvan a la farmacia para pagarle. “El colirio para una conjuntivitis no costará más de dos euros, pero la medicación para los problemas respiratorios y otros medicamentos sí que tenían un precio más elevado. El problema era que no veíamos nada y a día de hoy no nos conocemos los precios de memoria. Es una pena, hace años teníamos un libro con los precios y con una calculadora podíamos cobrar sin necesidad de electricidad, pero a día de hoy todo va con el ordenador y está completamente registrado”, sostiene.

“Los que vinieron a la farmacia lo hicieron porque les urgía mucho y se lo di porque sentí que era lo que tenía que hacer. Alguno de ellos me dejó a modo de fianza su tarjeta de Osakidetza, pero sé que van a volver a pagar porque estaban todos muy agradecidos por la atención pese a las condiciones. Por suerte todo pasó y pude marcharme a dormir a casa”, reconoce la farmacéutica, que pensó en un momento tener que dormir en el local, ya que no tenía forma manual de cerrarlo.

En la Cooperativa Peñascal, un centro de formación profesional destinado a para menores extranjeros y en situación de exclusión social, pasado el medio día las clases se pararon. Los cerca de 800 alumnos que pasan por las aulas de los cursos de Hostelería, Carpintería, Moda y Programación se tuvieron que marchar a sus casas tras el apagón, muchos de ellos a centros de menores ubicados fuera de Bilbao. “Nos aseguramos de que todos llegaran a salvo a sus casas, en los casos de quienes vivían más lejos, les llevamos en nuestros coches privados. Otros pudieron volver en autobús, ya que reforzaron algunas líneas”, sostienen desde el centro.

Este martes los jóvenes entran al centro de formación con total normalidad, de la misma manera que el lunes lo tuvieron que desalojar. “Se lo tomaron bien, estuvieron tranquilos. Muchos de ellos habían vivido apagones en sus países y no les sorprendía tanto como a nosotros. Vienen aquí a aprender, pero muchas veces quienes nos enseñan de la vida son ellos”, reconoce uno de los trabajadores, de la cooperativa, que prefiere no decir su nombre.

Según declara, a raíz de la falta de luz han perdido algunos alimentos que ofrecen en el grado de Hostelería. “La peor parte fue la de hostelería, donde además del curso ofrecemos comidas al público. Ahí hemos tenido que tirar productos, pero no nos ha parecido tanto como para tener que reclamar al seguro. Bastante tendrán los seguros ahora como para pedirles por algo de comida echada a perder”, reconoce este trabajador a preguntas de elDiario.es/Euskadi.

En el caso de la empresa Ancore, cuyo local también se quedó sin luz e internet hasta pasadas las diez de la noche, aún no saben si tendrán que reclamar pérdidas al seguro. Se trata de un proveedor de servicios de internet, un intermediario entre las compañías de energía, seguridad, telefonía y renting y los clientes. “Nos afectó a la hora de tramitar nuevas contrataciones, de gestión de incidencias en instalaciones de clientes y los traslados se complicaron, además de los problemas y preocupaciones a nivel personal. Las principales incidencias de nuestros clientes fueron de telefonía, porque no había red, y de seguridad en el caso de las cámaras instaladas que dejaron de funcionar, al igual que todo lo demás, y temían que hubiera robos”, reconoce Aitor, uno de los empleados de la asesoría.

“El día de hoy todo son llamadas con incidencias y correos electrónicos con quejas por instalaciones que no hemos realizado. Hay clientes que esperaban a los instaladores y no aparecieron y otros que lo contrario, los instaladores aparecieron en sus casas sin avisar, pero porque no había línea para poder llamarles antes de llegar. A los clientes estamos trasladándoles que no hemos podido contactar con ellos porque nosotros tampoco teníamos cómo”, reconoce Aitor, que cuenta con clientes de todo el país, como una familia de una pequeña aldea de Galicia que ha recuperado la conexión sobre las siete de la mañana de este martes.

Ángel no cerró la carnicería Gurea de Txurdinaga aunque la luz se hubiese ido. Sus cámaras frigoríficas mantuvieron la temperatura de la carne y los clientes no dejaron de ir en todo el día, aunque lamenta que gran parte de ellos no pudieron hacer la compra por no llevar dinero en efectivo. “Despaché a 36 personas que solo traían tarjeta de crédito para pagar, de ellos por lo menos 20 me dijeron que ya no iban a volver a salir sin dinero en la mano. Creo que eso ha marcado a la gente y me parecío algo importante. Da miedo la dependencia que tenemos a las tarjetas de crédito, a los móviles y a toda la tecnología”, lamenta el carnicero mientras lo comenta con otros vecinos.

