El Consejo de Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves la concesión administrativa para la ocupación de los terrenos de montes de utilidad pública que serán necesarios para que Repsol ejecute la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo, un proyecto de más de 720 millones de euros.

En su reunión semanal, el Ejecutivo ha autorizado ese nuevo trámite, que se aprueba por 50 años, para la puesta en marcha de un actuación, que ha sido declarada de Proyecto Interés Común por la Comisión Europea.

La concesión autoriza a Repsol la ocupación de una superficie de 656.000 metros cuadrados correspondiente a distintos montes de utilidad pública, que, según informa el Gobierno en un comunicado, es necesaria para infraestructuras vinculadas al proyecto, como accesos, instalaciones hidroeléctricas, líneas eléctricas, servidumbres y elementos auxiliares.

El acuerdo establece, además, un régimen detallado de condiciones técnicas, ambientales y de seguridad, así como la obligación de restauración y revegetación de los terrenos afectados una vez finalizadas las obras, con el objetivo de minimizar el impacto paisajístico y ambiental.

También, este jueves, el Ejecutivo cántabro fijado las indemnizaciones económicas para las entidades locales propietarias de esos terrenos y las aportaciones al Fondo de Mejoras de los montes, garantizando la compensación correspondiente y el retorno ambiental al territorio.

“El Gobierno de Cantabria refuerza su compromiso con la transición energética, el desarrollo de infraestructuras estratégicas y la compatibilización del impulso a las energías renovables con la protección del dominio público forestal y del entorno natural”, añade el Ejecutivo en su comunicado.

La Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica ha propuesto adjudicar los trabajos técnicos para el desarrollo del futuro Programa Nacional de Almacenamiento Hidráulico de Energía (PNAHE) a una unión temporal de empresas (UTE) formada por la ingeniería Typsa. Esta empresa fichó en 2024 como consejero al primer director general del Agua de Teresa Ribera en ese departamento, Manuel Menéndez Prieto.

El contrato, con un valor estimado de 2,44 millones de euros, se va a adjudicar por 1,7 millones a la UTE formada por Typsa y Jesús Granell Ingeniero Consultor SL, según el acta de la mesa de contratación del Ministerio que acaba de publicarse en la plataforma de Contratación del Estado. Ese órgano ha acordado por unanimidad encargar los trabajos a esa UTE al obtener “la mayor puntuación por ser la oferta más ventajosa para la Administración”.

La oferta de la UTE de Typsa era la tercera más cara de las presentadas (1.773.463,18 euros), pero ha conseguido la mejor puntuación cualitativa, con 86 puntos sobre 100, en una licitación en la que la oferta técnica tenía un peso del 48% en la puntuación final y que ha salido a concurso mediante procedimiento abierto.

La alianza de esas dos empresas se ha impuesto a las propuestas de las UTEs formadas por Qanat Ingeniería SL y Mega Engineering (segunda clasificada) e Intecsa Engineering Group SAU y Tecopy, entre otras.

En Typsa es consejero Menéndez desde julio de 2024, según el Registro Mercantil. Funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, el exdirector del Agua tiene una trayectoria de más de treinta años en el sector público. Fue el máximo responsable de esa dirección general desde junio de 2018 hasta enero de 2020. Tras su cese como alto cargo, permaneció en el ministerio como vocal asesor del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. 

De ahí se incorporó en 2024 a Typsa, que en 2020 fichó al exministro de Fomento y exalcalde popular de Santander, Íñigo de la Serna, al que nombró en mayo de 2024 vicepresidente. Este cargo en Typsa ya lo desempeñó con anterioridad otro ex político del PP, Carlos del Álamo, consejero de Medio Ambiente de la Xunta de Manuel Fraga desde 1997 hasta 2003 y que también fichó en su día por la papelera Ence con cierta polémica, por la fuerte vinculación de esta empresa con Galicia.

En Typsa también es consejero el diplomático jubilado Francisco Javier Elorza, secretario general para las Comunidades Europeas con Felipe González o secretario General de Asuntos Consulares y Migratorios con José Luis Rodríguez Zapatero.

Meses antes de ficharle como consejero, en octubre de 2023, Typsa a Menéndez Prieto, cuando todavía era asesor en el ministerio, a impartir en su sede social en San Sebastián de los Reyes (Madrid) una charla sobre “El Camino de la Sociedad en el Siglo XXI”, dentro de su ciclo de conferencias. Por él han pasado entre otros en los últimos años el anterior gobernador del Banco de España y actual director General del Banco de Pagos Internacionales, Pablo Hernández de Cos, el exministro socialista Jordi Sevilla, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, o el economista Ramón Tamames.

Pionera en la internacionalización

Typsa, pionera en la internacionalización de la ingeniería española (el mercado doméstico solo supuso en 2024 el 22% de su cifra de negocios), ha sido señalada en el pasado por ONG como Ecologistas en Acción por sus negocios en Israel. En 2024 facturó unos 396 millones de euros, según sus últimas cuentas, disponibles en Insight View. Contratista habitual de las Administraciones públicas, ya se ha encargado de vigilar las más de 50 presas de titularidad estatal de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

El PNAHE, cuyos trabajos técnicos va a realizar esta UTE, es un programa clave de la Dirección General del Agua. Busca cumplir los objetivos de almacenamiento hidráulico que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), con 3,5 gigavatios (GW) adicionales de bombeo en 2030. Esta tecnología es fundamental para permitir almacenar energía, permitir que continúe el despliegue de las energías renovables y reducir los denominados vertidos (la energía que se desperdicia en momentos puntuales porque la oferta supera la demanda).

Typsa y su socio se encargarán de redactar el documento ambiental estratégico del programa, los estudios previos a la celebración de los concursos de nueva potencia o un informe de compatibilidad de los proyectos con los Planes Hidrológicos en vigor. 

El pliego del concurso indicaba que “se requiere de un equipo humano especializado con una dedicación tal que sobrepasa los recursos humanos y materiales actualmente existentes en la Dirección General del Agua, siendo, por lo tanto, necesario recurrir a la contratación de apoyo externo para su consecución”.

El documento añadía que “el potencial técnico del programa es muy relevante. Se han seleccionado 29 proyectos de bombeo puro, con una capacidad energética de almacenamiento estimada en 77,6 GWh y una potencia en regulación diaria de casi 9 GW”.

Durante varios días durante julio y agosto de 2025, la imagen del río Tajo a su paso por Toledo sorprendió a propios y extraños. Después de las fuertes crecidas en el mes de marzo por las abundantes lluvias que llegaron a desbordar algunos tramos, este verano el cauce que serpentea el Casco Histórico reflejó un brusco descenso en varias ocasiones.

La Confederación Hidrográfica del Tajo inició una investigación y este viernes por la tarde ha desvelado las causas en un informe que ha hecho público. “Responde a paradas de la turbinación en la central hidroeléctrica de Safont debidas, por un lado, a trabajos de mantenimiento en la subestación de alta tensión y, en segunda instancia, a incidencias eléctricas originadas en la línea de distribución”, ha explicado el organismo de cuenca.

Niega que el episodio llevase al río a caudales por debajo del valor mínimo fijado en el régimen que marca la ley. Identifica las causas después de analizar la gestión realizada al respecto por los concesionarios hidroeléctricos ubicados aguas arriba de la ciudad de Toledo.

En este sentido confirma que los días 8 y 23 de julio de 2025 se registraron descensos puntuales del caudal circulante del río Tajo a su paso por la ciudad de Toledo, en la estación de control AR66, a la altura de la Casa del Diamantista - un lugar en la parte baja del Casco Histórico Toledo, junto al río, y que forma parte del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Pero también dice que en ambos episodios, el caudal circulante medio diario fue de 31,9 m³/s y 28,8 m³/s respectivamente, y que ese caudal está “muy por encima” del valor fijado en el régimen de caudales mínimos para esa masa de agua, tanto para el año 2025 (10,5m³/segundo), como para el año 2027 (13 m³/segundo).

Requerimientos a Naturgy, pero no se habla de sanción

Tras el requerimiento de documentación a distintos concesionarios hidroeléctricos ubicados aguas arriba de la estación de control, la investigación se centró en el aprovechamiento hidroeléctrico de Safont, cuyo titular es Naturgy Renovables S.L.U. que lo tiene arrendado a a la central a Hidroeléctrica Gormaz, S.L., actualmente Renewable Power International (RPI).

En concreto, el día 8 de julio se produjo una parada de la turbinación en la central hidroeléctrica entre las 8:30 horas y las 11 horas “con el fin de posibilitar el desarrollo de labores de mantenimiento en la subestación de alta tensión”.

Por otro lado, el 22 de julio a las 20:20 horas la central hidroeléctrica se paró por un disparo de línea de la compañía distribuidora. Eso ocasionó averías en los equipos de la central que no pudieron solucionarse hasta el día 23 a las 1:40 horas, momento en que la central recuperó su funcionamiento.

El último incidente analizado corresponde al 16 de agosto de 2025, en el que, dice la CHT, “se observó, igualmente, una bajada en el caudal circulante del Tajo a su paso por Toledo en la estación de control AR66”.

El caudal circulante medio diario ese día fue de 29,3 m³/segundo y que también fue “muy superior al valor fijado en el régimen de caudales mínimos ecológicos mencionado anteriormente”.

En este caso, la causa de la parada respondió a un desequilibrio de tensiones en la línea de distribución, ocasionando una avería en el PLC de control (es un sistema de control automático), que obligó que la central se mantuviese parada hasta que fue solucionada dicha avería.

Para la Confederación Hidrográfica “durante estos eventos y, específicamente, en los momentos críticos de parada, el concesionario respetó las condiciones establecidas en su título habilitante, dando continuidad a los caudales circulantes por el río y manteniendo el nivel de la columna de agua requerido en el embalse ubicado aguas arriba de la central”, restando así importancia al incidente y sin mencionar algún tipo de sanción.

Page lo definió como “la foto de la vergüenza”

El presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page llegó a calificar este verano de “foto de la vergüenza” la imagen del Tajo a su paso por Toledo, en pleno proceso de espera para que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haga efectiva en su totalidad la aplicación de los caudales ecológicos del río y cambie las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Page amagó entonces con acudir a los tribunales y en diversas ocasiones ha puesto en cuestión la profesionalidad de las confederaciones hidrográficas, hasta el punto de que durante el pasado Debate sobre el Estado de la Región, este mes de octubre en las Cortes de Castilla-La Mancha, insinuó su intención de pedir más competencias en materia de agua por lo que calificó de “mal funcionamiento” de estos organismos que dependen del Gobierno de España.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico planea reclamar a Iberdrola el lucro cesante de la concesión de la central hidroeléctrica de Villalcampo (Zamora), la mayor caducada en los últimos años en España, que expiró hace un año y la multinacional sigue explotando tras torpedear en los tribunales su reversión al Estado. La eléctrica se aferra a un decreto aprobado en 1926 por la dictadura de Miguel Primo de Rivera para intentar que dure 99 años, hasta 2048, y no 75, como defiende el ministerio.

El Gobierno planteó reclamar “los beneficios económicos tras la resolución de extinción concesional” de la presa, con 217 megavatios (MW) de potencia, el año pasado, cuando la concesión estaba cerca de expirar, según la documentación del expediente de extinción a la que ha tenido acceso elDiario.es tras una solicitud al amparo de la Ley de Transparencia.

La propuesta de resolución de la extinción del derecho de aprovechamiento que técnicos del ministerio elevaron el 29 de julio de 2024 dice que “la administración hidráulica podrá valorar cualquier beneficio económico de una posible explotación por parte de la concesionaria desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo concesional hasta la fecha de reversión efectiva al Estado de los bienes y elementos de la central”.

Esa reversión se hará “gratis, libre de cargas y gravámenes y en estado de explotación, reservándose la Administración cualquier acción que proceda, así como, aquellas medidas tendentes a garantizar que el titular concesional entregue los bienes objeto de reversión en perfectas condiciones”.

El documento se apoya en dos dictámenes del Consejo de Estado de 2017 y 2015 e insiste en que, extinguida la concesión, la Administración “podrá reclamar el beneficio económico de una posible explotación por parte de la concesionaria desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo concesional, dícese, el 11 de octubre de 2024, hasta la fecha de reversión efectiva”.

Se desconoce cuál sería esa ganancia dejada de obtener por la Administración (lo que se conoce como lucro cesante) desde que caducó la concesión de esta central, a la que un informe de Red Eléctrica de 1997 señalaba entre las diez hidroeléctricas con mayor producción en ese ejercicio, con 741 GWh, el 2,2% del total de esa fuente.

La propuesta de resolución del ministerio indica que, pese a que “el porcentaje de horas de funcionamiento no llega al 100%”, la producción del complejo de Villalcampo “es elevada” y “relevante”, de unos 537 gigavatios hora (GWh) anuales. Y “las infraestructuras a revertir se encuentran libres de cargas y gravámenes por lo que no deberían suponer coste de amortización alguno”, dice el documento.

Teniendo en cuenta el precio medio del mercado mayorista de la electricidad del año pasado en España (63 euros/MWh), esa producción equivaldría a unos ingresos anuales de unos 38 millones de euros. Esta puede considerarse una estimación conservadora, ya que la hidroeléctrica suele producir cuando los precios son más elevados y este año se han alcanzado puntas de 240 euros/MWh, según datos del Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (Omie).

Esos 537 GWh son una estimación que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) realizó al analizar el funcionamiento de la central entre 2017 y mayo de 2021, con datos horarios de Red Eléctrica. Concluyó que el grupo de Villalcampo II (110 MW de potencia) operó con un porcentaje de funcionamiento de “entre el 20% y el 55% con casi 5.000 horas de funcionamiento en el periodo”, y una producción media de 222,7 GWh/año. Mientras, los grupos 1, 2 y 3 de Villalcampo I, con 96 MW, aportaron 314,3 GWh y “operaron con un porcentaje de horas de funcionamiento inferior al 25% todos los años completos con un total de horas inferior a 1.800 horas/año”.

El procedimiento de extinción de la concesión que Transición Ecológica inició en octubre de 2021 caducó en enero de este año, como reveló La Opinión de Zamora. En junio, el ministerio sacó a consulta en el BOE el procedimiento. No es seguro que esta sea la vencida porque Iberdrola ha llevado el asunto a los tribunales. El anuncio de Transición Ecológica insiste en que la concesión del aprovechamiento “ha concluido el 10 de octubre de 2024”, tras los citados 75 años.

En mayo, tras la petición de información de este medio, y al ser parte interesada, la eléctrica pidió al ministerio denegar “acceso a la totalidad de los expedientes” o, “cuando menos”, a decenas de documentos y “en todo caso”, a esta propuesta de resolución, que señala que las reclamaciones a Iberdrola “se limitarían únicamente al beneficio obtenido de una posible explotación más allá de la fecha de extinción del título de derecho hasta la fecha de reversión de los bienes al Estado, dado que la concesionaria está pendiente de ejecutar una serie de actuaciones” que “permitan revertir en condiciones de explotación”.

Esas actuaciones se identificaron en una visita de técnicos del ministerio a Villalcampo en noviembre de 2023. No encontraron “restricciones operativas significativas” en los equipos de la presa, pero sí una serie de “reparaciones” pendientes (tratamiento anticorrosión de los elementos metálicos, instalación de alumbrado de emergencia en galerías, reacondicionamiento de la instalación eléctrica, reparación de válvulas…) que la concesionaria debía realizar “con antelación a la reversión del aprovechamiento hidroeléctrico, todo ello con independencia de que, del resultado definitivo del cumplimiento de la normativa de seguridad de presas, que actualmente se encuentra en evaluación, se desprenda la necesidad de otras reparaciones”.

Reclamación de la Junta

La cuestión de los beneficios de la concesión salió a colación en el proceso de alegaciones al procedimiento de extinción iniciado en octubre de 2021. En abril de 2022, la Junta de Castilla y León expuso al ministerio la necesidad de seguir explotando Villalcampo I y II, ya que “forman parte de los aprovechamientos estratégicos de la red eléctrica nacional” y dada “la actual situación energética mundial”, muy complicada tras la invasión rusa de Ucrania dos meses antes. El Gobierno del popular Alfonso Fernández Mañueco pidió participar en los beneficios de la futura concesión.

“En todo caso, este nuevo aprovechamiento hidroeléctrico y posterior concesión deberá asegurar, asimismo, una adecuada reversión de beneficios en la Comunidad Autónoma y en los municipios afectados por las infraestructuras y embalsamiento de aguas a fin de compensar las servidumbres y riesgos derivados de estas infraestructuras hidroeléctricas, y su afección al medio natural, con repercusiones directas sobre la actividad socioeconómica de la zona”, dice el informe de la delegación territorial en Zamora de la Junta.

Varios alegantes, como la asociación de Entidades Locales Afectadas por Centrales y Embalses de Producción Hidroeléctrica de Zamora, fueron mucho más allá. “Afirman que la actual concesión de la central hidroeléctrica de 1926 no puede ser prorrogada, y que por ello deben incoarse los trámites para realizar una nueva adjudicación mediante el oportuno concurso público y/o subasta pública”. Y pidieron que los pliegos obligaran a la adjudicataria a tener sede en Zamora o que “abone a los municipios en los que esté construido el embalse y la central hidroeléctrica un canon anual o renta de 5000 euros por MW instalado año”, revisable anualmente con el IPC.

También reclamaron una exención del impuesto eléctrico a las personas físicas y jurídicas de los municipios afectados por la presa, “aguas arriba del embalse y aguas abajo”, como Moral de Sayago, Pereruela o Villaseco. O incluir dos condiciones ya contempladas en la concesión de 1926: “La obligación de la adjudicataria de contratar a personas de la provincia de Zamora con preferencia a otras zonas, y que se prohíba la exportación a terceros países”, salvo “autorización previa del Consejo de Ministros”.

“Consideran que también debería incluirse la condición de que salvo por cuestiones técnicas, no pueda bajarse el nivel del embalse por debajo de 50% en ninguna época del año”.

