Cenas de 700 o 500 euros, o de 360 para dos personas, y reintegros de hasta 500 euros semanales con la tarjeta de Vaersa són los dispendios por los que un juzgado de València investiga a Felipe Espinosa, exdirector de esta empresa pública (Valenciana de aprovechamiento energético de residuos). La investigación se ha producido tras presentar una denuncia la Fiscalía provincial por uso fraudulento del dinero público, mientras que Vaersa se ha presentado como acusación popular.

Según explican medios como Valencia Plaza o Levante-EMV las investigaciones se centran en la última legislatura de Francisco Camps como president de la Generalitat, entre 2007 y 2011. Las investigaciones indagan extracciones de dinero en efectivo por valor de más de 45.000 euros, en operaciones en cajeros automáticos realizadas en su mayor parte en fines de semana. Además, del total de gastos de esas tarjetas, 138.525 euros, el informe destaca, por ejemplo, que 12.000 euros se abonaron en un mismo restaurante por 89 comidas, 65 de ellas en sábado o domingo.

Otro de los puntos oscuros de estas prácticas, que la defensa de Espinosa afirma que se incluían dentro de sus funciones de trabajo, ha sido la opacidad de los nombres de las personas a las que invitaba el exdirectivo, pese a su obligatoriedad de que quedasen registrados, además de producirse algunas de ellas en fines de semana, presumiblemente fuera de su horario laboral.

Ya inhabilitado

Pero Felipe Espinosa ya está condenado por su gestión al frente de Vaersa por otros asuntos anteriores, por lo que está inhabilitado por 18 años para el desempeño de cargo público. Este inhabilitación se le impuso tras el acuerdo al que llegaron la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat.

Esta condena se separa en dos piezas diferentes. Una inhabilitación de 8 años por comprar irregularmente 67 vehículos todoterreno -algunos de ellos de alta gama, con un precio de 60.000 euros-, dando el visto bueno a una compra que vulneraba la Ley de contratos del Sector Público.

Los otros 10 años de inhabilitación fue por autorizar el pago de 1,8 millones de euros en sobresueldos a directivos de vaersa también en la legislatura 2007-2011, pagos que hizo sin autorización del gobierno valenciano.

La consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, estudiará con los sindicatos de Vaersa las opciones de futuro y los pros y contras de las posibles formas jurídicas de la empresa pública, así como mejoras para los trabajadores, en primer lugar los que tienen condiciones más desfavorables.

Cebrián se ha pronunciado así en 'Los Desayunos de EFE en el Colegio de Abogados de Valencia', un día después de la destitución del director general de Vaersa, Vicent García, acordada por el consejo de administración de la empresa, presidida por la consellera y en el que su vicepresidente y secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, votó en contra.

La consellera ha afirmado que en un contexto de situaciones “muy complicadas”, se han tomado “decisiones duras” en las que las opiniones son diversas y “el voto libre” y surgen discrepancias en la gestión, pero ha descartado que por su parte vaya a afectar al funcionamiento de la Conselleria. “Por mi parte, desde luego, no”, ha dicho Cebrián.

“Todo el mundo opina, es el funcionamiento normal de un consejo de administración, todo se escucha y se vota, y plantearlo como un conflicto no tiene sentido”, ha manifestado en relación al voto contrario de Álvaro a la destitución del director de Vaersa.

Preguntada por el sustituto de Vicent García, Cebrián ha reconocido que se han dado un tiempo para recibir propuestas, ver currículos, la formación, la experiencia y el compromiso de la persona que desempeñará el cargo, y mientras tanto el subdirector de Vaersa se hará cargo de la gestión y el director general de Residuos asumirá la parte que le corresponda, para garantizar la continuidad del trabajo.

Se pretende desarrollar “una gestión más eficiente” a partir de un modelo “bien estudiado” de las posibles nuevas formas jurídicas que se plantearán en la nueva ley del sector público que está en elaboración.

Crecimiento “errático”

“Estamos gestionando al tiempo que tenemos que reconstruir el gran aparato administrativo que estaba muy perjudicado, con falta de personal y un crecimiento errático acompañado de un vaciamiento de personal de la Conselleria”, que se está intentando recuperar con Hacienda y Justicia y teniendo en cuenta la “rigidez y el tope de personal que impone el Ministerio”, ha expuesto.

Cebrián, que este jueves se reúne con los sindicatos de Vaersa, quiere hacer partícipes a los representantes de los trabajadores de las propuestas para “poner en orden” la gestión de la empresa, incluida la aprobación de la relación de puestos de trabajo, “inexistente hasta ahora”, y así dar soluciones al personal y empezar a mejorar por los grupos de trabajadores “más desfavorecidos”.

En la reunión, previa a la huelga en Vaersa convocada para este próximo viernes, tratará con los sindicatos la reordenación de la estructura de un servicio “imprescindible” que cuenta con empleados “muy especializados”.

Situación “heredada” y “muy complicada”

La consellera ha insistido en que la situación de Vaersa, “heredada”, es “muy complicada” y presenta “graves problemas” de gestión tanto desde el ámbito contable como del personal, por lo que al responsable de la empresa pública se le exige “la mayor lealtad, colaboración, compromiso y comunicación” con la consellera y presidenta de Vaersa, ha señalado.

Ha explicado la destitución de Vicent García como una “pérdida de confianza” derivada de la gestión y de los problemas de comunicación, que han tenido como “detonante” unas declaraciones del exdirector que “ponen en duda” a Cebrián a raíz de la convocatoria de la huelga.

“Hacía falta un viraje”, ha asegurado la consellera, quien ha reconocido el esfuerzo del director y la “valentía” necesaria para asumir “una situación tan difícil, de caos en muchas instituciones” y en un contexto financiero de la Generalitat complicado.

Lucha contra la Xylella

En cuanto a las actuaciones de Vaersa relacionadas con la Xylella, Cebrián ha anunciado que se han aprovechado las encomiendas existentes a Vaersa y la empresa estatal Tragsa para atender con urgencia la lucha contra esta bacteria, sin sustituirlas ni “tirar a ningún trabajador para favorecer a nadie”.

En el caso de la encomienda de Vaersa de las analíticas en laboratorio, se ha ampliado en cinco trabajadores; y Tragsa se encarga de las encomiendas de prospección en campo y la destrucción de árboles.

Vicent García ja no és director general de Vaersa després que el consell d'administració de l'empresa pública de la Generalitat Valenciana haja acordat la seua destitució (amb set vots a favor, tres en contra i una abstenció). Així, mentre la consellera de Medi Ambient, Elena Cebrián (Compromís), ha votat a favor de la destitució, el secretari autonòmic, Julià Álvaro (Els Verds), ha advocat per la seua continuïtat.

El consell d'administració ha acordat també que l'actual sotsdirector, Benjamí Maceda, assumisca de forma provisional la direcció, fins al nomenament del nou director general.

El cessament es produeix després que en els últims dies es feren públiques algunes crítica de Vicent García sobre la presumpta inacció i retards de la conselleria d'Agricultura, de la qual depèn Vaersa, en la presa de decisions d'assumptes relacionats amb el departament.

Els motius, tal com ha relatat la consellera, “la successió de queixes rebudes de diferents persones, col·lectives o individualment, i una sèrie de situacions que han posat de manifest una mancança de coordinació i l'evidència d'una falta de lleialtat i per tant una pèrdua de confiança”. Així, Cebrián ha fet referència a les concentracions i vagues convocades pels treballadors de l'empresa pública i a “tot el que es va dir” (per part de García) sobre aquest tema: “Un director d'una empresa pública no pot desacreditar públicament al conseller”.

Decisió “dura i difícil”

Es tracta d'una decisió “dura i difícil” que es va traslladar al consell d'administració, ha assegurat la consellera, qui també ha reconegut “els serveis prestats, el treball realitzat i la valentia que ha tingut” García en una empresa “sobredimensionada” quant a plantilla, una “falta de control” sobre les polítiques de personal i amb uns problemes laborals “enormes”.

En aquest punt, ha recordat que la societat no té una Relació de Llocs de treball aprovada des de 2006, amb contractacions irregulars.

No obstant açò, ha cridat l'atenció sobre la necessitat d'unes relacions entre la direcció de l'empresa i la conselleria i el consell d'administració “clares, transparents i coordinades” per a resoldre els problemes “en matèria laboral” que tenen els treballadors de Vaersa.

