La línea de defensa que emplearon siete antidisturbios de los Mossos d'Esquadra acusados de agredir a tres manifestantes de Can Vies ha tenido éxito. La sección 2 de la Audiencia de Barcelona ha absuelto a los agentes al considerar que las lesiones que sufrieron los tres jóvenes fueron provocadas por un policía desconocido. Si bien los magistrados resaltan que algún antidisturbios “infringió inopinadamente” la normativa policial que obliga a no aporrear la cabeza, pero que no se ha podido concretar quién fue.

Los hechos tuvieron lugar el 28 de mayo de 2014, en medio de los disturbios que sucedieron al desalojo del centro social de Can Vies. Los tres jóvenes, uno de ellos con una discapacidad psíquica del 66%, acusaban a los siete agentes de agredirles antes de detenerles y pedían para ellos hasta quince años de cárcel. En el juicio, algunos de los acusados apuntaron a que los arrestos los practicaron agentes de otra furgoneta, descargando la responsabilidad de las lesiones en agentes que no se pudieron identificar y que ni se llegaron a sentar en el banquillo de los acusados.

La sentencia valida esta tesis de defensa y avala la autoría policial de las lesiones de los tres jóvenes, detenidos esa misma noche y condenados posteriormente por desórdenes públicos. La fractura de los huesos de la nariz de uno de ellos y la herida en los huesos de la frente del segundo es constitutiva de un delito de lesiones, pero el tribunal no puede determinar qué policía lo hizo. De ahí que los togados abran la puerta a que los jóvenes reclamen una indemnización a la Generalitat por la vía administrativa.

En el caso del tercer joven, que terminó con la tibia fracturada, los magistrados no ven delito alguno, habida cuenta de que los protocolos policiales instan a usar la porra en la parte inferior del cuerpo. El resto de erosiones y contusiones de los tres detenidos, a criterio del tribunal, se explican por “la resistencia presentada en su dispersión y detención”.

En este sentido, la sentencia reprocha a los tres jóvenes que en su declaración como testigos se presentaran “mendazmente como pacíficos transeúntes”. “Es concorde con la lógica de lo razonable que intentaran evitar la detención resistiéndose a la misma y que los agentes tuvieran que forcejear con ellos”, añade el fallo.

La sentencia también descarta el relato de los hechos de la acusación particular ejercida por los tres jóvenes, que sostenía que los agentes les rodearon a gritos de “os vamos a machacar”, “hijos de puta” y “no os vais a escapar”, expresiones que los antidisturbios negaron.

De hecho, los magistrados dan total credibilidad a lo explicado por los agentes, esto es, que los manifestantes fueron “apartados contra la pared” y que se les proporcionó agua“ e ”intentaron tranquilizar“ a uno de los jóvenes que padece la enfermedad de Tourette, algo que desconocían los agentes en el momento de la detención, cuando ”parecía histérico“.

Por todo ello, la Audiencia concluye que los hechos probados tampoco constituyen un delito contra la integridad moral, como aseguraba la acusación, al tratarse de un tipo delictivo que implica “comportamiento que sea degradante o humillante e incida en la dignidad de la persona afectada” y que no merece esta calificación “ninguna de las actuaciones llevadas a cabo por los agentes”.

La “limpieza”, en palabras de un antidisturbios, que realizaron los Mossos d'Esquadra durante los altercados de Can Vies ha terminado en condenas menores. La Audiencia de Barcelona ha condenado a seis meses de prisión a dos agentes, J.A.Z. y D.V.Y, por un delito de lesiones por golpear con sus porras a un joven indefenso en un portal del barrio de Sants en mayo de 2014. Los magistrados han absuelto a los otros tres agentes acusados ya que no se ha podido acreditar qué antidisturbio provocó las lesiones a dos personas que se encontraban en el mismo portal.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, la sección segunda de la Audiencia de Barcelona sentencia que “no existe duda alguna” sobre los porrazos que propinaron los dos agentes condenados a un joven sin mediar palabra o aviso de la intervención. “Golpearon de forma sucesiva al joven con sus defensas [las porras] cuando éste se hallaba en posición defensiva, sin oponer resistencia alguna mientras intentaba protegerse con las manos”, describen los magistrados.