Recurso judicial

El procedimiento de extinción caducó tras interponer Iberdrola recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Euskadi contra la decisión del ministerio de mantener esos 75 años, y no en 99, como pretende la eléctrica amparándose en ese decreto dictado hace casi un siglo.

La multinacional no comenta los planes del Gobierno de pedir ese lucro cesante. Destaca que “aunque el día 10 de octubre de 2024 concluyó el plazo concesional de 75 años de la presa y centrales de Villalcampo, Iberdrola continúa desempeñando sus labores de explotación conforme a la concesión otorgada a la espera de que la Administración instruya el correspondiente expediente de extinción”.

La compañía “está esperando” la resolución del TSJ vasco sobre la continuidad de la concesión y “estima que se han cumplido las inversiones que permiten ampliar el plazo, conforme al título concesional”. Destaca que “ha llevado a cabo un trabajo excepcional en la explotación de estas infraestructuras y también en el control de las avenidas por el Duero; en 1977 se amplió la central con la puesta en servicio de Villalcampo II, mejorando las capacidades de gestión de avenidas por el río. Asimismo, Iberdrola mantiene once empleados de la comarca y de la provincia de Zamora en el centro de trabajo para realizar las operaciones de esta infraestructura hidroeléctrica”. 

“Iberdrola quiere seguir manteniendo el pulso y el contacto con la provincia zamorana y con todas las partes implicadas y para ello apuesta por retener y atraer el talento joven”. Destaca que las instalaciones que han albergado durante décadas el Laboratorio de Hidráulica de Iberdrola, “referencia mundial en el campo de la ingeniería junto a la presa de Ricobayo”, se han transformado en un centro de innovación y formación “por el que pasarán anualmente al menos 800 futuros profesionales de todos los rincones de España”.

“Iberdrola va a seguir realizando un importante esfuerzo inversor en esta tierra, para continuar ofreciendo, a sus casi 130.000 clientes zamoranos una calidad de servicio cada vez mejor. Para ello, tiene previsto invertir en la provincia 36 millones de euros en redes eléctricas durante los próximos cuatro años, otros 40 millones se destinarán a la ampliación de parques eólicos, 4,7 millones a infraestructuras hidroeléctricas durante los dos últimos años y una aportación fiscal recurrente de más de 13 millones de euros anuales de impuestos provinciales”.

La empresa subraya que mantiene 17 instalaciones en la provincia zamorana con una potencia instalada de 976 MW, cuatro infraestructuras eólicas y 13 centrales hidroeléctricas, “una energía limpia y flexible que crea empleo y apuesta por la formación de profesionales en un sector en auge que ofrece trabajo a los jóvenes”. “Además, de la mano de la Fundación Rei Afonso Henriques forman a jóvenes de centros escolares zamoranos sobre los riesgos del cambio climático”.  

Iberdrola se aferra a un decreto aprobado en 1926 por la dictadura de Miguel Primo de Rivera para intentar alargar hasta 2048 la concesión de la presa hidroeléctrica de Villalcampo I y II (Zamora), la mayor caducada en los últimos años en España.

La concesión del aprovechamiento, en el sistema de los Saltos del Duero y con 217 megavatios (MW) de potencia, caducó el 10 de octubre de 2024, a los 75 años de ponerse en marcha en plena dictadura franquista. En junio, el Ministerio para la Transición Ecológica sacó a información pública la extinción del aprovechamiento, especificando que “se establece un plazo máximo de 75 años contados desde el 10/10/1949” para esta concesión.

A día de hoy, Iberdrola sigue explotándola tras recurrir en 2023 ante la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi (TSJE), donde tiene su sede fiscal, la decisión del ministerio de desestimar en 2022 su solicitud de ampliar ese plazo a casi un siglo. La documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es tras una solicitud al amparo de la Ley de Transparencia recoge los argumentos de la primera eléctrica española para no perder la concesión, incluidos en ese recurso ante el TSJE, que se admitió a trámite en julio de 2023 y se presentó cuando el procedimiento estaba ya en “situación muy avanzada de tramitación”, como indica el ministerio.

Iberdrola esgrime que ese decreto dictatorial confiere “un derecho preexistente del concesionario, otorgado en el propio título concesional, al disfrute y explotación del citado aprovechamiento” durante esos casi 100 años: hasta el 10 de octubre de 2048. “Ese plazo de 99 años constituye un derecho originario otorgado en el propio título de concesión”, insiste.

Se ampara en un decreto de hace casi un siglo, cuando el entonces ministro de Obras Públicas, Rafael Benjumea y Burín, conde de Guadalhorce, ingeniero de caminos y creador de las Confederaciones Hidrográficas, concedió a lo que hoy es Iberdrola, la Sociedad Hispano-Portuguesa de Transportes Eléctricos Saltos del Duero, S.A., entre otros, el aprovechamiento hidroeléctrico del río Duero en la parte española del proyecto llamado “Ugarte”. 

El decreto indicaba que el plazo de concesión sería ampliable a 99 años si “en el conjunto de los saltos que componen esta concesión, sumados a los de Trechón y Santiago, ya concedidos a la misma Empresa, se consigue la regularización de todas estas corrientes en el grado de intensidad que exige” otro decreto de noviembre de 1922. 

En junio de 1921 se estableció que las concesiones durarían 75 años y “revertirán al Estado todas las obras, maquinarias, líneas de transporte y demás elementos de su dotación”. Pero poco después otro decreto amplió el plazo a 99 años cuando “resulte beneficiado el interés general”, o “bien porque exijan la construcción de embalses reguladores suficientes para anular los efectos de las grandes avenidas”, como sostiene ahora Iberdrola.

La eléctrica defendió durante la tramitación del expediente de extinción que “ha cumplido dicha condición al haber llevado a cabo, en el conjunto de los aprovechamientos referidos en el Real Decreto-ley de 23 de agosto de 1926, obras de regulación que han permitido anular los efectos de las grandes avenidas en las respectivas corrientes en que se establecen”. 

Por el contrario, Transición Ecológica expone que Iberdrola aceptó esos 75 años “desde la Orden Ministerial de 16 de julio de 1957” que documentó el Acta de recepción de las obras y “determina tal plazo de duración hasta las sucesivas modificaciones de los años 1972, 1974 y 1978 que redundan en la misma duración temporal e, incluso, la ratifican expresamente como condicionante en el caso de la modificación de 1974 y como compensación al mayor caudal y potencia acordados entonces”.

El 9 de septiembre de 2022 la Dirección General del Agua concluyó que Iberdrola “no ha justificado el cumplimiento de las condiciones exigidas para poder acceder al plazo de 99 años” y esa es la decisión que la multinacional llevó al TSJ vasco.

El ministerio expuso que la Ley de Aguas de 1985 derogó “la posibilidad de acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas para poder ampliar el plazo concesional de 75 a 99 años” y solo permite una única prórroga de diez años si son necesarias “obras que no podrán ser amortizadas en el plazo que resta”, un “supuesto diferente al que nos ocupa”.

El ministerio reprochó a la eléctrica falta de “coherencia” con sus propios actos “a lo largo de la vida del aprovechamiento”. En noviembre de 1969, cuando todavía se llamaba Iberduero, pidió alargar el plazo a 99 años y el régimen franquista lo denegó en 1972, pero dejó una puerta abierta “si, tras los trámites pertinentes, mediante concesión administrativa vinculada a la actual, construyera otro embalse en la cuenca del río Duero, aguas arriba del tramo aprovechado con la actual concesión, que procure una regulación interanual suficiente en el mismo, o bien se comprometiese a amortizar totalmente el coste de las obras del embalse de San Esteban de Gormaz, cuando lo construya el Estado”.

Según Transición Ecológica, Iberdrola “no ha desarrollado” estas actuaciones, al contrario: en junio de 1970, presenta anteproyecto de ampliación, la central de Villalcampo II, que autoriza la dictadura en junio de 1974. Y “optó por solicitar una ampliación de potencia del aprovechamiento hidroeléctrico y pasar a una explotación del mismo en puntas (funcionamiento opuesto a la regularización de corrientes)”, de forma que “si bien se mantiene la lámina de agua alta por necesidades de la explotación, el caudal durante gran parte del día es nulo”. 

En junio de 2024, la Abogacía del Estado informó de que ese plazo de 99 años “es manifiestamente contrario no sólo al título concesional, sino a la Ley misma”. Son “absolutamente carentes de todo fundamento las pretensiones de Iberdrola Generación tendentes a cuestionar, interpretar y revisar en el momento presente la Concesión”.

Según la Abogacía, “no es admisible” que la empresa “ahora pretenda” beneficiarse de un plazo diferente al que aceptó en su momento “sólo en la parte que le perjudica”. “Si tales modificaciones le beneficiaron para el recrecimiento de la presa, cambio de sus características e, incluso, construcción de una nueva Central no pueden, en rigor, ser cuestionadas en lo relativo al plazo de duración que en esas fases de cambio no sólo fue aceptado, sino que sirvió como instrumento de negociación”.

Cuatro años

El expediente de extinción original se inició hace cuatro años, en octubre de 2021, con un plazo de 18 meses que se amplió en noviembre de 2022 en otros 18 meses ante la complejidad del procedimiento, las características del aprovechamiento, el número de comparecientes personados, la extensión de las alegaciones, la documentación necesaria o los ensayos para una visita de campo de técnicos del ministerio en noviembre de 2023 para comprobar in situ el estado de la presa.

Notas internas del ministerio reflejan trabajos preparatorios para un contrato de servicios “para la continuación de la explotación” una vez caducada. “Se solicita informe acerca de los requisitos o condicionamientos necesarios para la intervención en el mercado de la energía con la central de Villalcampo”.

En su trasiego de recursos, Iberdrola presentó un informe pericial de un catedrático de Ingeniería Hidráulica que exponía de forma “absolutamente reveladora e inequívoca” que cumplía las condiciones para extender ese plazo a 99 años. Expuso que su intento de 1969 “tenía un fundamento distinto” y que había hecho “otras actuaciones que, de forma alternativa, permiten tener por cumplida la condición con arreglo al título concesional”.

En enero de 2024, pidió suspender todo el procedimiento “en tanto no recaiga sentencia firme”. El ministerio lo rechazó porque “dados los plazos seguidos en procedimiento judicial, ello puede conllevar, casi con toda seguridad”, que la fecha en la que estaba previsto que caducara la concesión “se verá sobrepasada” y “con ello logrará la concesionaria evadir dicha fecha límite”. Poco después la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) propone revertir “la extinción de la concesión y la continuidad del aprovechamiento hidroeléctrico”.

La representación legal de Iberdrola insistió en marzo de 2024 con un recurso de reposición que alegaba riesgo de “un perjuicio irreparable”, “una evidente situación de prejudicialidad contencioso-administrativa”, vulneración de su derecho de defensa y a una tutela judicial efectiva, apoyándose en dictámenes del Consejo de Estado. El ministerio lo rechazó semanas después.

elDiario.es ha accedido a parte de la documentación del caso. Al “afectar a derechos o intereses de terceros”, los de Iberdrola, Transición Ecológica remitió en abril copia de la documentación a la empresa, que en mayo pidió denegar “acceso a la totalidad de los expedientes” o, “cuando menos”, a decenas de documentos, incluyendo “en todo caso la propuesta de resolución de extinción del derecho de aprovechamiento”, fechada el 29 de julio de 2024. 

La eléctrica adujo razones de “seguridad pública” por “el carácter estratégico para la seguridad de suministro y para el sistema eléctrico de la central hidroeléctrica de Villalcampo”, apoyándose en un informe de REE que la incluyó entre las infraestructuras críticas para el sistema.

A preguntas sobre este asunto, la multinacional indica que “aunque el día 10 de octubre de 2024 concluyó el plazo concesional de 75 años de la presa y centrales de Villalcampo, Iberdrola continúa desempeñando sus labores de explotación conforme a la concesión otorgada a la espera de que la Administración instruya el correspondiente expediente de extinción”.

Iberdrola recuerda que las hidroeléctricas zamoranas de Ricobayo (donde ha inaugurado recientemente un centro de innovación de formación en renovables) y Castro ya “se ampliaron a lo largo de su vida operativa”, y “está esperando” la decisión del TSJE, “dado que estima que se han cumplido las inversiones que permiten ampliar el plazo, conforme al título concesional”.

“La compañía ha llevado a cabo un trabajo excepcional en la explotación de estas infraestructuras y también en el control de las avenidas por el Duero; en 1977 se amplió la central con la puesta en servicio de Villalcampo II, mejorando las capacidades de gestión de avenidas por el río”. La empresa mantiene once empleados de la comarca y la provincia de Zamora para operar la infraestructura.

Iberdrola cuenta con 17 instalaciones en Zamora con 976 MW, cuatro infraestructuras eólicas y 13 centrales hidroeléctricas, “una energía limpia y flexible que crea empleo y apuesta por la formación de profesionales en un sector en auge que ofrece trabajo a los jóvenes. Además, de la mano de la Fundación Rei Afonso Henriques forman a jóvenes de centros escolares zamoranos sobre los riesgos del cambio climático”.

Tres veces

La CHD tuvo que pedir tres veces a la Dirección General de Energía del ministerio (al que está adscrita), en enero y octubre de 2023 y en abril de 2024, “informe sobre lo que estimara conveniente acerca de las materias que considerara relevantes en atención a su competencia” sobre este asunto y la “importancia estratégica” del complejo “para la operación del sistema eléctrico, por su contribución a la garantía de suministro y su participación en la regulación del sistema”. 

“Consideramos especialmente relevante que la DG de Política Energética y Minas, se pronuncie sobre este aspecto, puesto que el carácter estratégico, defendido por la CHD en su propuesta, para justificar la continuidad del aprovechamiento hidroeléctrico, ha sido muy cuestionado por varios alegantes, que proponen su demolición”, decía el escrito, que preguntaba a Energía sobre “consecuencias de la interrupción temporal o permanente de la explotación” y, “en caso de continuidad”, “condiciones a exigir al futuro concesionario que debieran considerarse en la licitación del pliego de concurso público y posterior otorgamiento concesional. Dada la posibilidad de que la explotación futura pudiera otorgarse a un productor distinto del actual, y en caso afirmativo, prescripciones a considerar”.

El director general de Política Energética, Manuel García Hernandez, contestó el 25 de abril de 2024 que respecto a la futura concesión “se deberá garantizar a largo plazo la disponibilidad y la correcta operación y mantenimiento” de la central, atendiendo los requerimientos del operador del sistema. Respecto a su importancia estratégica, “no corresponde a esta Dirección general emitir juicio”, sino a REE, pero mantener y aumentar la energía hidráulica es “crucial” para cumplir el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) “y para la estabilidad del sistema”.

“Es muy importante señalar que, dentro de las diversas tecnologías de almacenamiento disponibles, en este momento el hidráulico aporta ventajas significativas frente a otros, ya que es una tecnología madura que presenta unos ratios energía/potencia mucho más elevados que otras tecnologías disponibles por lo que aporta una flexibilidad al sistema eléctrico en horizontes temporales superiores al diario, lo que le convierte en una pieza crucial para logar los ambiciosos objetivos del PNIEC”, dijo el director general.

La brusca bajada del caudal del río Tajo a su paso por la ciudad de Toledo a primeros de julio sigue siendo una incógnita. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) todavía no se ha pronunciado acerca de las investigaciones que, según explicó el organismo de cuenca hace unas semanas a este medio, se están llevando a cabo para conocer por qué se produjo este repentino descenso del nivel de de agua, que fue detectado en una de las estaciones del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) en la capital de Castilla-La Mancha, en concreto la que se encuentra a la altura de la conocida como 'Casa del Diamantista'.

Este miércoles, la confederación ha vuelto a explicar, a preguntas de elDiario.es Castilla-La Mancha, que se sigue “requiriendo y analizando datos de funcionamiento a los concesionarios hidroeléctricos ubicados aguas arriba de dicha estación al objeto de conocer con detalle las causas que originan dichas situaciones”.

En este aspecto fuentes del organismo reiteran que “no se han producido, hasta la fecha, situaciones de incumplimiento del régimen de caudales ecológicos implantado en dicho tramo”.

Precisamente hoy la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, se ha referido a esta cuestión durante una rueda de prensa en Toledo. Tras ser preguntada ha dicho estar en contacto “permanentemente” con la Confederación Hidrográfica del Tajo, para comentar lo mismo: por el momento no conocen las causas.

El caudal del río Tajo a su paso por la ciudad de Toledo descendía de forma abrupta el 8 julio. A las 7 de la mañana el caudal del Tajo era de 30,53 metros cúbicos por segundo, mientras que tres horas más tarde, descendía a los 13,09 metros cúbicos por segundo, según los datos recogidos por el sistema SAIH en la estación de aforo de la Casa del Diamantista. Esta bajada era notable de manera visual, mostrando un río muy diferente al que recorría el cauce toledano gracias a las abundantes lluvias del mes de marzo. Al día siguiente, 9 de julio, de los 34,47 m3/s a las 9:00 horas se llegó a los 18,55 m3/s a las 11:00 horas.

La situación se repitió el 23 de julio y el nuevo episodio fue denunciado por la Catedrá del Tajo-UCLM-Soliss. “A las 3 a.m. se ha situado en 13,38 m3/s, disminuyendo de golpe 17 m3/s en una hora. La recuperación súbita del caudal a 44 m3/s a las 9 a.m. vuelve a sugerir que la causa está en la actividad hidroeléctrica aguas arriba”, denunciaba en un mensaje difundido a través de la red social X.

Hoy 30 de julio a las 11:00 de la mañana la misma estación de aforo registraba un caudal de 28,62 metros cúbicos por segundo, una cifra normal para la época.

“Restituimos la memoria colectiva de un elemento de referencia para Uña, perdido desde hace cerca de 100 años”. La consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez explicaba así el objetivo de la restauración de la barrera tobácea o travertino de la laguna de Uña en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca.