Vicent García ya no es director general de Vaersa después de que el consejo de administración de la empresa pública de la Generalitat Valenciana haya acordado su destitución (con siete votos a favor, tres en contra y una abstención). Así, mientras la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián (Compromís), ha votado a favor de la destitución, el secretario autonómico, Julià Álvaro (Els Verds), ha abogado por su continuidad.

El consejo de administración ha acordado también que el actual subdirector, Benjamín Maceda, asuma de forma provisional la dirección, hasta el nombramiento del nuevo director general.

El cese se produce después de que en los últimos días se hicieran públicas algunas crítica de Vicent García sobre la presunta inacción y retrasos de la conselleria de Agricultura, de la que depende Vaersa, en la toma de decisiones de asuntos relacionados con el departamento.

Los motivos, tal y como ha relatado la consellera, “la sucesión de quejas recibidas de distintas personas, colectivas o individualmente, y una serie de situaciones que han puesto de manifiesto una falta de coordinación y la evidencia de una falta de lealtad y por tanto una pérdida de confianza”. Así, Cebrián ha hecho referencia a las concentraciones y huelgas convocadas por los trabajadores de la empresa pública y a “todo lo que se dijo” (por parte de García) al respecto: “Un director de una empresa pública no puede desacreditar públicamente al conseller”.

Decisión “dura y difícil”

Se trata de una decisión “dura y difícil” que se trasladó al consejo de administración, ha asegurado la consellera, quien también ha reconocido “los servicios prestados, el trabajo realizado y la valentía que ha tenido” García en una empresa “sobredimensionada” en cuanto a plantilla, una “falta de control” sobre las políticas de personal y con unos problemas laborales “enormes”.

En este punto, ha recordado que la sociedad no tiene una Relación de Puestos de Trabajo aprobada desde 2006, con contrataciones irregulares.

No obstante, ha llamado la atención sobre la necesidad de unas relaciones entre la dirección de la empresa y la conselleria y el consejo de administración “claras, transparentes y coordinadas” para resolver los problemas “en materia laboral” que tienen los trabajadores de Vaersa.

“Realment no hi havia un ionqui dels diners, sinó una epidèmia de ionquis”, va clamar el president de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, en la seua intervenció parlamentària de la setmana passada. El cap del govern autonòmic va usar l’expressió popularitzada per Marcos Benavent, imputat estrela del cas Imelsa, en referència a l’empresa Vaersa, arran d’una pregunta del portaveu de Compromís, Fran Ferri, sobre l’últim dels escàndols que s’hi van esdevenir: l’ús pels seus directius, en l’època del PP, de targetes de crèdit per a “lucre personal”, segons la mateixa Intervenció de la Generalitat.

Aquesta empresa no va ser l’única, però sí la més gran i la que s’ha guanyat més sentències que posen en evidència el seu funcionament tan irregular. Mitjançant l’ús de societats del sector públic empresarial de la Generalitat, els governs valencians del PP van organitzar una mena d’“Administració paral·lela”. Unes quantes sentències judicials han determinat des del 2014 que Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (Vaersa), una entitat semblant a l’estatal Tragsa i que s’ha vist immersa en diversos casos de corrupció, va incórrer en “cessió il·legal de treballadors” a conselleries amb competències en agricultura, medi ambient i urbanisme.

Com va alertar la mateixa Intervenció General de la Generalitat ja en l’època d’Alberto Fabra de president, personal de Vaersa va exercir durant anys, en les mateixes dependències oficials, tasques exclusives de funcionaris en matèries com la redacció d’informes urbanístics, les autoritzacions ambientals i altres documents i dictàmens que han d’estar subjectes a la imparcialitat i objectivitat que se suposa als tècnics amb plaça específica en l’Administració pública.

Això es va fer a través dels anomenats “encàrrecs de gestió”, que els governs dels temps de Francisco Camps, singularment, van utilitzar per a conformar autèntiques “conselleries paral·leles”. Va ocórrer amb la construcció de col·legis, que es va derivar a l’empresa Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (Ciegsa), investigada actualment en el cas Taula perquè, pretesament, es van cobrar comissions il·legals en les obres que va promoure. També amb l’anomenada Agència Valenciana de Prestacions Socials, SA (Avapsa), que va gestionar l’avaluació de sol·licituds per a l’aplicació de la Llei de dependència, amb una falta d’agilitat que a la Comunitat Valenciana va acumular un retard considerable. I va ocórrer amb Vaersa.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que dirigeix actualment Vicent Marzà, fa esforços importants per a recompondre la seua estructura administrativa per a la construcció de col·legis, desmantellada en gran manera com a contrapartida a l’encàrrec d’aqueixa funció a Ciegsa. La vicepresidenta del Govern valencià i consellera d’Igualtat, Mónica Oltra, ha engegat un procés per a dotar de manera suficient el sistema de tramitació de les ajudes a la dependència, els avaluadors de la qual vol situar a les mans dels ajuntaments, com més prop millor dels beneficiaris, mentre desmunta l’estructura d’Avapsa. De la seua banda, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que dirigeix Elena Cebrián, ha heretat una situació en què hi ha quasi tant de personal en la “conselleria paral·lela” com en la genuïna.

Empresa enorme davant de conselleria raquítica

Vaersa, que també s’ha accidentat judicialment a l’hora d’emprendre expedients de regulació d’ocupació, té en aquests moments encara uns 1.200 treballadors, segons dades del departament. En contrast, la Conselleria té 1.650 empleats públics, fet que suposa només el 81,1% de la seua plantilla. Aqueix 19% de vacants en la seua estructura (384 llocs) la situa com el departament amb la proporció més alta de places sense cobrir en la delmada Administració valenciana. “És un problema greu, perquè es tracta d’una proporció molt alta per a una conselleria menuda”, assenyalen fonts del departament.

Revertir la situació no serà fàcil, però el govern del Pacte del Botànic (que van signar el PSPV-PSOE, Compromís i Podem, encara que aquesta última formació es limita al suport parlamentari) pretén tornar múscul a l’Administració autonòmica.

De Gürtel a les targetes, passant per la visita del papa

Mentrestant, encara es ventilen en els tribunals els excessos del sistema que va implantar el PP. Vaersa té l’honor tan dubtós de ser el primer departament amb què va contractar la trama Gürtel a València, amb Rafael Blasco, hui a la presó per un frau en les ajudes de cooperació i que anys després va ser titular de la cartera de Solidaritat i Ciutadania. Per això, uns quants antics responsables de l’empresa figuren entre els imputats en la peça de Gürtel que investiga els contractes menors de la Generalitat amb la trama.

En una altra peça de Gürtel, la de la visita del papa Benet XVI a València el 2006, també hi ha una ramificació en Vaersa, empresa en què la policia va trobar el 2015 proves de la desviació de diners (més de mig milió d’euros) des de la fundació que va organitzar aquell esdeveniment, en un cas pel qual està imputat Juan Cotino, en aquell moment conseller d’Agricultura i, doncs, responsable de Vaersa.

Per si això no fóra prou, l’exdirector de Vaersa Felipe Espinosa Bolaño va ser condemnat al juliol del 2016 a 8 i 10 mesos d’inhabilitació, respectivament, per la compra irregular de 67 tot terrenys, alguns dels quals de gamma alta, i el pagament de sobresous a directius entre els anys 2007 i 2011 sense l’autorització del Consell. En ambdós casos, l’exdirector va acordar amb la Fiscalia la conformitat, és a dir, es va declarar culpable.

La investigació sobre irregularitats en Vaersa, no obstant això, està oberta, entre altres coses pel pagament pretesament irregular de serveis d’assessoria a un despatx d’advocats. Tot just haver arribat a la Generalitat, el nou govern del Botànic va formular denúncia davant de la fiscalia, des de la nova direcció de Vaersa, contra el que n’havia estat director general. Un jutjat de València es va fer càrrec de l’assumpte i la Generalitat es va personar com a perjudicada en la causa.

En el marc d’aqueixa investigació judicial, un informe de la Intervenció General de la Generalitat ha revelat que directius de Vaersa, com l’exdirector ja condemnat, van usar entre el 2006 i el 2015 targetes de crèdit de l’entitat per a traure quantitats de diners en efectiu per valor de més de 45.000, en operacions en caixers automàtics fetes majoritàriament en caps de setmana. Del total de despeses d’aqueixes targetes, 138.525 euros, l’informe destaca, per exemple, que 12.000 euros es van pagar en un mateix restaurant per 89 àpats, 65 dels quals en dissabte o diumenge. La Intervenció conclou que aquestes actuacions “suposen un lucre personal dels subjectes que van dur a terme aquestes conductes en perjudici de l’entitat en què prestaven serveis i haurien de donar lloc a l’exigència de responsabilitat en la via corresponent, i poden, fins i tot, ser constitutives d’actuacions penals”.

