Juan Clavero recuerda la noche que pasó en el calabozo de Ubrique. Recuerda que las luces no se apagaban, que no sabía si era de día o de noche, y que temía de verdad no poder demostrar que esa droga que le habían encontrado en su coche no era suya. Cuando la detención de este reconocido ecologista, con décadas de lucha y compromiso, se difundió fueron muchos los que entendieron que le habían tendido una trampa. Así lo consideró el juez que archivó una causa contra él y que abrió otra para intentar encontrar a los culpables de “intentar arruinarle la vida”. La sección octava de la Audiencia Provincial condenó a dos personas, Manuel Alcaide y José Miguel Herrera, pero a una pena mínima por denuncia falsa, y evitó penas para otros dos investigados y la Sociedad Breña del Agua Investment S.L., a la que Clavero acusaba de usurpar caminos públicos de la sierra gaditana. Protesta que se intentó silenciar colocándole una bolsa con cocaína dentro de su vehículo. El ecologista recurrió esa pena y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de ordenar repetir el juicio. Ocho años y medio después todo vuelve a empezar. 

¿Qué supone para usted la repetición de este juicio?

Es un sentimiento ambivalente. Por un lado me alegro, porque el juicio fue impresentable. El tribunal impidió que se les juzgara por los delitos que se habían planteado desde el principio, como detención ilegal o conspiración, y las penas fueron muy suaves en relación con la gravedad de los hechos. A mí me intentaron meter cuatro años en la cárcel por tráfico de drogas. Si me hubieran procesado por eso, habría entrado. Y, sin embargo, a ellos les cayó lo mínimo. Por ese lado es positivo que se repita. Pero llevo ocho años y medio con esto. En agosto serán nueve. Y la lentitud de la justicia genera sensación de impunidad.

¿Dónde cree que estuvo el error del anterior juicio?

No se puede iniciar un juicio desestimando parte de las acusaciones cuando había indicios suficientes en el auto de procesamiento. Eso lo dice ahora el TSJA. La decisión es fuerte porque supone desautorizar absolutamente al tribunal. La presidenta tuvo una actitud bastante hostil contra mí y bastante risueña a los abogados de los acusados. Además, la dilación indebida rebaja penas. Todo acaba beneficiando a los condenados. Ahora vuelven a ser presuntos porque hay que juzgar otra vez a los cuatro implicados y también a la empresa.

En una democracia no se puede intentar silenciar a quien defiende caminos públicos metiéndole droga en el coche

¿Qué espera del nuevo juicio?

Que cambie el tribunal, por apariencia de imparcialidad. Un tribunal que ni siquiera quiso juzgar determinados delitos difícilmente va a apreciarlos ahora. Y espero condenas proporcionales. Esto puede tener consecuencias muy importantes. O hay una sentencia ejemplar o se estará legitimando la impunidad de prácticas mafiosas. Si las penas son pequeñas y las empresas salen de rositas, el mensaje es peligrosísimo: que con conflictos sociales puedes intentar hundir a alguien y no pasa nada. Pero si hay una sentencia ejemplar, dentro de la ley, puede disuadir a otros. En una democracia no se puede intentar silenciar a quien defiende caminos públicos metiéndole droga en el coche.

¿Llegó a temer que pudieran llegar tan lejos?

Jamás se me habría ocurrido. Llevo décadas luchando por caminos públicos y espacios naturales y he tenido conflictos duros, pero esto no. Cuando la Guardia Civil me registró la furgoneta y me mandó a 100 metros mientras encontraban la bolsa, pensé que era una pesadilla. Luego vino el calabozo. Una noche entera con dos focos encendidos, sin reloj, sin gafas, sin saber qué hora era. Dándole vueltas a cómo podían haberme metido aquello.

¿Tuvo miedo?

Claro. Por mi familia, por mi reputación. El primer día aparecí en medios nacionales como detenido por tráfico de drogas. Eso fue durísimo. Recuerdo los grilletes, te inmovilizan. Mi mujer y mi hija me vieron llegar esposado con ocho guardias civiles sin saber nada. Es una imagen que no se borra.

¿Quién le ayudó?

Ahora lo puedo contar. A mí ayudaron dos cartas anónimas que me llegaron con datos internos para que pudiera defenderme. Ahora sé que eran de un guardia civil. Y me ayudaron vecinos, testigos... Y hubo pruebas claves, como las cámaras de un bar donde se reunió el cabo con uno de los implicados horas antes del dispositivo. Sin esa colaboración habría sido muy difícil demostrar nada. Porque, ¿cómo pruebas quién y cómo te meten una bolsa debajo del asiento? También recibí muchos apoyos. Menos algún medio nacional y algún político como Germán Beardo (alcalde de El Puerto), me sentí muy respaldado.

¿Cree que hubo algo más que una actuación individual?

Yo no tengo pruebas de que la empresa organizara todo, pero la responsabilidad civil subsidiaria es evidente. Directivos de la empresa participaron usando recursos de la empresa. Y la empresa fue absuelta. Eso debe revisarse. Además, hablamos de una finca de miles de hectáreas, con conflictos por la usurpación de caminos públicos, con un modelo de gestión muy vinculado al viejo caciquismo. Aquí no estamos hablando de un malentendido.

Si me hubiera encerrado o retirado, habrían ganado. Esto puede sentar un precedente. O se consolida la idea de que al que levanta la cabeza se le pega un porrazo, o demostramos que por la vía legal se puede defender el patrimonio público

A pesar de todo lo que le ha pasado, sigue en la misma reivindicación: recuperar los caminos públicos de los montes de la provincia de Cádiz.

Al revés, lo que me ha pasado me ha hecho llevarlo con más fuerza. Si me hubiera encerrado o retirado, habrían ganado. Esto puede sentar un precedente. O se consolida la idea de que al que levanta la cabeza se le pega un porrazo, o demostramos que por la vía legal se puede defender el patrimonio público.

El conflicto de fondo sigue siendo la defensa de los caminos públicos.

Exacto. Los caminos son calles del campo. Son de titularidad municipal. Y muchos ayuntamientos los han dejado perder física y jurídicamente. No estaban inventariados ni inscritos en el registro. Ahora hemos conseguido que algunos municipios avancen. Ubrique lo tiene aprobado, Zahara está a punto. Grazalema hizo el inventario en 2019 y lo tiene en un cajón. El camino sigue cerrado. Eso es lo que no puede ser.

¿Y cómo va esta lucha?

Vamos a iniciar una vía nueva que permite la ley: que vecinos del municipio pidan amparo judicial para obligar al Ayuntamiento a abrir el camino. No es una denuncia, es un requerimiento. Si el juez nos da la razón, ordenará la apertura. Es un paso importante. Ya he conseguido el sí de algunos vecinos de Grazalema.

Estos días ha vivido en persona también las lluvias extremas en la Sierra de Grazalema porque usted tiene casa en Benamahoma. ¿Cómo lo ha llevado?

También de forma ambivalente. El espectáculo natural ha sido impresionante. El agua en Grazalema es algo grandioso. Pero hemos estado aislados en Benamahoma varios días, sin poder entrar ni salir, sin poder ir a comprar el pan, con horarios restringidos. Ha habido ansiedad. Y daños económicos importantes en restaurantes y negocios.

¿Ve en estos episodios una confirmación del cambio climático?

Sin duda. Los científicos llevan décadas advirtiendo de un aumento de fenómenos extremos en el Mediterráneo: sequías más fuertes y temporales más intensos. El Mediterráneo se está calentando a niveles del Caribe. Lo que estamos viendo son sistemas casi huracanados entrando por el este. Y, sin embargo, crecen los discursos negacionistas. Es muy preocupante.

¿Cree que no estamos aprendiendo?

No estamos tomando conciencia suficiente. Igual que con la pandemia: si hubieran ganado los negacionistas, el desastre habría sido mayor. Aquí pasa lo mismo. O tomamos medidas urgentes o nuestros pueblos no van a aguantar lo que viene. No es un problema de nuestros nietos. Es de nosotros.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Juan Clavero y Ecologistas en Acción, y que fue apoyado por la Fiscalía, contra la sentencia dictada el día 14 de octubre de 2024 por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Jerez, según informa en una nota de prensa Ecologistas en Acción.

La sentencia condenó a Manuel Alcaide Parra y a José Miguel Herrera Díaz como autores criminalmente responsables de un delito de denuncia falsa, a las penas de un año de prisión y multa de 15 meses, a razón de 6 euros de cuota diaria. Asimismo se les condenó a indemnizar, conjunta y solidariamente, a Juan Clavero en la suma de 20.000 euros, en concepto de responsabilidad civil. La sentencia absolvió a los otros dos procesados, Juan Luis Pérez Ramírez y Óscar González, y a la Sociedad Breña del Agua Investments S.L.

La sentencia incluía como hechos probados que José Miguel Herrera Díaz, gerente en 2017 de las fincas propiedad de la Sociedad Breña del Agua Investments S.L., acordó con Manuel Alcaide que “participase en dicha ruta haciéndose pasar por simpatizante del grupo ecologista y que, disimuladamente, introdujera cierta cantidad de drogas en el vehículo de alguno de dichos miembros para, a continuación, avisar a la Guardia Civil y propiciar la apertura de las correspondientes diligencias penales”. Estos hechos son constitutivos de un delito de denuncia falsa, con penas de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, que terminaron siendo reducidas por dilación indebida, recuerda la asociación.

El tribunal “impidió que se abordaran los delitos de detención ilegal y conspiración para la detención ilegal”, que plantearon tanto la acusación particular ejercida por Juan Clavero, como la popular ejercida por Ecologistas en Acción, destaca la nota. Ambas acusaciones solicitaban penas más elevadas e indemnizaciones más cuantiosas, dada la gravedad del daño que se pretendió causar a Juan Clavero, que podría haber terminado en prisión como traficante de drogas.

