El Parlamento Vasco, al hilo de la sentencia del 'caso Margüello' de irregularidades en Sanidad durante el mandato de Gabriel Inclán (PNV) que da por probada la existencia en las adjudicaciones de contratos de gestión de listas de espera de una concertación entre el exresponsable de Osakidetza en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, y el doctor y empresario José Carlos Margüello, ha aprobado una resolución de cuatro puntos en la que rechaza, en el primero de ellos, “cualquier forma de corrupción que implique un mal uso del poder público con el fin de lograr una ventaja ilegítima e ilegal”. El texto, impulsado por Elkarrekin Podemos, ha sido pactado con EH BIldu y PP, así como el PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno y que ha vuelto a desmarcarse de sus aliados en un caso que saltó a la luz siendo consejero el socialista Rafael Bengoa. Los nacionalistas, por consiguiente, se han quedado como los únicos en no sumarse a esta iniciativa.

El representante del PNV, Kerman Orbegozo, ha querido iniciar su intervención queriendo “dejar claro” que su partido “denuncia totalmente la corrupción”. Pero ha considerado inasumible el contenido del texto sobre el 'caso Margüello' ya que, según su criterio, la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que será recurrida por la Fiscalía, desmonta la tesis de que hubo corrupción durante la etapa de Inclán al frente de Sanidad. “El objetivo es extender las sospechas al PNV”, ha lamentado Orbegozo, quien ha añadido que Euskadi lidera las clasificaciones de “transparencia” de España y que Osakidetza es el mejor servicio de Salud autonómico.

Para Orbegozo, detrás del 'caso Margüello' hay cuestiones “individuales” y ha apuntado que no hay que olvidar que los acusados fueron absueltos de malversación de caudales, es decir, que no hubo quebranto económico. Se da la circunstancia de que la Fiscalía sí estimaba en 6,8 millones el efecto negativo de los contratos de Margüello pero interpretó que fue muy difícil lograr una sentencia en esa dirección puesto que el afectado, el propio Gobierno vasco cuyos servicios jurídicos controla el PNV, dio un paso atrás en el juicio y estimó que no había perjuicio dinerario.

“¿Cómo vamos a ratificar algo que los tribunales han dicho que no es cierto?”, se ha preguntado Orbegozo sobre los puntos de la resolución del resto de partidos en las que se planteaba refrendar el trabajo de la comisión de investigación que en 2011 denunció las responsabilidades políticas en torno a este caso. Según Orbegozo, su partido estaba dispuesto a votar a favor del primer punto crítico con la corrupción y del último, de apoyo a la separación de poderes.

Sin embargo, el resto de partidos han rechazado una votación separada del texto y la fotografía final ha sido del PNV, en solitario, sin apoyar esta resolución. La representante de EH Bildu, Eva Blanco, ha denunciado que el PNV nunca haya querido negociar la redacción y que, a última hora, haya buscado un resquicio para no quedarse solo en la votación. Ha indicado también que la “prevaricación no es cosa menor” y que el hecho de que algunos delitos no se hayan probado no exime de gravedad a la sentencia judicial del 'caso Margüello'.

Más beligerantes aún han sido Elkarrekin Podemos y PP. Juan Luis Uria (Elkarrekin Podemos) ha dicho que “Margüello era un corrupto” y que en Osakidetza era 'vox populi' que su amistad con el consejero Inclán le procuraba prebendas. Laura Garrido (PP) ha añadido que el PNV exige limpieza a los demás pero “no asume ninguna responsabilidad” cuando los casos le afectan a él. Ha citado el juicio del 'caso De Miguel' y también el reciente escándalo por la posible manipulación de las OPE de Osakidetza. Garrido ha recordado, igualmente, que el hoy consejero, Jon Darpón, y la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, firmaron en su día un manifiesto de apoyo a Margüello.

Como ocurrió el pasado año, el PSE-EE ha roto la dinámica de unidad de acción con su socio de Gobierno, el PNV, y se ha unido a la oposición. Este caso no forma parte de las discrepancias pactadas pero sí es especialmente simbólico para los socialistas porque fue el exconsejero Bengoa el principal impulsor de la investigación. “Los socialistas hacemos en 2018 lo que hacíamos entonces”, ha resumido Natalia Rojo, que sin agotar los tiempos de intervención ni cargar las tintas contra los nacionalistas ha indicado que el PSE-EE no puede quedarse de “brazos cruzados” en este asunto.

La Fiscalía de Bizkaia no quiere dar por cerrada la batalla judicial en el denominado 'caso Margüello', en el que se destaparon irregularidades en la externalización de servicios sanitarios en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y que se saldó con una sentencia que recogía penas mínimas, ninguna de ellas de cárcel, a pesar de dar por probados los delitos de corrupción. Según fuentes de la oficina que dirige Ana Barrilero, quienes han dirigido la investigación han acordado ya recurrir ante el Tribunal Supremo la resolución de la Audiencia Provincial, pero ha de ser la Fiscalía del alto tribunal la que, en última instancia, analice, decida y formalice, en su caso, la apelación.

Según la sentencia del 'caso Margüello', son “hechos probados” que un alto cargo del Departamento de Sanidad dirigido por Gabriel Inclán (PNV), de nombre José Ramón Elorriaga y responsable territorial en Bizkaia, hizo todo y más, incluso insultar a funcionarios, para contratar 'a dedo' a una empresa de su amigo José Carlos Margüello, facultativo de Osakidetza y jefe de Calidad del hospital de Cruces, que era también cercano al propio Inclán.

Margüello constituyó y dirigió -a través de una testaferro para “burlar” la “incompatibilidad”- la mercantil Gestión de Servicios Sanitarios XXI, con la que pretendió intermediar entre el Servicio Vasco de Salud y una clínica privada para derivar pacientes. Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos, la condena del 'caso Margüello' es mínima, solamente por un delito de prevaricación que no comporta penas de prisión. La clave es que los servicios se prestaron y que no se ha probado una pérdida de dinero público o malversación de caudales.

La Fiscalía sí defendió en el juicio un quebranto económico de 6,8 millones de euros, el valor de las dos contrataciones irregulares de Elorriaga a empresas de Margüello. Sin embargo, los abogados del Gobierno vasco negaron la existencia de agujero alguno. “El delito de malversación exige acreditar el perjuicio y ello es complicado cuando la Administración afectada considera que no se ha producido”, interpreta el ministerio fiscal.

No obstante, uno de los asideros es que la posición del propio Gobierno ha variado y que en el pasado sí consideró que se produjo una pérdida de recursos públicos. De hecho, la denuncia inicial partió en 2009 del propio Departamento de Sanidad cuando el consejero era el socialista Rafael Bengoa. El que también ha sido asesor de la OMS y de la Administración de Barack Obama fue muy explícito en el juicio sobre el papel de las empresas de Margüello como intermediarias: “Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario”.

El Gobierno vasco se ha felicitado por que la sentencia del 'caso Margüello' acredita que no hubo quebranto económico para la Administración y porque el único alto cargo investigado, el viceconsejero de Salud Rafael Cerdán, ha quedado absuelto. Según el portavoz Josu Erkoreka, responsable también de los servicios jurídicos de la Administración autonómica, los condenados por graves irregularidades en la externalización de contratos de gestión de listas de espera de la Sanidad pública vasca José Ramón Elorriaga y José Carlos Margüello no pasan de “funcionarios con más o menos relevancia”.

La resolución judicial de la Audiencia Provincial de Bizkaia que pone fin a casi una década de recorrido judicial recoge la “opacidad” con la que el responsable de Sanidad en Bizkaia, Elorriaga, actuó para procurar un contrato 'a dedo' a la empresa de su amigo Margüello, responsable de Calidad del hospital de Cruces y que operaba a través de una testaferro, María Nieves Fernández. Ha quedado probado que Elorriaga operó de modo “grotesco” para beneficiar a Margüello hasta el punto incluso de encararse con funcionarios. De Cerdán se dice que fue “negligente” como superior jerárquico pero que no compartía los mismos “intereses personales” que el resto de acusados.

Sin embargo, la condena es mínima, sólo por “prevaricación”. La Audiencia rechaza, en línea con la petición realizada en el juicio por los letrados del Gobierno vasco del PNV, que exista un quebranto económico porque, a pesar de ser un contrato ilegal, el servicio se prestó y se atendió a los pacientes derivados. No atiende el criterio anterior del Gobierno, expuesto en el juicio por el exconsejero Rafael Bengoa, que remarcó que la sola existencia de una intermediaria sin medios técnicos y humanos, como lo era la empresa de Margüello, suponía un sobrecoste frente a una subcontratación directa de una clínica privada.