Així s’ha obert l’últim episodi en el desastre de la gran conselleria paral·lela, el d’unes targetes “black”, que, encara que no foren opaques, sí que es van usar per a fins diferents a què estaven destinades.

“Realmente no había un yonqui del dinero sino una epidemia de yonquis”, clamó el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, en su intervención parlamentaria de la semana pasada. El jefe del gobierno autonómico usó la expresión popularizada por Marcos Benavent, imputado estrella del caso Imelsa, en referencia a la empresa Vaersa, a raíz de una pregunta del portavoz de Compromís, Fran Ferri, sobre el último de los escándalos sucedidos en ella: el uso por sus directivos, en la época del PP, de tarjetas de crédito para “lucro personal”, según la propia Intervención de la Generalitat.

Esta empresa no fue la única, pero sí la más grande y la que ha cosechado más sentencias que ponen en evidencia lo irregular de su funcionamiento. Mediante el empleo de sociedades del sector público empresarial de la Generalitat, los gobiernos valencianos del PP organizaron una especie de “Administración paralela”. Diversas sentencias judiciales han determinado desde 2014 que Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (Vaersa), una entidad similar a la estatal Tragsa y que se ha visto inmersa en varios casos de corrupción, incurrió en “cesión ilegal de trabajadores” a consellerías con competencias en Agricultura, Medio Ambiente y Urbanismo.

Como alertó la propia Intervención General de la Generalitat ya en la época de Alberto Fabra de presidente, personal de Vaersa ejerció durante años, en las propias dependencias oficiales, tareas exclusivas de funcionarios en materias como la redacción de informes urbanísticos, las autorizaciones ambientales y otros documentos y dictámenes que deben estar sujetos a la imparcialidad y objetividad que se supone a los técnicos con plaza específica en la Administración pública.

Eso se hizo a través de las denominadas “encomiendas de gestión”, que los gobiernos de los tiempos de Francisco Camps, singularmente, utilizaron para conformar auténticas “consellerías paralelas”. Ocurrió con la construcción de colegios, que se derivó a la empresa Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA (Ciegsa), actualmente investigada en el caso Taula porque supuestamente se cobraron comisiones ilegales en las obras que promovió. También con la denominada Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, SA (Avapsa), que gestionó la evaluación de solicitudes para la aplicación de la Ley de Dependencia, con una falta de agilidad que en la Comunidad Valenciana acumuló un retraso considerable. Y ocurrió con Vaersa.

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, que dirige actualmente Vicent Marzà, hace esfuerzos importantes por recomponer su estructura administrativa para la construcción de colegios, desmantelada en buena medida como contrapartida a la encomienda de esa función a Ciegsa.

La vicepresidenta del gobierno valenciano y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha puesto en marcha un proceso para dotar suficientemente el sistema de tramitación de las ayudas a la dependencia, a cuyos evaluadores quiere situar en manos de los ayuntamientos, lo más cerca posible de los beneficiarios, mientras desmonta la estructura de Avapsa. Por su parte, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, que dirige Elena Cebrián, ha heredado una situación en la que hay casi tanto personal en la “conselleria paralela” como en la genuina.

Empresa enorme frente a consellería raquítica

Vaersa, que también se ha accidentado judicialmente a la hora de emprender expedientes de regulación de empleo, tiene en estos momentos todavía unos 1.200 empleados, según datos del departamento. En contraste, la conselleria cuenta con 1.650 empleados públicos, lo que supone sólo el 81,1% de su plantilla. Ese 19% de vacantes en su estructura (384 puestos) la sitúa como el departamento con la proporción más alta de plazas sin cubrir en la diezmada Administración valenciana. “Es un problema grave porque se trata de una proporción muy alta para una conselleria pequeña”, señalan fuentes del departamento.

Revertir la situación no va a ser fácil, pero el gobierno del Pacto del Botánico (que firmaron el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos, aunque esta última formación se limita al apoyo parlamentario) pretende devolver músculo a la Administración autonómica.

De Gürtel a las tarjetas, pasando por la visita del Papa

Mientras tanto, todavía se ventilan en los tribunales los excesos del sistema que implantó el PP. Vaersa tiene el dudoso honor de ser el primer departamento con el que contrató la trama Gürtel en Valencia, con Rafael Blasco, hoy en prisión por un fraude en las ayudas de cooperación cuando años después fue titular de la cartera de Solidaridad y Ciudadanía. Por eso, varios antiguos responsables de la empresa figuran entre los imputados en la pieza de Gürtel que investiga los contratos menores de la Generalitat con la trama.

En otra pieza de Gürtel, la de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, también hay una ramificación en Vaersa, empresa en la que la policía halló en 2015 pruebas del desvío de dinero (más de medio millón de euros) desde la fundación que organizó aquel evento, en un caso por el que está imputado Juan Cotino, en aquel momento conseller de Agricultura y, por tanto, responsable de Vaersa.

Por si eso no fuera suficiente, el exdirector de Vaersa Felipe Espinosa Bolaños fue condenado en julio de 2016 a 8 y 10 meses de inhabilitación, respectivamente, por la compra irregular de 67 todoterrenos, algunos de ellos de alta gama, y el pago de sobresueldos a directivos entre 2007 y 2011 sin la autorización del Consell. En ambos casos, el exdirector acordó con la fiscalía la conformidad, es decir, se declaró culpable.

La investigación sobre irregularidades en Vaersa, sin embargo, permanece abierta, entre otras cosas por el pago supuestamente irregular de servicios de asesoría a un despacho de abogados. Nada más llegar a la Generalitat, el nuevo gobierno del Botánico formuló denuncia ante la fiscalía, desde la nueva dirección de Vaersa, contra el que fuera director general. Un juzgado de Valencia se hizo cargo del asunto y la Generalitat se personó como perjudicada en la causa.

En el marco de esa investigación judicial, un informe de la Intervención General de la Generalitat ha revelado que directivos de Vaersa, como el exdirector ya condenado, usaron entre 2006 y 2015 tarjetas de crédito de la entidad para extraer cantidades de dinero en efectivo por valor de más de 45.000, en operaciones en cajeros automáticos realizadas en su mayor parte en fines de semana. Del total de gastos de esas tarjetas, 138.525 euros, el informe destaca, por ejemplo, que 12.000 euros se abonaron en un mismo restaurante por 89 comidas, 65 de ellas en sábado o domingo.

La Intervención concluye que estas actuaciones “suponen un lucro personal de los sujetos que llevaron a cabo dichas conductas en perjuicio de la entidad en la que prestaban servicios y deberían dar lugar a la exigencia de responsabilidad en la vía correspondiente, pudiendo incluso ser constitutivas de actuaciones penales”.

Así se ha abierto el último episodio en el desastre de la gran conselleria paralela, el de unas “tarjetas black”, que aunque no fueran opacas sí que se usaron para fines distintos a los que estaban destinadas.

El pleno del Consell ha analizado el informe de la Intervención General de la Generalitat (IGG) sobre los gastos en compras y servicios exteriores realizados en Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) entre enero de 2006 y junio de 2015, con el Partido Popular al frente de la Generalitat Valenciana.

Al inicio de la presente legislatura, la nueva dirección de Vaersa comenzó ya a analizar la gestión económico-financiera precedente.

El informe de la intervención se ha centrado, de forma particular, en verificar que los gastos efectuados por los titulares de tarjetas de crédito y débito de la mercantil responden al desempeño de funciones propias del cargo o a tareas relacionadas directamente con la entidad. También se ha examinado la existencia o inexistencia de contratos de auditoría, asistencia o asesoramiento jurídico prestados a la mercantil.

Denuncia ante la Fiscalía

La información recogida en el documento forma parte de las diligencias judiciales abiertas sobre la actuación del que fue director de Vaersa entre agosto de 2007 y julio de 2011.

El 13 de octubre de 2015, Vaersa denunció ante la Fiscalía la gestión del director. En octubre de 2016, la Abogacía de la Generalitat designó el letrado que representa actualmente a la empresa pública, en su condición de perjudicada, como acusación particular en las diligencias previas seguidas en un juzgado de Valencia.

La investigación de la IGG revela que, durante el periodo objeto de análisis, se efectuaron gastos con cargo a cuentas de Vaersa, empleando tarjetas de crédito de la empresa como medio de pago por parte de dos directores generales anteriores, por importe global de 138.525 euros. De ellos, 45.265 euros fueron extracciones en efectivo a través de diversos cajeros automáticos.

