La exmilitante del PSOE Leire Díez ha pedido al juez que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho que declare nulos audios de la causa, como el aportado por el fiscal Ignacio Stampa en el que se presenta como “mano derecha” del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. No obstante, el instructor ha decidido reproducirlos antes de que tanto ella como el empresario Javier Pérez Dolset declaren este lunes como imputados.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la exmilitante solicita al juez Arturo Zamarriego que decrete “la nulidad de la totalidad de las grabaciones y de cuanto de ellas se derive, expulsándose las mismas de las actuaciones”. Se refiere a la de Stampa, sobre una reunión que tuvo con el fiscal en la que se escucha a Díez presentarse como “la persona del PSOE”, y a la efectuada en el despacho del abogado Jacobo Teijelo, en la que se habrían ofrecido favores al empresario investigado Alejandro Hamlyn a cambio de información comprometedora sobre cargos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía.

Díez considera que esas grabaciones constituyen una intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen de los afectados, a la protección de datos y al secreto profesional y confidencialidad de las comunicaciones, “por cuanto se realizan subrepticiamente en un ámbito privado”.

El juez tenía previsto reproducir el audio aportado por Stampa antes de escuchar a Díez y Pérez Dolset, por lo que ha acordado que ambos entren a la sala de audiencias para que escuchen la grabación junto a todas las partes —defensas y acusaciones— como paso previo a los interrogatorios.

El magistrado considera que Díez era la cabecilla de un grupo que buscaba información sobre mandos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. Para el juez, la exmilitante socialista “lidera” una “actuación delictiva, continuada y coordinada” con Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol —el tercer investigado— para “recabar información comprometida o irregular” con el fin de “anular o malbaratar” investigaciones en “casos relevantes que afectan a políticos y empresarios”, según expuso en un auto.

Las pesquisas que dirige el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid parten de varias denuncias contra la exmilitante socialista después de que se dieran a conocer los audios en los que se la escucha ofrecer favores al empresario investigado Alejandro Hamlym a cambio de información sensible. Además, el juez acabó incorporando las denuncias presentadas por los fiscales Stampa y José Grinda, que denunciaron un presunto intento de soborno por parte de los investigados.

La Fiscalía reclamó al instructor que uniera las denuncias al entender necesario investigar los hechos “conjuntamente” porque “el patrón de actuación es exactamente el mismo”. El fiscal Juan Pablo Nieto indicó en un recurso que es “fundamental” la “singularidad de que estas presuntas ofertas de soborno tienen como fuerza principal, que les da credibilidad, la supuesta apariencia que ha conseguido crear la señora Leire Díez, de que ella habla en nombre de altas instancias del Estado”.

A su entender, es “evidente” que la conexión entre los denunciados trata presuntamente de “manipular pleitos heterogéneos que unas veces afectan a políticos y otras a empresarios, pero los tres colaborarían en un plan delictivo unidos por la coincidencia y necesidad de denigrar a las dos instituciones mencionadas”, en referencia a la UCO y Anticorrupción.

Según la grabación aportada por el fiscal Stampa, la principal investigada mantuvo una reunión con él el pasado 7 de mayo en busca de información sensible junto a Pérez Dolset y el empresario Luis del Rivero, en la que Díez se presentó como “mano derecha” del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y como “la persona que ha puesto el PSOE”. “Yo traslado luego”, aseguró.

Díez aseguró que el encuentro era “estrictamente confidencial”. “Es una reunión que se queda aquí, pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto”, manifestó. Y Pérez Dolset afirmó que cuando se conoció la imputación de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, “el presidente ya dijo que se limpie todo”, “sin límite”. “Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que fabriquen causas, fuera. Y la politización del sistema judicial”, dijo. Ambos aseguraron a Stampa que tanto Sánchez como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, serían informados del encuentro. “Lo sabrán”, garantizó.

Puente: “A lo mejor es más lo que ella cuenta que la realidad”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que no tiene “ni expectación ni preocupación” por la declaración de Leire Díez este lunes ante el juez. “Este folletín lo he seguido poco. No me interesa nada, sinceramente. Me parece más pintoresco que otra cosa y no creo que de ahí vaya a salir nada relevante”, ha afirmado el ministro durante un desayuno informativo de Europa Press.

Puente ha señalado además que “habría que ver hasta dónde llega” la “incrustación” de Leire Díez en el partido. “A lo mejor es más lo que alguno cuenta o lo que ella misma cuenta que la realidad”, ha apuntado el titular de Transportes, que ha indicado que “no conocía” a la exmilitante y tampoco “sabía de su existencia”.

A su juicio, los partidos políticos “son entes muy grandes a los que se arrima gente con todo tipo de propósitos”. “Los hay con propósitos muy buenos y los hay con propósitos menos buenos o con menos habilidad o menos inteligencia, pero es un folletín que no me ha interesado gran cosa, sinceramente”, ha reiterado el ministro.

La exmilitante socialista Leire Díez mantuvo una reunión con el fiscal Ignacio Stampa el pasado 7 de mayo en la que se presentó como “mano derecha” del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y como “la persona que ha puesto el PSOE”. “Yo traslado luego”, afirmó en el marco de esa conversación, informa Europa Press. Las afirmaciones aparecen en un audio, al que ha tenido acceso elDiario.es, que Stampa ha entregado al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, en el que Díez figura como uno de los investigados.

Díez aseguró en el encuentro, en el que también estaban presentes los empresarios Javier Pérez Dolset y Luis del Rivero, que era la reunión era “estrictamente confidencial”. “Es una reunión que se queda aquí, pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto”, manifestó.

Ante ello, Stampa le preguntó “detrás de qué” y Díez aludió a “irregularidades en gestiones, en informes policiales, irregularidades en facciones, en algunos miembros de la Fiscalía Anticorrupción”.

El fiscal le preguntó si ella era “la mano derecha de Santos Cerdán, el secretario de Organización del partido”, a lo que Díez contestó afirmativamente: “Sí, pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado”. Y Del Rivero deslizó la posibilidad de que Cerdán estuviera en el encuentro, pero Díez replicó que no iba a participar. “Ah, no, no. Yo traslado luego, luego tengo reunión con él”, abundó ella.

Por su parte, Pérez Dolset afirmó que cuando se conoció la imputación de Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, “el presidente ya dijo que se limpie todo”, “sin límite”. “Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que fabriquen causas, fuera. Y la politización del sistema judicial”, dijo.

El juez Zamarriego investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho por las maniobras de Díez, Pérez Dolset y un periodista para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles. Díez se ha presentado como una periodista de investigación que ayuda a Pérez Dolset a desentrañar una conspiración en su contra, y que también ha afectado a otros investigados en la época del PP. Pérez Dolset está investigado por cuatro delitos en relación con un fraude en subvenciones que asciende a 30 millones.

El fiscal José Grinda, que denunció un presunto intento de soborno por parte de la exmilitante socialista Leire Díez, ha ratificado este miércoles su denuncia ante el juez del caso y ha declarado que otro investigado le dijo que ella tenía “peso” en el PSOE. Durante su declaración como testigo, Grinda ha mantenido en el juzgado lo que plasmó en su denuncia del pasado 27 de febrero ante la Fiscalía, según la cual un periodista con el que mantenía una relación de amistad, le citó para entregarle un documento con peticiones de información sobre terceros e intervenciones en causas judiciales a cambio de un puesto que había solicitado, informa Europa Press. Grinda ha dicho que está convencido de que el periodista imputado no sabía qué recogía el documento que le entregó.

Grinda ha afirmado que el periodista le habló en ese encuentro de “Leire”, sin más precisiones, y que por eso él preguntó si se trataba de la misma “Leire” que estaba apareciendo en artículos de prensa. La respuesta del periodista fue afirmativa. Entonces, Grinda trasladó a su amigo periodista que pensaba que el PSOE había arrinconado a Leire Díez tras el escándalo del audio en el que la ex militante socialista pedía información para atacar a un coronel de la Guardia Civil, al frente de los casos que afectan al PSOE. Sin embargo, su interlocutor le respondió que Díez seguía teniendo “peso” en el partido.

Por otra parte, el fiscal Grinda, destinado en Anticorrupción, ha confirmado en el juzgado que pidió ayuda al fiscal general, Álvaro Ortiz, y al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ayuda para ser llamado a declarar en la comisión del Congreso sobre la 'Operación Catalunya', con el objetivo de defenderse de las afirmaciones realizadas durante la misma sobre su supuesta participación en maniobras de tipo político.

En la denuncia por la que ha sido llamado a declarar, Grinda expuso que el periodista le ofreció un “soborno” que dijo que estaba avalado por “las más altas instituciones o personas del Estado”. Se trataba de que tumbara varias causas y diera supuesta información sobre supuestos comportamientos delictivos de su jefe en la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, a cambio de un destino en el extranjero y neutralizar una demanda en su contra.

Además de a Grinda, el juez Arturo Zamarriego ha llamado este miércoles a declarar como testigos al fiscal Ignacio Stampa, que también denunció un posible intento de soborno, así como al guardia civil Rubén Villalba, en una causa que se abrió después de que se dieran a conocer audios en los que se escucha a Díez ofrecer favores a cambio de información comprometedora contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía.

Stampa, aseguran fuentes jurídicas, ha hablado de su encuentro con el empresario Javier Pérez Dolset y Leire Díez en la que ambos mencionaron en varias ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mostrar el poder que podían desplegar si llegaban a un acuerdo de colaboración.

La Fiscalía de Madrid ha decidido archivar la denuncia que el empresario Javier Pérez Dolset presentó contra el fiscal Ignacio Stampa por varios delitos de denuncia falsa, revelación de secretos, ocultación de pruebas, omisión del deber de perseguir delitos y cohecho. El Ministerio Público entiende que los hechos que atribuye al fiscal, antiguo integrante de Anticorrupción, no constituyen ningún delito y que, además, ya existe una causa en un juzgado donde el propio Pérez Dolset está llamado a testificar: en la que también está llamada a declarar como imputada la militante socialista Leire Díez bajo la acusación de intentar sobornar a dos fiscales, entre ellos Stampa, a cambio de información.

Entre otras cosas, Pérez Dolset acusa a Stampa de “convertir” el caso Villarejo en una “batalla política” e incluso de haber publicado un libro sobre su trayectoria profesional y sus conflictos con la Fiscalía General tras ser apartado de Anticorrupción. A su vez, el fiscal Stampa denunció hace meses en la Fiscalía que tanto Díez como Pérez Dolset le habían ofrecido trato de favor en sus contenciosos con la Fiscalía a cambio de información comprometedora sobre Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

En cuanto al libro del fiscal Stampa, el Ministerio Público entiende que “no existe prueba alguna, ni siquiera indiciaría, de la comisión de delito por parte del Sr Stampa en relación al libro publicado”, siendo todo “apreciaciones subjetivas del denunciante sobre la base de la interpretación del contenido del libro”. Además, se trata de algo relacionado con su “actividad particular y literaria” y ajena, por tanto, a su trabajo como fiscal y competencia de la Fiscalía Provincial.