Erkoreka, preguntado por los periodistas, ha destacado que haya quedado claro en la vía judicial que “no existió perjuicio económico” y que el “único alto cargo” acusado haya sido completamente exonerado. Repreguntado por el papel de Elorriaga, un cargo de confianza del entonces consejero, Gabriel Inclán, y de Margüello, amigo de ambos, ha rebajado su papel en la Administración a “funcionarios con más o menos relevancia”. “No eran altos cargos en función de la Ley de Gobierno”, ha querido remarcar el consejero-portavoz.

La sentencia del 'caso Margüello' también ha suscitado reacciones en la oposición. EH Bildu ha considerado que las irregularidades puestas de manifiesto en la resolución judicial indica la necesidad de “hacer una apuesta inequívoca por la gestión directa de los servicios públicos”. “Externalizar servicios sanitarios abre la puerta a actuaciones irregulares”, valora la parlamentaria Eva Blanco. Sobre el fondo del asunto, Blanco asegura que “llama la atención que el tribunal no vea malversación cuando constata voluntad de beneficiar a empresas que no podían contratar con la Administración”.

Desde Elkarrekin Podemos, Lander Martínez ha criticado que el Gobierno vasco no haya denunciado con mayor beligerancia la “corrupción” en la Administración pública cuando ha sido el “principal perjudicado”. Fuentes de la Fiscalía han indicado a eldiarionorte.es que es muy complicado lograr una condena por malversación si el afectado estima que no ha sufrido un perjuicio. Martínez ha adelantado que pedirá la comparecencia de Erkoreka en el Parlamento porque 

“el Gobierno tiene que explicar cómo no ha exigido ninguna pena para quien daba contratos a dedo a sus amigos con el dinero de todos los vascos”.

Según el dirigente morado, la sentencia evidencia “la lógica clientelista” llevada a cabo en la Administración vasca “durante demasiados años y sin consecuencias legales”. Y ha recordado que el propio consejero actual, Jon Darpón, firmó en su momento un documento de apoyo a los acusados. 

¿Qué es el 'caso Margüello'? Son “hechos probados” por la Audiencia Provincial de Bizkaia que un alto cargo del Departamento de Sanidad dirigido por Gabriel Inclán (PNV), de nombre José Ramón Elorriaga y responsable territorial en Bizkaia, hizo todo y más, incluso insultar a funcionarios, para contratar 'a dedo' a una empresa de su amigo José Carlos Margüello, facultativo de Osakidetza y jefe de Calidad del hospital de Cruces, que era también cercano al propio Inclán.

Margüello constituyó y dirigió -a través de una testaferro para “burlar” la “incompatibilidad”- la mercantil Gestión de Servicios Sanitarios XXI, con la que pretendió intermediar entre el Servicio Vasco de Salud y una clínica privada para derivar pacientes. Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos, la condena del 'caso Margüello' es mínima, solamente por un delito de prevaricación que no comporta penas de prisión. La clave es que los servicios se prestaron y que no se ha probado una pérdida de dinero público o malversación de caudales.

Afirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que cierra un caso abierto en 2010 y cuyo juicio se celebró en marzo y abril de este año, que Gestión de Servicios Sanitarios XXI era un simple intermediaria, en ningún caso un centro sanitario autorizado y homologado para concertar con la Administración. Resumidamente, no tenía médicos. No es “suficiente” que una empresa así “disponga de convenios de colaboración” con otras clínicas, en este caso la San Francisco Javier de Bilbao. Simplemente, legalmente no podía prestar servicios sanitarios.

En efecto, en aquella época (2006) había un problema de listas de espera. Pero ese problema no justificaba la activación de un procedimiento de emergencia. Esa fórmula contratación directa, sin concurso público, se llevó a cabo no para acelerar la atención de los pacientes sino para evitar los controles administrativos y dar “opacidad” a la contratación irregular de la compañía de un amigo.

El tribunal, presidido por Alfonso González Guija, subraya que Elorriaga “no cesó hasta obtener un informe que, aunque fuese parcialmente, le pudiese dar cobertura o apariencia de legalidad a su actuación”. En su intento de “resolver cualquier cortapisa” sobre la falta de homologación de Gestión de Servicios Sanitarios XXI, hasta “insultó” a funcionarios a su cargo. Era un proceder “grotesco” con tal de beneficiar a un amigo personal, que también lo era del jefe, el consejero Inclán. Tampoco importó que conociera que en la empresa estuviera involucrado una persona incompatible por su cargo en Osakidetza para contratar con la propia Osakidetza por más que se ocultara detrás de María Nieves Fernández, la cara visible de Gestión de Servicios Sanitarios XXI pero una simple testaferro.

El procedimiento de urgencia fue visado por el viceconsejero Rafael Cerdán. Interpreta el tribunal que fue negligente al no detectar las irregularidades del expedientes, si bien estima que no compartía los intereses personales de Elorriaga por su relación con Margüello. Así pues, son culpables de prevaricación exclusivamente Elorriaga y el facultativo, más Fernández como colaboradora necesaria. Su condena se limita a inhabilitación para nueve años (siete para la testaferro), sin cárcel.

A esta primera contratación le siguió una segunda. Esta vez se activó un concurso público para la externalización de las listas de espera. Pero se suspendió y se retomó un procedimiento directo que volvió a beneficiar a Gestión de Servicios Sanitarios XXI, esta vez en una UTE con la Clínica Indautxu y Rehabilidom (otra de las mercantiles de Margüello, que en total facturó más de 30 millones con Inclán). La sentencia interpreta que es un contrato “altamente reprobable desde el punto de vista moral” porque “sobrevuela la intencionalidad” de volver a beneficiar a Margüello, pero entiende que no hay elementos ni si quiera para hablar de prevaricación, que consiste en dictar resoluciones administrativas injustas a sabiendas de que lo son.

La clave del procedimiento era el dinero que percibió Gestión de Servicios Sanitarios XXI por estos contratos. La Fiscalía reclamaba la devolución de 6,8 millones de euros, pero la representación letrada del Gobierno vasco retiró toda acusación en el juicio al entender que no se podía hablar de quebranto. Hecha bien o mal la contratación, el servicio se prestó y los pacientes fueron atendidos.

¿Incrementó o no la factura la existencia de una intermediaria? El consejero socialista Rafael Bengoa, que en 2009 denunció esta trama, fue muy explícito en el juicio en este sentido: “Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario”. Las defensas insistieron en que los precios públicos pagados por la Administración se ajustaron a la legalidad. También para la Audiencia de Bizkaia “la contratación de tales servicios no supuso la sustracción o consentimiento en la sustracción de bienes o caudales públicos”. Es decir, no hubo malversación y toca absolver a los acusados de ese delito, que sí les hubiera llevado a la cárcel. Y todo a pesar de reconocer que la creación de una intermediaria tenía “ánimo de lucro” toda vez que los medios materiales y humanos lo ponía una clínica subcontratada.

Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Las partes disponen de un plazo de cinco días para hacerlo efectivo. Consultada la Fiscalía, ha indicado que estudia el posible recurso. No obstante, asume que “el delito de malversación exige acreditar el perjuicio y ello es complicado cuando la Administración afectada considera que no se ha producido”.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha hecho pública este lunes la sentencia del denominado 'caso Margüello', que investigó irregularidades en la externalización de servicios sanitarios a empresas vinculadas al doctor José Carlos Margüello durante la etapa de Gabriel Inclán al frente de la Sanidad pública vasca. Cinco meses después del juicio, el tribunal presidido por Alfonso González Guija ha cerrado este caso que tanto revuelo político generó cuando se destapó hace una década con penas mínimas, sólo por prevaricación y no por malversación de caudales públicos, para tres de los cuatro acusados. Ello hará que ninguno de ellos tenga que entrar en prisión a pesar de que el fallo establece que los acusados se pusieron de acuerdo para “beneficiar económicamente” a las empresas de Margüello, que era “incompatible” para contratar con la Administración, “eludiendo los principios de legalidad, objetividad y publicidad”. ¿Por qué? “No consta perjuicio económico cuantificable ni evaluable. Los servicios fueron efectivamente prestados”, se lee en la resolución.