Gastos sin justificar

El informe señala que se extrajeron 22.665 euros en 48 operaciones de cajero. La IGG apunta que este tipo de operaciones, “salvo que se justifique debidamente la imposibilidad de emplear en determinados comercios las tarjetas como medio de pago, constituye un acto de lucro que causa un perjuicio a la entidad”.

En cuanto a compras abonadas con las tarjetas de crédito, la mayor parte corresponde a gastos de restauración. En particular, la IGG llama la atención de que en el periodo examinado se gastaron más de 12.000 euros en un mismo restaurante en 89 ocasiones, de ellas 65 en sábado o domingo.

Se apuntan asimismo gastos cuya relación con las funciones propias de su cargo “es muy dudosa o inexistente”, tales como concesionarios de coches, grandes almacenes y otros comercios, así como una estación de esquí. También ocupan un lugar destacado miles de euros destinados a repostaje de gasolina “contabilizados como dietas o gastos de representación, cuando dentro de la entidad existía un procedimiento y una cuenta para la contabilización de este tipo de gastos”.

El informe de la Intervención analiza, por último, la contratación de servicios profesionales de auditoría o asesoramiento jurídico, sin que haya constancia de que se hubieran obtenido en la contratación de estos servicios la pertinente autorización previa del Abogado General de la Generalitat.

Exigencia de responsabilidad

Concluye Intervención de la Generalitat que determinadas actuaciones, y en particular la extracciones de efectivo, salvo justificación documental suficiente en contrario, deberían dar lugar a la exigencia de responsabilidad en la vía correspondiente, “pudiendo ser constitutivas de actuaciones penales”. También se recomienda exigir el reintegro de las cantidades extraídas de no existir soporte documental que lo justifique.

Entre las actuaciones llevadas a cabo por la actual dirección de Vaersa, en noviembre de 2016 envió por correo certificado un escrito a reclamando la justificación de las actuaciones detectadas o, en su defecto, el reintegro de las cantidades indebidamente dispuestas. También remitió el mismo escrito por burofax. En ningún caso obtuvo respuesta.

Dos condenas en apenas de 24 horas para el exdirector de la empresa de gestión de residuos Vaersa. El Juzgado lo Penal número 7 de Valencia ha condenado a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa a su exdirector, Felipe Espinosa, por autorizar el pago del complemento de productividad de más de 1,8 millones de euros a varios trabajadores entre los años 2007 y 2011 sin el visto bueno del Consell.

Se trata de una sentencia de conformidad fruto de un acuerdo entre el acusado y la Fiscalía. El juicio, celebrado el lunes, cierra una de las piezas separadas del llamado 'caso Vaersa' que investiga el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia. El acusado admitió los hechos y se declaró culpable, ha detallado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La sentencia de Penal 7 considera probado que en 2007 el ahora condenado actuó “al margen de la legalidad y sabedor de las disposiciones vigentes en la materia”, ya que, “pese al apercibimiento recibido y sin contar con la autorización del Consell, el acusado, en el ejercicio de sus funciones como director general autorizó repartir con cargo a los fondos públicos la cantidad de 367.475,75 euros”.

Esa práctica irregular se repitió año tras años. “Durante el ejercicio 2008, la dinámica de los hechos fue en esencia la misma”, señala la resolución judicial, según la cual Espinosa repartió casi 416.000 euros.

En 2009, “de forma contumaz y persistente”, el entonces director de Vaersa “volvió a repartir graciosamente, en perjuicio de los fondos públicos que manejaba”, cerca de 478.000 euros de los que más de 15.000 “fueron a su patrimonio”.

La sentencia mantiene que Espinosa “siguió instalado en la más absoluta ilegalidad” en 2010, año en el que “inmune” a “la situación económica desastrosa que provocó la reducción de salario a empleados públicos” volvió a repartir “nada menos” que 501.707 euros, de los que incorporó a su patrimonio más de 14.000.

Año tras año -señala la resolución judicial que ha cobrado firmeza tras la confesión por parte del acusado y su renuncia a recurrir- “se obviaron de forma consciente el resto de trámites administrativos necesarios”.

Como consecuencia de estas prácticas ilegales, el que fuera director de Vaersa repartió casi 1,8 millones de euros en sobresueldos en concepto de productividad entre los trabajadores. Él percibió más de 25.000 euros de esos fondos. Sólo devolvió 5.000 cuando su sucesor al frente de la empresa, Enrique Simó, que también fue procesado por estos hechos, le reclamó el reintegro.

Condenado por la compra de 67 todoterrenos de lujo

Se da la circunstancias que el mismo lunes, Espinosa fue juzgado en Penal 11 y condenado a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa tras haber reconocido que, siendo director de Vaersa autorizó la compra de 67 vehículos todoterreno al margen de la Ley de Contratos de la Administración Pública.

Lo hizo, según recoge la sentencia, a sabiendas de que estaba actuando al margen de la legalidad tanto en la forma en que se hizo la contratación (sin iniciar el correspondiente expediente administrativo y sin someterlo a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y confidencialidad) como en el fraccionamiento final de los contratos para eludir el control de otros departamentos de la sociedad.

Esta también fue una sentencia de conformidad como consecuencia del acuerdo entre la defensa del acusado, la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat.

En esta pieza también estuvo investigado -imputado, según la antigua denominación de la Lecrim- Simó, pero la instructora no llegó a procesarle al no hallar indicios de su participación en los hechos.

En el 'caso Vaersa', Instrucción 15 investiga desde junio de 2014 a dos exdirectores de esta empresa pública, (Enrique Simó y Felipe Espinosa Bolaños), a la exdirectora de recursos humanos, Ana Bayarri y al abogado Vicente Bru, imputados en distintas piezas separadas por delitos de prevaricación y malversación relacionados con el pago de sobresueldos, irregularidades en la contratación de vehículos y el pago de minutas millonarias a un abogado sin mediar contrato.

Las dos primeras piezas se han sustanciado con condenas para Espinosa Bolaños. La causa, en ambas piezas, ha concluido en sobreseimiento para Enrique Simó, que continúa investigado en la pieza principal.

La causa contra Simó, archivada

En la causa también había sido procesado por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos Enrique Simó, que sucedió a Espinosa en la dirección de la empresa pública. La Fiscalía, sin embargo, rehusó acusar a Simó, motivo por el que la magistrada de Instrucción 15 tuvo que acordar recientemente el sobreseimiento, explican desde el TSJ.

Con anterioridad, la jueza sobreseyó la causa respecto de la exconsejera delegada y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, que fue imputada después de que uno de los exdirectores afirmara que ella había autorizado verbalmente el abono de los sobresueldos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha procesado al exdirector general de la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) Felipe Espinosa Bolaños como presunto autor de un delito continuado de prevaricación en la compra de 67 todoterrenos de forma irregular.

En un auto dado a conocer el viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juez da por finalizada la fase de instrucción y abre un plazo de diez días para que la fiscalía y las acusaciones personadas formulen escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral, o bien soliciten el sobreseimiento de la causa.

En otro auto del mismo juzgado, el instructor ha acordado el sobreseimiento provisional y parcial de la causa respecto a Enrique Simó Arnau, director general de Vaersa entre 2011 y 2014, por el delito de malversación de caudales públicos del que estaba acusado.

Respecto a Espinosa Bolaños, director de Vaersa entre 2007 y 2011, el auto indica que en abril de 2010 Vaersa inició un procedimiento abierto para comprar 60 vehículos todoterrenos por importe máximo de 1,38 millones de euros (sin iva), al que únicamente se presentó la mercantil British Car, del grupo Ibérica, con una oferta de 1,33 millones de euros (sin iva).

No obstante, entre julio y octubre de 2010, Vaersa, al margen de la legislación de contratos del sector público y a sabiendas de su vulneración, adquirió 64 vehículos todoterrenos mediante siete contratos de arrendamiento financiero por importe global de 1,44 millones de euros (sin iva). Esta compra, realizada a la mercantil British Car, se realizó pese a haber iniciado meses antes el procedimiento para la compra de 60 vehículos, que finalmente Vaersa declaró desierto.

Además, en mayo de 2010 Vaersa compró otros tres vehículos todoterreno a Imperauto, también al grupo Ibérica, por un importe global de 79.275 euros.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha concluido la instrucción de una de las piezas separadas del “Caso Vaersa” y ha acordado el procesamiento de los dos exdirectores de esta empresa púbica dependiente de la Generalitat Valenciana por autorizar el pago del complemento de productividad de más de 1,8 millones de euros a varios trabajadores entre los años 2007 y 2011 sin el visto bueno del Consell.