Hoy se ha declarado 'oficialmente' inaugurada la restauración del salto o cascada de la laguna, en la que se han invertido cerca de 210.000 euros y forma parte de otras actuaciones en este parque natural. “Somos conscientes de que se trata de un recurso turístico de máxima relevancia”, decía Mercedes Gómez.

El Parque Natural de la Serranía de Cuenca recibe una media de más de 150.000 visitantes al año, que recorren entre otras cosas algunas de los 13 senderos interpretativos que se han señalizado y hay además ocho áreas recreativas.

Este parque tiene siete refugios forestales y tres centros de interpretación. Uno está en Uña y los otros dos en Tragacete y Valdemeca, donde de manera gratuita se ofrece información sobre las diferentes rutas y atractivos de este singular paraje, entre los que se encuentran el nacimiento del río Cuervo, las Lagunas de Cañada del Hoyo o Las Torcas de los Palancares, entre otras cosas.

La cascada de la laguna de Uña

Las obras han servido para recuperar la funcionalidad de la barrera tobácea de la laguna de Uña. Hace 100 años cuando se inauguraba la central hidroeléctrica de Villalba, una obra de ingeniería que arranca precisamente en la laguna de Uña, desvió el agua a 20 kilómetros de distancia.

La laguna tuvo que adaptarse. Se construyó una represa para que la central hidroléctrica tuviese agua y por esa razón la laguna dejó de aportar agua al río Júcar. La cascada desapareció.

Ahora la laguna aporta de nuevo agua al río Júcar. Un volumen de agua establecido como caudal ecológico por el Plan Hidrológico del Júcar para el Arroyo del Rincón, que vierten sus aguas a la Laguna de Uña.

Para lograrlo, se han construido las conducciones y equipamientos necesarios para derivar dicho caudal ecológico desde la laguna hasta la coronación de la barrera travertínica, desde donde, por gravedad, se suministran a la barrera tobácea generando una cascada que busca además ser un aliciente para el turismo.

De paso, según el Gobierno regional, da cumplimiento a una de las directrices en materia de conservación y restauración de elementos geomórficos establecidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de la Serranía de Cuenca.

Esta actuación ha supuesto invertir 209.582,77 euros con financiación del Gobierno de Castilla-La Mancha a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En este lugar hay un mirador, situado a escasa distancia de la localidad de Uña que ofrece una espectacular vista frontal de la cascada travertínica.

La declaración como Parque Natural para la Serranía de Cuenca, allá por el año 2007, “daba el pistoletazo de salida a la recuperación, pero también se tenía que dar la circunstancia de que por fin se garantizaba el caudal ecológico de la cuenca del Júcar que lo ha posibilitado, porque en este tipo de actuaciones el agua es fundamental”, ha explicado la consejera.

A licitación la gestión de la hospedería de Uña

Durante este acto, el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha anunciado que la institución provincial va a sacar en los próximos días la licitación de la gestión de la hospedería de Uña en la que se han invertido más de tres millones de euros y que se integrará en la Red de Hospederías del Gobierno regional.

Martínez Chana ha destacado la importancia del proyecto por la cantidad de empleo que ha generado durante la fase de rehabilitación con una veintena de personas empleadas, y que durante la gestión generará otra decena de empleos.

Pero también, ha insistido, en la oportunidad de incrementar las plazas hoteleras en el Parque Natural de la Serranía y hacerlo con estándares de calidad para llenar ese nicho de turismo “porque la gente viene a disfrutar de esta comarca pero necesita lugares para hospedarse”.

Situada en la Alpujarra almeriense, a los pies de la vertiente sur de Sierra Nevada, hay un sendero que empieza a despertar el interés de caminantes y curiosos. Alejada de los grandes circuitos turísticos, esta ruta ofrece una alternativa natural y serena, cargada de historia, geología y paisajes que no dejan indiferente. Aunque su nombre todavía no goza de gran reconocimiento fuera del ámbito local, los que la recorren no tardan en vincularla, de manera inevitable, con la experiencia del célebre Caminito del Rey malagueño, aunque con una personalidad más salvaje y mucho menos intervenida.

La Senda de la Hidroeléctrica, que parte del municipio de Laujar de Andarax, discurre por antiguos caminos de servicio vinculados a una central eléctrica hoy en desuso. Este itinerario recorre parte de un trazado que, en otro tiempo, condujo agua a través de acequias y estructuras excavadas en la roca.

Su diseño, adaptado al entorno natural, se abre paso entre túneles horadados, espolones de roca y pasos elevados sobre acequias, con vistas sobre barrancos cubiertos de vegetación mediterránea. El recorrido, señalizado y de dificultad media, permite al caminante disfrutar de la montaña sin renunciar a la seguridad de una ruta habilitada y gestionada por el Consorcio de Sierra Nevada Almeriense.

Lejos de los caminos masificados, esta propuesta representa una invitación a redescubrir el patrimonio natural de la provincia. Rodeado de pinares, cultivos de montaña y antiguos trazados hidráulicos, el visitante transita por un paisaje de contrastes, donde conviven lo natural y lo industrial, lo abrupto y lo accesible.

Con una longitud aproximada de 4,2 kilómetros, dependiendo del acceso elegido (entre 4,1 y 4,3 km), el recorrido resulta ideal para una escapada de día, ya sea en solitario, en grupo o en familia, con el aliciente añadido de formar parte del Parque Natural de Sierra Nevada, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Una senda suspendida entre historia y naturaleza

La ruta comienza en el Área Recreativa del Nacimiento, un espacio habilitado con zonas de descanso, sombra y aparcamiento, desde el cual es posible iniciar el sendero a pie. Este primer tramo discurre junto al cauce del río Andarax, flanqueado por vegetación de ribera y antiguas estructuras hidráulicas. A escasa distancia del inicio, se alcanza la central hidroeléctrica de La Fabriquilla, en desuso y visible aún, y que da nombre a la senda. Desde allí comienza el ascenso, que puede realizarse por dos vías distintas: una pista forestal de 4,1 km con trazado suave o la Senda de Monterrey, de 4,3 km, más exigente y montañosa.

El desnivel acumulado ronda los 227 metros, lo que confiere al trayecto un carácter moderado, aunque algunos tramos presentan pendientes acusadas o pasos estrechos. En las zonas más elevadas, el sendero serpentea sobre un barranco escarpado y atraviesa diversos túneles excavados en la roca, sin iluminación artificial, lo que hace recomendable llevar linterna o frontal.

Uno de los puntos más llamativos del recorrido es el Puente del Chillo, una antigua conducción de agua reconvertida en paso peatonal, que ofrece vistas panorámicas sobre el valle. A lo largo del itinerario, las antiguas acequias han sido adaptadas como caminos elevados, aportando una sensación de vértigo moderado y permitiendo avanzar literalmente suspendido sobre la ladera.

Los miradores naturales permiten contemplar la extensión del valle del Andarax, con Laujar al fondo y los picos nevados visibles en días despejados. El entorno combina bosques de pino carrasco, encinas dispersas y cultivos tradicionales en terrazas, testimonio del aprovechamiento agrícola de la zona durante generaciones. La presencia de muros de mampostería, canalizaciones y antiguos pasos de mulas refuerzan la sensación de caminar por un espacio cargado de memoria y utilidad histórica.

Una propuesta flexible y de fácil acceso

La Senda de la Hidroeléctrica ofrece varias posibilidades de recorrido que se adaptan a distintos niveles y preferencias. Aunque no es un trazado circular en sentido estricto, puede realizarse como ruta lineal de ida y vuelta o combinar sus dos accesos principales —la pista forestal del Cerecillo (4,1 km) y la Senda de Monterrey (4,3 km)— para generar una variante semicircular. El trayecto completo puede recorrerse en unas dos o tres horas, según el ritmo y las paradas.

El itinerario está bien señalizado, y su acceso desde el Área Recreativa del Nacimiento facilita el inicio de la caminata. Laujar de Andarax, punto de referencia más cercano, dispone de alojamientos, restaurantes y servicios para completar una jornada de turismo activo. La cobertura móvil es limitada en algunos tramos, por lo que se aconseja llevar mapas descargados o GPS y extremar la precaución en días de lluvia o escasa visibilidad.

Sin luz, sin teléfono, sin internet. Y como si llegase el fin del mundo, la pregunta nos la dieron redactada. ¿Y ahora qué hacemos? Pero no era esa. Era, ¿por qué?

España ha vivido un gran apagón el pasado lunes. Un evento de tal magnitud que dejó inoperativa a toda la península ibérica en cuestión de segundos. La desconexión total sorprendió por su rapidez, y la recuperación del suministro fue inevitablemente lenta, y ha requerido que todos los sistemas volvieran a acoplarse y sincronizarse con la señal eléctrica, lo cual es un proceso complejo en una red con muchos sistemas. Algunas zonas, como las cercanas a las fronteras francesa y marroquí (parte del País Vasco y la provincia de Cádiz), recuperaron la normalidad antes, aunque incluso dentro de una misma provincia hubo grandes diferencias en el tiempo de restablecimiento.

La pregunta inmediata fue: ¿por qué se produjo? Empecemos por dejar claro que no tenemos certezas sobre la causa o causas. Que Tellado y Gamarra ya digan saber la causa, es para que les diera vergüenza solo insinuarlo. El asunto es tan técnico, que es más que probable que los ciudadanos nunca nos enteremos del origen real del problema. Eso ha facilitado que el debate público se ha llenado de especulaciones y, cómo no, de bulos, convirtiéndose hoy en una batalla ideológica entre renovables y nucleares, y también en otra batalla más entre izquierda y derecha. Tenemos desde quienes relacionan el apagón con un exceso de confianza en la energía solar o los supuestos riesgos de las renovables, hasta quienes directamente lo atribuyen a la progresiva retirada de las nucleares en nuestro país. 

Los denominados 'todólogos' (esos que saben de todo: Covid, volcanes, DANA y ahora sistemas eléctricos) en las tertulias televisivas, y que siempre son los mismos y mismas, ya nos hablan de las causas sin ser expertos, y, eso sí, todos con un sesgo político.

No quisiera caer en lo mismo que critico porque tampoco yo soy un experto en sistemas de distribución eléctrica. Lo que si he hecho ha sido, antes de escribir este artículo de opinión, intentar documentarme por varias vías de lo acontecido. Y la verdad es que son muchas las publicaciones que ya apuntaban a que este apagón del lunes podría producirse. Sin embargo, los ciudadanos seguimos guiándonos solo por lo que nos cuentan en la caja tonta, en lugar de a escuchar a expertos acreditados, que nos pueden aportar algunas claves para entender lo ocurrido. 

Según las fuentes en las que he leído, el apagón no se debió a un ciberataque, ni tampoco el problema está en las renovables en sí mismas, que son las dos opiniones preponderantes en redes. Tal vez, posiblemente, la causa principal pudo haber estado en dos episodios de desconexión de energía solar, pero no porque el problema fundamental sea esa desconexión en sí, sino por la inestabilidad de la red eléctrica. Esta inestabilidad es real, y consecuencia directa de un modelo energético que ha priorizado los intereses de las grandes empresas por encima de las inversiones necesarias para garantizar la estabilidad del sistema. El problema fundamental, no son las renovables, sino que el modelo de integración de las renovables no es el más adecuado para sus características.

Según algunos expertos, lo ocurrido fue el resultado de acumular una gran cantidad de electricidad generada por sistemas fotovoltaicos en una red de alta tensión, sin contar con sistemas de estabilización suficiente. Justo antes de la caída, el 60% de la energía producida era fotovoltaica. La energía fotovoltaica es inflexible, produce una corriente continua en función de la luz solar, y eso dificulta la adaptación instantánea a la demanda. Aunque la situación generada se podría haber compensado activando centrales de gas de ciclo combinado, no se hizo, posiblemente porque mantenerlas operativas resulta costoso y el precio actual de la electricidad es muy bajo. 

Según esos expertos, no se pueden integrar las renovables sin dotarlas de sistemas de estabilización. Las empresas han minimizado al máximo esta inversión, delegando la estabilización a la Red Eléctrica. Aunque desde 2022 la normativa obliga a los nuevos sistemas a incluir estabilización propia, el problema reside en las instalaciones anteriores a esa fecha que no están obligadas a cumplir estos requisitos. Están en esa situación instalaciones en todas las comunidades autónomas anteriores a esa fecha, también en Castilla La Mancha. Si ese es el motivo real de lo acontecido, resulta una imprudencia que no se debe consentir y mucho menos repetir. 

La falta de sistemas de control y estabilización ha podido provocar una sobrecarga que, en lugar de que las subredes se desconectaran para protegerse, fue pasando el problema a otras subredes, generando un efecto dominó, una caída en cascada, y eso hizo que todo se cayera muy deprisa para evitar quemarse. Para resolver ese problema, se debe invertir en los mencionados sistemas de estabilización. Los expertos señalan que la mejor manera de estabilizar las energías renovables, especialmente la fotovoltaica y la eléctrica, es a partir de baterías. Es una idea simple: cuando hay desacoplamiento con la demanda, si aumenta, sacas energía de la batería; si disminuye, metes el exceso en ella. Esto, garantizaría la estabilidad y continuidad del servicio. 

Lo que parece claro es que, si esa es la causa del apagón, la situación exige la aprobación de leyes que antepongan la electricidad como servicio vital antes que los intereses de las empresas. La importancia de exigir desde las instituciones unas especificaciones estrictas y obligatorias de estabilización, aunque las compañías pongan el grito en el cielo, porque hacerlo implica hacer un montón de inversión, pero es necesario anteponer la seguridad de los españoles y del Estado.

Este acontecimiento que hemos vivido viene a poner en evidencia que un elemento vital hoy cómo lo es la electricidad no puede estar sometido su funcionamiento a las leyes de mercado ni a los intereses de las empresas privadas, sino que se debe plantear que la generación de la electricidad sea un servicio público. 

Como en la sanidad, en la educación y en lo que conocemos cómo servicios básicos, también aquí un modelo de empresa privada siempre va a priorizar el beneficio frente a la calidad del servicio. Desmantelar lo público tiene muchas consecuencias, una puede ser lo acontecido este pasado lunes, otra que sean muchos los expolíticos españoles que han estado o están hoy sentados en los consejos de administración de esas empresas.

No es una cuestión ideológica, sino de toda lógica, plantear que es una anomalía que un servicio público cómo la electricidad de máxima necesidad, cómo hemos comprobado en nuestras propias carnes, esté en manos privadas, y que hacen un gran negocio con nuestra necesidad total de esta energía. El apagón también ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad en la que nos sitúa la falta de planificación respecto a este sistema de renovables y es aplicable a otros muchos servicios de primera necesidad.  

Más allá de los aspectos técnicos, el incidente también nos ha mostrado los contrastes de nuestra sociedad del siglo XXI. Mientras unos reaccionaban hace unos días comprando kits de emergencia y abogando por el incremento del gasto militar ante un supuesto ciberataque, no se dan cuenta de que solo cortar la luz una semana, nos deja una España rendida.

La falta de información y la escasa transparencia de las administraciones además nutre la creación de bulos interesados que hacen de la incertidumbre ciudadana un vivero de votos. Ojalá que el apagón, al menos, sirva para que nos demos cuenta de nuestra falta de empatía con ciudadanos españoles o de fuera que sufren carencias mucho más graves desde hace años (falta de luz, agua, alimentos, medicamentos) cómo ocurre en Gaza o en la Cañada Real. 

Políticamente, el evento ha dejado clara la apuesta de la derecha por las nucleares frente a las energías limpias, y también nos permite percibir que algunos usan cualquier situación para intentar obtener rédito político. A quienes queráis documentaros con evidencia en el tema, os recomiendo la lectura de diferentes publicaciones de Antonio Turiel Martínez, científico y divulgador, licenciado en Física y Matemáticas y doctor en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente trabaja como Investigador Científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona. Él ya había advertido de este escenario, señalando que la red lleva mucho tiempo “en el alambre” y que ya ha habido ocasiones en las que se ha estado muy justo para garantizar el suministro. De hecho, el año pasado se tuvieron que poner en marcha cinco veces los sistemas de respuesta activa de la demanda, lo que básicamente significa apagar toda la industria del país.

La transición del modelo heredado a un modelo renovable no es por un capricho ideológico, sino consecuencia de la necesidad de luchar contra el cambio climático.

Y que no te engañen: es mejor un apagón temporal que las consecuencias del cambio climático global, y mejor las renovables con sus problemas solventables, que los costes económicos, ecológicos y de seguridad de las nucleares. Sin embargo, el apagón nos expone que esta transición debe hacerse de forma planificada y segura, con la inversión necesaria en infraestructura de estabilización y, posiblemente, replanteando el modelo de gestión de un servicio tan vital como la electricidad. 

Lo que sí parece claro es que, al margen de las causas, el problema terminará afectando al bolsillo de los ciudadanos.

El Estado también se va a quedar sin los ingresos del canon hidroeléctrico correspondientes a 2022. El Ministerio para la Transición Ecológica ha renunciado a cobrar esa anualidad del canon dado que “el canon hace referencia al año natural y no era posible aplicarlo retroactivamente”, explican fuentes del departamento de Sara Aagesen. El Gobierno reintrodujo el tributo en abril de 2022 tras tumbarlo el Tribunal Supremo en 2021 para el periodo 2013-2021 por un error técnico del PP, con un coste de 1.900 millones de euros para las arcas públicas. Ahora ha asumido que la Administración debe renunciar también a lo recaudado en 2022.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez resucitó el canon a través de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Transición Ecológica intentó que empezara a cobrarse con efecto inmediato, desde abril de ese año. Pero en 2024 ha procedido a devolver las cantidades recaudadas para el ejercicio 2022, tras un informe de la Abogacía del Estado que determina que solo podía cobrarse en un año natural completo.