Ecologistas en Acción consideró “muy sorprendente” la absolución como responsable civil subsidiaria de la Sociedad Breña del Agua Investments S.L., pues quedó demostrado que su administrador, José Miguel Herrera, fue quien organizó la trampa para imputar a Juan Clavero como narcotraficante, y que admitió en el juicio que contrató a Manuel Alcaide como espía y, según reconoce la sentencia, para introducir cocaína en el vehículo de Juan Clavero.

Tanto Juan Clavero como Ecologistas en Acción anunciaron que recurrirían la sentencia ante el TSJA, como así hicieron, y ahora dicho tribunal les ha dado la razón, anulando la sentencia y obligando a repetir el juicio.

Juan Clavero y Ecologistas en Acción muestran públicamente su satisfacción por esta resolución, que permitirá enjuiciar a los acusados de urdir esta trama, no solo por el delito de denuncia ilegal sino también por los delitos de detención ilegal y conspiración para la detención ilegal. Los acusados se podrían enfrentar a una pena de siete años de cárcel y multa de 21.600 euros, además de a una cuantiosa indemnización. Asimismo, se volverá a plantear que se condene a la Sociedad Breña del Agua Investments S.L. como responsable civil subsidiaria.

Ecologistas en Acción espera que en el nuevo juicio se haga justicia y no quede impune ninguno de los implicados en esta trama.

Dos individuos han sido condenados a un año de prisión por urdir una trampa que tenía como única finalidad que el ecologista Juan Clavero, muy activo en la defensa de los caminos públicos de la Sierra de Grazalema, acabara dando con sus huesos en la cárcel. José Miguel Herrera, gerente de la finca Breña del Agua (por la que atraviesa uno de esos caminos), y Manuel Alcaide, quien dejó la droga en el vehículo, han sido condenados por un delito de denuncia falsa siete años después de que el activista se viera sorprendido por la Guardia Civil trasportando en su coche 47 gramos de cocaína que le habían colocado ahí. Los otros dos acusados, a los que la Fiscalía una colaboración en los hechos, han sido absueltos.

La sentencia, que puede ser recurrida, acota el delito al responsable material de colocar la droga y al urdidor del plan. Ambos se coordinaron para colocar la droga tras el asiento de copiloto de la furgoneta de Clavero y asegurarse de que la Guardia Civil la encontraba. “Ambos conocían que los hechos que denunciaban eran falsos”, concluye la resolución, que subraya que su interés en que la droga fuera descubierta y se imputara un delito a Clavero “desborda el interés normal que cualquier ciudadano pueda tener”.

Fiscalía pedía que cada uno de los cuatro acusados fueran condenados a año y medio de prisión por denuncia falsa, mientras que Clavero pedía siete años de prisión, al considerar que también se habían cometido delitos de detención ilegal y organización criminal. Finalmente, dos de los acusados (antiguos encargados de la finca) han quedado eximidos de responsabilidad y los otros dos (uno de ellos, el gerente) han recibido una condena rebajada (tanto en la pena de prisión como en la multa) al aplicárseles la atenuante de dilaciones indebidas.

Además de la pena de cárcel, que será probablemente suspendida al ser inferior a dos años y medio, la Audiencia Provincial de Cádiz impone a los condenados el pago de una multa de 2.700 euros a cada uno y una indemnización conjunta de 20.000 euros a Clavero, que pasó una noche en el calabozo sin saber por qué, y diez días expuesto ante los medios como presunto narcotraficante.

Los magistrados creen que la víctima de aquel plan pudo ser cualquier ecologista implicado en la defensa de los caminos públicos, pero resultó Clavero, un activista de reconocido prestigio en Cádiz, antiguo director del Parque Natural de la Sierra de Grazalema.

Para Ecologistas en Acción, las penas “no se corresponden con la gravedad de los hechos que han quedado acreditados en el juicio”. Clavero tiene una sensación “agridulce”: está satisfecho por que se haya corroborado la existencia de un complot, pero lamenta la escasa entidad de la condena, por lo que sus abogados están estudiando la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo.

“Detrás del asiento de copiloto. Borra esto”

La sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, recoge un relato que sitúa el origen de los hechos en un acuerdo entre los dos condenados para “ocasionar problemas” a miembros de la asociación de Ecologistas en Acción y de la Plataforma en Defensa de los Caminos Públicos de la Sierra, que estaban siendo muy activos en la protesta por la usurpación de los caminos públicos que atraviesan distintas fincas rústicas de la zona, entre ellas Finca La Breña.

De esta forma, cuando José Miguel Herrera, gerente de la finca, se enteró de que se había convocado una marcha para atravesar el terreno recorriendo el camino público, se conchabó con Manuel Alcaide para que este participase en la ruta haciéndose pasar por simpatizante del grupo ecologista y que, disimuladamente, introdujera drogas en el vehículo de alguno de los activistas, para a continuación avisar a la Guardia Civil.

Así ocurrió, y el 26 de agosto Alcaide acudió a la marcha, se presentó a Juan Clavero y, al terminar, pidió que le llevasen de vuelta a un punto, si bien se apeó antes del vehículo. Para entonces, Alcaide ya había colocado la droga en el interior del coche y Herrera se había reunido con un agente del Seprona al que conocía, al que había contado que un “infiltrado” en la marcha le había dicho que los participantes ocultaban una importante cantidad de droga en la furgoneta de Clavero.

Poco después de esta reunión entre el agente y el gerente de Finca La Breña, la comandancia recibió una llamada desde un teléfono público: “Hola, buenas tardes, mire, yo llamaba para informar que hoy, entre las cuatro y media y las siete de la tarde, va a entrar en el pueblo de Benamahoma una furgoneta Volkswagen blanca, con una importante cantidad de droga para ser consumida en las fiestas del Coto de Bornos”.

Para redondear su plan, Herrera se cercioró de que la Guardia Civil cazaba al ecologista con un par de mensajes de Whatsapp al agente que conocía: “Van para ti en 2 minutos” y “un coche solo”. Una patrulla esperaba ya a Clavero, al que los agentes engrilletaron y detuvieron casi de inmediato, después de unos minutos en que fueron incapaces de localizar el paquete. Tuvieron que telefonear nuevamente a Herrera, para que este indicase el lugar exacto donde la habían escondido: “Detrás del asiento del copiloto, borra esto”. Acabaron encontrando 29 papelinas con 47 gramos de cocaína y ocho posturas de hachís con un peso bruto de cuatro gramos.

Rebaja de penas y exenciones de responsabilidad

El agente de la Guardia Civil no llegó a ser acusado por su posible participación en los hechos y de los cuatro que sí lo fueron, dos han sido absueltos, pues el tribunal entiende que no está acreditada su participación en los hechos, que el fiscal sí apreciaba. Uno de ellos acudió a la reunión con el agente del Seprona y del otro se sospechaba que pudo ser quien realizó la llamada desde el teléfono público, pero no han sido condenados al no haberse aportado el vídeo y el audio en el que se constata esta participación.

La sala rebaja la pena en seis meses (respecto a lo que pedía Fiscalía) por las dilaciones indebidas. La investigación judicial empezó en diciembre de 2017, los acusados declararon como investigados en marzo de 2018 y no se les ha juzgado hasta octubre de 2024. “La tramitación ha sido singularmente extensa sin motivo justificado”, señala la sentencia. “La lentitud de la justicia, y maniobras dilatorias de las defensas, terminan beneficiando a los delincuentes y perjudicando a sus víctimas”, han lamentado los ecologistas en un comunicado.

La Audiencia también ha rebajado notablemente las expectativas de condena que tenía Clavero al limitar el objeto del juicio al delito único de la denuncia falsa. Según el tribunal, los acusados no supieron durante la instrucción que lo que habían hecho también podía ser constitutivo de detención ilegal e integración en organización criminal, de modo que exponerlos a una condena por esos delitos podría atentar contra su derecho a la tutela judicial efectiva.

Los magistrados rebajan también las pretensiones indemnizatorias de Clavero, quien durante una semana se vio en los medios como un presunto narcotraficante, y rechazan por completo las de Ecologistas en Acción, la entidad de la que es notorio integrante, y que entendía que su imagen también se vio dañado por el episodio.

Tampoco condenan a Finca la Breña a abonar subsidiariamente la indemnización. La entidad es titular de la finca por donde pasa el camino público usurpado que los activistas reivindican, y estaba administrada por Herrera, urdidor del plan. Sin embargo, los magistrados la eximen de cualquier responsabilidad por entender que la denuncia falsa que formuló Herrera, su gerente, no entra en el “ejercicio normal o anormal” de sus funciones, y que la entidad no podía prestar su conformidad con lo que hiciera Alcaide, con quien no tenía relación. “Muy sorprendente”, señalan desde Ecologistas en Acción.

Ocurrió el 26 de agosto de 2017. En las redacciones de los medios de comunicación de la provincia de Cádiz llegó una noticia impactante. El reconocido dirigente ecologista Juan Clavero, referente de la defensa de los espacios protegidos de Cádiz y azote de políticos y empresarios, había sido detenido por llevar cocaína en su coche.

Pocos dieron crédito a aquella noticia y, en seguida, la propia Guardia Civil que había arrestado a Clavero sospechó que había sido una burda trampa. Siete años después, en el banquillo de la Audiencia Provincial en Jerez se han sentado los acusados de haber urdido aquel plan. El ecologista pide justicia. “Pido medidas ejemplares para que los mafiosos no puedan volver a actuar”.

Clavero llevaba en aquel verano una intensa campaña de denuncias por el Parque Natural de Grazalema alertando del cierre ilegal de algunos caminos públicos. Acusaba con nombres y apellidos a una empresa. Y aquella jornada de agosto una patrulla de la Guardia Civil paró el coche del ecologista. En el cuartel habían recibido una extraña llamada advirtiendo de que en ese coche había cocaína. Los agentes revisaron la furgoneta, y, efectivamente, allí estaba la droga.