La Fiscalía insta al empresario a acudir a la Audiencia Nacional a denunciar irregularidades en la gestión que Stampa hizo del 'caso Villarejo' cuando era el fiscal encargado del caso, y también a comunicar el resto al juzgado de Madrid que investiga a Leire Díez donde el propio Pérez Dolset tendrá que declarar como testigo.

Javier Pérez Dolset es uno de los fundadores del Grupo Zed, entre otras cosas dueño de los estudios Pyro de videojuegos y fundador del embrión de Terra. Tras la quiebra de la compañía, la Fiscalía Anticorrupción se querelló contra él por formar, supuestamente, parte de un entramado de subvenciones fraudulentas por un valor de más de 30 millones de euros, acusación impulsada actualmente por el fiscal José Grinda. Pérez Dolset llegó a estar casi un mes en prisión provisional en el verano de 2017. La causa, nueve años después, sigue pendiente de juicio.

Este empresario lleva años denunciando que su situación judicial se debe a la actuación de las “cloacas del Estado”, presentándose como impulsor de una agrupación no inscrita llamada “Asociación de Víctimas de las Cloacas del Estado” desde la que asegura que “se presta asistencia y se intercambia información con las personas que han sufrido persecuciones similares”.

Hay momentos en la vida de todo político en que lo mejor que puede hacerse es no despegar los labios” 

Abraham Lincoln

“¡Usted no puede soportar la verdad!”, arrojó en pleno clímax el Tte. Kaffee al coronel Jessup en una mítica escena sobre los límites del poder. Nosotros podemos y queremos soportarla y por eso la buscamos, aunque existan algunos hombres y mujeres malos que lo quieran impedir.

Ahora la busca también un juez de Plaza de Castilla porque quiere llegar a saber cómo un empresario con líos judiciales, una militante socialista y un periodista conocido osaron acercarse los primeros a uno y el otro a un segundo fiscal para intentar sobornarlos con cargos u otras prebendas para ver si llevaban a cabo acciones que perjudicaran a los que investigaban al PSOE y beneficiar así a los acusados relacionados con el partido. Digamos que el plan lleno de fisuras era conseguir cosas chungas contra el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el jefe de la UCO y así, manchándolos, demostrar que sus investigaciones eran espurias y los casos estaban contaminados. 

Los dos fiscales, que no son precisamente amigos, denunciaron ante la Fiscalía, en distinto momentos y maneras, estos intentos de perturbar su acción profesional con diversa fortuna. La denuncia del fiscal Ignacio Stampa contiene un relato muy pormenorizado de cómo contactándole a través del empresario Luis del Rivero lograron que acudiera a una cita que se le dijo era con Santos Cerdán y en la que apareció en su lugar Leire Díez, la extraña militante. Cuando el fiscal preguntó por qué motivo se habían querido reunir con él justo en ese momento -supuestamente para pedirle disculpas por las acciones de la FGE que le habían perjudicado-, el empresario Pérez Dolset contestó en presencia de Leire, que no le corrigió: “Sánchez ha dado orden de limpiar” y de “revertir la situación, caiga quien caiga”. Está grabado. O sea no es solo una denuncia de una autoridad con presunción de veracidad, que lo es, sino que está grabado y aportado a un sumario judicial. Tres horas de conversación registradas. 

En esta situación sólo cabe saber si Pérez Dolset y Leire, que asintió y se explayó, se lo estaban inventando todo, se arrogaban misiones que no tenían, se inventaban las cosas, tomaban en vano el nombre de Cerdán, de Bolaños y de Sánchez -que puede ser- o si, por contra, decían verdad y el presidente había ordenado un Código Rojo para llevarse lo que fuera por delante si conducía a acabar con los procedimientos judiciales contra su mujer y su hermano. En el primero de los supuestos echo en falta convicción en la indignación, en la queja, en las acciones tanto del PSOE como del Gobierno. Yo no sé ustedes, pero si yo me entero de que hay gente cometiendo delitos en mi nombre me pongo como la hidra del pantano. No sólo eso, me persono como perjudicado en el procedimiento en el que se les acusa de esos desmanes. No se trata de bulos ni pseudomedios sino de las denuncias de dos fiscales, con pruebas sonoras incluida de una de ellas. No se pueden poner en el mismo plano la denuncia del fiscal Grinda y la dación de cuentas del fiscal Stampa con las denuncias a posteriori efectuadas después por Pérez Dolset y Leire contra ellos ni por el contenido, que se va por peteneras, ni por la presunción de veracidad. Las he visto, por eso lo digo.

Puede parecer un lío, no lo es tanto. En ese encuentro con Stampa en el despacho de Luis del Rivero, que está perfectamente registrado, se habló de muchas cosas y se llegó a decir que el fiscal general ya sabría lo que tenía que hacer si llegaban a un acuerdo. Si yo soy el fiscal general y oigo tal cosa me subo por las paredes. Vamos, que me falta tiempo para preservar mi honor y salir por tierra, mar, aire o nota de prensa a desmentir la infamia. Creo que eso no lo he visto. Será que han decidido no darle mucha importancia. Eso parece, al menos a tenor de algunas cosas extrañas que se han sucedido. Entiendan que es gravísimo constatar que se está intentando coaccionar o cohechar a fiscales para solicitarles desde información reservada que comprometa al fiscal jefe de una fiscalía especial al cierre de procedimientos. Gravísimo. Mostrando carguitos y beneficios como contraprestación que sólo puede otorgar el Gobierno. No se me ocurre nada más grave sobre lo que salir al paso y mostrar el apoyo a los extorsionados y la tolerancia cero con tal situación. 

En lugar de eso, tras la primera denuncia del fiscal Grinda de que el periodista Pere Rusiñol había llevado a cabo esos manejos, la reacción de la Fiscalía de Madrid fue archivarla. O sea, que un fiscal te denuncia que le intentan sobornar y lo archivas sin siquiera investigar porque “hasta en nueve ocasiones se ha intentado comunicar seriamente con la fuente informante con resultado nulo”, o sea que no te cogen o te dan esquinazo y de ahí deduce el fiscal encargado, con total falta de lógica, que no hay nada: “Esta actitud nos lleva a considerar que los hechos quedan residenciados en una conversación estrictamente privada, en un restringido ámbito de amigable confianza, sin mayores consecuencias”. ¿Cómo se deduce sin más que alguien que presuntamente intentó cohechar a un fiscal no llevara a cabo en realidad sino una conversación con el denunciante “amigable” y “sin consecuencias” solo porque no te descuelga? Ojiplática me quedo de la forma de discurrir que llevó a archivar el asunto. Todo ello está comprobado porque el caso se reabrió y este documento de archivo obra en un sumario. Hay toda una teoría sobre qué teniente fiscal recién designado releva a la fiscal del caso para poner en su lugar a este otro fiscal tan dispuesto a cerrar la investigación, pero no quiero liarles con cosas. 

En mi modesta opinión todo esto es gravísimo y se resume en dos frases: o se encargaron cosas inasumibles por parte de socialistas o esta entonces socialista y su entorno iban por ahí usando en vano el nombre de presidentes, secretarios de organización, fiscales generales y ministros varios. Todas las opciones son graves, no hay una buena.

Me falta contundencia e indignación y me empiezan a sobrar datos que apuntan a que Leire Díaz, que desde luego no actuaba como periodista, no se estaba tirando a charcos tan procelosos y tan peligrosos por amor al arte. Me faltan negaciones, me faltan acciones contundentes de la Fiscalía para defender el honor de sus fiscales, estos sí atacados, y dejar claro ante el mundo que no se van a tolerar tales conductas que intentan corromper a sus miembros. No sabe no contesta es lo más en claro que he podido sacar sobre esta cuestión. Pero se sacará, al tiempo.

Aunque siempre se lo digo, lo repito, me consuela saber que mal que le pene a muchos, la Justicia es como un martillo pilón y aunque parezca lenta, torpe e ineficiente va golpeando los muros de silencio y de espesas conexiones para llegar lo más cerca de esa verdad que exigía a gritos el fiscal Kaffee. Algo que deberían hacer todos los fiscales. Bueno es recordarlo, que luego vienen las sorpresas, el llanto y el crujir de dientes de tantos. 

El caso que sigue un juzgado de Madrid contra la exmilitante socialista Leire Díez se complica para ella y el resto de imputados. Dos fiscales, José Grinda e Ignacio Stampa, han presentado sendas denuncias, incorporadas a la causa, en las que afirman que Leire Díez y el empresario con el que colabora, Javier Pérez Dolset, intentaron sobornarlos directamente o través de terceros a cambio de que denunciaran a sus superiores. Ambos acusados lo niegan y se han querellado a su vez contra Grinda y Stampa ante la Fiscalía General del Estado.

En un escrito incorporado al sumario, al que ha tenido acceso elDiario.es, el representante del Ministerio Público atribuye a Leire Díez el “liderazgo” de un “plan delictivo” con el objetivo de desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de diversas investigaciones abiertas en causas judiciales contra el Gobierno y el PSOE; y a la Fiscalía Anticorrupción, que ejerce la acusación pública en varios de esos casos.

El fiscal del caso de Leire Díez asegura que el objetivo era “anular” causas que “afectan a políticos y empresarios”. El PSOE se desligó de las intenciones de Leire Díez desde que la figura de la exmilitante saliera a la luz. El partido procedió a abrirle un expediente de expulsión del partido y ella cesó de militancia mientras aseguraba que es una “periodista de investigación” que trabaja en un libro sobre la corrupción policial y judicial.

Una de las denuncias que constan en el sumario contra Leire Díez es la del fiscal José Grinda. Destinado en la Fiscalía Anticorrupción, puso en conocimiento de su jefe el 27 de febrero de 2025 que ese mismo día había sido objeto de un intento de soborno por parte de un periodista con el que tenía una relación de amistad.

En esa comunicación, Grinda afirmó que esta persona le había ofrecido “un destino en el extranjero” y que le “liberarían de una demanda” a cambio de que él pidiera el archivo de varias causas y facilitara información que perjudicara al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, su superior jerárquico y quien dirige la acusación en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos y en la que acabó implicado el exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán. 

En esa denuncia, Grinda afirma que el periodista le enseñó un papel que pudo consultar pero con el que no se pudo quedar y en el que figurarían diferentes casos de corrupción en los que él ejercía la acusación por parte del Ministerio Público. Según su relato, le solicitaron que declarara que todas esas causas habían sido “fruto o consecuencia de actuaciones abusivas, o un término por el estilo, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Según el fiscal Grinda, los procedimientos citados son “Pujol Draco y otros relacionados; caso 3%, Sumarroca y otros; Aguas de Girona; ZED, Banca Privada de Andorra, Banco Madrid y relacionados (Duro Felguera) y Caranjuez”, figura en la denuncia. “También debía comprometerme a explicar el origen de la investigación de Sandro Rosell”, añade. El expresidente del Barça pasó dos años en prisión preventiva y acabó siendo exonerado de todas las causas.