Cuando se resucitó el canon, la mayoría de las grandes empresas del sector interpretaron que el tributo solo debía abonarse a partir de enero de 2023, pero algunas sí pagaron: “Hubo compañías que abonaron el importe correspondiente a 2022 y compañías que no lo hicieron”, explica el ministerio. Entre las que sí lo hizo estuvo Iberdrola, la más afectada como líder destacado en hidroeléctrica en España.

La multinacional vasca autoliquidó el impuesto, pero luego recurrió ante las Confederaciones Hidrográficas (dependientes de Transición Ecológica), que son las que gestionan el canon (y que tienen personalidad jurídica propia) y que recientemente han devuelto ese dinero. La eléctrica ha logrado que la Administración le dé la razón sin que el caso llegue a sustanciarse en los tribunales por la vía de lo contencioso-administrativo.

El resultado es que, solo en el caso de Iberdrola, en 2024 la primera eléctrica española ha conseguido que le devuelvan 79 millones por los pagos del ejercicio 2022, como explica en sus últimas cuentas anuales. El importe a devolver por la Administración es superior, reconocen desde Transición Ecológica, ya que otras empresas también lo abonaron.

En sus últimas cuentas Iberdrola indica que, después de la sentencia del Supremo sobre el canon, y “tras una reforma de su normativa, realizada por la Ley 7/2022, fue introducido de nuevo con efectos para el ejercicio 2022. Sin embargo, desde el principio se plantearon dudas en cuanto a su efectiva aplicación en ese periodo, debido a la ausencia de disposiciones transitorias para su reintroducción”.

Tales eran las dudas que empresas como Endesa o Acciona no registraron ningún gasto en sus cuentas de 2022 por ese tributo, por entender que solo empezaría a aplicarse a partir del 1 de enero de 2023. De hecho el informe anual de recaudación de ese ejercicio de la AEAT recogía la “desaparición de los ingresos del Canon” como consecuencia de la sentencia del Supremo. 

Pero Transición Ecológica intentó recaudarlo. Como recuerda Iberdrola en sus cuentas, el ministerio “intentó resolver” esas dudas “publicando en su página web una nota aclaratoria considerando que en 2022 el periodo impositivo discurría desde el 10 de abril de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022”. 

Ese sería “el periodo impositivo de aplicación”, salvo para “aquellas concesiones que finalicen su plazo concesional en el año 2022, en las que el período impositivo será desde el 10 de abril hasta el plazo de finalización de la concesión”, tal y como explica esa nota del ministerio, todavía disponible en su web.

Por aquellas fechas, las compañías del sector (apoyadas en la legión de abogados del Estado en excedencia que les asesoran) habían desatado una feroz (e infructuosa) campaña de presión en Bruselas para intentar tumbar la denominada solución ibérica que pactaron España y Portugal para contener la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania.

También en aquel entonces las empresas presionaban contra la gestión pública de las presas, que aseguraban podía ser “ilegal”. Fue en mayo de 2022 cuando el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, llamó "tontos" a los clientes con la tarifa regulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).

La eléctrica recurrió la obligación de abonar el tributo en 2022 y, como explica en sus últimas cuentas, “durante el ejercicio 2024 se ha producido una serie de pronunciamientos administrativos favorables a la no aplicación del Canon en 2022, confirmando las tesis del Grupo Iberdrola”. El resultado ha sido “un abono de 79 millones de euros por la anulación de las autoliquidaciones del ejercicio 2022”.

“Durante el ejercicio 2024 se ha producido una serie de pronunciamientos de diversas Confederaciones Hidrográficas favorables a la no aplicación del Canon en 2022, sobre la base del criterio de la Abogacía del Estado”, explican desde la primera eléctrica española.

Agua a precio de champán

Con estos mimbres, a estas alturas no es descabellado hablar de un tributo maldito para referirse al canon. Esta figura la introdujo el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria (PP), para intentar obligar a las eléctricas a tributar por los millonarios beneficios que obtienen por el aprovechamiento de un recurso público como el agua a través de los aprovechamientos hidroeléctricos.

Mediante concesiones que en muchos casos datan de la dictadura de Francisco Franco, y gracias al diseño del mercado marginalista, las empresas cobran por su producción con el agua a precio de champán cuando hay que tirar de las centrales de ciclo combinado (que queman gas). 

El canon se introdujo a través de una ley de 2012 y empezó a aplicarse a partir del ejercicio 2013. Pero el Estado solo ha podido recaudarlo con normalidad desde 2023, por los sucesivos recursos de las eléctricas aprovechando diversos errores de diseño de la Administración.

El resultado es que el Tesoro ha tenido que devolver desde 2021 a las compañías del sector por el periodo 2013-2022 más de 2.000 millones, cifra que supera con mucho el presupuesto que tuvo la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para todo 2023 (1.776 millones).

El canon grava con un 25,5% el valor económico de la energía eléctrica producida, con una reducción del 92% para las instalaciones más pequeñas, de menos de 50 megavatios (MW) de potencia, y de un 90% para las centrales de bombeo, que permiten almacenar la energía. 

La ley que lo reintrodujo en 2022 señala que “la autoliquidación y pago se realizarán en el mes de marzo de cada año natural, estando el contribuyente obligado a autoliquidar el canon e ingresar la cuota correspondiente al año natural anterior al objeto de que haya podido disponer para su cálculo de las mediciones definitivas de la producción eléctrica”.

En un año hidrológico favorable, el canon hidroeléctrico es una importante fuente de registros para el Tesoro, que luego destina parte de esos ingresos al sistema eléctrico a financiar el sobrecoste de los sistemas extrapeninsulares. En 2024, uno de los mejores años hidroeléctricos de los últimos ejercicios, Iberdrola pagó por el canon 264 millones, y en 2023, otros 191 millones. La segunda empresa más afectada, Endesa, abonó 48 millones el año pasado y 38 millones en 2023.

Su origen data en la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, pero tardó años en ponerse en marcha. En abril de 2021, el Tribunal Supremo anuló varias disposiciones de un Real Decreto de 2015 que extendían retroactivamente su aplicación a los ejercicios 2013 y 2014.

En un primer momento se cifró la compensación a las eléctricas en 500 millones. Pero el Alto Tribunal determinó que, sobre los ejercicios 2015 a 2020, el canon no se podía liquidar si no se había revisado la concesión administrativa de cada aprovechamiento con el permiso expreso de las empresas.

Así que la cifra se elevó meses después a 1.400 millones y, tras sumar los intereses de demora, a 1.900 millones, que se cargaron al déficit público a finales de 2021.  

La empresa más beneficiada por la decisión del Supremo fue Iberdrola, que en 2021 recuperó 1.103 millones (951 millones de principal y 155 millones en intereses de demora), seguida a gran distancia de Endesa (300 millones), Naturgy (221 millones) y Acciona (90 millones).

La Justicia ha desestimado el recurso contencioso-administrativo solicitando que se suspendiera la demolición de la presa de La Retorna y ha confirmado así la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 14 de junio de 2022. Todavía cabe sentencia de casación y queda por resolver el procedimiento para la declaración de la presa como Bien de Interés Cultural por parte del Ministerio de Cultura tras haberse archivado en el Gobierno de La Rioja.

Así mientras el futuro de la presa de La Retorna se aventura complicado, varias entidades siguen defendiendo el mantenimiento de la presa, como el Instituto de la Ingeniería de España (IIE), la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y el Foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad (FAAS), además de los municipios de Ventrosa de la Sierra, Brieva de Cameros y Anguiano.

La presa de La Retorna fue construida hace 80 años por el ingeniero logroñés Carlos Fernández Casado y está considerado por estas entidades de ingeniería como “una obra maestra de la ingeniería”. “La presa de La Retorna, junto con su sistema de acueductos, central hidroeléctrica y puente de acceso, es mucho más que una infraestructura técnica: representa un legado cultural y artístico único”, señalan.

Defienden también su “impacto significativo en el desarrollo económico de la zona” y advierten que “su desaparición podría afectar negativamente a las comunidades ubicadas a su alrededor, especialmente a los municipios colindantes de Ventrosa de la Sierra, Brieva de Cameros y Anguiano, no solo por la pérdida de una fuente de energía, sino también por los beneficios asociados, como la regulación hídrica, la prevención de inundaciones y su potencial turístico”.

La CHE resolvió en 2022 la extinción del derecho concesional de la central hidroeléctrica La Retorna, en el río Najerilla, en los términos municipales de Brieva de Cameros y Ventrosa, tras haber transcurrido su plazo concesional de 75 años. Así mismo, tras la valoración de diferentes opciones existentes, así como de la viabilidad futura desde un punto de vista ambiental y económico, se propuso la demolición en un informe del Servicio de Aprovechamientos Hidroeléctricos.

Los aprovechamientos hidroeléctricos tienen un plazo de vigencia y una vez vencido, se debe devolver la continuidad fluvial siguiendo el obligado cumplimiento del régimen de causales ecológicos, tal y como explicó la CHE en 2022, así como devolver la cubierta vegetal en los márgenes del cauce. Es este caso se trata de una Zona de Especial Conservación de Importancia Comunitaria “Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros” incluida en la Red Natura 2000.

Jornada para defender el mantenimiento de la presa de La Retorna

El próximo 21 de enero, Logroño acogerá una jornada para promover un debate constructivo sobre el futuro de La Retorna, destacando su valor histórico y artístico, al tiempo que se analizan soluciones sostenibles que compatibilicen la conservación del patrimonio con las exigencias medioambientales actuales.

La jornada dará inicio con una bienvenida institucional a cargo de la alcaldía de Logroño. A continuación, María Cruz Díaz, Presidenta del Instituto de Ingeniería de España; José Trigueros, Presidente de FAAS y de la Asociación Nacional de Ingenieros de Caminos y Pedro Lara, Decano del Colegio Ingenieros Agrónomos de La Rioja y Delegado territorial de ANIA, serán los encargados de presentar el evento. En sus intervenciones, destacarán la relevancia de la presa de La Retorna como patrimonio cultural y técnico de La Rioja.

A continuación, se abordará “La presa y su entorno: más allá del suministro”. En este apartado participarán representantes del Gobierno regional que expondrán el impacto del derribo de la presa. Los alcaldes de los municipios afectados, Ventrosa de la Sierra, Brieva de Cameros y Anguiano, ofrecerán a continuación su visión sobre los efectos sociales, culturales y económicos de esta posible decisión.

El alcalde de Serradilla (Cáceres), Francisco Javier Sánchez Vega, ha exigido que se suspendan los aprovechamientos hidroeléctricos que afectan al Parque Nacional de Monfragüe y ha denunciado que “lo que Iberdrola hace en el río Tajo a su paso por este espacio protegido es una vergüenza”.

En un vídeo grabado a orillas del río Tajo a su paso por Serradilla y colgado en sus redes sociales, el primer edil ha denunciado que al cauce “le faltan millones y millones de litros de agua” y que el embalse “está prácticamente vacío por lo que el impacto visual y natural es enorme”.

“Y el embalse está así porque Iberdrola, que es la compañía que gestiona el agua de este embalse de Alcántara, ha hecho un desembalse brutal para producir electricidad, para venderla y para obtener un beneficio millonario. Y que esto suceda en un espacio natural como este, es una vergüenza, y hay que decirlo alto y claro”, ha asegurado.

Sánchez Vega ha recordado que esto mismo ya pasó hace unos años “y desde el Ayuntamiento de Serradilla y yo mismo lo denunciamos públicamente, y le dijimos a Iberdrola, que estuvo en Serradilla, que dejara de hacer esto, aunque es evidente que no nos ha hecho ni puñetero caso”.

Asimismo, ha asegurado que en aquel momento “quien ahora gobierna en la Junta de Extremadura, estaba en la oposición y dijeron dos cosas muy claras: primero, que esto es, en parte, responsabilidad del Gobierno autonómico y, segundo, que si ellos llegaran al Gobierno de la Junta de Extremadura, esto no volvería a suceder. Y es evidente que ha vuelto a suceder”.

De igual forma, ha hecho hincapié en que “quien gobierna ahora en España, también gobernaba cuando sucedió esto”. “Si el Gobierno de España tiene la intención de acabar con la herencia de la dictadura franquista, lo cual a nosotros nos parece muy bien, aquí tiene una gigantesca, una mastodóntica herencia franquista, puesto que las concesiones de esta agua a Iberdrola y a otros muchos embalses de España y a otras compañías, fueron en la época franquista”, ha agregado.

En este sentido, ha apuntado que en Monfragüe “hay un verdadero motivo para eliminar esas concesiones, porque están haciendo daño a un espacio natural y público como es éste”.

“Nosotros, desde el Ayuntamiento de Serradilla, decimos una cosa clara y es que el agua, a su paso por Monfragüe, tiene que ser un bien protegido y no puede estar bajo los intereses de una compañía eléctrica que obtiene un beneficio millonario a costa del destrozo de un icono de la naturaleza española”, ha concluido. 

El tradicional entendimiento entre la Xunta de Galicia y las patronales de la energía se ha agrietado con la tramitación de los presupuestos de la comunidad para 2025. Los requisitos que el Gobierno gallego va a aplicar, sobre todo a la eólica, han abierto una lucha en la que los promotores empresariales acusan al equipo de Alfonso Rueda de ir incluso en contra de la Constitución y de estar empeorando el ambiente para la inversión. Los puntos de fricción se resumen en dos: la administración autonómica exige que los parques de aerogeneradores que cumplan 25 años afronten una repotenciación –es decir, instalar molinos que produzcan más energía por unidad, de forma que se reduzca el número de aerogeneradores en los montes– y establece también que los aprovechamientos eólicos e hidráulicos deberán vender al menos la mitad de su producción a ciudadanos y negocios gallegos.

El lunes, la víspera de que el Parlamento autonómico aprobase, solo con los votos del PP, los presupuestos para 2025 y su ley de acompañamiento, que concreta estas novedades, un comunicado conjunto manifestaba la alineación de la Asociación Empresarial Eólica, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica y la Asociación de Empresas de Energías Renovables: “Medidas como las propuestas [por la Xunta] tendrán como consecuencia inevitable un aumento de la incertidumbre y la litigiosidad en el sector”. Todo ello, añaden va a provocar una ralentización que va a suponer un “perjuicio” para Galicia y para España. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, respondió con la advertencia de que la patronal debe mirar más allá de los beneficios: “Aparte de pensar en la cuenta de resultados, tiene que pensar también en los territorios”.

El desencuentro había empezado con la presentación del proyecto de presupuestos para 2025 en octubre. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, dijo que los planes de la Xunta prevén que en el próximo lustro habrá 100 parques, con unos 3.000 aerogeneradores en total, que van a cumplir 25 años y deberán hacer una repotenciación. Y que, en un plazo de ocho años, los molinos pasarán a ser unos 600, una reducción del 80%. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) calificó la fórmula de “errónea y perjudicial para los intereses de las empresas, la sociedad, la economía y la imagen de país”. “Choca frontalmente con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico existente”, enfatizó.

Ya en noviembre, Lorenzana compareció en el Parlamento para asegurar que se exigirá a los promotores que al menos la mitad de la energía se venda a consumidores locales. Esto se haría con acuerdos de venta de energía a largo plazo (PPA), que ofrecen precios más bajos, y afectará también a las nuevas concesiones hidráulicas. La Asociación Empresarial Eólica lo consideró una “expropiación de facto”.

El desencuentro entre la Xunta y las patronales de la energía fue interpretado por la líder de la oposición, Ana Pontón, como otra cosa: “Una campaña pactada para seguir engañando a la ciudadanía”. La postura del Gobierno gallego, razonó, es en realidad “acelerar el proceso de depredación” con otros puntos incluidos en la ley de acompañamiento, como la de permitir retramitar parques eólicos suspendidos. Los cambios recurrentes en la normativa eólica a través de la ley de acompañamiento también recibieron críticas del PSdeG. La diputada Patricia Iglesias habló de “política eólica Frankenstein”.

“Distorsión competitiva” y primeros anuncios de repotenciaciones

Tras el comunicado conjunto del lunes, Rueda aseguró que la postura de su Gobierno es que los recursos que se generan en Galicia deben tener beneficios para las empresas y los ciudadanos gallegos, en especial para quienes viven en los territorios en los que se instalan los aprovechamientos. Es la idea que la Xunta defiende que está detrás de la comercializadora público–privada anunciada el pasado septiembre. Eso lo dijo en referencia a la crítica de las patronales a que “la tramitación de proyectos eólicos e hidroeléctricos se verá facilitada si se vende determinada proporción de la energía a clientes radicados en Galicia”. En cuanto al otro punto de enfrentamiento, el de la repotenciación, el presidente gallego recalcó la cantidad de molinos que se podrían suprimir: “A veces la proporción es que, donde hay diez o doce, se pueden convertir en uno o dos”. Confía, añadió, en que la patronal entienda su postura, para la que promete “firmeza”. El jueves pasado Naturgy –integrada en la Asociación Empresarial Eólica– anunció, tras una visita de Rueda a la central hidroeléctrica de Belesar, en Chantada (Lugo), una inversión de 150 millones de euros para repotenciar tres parques eólicos.

Las patronales objetan que los parques de más de 25 años “funcionan con absolutas garantías” y que cerrar una instalación en buen estado “por una decisión administrativa” es una decisión “antieconómica y supone una seria distorsión de la competencia en el mercado”. Consideran también que es una medida retroactiva, de modo que “condiciona la autorización en su día otorgada”. Defienden que los operadores deben decidir sobre repotenciación “libremente”. La obligación de que promotores eólicos e hidráulicos vendan parte de su energía en Galicia la ven “contraria a derecho”: “Supone una distorsión competitiva y la fragmentación del mercado”. Y eso, añaden, “compromete los principios constitucionales en España, en particular el de unidad de mercado y de mercado único europeo”.