Indagaciones de la Guardia Civil

El arresto tuvo una enorme repercusión. Los que le conocían sabían que Clavero nada podía tener que ver con aquella mercancía. El juzgado de Ubrique, que había abierto diligencias contra él, no tardó en cerrarlas. La Guardia Civil encontró muy pronto indicios de que aquella acción era una mala imitación de una serie o una película con guion de poca monta. La operación, aunque consiguió su objetivo de que Clavero fuera detenido, se volvió en contra de los que la maquinaron gracias a una ágil investigación de los guardias civiles.

Enseguida, las sospechas fueron contra los responsables de la sociedad que había cerrado los caminos que Clavero había denunciado: Sociedad Breña del Agua Investments S.L., que, en aquel momento y ahora, es la mayor propietaria privada de fincas en el parque natural. Las indagaciones de los investigadores del SEPRONA y otros compañeros de la Guardia Civil centraron las acusaciones contra cuatro personas: Miguel Herrera, apoderado de esta sociedad; Juan Luis Pérez y Óscar González, capataces, y Manuel Alcaide, la persona a la que contrataron personalmente para colocar la droga en la furgoneta de Clavero.

“Quiero que se haga justicia”

Los cuatro se han sentado este martes en el banquillo. Tras dos intentos previos que se habían suspendido, el juicio ha comenzado con la versión contrapuesta de los acusados, que relativizan o niegan su responsabilidad, y la de Clavero, quien señala a los cuatro con vehemencia. “Quiero que se haga justicia, que los hechos que vengan en la sentencia, ante pruebas tan contundentes, sirva para fijar penas que sean disuasorias”, ha reclamado en el juzgado el líder ecologista. “Para que a ningún corrupto o mafioso se le ocurra otra vez una jugarreta como esta”.

La Fiscalía pide penas de año y medio de prisión, multa de 12.000 euros y una indemnización solidaria de 20.000 euros contra los cuatro. La acusación que ejercen Ecologistas en Acción y Juan Clavero reclama aumentar esa pena a dos años de prisión por denuncia falsa y otros cuatro por conspiración para la detención ilegal más otro por pertenencia a grupo criminal. Es decir, en total siete años, además de elevar las sanciones económicas a 21.600 euros de multa y 70.000 de indemnización por daños morales.

Está previsto que el juicio acabe este miércoles en la sede jerezana de la Audiencia Provincial de Cádiz con el testimonio de los guardias civiles que llevaron la investigación. Clavero ha señalado en este juicio, además, que la lucha por los caminos públicos del parque natural continúa. Esa es su manera de decirles a los acusados que no han ganado. 

Casi seis años y medio después de la detención de Juan Clavero, el juicio contra los cuatro acusados de introducir 47 gramos de cocaína y tres de hachís en el vehículo del conocido histórico activista andaluz perteneciente a Ecologistas en Acción, Juan Calero, previsto para este miércoles, se ha aplazado debido a la muerte del abogado de uno de los acusados. El ecologista lamenta una vez más la dilación del proceso: “Estaba contento de que por fin se sentaran en el banquillo los culpables de mi detención, no por mí, sino porque no vuelva a ocurrir. A lo largo de mi trayectoria he recibido insultos, amenazas, pero nunca hubiese esperado que se organizase toda una trama en mi contra”, explica elDiario.es Andalucía antes de que se fuera a iniciar una vista oral que se aplazara.

La Fiscalía solicita para los cuatro encausados penas de un año y medio de cárcel como presuntos autores de un delito de denuncia falsa, así como una multa de 12.000 euros y una indemnización solidaria de 20.000 euros a Clavero en concepto de daños morales, con la responsabilidad civil subsidiaria a la sociedad Breña del Agua Investments SL, a la que pertenecían los ahora acusados. El activista considera bajas esas penas “dado que no atienden a la gravedad de lo ocurrido”. “El fiscal se ha quedado bastante corto. No es solo una mera denuncia falsa, sino la organización de una trama y la conspiración para el delito”, asegura.

Por ello, las acusaciones particulares que ejercen Clavero y Ecologistas en Acción quieren que se aumenten las penas por denuncia falsa hasta siete años de cárcel: dos por denuncia falsa con la agravante de alevosía, cuatro por provocación y conspiración para detención ilegal, y uno por pertenencia a grupo criminal. A ello añaden multas que suman 21.600 por cada acusado, además de una indemnización por daños morales de 50.000 euros a Clavero y 20.000 a la propia organización ecologista en el mismo sentido. Además, solicitan la prohibición a los encausados de comunicarse por cualquier medio con la organización, así como de aproximarse a Clavero o a su domicilio en un radio de 500 metros por un plazo de tres años desde el cumplimiento de las penas privativas de libertad, coincidiendo con la Fiscalía en solicitar la responsabilidad civil subsidiaria a Breña del Agua Investments S.L.

Archivada la causa contra Clavero

El 26 de agosto de 2017, Clavero fue detenido en la localidad de El Bosque al encontrar la Guardia Civil en su furgoneta 47 gramos de cocaína y cuatro de hachís. Desde un primer momento, la opinión pública y la inmensa mayoría de entidades políticas y sociales de Cádiz “no dieron crédito a esta acusación al entender que se trataba de una burda trampa para anular su participación en la campaña por la apertura de caminos públicos en el Parque Natural Sierra de Grazalema”, cuentan desde Ecologistas en Acción.

El caso dio un giro cuando la investigación apuntó a una trampa ideada por cuatro personas, entre ellas tres trabajadores de una finca con la que Ecologistas en Acción en Cádiz mantenía un litigio desde hace años por impedir el acceso a un camino público en la Sierra de Grazalema. La imputación contra Clavero, un histórico en la defensa de los suelos de lo que hoy es un parque natural, fue finalmente archivada y dio paso a un proceso contra los cuatro acusados de urdir el complot que ahora se enjuicia.

Tanto la víctima como el juez instructor lo tuvieron claro desde un principio: Juan Clavero no era ningún narcotraficante. “Ni consume, ni transporta, ni trafica. Todo parece una burda trampa de película mala”, señalaban desde su organización, Ecologistas en Acción.

Los otros imputados

En una entrevista concedida a elDiario.es Andalucía, Clavero ya explicaba que, rumbo a una movilización contra la ocupación de dichos caminos, “se nos acercó un señor que decía que era amigo de Ecologistas en Acción de Jerez y que quería hacer el camino con nosotros. Le dijo que era un camino conflictivo, pero no se nos ocurrió que fuera un infiltrado”. Con la excusa de que había podido perder sus gafas en la furgoneta de Clavero, el tipo “empezó a buscar debajo de los asientos de mi coche y ahí fue cuando dejó la droga”. Dicha persona es el cuarto acusado en la trama y responde a las iniciales de M.A.P.

Entre los otros acusados se encuentran algunos responsables de la citada sociedad Breña del Agua Investments SL. El primero de ellos es J.H.D quien, en el momento de los hechos era gerente y apoderado de la sociedad, conforme a los datos extraídos del escrito de acusación fiscal, al que ha tenido acceso este periódico. Fue él quien telefoneó al guardia civil entonces destinado en la Patrulla del Seprona de Ubrique un día antes de la marcha convocada por Ecologistas en Acción en la Finca Breña del Agua para advertir de que los intervinientes podrían entrar en una zona no autorizada.

Así pues, conforme al citado escrito, el Guardia Civil telefoneo el día de la marcha a J.H.D para interesarse por las incidencias de la expresada marcha, y este le manifestó que quería hablar con él personalmente, pidiéndole que acudiera al Restaurante Calvillo de El Bosque, donde se encontraba en unión con el segundo de los acusados, J.P.R . Tras personarse el agente en dicho establecimiento, J.H.D le dijo: “Tengo un infiltrado (en la marcha), que me ha comentado que en una furgoneta tienen droga”. De esta forma, le precisó la ubicación exacta por la que iba a pasar la furgoneta el día de la marcha para la incautación de la droga.

Ese mismo día el tercer implicado, O.G.G, desde un teléfono fijo público ubicado en una cabina de El Bosque y avisó de la hora concreta en la que la furgoneta iba a pasar por la ubicación ya desvelada por su compañero y de la matrícula de la misma. Entre tanto, ya finalizada la marcha, M.A.P pidió a Clavero que le abriera la puerta de su furgoneta, con la excusa de buscar en la misma unas gafas que había extraviado, a lo que este accedió, circunstancia que aprovechó el primero para colocar tras el asiento del copiloto la droga.

Desde la empresa ya se afirmó, recuerda Clavero, que no les corresponde hacerse cargo de la responsabilidad civil subsidiaria por los daños ocasionados por sus ex trabajadores dado que todos ellos fueron despedidos al iniciarse la trama judicial. No obstante, desde Ecologistas en Acción afirman que no se trató de un despido judicial por las cuantiosas indemnizaciones que recibieron los trabajadores: 35.305,97 euros a J.H.D, 7.570,14 euros a O.G.G y 487 euros a J.P.R.

Problemática por el cierre de los caminos

La empresa citada, perteneciente al empresario belga Marnix Galle, el mayor propietario de fincas privadas en el parque natural, se ha visto inmersa en numerosos incidentes por el cierre de los caminos públicos y vías pecuarias que discurren por sus fincas, cuentan desde ecologistas en acción. En concreto, la empresa había recurrido al pleno del Ayuntamiento Grazalema la inclusión del Camino de Benamahoma a Zahara en el inventario de bienes municipales, dado que este no constaba en el Registro.

De este modo, la empresa reclamó al Juzgado de 1º Instancia e Instrucción de Ubrique pidiendo la propiedad sobre el mismo, solicitud que les fue denegada y tras lo cual recurrieron al TSJ, que también denegó la petición de la empresa. Asimismo, desde Ecologistas en Acción aseguran que la problemática suscitada gira en torno a la parte del camino perteneciente al término municipal de Grazalema, “el cual ha cerrado la empresa al tránsito y razón por la cual esta estaba en conflicto con los activistas”.