En el escrito, Grinda afirma también que el periodista le dijo que ese ofrecimiento estaba avalado por “las más altas instituciones o personas del Estado”. Y que, tras leer el documento, esta persona le comentó que “él entendía que la persona que pudiera avalar este acuerdo es alguien que conoce como Leire”. El periodista también está imputado.

Stampa: “Me dijo que el PSOE la había puesto detrás de todo esto”

El segundo fiscal en denunciar intentos de soborno por parte de Leire Díez fue Ignacio Stampa. Stampa fue uno de los dos fiscales del caso Villarejo hasta que la fiscal general Dolores Delgado no le renovó en la Fiscalía Anticorrupción, en medio de una denuncia de Vox por su presunta relación con una abogada de Podemos, con la que compartía acusación en el caso Villarejo, y que terminó archivada. Desde hace años mantiene varios pleitos abiertos contra la Fiscalía para denunciar las represalias y maniobras que, asegura, le dejaron fuera del caso y del departamento que dirige Alejandro Luzón.

Stampa trasladó a finales de mayo un escrito a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, para explicar que había mantenido días antes una reunión con Leire Díez y el empresario Javier Pérez-Dolset. Stampa aseguraba que se le había prometido que el encuentro sería con Santos Cerdán, entonces secretario de organización del PSOE, pero que este no acudió

Leire Díez le habría dicho a Stampa: “Soy la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto”. Se refería a “las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción”, según el fiscal denunciante. El objetivo de la reunión, añadió Stampa, era que él suministrara “información” sobre el fiscal Grinda o sobre Luzón. A cambio Leire Díez y Pérez Dolset le habrían ofrecido un puesto otra vez en la Fiscalía Anticorrupción, lo que consideró “absurdo” por la imposibilidad de que se produjera.

Leire Díez se convirtió en protagonista de la actualidad tras la publiación de un audio en el que aparece ofreciendo al empresario Alejandro Hamlyn –procesado en la Audiencia Nacional por un fraude millonario de hidrocarburos– influir en la posición de los fiscales si el investigado, a cambio, le ofrecía información comprometedora del teniente coronel Antonio Balas, jefe del grupo de la UCO que investiga el caso Cerdán, entre otros muchos de relevancia. HazteOir denunció los hechos y un juzgado de Madrid imputó a Leire Díez, que está citada a declarar el próximo 11 de noviembre por delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Denuncias en la Fiscalía de Díez y Pérez Dolset

Los acusados de lanzar los ofrecimientos a los fiscales han respondido con sendas denuncias ante la Fiscalía en la que dan su versión de los hechos, completamente opuesta a las de Grinda y Stampa. El empresario Pérez Dolset y la militante del PSOE Leire Díez presentaron sendas denuncias ante la Fiscalía General del Estado los días 8 de junio y 12 de septiembre. La Fiscalía General del Estado dio acuse de recibo y trasladó las denuncias a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que aún no se ha pronunciado. 

Según Pérez Dolset fue el empresario Luis del Rivero quien le “propuso tener una reunión con el señor Stampa” ante la posibilidad de que tuvieran intereses comunes. Stampa fue fiscal del caso Villarejo hasta que no fue renovado y Pérez Dolset se presenta como víctima del comisario, quien habría maniobrado contra él a las órdenes del Grupo Planeta, con el que el empresario mantiene un contencioso. Del Rivero habría trasladado a Pérez Dolset que Stampa buscaba reparación al daño que se le había hecho y que se llegara también hasta el final del caso Villarejo. 

Dolset accedió a la reunión pese a las “reticencias” que le producía el hecho de que Stampa no le hubiera recibido mientras era fiscal del caso Villarejo y que hubiera publicado después un libro en Planeta. Ya en la reunión, Stampa le habría pedido que contribuyera a la “limpieza de su nombre” y que cesara una supuesta persecución contra él por parte del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Pérez Dolset asegura que no respondió a esas peticiones. 

“No he tenido jamas una reunión ni conversación con ningún miembro del Gobierno actual, ni nivel ministro ni secretario de Estado. No tengo ninguna capacidad de influir en un asunto como el solicitado por el señor Stampa”, recoge la denuncia del empresario. 

De otro lado, Leire Díez ha negado actuar a las órdenes del PSOE y está imputada a partir de la grabación en la que se arroga, ante un empresario investigado por el fraude millonario de los hidrocarburos, de la capacidad de influir en fiscales. Leire Díez niega que intentara sobornar a Grinda a través de un periodista, amigo del fiscal, y se dedica en su denuncia a contextualizar el posible motivo de la denuncia presentada por el anterior contra ella. 

Leire Díez relata que el fiscal Grinda mantenía una intensa relación con el medio del que ella asegura que es fundadora, Crónica Libre –ahora desaparecido–, y que filtró numerosas informaciones al mismo. Según su versión, esa vinculación se acabó cuando ella misma y periodistas de ese medio descubrieron que el fiscal habría participado en montajes de la Operación Catalunya y contra Pérez Dolset, empresario con el que Leire Díez reconoce colaborar. Y, que representaba, en consecuencia, lo contrario de lo que ese medio supuestamente combatía.

Un juzgado de Madrid ha decidido imputar y llamar a declarar a Leire Díez, exmilitante socialista acusada de maniobrar contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en base a varios audios grabados. El magistrado, que admite a trámite una denuncia del grupo ultracatólico HazteOir, también llama a declarar como testigos al empresario Javier Pérez Dolset, que colaboró con Díez para denunciar, según su versión, corrupción policial, como a uno de los abogados que salen en las grabaciones y que actualmente forma parte del equipo que defiende a Santos Cerdán en el Tribunal Supremo.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid llama como testigos el mismo día al abogado Jacobo Teijelo, que actualmente defiende al exdirigente socialista Santos Cerdán, al empresario Javier Pérez Dolset y al comandante de la Guardia Civil investigado en el 'caso Koldo' Rubén Villalba.

De esta forma, el juez admite a trámite, como pidió la Fiscalía, la denuncia de Hazte Oír contra Leire Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Sin embargo, deja claro que la misma “no puede admitirse por el supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos” en relación con “con el ofrecimiento de fotos íntimas de un fiscal a un diario, ya que para proceder por dicho delito es necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal”.

El instructor apunta que, en la denuncia, se viene a alegar que Díez, “a la sazón militante del PSOE, recibió un encargo para neutralizar las investigaciones llevadas a cabo por la UCO sobre delitos supuestamente cometidos por dirigentes socialistas”. “En base a ello, Díez se reunió en el mes de febrero de 2025 con Alejandro Hamlyn, empresario acusado por un presunto delito de fraude de hidrocarburos”, explica el juez.

En dicha reunión, añade, estaban también presentes el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo. “La denunciada ofreció a Hamlyn un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía para evitar su condena a cambio de información sobre un supuesto caso de corrupción que implicaría al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO”, apunta el juez.

El magistrado afirma que Hazte Oír denuncia que Díez se reunió en el mes de marzo de 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el 'caso Koldo', “para ofrecerle protección judicial y un puesto en la Dirección General de la Guardia Civil a cambio de información sensible para desmontar la Guardia Civil y echar por tierra las causas judiciales que afectan al partido socialista”.

Además de las mencionadas citaciones, el juez también llama el 11 de noviembre a la representante legal de Hazte Oír para ofrecerle acciones y a los periodistas que se hicieron eco de los audios en los que Díez ofertaba los favores judiciales a fin de tomarles declaración como testigos.

Se trata del segundo juzgado madrileño que decide abrir causa sobre las actividades de la exmilitante socialista, tras el Juzgado de Instrucción Número 2, que inició diligencias por presunto tráfico de influencias después de una denuncia de la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC).

Además de esas dos denuncias, hay otras que ya han sido repartidas pero están pendientes de resolución: la de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en el 26 y la de Iustitia Europa en el 44. Díez fue teniente de alcalde por el PSOE en Vega de Pas (Cantabria), apoyó a Pedro Sánchez en campañas de redes sociales y fue directora de Relaciones Institucionales para Correos a propuesta de Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete del líder del PSOE.

La exmilitante encuadró el contenido de los audios en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado, “en ningún caso en nombre de nadie ni en representación de nadie”. “Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE”, aseguró ante la prensa a principios de junio.

Tanto hablar de fontaneros (hasta ha protestado una asociación profesional, ofendidos), y se nos olvida que el principal habitante de las cloacas no es el fontanero, sino la rata. No hablo de esos animalitos repugnantes que corretean por descampados, parques y contenedores de basura, sino otra especie más dañina: la rata de cloaca. Este artículo hay que leerlo con locución y música de documental de La 2.

Extendida por todo el planeta, la rata de cloaca parece haber encontrado un hábitat especialmente favorable en la democracia española. Su pelaje es variado: policías, empresarios, abogados, periodistas y políticos, mezclándose con promiscuidad. Escurridiza, con gran capacidad de adaptación y habilidad para moverse en la oscuridad, la rata de cloaca suele almacenar en su madriguera información comprometedora, que no duda en usar para chantajear, extorsionar y obtener beneficios económicos o judiciales. Muy dañina y transmisora de enfermedades democráticas, la rata es un animal agresivo, por lo que son frecuentes los conflictos entre individuos de la misma especie, llegando al canibalismo. La mayoría termina atrapada y en la cárcel, desde donde a veces sigue actuando.

En los años noventa España sufrió una importante plaga que casi devora la democracia. Por aquellas alcantarillas circulaban dossiers, cintas de vídeo, teléfonos pinchados, fotos íntimas y cuentas bancarias que afectaban a numerosos personajes públicos, del rey abajo. En tiempos más recientes las ratas colonizaron los cuerpos policiales, de donde no parece que hayan sido erradicadas del todo. Los más viejos del lugar recordarán ejemplares de gran tamaño que fueron especialmente ponzoñosos: empresarios caídos en desgracia como Mario Conde y Javier de la Rosa; policías con negocios propios como Villarejo; espías traidores como Perote, que se fue del entonces CESID con toneladas de material sensible…

Siempre que aumenta la temperatura política, la rata de cloaca sale a la superficie y causa grandes destrozos. Lo vemos estos días con varios ejemplares que corretean por juzgados, sedes de partidos, ruedas de prensa, y muy especialmente platós de televisión, pues los medios han encontrado un filón en estos animalejos. A veces con escenas tan chungas como la de este miércoles, con el turbio Aldama acosando a la turbia Leire Díez y casi llegando a las manos con el no menos turbio Pérez Dolset, en una escena que recordaba a aquel vídeo-meme de “dos ratas peléandose por un churro con música de fondo de Linkin Park”, un clásico de internet que alguna vez habrás visto.