Según el auto de Procedimiento Abreviado, que pone fin a la instrucción y deja la causa preparada para la celebración de juicio, concurren “indicios racionales” de que Felipe Espinosa y Enrique Simó podrían haber cometido un delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa por “las irregularidades cometidas en el abono de la productividad a los empleados de la entidad pública Vaersa (…) vulnerando la legalidad vigente”.

Lo hicieron, señala la resolución, “con conciencia plena de la ausencia de autorización por parte del Consell para proceder al abono correspondiente, tal y como exigen las leyes de presupuestos anuales de la Generalitat Valenciana”. La instructora, siempre según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, explica que en el ejercicio 2007, el entonces director general, Espinosa, adoptó la decisión de repartir con cargo a los fondos públicos de la entidad 367.000 euros entre diferentes empleados.

Lo hizo, según recoge el auto, “pese a no contar con la debida autorización del Consell (…), presuntamente a sabiendas de que no existía dicha autorización, actuando al margen de la legalidad vigente y con conciencia plena de ello y con perjuicio para las arcas públicas”. De la misma manera actuó en 2008, cuando repartió 416.00 euros; en 2009 el importe ascendió a 478.000 y en 2010 distribuyó 502.000.

La misma práctica la mantuvo en 2011 la persona que le sucedió en la dirección de la empresa, Enrique Simó, que repartió con cargo a los fondos públicos más de 62.000 euros. Los dos exdirectores fueron perceptores de esos fondos repartidos de forma supuestamente irregular. Espinosa cobró cerca de 60.000 euros. Simó, 48.000.

El auto de procedimiento abreviado pone fin a la instrucción y supone dar traslado al fiscal para que diga si procede el archivo de la causa, la apertura de juicio oral o la práctica de diligencias complementarias. En el supuesto de que el Ministerio Público entienda que debe celebrarse juicio porque hay indicios de delito, presentará el correspondiente escrito de acusación, en el que realiza un relato de cómo cree que sucedieron los hechos y concreta el delito que imputa al acusado y la pena que solicita para él. Cumplimentado este trámite, la instructora dictará auto de apertura de juicio oral y dará traslado de la acusación del fiscal a los abogados de los acusados para que, a su vez, presenten sus escritos de defensa.

Sobreseida la presidenta de la CHJ

Además del auto de Procedimiento Abreviado, la magistrada instructora, ha dictado otro auto en el que acuerda sobreseer la causa respecto de la exconsejera delegada y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Maria Ángeles Ureña, que fue imputada después de que uno de los exdirectores afirmara que ella había autorizado verbalmente el abono de los sobresueldos.

La jueza considera que los hechos supuestamente delictivos “se produjeron al margen de cualquier tipo de intervención por parte de la señora Ureña Guillém, al no haberse podido vislumbrar ningún tipo de participación en los hechos objeto de imputación”.

En el “Caso Vaersa”, Instrucción 15 investiga desde junio de 2014 a dos exdirectores de esta empresa pública, (Enrique Simó y Felipe Espinosa Bolaños), a la exdirectora de recursos humanos, Ana Bayarri y al abogado Vicente Bru, imputados en distintas piezas separadas por delitos de prevaricación y malversación relacionados con el pago de sobresueldos, irregularidades en la contratación de vehículos y el pago de minutas millonarias a un abogado sin mediar contrato.

Los líos de Vaersa

Vaersa, la empresa medioambiental de la Generalitat, ha hecho varias regulaciones de empleo con sentencias judiciales en contra. Uno de los directores ahora procesados, Felipe Espinosa, gastó 1.300 euros en dos comidas un 9 d'Octubre en Segovia y Zamora. El otro exdirector procesado, Enrique Simó, gastó 23.000 euros en un coche de lujo público meses después de su dimisión.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que investiga el 'Caso Vaersa', ha desestimado la petición de dos exdirectivos de la empresa pública, investigados en la causa, para que la mercantil dependiente de la Generalitat pagara sus fianzas a través del seguro de responsabilidad civil profesional suscrito por la misma con la compañía Mapfre.

La jueza, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, impuso en el mes de enero 500.000 euros de fianza a Felipe Espinosa Bolaños, y 50.000 euros a Enrique Simó Arnau, ambos exdirectores de la firma, para hacer frente al pago de las responsabilidades civiles a las que tendrían que hacer frente en el supuesto de que fueran condenados por los delitos de prevaricación y malversación por los que están imputados en estas diligencias. La instructora considera que estos delitos tienen carácter doloso y por tanto están excluidos de la cobertura del seguro suscrito por Vaersa.

A este respecto, la magistrada explica que el delito de malversación de caudales públicos es un delito “eminentemente doloso”. Supone, añade la jueza, “la causación de un menoscabo al patrimonio del Estado y se lesiona la confianza depositada en aquellas personas que, bien por razón de su cargo, bien por su inmediata relación con el patrimonio público, se apropien de ellos o los destinen a fines privados”.

En su auto, la jueza considera que, según la Ley de Contrato de Seguro, “no cabe el aseguramiento del dolo al establecer expresamente que el asegurador estará obligada al pago de la prestación, salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por la mala fe del asegurado. De ahí que el autor doloso jamás podrá verse beneficiado por el contrato de seguro”.

Por este motivo, la jueza concluye que “el afianzamiento de la responsabilidad civil que pudiera corresponder a los investigados no puede ser exigida (...) a la compañía aseguradora con la que la entidad pública Vaersa, perdjudicada en su caso por dichos delitos, concertó un seguro para que cubriese la responsabilidad civil de la propia Vaersa por la actuación de los miembros del órgano de administración”, de directivos, altos cargos, administradores, gerentes u otro cargo similar de la sociedad.

En el “Caso Vaersa”, Instrucción 15 investiga desde junio de 2014 a dos exdirectores de esta empresa pública, (Enrique Simó y Felipe Espinosa Bolaños), a la exconsejera delegada, (Ángeles Ureña), a la exdirectora de recursos humanos, Ana Bayarri y al abogado Vicente Bru, por delitos de prevaricación y malversación relacionados con el pago de sobresueldos, irregularidades en la contratación de vehículos y el pago de minutas millonarias a un abogado sin mediar contrato.

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y ha obligado a reponer las condiciones laborales a 98 empleados de Vaersa, despedidos con el segundo ERE de esta empresa pública.

Según ha informado el sindicato UGT, se confirma así el fallo del TSJ y se concluye que “la empresa no cumplió con el deber de negociar de buena fe, lo que vicia de nulidad el proceso de modificación sustancial instado”.

El fallo supone que la empresa Vaersa deberá reponer a los trabajadores afectados en las mismas condiciones laborales anteriores a las modificaciones, abonando las diferencias salariales dejadas de percibir y la regularización de las cuotas ante la Seguridad Social.

En este sentido, el cálculo estimado de ahorro de las modificaciones (alrededor de 500.000 euros), va a suponer en cambio, un sobrecoste de unos 1.200.000 euros, según ha informado UGT.

Vaersa planteó la necesidad de modificar las condiciones a 98 empleados argumentando causas organizativas, productivas y por reducciones presupuestarias en varias encomiendas de gestión en el ejercicio 2014.

Esto provoco “reducción de salarios, periodos de contratación y cambios de categorías profesionales”, según las mismas fuentes.

Al no haber acuerdo entre empresa y sindicatos, la FSP-UGT inició un conflicto colectivo el 25 de abril de 2014 para que, según la sentencia, ahora confirmada por el Tribunal Supremo, se declarasen nulas o subsidiariamente injustificadas las modificaciones de condiciones de trabajo y novaciones contractuales.

La sentencia constata que los sindicatos no recibieron toda la información necesaria, en concreto los informes económicos que justificaran las partidas presupuestarias de las encomiendas de 2013 en comparación con el ejercicio de 2014, resultando esencial para las partes negociadoras tener conocimiento de los términos en que ha variado la situación de Vaersa desde las anteriores encomiendas.

Por consiguiente, los informes que presentó Vaersa para justificar los citados recortes presupuestarios -elaborados por su propio personal- el TS no lo ha considerado.

“La obstaculización y mala fe demostrada por Vaersa en el periodo de consultas de no entregar la documentación solicitada ha originado la nulidad de este segundo ERE por no cumplir con el deber de negociar de buena fe ”quedando viciado desde el inicio del proceso“, han agregado desde UGT, que denuncia además que ”los actuales gestores empresariales siguen incurriendo en estas malas prácticas“.