El ecologista Juan Clavero ve un poco más próximo el final de la trama que, hace ahora casi cinco años, estuvo cerca de llevarlo a prisión por tráfico de cocaína. Fue a finales de agosto de 2017 cuando la Guardia Civil encontró en su furgoneta 47 gramos de cocaína y cuatro de hachís, aunque a renglón seguido el caso dio un giro radical cuando la investigación apuntó a una trampa ideada por cuatro personas, entre ellas tres trabajadores de una finca con la que Ecologistas en Acción en Cádiz mantiene un litigio desde hace años por impedir el acceso a un camino público en la Sierra de Grazalema. El caso contra Clavero, un histórico en la defensa de los suelos de lo que hoy es un parque natural, fue archivado y dio paso a un proceso contra los cuatro acusados de urdir el complot que ahora ha terminado su instrucción, con la petición del fiscal para cada uno de ellos de un año y medio de cárcel por denuncia falsa con una maquinación que ejecutaron tras una nueva acción de protesta de los ecologistas.

El Ministerio público también solicita una multa de 12.000 euros y una indemnización solidaria a Clavero de 20.000 euros, penas que el propio afectado considera bajas al considerar que no atienden a la gravedad de lo ocurrido hace casi cinco años. Por ello, el activista reclama junto a Ecologistas en Acción (las dos partes ejercen la acusación particular) hasta siete años de cárcel: dos por denuncia falsa al incluir el agravante de alevosía, cuatro por provocación y conspiración para detención ilegal y uno por pertenencia a grupo criminal. A ello añaden multas que suman 21.600 por cada imputado, además de una indemnización por daños morales de 50.000 euros a Clavero y 20.000 a la propia organización ecologista.

Ahora el caso pone rumbo a la Audiencia Provincial y toca esperar para que se fije el juicio, aunque Clavero confía en que pueda celebrarse este mismo año. “La Justicia es lentísima”, lamenta el activista, para quien es importante que, más allá de la discrepancia por los delitos que al final se imputan, “el informe del fiscal es muy claro” en cuanto a la descripción de la trama. Además, la Fiscalía ha dado un paso importante como es solicitar la responsabilidad civil subsidiaria a la sociedad Breña del Agua Investments, la empresa para la que trabajaban (y que despidió) a tres de los cuatro imputados, la mayor propietaria privada de fincas en el parque natural Sierra de Grazalema y que ha protagonizado sonoros choques con los ecologistas por el cierre de los caminos públicos y vías pecuarias que atraviesan sus fincas.

Un tema “aclarado al cien por cien”

Clavero aguarda “tranquilísimo” la llegada de un juicio que se ha alargado por las “maniobras” de los acusados y que no interpreta en clave de exoneración personal, ya que considera que “el tema está aclarado al cien por cien y con pruebas contundentes”, apoyadas en una completa –y clarificadora– investigación de la Guardia Civil. “En diez días se archivó el caso porque se vio que era un montaje”, recuerda, lo que no evitó que pasara varias horas (noche incluida) en los calabozos y que la cantidad de cocaína que le pusieron en el coche le habría enfrentado a una pena de hasta cuatro años de prisión.

Eso sí, considera que es “importante” que esta historia acabe con una condena firme, primero “porque en una sentencia queda clara la sucesión de los hechos”, y segundo para demostrar que este tipo de denuncias “sirven para algo”. “Durante estos años me han estado dando ánimos pero a la vez diciéndome que esto no vale para nada, que al final se escaparán de alguna manera: hay que acabar con eso del no vale para nada”, subraya, sobre todo porque considera que sentaría un precedente peligroso. “Si les sale bien, sería para temerlo”.

Los imputados como responsables de la trampa son José Miguel H., apoderado de la sociedad propietaria de los terrenos, y Juan Luis P. y Óscar G., capataces de las fincas. Junto a ellos también está procesado Manuel A., al que se acusa de colocar la cocaína en la furgoneta, punto culminante de una celada que se cerró con una llamada telefónica a la Guardia Civil avisando de hacia dónde circulaba un vehículo con droga. Los agentes (uno de los cuales mantenía una relación de amistad con el apoderado, con el que se reunió poco antes de la llamada) montaron un dispositivo que acabó con Clavero en el calabozo.

Un camino todavía cerrado

A la espera de la resolución final de esta trama, lo más frustrante para Clavero es que “el camino sigue cerrado”, pese a que hay dos resoluciones por la vía contencioso-administrativa que avalan su titularidad pública. Y continúan las fricciones con la empresa propietaria de la finca por el que discurre el sendero entre Benamahoma (en término de Grazalema) y Zahara, en el que los ecologistas siguen organizando regularmente acciones para recorrerlo y denunciar una situación que no ha cambiado desde 2004. La cuestión está ahora judicializada, después de que la compañía se fuese por la vía civil para reclamar la propiedad, un caso en el que se ha personado Ecologistas en Acción y eso les ha permitido saber que “hay un acuerdo entre el Ayuntamiento de Grazalema y la empresa para paralizar el procedimiento”.

Con esta tregua judicial, el Consistorio grazalemeño “le está dando oxígeno” a la sociedad propietaria de los suelos, denuncia el histórico ecologista, que insiste en que el conflicto “se acabaría si el Ayuntamiento hubiese seguido con el deslinde, que puede hacer con una orden judicial”, una batalla que están ganando algunos municipios en situación similar. Clavero, que señala que hace poco tuvo un roce con uno de los acusados (todos los protagonistas viven en la misma zona), garantiza que seguirá protestando hasta que el tránsito vuelva a ser público y libre por el sendero, igual que dijo en su día que llegaría hasta el final para saber quién estaba tras la trampa que hace casi cinco años estuvo cerca de enviarle a prisión.

Una comitiva conformada por representantes de Ecologistas en Acción y de la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos, junto al coordinador del Grupo Podemos en el Parlamento de Andalucía, han partido este martes hacia Bruselas, para trasladar al Parlamento Europeo la problemática de los caminos públicos en Andalucía. Entre los miembros de la comitiva se encuentra el responsable del área de conservación de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, el presidente y la secretaria de la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos, Manuel Trujillo y Emiliana Rubio, y David Moscoso en representación del Grupo Parlamentario Podemos.

La comitiva participará este miércoles en una sesión de trabajo con europarlamentarios de todos los grupos, “para llamar la atención sobre la usurpación de caminos públicos y vías pecuarias en Andalucía”, según indicó Moscoso.

Este grupo acudo al Parlamento Europeo con dos objetivos: “La correcta fiscalización de la ejecución de todas las ayudas concedidas al Gobierno andaluz para la recuperación de vías pecuarias en Andalucía” y para “instar a la comisión a que efectúe una visita de europarlamentarios sobre el terreno para conocer algunos de los casos que se expondrán durante la visita”.

Fiscalización

La idea, como explican en una nota de prensa, es conocer si la Comisión Europea está fiscalizando debidamente la financiación comunitaria para el deslinde y recuperación de vías pecuarias en Andalucía, cuyo Gobierno lleva décadas recibiendo ayudas para tal objetivo. Según denunciaron lo miembros de la comitiva, “muchas de estás vías aún no están deslindadas, o incluso han sido usurpadas tras su deslinde, ante la falta de vigilancia y custodia de la administración andaluza”.

Sólo en 2018, el Gobierno andaluz, Aseguran, “recibió tres millones de euros para deslinde de vías pecuarias, recibiendo ayudas similares cada año. Sin embargo, tan sólo se han deslindado 9.000 de los 34.000 kilómetros de vías pecuarias en Andalucía, y desde 2015 prácticamente ha sido nula esa recuperación de vías pecuarias”, denuncian.

El sendero de la polémica. El camino de Grazalema (Cádiz) en el que le tendieron una trampa con 47 gramos de cocaína al ecologista Juan Clavero vuelve a ser noticia. La finca del magnate belga Marnix Galle bloquea desde hace años un camino público que une dos pueblos de la Sierra de Cádiz con alambradas, cancelas, cámaras, guardas y hasta amenazas de muerte y trampas con drogas, como han denunciado los ecologistas de la zona.

Fue así como la lucha histórica de Juan Clavero por el deslinde, es decir, la señalización de un camino público usurpado por la finca de Galle y otras propiedades privadas, acabó en emboscada: una encerrona urdida por tres extrabajadores del multimillonario centroeuropeo, la detención de Clavero (y su posterior puesta en libertad sin cargos), la imputación de cuatro personas y un guardia civil involucrado.

Este lunes, el ecologista ha estado cerca de lograr el objetivo que persigue desde hace varios años: que el sendero entre Benamahoma y Zahara de la Sierra, dos municipios de la Sierra de Grazalema, quede abierto a los senderistas. No ha sido así.

El viernes a las dos de la tarde, el Ayuntamiento de Grazalema recibió un burofax de la empresa para que “no se llevara a cabo el apeo del camino”, según señala el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García (PSOE), a eldiario.es Andalucía. “Los juristas (del Ayuntamiento) entendieron que sí había que seguir con el apeo, algo que pretende tumbar ahora la empresa mediante un procedimiento contencioso. La empresa va a utilizar todos los procedimientos posible para ir en contra de lo que opina el Ayuntamiento”, abunda el regidor del municipio gaditano.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía certifica que existe dicho camino público y, según el Ayuntamiento de Grazalema, ahora toca una segunda fase para definirlo y que, ante las trabas de la empresa (que pertenece al millonario belga Marnix Galle), van a solicitar amparo judicial, porque “la vía administrativa se encuentra en punto muerto”.

El camino no solo figura en el inventario de caminos municipales, sino que la Justicia y el propio Ayuntamiento de Grazalema han ratificado que el camino es público y que hay que proceder a su deslinde. Esta mañana, un “nutrido grupo” de autoridades (Ayuntamiento, Diputación y Parque Natural) y ciudadanos han acudido a la ejecución del deslinde mediante GPS y estacas, pero al llegar a la finca propiedad de la Sociedad Breña del Agua se han encontrado cerrada la valla. 

Desde la empresa señalan, efectivamente, que “hemos solicitado la suspensión del apeo. La cancela estaba cerrada, porque el apeo estaba suspendido legalmente”. Si la hubiera habido, indican fuentes de Breña del Agua, “habrían podido entrar en la finca e iniciar el deslinde”.