Las más de 60 paralizaciones en los tribunales

En el comunicado conjunto, las asociaciones insisten en que las nuevas medidas son “un golpe adicional al clima de inversión” en Galicia, con un eólico afectado por “una gran inseguridad jurídica por la suspensión de autorizaciones”. Se refieren a los ya más de 60 proyectos que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha paralizado cautelarmente por posibles daños ambientales irreparables. En esto, su postura sí converge con la de la Xunta. Los cambios criticados figuran en la Lei de Medidas Fiscais e Administrativas, conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos, en la que el Gobierno gallego acostumbra a incluir una retahíla de modificaciones de diferentes normas –en la de 2025, casi medio centenar de leyes–. Una de las habituales es la eólica y, en este caso, introduce otras novedades más favorables al sector, algunas de ellas a través de las enmiendas que ha presentado el grupo que sustenta el Gobierno, el PP: se podrán tramitar de nuevo parques eólicos parados judicialmente de manera simplificada.

Tanto el sector como la Xunta han repetido en los últimos meses que las decisiones judiciales están provocando una parálisis en el sector y han puesto el foco en los jueces. Expertos como la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Alba Nogueira, sin embargo, apuntan al “poco cuidado” del Gobierno gallego en la revisión ambiental y las asociaciones que están presentando recursos contra las autorizaciones aprecian también defectos y carencias en los estudios de impacto en el entorno. El riesgo para valores fundamentalmente naturales es lo que está detrás de las 62 suspensiones actuales. Además, hay otro aspecto que afecta a los permisos y que está pendiente de que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El Tribunal Superior de Galicia le planteó una triple cuestión prejudicial para que determine si la Xunta debía haber puesto a disposición del público interesado –y no solo de los promotores– todos los informes sectoriales sobre los parques para que tuviese posibilidad de presentar alegaciones antes de que fuesen aprobados.

Cementerios sumergidos de los que han llegado a salir huesos flotando. Una iglesia que, por su hundimiento, es llamada “la catedral de los peces”. Un tiempo detenido. Hogares ardiendo como el último consuelo de sus propietarios antes del derribo. Tejados colmados por los vecinos de un pueblo entero. Un grafiti que aún acecha cuando llega la sequía (y ruega “demolición”). Historias enteras escondidas bajo toneladas de agua. Cientos de libros, canciones y poemas que hablan del mismo dolor, de un dolor en común: “¿Cómo habría sido mi vida de no haberse cruzado en la trayectoria de mi familia la orden de un ingeniero que decidió detener el río como el que decide detener el tiempo?” (Distintas formas de mirar el agua, Julio Llamazares). Todo este imaginario parece sacado de un libro de realismo mágico, pero no es ficción: persiste debajo de nuestros embalses.

En España existen más de 1.200 grandes embalses, es el quinto país del mundo con mayor número de este tipo de infraestructuras y el primero de la Unión Europea. La mayor parte de las presas fueron construidas a partir de 1950, según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. En esa época, durante la dictadura, empezó el boom de estas construcciones y se crearían cerca del 60% de los embalses que existen hoy en día.

“La construcción de grandes embalses está asociado a etapas dictatoriales, no solo en España, sino también en otros tantos países donde estas obras hidráulicas faraónicas están casi siempre asociadas a etapas o a países donde no hay democracia, o donde las posibilidades de ejercer libertad de expresión están muy impedidas”, explica Julia Martínez, doctora en Biología y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Sin embargo, todas estas historias no están exclusivamente relegadas a la época franquista. Ejemplo de ello es el caso de Riaño, en León —el más mediático y sonado, precisamente porque ocurrió fuera de la dictadura, durante el gobierno de Felipe González—.

Faltaba un relato general que contase que era una práctica habitual y que se ha tratado de un paradigma compartido en casi todos los territorios.

M.ª Ángeles Fernández — Periodista y autora, junto a Jairo Marcos, del libro "Memorias Ahogadas"

Todos estos casos se encuentran envueltos en muchas capas de silencio pese a que, en España, los núcleos de población que se han visto inundados por la construcción de pantanos ascienden a más de 500, y pese a que se han visto perjudicadas y desplazadas por este motivo entre 25.000 y 50.000 personas. Es por ello que Jairo Marcos y María Ángeles Fernández, periodistas freelance, tomaron la iniciativa de tejer un hilo conductor que conecta muchas de las historias, que quedaron materializadas en el libro Memorias Ahogadas, publicado a principios de este mes por la editorial Pepitas de Calabaza.

“Creo que la gente que ha vivido cerca de un pantano o que tiene familia que ha sido desplazada sí que conoce estas historias, pero como casos aislados. Faltaba un relato general que contase que era una práctica habitual y que se ha tratado de un paradigma compartido en casi todos los territorios. Creo que era necesario decir que esto era algo que se repetía, que era una lógica. Una lógica que se instauraba en todo el territorio”, cuenta Fernández.

El proceso de desalojo de pueblos en España para la construcción de embalses, especialmente durante la etapa franquista, fue un camino largo, doloroso y marcado por la falta de transparencia, la coacción y, en muchos casos, la violencia tanto física como psicológica. Aunque la experiencia exacta variaba de un lugar a otro, se pueden identificar varias etapas comunes en este proceso.

En la mayoría de los casos, todo comenzaba con rumores, que generaban ansiedad e incertidumbre en la localidad. Los habitantes comenzaban a temer perder su pueblo, pero sólo eran rumores. Después, de forma abrupta, recibían una notificación formal en la que se declaraba la utilidad pública del proyecto y la necesidad de expropiar los terrenos. El tono de ésta solía ser imperativo y, a menudo, no había espacio para la negociación. Se ofrecían compensaciones (que, en varios casos, nunca llegaron a darse y, en la mayoría, resultaban muy insuficientes). Para quien no las aceptara llegaban las amenazas, la violencia, y la intimidación. Finalmente, no quedaba otra que marcharse. Algunas personas cargaban sus enseres y se iban sin saber a dónde estaban yendo, a dónde iban a parar. Esta sensación de incertidumbre y de indefensión generaba un gran desasosiego en los locales, especialmente en los más mayores. El caso más extremo que refleja este dolor fue el de un riañés que se suicidó disparándose en el vientre antes de tener que marcharse del lugar en el que había crecido.

Fernández y Marcos han estado documentando estas historias de desplazamientos forzosos y pueblos sumergidos a lo largo de cuatro años. “¿Cuánta gente sabe hoy el hecho tan básico de que debajo de los embalses hay pueblos? La parte negativa de tener un proyecto así de largo es que hay algunas personas protagonistas del libro que ya han fallecido o que ya no están en las condiciones en las que estaban antes. Se rompen delante de ti, te ceden un día, dos, de su tiempo, y luego piensas: 'Qué menos que sacar el libro y que lo puedan leer y disfrutar', pero hay gente que no va a poder hacer eso. Eso no deja de ser doloroso”, asegura Marcos, e incide en que no se trata de un libro “contra embalses”, ya que “está claro que tiene que haber una forma de ordenamiento del territorio y de gestión del agua, pero quizá no son las formas, porque siempre se repite el mismo patrón: unos territorios de sacrificio, siempre los mismos, para otros que se benefician, siempre los mismos”. 

Innumerables territorios tuvieron que cubrir con cemento las losas de los cementerios para que no salieran a flote los cuerpos de sus seres queridos, a los que ya nunca más pudieron visitar.

Sin lugar al que volver

“No hubiéramos podido amar tanto la tierra de no haber vivido nuestra infancia en ella. Si no fuera la tierra en que nacen las mismas flores cada primavera que recogíamos con nuestros deditos... ¿Qué novedad se compara con esa dulce monotonía donde todo es conocido y amado porque es conocido?”. George Eliot describía de esta forma el arraigo. “Poder volver” es algo importante para los seres humanos, y ese es uno de los grandes dolores en común que comparten estas historias: “Es como que te quedas sin infancia, sin raíces, sin historia y, al final, el saber quién eres, el poder regresar a un lugar físico, de alguna manera te genera una identidad. Si no puedes regresar a ese lugar, de alguna manera te han borrado tu propia identidad”, proclama Marcos.

Pero el desarraigo se extiende más allá de la tierra: muchas familias o muchos lazos vecinales básicos en la vida también se perdieron, señala la coautora. Una de las vivencias comunes más difíciles de sanar es la de los seres queridos que quedaron en los camposantos. Innumerables territorios tuvieron que cubrir con cemento las losas de los cementerios para que no salieran a flote los cuerpos de sus seres queridos, a los que ya nunca más pudieron visitar.

“O sea, cuando a mí me quitan el espacio del río en el que yo he nadado desde pequeño, los senderos por los que he caminado, la tierra que ha dado sustento a mi familia, las huertas en las que de jóvenes nos juntábamos a ayudar a nuestros padres en las labores que en aquel momento se hacían agrícolas, cuando ves cómo desaparece una parte de tu patrimonio, como es el Camino de Santiago, cómo se ven amenazados restos arqueológicos de importancia como los que tenemos allí, de carácter romano... ¿Cuánto vale esto? Es algo que se sustrae a los valores de mercado, todo eso es lo que tú llevas dentro y cuando te lo quitan es como si te lo estuvieran arrancando”, explica Miguel Solana que, añade, vivió “dolor sobre dolor”, debido a que es uno de los afectados por el embalse de Yesa, en Navarra, que fue inaugurado en 1959, tras 31 años de obras.

Pero no acabó ahí: son seis las generaciones atravesadas por un proyecto que sistemáticamente ha sido “una losa” sobre su territorio, pues diez años después de su inauguración comenzaron a llegar nuevos rumores sobre que iban a agrandarlo y en ello están: el proyecto sigue vivo, a pesar de que por el momento se encuentra paralizado. La historia de Solana ha estado marcada, por ende, por una “sensación de amenaza perpetua”.

Muchos modos de violencia y muy pocas compensaciones

“A Jánovas digo adiós, a la Velilla y Lacort. Adiós, barquitos hundidos, adiós. Y aunque han pasado muchos años no podré olvidar nunca aquella mañana en que descubrí que no solo en los cuentos siguen existiendo piratas. Cuando al abordaje tomaron el pueblo y tuvimos que marchar de casa, y al ver las lágrimas de madre, a pique se me fue de golpe la infancia”. Esto es lo que reza la Habanera triste de La Ronda de Boltaña recogida en el libro Memorias Ahogadas.

Eva Muñoz, nieta de aquéllos que vivieron el desalojo forzado en Jánovas (Huesca) asegura que el dolor, en su caso, también ha atravesado el linaje, marcado por todo un abanico de violencias. En este territorio se llegaron a demoler las casas (algo que no era demasiado usual) y la población se marchó. Años después, con la localidad ya en ruinas, se paró el proyecto y el embalse nunca llegó a construirse. Ahora, para recuperar su territorio (completamente destrozado) ellos son los que tienen que pagar por recuperar los escombros. “Al final arrasas tres pueblos con total impunidad, mandas a la gente a la diáspora y haces como si esto no hubiera pasado”, lamenta Muñoz.

También existía y existe, señala, la violencia administrativa, que tiene que ver con el desgaste: “La administración es un ente atemporal. Para ella el tiempo no tiene ningún tipo de valor, pero para las personas sí. Mi abuela falleció hace 25 años, mi madre tiene setenta y pico, yo estoy cerca de los 50. Nosotras hemos arrastrado esto y el tiempo se ha llevado parte de nuestras vidas en esta lucha, pero para la administración no ha sido así”. Sostener allí esa batalla, explica, con todo el dolor que acarrea, es como una prueba de fuego, es un camino de resistencia, y “cada uno lo afronta como puede”.

Hay muchos embalses que no se han llegado a llenar, embalses que no se van a poder llenar en la vida o algunos que están sistemáticamente por debajo de su máximo de capacidad.

Julia Martínez — Doctora en Biología y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua

Desde la Fundación Nueva Cultura del Agua inciden también en el daño puramente medioambiental y denuncian que, en varias ocasiones, todas estas violencias no han servido “para nada”, ya que muchas obras hidráulicas están consideradas como “ociosas”, debido a que no cumplieron con las grandes promesas de prosperidad que defendían al plantear los proyectos: “Hay muchos embalses que no se han llegado a llenar, embalses que no se van a poder llenar en la vida o algunos que están sistemáticamente por debajo de su máximo de capacidad”.

También hubo mucha violencia puramente física por parte de las fuerzas del orden. Las fotos sacadas en los últimos días de Riaño así lo evidencian. Alfonso González, una de las figuras más reconocidas de esta resistencia, cuenta que de su casa lo echaron a la fuerza, como a muchos otros. “La historia de Riaño es una historia de amor y de tristeza, también a veces de rabia y de alegría. Una historia traumática que ha marcado mi vida por lo dura y profunda que fue, al desaparecer de un plumazo el lugar y la cultura, las relaciones, todo tu mundo, en un instante cuando tienes 24 años y más cuando sabías que aquello se trataba de un lugar paradisíaco”, afirma. Las personas en su localidad trataron de resistir subiéndose a los tejados y, cuando ya no quedaba otra, acabaron quemando sus propias casas. Este último acto, de alguna forma, les dio en ese momento una sensación de consuelo.

La memoria, el relato, el recuerdo

Todos coinciden en que, pese al relato extendido que aún persiste, que defiende que fueron ampliamente compensados, esto no fue así en la gran mayoría de las ocasiones. Muchos de ellos ni siquiera las han recibido a día de hoy. Parte del dolor tiene que ver con esa sensación de injusticia y con una percepción de “abandono”: sus historias, aseguran, pasan inadvertidas para el resto del país. No se sienten vistos ni por los políticos ni por las personas de a pie. “No se hace nada por enmendar lo más mínimo”, comenta González. Eva Muñoz hace hincapié en la necesidad de que haya un “cierre” digno para cada una de las historias, que, para ellos, aún siguen abiertas. Miguel Solana asegura que no ha habido “ningún reconocimiento del sufrimiento que se ha vivido en cientos de pueblos que se vieron anegados por infraestructuras. No lo ha habido y además no lo hay todavía”.

Una compensación a la altura es imposible. Es como si te matan a tu madre y te dicen que te van a pagar.

Alfonso González — Riañés.

Más allá de las compensaciones materiales y económicas, inciden en la importancia del relato y de la memoria. “Es lo que muchas veces reclamamos. Es decir, que no se siga contando una versión que interesa, sino que se explique cómo han sido las cosas, que han sido injustas, que ha habido humillación, que no ha habido compensación, y que sigue siendo un conflicto abierto en el territorio”.

“Una compensación a la altura es imposible. Vivimos en un mundo donde sólo importa el beneficio del capital, no de la vida, no de la cultura, no de la tierra. Es como si te matan a tu madre y te dicen que te van a pagar. Debajo de las aguas hay mucho amor, mucho cariño, muchas historias, muchas vidas. Hay un mundo entero que ha quedado ahí escondido”, sostiene González. Él, cuenta, tratará de seguir buscándolo en su imaginación, como tantos otros.

Diferentes expertos y expertas del ámbito hídrico han compartido este lunes sus inquietudes y han planteado distintos escenarios ante un asunto muy vinculado al cambio climático, y que se encuentra en el centro de la agenda en España: la sequía. “Las sequías van a estar siempre, lo que debemos de empezar a gestionar es la escasez”, ha sido una de las frases que más consenso ha generado en el coloquio organizado por elDiario.es en colaboración con Acciona, que ha tenido lugar en la redacción de este medio.

En el acto han intervenido María Dolores Pascual Vallés, directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Juan Carlos Blázquez, director de Desarrollo de Negocio de Agua en Acciona; María Giménez Casalduero, miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua y Carolina González Vives, urbanista experta en hidrología urbana y directora de Hidra Design. La conversación ha estado moderada por Raúl Rejón, periodista especializado en información medioambiental en elDiario.es.

Pese al agravamiento del fenómeno de la sequía, María Dolores Pascual Vallés se ha mostrado optimista ante la situación de España y su larga tradición a la hora de gestionar los recursos naturales que el país tiene “la suerte de poseer” por su “localización geográfica” y apuntaba tres claves para poder desarrollar de forma eficaz las múltiples medidas: la planificación, la participación social y el principio de unidad de cuenca. Además, ha apuntado a la “corresponsabilidad” que debe tener la sociedad a la hora de emplear el agua y ser conscientes de las prioridades que esta tiene.

Juan Carlos Blázquez, por su parte, ha hecho especial hincapié en que “en tiempos de calma es cuando se debe profundizar en la planificación” hídrica, dadas las circunstancias en las que se encuentra el país después de las lluvias de Semana Santa. Además ha considerado que España es “novata” en esta materia y que se debe profundizar en la reutilización del agua para poder optimizar su aplicación. “Hay que apostar más por la creación de nuevas infraestructuras que ayuden precisamente a esa gestión y no siempre debemos de mirar al Gobierno de turno. También se pueden explorar vías como la colaboración público-privada para fomentar estas instalaciones”, ha concluido el director de Negocio de Agua en Acciona.

Trabajar sobre la demanda

El paisaje y la forma de vida del ser humano en relación con el agua han tenido un peso importante en el discurso de Carolina González Vives, que ha afirmado que hay “una falsa sensación de abundancia” que es muy lejana de la realidad. “Siempre bebemos del grifo, nos duchamos y vivimos en climas con mucho verde, lo que nos da la sensación de que no hay escasez de agua, pero la realidad es justamente la contraria”, ha matizado la directora de Hidra Desing.

Además, ha puesto el foco en que la sociedad no es consciente del “impacto que pueden tener sus acciones” y ha apostado por trabajar sobre la demanda en vez de por la oferta. También ha señalado que la reutilización es un punto clave a la hora de de enfrentarse a uno de los efectos fundamentales de la emergencia climática.

En Murcia son expertos en la materia debatida y por ello se encontraba en el coloquio María Giménez Casalduero, proveniente de la región y que ha apuntado que “las lluvias de Semana Santa no arreglarán la sequía” pese a que “evidentemente es algo que celebrar”. Respecto a las infraestructuras, la miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua no apuesta por aumentar su cantidad sino por “gestionar adecuadamente las que existen”. “Las infraestructuras están en mínimos históricos, es el sexto año consecutivo en el que están en efectos graves y es mucho mejor gestionar las instalaciones presentes que construir más”, concluía.