Para Ángel, la jornada de este lunes tuvo algo de positivo. En su caso, conoció a unos vecinos que durante todo el día vio en la calle. “Era un matrimonio joven con dos hijos. Mi mujer bajó de casa a la carnicería y le dije que les preguntaran si necesitaban algo, porque me extrañaba que estuvieran tanto tiempo en la calle. Al parecer, le dijeron que no tenían comida ni dinero para comprarla. Les dimos sobres de jamón y comimos todos. Parece de cuento, pero lloramos todos. Nosotros no perdimos mucho, pero ganamos un gran aprendizaje”, concluye.

La orden de desalojo del 'gaztetxe', un centro social autogestionado y en este caso okupado de Rekalde, estaba prevista para las 09.00 horas de este viernes 4 de abril, pero durante la noche anterior comenzaron los disturbios cuando un amplio dispositivo de la Ertzaintza lo custodió durante la jornada previa a su desalojo, por orden judicial. Tras los incidentes detuvieron a cinco personas por atentado contra agentes de la autoridad, aunque ya han sido puestas en libertad, y según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, 15 ertzainas resultaron heridos, pero no de gravedad. Finalmente, este viernes a las 10.20 se ha producido el desalojo y se ha procedido a identificar a las cuatro personas que han pasado la noche dentro, a las que se les abrirá un expediente sancionador por obstrucción, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

El 'gaztetxe' de Rekalde, de nombre Etxarri, se puso en marcha por jóvenes de la zona en 2014, en la misma zona en la que se produjo el desalojo de Kukutza en 2011 en el que hubo una veintena de detenidos, disturbios y denuncias de “violencia policial” que llegaron hasta la Defensoría del Pueblo Ararteko. “Se abrió con el objetivo de darle una respuesta colectiva a los problemas de la juventud trabajadora del barrio que dejó la perdida Kukutza III Gaztetxea. Durante todos estos años Etxarri ha sido un espacio para la socialización y politización de la juventud, un refugio para diferentes organizaciones del barrio y un lugar para el desarrollo de un modelo de ocio alternativo”, informan desde el gaztetxe, que aseguran que a lo largo de estos años se han realizado decenas de charlas, exposiciones, conciertos y asambleas dentro del edificio.

La orden de desalojo se ha realizado debido a que los propietarios prevén la construcción de un bloque de viviendas. “Queremos denunciar el papel de los responsables de esta orden de desalojo. Los empresarios que se llenarán los bolsillos con el proyecto urbanístico elitista que se está planteando para la zona. A pesar de que tardarán unos años en construir, prefieren tener Etxarri vacío”, detallan tras explicar que “el Ayuntamiento de Bilbao no se ha comunicado con el gaztetxe, ni ha ofrecido ninguna alternativa”.

“Ante esta situación, nuestras únicas armas son la organización y la lucha. Aquellos que quieren desalojar Etxarri, son los mismos empresarios y políticos que eligen empeorar nuestras condiciones de vida y de trabajo, imponiendo los beneficios privados de unos pocos por encima de las necesidades de las vecinas y jóvenes del barrio. Si desalojan Etxarri, nos robarán un espacio clave para la organización de la clase trabajadora en Errekalde. Si desalojan Etxarri, nos robarán otro de los cada vez más escasos espacios autogestionados en Bilbao, en favor de la especulación. Hagámosle frente, extendramos la solidaridad y defendamos el gaztetxe”, concluyen.

Castañares de Rioja construirá un nuevo espacio de convivencia, ocio y sociabilidad que permitirá que los vecinos puedan realizar a cubierto actividades deportivas, sociales y culturales en el municipio. El Gobierno de La Rioja va a invertir un total de 834.968 euros en la construcción, que supone el 80% del presupuesto total de la obra, que asciende a 1.070.471 euros.

Así queda reflejado en la adenda al convenio de colaboración que han firmado este miércoles, 23 de octubre, el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y la alcaldesa de Castañares de Rioja, María Teresa Bañares, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León.

Mediante esta adenda, que ha sido necesaria tras un modificado del proyecto que ha incrementado su presupuesto, el Ejecutivo se compromete a mejorar sustancialmente la financiación del mismo respecto al convenio firmado con anterioridad. El Ayuntamiento, promotor de la obra, prevé comenzar los trabajos durante el próximo mes de noviembre. El plazo de ejecución del edificio es de dos años.

“Con este acuerdo, dotamos a Castañares de Rioja de una infraestructura necesaria que se convertirá en punto de encuentro para todos los vecinos y que dará vida al municipio. Seguiremos impulsando estos centros de convivencia en el medio rural riojano dentro de nuestra estrategia de lucha contra la despoblación, uno de los retos claves que se ha marcado este Gobierno”, ha señalado Daniel Osés.

El espacio estará ubicado en la calle Taberna, adosado al Ayuntamiento y al frontón de la localidad. Constará de planta baja y dos alturas y una superficie útil de 554 metros cuadrados. En su interior se ubicarán dos salas multiusos (planta primera y segunda) que compartirán un gran ventanal con el objetivo de hacerlas visibles desde el exterior y proporcionar a ambas estancias la máxima luz natural posible. 