Según explica el propio Juan Clavero a eldiario.es Andalucía, “hemos empezado el deslinde con los aparatos de Diputación y cuando hemos llegado a la primera parte, no ha habido problema, pero cuando hemos llegado a la famosa valla (de la finca Breña del Agua), estaba cerrada. Los dueños se han presentado, pero los guardas estaban escondidos entre los matorrales haciéndonos fotos. Resulta que el Ayuntamiento no había perdido permiso a la Justicia”.

Según la nota de Ecologistas en Acción, la organización a la que pertenece el activista gaditano, éste pidió “que se procediera a su apertura, pero el instructor aseguró que sin mandato judicial no se podía abrir el vallado y acceder a las fincas para señalizar el camino, solicitud que no se había realizado por parte del Ayuntamiento de Grazalema. Mientras tanto, guardas privados de la finca grababan a los asistentes escondidos entre el matorral al otro lado de la valla, lo que es manifiestamente ilegal”.

Así se urdió la trampa

Lo ocurrido este lunes es un hito más de una larga lucha en la que Clavero ha sido detenido, insultado, apedreado, amenazado con armas de fuego y, en una ocasión, hasta a punto de ser agredido con un puñetazo. “Te vamos a enterrar en la finca”, asegura que le llegaron a decir.

El clímax del conflicto entre el activista y los responsables de la finca llegó el 26 de agosto de 2017, cuando le tendieron una trampa introduciéndole 47 gramos de cocaína y 4 de hachís (unos 3.000 euros) en su coche. Tres guardas de la finca y un esbirro, el que se encargó de meter la droga en el automóvil, se encuentran imputados. El guardia civil que se vio involucrado no ha sido imputado y ha sido llamado a declarar como testigo.

En una entrevista concedida a eldiario.es Andalucía, Clavero explicaba que, rumbo a una movilización contra la ocupación de dichos caminos, “se nos acercó un señor que decía que era amigo de Ecologistas en Acción de Jerez y que quería hacer el camino con nosotros. Le dijo que era un camino conflictivo, pero no se nos ocurrió que fuera un infiltrado”.

Con la excusa de que había podido perder sus gafas en la furgoneta de Clavero, el tipo “empezó a buscar debajo de los asientos de mi coche y ahí fue cuando dejó la droga. Le hicieron una llamada, me pidió que lo dejara por el camino e inmediatamente me paró la Guardia Civil, quienes no terminan de explicar muy bien qué hacían justo allí”. 

Los investigadores de la Guardia Civil señalan que los tres trabajadores de la empresa, “José Miguel H., Manuel A., Óscar G. y Juan Luis P. se concertaron en el espacio y en el tiempo, para perjudicar a Juan Clavero por su condición de ecologista activo en la defensa de los caminos públicos presuntamente usurpados por algunos propietarios de fincas,introduciendo maliciosamente en su vehículo 47 gramos de cocaína y 4 gramos de hachís, y asegurándose de que fuera interceptado por la Guardia Civil mientras lo conducía y que encontraran las drogas”.

Tanto la víctima como el juez lo tuvieron claro desde un principio: el ecologista Juan Clavero no es ningún narcotraficante. “Ni consume, ni transporta, ni trafica. Todo parece una burda trampa de película mala”, señalaban desde su organización, Ecologistas en Acción, en cuanto se supo que habían arrestado a Clavero a finales de agosto por haber encontrado en su vehículo 47 gramos de cocaína. No solo demostraron en cuestión de días que el activista no estaba implicado en ninguna trama de narcotráfico, sino que se propusieron encontrar a los culpables: “Estoy seguro de que esto no va a quedar impune”, le afirmó Clavero a este diario hace dos meses.

Así ha sido: el Juzgado de Ubrique ha citado a declarar como imputados a cuatro personas, tres trabajadores de la empresa Sociedad Breña del Agua Investments S.L. en el momento de los hechos investigados y una cuarta persona. Breña del Agua Investments gestiona varias fincas en la Sierra de Grazalema, que han ocupado caminos públicos y a la que se han enfrentado, en numerosas ocasiones, Clavero y otros activistas. Según declaraciones a este diario de la empresa, el apoderado, J.M.H., y los administradores de las fincas investigados, J.L.P.R. y Ó.G., “ya no trabajan aquí”. “No es por los hechos investigados, simplemente han dejado de trabajar para nosotros”, han declarado desde la empresa Sociedad Breña del Agua Investments.

En cualquier caso, un “exhaustivo informe realizado por la Guardia Civil”, en palabras de Ecologistas en Acción, ha permitido al juzgado gaditano identificar a la persona que, supuestamente, introdujo 47 gramos de cocaína “en la furgoneta de Juan Clavero y tambien a aquellas (personas) que presuntamente urdieron la trama y colaboraron para que se produjera la detención de nuestro compañero por un delito contra la salud pública”.

En cuestión de dos semanas, ese mismo juzgado exculpó al ecologista gaditano, al considerar que “existían indicios suficientes para considerar que la droga había sido introducida en su vehículo como parte de un plan urdido para su detención”. Los ecologistas vieron claro, desde un principio, que se trata de una maniobra y una represalia contra un activista y una organización que, desde hace años, reclaman que los caminos públicos no se vean usurpados por fincas privadas. 

En una entrevista concedida a eldiario.es Andalucía, Clavero explicaba que, rumbo a una movilización contra la ocupación de dichos caminos, “se nos acercó un señor que decía que era amigo de Ecologistas en Acción de Jerez y que quería hacer el camino con nosotros. Le dijo que era un camino conflictivo, pero no se nos ocurrió que fuera un infiltrado”. Con la excusa de que había podido perder sus gafas en la furgoneta de Clavero, el tipo “empezó a buscar debajo de los asientos de mi coche y ahí fue cuando dejó la droga. Le hicieron una llamada, me pidió que lo dejara por el camino e inmediatamente me paró la guardia civil, quienes no terminan de explicar muy bien qué hacían justo allí”. Dicha persona es el cuarto imputado en la trama, responde a las iniciales M.A., y “hay testigos que lo relacionan con O.G. Era su amigo y pasaba tiempo en la finca”, señalan desde la organización verde.

“La detención no fue casual”

Por esa razón, Ecologistas en Acción se personará en la causa “para que sean esclarecidos los hechos” y han solicitado ya que se impute al agente de la Guardia Civil que le detuvo, ya que “existen indicios suficientes de que la detención de Juan Clavero no se produjo de forma casual, ni tuvo su origen en la llamada anónima que denunciaba la ubicación de droga en su furgoneta, tal y como explicó en un principio la Guardia Civil. Dicha llamada se produjo, pero lo cierto es que uno de los Agentes que intervinieron en la detención se había reunido previamente con los responsables de la citada sociedad que han sido llamados a declarar como investigados. Incluso existen evidencias de que uno de los agentes que detuvo a Juan Clavero estuvo en contacto permanente con los responsables de la citada sociedad para saber el punto exacto por donde pasaría el vehículo de Clavero y el lugar donde presuntamente el infiltrado a sueldo de ellos había colocado la droga”, según explica la organización verde. 

Por esa razón, la ONG ambientalista cree “sin ningún tipo de dudas” que, al menos, uno de los guardias civiles que lo detuvo “falseó el atestado” que presentó en el Juzgado de Ubrique, “contando una versión de los hechos falsa y omitiendo a la autoridad judicial datos relevantes e importantes de cómo y por qué se había producido la intervención de la droga y la detención” del ecologista.

Delito de acusación y denuncia falsa

El informe de la Guardia Civil, en calidad de policía judicial, concluye que “no cabe duda de la gravedad y relevancia penal de los hechos investigados, de los que dada las circunstancias concurrentes, se podría calificar el hecho como delito de acusación y denuncia falsa. De haber prosperado la trama urdida, podría haber conllevado que Juan Clavero Salvador fuera condenado a una pena de prisión por ser considerado como autor de un delito contra la salud pública, engañando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al sistema judicial, lo que hubiera supuesto un daño irreparable en su honor y dignidad de éste y su familia”. Si hubiera prosperado la trampa, Clavero se podría haber enfrentado hasta a tres años de cárcel, doce meses de multa y la inhabilitación profesional, en su caso, profesor de educación secundaria, según el código penal. En cambio, los responsables de la supuesta trama se enfrentarían hasta a dos años de cárcel y multa, en caso de delito grave de acusación y denuncia falsa. 

Tres de los imputados trabajaban, en el momento de los hechos, para la empresa Sociedad Breña del Agua Investements, propiedad de una de las personas más ricas de Bélgica, el magnate Marnix Galle. “Yo no tengo ninguna sospecha de que se dedique al narcotráfico, pero lo cierto es que ha llegado aquí en plan prepotente, como si fuera el tercer mundo y volando en helicóptero para hacer cacerías. Eso sí, que tenga empleada a gente que por su cuenta se dedique a cosas ilegales… ahí sí tengo mis dudas. En Bélgica ha trascendido que un gran propietario belga está ocupando caminos públicos. Galle ha venido muy enfadado a Cádiz, diciendo que se le ha querido implicar en temas relacionados con narcotráfico. Yo creo que a esta persona la engañaron cuando le vendieron la finca, porque asegura que él no sabía que había vías pecuarias”, explica Clavero.

La empresa española de Marnix cuenta, según el registro mercantil, con un capital de 13 millones de euros y su objeto social es “la realización de toda clase de actividades, obras y servicios propios o relacionados con: a) La explotación agrícola y ganadera de fincas rústicas, propias o arrendadas, directamente o mediante arrendamientos o aparcerías”.

Por su parte, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), se pronunció en su momento en contra de las acusaciones contra el presunto agente implicado. “Las insinuaciones de que, no ya la Guardia Civil, sino que determinados agentes estén al servicio de intereses privados relacionados con la industria cinegética, o que estos fabricasen o colaborasen con el montaje de pruebas para, en definitiva, actuar contra este miembro destacado del ecologismo, son cuando menos injuriosas, del todo intolerables y con cierto tufillo de querer enturbiar el asunto desviando e influyendo en la investigación de los hechos”, sostenían.