Las ratas de hoy parecen aficionadas de medio pelo comparadas con las ratas de cloaca de otras épocas; pero no las minusvaloremos, que pueden hacer mucho daño. Y sobre todo no olvidemos que, más allá de complicidades políticas y periodísticas, las ratas buscan siempre su propio interés: salvar el culo, librarse de procesos penales, conservar su fortuna, sacar dinero, comerse el churro. Y quien se relaciona con ellas o les compra la mercancía, acaba llevándose un mordisco e infectado.

Víctor de Aldama abandonó la cárcel de Soto del Real en noviembre de 2024. Lo hizo con una advertencia lanzada hacia el Palacio de la Moncloa: “Que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas”, después de que Pedro Sánchez calificara como “inventada” sus acusaciones contra el Gobierno. Los jueces, después de que saliera de prisión con el visto bueno de Anticorrupción, siguen analizando si su confesión contenía pruebas válidas o fuegos de artificio. Mientras, Aldama, imputado en varias causas, ha tratado de convertirse en un activo en la lucha contra el Gobierno al que, según afirma él mismo, intentó corromper. Su última intervención ha sido encararse con Leire Díez y Javier Pérez Dolset mientras reclama que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haga “lo que tiene que hacer” para “sacar” a Pedro Sánchez del Ejecutivo.

La imagen de este empresario estuvo plácidamente ligada durante años al Zamora Club de Fútbol hasta que fue detenido en febrero de 2024 acusado de ser el “conseguidor” de una red de corrupción liderada por Koldo García, mano derecha durante años de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. También de haber conseguido o facilitado de forma irregular contratos millonarios de compraventa de mascarillas en la pandemia de coronavirus. Sus primeros meses como imputado en un caso que afectaba de lleno al Gobierno pasaron desapercibidos hasta que la Guardia Civil volvió a llamar a su puerta casi ocho meses después.

La Audiencia Nacional reveló entonces que el 'caso Koldo' y las mascarillas no eran el único motivo por el que seguían la pista a Aldama. El empresario y varios de sus colaboradores fueron enviados a prisión provisional por el denominado 'caso hidrocarburos', un supuesto fraude fiscal de más de 182 millones de euros a través de entramados empresariales de este sector. En esa causa se investigan delitos que no solo acarrean la cárcel sino potenciales multas de cientos de millones de euros.

Esta entrada en prisión fue el pistoletazo de salida a una serie de filtraciones. Entre ellas, su foto con Pedro Sánchez en un mitin del PSOE de 2019, que según dijo Aldama en sede judicial fue hecha porque la pidió el presidente del Gobierno y no al revés. Las revelaciones coloridas sobre la relación del empresario con Ábalos y Koldo se mezclaban y confundían con los hallazgos de la Guardia Civil hasta que Aldama y su abogado tomaron la iniciativa con una pirueta de la mano de Anticorrupción: confesar en el 'caso Koldo' a cambio de quedar en libertad en la trama de los hidrocarburos.

El empresario compareció ante el juez Ismael Moreno, que investiga el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, un mes y diez días después de entrar en furgón en Soto del Real. Habló durante casi dos horas. Aseguró que había pagado mordidas de 650.000 euros a Ábalos y de 100.000 euros a su asesor Koldo García, sin incluir otros pagos en especies. También habló de un pago de 15.000 euros a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, otros 25.000 euros más para el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda y de una petición de 50.000 euros para el entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres. Todos los aludidos lo niegan.

Ofreció, además, jugosos detalles de los grandes fetiches de la derecha: el rescate millonario de Air Europa y la estancia de Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana con la que tenía negocios, en el aeropuerto de Madrid.

Para entonces, la Guardia Civil ya seguía el rastro de Ábalos y Koldo García y sus relaciones con Aldama y había presentado un informe en el que señalaba el “papel relevante” del exministro en la trama. Anticorrupción entendió que la confesión era tan importante como para pedir a otro juez, el magistrado Santiago Pedraz que le mantenía en prisión por la trama de hidrocarburos, que le sacara de la cárcel. La causa estaba bajo secreto, la Fiscalía de Alejandro Luzón era la única acusación personada y su apoyo a la petición de Aldama no dejó otra salida que su puesta en libertad.

La ley no tiene previsto ningún mecanismo explícito para que un preso declare en una causa y eso propicie su libertad en otra completamente distinta. El representante de Anticorrupción, que hizo este movimiento a espaldas de la Fiscalía General, fue Luis Pastor, asesor en Justicia y Exteriores durante los gobiernos de José María Aznar.

Aldama, visiblemente molesto con que Sánchez hubiera rebajado la expectación por su confesión, prometió “pruebas” en las puertas de la cárcel y las empezó a presentar con cuentagotas en el Supremo. Documentos, mensajes y sus propias declaraciones, la gran mayoría pendientes de ratificación por parte de la UCO y el juez que investiga a Ábalos por corrupción. No obstante, el magistrado afirmó recientemente en uno de sus autos que “no conviene minimizar” el valor probatorio de las declaraciones del empresario.

Contratos, sobornos y un alquiler

Entre esas supuestas pruebas, aportó un listado de obras de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes donde figura una relación de contratos que estarían “pre-adjudicados” a determinadas empresas que “habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias”. Para apoyar su testimonio, el comisionista proporcionó un pantallazo con unas notas manuscritas que atribuyó a Koldo García y donde figurarían hasta seis contratos amañados. Según su relato, lo habitual era que el asesor hiciera de receptor de esos fondos, que luego distribuía a su jefe informándole a él de cada una de esas entregas.

Para tratar de cotejar la veracidad de esas notas manuscritas, el juez encargó un informe pericial que concluyó que esos escritos eran de Koldo García, quien había rechazado que fuera su letra. Ese informe pericial es en el que se basó el juez para pedir a la UCO que investigara las obras señaladas por el conseguidor. La unidad del instituto armado ya está tratando de fiscalizar todo el proceso e identificar a las empresas finalmente adjudicatarias de esas obras.

El magistrado Puente cree que la “coincidencia existente” entre la letra del que fuera asesor de Ábalos y la que figura en el manuscrito presentado por Aldama justifica la investigación de esas adjudicaciones y también de las que aparecen en el citado listado reflejado en un anexo de inversiones de los Presupuestos.

Entre las acusaciones lanzadas por Aldama están también las relativas a los pisos de alquiler turístico que asegura haber pagado para que Ábalos, Koldo García y otras personas mantuvieran encuentros con mujeres. En el escrito que aportó al Supremo afirmó que fue “recurrente el alquiler de un piso en la calle Atocha”, aunque ante el juez reconoció que en ese piso hubo solo un encuentro.

El magistrado le reclamó el pasado febrero la relación de esos supuestos pisos que dice haber facilitado y recabar las fechas de los contratos y estancias y el pago de las mismas, así como si hubo pagos a las mujeres y quién los asumió. No consta, por el momento, que esa documentación haya sido aportada.

Entre los sobornos que sí aparecen acreditados está el pago del alquiler de la vivienda de una expareja de Ábalos. Se trata de una renta de 2.700 euros mensuales que pagó durante casi tres años. Las pesquisas han acreditado que Aldama, a través de un socio, abonó hasta 32 mensualidades de ese alquiler: un total de 82.298,40 euros. En paralelo, elDiario.es ha desvelado que realquiló de forma ilícita dos restaurantes en Madrid cuya adjudicación había conseguido a dedo en 2013 del Ayuntamiento sin que el consistorio haya actuado contra él hasta cuatro años después de la irregularidad.

“Lo que tiene que hacer” Feijóo

El empresario acudió al Supremo a declarar acompañado del ultra Daniel Esteve, líder de Desokupa, dando a entender que necesitaba protección para caminar diez metros por una de las calles con más vigilancia policial de todo Madrid. Este miércoles, sin protección y buscando el contacto físico, Aldama ha acudido al hotel donde Leire Díez daba explicaciones sobre sus reuniones y audios. Allí se encaró y forcejeó con el empresario Pérez Dolset, que trató de impedir que abordara a Díez.

“A ver si Feijóo hace lo que tiene que hacer para echar a este Gobierno”, dijo mientras se marchaba del lugar. Sus advertencias y arengas contra Sánchez no son nuevas desde que salió de la cárcel, aunque sí es la primera vez que insta al Partido Popular, principal beneficiario político de sus palabras, a recoger el guante.

Sus primeras entrevistas tras salir de la cárcel, como la que ofreció en el programa de máxima audiencia de la COPE con Carlos Herrera, ya dejaron claro que, según Aldama, el Gobierno debía abandonar la Moncloa. “Es muy grave que haya nombrado a todas las personas que he nombrado y sigamos en pie”, dijo tras ofenderse porque el presentador le preguntara por las pruebas que tenía.

En esa entrevista reveló la existencia de una denuncia en la Fiscalía con un “listado” de supuestas cuentas millonarias en el extranjero a nombre de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y de otros miembros del Ejecutivo. La Fiscalía Anticorrupción archivó esas denuncias por su falta de “credibilidad” el 22 de enero, el mismo día que Aldama aireó su existencia.

Sus entrevistas han ido subiendo de tono —hace menos de una semana pidió “parar” o hacer “dimitir” a Sánchez en el programa de Iker Jiménez— mientras su nombre ha aparecido como supuesto inductor de informaciones dudosas sobre el Gobierno. Este mismo miércoles, la empresaria Leonor González Pano, que en una entrevista afirmó que Ábalos había cobrado una comisión de medio millón por facilitar el rescate de Air Europa, ha reconocido ante un juez que la única prueba que tiene es la palabra de Aldama. Su madre, Carmen Pano, también afirmó sin pruebas que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz para pagar favores.

Su última aparición extrajudicial tiene que ver con Leire Díez, el empresario Pérez Dolset y lo que el PP ya ha bautizado como las “cloacas” del PSOE. Según dijo en el programa de Ana Rosa Quintana, una de las grabaciones en las que la entonces militante socialista hablaba con el empresario Alejandro Hamlyn era una “trampa” promovida por él mismo. Aldama afirma que era “un cebo” urdido junto a este empresario para que pasara lo que ha pasado: que Díez fuera grabada y todo trascendiera.

Entrevistas, intervenciones públicas y filtraciones que marcan los casi siete meses que Aldama lleva en libertad con el visto bueno de Anticorrupción. Todo, mientras los jueces de la Audiencia Nacional y el Supremo siguen intentando separar el grano de la paja de su confesión. Descubrir si aportó pruebas relevantes para las investigaciones o promesas para quedar en libertad.