Herramientas contra la desinformación

El consenso máximo entre los participantes ha llegado al final del debate, en el que se ha puesto encima de la mesa el tema del peligro de la desinformación. Pese a que han recalcado que es importante que un grueso de la población se haya dado cuenta de que existe un problema con el agua, también han señalado el peligro que supone la posibilidad de que la ciudadanía no esté informada correctamente.

Giménez ha hecho hincapié en la importancia del problema fundamental de esta era, González Vives ha apuntado, en este sentido, que “la sociedad carece de una información completa de la materia”, Blázquez se ha mostrado crítico ante la “realidad” de la tendencia creciente a creerse “todo” lo que se ve en internet y Pascual Vallés ha apostado por la divulgación y la información como herramientas claves para enfrentar la desinformación.

La España vaciada se mueve para que las renovables contribuyan por su impacto en los territorios, ante la avalancha de potencia eólica y solar instalada y la que se avecina, además de la caducidad en los próximos años de cientos de megavatios (MW) de concesiones de energía hidroeléctrica. 

Mientras los pueblos con presas reclaman que se les tenga en cuenta en las nuevas concesiones de infraestructuras construidas durante la dictadura franquista, una petición al Parlamento Europeo propone recuperar la figura del canon energético (suprimido en los 80) para que estos territorios reciban fondos para la promoción empresarial.

Esa petición de la asociación León Propone fue admitida a trámite por el Parlamento Europeo a finales de noviembre y va en línea con las demandas de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses (Femembalses), que agrupa a más de 530 pueblos afectados por estas infraestructuras.

Ya a finales de 2020 esta entidad, creada hace casi tres décadas, presentó un manifiesto que reclamaba regular por ley la participación de los municipios con embalses en la caducidad de las concesiones hidráulicas. Y uno de los aspectos que centró la asamblea general que celebró hace unos días fue “el ejemplo de Villalcampo”, presa zamorana con 217 MW de capacidad que Iberdrola explota desde hace décadas y cuya licencia en principio va a expirar en octubre. Su futuro puede marcar el del resto de licencias que caduquen en esta década.

Se calcula que entre 2023 y 2027 vencen más de 330 MW hidroeléctricos, a los que se suman concesiones ya expiradas que siguen en manos privadas, y otros más de 500 MW que caducarán entre 2027 y 2030 y cuya extinción podrá iniciar este Gobierno. En agosto de 2021 el Ejecutivo de Pedro Sánchez llegó a plantear la idea de que esas concesiones las explote una empresa pública, pero esa propuesta no figura en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar.

Femembalses está muy pendiente de Villalcampo y se ha personado en el contencioso abierto por Iberdrola contra el ministerio para la Transición Ecológica para intentar prorrogar su vigencia hasta mediados de siglo. “Entendemos que en estos nuevos pliegos ya tienen que escuchar nuestras demandas”, resume al teléfono Maite Bardají, secretaria general de la federación.

Asesorados por el bufete de Valeriano Hernández-Tavera, exabogado del Estado y exsubdirector General del Servicio Jurídico, los pueblos con presas han pedido que los municipios del entorno de Villalcampo coparticipen con “un mínimo del 20% de la reserva de energía y/o beneficios de la central al territorio afectado por los aprovechamientos”, ya que sufren “unas cargas que repercuten negativamente sobre el medio ambiente y el desarrollo socioeconómico de la región”, se lee en las alegaciones que presentaron en 2022.

Bardají, también alcaldesa socialista de La Puebla de Castro, un pueblecito de 419 habitantes en Huesca, cree que Villalcampo “va a marcar la línea de ruta para el resto” de nuevas concesiones para unas presas que, recuerda, ya están construidas y en las que los beneficios “van a ser mucho más claros: hay que hacer un mantenimiento, pero las inversiones ya están hechas”. 

Femembalses espera poder plantear a la nueva directora general del Agua, María Dolores Pascual, hasta hace unas semanas presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, sus “reivindicaciones históricas”, que “no tienen por qué ser dinerarias únicamente”. Pueden consistir “en algún tipo de ventaja para el lugar donde se produce la energía”.

“La mayoría de nosotros formamos parte de la España vaciada” y “queremos que haya un reconocimiento por el resto de España de los sacrificios que se han hecho en estas zonas” con la construcción de esas presas. 

En Villalcampo, la secretaria de Femembalses teme que se reproduzca la situación de la pequeña presa de su municipio, que tras caducar la concesión, gestiona la confederación del Duero con un contrato de prestación de servicios, con menos ingresos para el pueblo: “Cobramos BICE [impuesto sobre el valor real de los Bienes Inmuebles de Características Especiales, similar al IBI], pero no IAE” [Impuesto de Actividades Económicas]. 

En su caso, son ingresos de poca importancia, pero para una presa de gran tamaño, “que la confederación o una empresa pública gestionara esa central hidroeléctrica, implicaría que se perdería el IAE”, con un impacto “terrible” para las arcas municipales, dice Bardají.

En el caso de la presa zamorana, además, “los ayuntamientos están preocupados si la nueva concesión se retrasa” y hay una “prórroga forzada” por el contencioso de Iberdrola con el ministerio. Su máxima responsable, la vicepresidenta Teresa Ribera, explicará este martes en el Congreso sus planes para esta legislatura.

“Posibilita que haya industria”

La idea de compensar más a estos territorios tiene el apoyo de, entre otros, el socialista Miguel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, en una comunidad autónoma clave en la producción de electricidad que, según un reciente estudio, está entre las regiones europeas más amenazadas por el proceso de transición energética.

Hace unos días, Morales, también secretario general del PSOE en esa provincia, reclamaba en X (antiguo twitter) que “la producción de energía eléctrica, que tantos beneficios da en otras partes de España y que posibilita que haya industria en otras áreas”, beneficie a su provincia, “que la produce y exporta”.

En esa línea va la petición de León Propone al Parlamento Europeo, que invita a la UE a adoptar medidas ante la “preocupación” que plantea “el despliegue de las energías renovables”. Este debe hacerse de forma “compatible con la conservación del patrimonio natural y social” y “revertiendo parte de la riqueza que genera en el territorio donde se instalen las plantas”.

Por ello, reclaman una tasa para la generación de electricidad en las provincias donde haya centrales de generación de electricidad renovable “que se emplee en proyectos de promoción empresarial en dichas regiones”. El promotor de la iniciativa, José Manuel Martínez Fernández, explica al teléfono que la propuesta pasaría por recuperar ese canon energético a través del IVA, aunque “cualquier vía puede ser adecuada”.

“La diferencia es que si es un nuevo impuesto, lo pagan las eléctricas, y al final lo acabarán repercutiendo a los ciudadanos. Si es un porcentaje del IVA implica una reducción de los recursos del Estado y la UE y no son partidarios de ello, claro”.

El objetivo, explica, es “conseguir un mayor retorno al territorio”. Ese canon energético que piden resucitar lo abonaba el Gobierno a las diputaciones por la producción de energía en cada provincia. “Eran cantidades muy importantes”. En 1982, Cáceres, la provincia que más recaudaba, recibía 494 millones de pesetas en un semestre, cifra que anualizada y teniendo en cuenta la inflación acumulada desde entonces equivaldría a unos 21 millones de euros anuales.

Martínez Fernández subraya que la normativa que regulaba este canon, sobre todo el reglamento de desarrollo, “ya decía que había unas zonas de producción y de consumo, que eran aquellas donde la naturaleza permitía instalarlas, y otras consumidoras que se beneficiaban de esa energía. Y como mecanismo de solidaridad había que establecer ese canon”.

Este se elimina en torno a 1985. Y posteriormente se cambió el sistema de financiación de las diputaciones, con una participación en tributos del Estado que se reparte exclusivamente por el número de habitantes. “Eso quiere decir que una diputación como la de León, Cáceres o Zamora, que pierden población, cada vez recibe menos”, mientras Madrid o Barcelona “cada vez reciben más aunque sus competencias son cada vez más reducidas”.

Fondo obligatorio

Fernández, funcionario actualmente destinado en la Diputación de León, afirma que su propuesta parte de la sociedad civil y no tiene ninguna formación política ni administración detrás.

También plantean un fondo obligatorio para garantizar el desmantelamiento de las instalaciones al término de su vida útil; imponer a todos los Estados miembros un espacio reservado en las redes de transporte y distribución para el consumo propio de las instalaciones de interés general situadas en las zonas de producción, como las explotaciones agrícolas y ganaderas; y limitar la ubicación de grandes instalaciones en territorios que tengan protección ambiental de la UE.

Martínez Fernández explica que empezaron a trabajar en esta propuesta “viendo el problema que tienen los regantes para poder conectarse a la red con huertos solares que utilizan para los regadíos y poder comercializar esa energía para abaratar sus costes”. “No les dejan porque no hay punto de conexión”. Solo una comunidad del Bajo Guadalquivir ha podido hacerlo y vender sus excedentes.

Este experto en Derecho Administrativo defiende que su propuesta no parte de la “España vaciada”, porque beneficiaría “a toda España”, en especial “a las comunidades autónomas de Extremadura, Castilla y León y Castilla La Mancha. También a Tarragona, Orense, Asturias... A todas las comunidades de regantes de España” y “al medio ambiente de manera especial”.

Asegura que “no hay una normativa expresa” sobre qué ocurre con los terrenos afectados por parques eólicos y fotovoltaicos una vez dejan de operar. “Tienes que restaurar los terrenos una vez se agota la vida útil o te vas de allí; pero si la empresa quiebra no hay ninguna garantía detrás”. Pone el ejemplo de antiguas escombreras mineras en León para cuya restauración se van a destinar 150 millones con fondos de Transición Justa. 

“Si esto sucede con los huertos solares y los molinos el problema es enorme, porque bajo cada molino hay entre 40 y 400 metros cúbicos de hormigón”. No obstante, los parques más antiguos suelen ser los que mejor recurso energético tienen y son claros candidatos a ser repotenciados para seguir operando. 

Los promotores de renovables están obligados a depositar avales por el uso del suelo, pero es una cantidad “insignificante”, dice el portavoz de León Propone, que añade que se trata de un dinero “apalancado, que no circula por la economía”. “Planteamos que sea la propia UE o el ministerio quien cree un fondo dotado por las empresas, con un porcentaje de su facturación anual”, que se destinaría a la retirada de las instalaciones en caso de que la empresa en cuestión no se haga responsable. 

Martínez Fernández fue vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid y tiene experiencia bregando con grandes empresas, ya que asesoró al consistorio pucelano en la remunicipalización del suministro de agua con el entonces alcalde y hoy ministro de Transportes, Óscar Puente. La medida propició una demanda de la multinacional Suez contra él y otros funcionarios del ayuntamiento: “Solo hacíamos nuestro trabajo”.

En paralelo a estas propuestas, en Aragón está por ver si se aplicará el impuesto ambiental al sector que impulsó poco antes de las últimas elecciones autonómicas el anterior presidente, el socialista Javier Lambán, y que en principio el popular Jorge Azcón va a aprobar. Tal y como está planteado, gravaría las líneas eléctricas de más de 30 kilovatios y tendría un coste de unos 1.400 euros por hectárea para los parques. 

El impuesto, en línea con el canon eólico en vigor desde hace años en Galicia y los aprobados en Castilla-La Mancha y Castilla y León, ha provocado el rechazo frontal del sector. Hace unos días la patronal fotovoltaica UNEF mostraba “esperanzas” de que el gobierno aragonés de PP y Vox lo acabe retirando. La patronal eólica AEE asegura que el sector sufre ya una elevada carga fiscal y que por cada 1.000 euros que ingresan, 123 euros se dedican a pagos de impuestos y tributos.

“De delitos no voy a hablar. Ha habido una clara manipulación o actuaciones para modificar los precios. Además, se ha hecho de una manera muy burda”. El 21 de diciembre de 2013 el entonces ministro de Industria José Manuel Soria, del Partido Popular, respondía así en una entrevista en ABC a la pregunta de si había habido irregularidades en el sistema de fijación de precios en el mercado de la electricidad. En plena ola de frío y con las economías de los hogares ya muy castigadas por las subidas de impuestos y las rebajas salariales, el precio mayorista de la electricidad se había disparado a importes no vistos en más de una década. 

Ese incremento sostenido había comenzado a finales de noviembre, después de que las empresas del sector constataran que el Estado finalmente no pondría los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa que habría de cubrirse antes del siguiente 1 de enero. Y coincidió con las semanas previas a la subasta de electricidad de la que debía salir el precio a pagar por los consumidores en el siguiente trimestre. El impacto fue tal que más de una veintena de grandes siderúrgicas y cementeras paralizaron total o parcialmente sus plantas ante la escalada de precios. Sólo entonces, el Gobierno accedió a intervenir —a través de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC)— y acabó anulando una subasta que habría provocado incrementos de más del 11% en las tarifas. El escándalo derivó también en un cambio en el modelo de fijación de precios. 

Una década después, Iberdrola Generación, filial del grupo Iberdrola, y cuatro de quienes fueran sus directivos se sientan en el banquillo en la Audiencia Nacional por un presunto delito contra el mercado y los consumidores. La Fiscalía Anticorrupción les acusa de idear y poner en funcionamiento un “sistema” para “incrementar el precio de la energía” a través de sus centrales hidroeléctricas con el objetivo de “provocar una subida del precio” y “perjudicar a los consumidores”. Según el Ministerio Público, esa operación irregular produjo un perjuicio de más de 107 millones de euros, de los que 96,7 recayeron sobre el bolsillo de los hogares. El resto fue “soportado” por comercializadoras —varias están personadas como acusación particular— y aseguradoras. En contraposición, supuso un beneficio de 21,2 millones para la compañía. 

Anticorrupción solicita una multa de casi 84,9 millones de euros para Iberdrola Generación, así como dos años de prisión e inhabilitación y una multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para los directivos Ángel Chiarri Toscano, director de Gestión de la Energía; Gregorio Relaño Cobián, responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; José Luis Rapún Jiménez, responsable de Gestión de Activos, y Javier Paradinas Zorrilla, responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global. La asociación de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular, eleva la petición de multa para la compañía a 107,5 millones de euros y pide tres años de cárcel para cada uno de los directivos. 

Un juicio “histórico”

Las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es hablan de “procedimiento histórico”. Es la primera vez que una gran eléctrica se enfrenta a un juicio penal acusada de maquinar para alterar el precio de la energía. La tesis de las acusaciones es que Iberdrola subió de manera artificial el precio al que ofertaba la energía de sus embalses en el Duero, Tajo y Miño-Sil —que suponen el 50% de la potencia de esta tecnología en España— hasta lograr que quedaran fuera del mercado por la imposibilidad de “casar” las operaciones. Es decir, sacó de la negociación de la subasta eléctrica la producción de esas centrales, que “dejaron de producir energía”, dice el fiscal Antonio Romeral en su escrito de acusación. 

En España, el mercado mayorista de la electricidad funciona bajo un sistema marginalista que gestiona el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Cada productor accede con un precio determinado y se van cruzando sus ofertas con la demanda de las distribuidoras, las comercializadoras y los grandes consumidores: es lo que se denomina casación. Pero la clave es que todas las tecnologías cobran el precio marcado por la última tecnología que permite casar oferta y demanda y que es la más cara, sin importar lo que les haya costado producir esa electricidad. 

En el escrito del fiscal queda patente que Iberdrola ofertó entre el 29 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 el agua de sus embalses a precios muy superiores a los que lo había hecho tan solo unos días antes. Así, afirma que entre el 2 y el 29 de noviembre, la oferta despachada no superó los 70 euros el megavatio hora y que el 92% de la misma —866,4 GW— no superó los 50 euros. En lo que respecta a la energía no despachada, el 48% se ofertó en unas bandas de precio superiores a los 80 euros el megavatio hora. Por contraposición, en el período investigado, el 32% de la energía despachada —183,7 GW— y el 94% de la no despachado lo fue en unas bandas de precio superiores a los 80 euros el megavatio hora.

La consecuencia fue que esas centrales hidroeléctricas fueron reemplazadas por otras fuentes de energía. Principalmente, por las centrales de ciclo combinado (que queman gas natural), de “coste superior y en un rango de precios también más elevado situado entre los 80 o 90 euros el megavatio hora frente a la media de precios de la energía proveniente de las centrales hidráulicas situado entre 45 y 55 euros el megavatio hora”, sostiene el escrito del fiscal. Las acusaciones ponen de manifiesto que la conducta de Iberdrola sólo cesó por “circunstancias externas”. El 24 de diciembre se produjo una ciclogénesis explosiva que trajo fuertes borrascas y viento, lo que provocó la reducción del precio de la energía por la importante aportación de fuentes renovables.

Por estos mismos hechos, Iberdrola ya fue multada el 24 de noviembre de 2015 por la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, que apreció una infracción “muy grave” de la Ley del Sector Eléctrico. La sanción, que Iberdrola recurrió ante la Audiencia Nacional, fue de 25 millones de euros, por una práctica fraudulenta que tuvo un impacto estimado en el mercado eléctrico de unos 105 millones, según el regulador. Esa multa está suspendida a la espera de cómo termine el procedimiento penal. Entonces, la compañía acusó al regulador de haber utilizado una “metodología simplista” para imputarle una manipulación del mercado. 

Fuentes de Iberdrola insisten en que la compañía ofertó su electricidad a precios más elevados siguiendo un criterio de “prudencia” en un escenario de sequía. De esta forma, logró detener la caída de las reservas y evitar una situación de escasez que habría llevado a una reducción de la generación hidráulica y a precios de mercado más elevados. Estas mismas fuentes sostienen, además, que la compañía no tenía “incentivos” para elevar el precio dado su “posición neta compradora”. Defienden, en este sentido, que los supuestos beneficios obtenidos con el incremento del precio no compensaban ni el mayor coste de adquisición por la comercializadora libre del grupo ni el menor ingreso provocado por la reducción de la producción de sus centrales.

