El Gobierno carga al déficit público 1.900 millones para devolver a las eléctricas el fallido canon hidráulico del PP

El Consejo de Ministros prevé abordar este viernes la devolución a las eléctricas del canon hidráulico que aprobó el Gobierno del PP en 2015 y que anuló el Tribunal Supremo en abril, según confirman fuentes del Gobierno.

El País avanza que el Ejecutivo ultima un acuerdo de aplicación del fondo de contingencia de los Presupuestos Generales del Estado por una cantidad de 1.908 millones de euros que irá a cuenta del déficit público de 2021. La cifra es muy superior a los 1.400 millones que adelantó en agosto la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Ribera, y supera con mucho el agujero que dejó el fallido almacén de gas Castor.

La devolución se va a abordar en el día en que el megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista de electricidad bate un nuevo récord histórico por la subida exponencial del gas natural y tras la cumbre europea en la que los líderes de la UE han sido incapaces de pactar unas conclusiones para atajar la crisis energética. El pasado verano, cuando el pool eléctrico empezó a encadenar récords, Ribera puso ese canon como ejemplo de los riesgos de legislar en caliente para solucionar problemas complejos, unas semanas antes el Gobierno aprobó un decreto-ley para aplicar un drástico recorte a las eléctricas que luego tuvo que corregir.

“El tributo, implantado en el año 2012 por una Ley del anterior Ejecutivo, se ha exigido mediante una disposición retroactiva prohibida e incurriendo en extralimitación reglamentaria, o por la imposibilidad de revisar previamente las concesiones administrativas para el uso del agua con fines hidroeléctricos sin la autorización del concesionario”, explican fuentes del Gobierno.

Ya en septiembre, Transición Ecológica cifró en más de 1.624 millones lo recaudado por este canon entre 2013 y 2020. Pero esa cifra era provisional y no incluía las partidas de este año, ni los costes en los que habían incurrido las diferentes confederaciones hidrográficas por la liquidación del gravamen, ni los intereses acumulados. En su momento, el PP justificó ese canon como medida para embridar el denominado déficit de tarifa del sector eléctrico (diferencia entre ingresos y costes regulados).

Finalmente, serán más de 1.900 millones los que tendrá que devolver el Tesoro Público, que se repartirán operadores como Iberdrola, Endesa, Naturgy y Acciona, por citar los más relevantes. Solo por los cuatro primeros ejercicios, de 2013 a 2016, Iberdrola, la empresa más beneficiada por la sentencia del Supremo porque controla la mitad de la potencia hidroeléctrica en España, recogió un “efecto extraordinario” de 417 millones de euros en sus cuentas del periodo enero-septiembre. Por su parte, Endesa había reclamado hasta septiembre otros 48 millones de euros solo por los dos primeros ejercicios.

El canon por utilización de aguas continentales grava con un 25,5% la facturación por la producción de las centrales con una potencia de al menos 50 MW. Lo puso en marcha el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, para atajar (según se anunció en su momento) el multimillonario déficit de tarifa, aunque el sistema eléctrico no recibe lo que recauda, que va a parar al Tesoro Público.

Cuando trascendió la sentencia del Supremo, se cifró la devolución en unos 500 millones, pero la cifra final será muy superior. Y es que el Alto Tribunal no anuló el canon como tal, pero sí su carácter retroactivo (los ejercicios 2013 y 2014). Y no solo eso: también decretó que las Confederaciones Hidrográficas (encargadas de recaudarlo) no pueden reclamárselo a aquellas concesiones cuyos titulares no dieran su visto bueno expreso porque el Reglamento de Dominio Público Hidráulico señala que una concesión puede modificarse solo “si el peticionario aceptase las condiciones propuestas”, cosa que no ocurrió.

Las eléctricas trataron de tumbar el canon en el Tribunal de Justicia de la UE, que avaló su naturaleza de impuesto medioambiental. Pero el tribunal europeo no entró en si contravenía o no otra normativa española, como finalmente ha reconocido el Supremo. El Alto Tribunal estimó un recurso de Unesa, la patronal rebautizada hace unos años como Aelec, y que desde hace más de 20 años tiene como secretario general al abogado del Estado en excedencia Pascual Sala Atienza, hijo del jurista Pascual Sala Sánchez, ex presidente del Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.