Eran cuatro los acusados. El principal y que dio nombre al caso era el doctor José Carlos Margüello, amigo del exconsejero de Sanidad por el PNV Gabriel Inclán. Margüello era apoderado de la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI, la intermediaria contratada para gestionar las listas de espera de la Sanidad pública vasca. En la mercantil su socia era María Nieves Fernández, señalada como testaferro en las empresas investigadas. Los otros dos imputados eran cargos políticos del organigrama de Inclán. José Ramón Elorriaga, responsable de Sanidad en Bizkaia, fue quien promovió las contrataciones, mientras que Rafael Cerdán, viceconsejero, fue el firmante del primero de los dos expedientes sometidos a escrutinio judicial.

La Audiencia de Bizkaia ha condenado por prevaricación a Margüello, Elorriaga y Fernández, lo que les supondrá una pena de inhabilitación de nueve años (siete en el caso de esta última, en calidad de cooperadora necesaria) y nada de cárcel. Quedan absueltos de malversación, fraude y negociaciones prohibidas. El cuarto acusado, Cerdán, queda eximido de todas las acusaciones. Sobre la primera contratación, en la que participó, el tribunal sostiene que actuó “de manera negligente” al no comprobar las ilegalidades en torno a Gestión de Servicios Sanitarios XXI, si bien entiende que “desconocía los intereses personales” del resto de implicados.

Inicialmente la Fiscalía reclamaba 11 años para todos excepto para Cerdán por un doble delito, aunque a última hora se planteó como “alternativa” que los hechos se interpreten como una sola irregularidad “continuada”, lo que rebajaría la condena a casi la mitad excepto para Cerdán, que se quedaría en una situación similar. Finalmente, la sentencia queda muy lejos incluso de la nueva calificación.

El caso tomó el apellido del doctor Margüello. Sus empresas contrataban con Sanidad hasta sumar más de 30 millones de facturación en aproximadamente una década desde finales de la década de 1990 hasta la salida del PNV del Gobierno vasco en 2009. “Durante 10 años, sobre todo en el período 2004-2007, hay unos procesos de contratación que no siguen la norma y que intentan buscar vías paralelas, más rápidas y más beneficiosas para esas empresas, para asegurar y retener una serie de contratos que no se lanzan a puja pública. Ocurre como un patrón sistemático durante muchísimos años. Un patrón sistemático de prórrogas cada año y también un patrón sistemático de subidas de tarifas muy muy exageradas. Y siempre está el mismo grupo de empresas en este marco contractual. Es evidente que hay una organización y una trama para conseguir estos beneficios”, denunció en el juicio el exconsejero socialista Rafael Bengoa, quien al relevar a Inclán en 2009 denunció este caso ante la Fiscalía.

Fueron dos los contratos concretos objeto de juicio. En ambos la beneficiaria fue Gestión de Servicios Sanitarios XXI, una empresa de nueva creación en 2006 y no habilitada como clínica privada que en pocos meses recibió 'a dedo' (procedimiento de emergencia) la misión de intermediar entre Osakidetza y los centros concertados para derivar pacientes. Margüello era el titular de apenas el 1% de las participaciones y la administradora formal era María Nieves Fernández. En el juicio él se presentó como simple “asesor” en la empresa y trató de establecer que el día a día era cosa de “la señorita Edurne”, como se han referido varias personas a la gestora. Su abogado, Javier Beramendi, llegó a decir que el principal imputado era “el último mono” en este asunto. Margüello, en cambio, tenía amplios poderes en la compañía hasta el punto de que él mismo firmó con la clínica San Francisco Javier de Bilbao el acuerdo de derivación. Su sobrina era una de las administrativas de Gestión de Servicios Sanitarios XXI.

En la segunda contratación se convocó un concurso público inicialmente, pero luego de nuevo se optó por la vía directa mediante un procedimiento “negociado sin publicidad” que benefició a una UTE de Gestión de Servicios Sanitarios XXI con la clínica Indautxu, el nuevo destino de las derivaciones en sustitución de San Francisco Javier, y una tercera mercantil vinculada igualmente a Margüello, Rehabilidom. Con un tope de 200.000 euros, finalmente la UTE obtuvo casi 5 millones de este contrato mediante una sucesión de ampliaciones.

¿Se perdió dinero con la operación? La Fiscalía reclamaba a los acusados que devuelvan solidariamente los 6,8 millones que costaron esos dos contratos (Cerdán sólo el 25% del primero de ellos, valorado en 1,9). Los imputados alegaron que la Administración no sufrió ningún quebranto porque el servicio le costó lo mismo que si la derivación se hubiese realizado sin intermediación. El Gobierno vasco, que en su día denunció los hechos cuando gobernaba el PSE-EE, retiró finalmente durante el juicio la petición de reintegro de ese dinero. Su abogado, Javier Otaola, defendió que el servicio se prestó y que, por lo tanto, recuperar esas cantidades sería un “enriquecimiento injusto” de la Administración.

El exconsejero Bengoa, en cambio, matizó que aunque la derivación directa costase lo mismo, 6,8 millones, el coste de la intermediación ha generado un perjuicio en el servicio. “Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario”, enfatizó quien también ha sido asesor en materia sanitaria del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

El portavoz del Gobierno vasco y consejero responsable de los servicios jurídicos, Josu Erkoreka, ha avalado en la sesión de control celebrada este viernes en el Parlamento la estrategia de los abogados de la Administración en el juicio del ‘caso Margüello’, que no aprecian delito en los contratos suscritos por la Sanidad pública con una intermediaria para gestionar las listas de espera y que tampoco entienden que ese servicio supusiera un sobrecoste para las arcas públicas. Erkoreka ha explicado que la posición en el proceso penal viene marcada por los dictámenes de los dos últimos directores de la Oficina de Control Económico del Gobierno (OCE) – “de dos Gobiernos diferentes e ideologías dispares”- que “coincidieron en constatar que no se había producido quebranto económico a la Hacienda vasca”.

El ‘caso Margüello’ surge con la constatación de que Sanidad había contratado ‘a dedo’ en 2006 un servicio de intermediación de la derivación de pacientes en lista de espera en Bizkaia a una empresa recién creada y vinculada al doctor José Carlos Margüello, jefe de Calidad de Cruces y amigo personal del entonces consejero, Gabriel Inclán. Posteriormente, cuando la OCE cuestiona el procedimiento de “emergencia” para tramitar esa adjudicación, la Administración realizó un segundo contrato, de nuevo directo, y que recayó en una UTE controlada de nuevo por esa mercantil, llamada Gestión de Servicios Sanitarios XXI

El Gobierno del PSE-EE, con Rafael Bengoa como consejero de Sanidad, envió el caso a la Fiscalía al entender que la existencia de un intermediario era innecesaria y que o encarecía el servicio final o, si se pagaba el mismo precio, reducía el dinero realmente destinado al paciente, como ha ratificado recientemente en el juicio. El mismo Ejecutivo que denunció, en la actualidad controlado por el PNV, entiende ahora que no existió tal perjuicio económico, como sostienen las defensas de Margüello, de su socia Edurne Fernández y de los dos excargos sanitarios procesados, José Ramón Elorriaga y Rafael Cerdán. El argumento es que los pacientes fueron atendidos y que las tarifas pagadas por las derivaciones fueron las mismas con o sin intermediaria.

Elkarrekin Podemos ha llevado el asunto al pleno del Parlamento al entender que el Gobierno vasco, “como el de Mariano Rajoy”, “se pone al servicio del partido” y protege a “imputados por corrupción”. “Son 7 millones de euros los que nos robó esta gente y el Gobierno no tiene la decencia de pedirles que devuelvan lo que se llevaron”, ha enfatizado la parlamentaria Cristina Macazaga.

Erkoreka ha replicado que los letrados gubernamentales han permanecido “hasta el último minuto” personados en el juicio, aunque también lo han estado en otras siete causas (“dos penales y cinco en lo contencioso-administrativo”) en las que se “perdió”. “Si hay condena no tenga ninguna duda. Si el juez considera que efectivamente se produjo lesión patrimonial, el Gobierno vasco recuperará hasta el último céntimo de euro. No se preocupe, será contundente y claro. Pero con seriedad”, ha expuesto el consejero-portavoz, que ha pedido a la oposición que huya de la “demagogia” en este asunto y que repase un “dossier” jurídico de “127 páginas” que él mismo entregó a la Cámara a petición del PP.

El ‘caso Margüello’ está visto para sentencia, aunque no se conoce la fecha en la que se conocerá la resolución judicial. Sólo la Fiscalía sostiene que los cuatro acusados han de ingresar en prisión, aunque ofreció a última hora una “alternativa” al tribunal que reduce sensiblemente las penas de cárcel de los 39 años inciales (en conjunto) a unos 23. Mantiene, eso sí, que los procesados deben resarcir con 6,8 millones a la Administración autonómica por el quebranto económico que, a su entender, supuso contratar a una empresa del doctor José Carlos Margüello (Gestión de Servicios Sanitarios XXI) para intermediar en la derivación de pacientes en listas de espera.

