El fiscal pide cárcel para los cuatro acusados de tender una trampa con droga al ecologista Juan Clavero en Cádiz

El ecologista Juan Clavero ve un poco más próximo el final de la trama que, hace ahora casi cinco años, estuvo cerca de llevarlo a prisión por tráfico de cocaína. Fue a finales de agosto de 2017 cuando la Guardia Civil encontró en su furgoneta 47 gramos de cocaína y cuatro de hachís, aunque a renglón seguido el caso dio un giro radical cuando la investigación apuntó a una trampa ideada por cuatro personas, entre ellas tres trabajadores de una finca con la que Ecologistas en Acción en Cádiz mantiene un litigio desde hace años por impedir el acceso a un camino público en la Sierra de Grazalema. El caso contra Clavero, un histórico en la defensa de los suelos de lo que hoy es un parque natural, fue archivado y dio paso a un proceso contra los cuatro acusados de urdir el complot que ahora ha terminado su instrucción, con la petición del fiscal para cada uno de ellos de un año y medio de cárcel por denuncia falsa con una maquinación que ejecutaron tras una nueva acción de protesta de los ecologistas.

El Ministerio público también solicita una multa de 12.000 euros y una indemnización solidaria a Clavero de 20.000 euros, penas que el propio afectado considera bajas al considerar que no atienden a la gravedad de lo ocurrido hace casi cinco años. Por ello, el activista reclama junto a Ecologistas en Acción (las dos partes ejercen la acusación particular) hasta siete años de cárcel: dos por denuncia falsa al incluir el agravante de alevosía, cuatro por provocación y conspiración para detención ilegal y uno por pertenencia a grupo criminal. A ello añaden multas que suman 21.600 por cada imputado, además de una indemnización por daños morales de 50.000 euros a Clavero y 20.000 a la propia organización ecologista.

Ahora el caso pone rumbo a la Audiencia Provincial y toca esperar para que se fije el juicio, aunque Clavero confía en que pueda celebrarse este mismo año. “La Justicia es lentísima”, lamenta el activista, para quien es importante que, más allá de la discrepancia por los delitos que al final se imputan, “el informe del fiscal es muy claro” en cuanto a la descripción de la trama. Además, la Fiscalía ha dado un paso importante como es solicitar la responsabilidad civil subsidiaria a la sociedad Breña del Agua Investments, la empresa para la que trabajaban (y que despidió) a tres de los cuatro imputados, la mayor propietaria privada de fincas en el parque natural Sierra de Grazalema y que ha protagonizado sonoros choques con los ecologistas por el cierre de los caminos públicos y vías pecuarias que atraviesan sus fincas.

Un tema “aclarado al cien por cien”

Clavero aguarda “tranquilísimo” la llegada de un juicio que se ha alargado por las “maniobras” de los acusados y que no interpreta en clave de exoneración personal, ya que considera que “el tema está aclarado al cien por cien y con pruebas contundentes”, apoyadas en una completa –y clarificadora– investigación de la Guardia Civil. “En diez días se archivó el caso porque se vio que era un montaje”, recuerda, lo que no evitó que pasara varias horas (noche incluida) en los calabozos y que la cantidad de cocaína que le pusieron en el coche le habría enfrentado a una pena de hasta cuatro años de prisión.

Eso sí, considera que es “importante” que esta historia acabe con una condena firme, primero “porque en una sentencia queda clara la sucesión de los hechos”, y segundo para demostrar que este tipo de denuncias “sirven para algo”. “Durante estos años me han estado dando ánimos pero a la vez diciéndome que esto no vale para nada, que al final se escaparán de alguna manera: hay que acabar con eso del no vale para nada”, subraya, sobre todo porque considera que sentaría un precedente peligroso. “Si les sale bien, sería para temerlo”.

Los imputados como responsables de la trampa son José Miguel H., apoderado de la sociedad propietaria de los terrenos, y Juan Luis P. y Óscar G., capataces de las fincas. Junto a ellos también está procesado Manuel A., al que se acusa de colocar la cocaína en la furgoneta, punto culminante de una celada que se cerró con una llamada telefónica a la Guardia Civil avisando de hacia dónde circulaba un vehículo con droga. Los agentes (uno de los cuales mantenía una relación de amistad con el apoderado, con el que se reunió poco antes de la llamada) montaron un dispositivo que acabó con Clavero en el calabozo.

Un camino todavía cerrado

A la espera de la resolución final de esta trama, lo más frustrante para Clavero es que “el camino sigue cerrado”, pese a que hay dos resoluciones por la vía contencioso-administrativa que avalan su titularidad pública. Y continúan las fricciones con la empresa propietaria de la finca por el que discurre el sendero entre Benamahoma (en término de Grazalema) y Zahara, en el que los ecologistas siguen organizando regularmente acciones para recorrerlo y denunciar una situación que no ha cambiado desde 2004. La cuestión está ahora judicializada, después de que la compañía se fuese por la vía civil para reclamar la propiedad, un caso en el que se ha personado Ecologistas en Acción y eso les ha permitido saber que “hay un acuerdo entre el Ayuntamiento de Grazalema y la empresa para paralizar el procedimiento”.

Con esta tregua judicial, el Consistorio grazalemeño “le está dando oxígeno” a la sociedad propietaria de los suelos, denuncia el histórico ecologista, que insiste en que el conflicto “se acabaría si el Ayuntamiento hubiese seguido con el deslinde, que puede hacer con una orden judicial”, una batalla que están ganando algunos municipios en situación similar. Clavero, que señala que hace poco tuvo un roce con uno de los acusados (todos los protagonistas viven en la misma zona), garantiza que seguirá protestando hasta que el tránsito vuelva a ser público y libre por el sendero, igual que dijo en su día que llegaría hasta el final para saber quién estaba tras la trampa que hace casi cinco años estuvo cerca de enviarle a prisión.