El juicio arrancará el próximo martes 17 de octubre con las cuestiones previas y el interrogatorio de los acusados. A partir del día 24 y durante ocho sesiones está previsto que se sienten ante el juez de lo Penal de la Audiencia Nacional los testigos propuestos por las partes. Entre ellos, José Manuel Soria, que ya compareció en la fase de instrucción y se ratificó en las declaraciones que había hecho en la citada entrevista en ABC. También está citado como testigo el que fuera secretario de Estado de Energía en el momento en el que tuvieron lugar los hechos, Alberto Nadal, que actualmente está destinado como representante de España en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Nueva York y colabora puntualmente como experto con la consultora KPMG.

Las acusaciones dan total relevancia a las declaraciones de los peritos de la CNMC, que comparecerán a partir de mediados de noviembre. Durante la fase de instrucción, estos técnicos del organismo público afirmaron que Iberdrola manipuló el mercado al ofrecer su energía hidráulica “a precios artificialmente elevados”, lo que provocó que quedara fuera y que accedieran fuentes de producción más caras. También comparecerán otros expertos que tratarán de apuntalar la versión de la compañía de que no hubo manipulación del mercado. La previsión es que el juicio quede visto para sentencia el 1 de diciembre. 

Una filial de Atalaya Generacioon, un grupo empresarial zaragozano del sector de las renovables dirigido por el presidente del Clúster de la Energía, Pedro Machín, y por Miguel Ángel Franc, antiguo ejecutivo del Grupo Jorge, proyecta la construcción en Estercuel de la que, de salir adelante, sería la quinta central hidroeléctrica reversible de la cuenca del Ebro.

El proyecto, promovido por Renovables del Gavilán 4, SLU, acaba de recibir el visto bueno del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), que impone a los promotores una serie de medidas correctoras y paliativas de su impacto al mismo tiempo que les exime de someter la iniciativa al procedimiento estándar de evaluación ambiental.

El Inaga justifica esa exención en tres motivos: el emplazamiento, en unos antiguos terrenos mineros cuya recuperación tras el cierre de las explotaciones no acabó de cuajar, la “ausencia de afecciones significativas sobre zonas ambientalmente sensibles” y “la reducida utilización de recursos naturales, que permite la utilización de un espacio degradado afectado por otras actividades anteriores”.

En la cuenca del Ebro operan en la actualidad cuatro centrales reversibles: la de Estany Gento (440 megawatios de potencia) en la cabecera del Noguera Pallaresa, la de Moralets (210) en la del Noguera Ribagorzana, la de Montnamara (92) en la del Noguera de Cardós, todas ellas en Lleida, y la de Ip (89) en la del Aragón en Huesca, mientras la de Estercuel tendría una potencia instalada de 50.

Duplicar la producción hidroeléctrica del Ebro

Las centrales reversibles tienen una particular forma de operar en la que turbinan en varias ocasiones los mismos caudales al destinar una parte de la energía que generan a bombearlos a depósitos situados en niveles superiores, operación para la que también toman energía de la red.

En el caso de Estercuel, “la idea es que el almacenamiento superior de agua se llene con un bombeo alimentado por excedentes de producción de los parques fotovoltaicos de la zona, y existe la posibilidad de conectarla a la red” para abastecerse, explican fuentes de Atalaya. La alternativa de disponer de su propio parque solar está, al menos de momento, aparcada. 

Ese proceso de retroalimentación sitúa a este tipo de centrales entre las de mayor rendimiento de la cuenca, especialmente cuando en ellas se combinan desniveles pronunciados, por altura y pendiente, con disponibilidad amplia de caudales y posibilidad de almacenarlos.

Eso las sitúa, con un impacto ambiental y social netamente inferior al de un embalse, como un elemento estratégico en pleno despliegue de las renovables, con el grueso de la potencia entre la solar y la eólica, y con las centrales nucleares al borde de la obsolescencia, ya que, al mismo tiempo que reducen la necesidad de quemar gas en las centrales térmicas, permiten paliar los desequilibrios que van a generar las fases diarias de caída de producción renovable, por calma en un caso y por oscuridad en el otro, con los picos de demanda, doméstico de la tarde-noche y de calefacción en el invierno.

Ese sistema, que ha sido denominado en algunas ocasiones como “almacenamiento de energía”, por el margen de maniobra que ofrece para la generación el agua acumulada en los embalses del nivel superior, es el único flanco del hidroeléctrico para el que hay previsiones de crecimiento en la cuenca del Ebro.

Concretamente, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé un aumento de la potencia instalada en este tipo de centrales de 3.500 mw en toda España, algo que en la cuenca del Ebro incluye, además del proyecto de Estercuel y otros como los de Zaragoza, el históricamente aplazado de Mequinenza, que incluye un riego de apoyo para olivos y almendros en el Bajo Aragón, y otro entre Ribarroja y La Fatarella.

Estos dos últimos permitirían, junto con las ampliaciones de las centrales de Moralets y Estany Gento que ya se contemplan en el Plan Hidrológico del Ebro, duplicar la producción hidroeléctrica de la cuenca, que ahora supone un 25% de la estatal, precisamente cuando los dos reactores nucleares de Ascó se acercan al final de su vida útil.

Proyectos de Atalaya en Lugo y en Álava

En el caso de Estercuel la instalación utilizaría “en su mayor parte instalaciones asociadas a actuaciones mineras ya abandonadas y restauradas que tras su proceso de restauración, finalizado en 2017, no han alcanzado el grado de desarrollo vegetativo o de uso previsto”.

Con un desnivel máximo de 300 metros entre sus cotas máxima y mínima, dispondría de un almacenamiento de algo más de diez hectáreas de superficie situado a 1.030 metros de altitud para el que obtendría los caudales de una serie de captaciones en acequias, manantiales y lagunas de la zona.

El objetivo operativo de la central reversible es el de “amortiguar las oscilaciones de sobreproducción o de escasez de producción del parque de renovables no gestionable (eólico y fotovoltaico) en relación a la variación de la curva de demanda”.

El complejo, que incluye dos chimeneas de compensación, una de 102 metros y otra de 67, y una conducción de algo más de tres kilómetros para el agua, requiere la construcción de una línea de alta tensión de doce kilómetros de longitud para evacuar su producción de electricidad hacia Aliaga.

Red Eléctrica no ha autorizado todavía esa conexión a la red, algo que condiciona la ejecución del proyecto. “Para operar la central necesitamos esa línea, dispondremos de siete años para ponerla en marcha a partir de que dispongamos de esos permisos”, indican fuentes de Atalaya Generación.

Tres proyectos aparcados en Galicia y Euskadi

Las obras de construcción de la central reversible de Estercuel generarían en torno a medio millar de puestos de trabajo temporales, mientras que su posterior operación requeriría una decena de empleos de carácter más estable.

La empresa aragonesa está trabajando al mismo tiempo en “otros proyectos de central hidroeléctrica reversible” de potencia superior, entre los 200 y los 300 Mw, aunque las fuentes consultadas en Atalaya declinaron especificar su número y ubicación por encontrase en un estado más embrionario que el de Estercuel.

El grupo Atalaya promueve otra central reversible, esta de más de 900 mw de potencia instalada, en Xistral, en Lugo, y otras dos en Vitoria y en Subijana, ambas en Álava, de 1.356 y 1.040 megavatios, respectivamente, que, en caso de pasar del papel al funcionamiento, se situarían como dos de los principales almacenamientos de energía del mundo.

En los tres casos existen plataformas locales de oposición a los proyectos por su elevado impacto ambiental, especialmente en lo que se refiere a los recursos hídricos.

Ahora mismo, los proyectos de esas tres centrales se encuentran “aparcados” ante esa contestación social, admiten desde Atalaya.

En la parroquia de Santa María de Cornanda, en el municipio coruñés de Brión, los más veteranos todavía recuerdan cuando en 1947 dieron comienzo las obras de la presa Barrié de la Maza. A escasos 30 minutos a pie de sus casas, la Sociedad General Gallega de Electricidad, germen de lo que acabaría siendo Unión Fenosa, levantaba en una de las gargantas del río Tambre un dique de contención de 48 metros de altura que, dice el saber popular de la zona, es el causante de las densas nieblas que desde entonces invaden por las mañanas este tramo del valle.

Hoy, 73 años después de la inauguración de aquel embalse que cortó el paso de salmones, anguilas y lampreas al cauce alto del Tambre, los parroquianos de Cornanda temen volver a ser testigos de primera mano de un nuevo hito de la ingeniería hidráulica en Galicia.

El monte que rodea sus viviendas ha despertado el interés de dos empresas que desde hace meses compiten por los permisos para poder construir un lago artificial del tamaño de, al menos, 35 campos de fútbol. “La balsa que proponen anegaría una superficie de terreno de la que ahora viven 36 explotaciones agrícolas”, asegura Marta Romero, una de las portavoces de la plataforma vecinal Non á balsa Cornanda–Tambre, constituida en junio. “Por no hablar del peligro que supone para las casas tener una masa de agua de este estilo tan cerca”, advierte.

El objetivo de la obra es conectar el nuevo reservorio de agua con la presa de Barrié, situada a menor altura, a través de una red de dos kilómetros de tuberías de acero y una planta hidroeléctrica subterránea. Un costoso proyecto, presupuestado en entre 234 y 359 millones de euros, cuyos trabajos se prolongarían entre cuatro y seis años, de acuerdo con la documentación entregada por las dos empresas aspirantes, filiales de la madrileña Capital Energy y la gallega Tasga Renovables, respectivamente.

Esta del Tambre es un ejemplo de central hidroeléctrica reversible –o de bombeo–, un tipo de instalación que vive en Galicia un particular boom de proyectos al amparo de las políticas de descarbonización de la economía. De acuerdo con los datos recabados por este diario, la Xunta y el Gobierno central tramitan actualmente solicitudes para construir siete plantas de este estilo en la comunidad, y en varios casos con más de una empresa compitiendo por la concesión. De salir todas adelante, la potencia hidroeléctrica instalada en Galicia se incrementaría hasta en un 83%, pasando de los 3,723 megavatios (MW) instalados actualmente a casi 6,800 MW.

La tecnología de bombeo no es nueva. El uso comercial de las centrales reversibles, también conocidas como “baterías” por su función de almacén energético, comenzó a inicios del siglo XX y consiste en lo siguiente: en momentos de bajo consumo eléctrico o exceso de generación, el agua se bombea desde un embalse inferior a una balsa a mayor altura. Cuando la demanda de electricidad sea alta o la capacidad de producirla por otras vías sea limitada –por ejemplo, ante la ausencia de viento o sol–, el agua almacenada se deja caer desde el depósito superior, activando unas turbinas para generar electricidad. En Galicia, de hecho, ya existen tres centrales de este estilo en activo, todas en la provincia de Ourense.

La balsa del Tambre no es la única por la que compiten Tasga y Capital Energy. En el municipio coruñés de Cerceda, ambas firmas rivalizan por poner a funcionar una planta que conecte un nuevo depósito de agua sobre el monte Xalo con el lago de As Encrobas, que anega desde hace dos años la antigua mina de lignito que abastecía a la central térmica de Meirama, ya desmantelada.

La última propuesta para abrir una planta de bombeo en Galicia llegó en julio de este año, según recoge el portal web del Ministerio de Transición Ecológica. En este caso, la empresa andaluza San Isidro Solar 3, vinculada al andaluz Grupo Empresarial Cuerva, ha mostrado su interés en construir en el río Miño una nueva central de 260 MW de potencia. La obra, con una inversión estimada de más de 235 millones de euros, afectaría a los concellos ourensanos de Castrelo de Miño, A Arnoia y Cartelle y requeriría la construcción de una balsa del tamaño de 30 campos de fútbol en el Coto de Novelle, uno de los puntos más altos de la ribera oriental del río Miño, según la última documentación hecha pública por el Ministerio.

“Si uno analiza estos proyectos en detalle, se le ponen los pelos de punta. El impacto de semejantes movimientos de tierras sobre los hábitats naturales y la biodiversidad es brutal y este tipo de balsas pueden modificar el microclima de una zona”, asegura Ana Fernández Santamarina, doctora en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos y responsable de esta materia en la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega).

A su juicio, actualmente no existen estudios que demuestren, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de bombear masas de agua tan grandes para el fitoplancton de los ríos y advierte de la importancia que tiene para el ecosistema el agua que se libera al mar en los momentos en que el caudal del río va lleno. “Los episodios de inundación de los ríos no son sinónimo de agua desaprovechada que se pierde en el océano. Son fundamentales para limpiar, mover sedimentos y retirar árboles viejos. Las especies vegetales están acorde con esos ciclos naturales que son necesarios para que haya agua de calidad y ahorremos dinero en su depuración”, afirma Santamarina.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica, responsable de aprobar las declaraciones de impacto ambiental de todas las infraestructuras de generación eléctrica de más de 50 MW de potencia, aseguran que las plantas hidroeléctricas reversibles que obtengan luz verde lo harán a condición de respetar “un régimen de caudales que posibilite cumplir con los caudales ambientales de las masas de agua afectadas y apoyando la regulación de cuenca en condiciones de fenómenos extremos, de forma que sea compatible con una gestión eficiente del recurso hidráulico y su protección ambiental”.

No todas las centrales reversibles que sobrevuelan el mapa de Galicia implicarían la construcción de una nueva balsa de agua. En ocasiones, se aprovechan dos embalses ya existentes que, a distintas alturas, pueden conectarse a través de canalizaciones. Es el caso de la planta hidroeléctrica reversible que proyecta Iberdrola en el municipio ourensano de Vilariño de Conso, uniendo las presas de Cenza y Bao. De acuerdo con la documentación remitida al Ministerio por la empresa, la central tendría una potencia de 900 MW, más del doble que la planta de Santo Estevo, el complejo hidroeléctrico más potente de Galicia hoy en día, según datos del Instituto Enerxético de Galicia (Inega).

Adega se ha mostrado especialmente crítica con esta iniciativa de Iberdrola por ubicarse dentro de la zona de especial conservación (ZEC) Macizo Central. La asociación señala que en este espacio, muy castigado por las últimas olas de incendios, se encuentra “una de las mejores representaciones del glaciarismo pleistoceno del noroeste peninsular”. “Y aunque no haya balsa, las obras para las canalizaciones y la central subterránea son enormes”, asegura Santamarina.

Fuentes de Iberdrola, sin embargo, ligan la viabilidad económica de la nueva central de Vilariño de Conso, y de otros proyectos similares, a la existencia de algún “mecanismo de capacidad”, por el cual, además de un mercado en el que se retribuya la producción y venta de electricidad, haya otro que remunere la disponibilidad de almacenes de energía, como puede ser el caso de las baterías hidráulicas.

La compañía que preside Ignacio Galán ya tiene experiencia con macroplantas de este estilo. En Portugal, a escasos 50 kilómetros de la frontera con Galicia, Iberdrola inauguró hace un año la Gigabatería del río Tâmega, una de las mayores obras civiles de la última década en Europa, con una potencia de 1.158 MW y capacidad para proveer la energía que consumen 11 millones de personas durante 24 horas en sus hogares.

Otras fuentes del sector hidroeléctrico, también señalan que el futuro de muchas de estas centrales dependerá de la posibilidad de recibir fondos europeos vinculados a la descarbonización. De hecho, el pasado 17 de julio el Gobierno central publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las bases del programa de ayudas para el almacenamiento energético. El Ministerio para la Transición Ecológica destinará a este fin un total de 350 millones de euros de fondos Next Generation, con un importe máximo de 50 millones de euros por proyecto, a los que podrán optar los promotores de centrales reversibles en Galicia.

Objetivo 2030

Las plantas de bombeo no solo despiertan el interés del sector privado, sino también del Gobierno central. Fuentes de Transición Ecológica señalan que el almacenamiento hidroeléctrico “será clave para alcanzar los objetivos ambientales y energéticos al permitir una mayor penetración de energías renovables intermitentes”, en un contexto en el que el sistema eléctrico español dependerá más de los azares meteorológicos y menos de la quema discrecional de combustibles fósiles, como el gas o el carbón, cuando la demanda lo exija.

De hecho, el Gobierno ha establecido en el borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023–2030, publicado a finales de junio, un objetivo de 22.000 MW de almacenamiento energético, frente a los 20.000 MW que fijaba el anterior PNIEC de 2021–30. El Ministerio no ha facilitado un desglose por tipos de almacenamiento, si bien confirma que no todo se corresponde con plantas de bombeo.

En el plan de 2021 sí se especificaba la meta de alcanzar en 2030 los 6.837 MW de potencia instalada en centrales de bombeo puro de toda España, frente a los 3.337 MW disponibles en 2020.

El último objetivo anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez es que la generación eléctrica renovable en España alcance en 2030 el 81% del total, como paso previo a un sector eléctrico 100% renovable en 2050. “De algún lado tendrá que salir la electricidad para cargar los coches eléctricos”, señalan desde una de las empresas que proyecta una planta de bombeo en Galicia.

Algunas de estas centrales también están llamadas a abastecer a nuevos sectores industriales electrointensivos, como las fábricas de hidrógeno verde. En el municipio coruñés de As Pontes de García Rodríguez, por ejemplo, una alianza empresarial de la portuguesa EDP y Reganosa, la dueña de la regasificadora de Mugardos, proyecta construir una central de bombeo de 570 MW de potencia que conecte el lago de la antigua central térmica con una balsa de nueva creación. La idea es que la planta alimente, junto con la energía generada por cuatro parques eólicos, a la futura planta de hidrógeno verde que ambas firmas prevén abrir en la localidad.

Lenta tramitación

La tramitación administrativa de este tipo de centrales hidroeléctricas de bombeo es, con todo, un proceso tedioso, “con idas y venidas que suelen demorar años”, según fuentes del sector, y que no siempre acaba recibiendo las autorizaciones necesarias.