El juez no lo dudó: a Juan Clavero le habían tendido una trampa. Clavero aportó pruebas y testigos, que demostraban que él no era un narcotraficante, sino un histórico ecologista al que le habían introducido 47 gramos de cocaína en el coche, después de marchar contra la ocupación de los caminos públicos por una finca privada. Tras pasar una noche en el calabozo, el activista aportó pruebas y testimonios, que aceleraron su puesta en libertad y una oleada de apoyos de ciudadanos y políticos de (casi) todos los signos. Ese apoyo se puso de manifiesto con 600 personas marchando con él por un camino público plagado de guardas y espinos.

Denuncia que le tendieron una trampa: ¿Quiénes lo hicieron y cómo?

Quién, no lo puedo contar. Sí puedo contar cómo fue. Aquel día se nos acercó un señor que decía que era amigo de Ecologistas en Acción de Jerez y que quería hacer el camino con nosotros. Le dijimos que era un camino conflictivo, pero no se me ocurrió que fuera un infiltrado. Hicimos el recorrido, en el que se entra por El Bosque y se sale por Benamahoma, así que le pedí a un amigo que me recogiera en furgoneta y me llevara de vuelta. Este señor se montó conmigo en la furgoneta con la excusa de que había perdido las gafas al salir de El Bosque y quería ver si estaban en mi coche.

¿En qué momento cree que introdujo los 47 gramos de cocaína?

Empezó a buscar debajo de los asientos de mi coche y ahí fue cuando dejó la droga. Le hicieron una llamada, me pidió que lo dejara por el camino e inmediatamente me paró la guardia civil, quienes no terminan de explicar muy bien qué hacían justo allí. Al juez le conté que estuvo buscando debajo de los asientos, lo identifiqué y en cuatro días por redes sociales salió su nombre. Las conexiones de todos ellos no lo sé. Un cabo de la guardia civil, de los que me detuvo, estaba reunido con un grupo de personas de los que supuestamente me tendieron la trampa. Yo no acuso a nadie, pero él tiene que explicarlo.

¿En qué estado se encuentran las investigaciones?

Sabemos que la Guardia Civil tiene bastante avanzadas las investigaciones y hay pruebas de cómo se ha organizado esto. Existen grabaciones en vídeo de sucursales de banco y bares de El Bosque. Hasta que no lleguen al juzgado, donde estamos personados como acusación, no tendremos acceso a esas pruebas. Estoy satisfecho porque tienen las pruebas y sabemos quién ha sido. Todo lo que suponíamos se está confirmando. Yo declaré ya cuatro horas delante de la Guardia Civil, me han enseñado fotos, han estado en El Bosque y la gente los ha identificado. Como estamos personados y no hay secreto de sumario, quiero que se haga público cuando las investigaciones lleguen al juzgado. Estoy seguro de que esto no va a quedar impune.

¿Cómo es pasar una noche en el calabozo?

Ya la había pasado en el franquismo, aunque aquello era más peligroso que ahora. Esta vez lo pasé mal, porque la actitud del cabo era muy agresiva. La noche en el calabozo es muy triste, te ponen una luz fluorescente y potentísima, te quitan el reloj, las gafas, no tiene ventilación y no hay luz externa. Creo que habría que tratar a todo el mundo con un mínimo de confort. Podría haber pasado perfectamente un mes en prisión preventiva y salir de la cárcel imputado. No sólo no han conseguido asustarnos, sino que se ha formado una bola.

¿Alguna vez le había pasado algo semejante?

Tengo ya experiencia en soportar agresiones violentas y atentados, pero esto no lo había vivido nunca. Me quemaron el coche, me amenazaron con quemarme mi casa diciendo que aquella casa olía a gasolina. De juego sucio, he sufrido algunos graves, cuando denuncié corrupción en el Parque de Grazalema, que habían desviado el río Guadalete, para poder ampliar una parcela y construir un bloque de pisos. El alcalde no paralizó las obras, sino que mandó una inspección a mi casa para demolerla. Fue juego sucio, abusando del poder municipal y vengándose contra un ciudadano.

¿Estaba denunciando a sus vecinos de parcela cuando le detuvieron?

He denunciado reiteradamente a grandes fincas, al lado de mi casa, que han invadido los caminos públicos, como hicimos el día que me detuvieron y este domingo. Este fin de semana, en una de las puertas había doce guardas, pero es que en la otra había otros tantos. Nos pusieron alambradas, guardas, agredieron a un compañero y la Guardia Civil paró durante media hora una manifestación legal. Lo que tendrían es que haber detenido a los guardas. Reconocieron que teníamos derecho a pasar y pasamos. Íbamos 400 personas por un lado y 200 por otro. Está claro que lo que me ha ocurrido tiene que ver con la defensa de los caminos públicos.

¿Cuál es el problema?

El problema es que los ayuntamientos no tienen el inventario de caminos públicos. Los pueblos están muy atendidos y la parte rural está muy desatendida. Lo que estamos consiguiendo es que se empiecen a inventariar los caminos municipales: que los inscriban, registren y se reclamen los caminos usurpados de todos los ayuntamientos del Parque de Grazalema. Es algo que puede durar tres o cuatro años.

¿Quiénes están ocupando el espacio público con sus fincas privadas?

Mucha gente. La mayoría de las vías pecuarias están usurpadas. En este caso, la vía tiene 4 kilómetros y 33 metros de ancho, que es el de una autopista, y cobran subvenciones de la Unión Europea, como si fuera terreno propio. En Andalucía, hay 19.000 kilómetros de vías pecuarias y la mayoría están usurpadas. Están cobrando subvenciones por cultivar terrenos públicos.

¿Tienen relación con el narcotráfico?

No creo. El propietario de esta finca, Marnix Galle, cuenta con una de las mayores fortunas de Bélgica. Yo no tengo ninguna sospecha de que se dedique al narcotráfico, pero lo cierto es que ha llegado aquí en plan prepotente, como si fuera el tercer mundo y volando en helicóptero para hacer cacerías. Eso sí, que tenga empleada a gente que por su cuenta se dedique a cosas ilegales… ahí sí tengo mis dudas. En Bélgica ha trascendido que un gran propietario belga está ocupando caminos públicos. Galle ha venido muy enfadado a Cádiz, diciendo que se le ha querido implicar en temas relacionados con narcotráfico. Yo creo que a esta persona la engañaron cuando le vendieron la finca, porque asegura que él no sabía que había vías pecuarias.

¿Ha servido su caso para darle visibilidad a este conflicto?

Yo creo que sí, aunque yo habría preferido que no detuvieran a un ecologista para que la gente se fijara en esto. El domingo, cuando nos juntamos las dos marchas, la fila de senderistas era de un kilómetro, fue un día de alegría. La Junta de Andalucía retiró todas las vallas de la vía pecuaria. Por fin, después de tantos años hemos conseguido que retiren las tres vallas, mientras que en el camino público había tres barreras. El Ayuntamiento de Grazalema no ha hecho absolutamente nada: ni requerir que se quite la valla ni hacer declaración alguna.

¿Qué apoyos insospechados ha recibido estos días?

Estoy sinceramente desbordado y agradecido. De tus amigos y familia esperas ese apoyo, pero no de tus adversarios. Ha habido tal avalancha de apoyos, que el juez se dio cuenta de que aquel no era un caso normal. Me han llamado desde políticos, con los que he tenido muchas polémicas, alcaldes de la sierra de Cádiz, el del Puerto de Santa María, la Diputación provincial, a ecologistas como Uralde. He recibido mucho apoyo desde las redes sociales y los medios de comunicación.

¿Está viviendo el ecologismo un momento especialmente duro?

La época más dura fue la burbuja inmobiliaria. Cuando había un proyecto gigantesco como Eurovegas, urbanizaciones de la costa andaluza o proyectos de campos de golf, que los frenamos los grupos ecologistas. Ahora todo el mundo critica la burbuja inmobiliaria, pero los únicos que nos hemos enfrentado a estos especuladores hemos sido los ecologistas, gente sin recursos, con nuestra opinión y la ilusión de defender a España frente a buitres que querían destrozar esto. En aquella época me quemaron el coche, amenazaron con quemarme la casa, me quisieron demoler la casa por lo de la Sierra de Grazalema…

¿Cree que su imagen ha terminado manchada?

No lo han conseguido, les ha salido el tiro por la culata. Yo ya era conocido en Cádiz. Tengo mis amigos y enemigos, poderosos algunos, pero el apoyo ha sido unánime, incluso con gente con la que no me llevaba bien, como alcaldes o exalcaldes, con los que había tenido conflictos. Eso lo agradezco mucho, porque demuestra que la gente tiene un sentido de la honestidad.

Doscientas personas murieron el año pasado en todo el mundo por defender el medio ambiente. Ninguna lo hizo en España, ni siquiera en algún recóndito lugar de Europa. América Latina, África, Asia... son los grandes cementerios de ecologistas. En su extenso informe, la organización Global Witness explica que no solo crece el número de asesinatos, sino que se expanden ya por 24 países. 

Los países desarrollados no se libran de la represión contra los activistas verdes. Los métodos que gobiernos, empresas y particulares emplean contra ellos son simplemente de otro tipo. El caso más reciente en España es el del histórico líder ecologista Juan Clavero, al que un desconocido le introdujo más de 40 gramos de cocaína en su coche, tras unas protestas y poco antes de que la Guardia Civil lo parara y registrara hasta encontrar la mercancía ilegal.

En apenas dos semanas, un juzgado ha archivado la causa, señalando que pudo ser “víctima de actuaciones malintencionadas por parte de terceros, que pretenden alejar al mismo de sus actividades habituales, involucrándolo en un delito del que no existe indicio” para imputarlo.