El 'caso Margüello' ha quedado esta semana visto para sentencia nueve años después de que el diario 'El Mundo' publicara los primeros datos en torno a las presuntas irregularidades en torno a dos contratos millonarios adjudicados por el Departamento de Sanidad para la derivación a clínicas privadas de pacientes en listas de espera de Bizkaia durante la etapa final de Gabriel Inclán (PNV) como consejero. Tras la larga investigación, entrelazada con otros procedimientos judiciales colaterales que no se han saldado con condenas, la causa principal será resuelta en el plazo de, como mínimo, un mes. Se exponen a elevadas penas de prisión cuatro acusados: el doctor José Carlos Margüello, amigo de Inclán y apoderado de Gestión de Servicios Sanitarios XXI -la intermediaria contratada por Sanidad para gestionar las listas de espera-, su socia María Nieves Fernández, señalada como testaferro en las empresas investigadas, y los excargos políticos José Ramón Elorriaga, responsable de Sanidad en Bizkaia que promovió las contrataciones, y Rafael Cerdán, viceconsejero y firmante del primero de los dos expedientes sometidos a escrutinio judicial. Inicialmente la Fiscalía reclamaba 11 años para todos excepto para Cerdán por un doble delito, aunque a última hora ha planteado como “alternativa” que los hechos se interpreten como una sola irregularidad “continuada”, lo que rebajaría la condena a casi la mitad excepto para Cerdán, que se quedaría en una situación similar. A continuación, las cinco claves de este caso.

1 - ¿Por qué 'caso Margüello' y no 'caso Fernández'?

El caso tomó el apellido del doctor José Carlos Margüello, exdirector de Calidad del hospital de Cruces, amigo personal de Inclán y además empresario. Sus firmas contrataban con Sanidad hasta sumar más de 30 millones de facturación en aproximadamente una década desde finales de la década de 1990 y la salida del PNV del Gobierno vasco en 2009. Así describía la situación el exconsejero Rafael Bengoa (PSE-EE), bajo cuyo mandato en 2009 se iniciaron las investigaciones: “Durante 10 años, sobre todo en el período 2004-2007, hay unos procesos de contratación que no siguen la norma y que intentan buscar vías paralelas, más rápidas y más beneficiosas para esas empresas, para asegurar y retener una serie de contratos que no se lanzan a puja pública. Ocurre como un patrón sistemático durante muchísimos años. Un patrón sistemático de prórrogas cada año y también un patrón sistemático de subidas de tarifas muy muy exageradas. Y siempre está el mismo grupo de empresas en este marco contractual. Es evidente que hay una organización y una trama para conseguir estos beneficios”. En los dos contratos concretos objeto de juicio, la beneficiaria fue Gestión de Servicios Sanitarios XXI, una empresa de nueva creación en 2006 y no habilitada como clínica privada que en pocos meses recibió 'a dedo' (procedimiento de emergencia) la misión de intermediar entre Osakidetza y los centros concertados para derivar pacientes. Margüello era el titular de apenas el 1% de las participaciones y la administradora formal era María Nieves Fernández. En el juicio él se ha presentado como simple “asesor” en la empresa y ha tratado de establecer que el día a día era cosa de “la señorita Edurne”, como se han referido varias personas a la gestora. Su abogado, Javier Beramendi, ha llegado a decir que el principal imputado era “el último mono” en este asunto. Margüello, en cambio, tenía amplios poderes en la compañía hasta el punto de que él mismo firmó con la clínica San Francisco Javier de Bilbao el acuerdo de derivación. Su sobrina era una de las administrativas de Gestión de Servicios Sanitarios XXI.

2 - ¿Era necesario el contrato?

Uno de los debates más acalorados durante el juicio es si estos contratos, que tuvieron un coste de 6,8 millones de euros, eran realmente necesarios. ¿Aportaba algo Gestión de Servicios Sanitarios XXI a la atención sanitaria? Las defensas han insistido en que la compañía ofreció a Sanidad algo “novedoso”, un plantel de médicos para poder atender un pico de demanda en Osakidetza. Esta intermediaria contrataba a los profesionales y éstos intervenían a los enfermos inicialmente en la San Francisco Javier y fruto del segundo contrato en la Clínica Indautxu. Esta fórmula, sin embargo, no se ha empleado ni antes ni después en las concertaciones con centros privados, que se hacen directamente entre Osakidetza y las clínicas sin necesidad de terceros. Los testigos de la acusación, singularmente Bengoa, han calificado de “innecesario” el papel de Gestión de Servicios Sanitarios XXI. ¿Qué aportaba una empresa sin experiencia, sin recursos y sin habilitación médica en la gestión de las listas de espera? ¿No se podía haber firmado el concierto directamente con San Francisco Javier o con Indautxu? Algunos de ellos han hablado de que no era más que una “agencia de viajes”. El que fuera 'número dos' de Bengoa, el actual diputado socialista Jesús María Fernández, deslizó incluso que se comprometió la “seguridad clínica” de los pacientes al ceder sus historiales a la “agencia” de Fernández y Margüello.

3 - ¿Se ha perdido dinero con la operación?

Es, sin duda, el asunto mollar del juicio. La Fiscalía reclama a los acusados que devuelvan solidariamente los 6,8 millones que costaron esos dos contratos (Cerdán sólo el 25% del primero de ellos, valorado en 1,9). Los imputados alegan que la Administración no sufrió ningún quebranto porque el servicio le costó lo mismo que si la derivación se hubiese realizado sin intermediación. Han aportado testigos que aseguran que Gestión de Servicios Sanitarios XXI no obtuvo grandes beneficios de esta operación y han incidido en que los precios de los procesos médicos se ajustaron a los máximos regulados en las órdenes oficiales de tarifas. El Gobierno vasco, que en su día denunció los hechos, ha retirado finalmente durante el juicio la petición de reintegro de ese dinero. Su abogado, Javier Otaola, defendió que el servicio se prestó y que, por lo tanto, recuperar esas cantidades sería un “enriquecimiento injusto” de la Administración. El exconsejero Bengoa, en cambio, matizó que aunque la derivación directa costase lo mismo, 6,8 millones, el coste de la intermediación ha generado un perjuicio en el servicio. “Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario”, enfatizó en un 'cara a cara' con Beramendi, abogado de Margüello y de su socia, así como de Elorriaga. En todo caso, en el juicio no se ha calculado el porcentaje que se quedó la intermediaria para poder medir el efecto real de estas contrataciones y los acusados ven exagerado que se les haga responsables de todo el coste del contrato, incluido el del servicio médico.

4 - ¿Fueron contrataciones ilegales?

Mucho se ha discutido también sobre la forma en que se realizaron las contrataciones. La primera de ellas, la de 2006, se ejecutó por el procedimiento de emergencia, reservado en la normativa para catástrofes o incluso para asuntos de seguridad nacional. La Oficina de Control Económico (OCE) afeó 'a posteriori' este procedimiento, lo que motivó el segundo de los contratos. Las defensas han alegado que la propia OCE autorizó un año antes contratos similares en Sanidad y han recalcado que había una situación crítica en Osakidetza y, en concreto, en Bizkaia, que había de ser solucionada con celeridad. La gripe de 2006 -han repetido hasta la saciedad- retrasó otros procesos médicos y, además, el Gobierno aprobó un nuevo decreto para garantizar la atención en unos tiempos máximos. Elorriaga, responsable de Sanidad en la provincia, habló incluso de “escándalo” social para justificar la necesidad de buscar una solución de emergencia al colapso de los quirófanos y consultas vizcaínos. Fue el propio Elorriaga el que detalló en su comparecencia en el juicio que, tras las dudas de la OCE, se planteó una nueva contratación del servicio de gestión de las listas de espera en Bizkaia. En esta segunda ocasión se convocó un concurso público inicialmente, pero luego de nuevo se optó por la vía directa mediante un procedimiento “negociado sin publicidad” que benefició a una UTE de Gestión de Servicios Sanitarios XXI con la clínica Indautxu, el nuevo destino de las derivaciones en sustitución de San Francisco Javier, y una tercera mercantil vinculada igualmente a Margüello, Rehabilidom. Con un tope de 200.000 euros, finalmente la UTE obtuvo casi 5 millones de este contrato mediante una sucesión de ampliaciones. ¿La justificación de Elorriaga? “Habrá empresas privadas que llevan 45 años prestando servicios con prórrogas anuales…. Al proveedor hay que facilitarle su existencia y consolidarle para que sea un fiel servidor”, manifestó.