Además, el edificio contará con garaje para la guarda de vehículos y material municipal; cocina para la realización de cursos y preparación de comidas para las celebraciones populares; y almacén de mobiliario necesario para la organización de eventos, entre otras estancias.

Por su parte, la fachada estará construida con muros de canto rodado y revestidos con morteros naturales, materiales tradicionales de las edificaciones del municipio. La cubierta se proyecta con estructura de madera laminada y panel sándwich quedando vista por el interior proporcionando una calidez especial al espacio.

La estructura se ha diseñado con pilares de hormigón armado y dos tipos de forjados; la zona de comunicaciones y vestíbulos contará con un forjado unidireccional, y las salas de exposiciones con forjados a base de losas alveolares y vigas metálicas. 

Los revestimientos del suelo serán a base de piezas de gres y los paramentos verticales contarán con rodapié porcelánico. Las paredes se pintarán, a excepción de los cuartos húmedos. El edificio dispondrá de un sistema de aerotermia respetuoso con el medioambiente y con una eficiencia energética excepcional.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha puesto en marcha toda una ofensiva para intentar acabar con los centros sociales okupados. En los últimos días, dos de ellos se han enfrentado a la intervención policial: La Ferroviaria fue desalojada y La Bankarrota logró resistir a la espera de recibir una nueva fecha en la que se volverá a repetir la historia.

“La Ferro no se vende”, clamaban las calles el pasado 13 de marzo ante las ocho lecheras policiales justo antes de se produjera la desokupación. Aquel edificio situado en el número 7 de la Plaza de Luca de Tena, en el barrio de Delicias, propiedad de Banco Santander, y que llevaba desalojado más de 12 años. El lugar acogía hasta a 15 asociaciones centradas en el ecologismo, el feminismo o la lucha LGTBI y también se llevaban a cabo clases de baile, boxeo o eventos culturales.

Algo similar sucedía en La Bankarrota, en el distrito de Moratalaz, donde se reunían jóvenes de todo el barrio. “Intentamos permanecer en el lugar, evidentemente vivimos en un constante estado de alarma ante la posibilidad de que el día de mañana nos echen, pero persistiremos”, comentaba una de las activistas que lograron parar el desalojo antes de que el mítico lema “10, 100, 1.000 centros sociales” fuera coreado por todos los asistentes tras su victoria.

La tasa de okupación ha disminuido desde la llegada del alcalde popular. Otros centros de larga trayectoria también fueron desalojados en los últimos años. En noviembre de 2019 se produjo el fin del centro social La Dragona, situado en Avenida de Daroca, 90, en La Elipa (distrito de Ciudad Lineal). Después de 11 años de actividad se confirmaron las amenazas de Almeida de “tolerancia cero con los okupas” convirtiéndose en el primero de al menos diez desahucios similares que han sembrado el terror entre las diferentes asociaciones que gestionan y promueven estos espacios.

En noviembre de ese mismo año se produjo el desahucio de La Ingobernable. El alcalde aseguró entonces que usaría “toda la fuerza de la ley” para llevarlo a cabo. Sin embargo, años después el Tribunal Supremo declaró que aquella acción fue ilegal y determinó que el Gobierno municipal no tenía “legitimidad” para expulsar al colectivo. Años después, en mayo de 2022, el movimiento consiguió un nuevo edificio en el que poder seguir con las actividades vecinales. Llevaba más de cinco años sin uso, pero volvieron a ser expulsados “sin previo aviso”. En esta ocasión para levantar un hotel de lujo. “Los poderes están deseando eliminar de la ciudad los espacios vecinales. Y regalársela a la especulación y la turistificación”, afirmaba el comunicado de la organización.

En los últimos años, la Quimera, el Patio Maravillas, la Salamanquesa o la Traba también fueron desalojados de edificios que previo a la llegada de las diferentes asociaciones y movimientos vecinales carecían de actividad y utilidad de los diferentes barrios. “Hay una ofensiva en contra de estos lugares”, aseguran desde todos los centros sociales. Tras las diferentes acciones contra ellos, también se produjeron infiltraciones policiales.

El año pasado, el CSO La Animosa, situado en el distrito madrileño de Hortaleza, sufrió una de ellas. “Teniendo en cuenta la escasez de CSO que hay en Madrid y la ofensiva que estamos sufriendo en los últimos años, entendemos este caso como un ataque frontal ante la auto-organización de la clase trabajadora”, anunciaba el colectivo que desde 2021 se convirtió en un enclave esencial para la vida vecinal y política de la ciudad en un comunicado que aseguraba que las infiltraciones se producía a través de los eventos deportivos que se ponían a disposición en los centros. “Este es un caso más como los sucedidos en Barcelona o Valencia”, concluía el mensaje en relación a otras actividades policiales similares.