Los dos condenados, continúa la sentencia, dirigieron los golpes a la zona inferior de la espalda y las piernas del joven. Una intervención que provocó en el joven lesiones en varias partes de su cuerpo. “Los agentes actuaron con ánimo de menoscabar la integridad física” del joven, resuelven los magistrados. Al carecer de antecedentes, los condenados no entrarán en prisión. Deberán indemnizar con 2.800 euros al joven por la agresión.

Cuando el joven logró salir del portal, además, otro agente le propinó un porrazo gratuito en la espalda, que rebotó contra su mochila. Este antidisturbios habría sido condenado a una falta leve de lesiones, pero el tribunal le ha aplicado una eximente (es decir, le ha dejado sin responsabilidad penal) derivada de una reforma del Código Penal de 2015.

Por contra, el tribunal no ha podido encontrar al agente responsable de las lesiones que sufrieron otros dos jóvenes, aunque considera probado que fueron fruto de la intervención de los Mossos en el portal. “Pese a resultar acreditado que las lesiones de ambos fueron causadas a consecuencia de los golpes propinados por alguno de los agentes y que ello trascendería el ánimo inicial de dispersar [...] no se ha practicado prueba alguna que permita identificar al concreto agente o agentes autores de la acción”, argumentan los togados.

En consecuencia, el tribunal ha absuelto a los otros tres agentes acusados. La Fiscalía pedía hasta siete años de cárcel para dos agentes y un año para los otros tres. Las acusaciones populares, que ejercen los letrados del centro Iridia Anaïs Franquesa y de Alerta Solidària Eduardo Cáliz, elevaban las penas a ocho años para dos de los agentes; siete para otros dos y tres para el inspector. El tribunal condena únicamente por lesiones a dos agentes y descarta el delito contra la integridad moral.

Para condenar a los dos agentes ha resultado fundamental el vídeo aportado por TV3 que acompaña al final de esta información. “Se condena a los agentes por las imágenes. Volvemos a encontrarnos con un coporativismo mal entendido, es decir, una cobertura por parte de los superiores jerárquicos de malas praxis de los agentes”, valora la letrada Anaïs Franquesa, que también ve “muy grave” la aplicación de la eximente para el tercer antidisturbios. En un comunicado, Alerta Solidària ha anunciado la interposición de un recurso al Supremo para endurecer las penas a los agentes.

28 de mayo de 2014. Tercera noche de disturbios por el desalojo del emblemático centro social Can Vies, en el barrio de Sants de Barcelona. Dos furgonetas de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra intervienen en una calle estrecha. Y a partir de ahí, dos versiones opuestas: tres jóvenes acusan a siete agentes de agredirles antes de detenerles. Los mossos niegan cualquier actuación contraria a los protocolos. Algunos de ellos, además, han apuntado a que los arrestos los practicaron agentes de la otra furgoneta presente en el momento de los hechos. Es decir, a policías que no han podido identificar y que no se sientan en el banquillo de los acusados.

En la sección 2 de la Audiencia de Barcelona ha arrancado este lunes el juicio contra dos mandos y cinco antidisturbios de la policía catalana. Las acusaciones particulares de los jóvenes reclaman para cada uno de los mossos 15 años de cárcel por tres delitos contra la integridad moral y tres delitos de lesiones. La Fiscalía, por contra, solicita la libre absolución ya que considera que las lesiones que sufrieron los tres jóvenes –contusiones en la cabeza, fracturas nasales y heridas en piernas y brazos– son de autor “desconocido”.

Durante su interrogatorio, los agentes han abundado en la tesis de autor desconocido para lograr así su absolución. Ninguno de los siete antidisturbios ha dicho recordar el momento de la detención. Tres de los agentes han asegurado que no participaron ni en la dispersión de manifestantes en la calle Rosés ni tampoco en la detención de cuatro personas, entre las que se encontraban los tres jóvenes que les acusan. Otros dos sí han dicho que dispersaron un grupo de unos 20 manifestantes, y que les golpearon de forma reglamentaria con sus porras en las piernas.

De hecho, tres de los agentes han sostenido ante el tribunal que el grueso de la actuación policial de ese día, en especial la detención, la llevaron a cabo los agentes de la otra furgoneta de los Mossos que actuó en la calle Rosés. Y ahí las acusaciones han señalado la contradicción de los agentes con la minuta policial de ese día y lo que declararon en la fase de instrucción, cuando sí aseguraron que participaron en la detención.