5 - ¿Tiene el caso un componente político?

El letrado Javier Beramendi es un fijo en los casos mediáticos con cargos públicos implicados en Euskadi. Últimamente está siendo protagonista en el 'caso De Miguel' como defensor de Xabier Sánchez Robles -acusado igualmente de contrataciones irregulares en los años 2006-2009- y ha participado en otros muchos procesos. No sorprendió por ello que en su alegato final, además de las conclusiones meramente jurídicas, introdujera el componente político. Mirando al tribunal -presidido por Alfonso González Guija- habló de causa “inquisitorial” y pidió que se ponga fin a un “calvario” de casi una década de duración. Sugirió que todo el caso es una venganza del PSE-EE contra el PNV en un momento muy concreto, en plena polémica por la salida de Juan José Ibarretxe tras el pacto con el PP para desalojar al PNV del poder. Aludió incluso que los socialistas devolvieron a los nacionalistas el golpe por la investigación que en su día probó que tanto el PSE-EE como la UGT manipularon una OPE de Osakidetza para colocar a su gente. “Es una lucha política a la antigua que se sirve en plato frío”, espetó Beramendi. El 'caso Margüello', en efecto, enfrentó políticamente al PNV con el entonces Gobierno socialista. Los 'jeltzales' criticaron duramente la labor de la comisión de investigación del Parlamento y se llegó a promover un comunicado de apoyo a Margüello, Inclán y el resto de implicados. Aquel manifiesto fue firmado por, entre otros, el actual consejero Jon Darpón. Durante el juicio -y aunque ambos partidos comparten ahora Ejecutivo de coalición- los principales apoyos de la Fiscalía han sido Bengoa y Fernández, ambos excargos socialistas. De hecho, uno de los pocos desmarques del PSE-EE con su socio en el Parlamento en lo que va de legislatura fue una votación en la que los socialistas se unieron a la oposición para exigir al Gobierno que recuperara hasta la última peseta en el juicio.

El juicio por el denominado 'caso Margüello', en el que se han investigado las posibles irregularidades en la externalización de las listas de espera de Osakidetza durante el período 2006-2009, ha quedado este viernes a las 15.09 horas visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Bizkaia. La última de las vistas, como es costumbre, se ha cerrado dando por última vez la palabra a los acusados. Sólo uno ha hecho uso de la prerrogativa. Ha sido el exresponsable de Sanidad en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, que se ha equivocado al proclamar su inocencia y ha acabado diciendo justo lo contrario: “Éramos una trama organizada”. Sólo la Fiscalía sostiene ese argumento y exige penas de prisión contra los cuatro imputados, aunque ha ofrecido a última hora una “alternativa” al tribunal que reduce sensiblemente las penas de cárcel de los 39 años inciales (en conjunto) a unos 23. Mantiene, eso sí, que los procesados deben resarcir con 6,8 millones a la Administración autonómica por el quebranto económico que supuso contratar a una empresa del doctor José Carlos Margüello (Gestión de Servicios Sanitarios XXI) para intermediar en la derivación de pacientes en listas de espera. El directamente afectado, el Gobierno vasco, ha “retirado” cualquier exigencia económica al entender que el perjuicio patrimonial “no ha quedado acreditado en el juicio” porque los pacientes fueron debidamente atendidos y no hubo sobrecostes en el servicio.

El fiscal José Manuel Ortiz, a pesar de que en el juicio ha mantenido un perfil bajo, se ha apoyado en las pruebas del sumario para dar por constatado el fraude de 6,8 millones, que son la suma de los 1,9 de un primer contrato 'a dedo' por el procedimiento de emergencia a Gestión de Servicios Sanitarios XXI y de los casi 5 millones de uno segundo que recayó en la misma mercantil aunque esta vez en UTE con otras sociedades. El nuevo procedimiento se articuló por los reparos legales que se detectaron en el primero.

Según Ortiz, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, como intermediaria y sin tener licencia de clínica privada, “no aportaba nada a la gestión de salud”. “Es un artificio, un intermediario que se queda con parte de los fondos”, ha enfatizado para remarcar el “carácter innecesario y finalidad fraudulenta” de estas adjudicaciones promovidas por Elorriaga desde la Delegación de Bizkaia. Están imputados también el que fuera viceconsejero de Sanidad Rafael Cerdán, que firmó el primero de los dos contratos, y María Nieves Fernández, admistradora de las empresas de Margüello y a la que se acusa de testaferro del doctor, que era alto cargo del hospital de Cruces y amigo personal del consejero de Sanidad de la época, Gabriel Inclán (PNV). “Ese dinero público nunca debió salir del sistema vasco de salud”, ha recalcado el fiscal en sus conclusiones a pesar de aceptar como alternativa a la petición inicial de penas (11 años de prisión excepto para Cerdán, 6) una rebaja de casi la mitad de años de cárcel al acceder que en vez de dos delitos de malversación, prevaricación y fraude, uno por contrato, se produjo solamente uno aunque “continuado” en el tiempo para beneficiar a la trama de Margüello.

Como ya se intuía desde el inicio de las vistas, el Gobierno vasco ha dejado solo al ministerio fiscal en sus acusaciones. Su letrado, Javier Otaola, asume que la “posición” del Ejecutivo es “un poco delicada”. Con el PSE-EE en Lakua, fue el propio Departamento de Sanidad el que denunció los hechos ante la Justicia. El exconsejero socialista Rafael Bengoa ha ratificado su creencia en que hubo irregularidades manifiestas durante su declaración en el juicio. Pero la posición del Gobierno actual es que la investigación y el juicio “no han podido acreditar un daño real y efectivo” a las arcas públicas. Según Otaola, la intermediación no hizo que no se atendieran a los pacientes y el servicio se ajustó a las tarifas máximas fijadas para la concertación de servicios. “Esto justifica nuestra retirada y nos retiramos”, ha argumentado Otaola. 

El abogado de Margüello, Fernández y Elorriaga, Javier Beramendi, ha interesado del tribunal que preside Alfonso González Guija “una sentencia absolutoria que ponga fin a esta irracionalidad”. “Intereso de ustedes que pongan fin a este calvario”, ha abundado. A su juicio, “tiene bemoles” que se incrimine en este caso a Margüello cuando era “el último mono” en unas empresas dirigidas formalmente por su socia Fernández. En efecto, Margüello apenas tenía una pequeña participación societaria, pero constaba en el Registro Mercantil que tenía poderes y, además, él firmó con la clínica San Francisco Javier de Bilbao el contrato para derivar los pacientes que recibía Gestión de Servicios Sanitarios XXI de las listas de espera de Osakidetza. Su sobrina era una de las administrativas.

Según Beramendi, el 'caso Margüello' es poco menos que una venganza política del Gobierno del PSE-EE. Ha acusado abiertamente a Bengoa y a su equipo de “inflar” las acusaciones cuando ha quedado patente que había listas de espera en Bizkaia sobre las que actuar, que los pacientes fueron atendidos y que, además, no se produjo “ni una sola queja” por la supuesta mala calidad de la atención.

El único imputado con otro abogado ha sido Cerdán, implicado sólo en el primero de los contratos. Su letrado, Joanes Labayen, ha defendido también la absolución del exviceconsejero porque firmó un contrato que tenía todo los parabienes de los técnicos y cargos políticos que le asesoraban. “Aquí no hay nada reprochable por parte del señor Cerdán”, ha remarcado. Igualmente, ve excesivo reclamar que se devuelvan los 6,8 millones que costaron los conciertos sanitarios. En todo caso, habría que haber fijado en el juicio la cantidad concreta que elevó la factura la intermediación de la mercantil investigada o cuánto se pudo haber ahorrado si se hubiera realizado un concurso público y no una adjudicación 'a dedo'.

El doctor Rafael Bengoa conoció “un día antes” de acceder al cargo de consejero de Sanidad, en mayo de 2009, las presuntas irregulares en torno a los contratos para la derivación de pacientes en lista de espera de Bizkaia, que recayeron en la empresa intermediaria Gestión de Servicios Sanitarios XXI, vinculada a un conocido directivo del hospital de Cruces, José Carlos Margüello. Esta empresa sin personal médico ni instalaciones sólo se encargaba de trasladar a los enfermos a clínicas privadas. Casi la primera decisión de Bengoa fue encargar una investigación interna que concluyó que era “innecesario” este servicio de intermediación, que costó 6,8 millones de euros. Según ha declarado en la sesión del juicio del 'caso Margüello' de este lunes el exconsejero por el PSE-EE, con experiencia en la Organización Mundial de la Salud e incluso como asesor de Barack Obama, estas anomalías administrativas sólo pueden explicarse por la existencia de una “trama” para “conseguir beneficios”. El dinero público, ha apostillado, “se quedó en el camino” y se perjudicó la atención a los pacientes.