Los centros que se mantienen en pie mantienen su resistencia mientras sobrevuela el peligro constante de ser desalojados, pese a ello, las actividades vecinales, deportivas y de concienciación social persisten en aquellos lugares, dando así a los barrios un soplo de aire fresco y de rebeldía a una cotidianidad que promueve el individualismo.

“Podrán cortar las flores, pero no la primavera”

El pasado 10 de marzo se extendió en redes sociales y en el barrio de La Latina el lema “el corazón de Madrid sigue latiendo”, una consigna que daba el pistoletazo de salida a un nuevo centro social situado en el centro de la capital llamado La Rosa. “Madrid cuenta con un nuevo espacio para las vecinas y los movimientos sociales. El edificio de la calle Bastero 1 será ahora un lugar que acoja la lucha contra la gentrificación y la turistificación”, anunciaba el comunicado del centro. “Queremos que la ciudad merezca la pena ser vivida, queremos que su corazón siga latiendo, queremos volvernos a ver”, concluía.

En la jornada de puertas abiertas, en la que vecinos y curiosos podían visitar el centro, la policía intentó un “desalojo extrajudicial” bajo el supuesto de que el edifico podía tener riesgo por su estado. Tras la verificación de los bomberos, estos mismos aseguraron que no había indicios de peligro y que no respaldaban la acción policial, con lo que la misma no se llevó a cabo. “El Ayuntamiento quiere la ciudad y sus edificios para el turismo, el capital y para los rentistas. Nosotras, para las personas”, anunciaba la organización minutos después en redes sociales.

Pese al cierre de más de una decena de centros sociales en la capital, aquellos que siguen en pie siguen realizando labores en sus respectivos barrios, como La Animosa, que ofrece un gimnasio popular, actividades culturales, como conciertos o sesiones de lectura, y campañas de concienciación con los derechos sociales. Además, también surgen nuevos espacios en los que estas iniciativas encuentran cauces donde poder instalarse.

La alcaldesa de Pescueza (Cáceres), Agustina Fernández, ha pedido al PP extremeño que “no intente tapar sus actos caciquiles con falsedades y mentiras”, en relación a la decisión de la Junta de Extremadura de construir en Torrejoncillo el Centro de Convalecencia y Cuidados que estaba previsto levantar en este pueblo de 164 habitantes.

La primer edil ha contestado así a las declaraciones realizadas este viernes por el presidente provincial del PP de Cáceres, Laureano León, quien aseguró que el Ayuntamiento de Pescueza ha recibido hasta cinco notificaciones sobre la no idoneidad de los terrenos propuestos para levantar el centro “a las cuales o no contestaba o la respuesta era una negativa”.

En este sentido, Agustina Fernández, ha subrayado que Laureano León “miente una vez más cuando dice que al Ayuntamiento de Pescueza se le mandó un requerimiento de subsanación y que el silencio y la ineficacia de la alcaldesa y del equipo de Gobierno no da solución a ese problema”.

“El Ayuntamiento de Pescueza no guarda silencio, y por mucho que el PP piense que los alcaldes y alcaldesas de los pueblos somos unos ineficaces, deberían estar más informados respecto a ese requerimiento de subsanación, al cual se dio contestación y se mandó la documentación con registro de salida que podemos demostrar con documentos, no con mentiras”, ha señalado la alcaldesa.

Fernández ha mostrado su malestar con “este nuevo intento del PP de intentar tapar sus actos caciquiles con falsedades y mentiras”. Asimismo, ha lamentado que desde el PP “vuelvan a faltar al respeto a una institución como es el Ayuntamiento de Pescueza y a todos sus vecinos, cuando, además, están engañando al pueblo de Torrejoncillo, porque ellos lo que quieren es una residencia de mayores, no un centro de cuidados y convalecencia comarcal”.

“Hace dos meses que este Ayuntamiento tiene pedida cita con la gerente del SEPAD para preocuparnos de este y otros asuntos que conciernen a nuestro pueblo y todavía no nos han contestado”, ha denunciado la alcaldesa. 

Han pasado tres meses desde que el Ayuntamiento de Zaragoza desalojara a los más de cuarenta colectivos sociales que formaban parte del centro social comunitario (CSC) Luis Buñuel de las instalaciones del antiguo instituto con el mismo nombre, pese a la negativa de miles de zaragozanos en numerosas protestas, concentraciones y marchas multitudinarias que congregaron hasta 3.000 personas. La próxima tendrá lugar este viernes, 26 de mayo, bajo el lema ‘Defendamos el tejido sociocultural vivo' y va a movilizar a asociaciones aragonesas de todos los ámbitos y a simpatizantes del centro.