Cuando Leire Díez presentó en Ferraz a Javier Pérez Dolset, un empresario encausado por el supuesto desvío a Panamá de más de cien millones de euros, Pedro Sánchez ya había sido reelegido presidente y ya había ordenado la renovación de la cúpula de Correos que la dejó a ella sin trabajo. Dolset, que achaca sus problemas con la justicia a un montaje de “las cloacas del Estado” instauradas bajo gobiernos del PP, era por entonces un completo desconocido para el PSOE, según coinciden todas las fuentes consultadas. Y en su cruzada personal contra quienes, según él, le arruinaron la vida, encontró en la militante socialista una vía perfecta para que el partido del Gobierno le abriera sus puertas y lo escuchara.

Según ha podido saber elDiario.es, Díez llegó entonces a la sede de la calle Ferraz con el empresario encausado bajo una promesa que consiguió captar la atención de sus interlocutores en la cúpula del PSOE: las supuestas pruebas que demostrarían un complot político, judicial y policial en torno a la causa de los ERE de Andalucía, el escándalo de corrupción que echó abajo el fortín socialista andaluz y que arrasó la vida política y personal de expresidentes y símbolos del PSOE como Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En Ferraz, donde admiten tal encuentro, explican que recibieron aquel material, con ingente documentación y grabaciones, con una mezcla de asombro y escepticismo. Dolset les explicó entonces que esa documentación ya había sido entregada a la justicia tiempo atrás sin éxito alguno. Y que se la trasladaban al PSOE, personado en la causa de los ERE, por si ellos tenían más suerte y conseguían que avanzara. Un equipo jurídico del partido analizó el material aportado en memorias digitales y, tras varios meses de cribado, esa información resultó un chasco: ni aportaba novedad alguna a lo publicado en medios de comunicación o incluso a lo sabido ya entre las filas socialistas, ni mucho menos ofrecía pruebas de ese presunto complot.

Lo que defiende el PSOE para desmontar la tesis de la “fontanera”, instaurada por la derecha política y mediática sin más pruebas que lo sustenten que su propia militancia, es que fue, por tanto, Leire Díez quien movió ficha para poner a su partido al tanto de una investigación de la que aseguran ser completamente ajenos. “Ni conocíamos a Dolset, ni sabíamos nada de sus reuniones, ni mandamos a Leire a reunirse con nadie como enviada de ninguna misión especial. Es un montaje de la derecha. Fue ella quien nos presentó a ese empresario y quien nos dijo que trabajaban para una asociación de víctimas de la policía patriótica. Nosotros la escuchamos entonces y nada más. Aquello no llegó a nada”, exponen desde la dirección del PSOE.

En privado, lo que trasladan desde las filas socialistas es que Leire Díez, en realidad, lleva años trabajando para Dolset. Y que el empresario utilizó su militancia para acercarse al PSOE, como había hecho antes con otros intermediarios para poder contactar con Junts, con ERC o con Podemos, partidos con los que también se produjeron reuniones, según ellos mismos han relatado públicamente. En total, son cuatro los encuentros que admite el PSOE haber mantenido con el empresario presentado por su militante. Y todos, afirman, con el mismo resultado infructuoso.

El intento de bautizar la actuación de Díez, que antes había ostentado altos cargos en empresas públicas de la mano de los gobiernos de Sánchez, como una cloaca equivalente a la operación policial montada en Interior durante el Gobierno de Rajoy que mantiene procesados a un exministro del Interior, a su secretario de Seguridad y a varios comisarios, es recibido en el PSOE con una mezcla de sorna y rechazo. “No tiene un pase lo que se escucha decir a Leire Díez en esas grabaciones, pero nadie ha podido probar que lo dijera en nombre nuestro porque sencillamente es falso. Y a las pruebas nos remitimos. ¿Qué beneficio han obtenido esos empresarios de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado? Lo que sí ocurrió bajo un Gobierno del PP es que se inventaron informes policiales contra rivales políticos y que se puso a la policía a perseguir a Bárcenas para destruir las pruebas de su corrupción”, remarcan.

La propia Leire Díez afirmó en Cuatro este miércoles que en esas reuniones donde se le escucha hablar de su capacidad para movilizar a la Fiscalía o la Abogacía del Estado, ella vendía “faroles para iluminar una alameda”. Es decir, que se inventaba su supuesto empoderamiento y su capacidad de maniobra. Algo en lo que coinciden algunos dirigentes políticos y policías que se sentaron con ese grupo de empresarios que disponen de grabaciones comprometedoras de policías, ejecutivos de empresas y también periodistas, casi todas provenientes del arsenal digital del comisario Villarejo.

Sobre el circo de este miércoles, con la esperpéntica comparecencia de Leire Díez convertida en sainete por la irrupción sorpresa de Víctor Aldama, en el PSOE prefieren no pronunciarse y poner el foco en que el supuesto corruptor del caso Koldo y de la trama de los hidrocarburos interpelase directamente a Feijóo para acabar con Sánchez. “¿Cree que este será el final del Gobierno de Sánchez?”, le preguntó un periodista a las puertas del hotel al que acudió a reventar el acto. “Esperemos que sea así por el bien de todos. Espero que el señor Feijóo haga lo que tiene que hacer”, respondió Aldama, a lo que los socialistas reaccionaron en sus redes sociales. “Víctor de Aldama, imputado en el caso Delorme y en el caso Hidrocarburos, entra en campaña para apoyar la candidatura de Feijóo en el próximo congreso del Partido Popular. El aval que le faltaba”.

“Ni fontanera ni cobarde”

Tras comparecer el martes en la sede socialista de Ferraz, Díez había anunciado para el miércoles una rueda de prensa en un hotel de Madrid a las diez en punto de la mañana. Sin embargo, decidió sentarse ante las decenas de micrófonos y cámaras a las nueve y media. “Soy de llegar pronto, pero me espero a la hora anunciada”, comentó. Y cumplió su palabra y permaneció allí plantada y en silencio durante media hora ante el deleite y el asombro de los medios gráficos y los programas de televisión en directo.

“Ni fontanera, ni cobarde”, remarcó la que fuera alto cargo de Correos y Enusa a modo de lema de su cruzada contra los oscuros poderes que promete combatir. “Seguiré con mi trabajo para culminar el libro. Ni me van a intimidar ni voy a renunciar a mis convicciones. Se puede ser socialista y llevar a cabo un trabajo de investigación, como es mi caso, un libro sobre la trama de los hidrocarburos. Una tarea de periodismo de investigación para evaluar casos de enorme trascendencia para el Estado”, aseguró.

Si se reunió con empresarios corruptos y maniobró contra altos cargos de la Guardia Civil lo hizo “para una investigación por un libro”. Y si ofreció tratos de favor de poderes públicos a los acusados a cambio de información sensible fue por una “equivocación en la formulación” o por “una mala interpretación”. Y hasta ahí las explicaciones, porque la ya exmilitante socialista no admitió preguntas de la prensa y se apresuró a embarcarse en una ronda de entrevistas por medios como Okdiario, El Toro TV o Todo Es Mentira (Cuatro).

Pero a la escena de su comparecencia en el hotel le faltaba un cameo decisivo. Entre los asistentes, casi de incógnito, se había incrustado el empresario Víctor Aldama, quien al finalizar la declaración se fue directamente a por Díez y Dolset. “Ha mentido en todo, se está riendo de todos los españoles. Esta señora es una sinvergüenza que trabaja para el señor Santos Cerdán y para el señor Pedro Sánchez”, dijo Aldama, quien denunció recibir “amenazas de muerte” que no ha concretado.

Con ese desenlace, la comparecencia de Leire Díez derivó en algo parecido a una trifulca de banquete de boda, con empujones, gritos, insultos, amenazas y un remolino de cámaras y reporteros que se llevaron por delante una de las mesas habilitadas en el salón del hotel y que acabó con botellas de cristal esparcidas por el suelo. El revuelo llamó la atención de los turistas que hacían cola en recepción para el 'check in', sorprendidos por el espectáculo. La dirección del hotel decidió llamar a la policía y una patrulla de dos agentes apareció al rato.

Pero a Leire Díez y Pérez Dolset se les había perdido ya la pista y todo el foco era entonces para Aldama, el empresario al que la Fiscalía Anticorrupción dejó en libertad con la promesa de colaborar con la justicia y de aportar pruebas de la supuesta corrupción sistémica del Gobierno de Sánchez. No ha cumplido esos compromisos, pero sigue en la calle jactándose de tender trampas al Gobierno, como la famosa grabación urdida junto a otro poliimputado en el fraude de los hidrocarburos en la que Leire aparecía tratando de sonsacarle información sobre guardias civiles corruptos. Esa polémica orden de libertad amparada por Anticorrupción que le había servido para pasearse por los platós de televisiones y estudios de radios, le permitió también acudir a reventar la rueda de prensa de Leire Díez y arrebatarle, de paso, buena parte de su minuto de gloria.

El grupo alemán Kalypso Media ha comprado los derechos para explotar la marca Commandos, en la que están incluidas todas las entregas del mítico videojuego de los 90, como Commandos: tras las líneas enemigas, Commandos 2, Commandos 3, y Commandos strike force. Lo anunciaron el jueves a través de un comunicado en su web oficial donde explican que también se han hecho con los derechos de otros juegos de la desarrolladora Pyro Studios, como Imperial Glory y Praetorians.

“Estamos muy orgullosos y extremadamente honrados de ser capaces de añadir marcas tan grandes y exitosas como Commandos, Praetorians e Imperial Glory a la cartera de Kalypso”, dijo Simon Hellwig, fundador y CEO de la compañía.

Por su parte, Ignacio Pérez Dolset, creador de Pyro Studios, también ha alabado el nuevo acuerdo: “Hemos estado buscando un socio adecuado que continúe con nuestros productos y marcas durante mucho tiempo. Kalypso tiene mucha experiencia resucitando títulos clásicos, y estamos encantados de dejar nuestra creación en tan buenas manos ”.

Ignacio y Javier Pérez Dolset fueron detenidos hace poco más de un año por saquear y desviar subvenciones del Gobierno al grupo Zed, una empresa que adquirieron a finales de los 90, pionera en el sector de contenidos para móviles. Según la Fiscalía Anticorrupción, ambos se encontraban en el epicentro de una trama para vaciar la sociedad y llevarse las subvenciones que el Gobierno les otorgó, e incluso llegaron a tener conexiones con mafiosos del entorno de Vladimir Putin.

El juez Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción han dado un nuevo impulso a la Operación Hanta con la citación de 49 personas entre el 12 y el 18 de diciembre próximos. Más de la mitad, un total de 26, son investigados en la Audiencia Nacional por su participación en una presunta trama de fraude de subvenciones públicas a Zed, una existosa empresa tecnológica creada por Javier Pérez Dolset en los noventa que empezó a escribir su último capítulo cuando se alió en 2008 con un magnate ruso de dudosos métodos.