“A diferencia de lo ocurrido en el año 2014, actualmente, las modificaciones de las condiciones de trabajo y las novaciones de contratos no se están produciendo en bloque. Al no superarse el número de 30 las personas afectadas, los sindicatos no podemos interponer denuncias colectivas”, han indicado desde el sindicato.

En este sentido, se denuncia que la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente sigue revisando anualmente los puestos y las condiciones de trabajo del personal de Vaersa.

“Revisiones que en muchos casos suponen recolocaciones, modificaciones de las condiciones de trabajo, novaciones de los contratos, cambios de categoría profesional o de calendario laboral, y ello genera una gran precariedad laboral y además se está excluyendo a los sindicatos de cualquier negociación”, han añadido las mismas fuentes.

Por ello, se lamenta que “los gestores empresariales responsabilizan a los técnicos de la conselleria de los cambios anuales de las condiciones de trabajo, y los responsables políticos argumentan que no son responsables de nada porque esto es un problema de empresa. En definitiva, se pasan la pelota unos a otros”.

2006. Pese a que cinco días atrás se había producido el accidente de metro más trágico de la Comunidad Valenciana, el PP no altera sus planes de celebrar el enésimo gran evento: la visita del papa Benedicto XVI. Unas jornadas de fervor católico que sirvieron supuestamente para que la trama 'Gürtel' obtuviera la mayor 'mordida' consumada en todos sus negocios realizados en tierras valencianas. Y por la que ahora la Audiencia Nacional sentará en el banquillo al expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino.

Pero de la causa sobre los sobrecostes que se generaron en la contratación de las pantallas y la megafonía para el evento, ha surgido otra línea de investigación que atañe a todas las contrataciones que realizó la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, creada exprofeso para la organización del evento e integrada a partes iguales por la Generalitat Valenciana, el Arzobispado de Valencia, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia. Con la pieza separada en manos de la justicia valenciana tras el envío desde la Audiencia Nacional, los tribunales abrirán en canal una fundación que siempre ha encerrado una pregunta no resuelta: ¿Qué costó la visita del Papa a Valencia?

Cerrada ocho años después de que cumpliera su cometido, solo se supo tras muchos años sin información que la fundación manejó cerca 22 millones de euros -según el registro de fundaciones-, de los cuales se gastaron 2,6 en la instalación de urinarios móviles o 3,5 en mochilas para los peregrinos. La fundación que dirigió de facto Cotino -pese a que no figuraba en su organigrama según el auto de apertura de juicio oral del juez José de la Mata- recibió en años posteriores varias inyecciones de dinero público. Con 1,3 millones de euros de su deuda asumidos por el Consell de Alberto Fabra por una modificación de crédito, la Generalitat Valenciana perdió tras el cierre del ente 2 millones de euros, según la Sindicatura de Comptes.

7,4 millones de euros de ese presupuesto de 22 millones con el que contó la fundación fueron a parar, precisamente, al contrato de las pantallas gigantes y la sonorización de la visita del pontífice. Según el auto del juez, 3,3 millones de euros del contrato fue lo que se embolsó la trama gracias a Cotino y al exdirector de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García. El reparto del dinero se hizo así: 1,49 millones de euros para Francisco Correa; 500.000 para Álvaro Pérez; 166.000 para Pablo Crespo; 249.000 euros para José Ramón Blanco; y medio millón de euros para García.

La Fundación V Encuentro Mundial de la Familia también se vio envuelta dentro de las pesquisas sobre el presunto saqueo de la empresa pública Vaersa, encargada de tareas relacionadas con el medio ambiente. En el curso de dicha investigación se intervino documentación y correos electrónicos que hacían referencia a la relación de Vaersa con la fundación que organizó la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006.

El portavoz del grupo parlamentario socialista en las Corts, Manolo Mata, ha avanzado que este mismo miércoles pedirán a la Generalitat que se persone en la causa sobre las contrataciones de Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) relacionados con la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, que organizó la visita del Papa a Valencia en 2006.

Mata, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de las Corts, se ha referido a la decisión del juzgado de Instrucción 15 de Valencia, que investiga el caso Vaersa, de remitir al decanato de los Juzgados la información que existe en la causa sobre las contrataciones de Vaersa con la fundación que organizó la visita del Papa a Valencia, para que estos hechos sean investigados por otro juzgado por un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación.

El diputado socialista ha recordado que hace diez años, ya en julio de 2006, el PSPV cuantificó la visita del Papa a Valencia en 60 millones de euros, “ante la incomprensión de la sociedad valenciana”. Ha indicado que esta cifra, que supone un “disparate”, incluye gastos de policía local, las mochilas de los peregrinos, los urinarios, la decoración del puente de las flores o “el tema de Televisión Valenciana, aunque aún no sabíamos lo del medio millón de las pantallas gigantes”.

En cualquier caso, “creo que nos quedamos cortos”, ha manifestado Mata, quien ha indicado que en estos diez años se han solicitado cinco comisiones de investigación en las Corts sobre esta visita, pero “el tema nunca se ha resuelto”.

“Sabíamos que aquí se había malgastado el dinero, lo que no sabíamos es que había habido corrupción”, ha subrayado Mata, quien ha reclamado que se devuelva el dinero defraudado. Al respecto, ha indicado que en Valencia la visita del Pontífice costó “20 veces más” que en otras ciudades que organizaron un acto similar.

Mata ha denunciado el “engaño sistemático” respecto a los visitantes, la retransmisión en Canal Nou o el engalanamiento de la ciudad. Además, ha añadido: “No entendemos qué pito toca la empresa de gestión de residuos sólidos y de brigadas forestales con la visita del Papa”.

“Orden del señor X”

“Hubo otra vez una orden del señor X desde el Palau de la Generalitat que iba dando instrucciones a cada una de las consellerias para que contrataran con determinada gente y gastaran en sus ocurrencias, daba igual en la Fórmula 1, la visita del Papa o cualquier otro evento”, ha denunciado.

Sobre este tema, ha dicho que será “divertido” ver en las declaraciones del caso Nóos cómo algunos funcionarios explicarán “cómo se coordinaban con otros funcionarios de otras consellerias, a los que no conocían de nada, para darles determinados contratos a los amigos del señor X”. En este sentido, ha hecho hincapié en que “quién daba la ordenes estaba sentando en el Palau de la Generalitat”.

Por su parte, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha manifestado que “conforme avanzan las investigaciones se van descubriendo otras tramas”. “El PP nunca nos deja de sorprender en cuanto a corrupción se trata”, ha apostillado.

Asimismo, ha indicado que la supuesta “mordida de 500.000 euros” en la contratación de las pantallas para la retransmisión de la visita “viene a engordar la partida de mordidas y comisiones que presuntamente se llevaban los partidos, los cargos y las personas intermediarias”.

“Que devuelvan el dinero”

Ferri ha reclamado que se investigue este tema y “se llegue hasta el final”, así como “que devuelvan todo el dinero”. También ha valorado que “gracias a que la ciudadanía el 24 de mayó votó un cambio, desde las instituciones se va a facilitar la documentación necesaria para que este hecho sea investigado”.

Asimismo, desde Podemos, su portavoz, Antonio Montiel, ha calificado de “incomprensible” el papel de Vaersa en la fundación que organizó la visita del Papa. Montiel ha indicado que su grupo ya pidió al presidente del Consell, Ximo Puig, hace varias semanas en la sesión de control que la Generalitat se persone en todos los casos “no sólo en los que se haya producido un quebranto a la hacienda autonómica, sino también en los que se haya cuestionado la imagen y la credibilidad de la Comunitat”.

Para Montiel, la vinculación de Vaersa en esta visita es “especialmente repugnante”, ya que entiende que el acto del Papa en Valencia fue “una manera de disfrazar y ocultar la tragedia del accidente del metro que se había producido días antes”. “El PP debería asumir responsabilidades”, ha resaltado.

El diputado de Podemos también se ha referido a las declaraciones de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, en las que dijo que ha alcanzado un acuerdo con los concejales del Ayuntamiento de Valencia investigados en el caso Imelsa para que no tengan que dimitir hasta que no se levante el secretario de sumario y se confirme la imputación.

“Con quien tendría que alcanzar un acuerdo es con los ciudadanos valencianos que han sido defraudados y engañados por los concejales y otros altos cargos de estos años de Gobierno del PP”, ha subrayado.

El Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, que investiga el “caso Vaersa”, ha remitido al decanato de los Juzgados la información que hay en la causa sobre las contrataciones de Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, una sociedad de la Generalitat) con la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, que organizó la visita del Papa a Valencia, para que estos hechos sean investigados por otro juzgado por un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación.

En el “Caso Vaersa”, Instrucción 15 investiga desde junio de 2014 a dos exdirectores de esta empresa pública, (Enrique Simó y Felipe Espinosa Bolaños), a la exconsejera delegada, (Ángeles Ureña), a la exdirectora de recursos humanos, Ana Bayarri y al abogado Vicente Bru, por delitos de prevaricación y malversación relacionados con el pago de sobresueldos, irregularidades en la contratación de vehículos y el pago de minutas millonarias a un abogado sin mediar contrato.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), en el curso de esa investigación, se practicaron registros y se intervino documentación y correos electrónicos algunos de los cuales hacían referencia a la relación de Vaersa con la Fundación que organizó la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006.

Constituye, según recoge el auto de la instructora, un “hallazgo casual” sobre hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos y malversación “presuntamente cometidos por las personas que firmaron dichos contratos, tanto el responsable de la empresa pública Vaersa como el de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias”.

Se trata, según la jueza, de “hechos nuevos que no guardan relación alguna con los que inicialmente dieron lugar a la incoación” del llamado Caso Vaersa, motivo por el cual estima la petición de la Fiscalía y, de conformidad con lo indicado por la Audiencia Provincial de Valencia, acuerda enviar esa parte de la causa al decanato para que sea investigada por el juzgado de instrucción en el que recaiga por orden de reparto. El TSJ no ha dado más detalles sobre los supuestos delitos objeto de investigación.

El saqueo de una empresa pública

El juzgado de Instrucción número 15 y la Fiscalía ya investigan tres supuestas ilegalidades en la empresa medioambiental de la Generalitat. La centrada en el pago de dos millones de euros en productividad a la cúpula de la empresa de manera supuestamente ilegal, el gasto de casi 1.5 millones en la compra y arrendamiento de vehículos todoterreno sin el preceptivo concurso público y el desmesurado e injustificado presupuesto dedicado a abogados privados -dos millones de euros en seis años- por tareas que podían hacer los servicios jurídicos de la Generalitat.

La presidenta del PPCV y portavoz del grupo popular en las Corts, Isabel Bonig, ha indicado este miércoles, sobre el hecho de que no vayan a ser juzgados en el 'caso Nóos' el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la exacaldesa de Valencia Rita Barberá, que “no es una decisión política”, sino que “son los jueces los que han determinado quién se sienta en el banquillo y quién no”.

Isabel Bonig se ha expresado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntada por las críticas de algunos partidos por el hecho que Camps y Barberá no vayan a ser juzgados en este caso.

“Algunos partidos, ante la ineficacia y absoluta ineptitud para gestionar tratan de liarlo todo”, ha manifestado la dirigente popular, quien ha pedido “un poco de respeto a la Justicia y al Estado de Derecho”, ya que ha advertido de que “lo contrario es lo que pasa en Venezuela”.

Así, ha hecho hincapié en que “aquí han sido los tribunales los que han determinado quién se sienta en el banquillo y quién no” y ha añadido que los jueces “determinarán las responsabilidades judiciales”. A su juicio, “da la sensación de que, por todos los medios, se quiere presionar a la Justicia”, ha pedido dejarla actuar y ha instado al resto de partidos a ser “igual de respetuosos que nosotros con los ERE de Andalucía”.

Gürtel

Por otra parte, Bonig ha sido preguntada por la decisión del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de enviar a juicio a 27 personas, entre las que se encuentran los exconsellers del Gobierno de Francisco Camps Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado, por las adjudicaciones presuntamente irregulares que la Generalitat Valenciana concedió a la empresa Orange Market entre los años 2004 y 2009, dentro de la pieza 5 del caso Gürtel. El magistrado también sienta en el banquillo de los acusados por delitos de corrupción a otros cargos políticos valencianos como el exdiputado autonómico David Serra.

El respecto, Bonig ha eludido hacer “manifestaciones sobre asuntos que están en sede judicial”, porque “ahora a quien corresponde manifestarse es a los tribunales, las defensas y al Ministerio Fiscal. Estas personas ya no forman parte del PP”, ha indicado, aunque posteriormente ha aclarado que “renunciaron muchos de ellos”.

“Son los tribunales los que ahora determinarán las responsabilidades o no responsabilidades”, ha dicho, y ha pedido tener “confianza plena en la justicia y en la presunción de inocencia”.

Vaersa

Por otro lado, preguntada por las fianzas de 50.000 y 500.000 euros fijadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia para el exdirector general de Vaersa Enrique Simó y para su antecesor en el cargo Felipe Espinosa, respectivamente, acusados de repartir cantidades millonarias en sobresueldos, Isabel Bonig ha resaltado que desde el PP “no opinamos sobre decisiones judiciales”.

“La Justicia decidirá”, ha dicho, y ha añadido: “Nosotros acabamos con los sobresueldos en base a informe de la Conselleria de Hacienda”.

La jueza instructora del caso Vaersa ha impuesto sendas fianzas de 500.000 y 50.000 euros para los exdirectores de la empresa pública Felipe Espinosa y Enrique Simó, respectivamente, imputados por prevaricación y malversación relacionada con el reparto de sobresueldos, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano a través de su cuenta de twitter (@TSJCV).

La magistrada, tras estudiar la petición de Fiscalía -que el pasado mes de julio pedía la apertura de una pieza de responsabilidad civil contra Espinosa y Simó y solicitaba una fianza de un millón de euros para el primero y 500.000 euros para el segundo-, estima que se les debe fijar una fianza (de menor cuantía) en base a la existencia de indicios de criminalidad y a la posibilidad de que se retrase la causa por la muy probable práctica de nuevas diligencias de investigación.

Así, aprecia un riesgo “plenamente razonable” de que los exdirectivos de Vaersa se coloquen en una situación de insolvencia que impida o dificulte que un eventual pronunciamiento condenatorio pudiera hacerse efectivo, por lo que ve necesario neutralizar tal riesgo fijando una fianza y dándoles diez días para abonar las cantidades marcadas. En caso contrario, ordenará el embargo de bienes para cubrir las sumas señaladas.

Causa “compleja”

La jueza también ha declarado el caso Vaersa 'causa compleja' -tal y como solicitó el pasado mes de diciembre el fiscal-, con lo que el periodo máximo para investigar las irregularidades detectadas en la empresa pública valenciana pasa de 6 a 18 meses. La magistrada ha tenido en cuenta para aceptar esta solicitud los hechos que se investigan, que afectan al interés público; el número de investigados, algunos de ellos pendientes de tomarles declaración; y la “evidente” necesidad de practicar más pruebas periciales.

La causa se divide en tres piezas y en todas ellas están imputados Espinosa y Simó. La causa principal se abrió en junio de 2014 a raíz de una denuncia del sindicato CGT en la Fiscalía contra ambos exdirectivos como supuestos autores de delitos de prevaricación y malversación.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que investiga el caso Vaersa -la empresa pública Valenciana de Aprovechamientos Energéticos y Residuos-, ha imputado a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, por su etapa en Vaersa, por presuntamente autorizar como consejera delegada de esta última entidad complementos de productividad al margen de la ley.

Así mismo, la magistrada ha imputado en este procedimiento judicial a la jefa de recursos humanos de Vaersa por autorizar presuntos pagos irregulares a un abogado externo que también ha sido imputado.vAsí consta en sendas resoluciones facilitadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

“Sólo queda Juan Cotino”

El diputado de Compromís Juan Ponce ha asegurado tras conocer esta información que “el único que queda por imputar es Juan Cotino”, que fue presidente de la empresa pública.

Para Ponce, “esta imputación se añade a la larga lista de casos de corrupción que inundan las administraciones e instituciones valencianas que han sido gobernadas durante dos décadas por el Partido Podrido. Ahora es el turno de Ureña quién, además, había sido también Secretaria Autonómica de Medio Ambiente y consejera delegada de Vaersa con el PP”.

“Todo esto es una consecuencia de la permisividad y la corrupción instaladas en el seno del PP mientras ha gobernado. Ahora lo que hace falta es poner punto y final a esta situación tan vergonzosa, que deja por tierra la imagen de la empresa pública. Y la mejor manera de hacerlo es que Ureña dimita”.