 Clavero se vio respaldado, desde el primer momento, no sólo por su organización, sino por la práctica totalidad de responsables políticos, entidades sociales y ciudadanos, que mostraron “su total incredulidad ante la acusación contra Juan Clavero, apoyando la hipótesis de que se le había tendido una trampa para intentar desacreditarlo”.

El precio de defender el medio ambiente

Trampas, sobornos, denuncias falsas, agresiones, amenazas de muerte, destrozos, difamaciones... Ese es el precio de defender el medio ambiente en España. Lo que le ha ocurrido a Clavero con la droga “ha sido increíble, probablemente lo más gordo que me ha pasado últimamente”, explica él mismo a eldiario.es Andalucía. 

Los activistas recuerdan que el boom inmobiliario supuso en España uno de los mayores conflictos a los que se tuvieron que enfrentar. El propio Clavero tuvo que solicitar protección policial. “En el Puerto de Santa María (Cádiz) aparecieron panfletos con la fotografía de mi casa, diciendo que en aquella casa olía a gasolina. Tuve que acudir a la subdelegación del Gobierno para que me pusieran escolta, porque me iban a quemar la casa”.

El patrimonio suele ser objeto de la ira de aquellos que los ecologistas denuncian ante la opinión pública y los juzgados. “Una protesta contra Puerto Sherry terminó con varios de nuestros coches pintados, rayados y destrozados. Mi coche me lo quemaron poco después en la puerta de mi casa”, afirma el ecologista gaditano.

¿Quiénes suelen ser los responsables? “Los peores son los encargados, los guardas de las fincas, ciertos trabajadores a los que las empresas consienten que hagan este tipo de cosas y que contratan a gente peligrosa, que son más papistas que el papa”, indica Clavero.

En algunos casos, son los alcaldes los que se toman la justicia por su mano. “Hace ya algunos años, un alcalde me soltó aquello de: ”Tú no sabes con quién estás hablando“. Me dijo que no me acercara por su pueblo, que allí mandaba él”, relata un activista que prefiere mantener el anonimato. 

Tras la sentencia del Tribunal Supremo que limitaba la comercialización del cangrejo rojo tras una denuncia de Ecologistas en Acción, el pleno del Ayuntamiento de Isla Mayor propuso declararlos 'persona non grata'. Lola Yllescas, portavoz andaluza de la organización, señala que “les contestamos que a los que debían declarar 'persona non grata', en todo caso, era al Tribunal Supremo”. 

“Vas a salir con los pies por delante”

Beltrán Ceballos, responsable del centro ambiental Dehesa de Abajo (Puebla del Río, Sevilla), apunta que “todos los que estamos involucrados en la defensa de la naturaleza sufrimos amenazas. Si no nos hace daño físicamente, se lo hacen a nuestras propiedades, allegados o mascotas”. Un activista explica que las amenazas son constantes, que han dañado su coche en más de una ocasión y que una vez le dijeron que iba a “salir con los pies por delante”.

Beltrán, por ejemplo, ha actuado en África, América y Europa. “Afortunadamente aquí tenemos mesas de debate, juzgados y leyes que nos protegen. Fuera de Europa corren las balas y tienes la sensación de que peligra tu vida”. Con la crisis del cangrejo rojo, proliferaron las amenazas. “Pues ya sabemos lo que hay que hacer cuando se vea en el pueblo un coche de estos perros”, amenazaba por Facebook un individuo de Isla Mayor. Cuando hay un riesgo real, los ecologistas no pasan por alto las amenazas: “Allí no vamos, esta gente es de temer”, critica Yllescas.

¿Suelen denunciar los ecologistas?

¿Denuncian los ecologistas cuando les dicen cosas como “me han traído aquí para te dé una hostia”? Las denuncias son contadas. Según Beltrán, “asumimos que corremos ese riesgo, que es algo consustancial a nuestra forma de trabajar. Por regla general no he ido al juzgado, porque es un pérdida de tiempo, ya que tienes que demostrar una cosa que no puedes. A nivel jurídico, nos interesa más proteger a aquellos que no tienen voz que a nosotros mismos”. El ecologista Juan Romero explica que nunca ha querido denunciar a los trabajadores que le han llegado a amenazar y ha preferido siempre el diálogo o “aguantar el tipo cuando he recibido insultos y evitar así agresiones”.

Según Global Witness, la oleada de violencia contra los ecologistas “es impulsada por una intensa lucha por la tierra y los recursos naturales, ya que las empresas mineras, madereras, hidroeléctricas y agrícolas pisotean a las personas y al medio ambiente en su búsqueda de ganancias”. Al igual que en otros continentes, la minería, la agricultura y las energías son las industrias más conflictivas. En España, habría que incluir la urbanística.

En Andalucía, agricultores ilegales de Huelva, petroleras del Estrecho de Gibraltar y ciertos constructores son señalados por los ecologistas como sus mayores fuentes de conflicto. “Cuando tratas de parar una carretera que afecta a un lince o un campo de golf, sabes que te estás creando enemigos”, indica Ceballos.

“En una ocasión me amenazaron por temas mineros, que son los míos. Yo tengo mal carácter y poco que perder, así que el individuo ha procurado no volver a cruzarse conmigo en el el pueblo en el que vivimos. No lo denuncié”, señala un ecologista veterano.

Un activista que trabaja en la zona del Estrecho de Gibraltar dice llevar casi 25 años recibiendo amenazas e intentos de soborno por parte de las petroleras a las que ha denunciado en múltiples ocasiones por verter hidrocarburos al mar. “Al final nos quedamos siempre solos, porque los medios de comunicación viven aquí de estas empresas contaminantes, que les patrocinan”, denuncia.

“Ten cuidado que cabes en un pozo”

En los regadíos del entorno de Doñana, donde abundan los cultivos y pozos ilegales, la situación llega a ser de máxima tensión. “Ten cuidado que cabes en un pozo”, le llegaron a decir a un ecologista que trabaja en la zona. Este activista señala que “nuestro trabajo es duro, porque nos toca bailar con la mafia. Sabemos a lo que nos exponemos, porque hacemos el trabajo que la Administración no es capaz de hacer. Debería ser la Administración la que denuncie pozos”.

Los ecologistas no son los únicos que sufren las iras de los agricultores que, ilegalmente, esquilman aguas subterráneas y ocupan tierras de cultivo que no les pertenecen. En noviembre de 2014, tres guardas fueron amenazados y agredidos por más de 200 personas durante la inspección de una finca ilegal en Lucena del Puerto. 

Al igual que ha ocurrido con Juan Clavero, los enemigos del medio ambiente tratan de servirse de las fuerzas del orden y de la justicia para atacar a los activistas. En el caso de Juan Romero, el Puerto de Huelva le puso una denuncia tras unas protestas contra la construcción de unas balsas con lodos tóxicos y peligrosos. “Me pusieron a disposición judicial, metiéndole mano a mi nómina y embargándome el coche y la moto. Nuestra revuelta había sido pacífica y los trabajadores del Puerto de Huelva y de Canal Sur que testificaron en el juicio, lo hicieron a mi favor”. 

Juan Terroba, ecologista de la Sierra de Málaga, también se ha tenido que enfrentar a la justicia. Su trabajo como policía municipal era un arma de doble filo: con él no valían las amenazas violentas, sino las judiciales. “Hace diez años, luchamos aquí contra el complejo urbanístico de Los Merinos de Ronda. Para atacarnos, la empresa nos puso denuncias falsas por prevaricación. Afortunadamente aquellas denuncias terminaron archivadas y luego, curiosamente, los jueces no quisieron investigar nuestras denuncias por denuncias falsas”.

Aunque las denuncias personales no prosperaron, sí consiguieron frenar el proyecto: el Tribunal Supremo tumbó un proyecto que afectaba a 800 hectáreas. “Querían construir en un espacio protegido: un encinar de la Sierra de las Nieves, situado sobre un acuífero. La justicia nos dio la razón, mientras ellos trataban de taparnos la boca”.

En su lucha por el patrimonio natural, la ley y la opinión pública son sus mayores aliados. Para eso, necesitan tener un currículum inmaculado: ser escrupulosamente rigurosos en lo que denuncian y no tener cuentas pendientes con la justicia. Eso explica, en buena medida, que cuando se acusó a Juan Clavero de narcotráfico, ciudadanos, políticos e instituciones de todo tipo no dudaran en poner la mano en el fuego por él.

“Si somos la voz de la naturaleza, tenemos que ser de una honradez intachable. No puedes jugar con cosas feas si eres la voz del buitre negro, la encina o un espacio protegido. Un buen conservacionista no puede ni engañar a su pareja. Todos nos equivocamos, pero tenemos que procurar tener una conducta social y moral intachable”, concluye Beltrán Ceballos.

El Juzgado Mixto de Ubrique ha dictado un auto por el que se sobresee la causa iniciada contra el activista de Ecologistas en Acción Juan Clavero tras haberse encontrado una bolsa con cocaína en su furgoneta tras una marcha en Cádiz en defensa de los caminos públicos, por lo que fue detenido por la Guardia Civil y pasó una noche en los calabozos.

Desde un inicio, Ecologistas en Acción y la práctica totalidad de responsables políticos, entidades sociales y ciudadanos mostraron “su total incredulidad ante la acusación contra Juan Clavero, apoyando la hipótesis de que se le había tendido una trampa para intentar desacreditarlo”, en palabras de su organización. “Y esta teoría es la que sustenta el auto que decide el sobreseimiento de la causa contra el ecologista”, apuntan desde Ecologistas en Acción en un comunicado.

El auto incluye interesantes consideraciones. Se asegura que “existen elementos de juicio que llevan a concluir que el investigado no resulta autor de los hechos que se están investigando, y que muy al contrario de lo que parece en un primer momento, puede ser víctima de actuaciones malintencionadas por parte de terceros, que pretenden alejar al mismo de sus actividades habituales, involucrándolo en un delito del que no existe indicio alguno que permita conducir a su imputación”.