Entre los citados como investigados figura el presidente de La Razón y directivo de Atresmedia, Mauricio Casals Aldama, al que en un principio Pérez Dolset acusó de haberle ofrecido su influencia en los medios de comunicación para conseguir subvenciones públicas, principalmente del Ministerio de Industria, según consta en la querella de Anticorrupción que dio origen al caso. La Policía se personó el 29 de junio en el despacho que Casals tiene en el periódico madrileño, cuya editora es investigada por haber recibido presuntamente fondos camuflados en contratos de publicidad a cambio de las gestiones del presidente del rotativo.

El juez García Castellón envió a Pérez Dolset a prisión incondicional al día siguiente por varios delitos relacionados con los 70 millones de euros en ayudas públicas que recibió la tecnológica creadora del exitoso videojuego Commandos. El empresario declaró de nuevo trece días después para desdecirse de lo que había dicho a la Policía antes de que estallara el caso. El 13 de julio negó que Mauricio Casals hubiera mediado para la consecución de las ayudas y rechazó que éstas fueran irregulares.

Esa denuncia contra los rusos de Pérez Dolset impulsó de forma paradójica la investigación contra él, en la que ha colaborado el FBI. Anticorrupción resume el relato del empresario sobre sus antiguos socios como “una serie de actuaciones personales, societarias y empresariales” identificadas como reiderstvo, una práctica del “entorno criminal ruso” consistente en “actuaciones de distinta intensidad, ejecutadas en diversas líneas y que culmina con una situación de bloqueo institucional y económico de la compañía”. El objetivo final es “incautarse” de la sociedad, adquirirla casi a coste cero, señala Anticorrupción.

La denuncia inicial llevó a los fiscales José Grinda y Carlos Yáñez a descubrir el ataque de los rusos para hundir la compañía, pero también les permitió conocer cómo los dueños de Zed estaban desviando supuestamente dinero y ocultando su capital ante la previsible quiebra, un total de 100 millones de euros en Panamá que Pérez Dolset niega.

Una supuesta prueba de ese desvío fue aportada por un directivo de Planeta, grupo dueño de un 20% de Zed, y ha sido denunciada como un documento falso por la defensa de Pérez Dolset. El abogado José Antonio Choclán, que defiende al antiguo dueño de la tecnológica, ha presentado una querella en el mismo juzgado que investiga a su defendido por la presunta falsificación del documento.

Pérez Dolset contactó con los rusos en 2008. Vipelcom, la compañía del magnate Mijaíl Fridman, que pronto se convirtió en su principal fuente de ingresos, con el 43% de la facturación. Los empresarios españoles descubrieron en 2013 que sus socios estaban desviando dinero a la empresa de Vladimirovich Kolokoltsev, hijo del ministro del Interior ruso.

Pérez Dolset quiso cerrar el grifo y la respuesta de Fridman y Vage Engibaryan-fue incrementar los pagos sin justificación, que sumaron 30 millones de euros. Según Anticorrupción, los rusos diseñaron una estrategia para “asfixiar” Zed con la ayuda del abogado holandés Peter Wakkie. A Países Bajos habían acudido los hermanos Pérez Dolset para instalar la sede de su holding internacional.

Al igual que Engybarian, está citado el 18 de diciembre en la Audiencia Nacional el abogado Peter Wakkie, así como los colaboradores del primero Sergey Gobuntsov y Vladimir Naumovich Turovetskyi. También declararán como imputados Patricia Pérez Dolset, hermana del principal acusado, y otros empresarios relacionados con la tecnológica.

El consejero delegado de Planeta, citado como testigo

Entre los investigados también hay personas jurídicas. Es el caso de Audiovisual 2000, empresa editora de La Razón, que tendrá que enviar a un representante legal a la Audiencia Nacional el día 13 de diciembre. ZED Worldwide pagó a La Razón 2.125.000 euros en labores de “asesoramiento y relaciones institucionales” para la obtención de ayudas públicas, según aparece en la querella de Anticorrupción.

“En cualquier caso, fueran ciertas o no las influencias denunciadas por Javier Pérez, así como las presiones mediáticas intimidatorias que igualmente se denunciaron, de las actuaciones resulta indicios objetivos de que Audiovisual Española 2000 SL (editora de La Razón) cobró estas cantidades por la intervención de Mauricio Casals Aldama y sin una relación mercantil o prestación de servicios que justifique el pago de las mismas”, dice la querella de los fiscales.

Ese mismo día, 13 de diciembre, están citados como testigos el directivo de Planeta, que aportó el documento sobre el supuesto desvío de fondos a Panamá de Pérez Dolset, Luis Elías, así como el actual consejero delegado del grupo, José Manuel Lara García. La Razón es un periódico del Grupo Planeta.

Zed entró en concurso de acreedores a finales de 2016. En esta ronda de declaraciones no aparecen los responsables del Ministerio de Industria en las etapas de PSOE y PP, que fueron señalados durante la instrucción por distintos testigos como responsables de conceder y supervisar las subvenciones a la compañía de Pérez Dolset.

El fundador y máximo accionista del Grupo Zed, Javier Pérez Dolset, ha abonado la fianza impuesta de 60.000 euros impuesta por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para salir de la prisión en la que se encuentra desde el pasado 30 de junio, según han informado fuentes jurídicas.

El magistrado de la Audiencia Nacional inicialmente decretó su ingreso en prisión tras tomarle declaración, pero posteriormente, según han precisado las mismas fuentes, modificó lo acordado para imponer una fianza de 60.000 euros con la que podría evitar seguir en la cárcel. Pérez Dolset, ha pagado ya dicha cantidad, por lo que en las próximas horas el juez García Castellón autorizará su libertad.

El responsable de Zed, al que se le atribuye los delitos de insolvencia punible, administración desleal, fraude de subvenciones y tráfico de influencias por valerse de más de una decena de sociedades para captar entre 2011 y 2016 un total 69.369.876 euros de fondos públicos, presentó un recurso contra su situación de prisión incondicional dictada por el juez.

El pasado 13 de julio, Pérez Dolset negó ante el juez instructor tener conocimiento de que se cometieran irregularidades por parte de la empresa tecnológica para conseguir subvenciones públicas millonarias de forma fraudulenta, así como que es falso que se aprovechara de un círculo de influencias o que se valiera de proyectos ficticios para conseguir ayudas públicas por valor de cerca de 70 millones de euros entre 2011 y 2016.

El presunto cabecilla de la trama ha reconocido que sufrió presiones por parte del presidente de la Razón, Mauricio Casals, pero ha negado igualmente que éste, imputado en la causa, intercediera para la comisión de las presuntas irregularidades que investiga Castellón y que llevaron a la empresa a la quiebra.

Además, Pérez Dolset añadió que está arruinado y que todo el capital del que disponía lo había invertido en el grupo familiar. Asimismo, aseguró que no tiene dinero en ninguna sociedad panameña pese a que Anticorrupción apunta que el empresario dispone de fondos por valor de 101 millones de dólares, según las mismas fuentes.

La investigación sobre la quiebra del Grupo Zed, se inició el pasado 29 de junio con la operación conocida como Hanta, que fue dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y coordinada conjuntamente con la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

El juez considera que Pérez Dolset tuvo una “intervención fundamental” en la situación de insolvencia de la empresa tecnológica porque creó un sistema con el que obtuvo subvenciones de forma masiva falseando los requisitos para acceder a éstas.

El empresario Javier Pérez Dolset, antiguo dueño de Zed WorldWide, ha vuelto este mediodía a la cárcel después de haber declarado alrededor de una hora ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. El magistrado ha decidido no atender la petición de libertad de la defensa porque ésta ya había presentado un recurso contra su decisión de encarcelar a Pérez Dolset el pasado 30 de junio, pendiente de resolverse.

La empresa tecnológica habría recibido 70 millones de euros en subvenciones de distintos ministerios en época de PP y PSOE que están siendo analizadas. Los investigadores creen que el presidente de La Razón y directivo de Atresmedia, Mauricio Casals, medió con la Administración a cambió de más de 2 millones de euros en contratos con el periódico madrileño.

Fuentes presentes en la declaración aseguran que Pérez Dolset le ha dicho al juez este jueves que nadie, tampoco Casals, medió en la concesión de las subvenciones, al tiempo que rechazó que pudiera haber irregularidades en su concesión y supervisión, como cree la Fiscalía Anticorrupción. El empresario ha añadido que, de haber sido así, hubiera rechazado las subvenciones y hubiera denunciado supuestos amaños.

La querella de Anticorrupción que ha dado origen a la causa dice: “En estas labores de penetración en las administraciones públicas, el propio Javier Pérez Dolset manifestó en el seno de estas diligencias que todas las labores de obtención de financiación pública para sus empresas se realizaron bajo el asesoramiento del Grupo Planeta. Indica expresamente que el querellado Mauricio Casals Aldama tenía la función de mantener las relaciones necesarias con las instituciones públicas para lograr obtener la aprobación de la concesión de ayudas”.

Por otra parte, Pérez Dolset también ha hablado ante el juez de una grabación que él mismo entregó a la Policía en la que el empresario Pedro Pérez le explica que directivos del grupo Planeta están realizando una campaña contra él, según las fuentes consultadas. Sin detallar quién ejerció las presiones, Pérez Dolset ha insistido en que las hubo.

Pérez Dolset mantiene un contencioso desde hace años con uno de los socios de Zed, el Grupo Planeta. Precisamente, un directivo del grupo, Elías Viñeta, ha aportado a la causa la prueba que decide a Fiscalía pedir que Pérez Dolset siga en prisión, un documento excel sobre una sociedad en Panamá detrás de la que presuntamente está Pérez Dolset, que escondería 101 millones de dólares americanos del empresario encarcelado.

El antiguo dueño de Zed ha reconocido que Panamareal es una sociedad suya, pero ha añadido que nunca ha tenido capital. Su defensa ha aportado una certificación de un despacho panameño de abogados en ese sentido.

Anticorrupción apunta a que hay 14 millones en ayudas ilegales, la mayoría con cargo a programas de I+D que se justificaron con proyectos fantasma y personal sin capacidad de llevarlos a cabo. Algunas de las ayudas que recibió Zed eran incompatibles entre sí.

Una segunda línea de investigación se detiene sobre las maniobras de la familia Pérez Dolset para vaciar las sociedades mientras trataban de repeler los ataques de los accionistas rusos. Se urdió una trama de facturas falsas para desviar fondos a bufetes de abogados que ejercían de testaferros e incluso a una empresa de deportes náuticos radicada en el paseo madrileño de La Castellana.

El juez García-Castellón había citado a Pérez Dolset porque éste se había negado a declarar tras su detención. El magistrado ha concedido la oportunidad al imputado después de que se haya levantado el secreto del sumario y una vez ha tenido oportunidad de conocer con detalles los indicios existentes contra él.