Bengoa ha comparecido finalmente en la tercera sesión de este proceso en el que además de Margüello se sientan en el banquillo María Nieves Fernández, la administradora formal de las mercantiles vinculadas al doctor, y dos excargos del PNV en Sanidad, el director territorial en Bizkaia, Rafael Elorriaga, y el viceconsejero Rafael Cerdán. El consejero entre 2009 y 2012 estaba citado para el pasado martes pero se hallaba de viaje en Brasil. La citación le fue enviada a un despacho profesional antiguo y recepcionada por una persona contra la que “actuará” la Audiencia Provincial de Bizkaia. Según ha explicado el presidente del tribunal del 'caso Margüello', Alfonso González Guija, esa persona mostró una “clara falta de colaboración” para localizar al exconsejero, lo que ha provocado el retraso hasta el 27 de abril de un juicio que iba a quedar visto para sentencia el pasado jueves.

El testigo más importante de la Fiscalía, por su peso político, ha señalado que Osakidetza tiene capacidad para “gestionar desde dentro” las listas de espera. “No hacía falta intermediar entre la Administración y los prestadores [clínicas privadas]”, ha asegurado recordando que ni en su mandato ni en el actual de Jon Darpón, de nuevo del PNV, se recurre a este tipo de empresas.

Esa empresa intermediaria era Gestión de Servicios Sanitarios XXI. Se creó en febrero de 2006, un mes antes de que el consejero en aquel momento, Gabriel Inclán, aprobara un decreto para agilizar los tiempos de espera en Osakidetza y que incluía plazos máximos para atender a los pacientes. Esa nueva garantía ciudadana entró en vigor en julio y en junio, a través de un procedimiento de “emergencia”, Elorriaga y Cerdán autorizaron una adjudicación 'a dedo' a la firma en la que Margüello tenía apenas el 1% de las acciones pero sí un importante peso interno. Rondó los 1,8 millones. Gestión de Servicios Sanitarios XXI quedó eximida de la autorización sanitaria al ser simplemente una gestora que luego derivaba a los enfermos a los facultativos que tenía conveniados. Como esa adjudicación fue cuestionada por la Oficina de Control Económico del Gobierno, se convocó un concurso aunque luego se volvió a suspender para repetir la contratación con la intermediaria, ahora en UTE con la Clínica Indautxu. Aquella tenía un tope de 0,2 millones de euros pero con las prórrogas costó alrededor de 5.

“Nadie más se presentaba a las licitaciones”

Las pesquisas internas, ha precisado Bengoa, pusieron de manifiesto que Margüello tenía intereses también en otras empresas como Rehabilidom o Medical Dom. Desde 1996 todas las sociedades relacionadas con el hoy acusado sumaron 30 millones en contratos. “Durante 10 años, sobre todo en el período 2004-2007, hay unos procesos de contratación que no siguen la norma y que intentan buscar vías paralelas, más rápidas y más beneficiosas para esas empresas, para asegurar y retener una serie de contratos que no se lanzan a puja pública. Ocurre como un patrón sistemático durante muchísimos años. Un patrón sistemático de prórrogas cada año y también un patrón sistemático de subidas de tarifas muy muy exageradas. Y siempre está el mismo grupo de empresas en este marco contractual. Es evidente que hay una organización y una trama para conseguir estos beneficios”, ha señalado el exconsejero preguntado por la Fiscalía. Y ha añadido: “Hay una especie de pared de silencio, nadie se presenta a las licitaciones”.

Acompaña al ministerio público como “acusación” el propio Gobierno vasco. El abogado de la institución que promovió la investigación sobre este asunto, Javier Otaola, ha formulado apenas dos preguntas a Bengoa. En ellas ha buscado del exalto cargo una ratificación pública de que los contratos con las empresas de Margüello no generaron un quebranto económico para las arcas públicas.

En la misma línea ha enfocado su interrogatorio Javier Beramendi, letrado de Margüello, Fernández y Elorriaga. Ha sido un cuestionario muy duro en el que el penalista apenas quería que Bengoa se saliera del 'sí' o el 'no'. Por momentos ha podido cuestionar su gestión política al frente de Sanidad hasta que el presidente del tribunal le ha cortado porque Bengoa no era ni mucho menos el acusado. “Para mí la única forma de cuestionar su validez es preguntándole cómo ha tomado otras decisiones que van en contra de lo que está exponiendo”, se ha justificado Beramendi.

Éste ha sido el momento más tenso:

-¿Abrió el Tribunal de Cuentas del Estado responsabilidades por alcance contable?

-No he oído hablar de eso.

-¿Conoce usted que las tarifas a Gestión de Servicios Sanitarios XXI y a la UTE eran las mismas que las del resto de empresas concertadas?

-Las tarifas eran para poder prestar el servicio, no para que se retenga algo el intermediario.

-Pero, ¿costaba un euro más sí o no?

-Podré contestar algo más que sí o no, ¿verdad? Si hay dinero público de por medio, no queremos que los impuestos acaben en una situación intermediaria. Los impuestos deberían haber ido enteros para la actividad médica final. Insiste en que la suma final es la misma... Sí, pero se iba quedando dinero en el camino y, por lo tanto, hay un impacto negativo sobre los pacientes al final.

-Pero se cobraba lo mismo en San Juan de Dios que en Gestión de Servicios Sanitarios XXI.

-Eso es bien interesante. Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario.

-No lo entiendo. ¿Qué dinero llega al paciente?

-¿No lo entiende? Al paciente le llegan unos servicios con el dinero del pagador. Si parte se está usando para intermediar unas listas de espera es evidente que llega menos dinero al prestador final.

-Al mismo coste para la Administración...

-Pero con impacto negativo para el paciente.

-Yo no lo entiendo.

El juez González Guija ha cortado este cruce de comentarios reprochando la actitud de Beramendi. “Lo ha explicado dos o tres veces. Otra cosa es que no le satisfaga la respuesta”, ha terciado, pese a lo cual, la siguiente pregunta retórica del letrado ha sido nuevamente “¿Cuál es el perjuicio económico?”.

Bengoa también ha calificado de “muy irregular” que Osakidetza cediera a Gestión de Servicios Sanitarios XXI la custodia de historias clínicas, documentos confidenciales y extremedamente sensibles. El exconsejero ha revelado que, debido a la falta de medios de la empresa intermediaria, inicialmente se guardaban “en un piso”. Más adelante los propios imputados reconocieron que quedaron almacenadas en la clínica San Francisco Javier, donde realmente se trataba a los pacientes.

La Fiscalía no interroga a Inclán

Además de Bengoa, el 'caso Margüello' ha recibido la visita de su predecesor, Gabriel Inclán. El exconsejero por el PNV, amigo personal del principal imputado y responsable de Sanidad cuando se produjeron las presuntas irregularidades, ha tenido un paso fugaz por la Audiencia de Bizkaia. “Mi amistad no me impide decir la verdad”, ha puntualizado al principio de su comparecencia para luego añadir sobre su posible influencia para que Margüello accediera a contratos: “Ni un ápice más para los amigos y ni un ápice menos para los enemigos”.

Llamado por Beramendi, las defensas han convocado a Inclán para explicar que Euskadi y, concretamente Bizkaia, vivían a finales de 2005 una situación de “emergencia” en cuanto al incremento de las listas de espera que justificaban un actuación urgente para derivar pacientes a la Sanidad privada. “Cuando hay personas esperando, nuestra obligación era atenderlas”, ha indicado. Es la misma versión que defendieron los imputados en su declaración.

El exconsejero ha añadido que las clínicas ya concertadas de Bizkaia estaban “en su tope” para justificar que la Administración se fijara en Gestión de Servicios Sanitarios XXI, que ofertaba un plantel de médicos para atender las derivaciones -que en el fondo o eran de Osakidetza o de otras clínicas-. “La contratación de emergencia no significa que es ilegal. Es otra forma de legalidad. Tomaron la decisión más apropiada para hacerlo lo antes posible”, ha destacado Inclán sobre la adjudicación urgente de 2006. Ha añadido que las tarifas que se pagaron a esta empresa no fueron un “capricho” sino dentro de los máximos fijados para todas las clínicas y que “nunca hubo una queja” en relación al servicio de gestión de las listas de espera.