El auto relaciona esto con su campaña en defensa de los caminos públicos. “Es un conocido activista medioambiental, y constan en este juzgado denuncias que son formuladas por su parte y por miembros de su agrupación, contra diversos propietarios de tierras que, siempre bajo el contenido que se desprenden de las mismas, ocupan coladas y demás vías pecuarias que son de uso público”, prosigue.

En paralelo, el auto incluye un reproche a las administraciones que deben garantizar el uso público de vías pecuarias. “En estas marchas se da a conocer el carácter público de estos terrenos, y ponen de manifiesto que se ven de alguna manera ocupados o invadidos por propietarios, sin que hasta la fecha se haya determinado ninguna acción legal por parte de la administración que resultara titular de las mismas, sobre este aspecto”, reza.

El auto da verisimilitud a la declaración de Juan Clavero, coincidente con la de dos testigos, que considera que fue fruto de una trama. El juez valora la colaboración de Juan Clavero desde un inicio, lo que es “poco usual”, y “despeja aún más las dudas sobre su ausencia de participación en los hechos delictivos que dieron inicio a las actuaciones penales”. El auto concluye que “precisamente el hecho de ser tan conocido por su activismo, unido a que las actuaciones se inician por una denuncia anónima, ya conducen a pensar que estamos ante un posible modo de tratar de menoscabar el nombre, reputación y las actividades del denunciado”.

Pero este asunto no acaba aquí. Juan Clavero, con el apoyo de Ecologistas en Acción, organización que está segura de que también contará con el respaldo del propio juzgado y de la fiscalía, va exigir el esclarecimiento total de los hechos, “para que se conozca quiénes y por qué tendieron esta trampa, reclamando toda la contundencia de la ley contra los mismos”.

Las mismas fuentes apuntan que, “ gracias a la colaboración ciudadana, se ha identificado a la persona presuntamente responsable de la introducción de la droga, y se ha requerido al juzgado para que le tome declaración al tiempo que se realizan averiguaciones sobre los que hubieran podido colaborar en estos hechos, sin olvidar las extrañas circunstancias que rodearon al operativo de la Guardia Civil que detuvo a Juan Clavero”.

Cabe recordar que las dudas expresadas por Ecologistas en Acción en torno a la connivencia de los agentes llevaron a que la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) emitiera un comunicado defendiendo la profesionalidades de los mismos y avisando de posibles querellas en caso de que esto se pusiera en duda.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha denunciado este martes informaciones “sesgadas y calumniosas” contra la Guardia Civil en el caso de la detención y puesta en libertad del activista de Ecologistas en Acción Juan Clavero el pasado fin de semana.

En un comunicado, ha manifestado que “no se va a tolerar ni consentir que la coartada o argumento en defensa de una parte se convierta a su vez en una acusación calumniosa contra quienes en el ejercicio de sus funciones han actuado tal y como marca la legislación”.

Este colectivo dice defender “la presunción de inocencia tanto de Juan Clavero como de cualquier otra persona que esté siendo investigada por la supuesta comisión de un delito”, igual que admiten “aquellas manifestaciones sobre hechos cuando no existan pruebas o indicios que digan lo contrario”.

Sin embargo, ha defendido también que los guardias civiles “ante la recepción de una noticia de una posible comisión de un delito ponen en marcha los protocolos y operativos necesarios para la comprobación de los hechos, que dio lugar al hallazgo de la droga y posterior detención de Juan Clavero”.

Por tanto “las insinuaciones de que, no ya la Guardia Civil, sino que determinados agentes estén al servicio de intereses privados relacionados con la industria cinegética, o que estos fabricasen o colaborasen con el montaje de pruebas para, en definitiva, actuar contra este miembro destacado del ecologismo, son cuando menos injuriosas, del todo intolerables y con cierto tufillo de querer enturbiar el asunto desviando e influyendo en la investigación de los hechos”.

Por tanto, la AUGC ha exigido “un total y pronto esclarecimiento de los hechos”, a la vez que ha solicitado “paciencia y la prudencia suficiente para no caer en descalificaciones y acusaciones gratuitas y sin fundamentos hasta que no exista un pronunciamiento judicial y definitivo sobre todo lo acontecido”.

Finalmente, han declarado que esta asociación “tiene la firme intención para, en defensa de sus asociados, iniciar todas las actuaciones necesarias contra aquellas difamaciones de las que puedan ser objeto”.

Ecologistas en Acción apunta a un “montaje”, propiciado por propietarios de fincas que se han sentido agredidos por su reclamación de respeto a los caminos públicos y al que habrían dado “credibilidad” miembros de la Guardia Civil, la detención de su activista Juan Clavero, que el pasado domingo ha quedado en libertad sin medidas cautelares tras pasar la noche en las dependencias de la Policía Local de Ubrique (Cádiz) después de hallarse droga en su vehículo.

De momento, no hay pronunciamiento por parte de la Guardia Civil en torno a este caso en el que se ha visto envuelto un referente del ecologista en Andalucía. Como se ha informado, Juan Clavero fue detenido el pasado sábado, y tras declarar el domingo por espacio de casi tres horas delante del juez, éste decretó su libertad y encargó diligencias a la Guardia Civil, tras las que Ecologistas en Acción confía en que se “aclare todo este extraño suceso”.

Desde Ecologistas en Acción han rechazado “los métodos mafiosos que usan algunos cuando se sienten atacados en sus comportamientos o en sus negocios” y sostienen que “alguien ha fabricado una prueba falsa contra un ecologista a la que han dado credibilidad algunos componentes de la Benemérita”.

En esta línea, los conservacionistas han expresado en un comunicado que “no será difícil investigar quién ha creado la prueba dado que el coche en el que apareció la cocaína estuvo todo el mañana aparcado en el carril del Espino, punto donde se inició la marcha”. Tras terminar la misma, y cuando Juan Clavero se dirigía a su casa, ya solo, se topó con una patrulla de la Guardia Civil. Según su versión, no le pidieron identificación, sino que “directamente” le solicitaron que se bajara del coche para un registro “rutinario” que terminó siendo exhaustivo.

“Tras pedirle que se retire del coche, un agente le enseña una bolsa preguntando que si es suya, a lo que responde que no. El agente le dice, sin abrirla, que es droga y ante su incredulidad, la abre y hay varias bolsitas, que el guardia civil asegura que es cocaína. Resulta además curioso que la cantidad, excede en poco los 40 gramos, cantidad mínima para que se considere tráfico y no consumo. En ese momento es detenido, cacheado, esposado y conducido al cuartelillo”, han relatado desde Ecologistas en Acción en un comunicado difundido este lunes.

En el mismo han recordado que “en la sierra de Cádiz se están y comprando y vendiendo muchas fincas con un gran movimiento de dinero de dudosa procedencia” y “hay propietarios que han usurpado vías pecuarias deslindadas y caminos públicos confirmados por sentencias judiciales”. Según los ecologistas, estos propietarios “creen poder hacer lo que les parece y, además, se creen impunes”.

Por todo ello, han exigido “una clara investigación”, para lo que han pedido una reunión en la Subdelegación del Gobierno en Cádiz “para demandar rigor” en las pesquisas y “que se aclare la actuación de los agentes de la Guardia Civil que detuvieron a Juan Clavero”.

Juan Clavero es un conocido ecologista en Andalucía. Geógrafo, biólogo, exdirector del parque natural de Grazalema y catedrático de instituto, ha trabajado como experto para diversos organismos internacionales como la UICN. En estos momentos se dedica a la agricultura ecológica, sin haber abandonado un activismo que le acompaña desde que en los 80 fundó la antigua Federación Ecologista Pacifista Gaditana y posteriormente de Ecologistas en Acción de Cádiz.

El activista Juan Clavero, destacado miembro de Ecologistas en Acción en Andalucía, ha sido detenido por la Guardia Civil, y posteriormente ha quedado en libertad sin ninguna medida cautelar, tras ser interceptado el pasado sábado cuando regresaba de una manifestación en la sierra de Cádiz en defensa de los caminos públicos. La información que ha trascendido es que el motivo de su arresto ha sido que en su coche se encontraron unos 40 gramos de cocaína. 

Desde su organización han asegurado que Juan Clavero ha sido víctima de una “trampa”, apuntando al conflicto que mantienen los ecologistas con propietarios de fincas y sus guardas por la defensa de los caminos públicos en la sierra, con lo que de hecho hubo enfrentamientos durante la citada marcha.

Fue a su regreso de la protesta cuando su coche fue interceptado por la Guardia Civil y debajo del asiento localizaron los agentes la droga, según han informado desde Ecologistas en Acción. Tras pasar la noche del sábado en los calabozos, ha quedado en libertad el domingo. 

Tanto su organización como Podemos han salido en su defensa. Los primeros han mostrado su “total incredulidad sobre la posibilidad de que Juan Clavero llevase en su vehículo las citadas sustancias”. En esta línea, ha manifestado: “Ni consume, ni transporta ni trafica. Todo parece una burda trampa de película mala, ya manida y utilizada. No podemos saber quiénes son los autores de la trampa, pero si sabemos quiénes son los que están en contra de la apertura de los caminos públicos, los que son sus amigos y los que trabajan para ellos”.

Mientras, este lunes, el secretario Político de Podemos en Andalucía, Jesús Rodríguez, tras mostrarle “toda la solidaridad y respaldo” del partido, ha exigido que “se aclare el asunto y se depuren todas las responsabilidades” porque coincide en hablar de “entramado de intereses de los señoritos” a la hora de explicar qué ha ocurrido. “Queremos saber quién puso la coca en el coche de Juan Clavero”, ha clamado Jesús Rodríguez, para quien lo ocurrido “es muy grave” y “no debe quedar ningún hueco sin investigar ni ningún mensaje de móvil sin ver”. 

Cabe recordar que Juan Clavero es un referente del ecologismo en Andalucía y fue director del primer parque natural de la comunidad autónoma, el de Grazalema (Cádiz). Miembro fundador de distintas organizaciones ecologistas, coordinó Ecologistas en Acción en Cádiz. En 2002 recibió el Premio Andalucía de Medioambiente.