En 1996, Javier Pérez Dolset y su hermano Ignacio crearon Pyro Studios. Fue una de las muchas compañías desarrolladoras de videojuegos que proliferaban por aquellas fechas en nuestro país. A la par, Dinamic Multimedia, FX Interactive o Pendulo Studios, entre otras, intentaban meter la cabeza en un sector tradicionalmente dominado por Japón y EEUU.

Pyro Studios superó sus propios márgenes de beneficio en 1998 con Commandos, una saga de videojuegos para PC que situaba al jugador al frente de un grupo de soldados de élite durante la II Guerra Mundial. ¿Cómo se pasa de proyectar unas ventas que rondan las 150.000 unidades a vender cerca de 4,5 millones de títulos y terminar facturando más de 500 millones de euros?

Ni los Dolset lo saben, pero la saga rápidamente se convirtió en un superventas, tanto en España como en el mundo. La primera entrega fue nombrada por la Asociación de Videojuegos de Alemania como “el mejor juego de estrategia en tiempo real” de 1998 y fue incluido por la revista PC Player entre los 100 juegos de ordenador más importantes de los 90.

Todo lo que fue Commandos

Commandos está ambientado durante la II Guerra Mundial. Fue el precursor del género de infiltración, donde el jugador tenía que manejar a seis personajes aunque nunca de manera simultánea. Por ejemplo: mientras que las habilidades de Jack O'Hara se centraban más en el cuerpo a cuerpo y en esconderse; las de Samuel Brooklyn pasaban por conducir todo tipo de vehículos y la rapidez.

Además del boina verde y el conductor, el reparto se componía de un francotirador, un marine, un zapador y un espía. Commandos 2: Men of courage llegó a tener hasta nueve comandos útiles, un número que Commandos 3: Destination Berlin rebajó de nuevo hasta los seis.

Dependiendo de la misión, el jugador tenía que manejar a uno, dos, tres o a todos los miembros del equipo que, por cierto, estaban inspirados en comandos especiales reales que existieron durante la segunda Gran Guerra. Las localizaciones del juego eran muchas y variopintas, pasando por París, Nueva Delhi, Moscú o el mismo Berlín, guiños cinematográficos incluidos.

¿Hay algo más reconfortante que rebanar el cuello de un nazi a los pies de la Torre Eiffel? Porque el apartado gráfico de todas las entregas era excelente. Y eso sin tener en cuenta el amplio surtido de frases con las que O'Hara y sus colegas nos “contestaban” después de ordenarles una acción: “¿Está usted loco?”, “Okie Dokie”, “Voy para allá”, “A la orden, señor”...

Aunque el número de misiones a completar variaba con cada nuevo título, todos rondan las 20. De más fáciles a más difíciles. Además, antes de iniciar cada capítulo se nos presentaba una especie de briefing con información clave sobre los enemigos, el lugar o los objetivos a completar. Sería imposible conocer cada parte del mapa si la vista fuera otra diferente de ese gran plano aéreo que permite ver todo el campo de juego.

Solo el último videojuego de la saga, Commandos: Strike Force cambió la perspectiva aérea por una en primera persona. Fue un fracaso. Aunque intentó reconvertirse en shooter no lo consiguió. Quienes sí lo hicieron fueron los Dolset, que para finales de 2012 ya habían fusionado Pyro Studios con otra empresa, dejando a un lado los videojuegos y abriéndose camino en el creciente mercado de los juegos y aplicaciones para móvil y tablet. El pasado jueves, ambos hermanos fueron detenidos por saquear y desviar subvenciones del Gobierno al grupo Zed, la empresa que fundaron en 1996. Poco aprendieron de honor, infiltración y buenas tácticas.

Mucho antes de que se inventase el término, los Pérez Dolset ya eran emprendedores de la era digital. A principios de los noventa, el patriarca probó suerte como proveedor de internet aliado con Telefónica en lo que fue la precuela de Terra. Y dos de los hijos, Javier e Ignacio, tras salir de la universidad sacaron al mercado Commandos, un videojuego superventas que los hizo a todos ricos.

Luego llegaron los politonos para móviles. La expansión internacional. Y los nuevos socios, españoles y extranjeros. Su compañía, el Grupo Zed, fue valorada en más de 1.000 millones de euros con filiales en 80 países, 400 empleados en nómina y un modelo de negocio basado en el valor añadido a los servicios de telefonía móvil. En el accionariado entraron en estas últimas dos décadas algunas de las principales fortunas del país, desde la familia Lara al empresario Juan Abelló. La búsqueda de alianzas internacionales dio incluso entrada en 2008 a millonarios rusos bien conectados con el Gobierno de Vladímir Putin.

Hoy todo es una montaña de cenizas y su historia está contada en una querella de 99 páginas de la Fiscalía Anticorrupción. El escrito presentado ante el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional desencadenó la operación policial del pasado jueves con ocho detenciones, entre ellas de los fundadores de la sociedad. Bien podría ser una novela de intrigas que retrata las encarnizadas luchas por el poder entre los primeros propietarios y sus socios sobrevenidos.

La lista de delitos que atribuye el Ministerio Público a directivos de uno y otro bando bucea en medio Código Penal: insolvencia punible, administración desleal, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, amenazas, coacciones... El conglomerado tecnológico, por supuesto, está en concurso de acreedores.

Los problemas gordos llegaron en 2013, casi un lustro después de asociarse a empresas rusas. Los directivos españoles de Zed descubrieron que la filial que compartían con los inversores rusos estaba desviando grandes cantidades de dinero a una compañía vinculada al ministro ruso del Interior. Intentaron cortar el grifo, pero los socios rusos se rebelaron y sometieron a la empresa a un “agotamiento económico” que la abocó a la quiebra. El procedimiento habitual de las mafias para hundir compañías y quedárselas a precio de baratija que en Moscú se conoce como “reiderstvo”.

Hubo denuncias cruzadas, de los rusos en contra de los administradores españoles en Holanda, y de los fundadores en España ante la Fiscalía Anticorrupción. Unos y otros están imputados en el sumario abierto en la Audiencia Nacional.

La investigación ha revelado un fraude grosero en las subvenciones, que según uno de sus supuestos instigadores, usó la influencia del presidente de La Razón Mauricio Casals. Según el relato de Javier Pérez Dolset, uno de los accionistas primigenios enfrentado desde hace años a sus socios de Planeta, el papel de Casals fue fundamental para captar casi 70 millones de euros en créditos y ayudas públicas. El sumario relata que dos millones acabaron en las arcas de La Razón sin que la documentación recabada justifique el motivo.

Anticorrupción apunta a que hay 14 millones en ayudas ilegales, la mayoría con cargo a programas de I+D que se justificaron con proyectos fantasma y personal sin capacidad de llevarlos a cabo. Algunas de las ayudas que recibió Zed eran incompatibles entre sí.

Una segunda línea de investigación se detiene sobre las maniobras de la familia Pérez Dolset para vaciar las sociedades mientras trataban de repeler los ataques de los accionistas rusos. Se urdió una trama de facturas falsas para desviar fondos a bufetes de abogados que ejercían de testaferros e incluso a una empresa de deportes náuticos radicada en el paseo madrileño de La Castellana. Anticorrupción atribuye a la saga familiar una fortuna de 101 millones de euros en Panamá.

De lo pacífica que ha resultado la convivencia entre las familias que se mezclaron en el accionariado de Zed da idea la ristra de denuncias de Javier Pérez Dolset. Contó que sus enemigos rusos le pincharon el teléfono, contrataron a hackers para acceder a sus ordenadores y destruir unos documentos y falsificar otros. Sus enemigos internos, relató, llegaron a dejarle avisos en el coche para que vigilase a sus hijos si seguía adelante con las investigaciones en el extranjero.

El fundador de ZED que ha pasado de los rankings de exitosos empresarios a dormir en una cárcel madrileña, también dijo tener constancia de que los rusos habían pagado a periodistas para destruir la reputación de Zed. El sumario Hanta la ha hecho añicos.

Reiderstvo, o en inglés, raiding. Es el nombre del “método criminal” que usaron los inversores rusos de Zed WorldWide para hundir la empresa y hacerse con su control pagando un precio irrisorio. Al final consiguieron arruinar la compañía y los hermanos Pérez Dolset, Javier e Ignacio, creadores del videojuego Commandos, tuvieron que solicitar el concurso de acreedores en 2016.

Su pecado, el que dio origen a la estrategia de derribo, fue denunciar que sus socios rusos estaban pagando cantidades ingentes de dinero al hijo de un ministro de Vladímir Putin.

Así lo describen los fiscales de Anticorrupción José Grinda y Carlos Yáñez en la querella de la Operación Hanta, en la que han trabajado junto a los especialistas de la Policía en tramas de Europa del Este y los delitos económicos. El escrito de 99 páginas dedica una parte a relatar el derribo planeado de Zed por parte de los socios rusos de la empresa, molestos por una investigación interna que llegó a alertar al FBI. Sus agentes interrogaron a los hermanos Pérez Dolset en una investigación sobre sus conexiones con magnates próximos al presidente ruso.

El FBI y la Fiscalía Anticorrupción española empezaron a colaborar tras una denuncia de Javier Pérez Dolset. El empresario describió “una serie de actuaciones personales, societarias y empresariales” que los investigadores identificaron como reiderstvo. Los fiscales describen esta práctica del “entorno criminal ruso” como las “actuaciones de distinta intensidad, ejecutadas en diversas líneas y que culmina con una situación de bloqueo institucional y económico de la compañía”. El objetivo final es “incautarse” de la sociedad, adquirirla casi a coste cero.

La denuncia inicial les llevó a descubrir el ataque de los rusos para hundir la compañía, pero también cómo los dueños de Zed estaban desviando dinero y ocultando su capital ante la previsible quiebra. Javier Pérez Dolset ha sido enviado este viernes a prisión sin fianza acusado de fraude e insolvencia punible. Los fiscales creen que oculta más de 100 millones de euros en Panamá.

Pérez Dolset contactó con los rusos en 2008. Vipelcom, la compañía del magnate Mijaíl Fridman, había encargado a una filial (TEMA) un contrato de “agregación de contenidos” para móviles al que no podía hacer frente. Ahí empezaron los contactos con Zed, líder en ese sector. Vipelcom y Zed se asocian para controlar TEMA, lo que supuso para la empresa de Pérez Dolset que los rusos se convertían en su principal fuente de ingresos con el 43% de su facturación.

Sobornos al entorno de Putin

Cinco años más tarde empezaron los problemas para Zed, cuando sus responsables descubrieron que los socios estaban desviando dinero a la empresa de Vladimirovich Kolokoltsev, hijo del ministro del Interior ruso. Su compañía, proveedora de Vipelcom, se sentía “injustamente tratada”. La respuesta de Fridman -que contó siempre la colaboración de su mano derecha, Vage Engibaryan- fue incrementar los pagos sin justificación, que sumaron 30 millones de euros.