Desde 2021, al menos dos proyectos de plantas reversibles en Galicia ya han recibido resoluciones desfavorables por parte de la Administración. En 2022, Augas de Galicia denegó la concesión básica de aguas a la empresa aragonesa Atalaya Generación, que preveía construir una planta de 960 MW de potencia entre los municipios lucenses de Alfoz y O Valadouro, al entender que su construcción podría alterar el curso de varios arroyos.

Otro proyecto, de 375 MW de potencia e impulsado por Naturgy para conectar los embalses de Salas y Conchas, en Ourense, también se paró en seco a inicios de este año al no aceptar la empresa las condiciones de la concesión planteadas por el Ministerio de Transición Ecológica.

Fuentes de Naturgy aseguraron a este diario que, tras la falta de acuerdo con el Ministerio, la planta de bombeo se ha aparcado para “dar prioridad a otros proyectos renovables” vinculados a la producción de gases como el hidrógeno, el biometano y el desarrollo de parques eólicos en Galicia.

A día de hoy, Augas de Galicia asegura que solo ha otorgado la concesión para la explotación de aguas a dos empresas: la andaluza Magtel, que rivaliza con EDP y Reganosa en la construcción de una central en As Pontes, y a Tasga Renovables, para hacer lo propio en el lago Meirama. Ambos proyectos deben continuar ahora los trámites ambientales ante el Ministerio de Transición Ecológica.

El ente autonómico es responsable de las concesiones de aguas que afectan a ríos de la cuenca Galicia–Costa, mientras que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil es quien tiene la autoridad sobre estos dos ríos y sus afluentes.

A lo largo del último siglo, Galicia ha sido uno de los motores de la industria hidroeléctrica española. Según narra el catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Santiago (USC), Xoán Carmona, en su obra El empeño industrial de Galicia, las primeras centrales gallegas de carácter industrial se construyeron en la década de 1900, con el objetivo de abastecer de electricidad a los sistemas de alumbrado de las zonas urbanas, así como a los astilleros y a la incipiente industria de la conserva.  

El sector vivió su particular boom en la segunda mitad del siglo XX, a lomos de grandes desarrollos impulsados por Unión Fenosa. Galicia cuenta a día de hoy con 153 centrales hidroeléctricas, 108 de las cuales son minihidráulicas, es decir, de menos de 10 MW. Un cuarto de la energía hidráulica española se produce en Galicia y, según los últimos datos del Inega para el año 2021, un 32% de la electricidad generada en la comunidad procede de centrales hidroeléctricas.

En opinión de Ana Fernández Santamarina, los gobiernos deberían priorizar el cuidado de las aguas continentales y la lucha contra las cianobacterias en los embalses. La portavoz de Adega denuncia que Galicia está “sobreexplotada energéticamente” y que los nuevos proyectos redundan en un “sistema saturado” para el que, además, cree que “no hay agua suficiente”. “De la potencia instalada que hay en España no llegamos a utilizar ni la mitad en los últimos años”, asegura Santamarina, antes de acabar su alegato con una pregunta: “La energía hidroeléctrica es renovable pero, ¿es sostenible para el medio ambiente?”.

El programa electoral de Sumar plantea un troceo de las compañías eléctricas para evitar abusos de mercado, al separar la actividad de distribución del resto, y recupera la propuesta de crear una empresa pública que asuma las concesiones hidroeléctricas a medida que venzan.

El documento presentado este jueves por la candidatura que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz presenta varias medidas para lograr la “reducción del poder del oligopolio eléctrico” y abaratar la electricidad. Entre ellas, reformar la Ley del Sector Eléctrico “para separar la actividad de distribución de energía eléctrica de las de generación y comercialización, evitando así conflictos de intereses y abusos de posición dominante”. Esto supondría el troceo de las grandes del sector, como Iberdrola, Endesa o Naturgy.

La formación promete también una reforma del mercado eléctrico mayorista “para sustituir el actual mecanismo marginalista y terminar así con los beneficios caídos del cielo, lo que permitirá el abaratamiento permanente del suministro eléctrico para hogares y empresas”.

Y recupera la idea de crear una empresa pública de energía “que incluya la gestión de las centrales hidroeléctricas, propiedad del Estado, según vayan finalizando las concesiones, estableciendo los mecanismos adecuados que permitan a las zonas afectadas por la instalación de estas centrales un mayor beneficio económico, como fórmula de compensación por la servidumbre soportada durante décadas”.

Cabe recordar que la próxima legislatura vencen más de 330 megavatios (MW) hidroeléctricos y otros 500 MW lo harán en los tres años que da la normativa para empezar a extinguir los permisos; y en esta década la suma alcanza el millar.

Para las subastas futuras que se realicen para fomentar la instalación de generación eléctrica renovable, Sumar plantea reservar “una cuota específica para instalaciones renovables promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad”.

Para incentivar el ahorro y la eficiencia, “en ningún caso el término de potencia podrá representar más del 25% de la parte de la factura destinada a cubrir los costes regulados”. Y se reformará el bono social eléctrico y térmico “para que la solicitud y la renovación sean automáticas”.

El documento plantea “nuevos sistemas de control de precios” para evitar “espirales inflacionistas en mercados altamente concentrados”, poniendo como ejemplo la excepción ibérica.

Sumar quiere impulsar la política industrial “desde la perspectiva del Estado emprendedor, con un papel estratégico por parte de la Administración en su implementación y en la selección de sectores y proyectos”.

Plantea un plan nacional de transición energética para rehabilitar 500.000 viviendas al año, con una ley de tejados sociales para impulsar el autoconsumo colectivo; y la creación de un banco público de inversión, el Banco de Inversión para la Nueva Economía (BINE), en línea con modelos implantados en nuestro entorno similar, como el Kredintanstalt für Wiederaufbau (KfW) alemán, para impulsar la transición ecológica, la reindustrialización o la vivienda pública o protegida.

Asimismo, propone convertir a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en una Agencia Industrial Pública que dependerá del Ministerio de Industria, y no de Hacienda. Y promete una reforma de la normativa de Competencia y deshacer la fusión de reguladores que dio origen a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2013.

Otras medidas económicas de Sumar:

Utilizar el ICO y Correos para crear un banco público y abaratar las hipotecas

Sumar prioriza en su programa electoral “contrarrestar” el poder de fijación de precios de los oligopolios empresariales y para hacerlo en el caso del sector financiero propone crear un banco público a partir del ICO (Instituto de Crédito Oficial) y de la red de oficinas de Correos. Los objetivo principales de esta entidad pública serían “rebajar el coste de las hipotecas” y llevar los servicios financieros también a la España vaciada.

La otra gran medida para aliviar la agresiva subida de los tipos de interés del BCE y, por tanto, del euríbor y de las hipotecas es “un bono de emergencia” de 1.000 euros. Esta mismo jueves, el Banco de España ha constatado que los bancos han duplicado el dinero que cobran a las familias por firmar una hipoteca en solo dos años. La institución calcula una escalada histórica del coste de los nuevos préstamos para adquirir una vivienda desde el mínimo del 1,4% de 2021 al 3,7% de abril, de media.

En el plano de la entrada del sector público en el sector financiero, proponen también la creación de un banco público de inversión, el Banco de Inversión para la Nueva Economía (BINE), apuntando a modelos similares en países como Alemania para impulsar la transición ecológica, la reindustrialización o la vivienda pública y protegida. Informa Daniel Yebra.

Vivienda: precios de referencia para alquileres y crear un parque público de 2 millones de inmuebles

El programa electoral de Sumar incluye medidas en materia de vivienda y alquiler que van más allá de la Ley de Vivienda en vigor desde finales de mayo. En concreto, busca establecer precios de referencia y mejorar la información sobre la situación real del mercado del alquiler. “Esta propuesta pretende mejorar el funcionamiento del mercado del alquiler de vivienda por dos vías. La primera de ellas es mejorar el conocimiento sobre la evolución de los alquileres estableciendo un pago mensual a cuenta en el IRPF del 0,1% de los ingresos percibidos por alquileres, para conocer con precisión casi censal y en tiempo real cómo evoluciona el precio de los alquileres en España”.   

Al mismo tiempo, Sumar propone “establecer unos precios de referencia para las zonas tensionadas equivalentes al 30% de la renta de los hogares que alquilan, eliminar las deducciones fiscales en el IRPF de los alquileres que se sitúen por encima del precio de referencia y establecer un recargo en el impuesto de sociedades para los fondos y empresas que alquilen viviendas por encima de los precios de referencia o los destinen a alquiler turístico”.  

Además, Sumar persigue que “en menos de diez años” exista “un parque residencial de viviendas sociales y asequibles para alquiler de dos millones de inmuebles, con un gasto sostenido del 1% del PIB de media”. “Este parque público es la clave estructural para garantizar el derecho a una vivienda adecuada y asequible, movilizando las viviendas vacías, aumentando la oferta pública mediante la compra de viviendas ya construidas o construirlas donde sea necesario”.   

Sumar reconoce que modificará, por tanto, la Ley de Vivienda “para incluir: el alquiler social obligatorio para grandes tenedores, la dación en pago, obligaciones de resultado para las Administraciones públicas en materia de vivienda alternativa frente a los desahucios, movilización de vivienda de la Sareb en coordinación con las comunidades autónomas, regulación efectiva de precios del alquiler y desarrollo de un régimen sancionador”, enumera. Informa Cristina G. Bolinches.

Subir el salario mínimo cada año por encima de la inflación

La confluencia de partidos de izquierda Sumar ha presentado su programa electoral en el que recogen como medida la subida de Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por encima del Índice de Precios de Consumo (IPC) “para mantener la ganancia de poder adquisitivo de las personas que lo cobran” este sueldo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay aproximadamente 3.2 millones de personas que ganan el salario mínimo, el 18% de la fuerza laboral total del país.  

La formación de izquierdas asegura que la subida del SMI que ha hecho el Gobierno de coalición en los últimos cuatro años “ha demostrado ser el mejor instrumento para combatir la pobreza laboral, la desigualdad y la brecha de género”.  

Además, añaden que “los incrementos del SMI deben servir para impulsar el crecimiento salarial general de nuestro país”. En este sentido, añaden que es necesario “favorecer el crecimiento real de los salarios, que aún no se han recuperado de la pérdida de poder de compra que sufrieron con la crisis financiera. En España, los salarios son bajos, con una media de 21.600 euros, un nivel que no se corresponde con ser la cuarta economía europea”.  

Para ello, en la próxima legislatura “debe abordarse el incremento real de los salarios en el marco del diálogo social y en la negociación colectiva, y seguir reforzando el poder de negociación individual y colectivo de las personas trabajadoras”. Informa Rodrigo Ponce de León.

Subir el IRPF a rentas altas, gravar más el ahorro de los ricos y eliminar deducciones a grandes empresas

En el paquete de medidas fiscales ya se conocía su propuesta de hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas con tipos que alcancen el 4% para los patrimonios más altos. Ahora conocemos también un aumento del IRPF para las rentas más altas, que alcanzará el 52% para aquellas que superen los 300.000 euros. Además, plantea continuar a la igualación de las rentas de ahorro, ampliando al 30% el tipo para las más altas.

La candidatura que encabeza Yolanda Díaz plantea un aumento de la tributación de las grandes empresas. Propone que el mínimo del 15% en Sociedades sea sobre beneficio y no sobre base imponible, como aprobó el Gobierno de coalición. Además propone reducir la compensación por pérdidas de otros ejercicios, que reducen la tributación o eliminar deducciones. También incluyen la eliminación de las ventajas fiscales de las sicav y las socimi.

Completa la propuesta fiscal de Sumar el mantenimiento de los impuestos a la banca y energéticas, un aumento de la fiscalidad “verde” o una reforma del IBI. Informa Diego Larrouy.

Regular los intereses de los depósitos bancarios y recortar comisiones

Sumar recoge en su programa electoral la creación de un “mecanismo para vincular los intereses de los depósitos a los intereses de los préstamos” bancarios. De esta forma, los de Yolanda Díaz pretenden impedir que las subidas de tipos del BCE provoquen un encarecimiento de las hipotecas pero no una mayor remuneración de los ahorradores.

La coalición de izquierdas argumenta además que la citada subida de tipos ha hecho que los bancos ya estén “obteniendo importantes beneficios prácticamente sin necesidad de conceder créditos”, por lo que quiere “limitar” las comisiones que cobran a sus clientes. Sumar asevera que estas han crecido en los últimos tiempos como consecuencia de que “el sector financiero es uno de los más concentrados” y adolece de “falta de competencia”. Informa Carlos del Castillo.

Fomentar una red alternativa pública de distribución de alimentos

Sumar lleva el “fomento de una red alternativa pública de distribución de alimentos” que supondrá la “la articulación de una red alternativa de distribución de alimentos basada en criterios sociales y agroecológicos con precios justos para los productores y las productoras, y consumidores y consumidoras, y atendiendo a criterios de accesibilidad territorial”. Explica que “podrán vincularse a esta red de forma voluntaria todas aquellas iniciativas productivas que tengan un enfoque de sostenibilidad”.

Propone también el “impulso de mercados de agricultores y de la venta directa de productos, tanto en explotaciones como en puntos de venta específicos” y el “uso de equipamientos públicos de proximidad (economatos cooperativos, centros de distribución de alimentos para redes asociativas, entre otros) en los que se pueda disponer de cocina y comedor 66 colectivos y que pudieran vincularse a despensas comunitarias y a redes de distribución alternativa de alimentos agroecológicos”. Informa Cristina G. Bolinches.

Limitar el uso del avión privado y una tasa para viajeros frecuentes

Sumar incluye en su programa electoral la limitación del “uso de los jets privados”. También, aplicar “una tasa creciente sobre los viajes frecuentes en avión que entraría en vigor a partir del segundo vuelo anual”.  

“Eliminaremos los privilegios fiscales del avión e implementaremos una tasa al combustible de la aviación para evitar el dumping económico de este medio en relación a los terrestres”, recoge el programa. Asimismo, aboga por restringir “las ampliaciones innecesarias e insostenibles de los aeropuertos” y transferir “las competencias de gestión de puertos y aeropuertos de los diferentes territorios del Estado, para que la gestión sea conjunta con las ciudades en las que se encuentran y cuente con financiación y una actualización de las inversiones”.  

En paralelo, propone “una racionalización del transporte aéreo, incrementando la oferta de transporte público ferroviario y por carretera y limitando los vuelos en distancias que pueden ser fácilmente sustituibles por tren. Asimismo, potenciaremos el tren nocturno y la conexión internacional y multimodal en puertos y aeropuertos”, desglosa el documento publicado este jueves. Informa Cristina G. Bolinches.

Impulsar las “ciudades de los 15 minutos”

El programa electoral de Sumar incluye el desarrollo de las “ciudades de los 15 minutos”. “Legislaremos para que las nuevas planificaciones urbanas planteen ciudades de distancias cortas a pie y en bicicleta, de manera que todos los barrios tengan los mismos derechos garantizados: servicios públicos (escuelas infantiles, colegios, espacios deportivos y centros de salud), comercio local y espacios de ocio (calles con arbolado, parques y jardines). Se invertirá en la infraestructura necesaria para potenciar al máximo la movilidad activa (redes ciclistas, peatonales, reverdecimiento o calidad estancial”, enumera.  

Y habla de “territorios de los 30 minutos”. Bajo estos, propone garantizar la financiación de servicios de movilidad suficientes para que “la dotación de servicios públicos en el conjunto del territorio esté disponible en un tiempo de viaje inferior a los 30 minutos”, con especial atención “a las peculiaridades tanto de las áreas metropolitanas como de la España vaciada”.  

En materia de transporte, Sumar propone redirigir “las inversiones ferroviarias de alta velocidad a Cercanías, así como a las líneas de ferrocarril convencional, para, al menos, triplicar la inversión anual en esta red estatal en los próximos cuatro años, con el objetivo de solucionar los problemas actuales de la infraestructura, ampliar las redes existentes y garantizar la financiación para mejorar las frecuencias y la calidad de los servicios”. Informa Cristina G. Bolinches.

El Estado debe desarrollar todas sus herramientas digitales con personal propio y software libre

 El programa de Sumar apunta directamente al negocio que las grandes consultoras han encontrado en las políticas digitales del Gobierno en los últimos años, haciéndose con cada nuevo desarrollo tecnológico a través de concursos públicos. “Es esencial que las Administraciones públicas desarrollen sus propias tecnologías, creen protocolos comunes y contraten a personal técnico propio en lugar de externalizar todos los procesos de digitalización a consultoras o grandes tecnológicas”, reza el texto.

Los de Yolanda Díaz afirman que su política digital girará en torno al código abierto y la “soberanía tecnológica”, utilizando “el software libre en todas las herramientas y servicios digitales, buscando hacerlos más robustos, seguros, escalables y sostenibles”. Prometen que todos los concursos públicos relacionados con la tecnología digital estará condicionado a que ese desarrollo se haga con código abierto.

El programa también hace hincapié en el uso de los datos. Sumar quiere crear “un organismo público que garantice la protección de los derechos individuales y colectivos, así como el retorno colectivo” del valor de esos datos, impidiendo que empresas privadas lo acaparen. En esta línea, plantean promover a su vez los “centros de datos e inteligencia artificial de carácter público que recojan datos en tiempo real y ayuden a analizar y diseñar políticas públicas”. Informa Carlos del Castillo.

No se podrá despedir a trabajadores por sus publicaciones en redes sociales

El programa electoral de Sumar recoge la creación de un nuevo derecho de los trabajadores para que “nadie pueda ser sancionado o despedido por el contenido recogido en sus redes sociales”. La coalición de izquierdas lo ha denominado como el “derecho a la indemnidad por la utilización de redes sociales”.

Entre las consecuencias de este derecho, Sumar explica que las publicaciones en estas plataformas o las opiniones que se viertan en ellas tampoco podrán ser tenidas en cuenta dentro de los procesos de selección o contratación para nuevos puestos. Informa Carlos del Castillo.