Mientras que desde el consistorio, PP-Cs defendieron que el desalojo era para ofrecer a los vecinos del casco histórico un equipamiento público gestionado íntegramente desde el Ayuntamiento a través de un centro cívico; los colectivos han sostenido que más bien parece una estrategia para detener tanto la cultura comunitaria, como la autoorganización de los vecinos y vecinas que construyen sus propios espacios.

 “No son datos, son personas”, así se han pronunciado desde el CSC Luis Buñuel, y es que ,este centro gestionado por la ciudadanía ha servido, en los últimos once años, de sostén para 300.000 personas que han disfrutado de alguna de las 500 actividades que se han realizado. Además, también se han repartido más de 29.000 raciones de comida y más de 1.900 prendas de ropa, desde 2020. Por ese motivo, desde el colectivo invitan a los ciudadanos y colectivos aragoneses a unirse a la manifestación para recuperar lo social y comunitario.

“Creo que el mayor fracaso de la democracia es despreciar una labor ingente que se ha hecho en beneficio de la ciudadanía por tantos colectivos que abarcaba El Buñuel. Es de una ceguera tremenda y de una falta de cultura democrática increíble” , ha manifestado Mamen, del colectivo 8M de Zaragoza.

El desalojo no ha cesado la actividad

Aunque los 42 colectivos que formaban el CSC Luis Buñuel, estén como itinerantes a lo largo y ancho de la capital aragonesa, en especial en el barrio del Gancho donde se ubicaba el centro, los más activos intentan reunirse con frecuencia al mes para celebrar asambleas en las que se pone sobre la mesa la situación futura en conjunto.

El objetivo a corto plazo de estas asociaciones es encontrar un espacio, pero sufragar los gastos de un edificio que les de cobijo a todos resulta complicado. Por ejemplo, el colectivo de La Olla Comunitaria intentó alquilar un local para seguir sirviendo alimento a personas vulnerables, como venían haciendo desde la pandemia del covid-19. Sin embargo, una inmobiliaria les alquiló un bar en Conde Aranda (donde habían pensado ubicarse) y les comunicó que el lugar tenía cocina y salida de humos, algo que no resultó ser cierto. Ahora están en trámites judiciales tratando de recuperar los 1.500 euros que pagaron por dos meses de alquiler, uno de fianza y otro de inmobiliaria.

En la última asamblea, celebrada este jueves 11 mayo, en la librería ‘La Pantera Rosa’, los asistentes acordaron seguir buscando un espacio apto para todos y, mientras tanto, participar en todos los eventos reivindicativos de Aragón para sumar fuerzas y “demostrar que somos muchos”, como se ha visto en las últimas movilizaciones en defensa del Canal Roya.

Qué ha sido de los colectivos

La Olla Comunitaria es uno de los proyectos más conocidos en El Buñuel y, no es para menos, si se tiene en cuenta la labor que han hecho sus voluntarios desde la pandemia cocinando raciones cada sábado para las personas más vulnerables, entre las que se encuentran familias enteras desamparadas a nivel estatal. 

Una de las voluntarias, María, ha explicado a esdiario.es cómo esta asociación nació en las paredes del centro social cuando la pandemia acababa de comenzar, con el objetivo ayudar a todas las personas que en Zaragoza no tenían garantizado un acceso digno a la alimentación.

“Después de que nos han echado del Luis Buñuel, hemos ido a la vecinal del barrio y hemos estado organizándonos igual con todas las vecinas y voluntarios. Los comercios del barrio nos siguen ayudando, a los que se ha unido el Mercado Agroecológico que nos dan productos para sacar adelante La Olla Comunitaria” ha relatado María. 

La voluntaria ha agradecido el apoyo social para poder continuar con su labor y ha destacado también la colaboración de Solidaria Online por darles “la mitad de excedentes que les dan a ellos el Mercado de Zaragoza” y de una panadería del barrio que, desde los inicios, guarda a La Olla pan todos los sábados para que no falte en las raciones. 

Los voluntarios compaginan sus empleos con esta causa y participan los fines de semana en eventos ofreciendo comida pero, en estos casos, para autofinanciarse y poder seguir con la actividad. María lamenta no encontrar este apoyo en las instituciones y ha confesado que resulta muy difícil sin el espacio que tenían en El Buñuel. 

Cuando se anunció el desalojo, un gran sector de la población zaragozana manifestó su rechazo por el cierre de lo que consideraban uno de los pocos espacios en Zaragoza cuyas actividades han fomentado, en un largo plazo, una conexión intergeneracional donde lo prioritario era convivir, conocerse, compartir y aprender. 

Adolfo Allué, miembro de Plataforma Social Rastro, comparte este sentimiento comunitario y ha contado que gran parte de los beneficios que se obtenían con el mercadillo de segunda mano (celebrado el primer sábado de cada mes) iban destinados a otros proyectos como el de La Olla. Ahora se encuentra a la espera de que le den permiso en la expo.