Un trabajo de la auditoria PWC para Zed desveló que los pagos al hijo del ministro ruso, quien había creado las empresas como pantalla para canalizar los sobornos. Pérez Dolset quiso cerrar el grifo por “no existir una razón comercial” para esos pagos. La reacción de sus socios rusos, con Fridman a la cabeza, fue inmediata y radical: cancelaron todos los contratos con Tema, le provocaron un perjuicio de 30 millones de euros y diseñaron una estrategia para “asfixiar” Zed.

Sin motivo, comunicaron a la empresa que rompían todas las relaciones comerciales, cortando de esa manera el flujo principal de ingresos de Zed. Además, en 2014 denunciaron a los Pérez Dolset en Holanda por administración desleal y solicitaron un arbitraje. En ese país tiene su sede el holding internacional creado por los hermanos. Para resolver las diferencias entre los socios, las autoridades holandesas designaron al abogado Peter Wakkie como administrador.

Durante los primeros meses, Wakkie desarrolló su labor “con imparcialidad”, según Pérez Dolset, pero a partir de marzo de 2015 “su conducta comenzó a ser totalmente contraria al interés empresarial, con lo que se agravó la situación económica y financiera del grupo”. Detrás de ese movimiento los investigadores sitúan a los rusos, porque “el cambio de actitud coincide en el tiempo” con la constitución de una compañía que nombra a Wakkie presidente ejecutivo. La empresa, Highland Marine Stichting, está controlada por Fridman.

Según la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, durante su etapa como administrador en medio de un arbitraje, Wakkie no comprobó el desvío de fondos al hijo del ministro del Interior ruso, estableció un sistema de préstamos ficticios que agravó la situación económica de Zed y llegó a bloquear ofertas de posibles compradores. Un “agotamiento económico” que obligó a los Pérez Dolset a solicitar el concurso de acreedores.

El magnate Fridman había culminado su reiderstvo, su “método criminal” para hundir a quienes se habían opuesto a los sobornos al entorno de Putin. En octubre de 2016 los inversores rusos presentaron una oferta por Zed WorldWide de 20 millones, un precio “irrisorio”. Era el punto final de la estrategia, que no fraguó. La empresa española dueña del videojuego Commandos se resistió a la venta pero acabó quebrando en medio de una investigación de Anticorrupción y el FBI que ha llevado a su fundador a prisión.

El antiguo dueño de Zed Worldwide Javier Pérez Dolset confesó a la Policía que el presidente de La Razón, Mauricio Casals, se encargaba de mantener las “relaciones necesarias” para que su compañía recibiera subvenciones fraudulentas de la Administración. Así consta en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Los proyectos, relatan los fiscales, eran “vestidos tecnológicamente” para encajar en unos concursos de los que Zed conocía con anterioridad a que fueran publicados. Esos contactos con el Ministerio de Industria también servían para las “revisiones a posteriori del estado de ejecución de los proyectos”.

Uno de los querellados, Teófilo Redondo Pastor, directivo de Zed, señaló en su declaración a un director general del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Antonio Alcolea, como la persona “bajo cuyo paraguas se hacían estas revisiones”.

“En estas labores de penetración en las administraciones públicas, el propio Javier Pérez Dolset manifestó en el seno de estas diligencias que todas las labores de obtención de financiación pública para sus empresas se realizaron bajo el asesoramiento del Grupo Planeta. Indica expresamente que el querellado Mauricio Casals Aldama tenía la función de mantener las relaciones necesarias con las instituciones públicas para lograr obtener la aprobación de la concesión de ayudas”, recoge el escrito de Anticorrupción.

El propio Pérez Dolset aportó a las diligencias correos electrónicos y facturas, relata Anticorrupción, de los que se infiere que este cometido se ejecutó esencialmente por Mauricio Casals Aldama, el cual ofrecía su “influencia política y posición social, así como una supuesta gestión de la línea editorial de los informativos de Antena 3 y La Sexta, y la dirección de La Razón y otros medios de prensa escrita”.

Planeta anunció este jueves que se personará en la causa para acusar a Zed de “un perjuicio económico de 120 millones de euros”. Este grupo empresarial, que posee el 20% de Zed Worldwide, aseguró “que viene denunciando las irregularidades” de los Pérez Dolset desde hace años. En un comunicado, añadieron que “ni el diario La Razón ni su presidente han cometido ninguna irregularidad”.

El desencuentro entre Planeta y Pérez Dolset se produce a consecuencia de la creación de la matriz Zed+ en Holanda y en el modo de administrar las sociedades por el segundo. Pérez Dolset denunció en este sentido “una campaña de presión e intimidación” para que no denunciara posibles actos ilícitos de los inversores rusos del grupo, los cuales querrían expulsarle a él y al resto de inversores españoles del control de la empresa.

En el marco de esa denuncia, Pérez Dolset denuncia que ha tenido constancia de que “se ha intentado pagar a periodistas para dirigir una campaña negativa contra ZED”. Esa campaña, dijo a la UDEF, se incrementó después de la detención del Peter Wakkie, un abogado al que los socios rusos ubicaron al frente de la matriz holandesa.

En este sentido, el empresario español dijo que comenzaron a aparecer “publicaciones en La Razón, El Periódico de Cataluña y Voz Pópuli con referencias negativas, difamatorias y falsas contra la persona del dicente y su familia”, según recoge el escrito de la Fiscalía. “La amenaza actual consistiría en trasladar este tipo de informaciones a medios de gran difusión como son los canales Antena 3 y La Sexta sobre los que Mauricio Casals tendría gran control”, añade la querella sobre la declaración de Pérez Dolset.

Pérez Dolset: “Era una práctica habitual de Casals”

El empresario aseguró a los agentes que temía las “advertencias” recibidas porque sabía de la trayectoria de Casals. “Según el denunciante, se trata de una práctica habitual extendida a lo largo de los años, por parte de Mauricio Casals, el utilizar sus influencias y posición en los principales medios de comunicación controlados por el Grupo Planeta para solicitar compensaciones económicas, camufladas a través de contrataciones de grandes campañas de publicidad a grandes grupos empresariales, a cambio de influencia política y tratamiento benévolo en los medios de comunicación controlados por ellos”, recoge el escrito de la Fiscalía. Y añade: “El denunciante se refiere a múltiples supuesos en los que Casals habría realizado este tipo de acciones frente a otras empresas”.

De acuerdo con esto, ZED Worldwide pagó a La Razón 2.125.000 euros en labores de “asesoramiento y relaciones institucionales” para la obtención de ayudas públicas. “En cualquier caso, fueran ciertas o no las influencias denunciadas por Javier Pérez, así como las presiones mediáticas intimidatorias que igualmente se denunciaron, de las actuaciones resulta indicios objetivos de que Audiovisual Española 2000 SL (editora de La Razón) cobró estas cantidades por la intervención de Mauricio Casals Aldama y sin una relación mercantil o prestación de servicios que justifique el pago de las mismas”, dice la querella.

Los investigadores han encontrado “una importante discrepancia” entre los pagos declarados por Zed a Hacienda y los imputados a Audiovisual Española 2000, de 177.000 euros a 717.280,35 euros solo en el año 2012. La editora del periódico tiene facturas a Zed por 1.661.000 euros. “Las facturas no se emiten por servicios de publicidad supuestamente prestados por el periódico La Razón, sino por conceptos amplios o indeterminados”, añaden los fiscales.

Los investigadores de la Operación Hanta han detectado fraude en las subvenciones concedidas al grupo Zed en el tramo de la solicitud, de la ejecución y de la supervisión. Tanto es así que la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF han acreditado que Javier Pérez Dolset justificó gastos de proyectos de I+D haciendo pasar a vigilantes de seguridad y personas sin formación residentes en India por profesionales tecnológicos, han informado a eldiario.es fuentes de la investigación.

Zed Worldwide, que se promocionaba en la última época como una empresa de marketing digital y transacciones monetarias con el teléfono móvil, consiguió más de 42 millones de euros del Ministerio de Industria en las subvenciones investigadas.

El presidente de La Razón y directivo de Atresmedia, Mauricio Casals, está acusado de utilizar su influencia en los ámbitos de poder para la concesión de esas subvenciones a la compañía de Pérez Dolset, que después pagaba el favor con contratos que supusieron al periódico madrileño más de dos millones de euros.

La investigación recela de todos los implicados en el proceso de las subvenciones, ya que no solo estaban amañadas desde el mismo momento de la solicitud sino que, una vez concedida, la supervisión también estaba adulterada, motivando que algunos de los fraudes hayan pasado impunes durante siete años. En lo que corresponde al Ministerio de Industria se investigan dos grandes partidas, una de 28,4 millones de euros y otra de 14,2 millones. El juez autorizó este jueves ocho arrestos, pero la cifra de imputados crece hasta los 19.

La Policía y Anticorrupción han detectado una cuarta fase del fraude consistente en desviar el dinero de las subvenciones a Zed hacia otras empresas vinculadas a los Pérez Dolset en perjuicio del resto de accionistas. Zed Worldwide está participada al 20% por Planeta y al 10% por Juan Abelló. Estos dos últimos accionistas han protagonizado un enfrentamiento abierto con los Pérez Dolset y en enero lograron desalojarlos de la dirección de la compañía. El nuevo equipo, sin embargo, no salvó a de la liquidación a la empresa que cosechó su primer gran éxito con el videojuego Commandos.

Entre los delitos atribuidos a Pérez Dolset figuran los de insolvencia punible y fraude en las subvenciones. El primero investiga todo el proceso de descomposición de la compañía y el posible ocultamiento de capital para escapar a la justicia y al resto de accionistas por parte de la familia creadora del proyecto. La Policía calcula que una parte de las subvenciones fue devuelta al Estado, pero el resto no aparece. Unos seis millones de euros fue desviado por Pérez Dolset a Pure Action Sports Europe, empresa de su propiedad, con la que patrocinó varios campeonatos de kitesurf. 

Pérez Dolset intentó en 2013 llevarse el negocio a Holanda para asociarse con el magnate ruso Mijaíl Fridman, que entró en la compañía con su empresa VimpelCom. A finales del pasado año, agentes del FBI interrogaron a Pérez Dolset y a la cúpula de la compañía en una operación en la que colaboró la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Los agentes del FBI llevaban meses investigando las irregularidades cometidas a través del Grupo Tema, filial de Zed y participada por Fridman.

Los investigadores tratan de aclarar si desde las cuentas de Tema se desviaron 30 millones de euros hacia una compañía propiedad del hijo del ministro del Interior de Rusia. La colaboración de Pérez Dolset con los investigadores provocó que VimpelCom anulase sus contratos con Zed y abrió una batalla judicial a través de Holanda, donde el empresario español había creado un holding. Las autoridades holandesas destituyeron a Pérez Dolset y pusieron en su lugar a Peter Wakkie, un abogado vinculado a las empresas de Fridman que figura entre los imputados. Los Pérez Dolset pasaron de denunciantes a investigados.