Tres piezas del caso

El caso Vaersa se divide en tres piezas, la principal y otras dos -estas dos últimas se centran en las contrataciones presuntamente irregulares de vehículos denunciadas por dos sindicatos y en el abono de servicios de asesoría y defensa jurídica a un abogado-. En todos los casos figuran como imputados los ex directivos de Vaersa Felipe Espinosa y Enrique Simó.

La apertura de la causa principal se acordó el 23 de junio de 2014 a raíz de una querella de Fiscalía interpuesta contra Felipe Espinosa y Enrique Simó como presuntos autores de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos. Este caso se inició por una investigación sobre el reparto de caudales públicos en concepto de productividad.

Respecto a la exconsejera delegada María Ángeles Ureña, Espinosa manifestó en su declaración como imputado como ésta era la persona que verbalmente autorizaba el abono de la productividad, y señaló que si ella no lo hubiese autorizado, no se hubiera pagado. Ha sido citada a declarar al entender que presuntamente autorizó el abono de cantidades importantes en concepto de productividad al margen de la legislación vigente, “con conciencia plena de ello y con perjuicio para las arcas públicas”.

Por su parte, respecto al letrado imputado, Enrique Bru, prestó servicios en Vaersa como abogado externo desde abril de 1995 hasta el 17 de enero de 2012, fecha en que presentó su dimisión. Presentaba facturas semestrales a las que daba su conformidad la directora del Departamento de Recursos Humanos -imputada-, Ana Bayarri.

Pagos al letrado

Entre el 31 de diciembre de 2008 al 31 de diciembre de 2011, Bayarri, Espinosa y Simó abonaron al letrado la suma de 470.000 euros por servicios de asesoría y defensa jurídica por el concepto genérico de 'redacción de escritos, contratos, consultas verbales, informes y reuniones de empresa'.

En el mismo periodo también pagaron al letrado hasta un total de 1.831.665,25 euros por asuntos concretos individualizados, pese a la existencia de un Convenio de Asistencia Jurídica suscrito en febrero de 2006 entre Vaersa y el Consell de la Generalitat. En virtud de este convenio, el Gabinete Jurídico de la Generalitat prestaba asistencia jurídica a Vaersa por medio de los letrados integrados en dicho órgano.

Además, los servicios prestados por el abogado se realizaron sin formalización del correspondiente contrato administrativo con Vaersa. Y, por otra parte, siendo la entidad una empresa pública de la Generalitat, para efectuar los pagos a un letrado tiene que acudir en las minutas a los honorarios fijados por los respectivos Colegios de Abogados.

Bayarri, en su calidad de directora de Recursos Humanos, controló el abono de las facturas presentadas por el abogado, emitiendo las correspondientes certificaciones de conformidad pese a la “inexistencia” de servicios facturados como prestados, “con conciencia plena de ello y con perjuicio para las arcas públicas”, según se indica en la resolución judicial.

La Generalitat durà a terme controls específics de caràcter financer a diferents òrgans de l’Administració i el seu sector públic. Entre aquests controls, figuren les despeses de compres i serveis exteriors de l’empresa pública Vaersa des del 2005, un control que obeeix al fet que hi ha sospites “més que fundades” d’irregularitats, tal com ha explicat la portaveu del Consell, Mònica Oltra, que recorda que la gestió d’aquesta empresa està investigant-se en els jutjats.

No obstant això, Oltra apunta que aquestes auditories “haurien de ser una cosa normal”, encara que aclareix que s’han triat les qüestions en què hi ha més sospites, com Vaersa o la concessió del servei de ressonàncies magnètiques, “estem davant d’uns temes molt sensibles en què no volem que hi haja cap dubte. Volem que no hi haja cap dubte”. Així, els resultats dels treballs de fiscalització es plasmaran en un informe.

En concret, els controls se centraran en la gestió economicofinancera de Vaersa desdelgener del2006 fins al 30 de juny de 2015; s’analitzaran les liquidacions anuals de les concessions sanitàries des del 2003 al 2012; la facturació de l’UTE Erescanner Salut (Eresa - Inscanner SL - Ribera Salut - Beanaca) pels serveis de ressonàncies magnètiques; i les factures pendents d’aplicar al pressupost del 2015 el 31 de gener del 2015.

Finalment, es farà un seguiment dels plans de control financer específic dels centres docents públics no universitaris de la Generalitat Valenciana dels exercicis 2012, 2013 i 2014 i de les subvencions a concerts educatius per a finançar personal docent i ajudes de menjador corresponent als anys 2013 i 2014.

Carns de Morella

Qüestionada sobre la subvenció a Carns de Morella i la petició del PP d’obrir una comissió d’investigació en les Corts i demanar la compareixença de Ximo Puig en el parlament valencià, Oltra ha insistit en el fet que, com a Govern, no valoraran les propostes dels grups, “és un debat parlamentari en què el Consell no intervé, igual que tampoc opinarem sobre comissions d’investigació, que per a nosaltres són sagrades. Només amb un bon control parlamentari hi haurà un bon govern”.

Precisament, coincidint amb aquesta polèmica, Podem ha proposat en les Corts la creació d’una comissió d’estudi sobre la viabilitat dels escorxadors de titularitat pública i el seu finançament, que consideren “fonamentals” per al desenvolupament de la ramaderia en la Comunitat Valenciana.

La Generalitat va a realizar controles específicos de carácter financiero a diferentes órganos de la Administración y su sector público. Entre estos controles, figuran los gastos de compras y servicios exteriores de la empresa pública Vaersa desde 2005, un control que obedece a que existen sospechas “más que fundadas” de irregularidades, tal y como ha explicado la portavoz del Consell, Mónica Oltra, quien recuerda que la gestión de esta empresa está siendo investigada en los juzgados.

Precisamente, ha apuntado la portavoz del ejecutivo valenciano que la Generalitat está trabajando para decidir si se persona en la causa -al igual que en Valmor-, “sobre todo para recuperar el dinero desviado fraudulentamente de fondos públicos a intereses privados”.

No obstante, Oltra apunta estas auditorías “deberían ser algo normal”, aunque aclara que se han elegido aquellas cuestiones en las que existen más sospechas, como Vaersa o la concesión del servicio de resonancias magnéticas, “estamos ante unos temas muy sensibles en los que no queremos que haya ninguna duda. Queremos que no exista ninguna duda”. Así, los resultados de los trabajos de fiscalización se plasmarán en un informe.

En concreto, los controles se centrarán en la gestión económico-financiera de Vaersa desde enero de 2006 hasta el 30 de junio de 2015; se analizarán las liquidaciones anuales de las concesiones sanitarias desde 2003 a 2012; la facturación de la UTE Erescanner Salud (Eresa - Inscanner SL - Ribera Salud - Beanaca) por los servicios de resonancias magnéticas; y las facturas pendientes de aplicar al presupuesto de 2015 a fecha 31 de enero de 2015.

Por último, se realizará un seguimiento de los planes de control financiero específico de los centros docentes públicos no universitarios de la Generalitat Valenciana de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 y de las subvenciones a conciertos educativos para financiar personal docente y ayudas de comedor correspondiente a los años 2013 y 2014.

Feria Valencia

La portavoz del Gobierno valenciano también se ha referido a la demanda de Feria Valencia al Partido Popular, al que la institución le reclama 568.511 euros correspondientes al cargo por la utilización del complejo para la celebración del congreso celebrado en 2008 en Valencia en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ratificó su liderazgo.

Oltra ha instado a Rajoy y al PP a cumplir con la legalidad y paguen, al tiempo que mostraba su sorpresa por el hecho de que Feria Valencia haya tardado tanto tiempo en reclamar el más de medio millón de euros que se les adeuda, “no sé por qué no se lo han reclamado antes, cuando hace siete años y la situación económica de la institución era la que era”

Carns de Morella

Cuestionada acerca de la subvención a Carns de Morella y la petición del PP de abrir una comisión de investigación en las Corts y pedir la comparecencia de Ximo Puig en el parlamento valenciano, Oltra ha insistido en que como Gobierno no van a valorar las propuestas de los grupos, “es un debate parlamentario en el que el Consell no interviene, al igual que tampoco vamos a opinar sobre comisiones de investigación, que para nosotros son sagradas. Sólo con un buen control parlamentario habrá un buen gobierno”.

Precisamente, coincidiendo con esta polémica Podemos ha propuesto en las Corts la creación de una comisión de estudio sobre la viabilidad de los mataderos de titularidad pública y su financiación, que consideran “fundamentales” para el desarrollo de la ganadería en la Comunitat Valenciana.