Huguette Sidoine dirigía las clases de ‘Gimnasia suave para mayores’, una actividad que incluso estuvo financiada por el Ayuntamiento de Zaragoza al ser seleccionada en los Presupuestos Participativos de 2019. Ante la reclamación de estos vecinos de avanzada edad por seguir con las clases, Huguette ha tenido que desarrollar las actividades en el barrio a la espera de encontrar una solución al desalojo. 

En el caso de Maite, ella también trabajaba con mayores mediante clases de baile. Desea retomar su actividad El Buñuel, pero mientras tanto, su grupo de baile y ella han tenido que buscar un espacio por el que están pagando una vez a la semana y el resto ensayan en la calle, lo que dificulta el futuro de este proyecto. “Esto es una pena” ha expresado la profesora.

Siguiendo con la música, ‘Ritmos de Resistencia’ llevaba más de una década en el CSC. Son un colectivo que utilizaba los ritmos afro y brasileño para la acción directa no violenta. Ensayaban y dejaban sus instrumentos en el edificio.  En la actualidad, han conseguido que la asociación de vecinos y vecinas de Venecia les haya dejado un cuarto donde guardar los instrumentos, pero siguen sin espacio para ensayar.

Durante casi una década, Gonzalo Gatalinas ha transformado la realidad desde lo poético y la expresión en su ‘Laboratorio Anzabuto’ con actividades como ‘Rizoma Tajalemo’, donde ha asegurado ofrecer alternativas éticas a la monogamia. En este último año había estado trabajando en un teatro antropológico.  “El cierre del Buñuel ha sido realmente un desafío fuerte porque a la interperie a la gente le cuesta más abrirse y se ha perdido un poco de combate y, de alguna manera, el grupo de teatro se ha disuelto ” ha dicho.

Al no existir mucha continuidad, Gonzalo ha continuado su vida, aunque sigue atento a las novedades del Buñuel al que considera un proyecto con el que siente “mucha pertenencia y compromiso” por lo que sigue a la espera, por si “se va configurando de una manera estimulante y continúa la buena labor”.

En el CSC Buñuel también había hueco para autónomos como la ilustradora Mirea, del colectivo ‘Torna a Bolondrina’,  que realizaba cursos de ilustración sin coste para los vecinos y vecinas del barrio. Ha valorado que el centro le aportó todo “porque a parte de la gente y de todos los proyectos en los que se me permitió participar; me sentí realizada al ver como mi trabajo ayudaba a otros. Además, ahí también desarrollaba proyectos personales, estaba intentando autoeditarme un libro el cual sin espacio no lo puedo hacer.”

Para Mireia, perder El Buñuel ha significado perder personas y perder un sentimiento de artistas, de barrio y de comunidad. Ahora se encuentra sola en casa y su proyecto está parado. Según la ilustradora “no es lo mismo estar todos juntos en la calle”. 

Por otra parte, La Asamblea 8M de Zaragoza abarcaba todo tipo de actividades, desde reuniones y charlas de debate a encuentros del movimiento feminista. Una de sus integrantes, Mamen, ha relatado que lo que se hacía en El Buñuel fue enmarcado en un espacio de “solidaridad, convivencia y cuidado, construyendo con el resto de la comunidad una ciudad más justa, inclusiva y feminista”.

Aunque sus integrantes siguen reuniéndose en el espacio de La Revuelta, normalmente tienen que buscar y socilitar espacios en la ciudad que en tiempo y forma puedan favorecer lo que hacen desde la Asamblea. Mamen reclama más compromiso por parte de las instituciones para dar una solución al desalojo no sólo del edificio, sino también de todas las actividades que se han ofrecido en El Buñuel, en las que han participado “gente de todos los barrios y gente vulnerable” a la que han podido apoyar en diferentes ámbitos. 

Un edificio con salón para espectáculos, una casa de dos plantas, una vivienda de planta baja, un piano, una cafetera exprés, bancos, sillas y veladores. Todo ello, propiedad del ateneo Centro Obrero de la Sénia, en la provincia de Tarragona, adjudicado a la organización franquista Delegación Nacional de Sindicatos el 14 de julio de 1944. Ese mismo día, las autoridades del nuevo régimen se apropiaron también de todo el patrimonio de la Unión Agrícola de Ascó, mientras estudiaban los expedientes de la Sociedad Recreativa de Sarroca y del Centro Obrero Repúblicano de Les Borges Blanques, ambos en la provincia de Lleida. 

Los inventarios solían ser siempre parecidos. Uno o dos inmuebles más el mobiliario que conservaban en su interior. Es la letra pequeña del expolio franquista al que fueron sometidos los ateneos catalanes durante la inmediata posguerra y que ahora un libro ha documentado hasta localizar 291 propiedades incautadas de 232 entidades. La mayoría de ellas se dieron en propiedad el sindicato vertical franquista, que luego hizo con ellas lo que más le convino. Sobre todo, cederlas a organismos sociales, culturales o juveniles afectos a la nueva dictadura o subastarlas o venderlas para obtener rédito económico. 