Sólo los abogados defensores han aprovechado la presencia de Inclán en el juzgado. La Fiscalía no ha formulado ni una sola pregunta, ni siquiera incidir en si su relación con Margüello tuvo relación con los hechos investigados. El fiscal José Manuel Ortiz ya sorprendió la pasada semana al dedicar apenas 11 minutos al interrogatorio del principal acusado. El ministerio público solicita once años de cárcel contra todos los imputados excepto para Cerdán, a quien rebaja la petición a seis años porque no participó en la segunda adjudicación a la UTE en la que participa Gestión de Servicios Sanitarios XXI.

El juicio del 'caso Margüello', en el que se analizan las presuntas irregularidades en dos contratos para la derivación a la Sanidad privada de pacientes de Osakidetza en lista de espera valorados en 6,8 millones de euros, no está dando los frutos esperados por la Fiscalía. Si en la primera jornada su interrogatorio al principal acusado, el doctor José Carlos Margüello, apenas duró 11 minutos y prácticamente se limitó a 'no sés' y 'no me constas', en la segunda el gran titular ha sido la ausencia del testigo más significativo de la acusación, el exconsejero de Sanidad por el PSE-EE, Rafael Bengoa, quien bajo su mandato ordenó revisar los expedientes de contratación de sus predecesores con empresas vinculadas a Margüello, que es amigo íntimo del anterior titular de Sanidad con el PNV, Gabriel Inclán.

Bengoa no ha participado en la sesión de este martes del juicio ya que se halla de viaje en Brasil. Fuentes de su entorno explican que el exconsejero “no recibió la citación” para comparecer como testigo en tiempo y forma, ya que fue remitida a un despacho profesional en el que hace años que no trabaja. No es el primer caso en que la Justicia es incapaz de localizar a una persona de relevancia pública en los últimos meses. Bengoa no regresará de su viaje hasta la próxima semana y el tribunal, presidido por el magistrado Alfonso González Guija, ha comunicado este miércoles que la citación se traslada finalmente al próximo 26 de marzo, día en el que se realizará también parte de la prueba testifical propuesta por las defensas, según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia vasco. El resto de la prueba testifical y las conclusiones del juicio quedan para el 27 de abril, como estaba previsto.

El ‘caso Margüello’ surge precisamente al poco de tomar posesión Bengoa en mayo de 2009. Su equipo, al levantar alfombras, detectó que las empresas vinculadas al amigo de Inclán habían obtenido más de 30 millones en contratos sanitarios entre 1996 y 2008. El doctor era jefe clínico en la unidad de Calidad de Cruces, un cargo menor. Pero en paralelo gestionaba varias compañías a pesar de la posible incompatibilidad. Entre ellas se puso el foco en Gestión de Servicios Sanitarios XXI, que no tenía más plantilla que dos administrativas. En ella Margüello sólo poseía el 1% del capital social y el 99% era de su socia María Nieves Fernández, aunque una de las empleadas era hermana del facultativo y él era apoderado.

En 2006, apenas unos pocos meses después de constituirse y con base en un decreto para reducir las listas de espera, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, que tenía que buscar médicos externos y conveniar el uso de una clínica privada, recibió 'a dedo' un contrato para la gestión de las derivaciones de pacientes a una clínica privada. Para ello, se activó un procedimiento de “emergencia” que evitó sacar a concurso la licitación, valorada en alrededor de 1,9 millones. Como ese contrato recibió un informe negativo de la Oficina de Control Económico, se reformuló dos años después mediante un sistema “negociado sin publicidad” que benefició a otra UTE controlada por Gestión de Recursos Sanitarios XXI. Aquel contrato tenía un máximo de 200.000 euros pero acabó elevándose hasta rozar los 5 millones.

No ha comparecido Bengoa en el juicio pero sí su 'número dos', Jesús María Fernández, actualmente diputado socialista en el Congreso. El que fuera viceconsejero de Sanidad ha asegurado que “no estaba justificaba” la contratación de una intermediaria para gestionar las listas de espera. Ha explicado que con anterioridad y después de ese contrato Osakidetza ha contratado directamente con las clínicas. “Nunca se había hecho antes, ni nunca se ha hecho después y que no está justificado”, ha señalado. La investigación ha puesto de manifiesto que Gestión de Servicios Sanitarios XXI se quedaba con un porcentaje por su labor de coordinación que oscilaba entre el 5% y el 20%. Fernández no se ha quedado ahí y ha declarado que esas contrataciones irregulares “pusieron en riesgo la salud, la atención sanitaria y la seguridad clínica”, según informa Europa Press.

Fernández, ante la ausencia de Bengoa, se ha convertido en el principal apoyo de la Fiscalía para lograr las condenas propuestas para los imputados -el viceconsejero Rafael Cerdán y el director en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, por firmar las adjudicaciones irregulares y el doctor Margüello y su testaferro María Nieves Fernández-. Ha dado también algún detalle de cómo se gestó este caso en 2009 y ha destacado el trabajo investigador previo del diario 'El Mundo'.

Fernández ordenó una primera investigación interna “por la publicación en un periódico de una serie de informaciones sobre casos de estas adjudicaciones, irregulares según el periódico”. Ese trabajo se lo encomendó a Xabier Elexpe, quien también ha comparecido este martes ante la Audiencia Provincial de Bizkaia, y a otra funcionaria. Sus conclusiones “reafirmaban todos los hechos que se habían publicado” por lo que se empezaron a tomar medidas laborales, administrativas y también políticas (una comisión de investigación en el Parlamento vasco).

“Se abrió expediente administrativo y se demostró que había habido una presunta autorización ilegal para concertar y contratar a la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI y se solicitó un informe de la comisión jurídica asesora del Gobierno vasco que declaró nula de pleno derecho la autorización”, ha explicado sobre la empresa aparentemente controlada por Margüello, que en días antes de recibir la contrata para la derivación de las listas de espera fue declarada exenta de obtener la homologación que requieren las clínicas privadas.

El diputado del PSOE por Navarra, Jesús Mari Fernández, ha asegurado que él “siempre” ha sido partidario de votar 'no' a la investidura de Mariano Rajoy, si bien ha precisado que “lo que haga en el futuro dependerá de lo que decidamos colectivamente en el Partido Socialista” tras la crisis que ha acabado con la dimisión de Pedro Sánchez como líder del partido y el nombramiento de una comisión gestora. Una gestora en el que no hay ningún representante del PSN.

“Quienes rompieron con la dirección e hicieron que el secretario general tuviera que cesar tendrán que decir ahora qué es lo que quieren y cómo lo argumentan, cómo lo comunican y cómo lo defienden frente a las bases del Partido Socialista que hoy, desde luego en Navarra y en muchas autonomías, están en el 'no' al PP”.

Según el diputado navarro, “queda mucho por decidir”. “Lo que hubo en el Comité Federal del PSOE fue una disputa sobre cómo resolver la dirección del partido en este momento. No se habló en ningún momento de cuál va a ser la postura sobre la gobernabilidad de España. Ahora toca hablar de eso y ahí decidiremos todos juntos”.

Jesús Mari Fernández ha reconocido que el sábado fue “un día triste, ha sido una crisis del PSOE que ha tenido una solución que no convence a todos los que formamos parte del partido, pero las crisis son así”. “Ahora hay que hacer frente a esta nueva situación, tenemos que seguir debatiendo, discutiendo, cómo nos organizamos, qué decisiones políticas tomamos respecto a la gobernabilidad de España. Obviamente ahora no tenemos una respuesta”, ha asegurado.

“Esto”, ha añadido en referencia al polémico cónclave, “ no es ni muchísimo menos una ruptura del PSOE, es un cambio de rumbo, pero seguiremos unidos, no tengo ninguna duda”, ha asegurado.

Sobre la situación del partido en Navarra, Jesús Mari Fernández ha destacado que existe una “unidad completa tanto a nivel de Ejecutiva como de Comité Regional, y ese es el principal valor que tenemos hoy en día, que es la unidad del PSN, tanto de sus dirigentes como de todas las bases”, haciendo referencia así al acuerdo de los socialistas navarros para que el PSOE intentara un Gobierno “alternativo” en España y votara 'no' a Rajoy.

