El pueblo que ha recuperado sus caminos cortados por cotos de caza

Cuando la eligieron alcaldesa de La Pesquera, un pueblo con dos centenares de vecinos en Cuenca, Mari Carmen García tenía una misión muy clara en la cabeza: quería quitarle las puertas al campo. En 2011 comenzó una batalla por recuperar caminos del pueblo cortados por los dueños de varios grandes cotos de caza, una situación demasiado común y tolerada en muchos rincones de España, pero que indignaba a la nueva alcaldesa. Esta vez, el pequeño torció el brazo al terrateniente: 11 años y cuatro juicios después, los caminos se han abierto.

“Como persona que cree en lo público con los ojos cerrados, quería devolver a los vecinos lo que era de ellos, ni más ni menos”, cuenta esta alcaldesa socialista. Situada en el límite entre Cuenca y la Comunidad Valenciana, junto a las hoces del río Cabriel, a La Pesquera hay que ir adrede. Allí solo llega una estrecha carretera que muere en el pueblo, así que para moverse, sus habitantes dependen de los caminos, las sendas y las veredas que siempre los han unido a los núcleos vecinos o las zonas de cultivo.

Es una tierra de montes calizos y pinares, con poca gente y mucha fauna salvaje, y a medio camino entre Madrid y Valencia, un lugar idóneo para el negocio cinegético. Un tipo de caza muy diferente al que practican los vecinos. “Todo lo que se caza en este pueblo pequeño sirve como alimento”, asegura la alcaldesa. La otra es parte de un negocio con el que se empezaron a poner barreras en caminos usados tradicionalmente: “Vienen de Madrid, cogen extensiones muy grandes de terreno para un coto de caza y cortan todo camino que pase por allí, para que no entre nadie ni a pie ni en coche. Ponen puertas, ponen vallas y así nadie molesta a sus animales, porque dicen que son suyos”, asegura García.

Puertas y montículos de medio metro de alto

Al llegar al ayuntamiento se encontró con cortes de caminos en 15 puntos. Algunos de ellos tan descarados como el del GR-66, un sendero de gran recorrido de más de 600 kilómetros (conocido como el sendero castellano-manchego) que une La Pesquera con los pueblos vecinos. Allí, los dueños de un coto particular habían colocado puertas y montículos de medio metro de alto para impedir el paso. “Era uno de los caminos principales, aquí era la vía de comunicación entre tres pueblos”, explica García.

Existen dos tipos de caminos públicos: las vías pecuarias –competencia de las comunidades autónomas, como las cañadas reales, rutas milenarias usadas para mover los rebaños por la Península Ibérica– y los caminos municipales y vecinales que se han utilizado siempre. Por ley son propiedad de los ayuntamientos y son un bien de dominio y uso público que es “inalienable, inembargable e imprescriptible”, según la Constitución.

Esto último significa que una vía pública puede ser recuperada en cualquier momento por un ayuntamiento, aunque no se use desde hace décadas o esté comida por la maleza, explica el coordinador de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, Manuel Trujillo. “Da igual que lleve muchos años cerrado o que alguien se lo haya apropiado hace mucho”, detalla este activista, “pero hay que hacer una investigación, ver qué pruebas hay de que es público”. 

Por ahí comenzó La Pesquera su batalla contra los cierres; contrató a un técnico de la asociación de desarrollo local para que elaborara un inventario municipal de caminos públicos a base de patearse las sendas, hablar con los vecinos y buscar en los archivos históricos.

El campo, cada vez más intransitable

“El problema del cierre de los caminos públicos es que se está extendiendo mucho”, asegura Manuel Trujillo, “relacionado con la implantación masiva de la caza comercial, la caza entendida como una actividad económica, y el factor de la despoblación”. La plataforma a la que representa agrupa a asociaciones de todo el Estado, aunque sobre todo de la mitad sur, de Levante y de Baleares. Denuncian que el campo se está volviendo “intransitable” por la “dejación de funciones” de las administraciones competentes a la hora de recuperar este patrimonio público.

Los casos más escandalosos para Trujillo son los de los pueblos cerrados por dueños de fincas cinegéticas como Villaescusa de Palositos (Guadalajara), deshabitado en los años 70, donde cada año se realiza una marcha reivindicativa para reclamar la apertura de los caminos y evitar el derrumbe de su iglesia románica, un bien de interés cultural.

Frente a esa dejadez generalizada, el pequeño pueblo conquense de La Pesquera decidió plantar cara. Tras la elaboración del inventario municipal, el ayuntamiento acabó enfrentándose en los tribunales a varios dueños de cotos, que reclamaban la propiedad de cuatro de los caminos. La alcaldesa se indigna al relatar la historia. “Esta gente era como okupas. No consigo entender cómo es posible que, si esa propiedad es del pueblo, tengo que demostrar yo que no es suyo”.

Mari Carmen García, que, como tantas regidoras de pueblos pequeños, compatibiliza la alcaldía con otro empleo –en su caso, trabaja por las tardes–, cuenta que en muchas ocasiones le dieron ganas de tirar la toalla. “Los terratenientes tienen amigos en posiciones elevadas”, asegura. “No dejan de ponerte palos en las ruedas”, añade.

Tras años de litigios, dos de los casos se han cerrado a favor del pueblo –incluido el del GR-66– y los otros dos siguen pendientes de recurso judicial. Pero García cuenta satisfecha que se han levantado los cortes de los caminos, así que vecinos y visitantes ya pueden deambular por allí libremente. Y que incluso “esta gente, los de los cotos, ha dejado de venir al pueblo”.

“Yo animo a cualquier pueblo a que luche y pelee por todo lo que cree que es su derecho. Y que el alcalde sea valiente y tire hacia delante”, dice la alcaldesa. “Si un pueblo tan pequeño lo puede hacer, por qué no lo puede hacer cualquier otro”, concluye Manuel Trujillo.