Neus Moran, autora del libro L’espoli franquista dels ateneus catalans, ha elaborado el mapa de este expolio que afectó a los ateneos catalanes, una categoría que incluye todos aquellos centros sociales de pueblos y ciudades de propiedad vecinal y en las que se hacían todo tipo de actividades. Bailes y festejos, coros, socorros mutuos, cooperativas de consumo o de vivienda, escuelas populares, deporte, militancia política… “Partiendo de la base de que no había una cobertura de las necesidades sociales básicas, en estos ateneos la gente encontraba la forma de conseguir reivindicaciones culturales, educativas o laborales”, resume Moran, historiadora e investigadora de la Cátedra Josep Termes de la Universitat de Barcelona (UB).  

La requisa del patrimonio de los vencidos de la Guerra Civil, incluidas estas asociaciones culturales, se fundamentó sobre distinta legislación y fue llevada a cabo primero por los militares y luego por el entramado administrativo. Leyes como la de responsabilidades políticas, de febrero de 1939, dejaban claro que los partidos y organizaciones “declaradas fuera de la ley sufrirán pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida de sus bienes”. “Estos pasarán a ser propiedad del Estado”, añadían. Durante años, fue la Comisión Calificadora de Bienes Sindicales Marxistas (CCBSM) quien se encargó de evaluar los expedientes de estos ateneos y asociaciones. 

“Fue un proceso sistemático y planificado con visión de durar en el tiempo. Los ganadores de la guerra no tenían patrimonio y, por ejemplo, el que acumuló la Delegación Nacional de Sindicatos provino de las asociaciones vinculadas al movimiento obrero”, expresa Moran. Según esta historiadora, el expolio de los ateneos, al menos los que ha estudiado en Catalunya, tuvo para el régimen franquista un doble cometido. “El objetivo fue represivo, económico y político y respondía a la necesidad de borrar todo lo que había sido el tejido esencial del republicanismo”, detalla. 

En algunos casos fueron miembros de la Falange Española los que ocuparon estos inmuebles justo después de que el bando sublevado se hiciera con una localidad, al final de la guerra. Pero la regulación del expolio pudo hacerse años más tarde. De hecho, el volumen de incautaciones fue tal que estas no se dieron por cerradas hasta 1966. Casi tres décadas tras el fin de la contienda.

El destino de este patrimonio fue a menudo el Estado, previo paso por el sindicato vertical, pero también hubo ventas a particulares. Moran ha identificado al menos 20. Las que permanecieron en manos de la administración, con la llegada de la democracia se pudieron reclamar. Eso sí, si las entidades habían sobrevivido a la dictadura. Las 232 asociaciones analizadas por Moran son solo una ínfima parte de la constelación de más de 30.000 asociaciones que había funcionando y registradas en Catalunya antes de la guerra. 

Para el Ateneo Obrero de la Sénia, por ejemplo, el final ha sido relativamente feliz. Su requisa y expolio inicial se produjo el 14 de abril de 1938, con la entrada de las tropas franquistas al pueblo. Desde ese momento, acogió usos diversos, como un comedor del Auxilio Social o la sede del Frente de Juventudes local. Tras inscribirse formalmente como propiedad del sindicato vertical, en 1952 se cedió a la Hermandad de Labradores y Ganaderos para treinta años, pero desde 1975 el edificio permaneció cerrado y en deterioro. 

En diciembre de 1979, ya en democracia, “el gobernador civil de Tarragona dispuso la entrega de las llaves a la entidad que había sido reconstituida por los antiguos socios en julio de 1977”, relata Moran. La podían usar, pero no habían recuperado su propiedad, que había sido transferida al Ministerio de Trabajo. Finalmente, en los 90 se firmó una cesión de uso con el Ayuntamiento, que a su vez lo cedió a la entidad, y en el año 2000 se transfirió al Departamento de Hacienda de la Generalitat. 

Moran, sin embargo, se muestra crítica con este tipo de desenlaces. “Me parece gordo que se lo hayan quedado en propiedad ayuntamientos o la Generalitat, partiendo de compras más que dudosas en plena dictadura”, recuerda.

Los centros sociales de mayores y discapacitados del Instituto Murciano de Acción Social reabren este sábado para sus 90.810 usuarios, que no podían acceder a ellos ni a sus servicios, salvo peluquería, podología, información y asesoramiento cuando mejoraron los datos de la pandemia de covid, desde el 11 de marzo de 2020, informa este organismo autonómico.

Se contempla la prestación del servicio a casi 4.000 usuarios de forma presencial al cien por cien de su capacidad también en los centros de promoción para la autonomía personal, así como el servicio de transporte y manutención con ocupación completa de los asientos.

Los usuarios restablecerán sus actividades y salidas habituales individuales o acompañadas tanto al domicilio familiar como a centros sanitarios o cualquier otra actividad programada.