Jesús María Fernández Díaz (Pamplona, 1957) es el cabeza de lista del PSN al Congreso de los Diputados. Pese a su larga trayectoria en el partido, parece aún un desconocido para el electorado al no haber estado en primera línea política. Fernández, médico, con una amplia trayectoria vinculada a la gestión sanitaria como, por ejemplo, exasesor del consejero de Sanidad del Gobierno Vasco entre 1991 y 1995, exdirector general de Salud en Navarra (1995) y exintegrante del gobierno de Patxi López en Euskadi (2009 a 2012), sustituye ahora a Juan Moscoso, que después de tres legislaturas en el Congreso no optará al puesto. Fernández insiste en que por parte de Moscoso se trata de un paso “razonable” tras tanto tiempo y más en un partido que ahora busca la “renovación” y más cercanía con los problemas de la ciudadanía. Fernández repasa aquí algunos de los principales.

¿A qué atribuye que el PSN haya confiado su cabeza de lista a alguien que, hasta el momento, no había estado en primera línea política?

Es fruto de lo que el Partido Socialista está buscando para estas elecciones generales al configurar las listas: renovación, capacidad y talante para conectar con los problemas de la ciudadanía. Si uno mira mi carrera profesional, creo que se ve la vocación pública en los gobiernos en los que he estado en Euskadi y Navarra, con mi empresa de consultoría sobre políticas públicas centradas en servicios de salud… Que no haya tenido cargos de representación política es otra cosa.

¿Y por qué han pensado en usted (lo ha propuesto la Ejecutiva del partido)?

Por mi vinculación a Navarra y mi experiencia en todos los temas que tienen que ver con la política sanitaria.

¿Cómo valora la situación del Servicio Navarro de Salud?

Navarra ha perdido una oportunidad enorme en los últimos veinte años de continuar siendo vanguardia en los servicios sanitarios públicos. Tiene unas listas de espera que no se justifican para su nivel de gasto sanitario, tenemos un grado de obsolescencia tecnológica muy importante, la capacidad investigadora está muy por debajo de capacidad, no se han hecho las planificaciones de infraestructuras adecuadas, los últimos años han sido un derroche de centros médicos que o bien no han terminado de construirse o bien se han reorientado a otras funciones que no eran las previstas. Y hablo de las urgencias, el edificio central de laboratorios, el centro de alta resolución que se iba a hacer en la comarca de Pamplona…

Sin embargo, en las encuestas de valoración, la Salud navarra siempre está a la cabeza.

Sí, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en la valoración que hace la Federación de Asociaciones de Defensa de la Salud Pública [se refiere al informe que, en 2015, situó a Euskadi, Navarra, Aragón y Asturias como las comunidades con mejores servicios sanitarios] incorpora, y con mucho peso, ratios de equipamientos sanitarios por población en los que incluyen los equipamientos de la sanidad privada. Por eso creo que Navarra, de una manera errónea, sale en esos puestos de cabeza.

Volviendo a su elección, ha defendido que el partido buscaba a personas conectadas con los problemas de la ciudadanía. ¿La vida pública desconecta a la clase política de ellos?

Es evidente que estamos en un nuevo tiempo político, hay que ver lo que se dice en las encuestas sociológicas y lo abierto que está el mapa electoral. La ciudadanía pide más cercanía, más sensibilidad a los problemas, más trasparencia, y personas que vengan a la política por vocación y no por interés. Yo no digo que en el pasado no fuera así, pero es evidente que hay que esforzarse por volver a conectar.

El precedente de las elecciones forales quizá no sea el mejor para el PSN.

Todo el mundo sabe que las elecciones generales y las forales son diferentes, y el Partido Socialista normalmente obtiene mejores resultados en las primeras. Y, por otro lado, posiblemente ya no se den las grandes mayorías que se han dado en el pasado, hay más oferta electoral y esto reduce el apoyo de los partidos mayoritarios. Pero los ciudadanos saben, y creo que así van a responder, que hoy el juego es mantener al PP u optar por un cambio que solo puede dirigir el PSOE.

Tras la confesión de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, asegurando que cobraba comisiones del 3% en nombre de Bárcenas y el PP, y la detención del extesorero de Convergència, Daniel Osácar, también por presuntas comisiones del 3%, llama la atención la coincidencia en esa cifra. ¿Qué impresión tiene ante estas revelaciones? ¿La campaña electoral augura nuevos sobresaltos?cobraba comisiones del 3%la detención del extesorero de Convergència

La corrupción es incompatible con nuestro modelo de sociedad y de convivencia. Por eso, en nuestro programa llevamos medidas para ahondar en transparencia, lucha contra la corrupción y contra el fraude y siempre rechazaremos cualquier actuación contraria no solo a la legalidad sino a la ética pública. También es fundamental profundizar en la cuestión de la financiación de los partidos y las campañas porque los socialistas defendemos la política limpia.

También quería preguntarle por su candidato. ¿Ve al PSOE agrupado en torno a Pedro Sánchez?

Le veo como la persona más adecuada para liderar este tiempo nuevo que piden los españoles. Tiene entusiasmo, capacidad, conocimiento y talante, y la legitimidad de que ha sido respaldado en unas Primarias por la mayoría del Partido Socialista.

¿Con quién puede pactar el Partido Socialista si necesita esos apoyos para gobernar?

Creo que el Partido Socialista está en el centro izquierda y, por tanto, tiene fronteras prácticamente con todos los partidos que están en la oferta electoral. ¿Con quién será mejor? Dependerá de los programas electorales y de los resultados.

Llama la atención que hable del centro izquierda porque, en ese viaje al centro, los partidos pueden olvidarse de algunas de sus señas de identidad.

El Partido Socialista está en política económica y social donde está la socialdemocracia europea. Apostamos por ser responsables financieramente, cumplir nuestros compromisos, y por un crecimiento económico que sea con igualdad, que es la gran diferencia con la derecha.

Al hablar de derogar la reforma laboral, Pedro Sánchez ha reconocido que no piensa en recuperar todo el alcance de las indemnizaciones por despido.ha reconocido

Lo peor de la reforma laboral del Partido Popular fue la ruptura de la negociación colectiva, o que la decantaba muy a favor de las empresas. La indemnización por despido será fruto de la negociación. Pero también queremos, por ejemplo, que haya contratos temporales para puestos temporales, y no que se utilicen para cubrir contratos que son indefinidos.

En el debate sobre el Convenio Económico, ¿en el PSOE todos van a una al defender ese sistema navarro? Porque ha habido representantes de otras autonomías que sí lo han cuestionado.sí lo han cuestionado

Sin ninguna duda. Lo ha reafirmado Pedro Sánchez y está escrito en la declaración de Granada. El Partido Socialista reconoce la singularidad de Navarra y su régimen fiscal. Que haya comunidades autónomas que plantean el nivel de solidaridad que tiene nuestra aportación al Estado tiene que ver con la situación de la financiación autonómica, que ha estado sin revisar durante los últimos años y que, junto a la crisis, ha llevado a una situación económica complicada a muchas autonomías. Por lo tanto, el Convenio está garantizado, y hay que abordar un nuevo modelo de financiación autonómica.

¿El resultado de las generales puede afectar al juego de apoyos políticos en Navarra?

Esa es una pregunta para la presidenta del Gobierno de Navarra. Ella decidió la conformación del gobierno que existe y ella tendrá que decidir qué hace si hay un cambio en el Gobierno de España.

Pero la abstención del PSN en la investidura de Barkos dejaba una puerta abierta.la abstención del PSN

El PSN tiene aspiración de cambio, como en España, y este se produce cuando se gobierna. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, pero en este caso Geroa Bai desde un comienzo definió con qué grupos políticos quería negociar y lo llevó adelante. Nosotros estamos en la oposición, y estamos en una oposición constructiva. Llevaremos nuestras propuestas, como estamos haciendo, y por ejemplo el segundo pleno monográfico del Parlamento de Navarra será sobre empleo, pero ya sabe que el primero será sobre el derecho a decidir por iniciativa del gobierno cuatripartito. Eso marca las diferencias.

María Chivite reconoció que al PSN le pasó factura haber tenido la oportunidad de quitar a UPN del Gobierno y no haberlo hecho. ¿Cómo lo ve usted?le pasó factura

Yo me presento ahora a las elecciones generales, y para debatir los temas sobre la configuración del gobierno de Navarra están mis compañeros del PSN. Es verdad que los problemas que tuvo el anterior Gobierno de Navarra, que en una parte mínima de la legislatura estuvo formado por una alianza con el Partido Socialista, han tenido un impacto en el apoyo al partido, pero la falta de éxito de ese gobierno es achacable al comportamiento político de UPN. No se puede hacer un acuerdo con el Partido Socialista y después aliarse con el PP para apoyar todo lo que ha sido la gestión popular en España, y poco después echar al vicepresidente navarro [Roberto Jiménez, exsecretario general del PSN] sin dar una justificación razonable.