Los residentes no vacunados o solo con una dosis habrán de realizarse una prueba PCR con 72 horas de antelación si ingresan por primera vez o al regreso de cualquier salida sin supervisión del centro, como habrán de hacer los trabajadores con esas condiciones si vuelven tras más de 7 días, así como las nuevas incorporaciones.

En centros de menores no habrá de hacerse PCR al regreso de salidas mientras se siga excluyendo a los menores de 18 años de los grupos de vacunación.

Diferentes colectivos vecinales y culturales, además de ciudadanos a título particular, han participado este domingo en una manifestación, con un recorrido de 5 kilómetros, de apoyo a la continuidad del Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA) en el antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi y para mostrar su rechazo al “acoso” del Gobierno municipal presidido por José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís “a todos los centros sociales y todo lo que sea participativo”.

Al grito de 'EVA no se cierra' y 'EVA sigue', cientos de personas han recorrido calles del distrito de Arganzuela con pancartas en las que se podía leer 'Madrid te necesita. EVA sigue', 'Escucha la voz de las vecinas' o 'Sus mentiras nos unen más'. Una de las portavoces del EVA, Sacri García-Rayo, ha recordado que, pese a que se hayan cumplido los cuatro años de cesión de este local, el colectivo tenía posibilidad de prórroga, algo que no se ha ejecutado finalmente por parte del Ayuntamiento.

Además ha apuntado que esta decisión del Ayuntamiento “forma parte del acoso a todos los centros sociales y todo lo que sea participativo”. “No sólo es EVA sino que luego viene la Casa de la Cultura de Chamberí (24 de febrero). Ya hay unos desalojados y otros que los van a desalojar”, ha recalcado García-Rayo. “No han evaluado las actividades y la labor social, solo han decidido que nos cierran y ya está. Creo que estos centros están haciendo una labor social y cultural importantísima, es increíble que este Ayuntamiento se dedique, llamándose democrático, a cerrar centros”, ha criticado.

En esta línea, una de las portavoces del centro social La Ingobernable, Gabriela Vázquez, ha apuntado que, en tiempos de pandemia y frente a la crisis económica, es necesario que “se respeten este tipo de espacios, en los que la ciudadanía se puede apoyar”. Mientras que los representantes de Solar Matilde, en Carabanchel, y La Gasolinera, Salamanca, han acusado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de liderar un Gobierno que es “enemigo de lo público” y que va “contra todo lo participativo y autoorganizado”.

“Destrucciones Almeida”

A esta concentración han acudido también representantes de partidos políticos del espectro de la izquierda, como PSOE, Más Madrid o Izquierda Unida. El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, ha definido al Gobierno de la capital como “Destrucciones Almeida S.A.” por actuar contra Madrid Central, el mural feminista de Ciudad Lineal, por retirar las placas de fusilados y ahora desalojar este centro de Arganzuela. “El EVA es un espacio que está ejerciendo una función esencial para el tejido vecinal, que lleva cuatro años prestando servicio de deportes, asuntos sociales y actividades de todo tipo y por el que han pasado casi 20.000 personas”, ha resaltado.

El portavoz del Grupo municipal Socialista, Pepu Hernández, por su parte, ha definido estas reivindicaciones vecinales como “justas” y ha previsto que “desgraciadamente” deberán volver a concentrarse más veces ante la “estrategia” del Ayuntamiento de “acoso y derribo a las asociaciones vecinales”. “Es nefasto para la democracia participativa. Madrid cada vez se parece más a lo que ellos quieren que sea: menos plural, diversa y participativa. Hace un daño tremendo a la democracia”, ha aseverado Hernández. Además ha criticado al PP, Ciudadanos y Vox por intentar “por todos los medios” que “lo público esté desprestigiado”, al tiempo que ha destacado la labor ciudadana por “luchas por cuestiones feministas y ecologistas” y llegar a partes donde “no llegan las administraciones”.

La portavoz de Izquierda Unida en Madrid, Ruth Villaverde, ha criticado también a Almeida por desalojar el EVA ya que es un centro en el que “se está dando servicio a cientos de personas que en estos momentos no están viendo sus necesidades cubiertas por los servicios públicos”. “Apoyamos al EVA y a todos aquellos centros y asociaciones a las que se les están coartando las libertades con el cierre de estos espacios”, ha terminado.

La concentración ha tenido lugar antes de conocerse que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 31 de Madrid haya desestimado la medida cautelar de suspensión del desalojo del EVA, previsto para este lunes tras cuatro años de cesión, después del recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid. “Según indican algunos medios de comunicación nos han denegado el recurso para evitar el desalojo. Sólo decimos una cosa: esto recién empieza”, han escrito en la cuenta de Twitter del espacio vecinal, un mensaje que termina con el hashtag #EVAsigue.