“Estuve durante toda la actuación, pero no le puse las esposas”, ha justificado uno de los agentes acusados a preguntas de la acusación particular sobre sus contradicciones, sin aportar más detalles. “No puedo determinar quién le esposó”, ha añadido. El letrado de Alerta Solidària Eduardo Cáliz también ha señalado una contradicción en la declaración de otro agente, que ha dicho que no se percató que uno de los detenidos estaba alterado debido a que tiene un 66% de discapacidad. En instrucción, el agente sí sostuvo que el joven no tenía un comportamiento “normal”.

A la salida del juicio, Cáliz ha lamentado que el derecho a la defensa de los agentes pase por promover la “impunidad” policial. Para la otra letrada que ejerce la acusación particular, Anaïs Franquesa del centro Irídia, uno de los vídeos aportados a la causa demuestra que la actuación policial no fue correcta. La abogada ha lamentado el “corporativismo mal entendido” entre los Mossos, cuya jefatura, ha denunciado, no ha hecho “ningún esfuerzo” para identificar a los agentes.

El tribunal no ha requerido a los policías sobre sus contradicciones. De hecho, la ponente de la sentencia, la magistrada María José Magaldi, ha preguntado únicamente a los agentes por el manifestante que les lanzó una piedra antes de su actuación. Y es que los tres denunciantes, junto al autor de la pedrada, fueron condenados a penas menores por desórdenes públicos en 2015 por los altercados tras el desalojo de Can Vies.

Según la acusación particular, los agentes acusados rodearon a gritos de “os vamos a machacar”, “hijos de puta” y “no os vais a escapar” a los tres jóvenes, expresiones que los antidisturbios han negado. Destacan además que los agentes les “acorralaron” y que les golpearon con sus porras en la cara, los genitales y las piernas. Una vez golpeados, abunda el escrito, los agentes esposaron a los jóvenes y les empujaron hacia una pared de la calle Rosés.

Los agentes se han desvinculado de cualquier agresión. Uno de las mandos ha ido más allá y ha llegado a vincular las lesiones en la cabeza con “una piedra” lanzada por los manifestantes. Los agentes han coincidido en describir un ambiente de tensión máxima y de disturbios con lanzamiento de adoquines, botellas y contenedores situados como barricadas.

Pese a que sangraban en la cabeza, los jóvenes no fueron conducidos a un centro médico sino a la comisaria de la plaza de Espanya y después a la de Les Corts, hasta que finalmente les trasladaron al Hospital Clínic. Este último recorrido sí ha sido reconocido por los agentes. Ha sido la única coincidencia entre mossos y acusaciones. El juicio quedará visto para sentencia el jueves.

Cruce de relatos entre las acusaciones y los cinco mossos que desde este miércoles se sientan en el banquillo por presuntamente agredir a tres manifestantes en un portal de la plaza de Sants de Barcelona. Los agentes, que afrontan penas de cárcel e inhabilitación, han negado cualquier porrazo fuera del protocolo hacia las ocho personas que se refugiaron en un portal tras una manifestación contra el desalojo de Can Vies, en especial la que provocó una herida en la cabeza a un joven. Su actuación, han defendido, fue reglamentaria y se limitó a echar a la calle a los manifestantes. Por contra, tres de los jóvenes que ejercen la acusación particular se han reafirmado en que fueron agredidos por los antidisturbios, de los que recibieron una “lluvia de golpes”.

Los hechos que desde este miércoles juzga la sección dos de la Audiencia de Barcelona quedaron parcialmente grabados en un vídeo que se ha aportado al juicio como prueba por parte de las acusaciones.

Lo sucedido antes de la entrada en el portal de los agentes ha sido el primer punto de controversia. El inspector L.M.Q ha sido el acusado encargado de explicar el relato completo de los hechos según la versión de los mossos: entre ocho y diez manifestantes ubicados en un “recodo” de la plaza de Sants les empezaron a lanzar “piedras” y después se escondieron en el portal, lo que provocó la intervención policial. “Procedemos a dispersalos y a disolver el problema”, ha añadido.

La disolución del “problema”, ha continuado el inspector, duró menos de medio minuto. “Mi obsesión era sacar a la gente del portal. La orden era genérica, dije 'todo el mundo fuera', 'todo el mundo fuera', 'salid', 'salid'”. Pese a que ha repetido varias veces que todo empezó con el lanzamiento de piedras por parte de los manifestantes, el inspector ha reconocido que no identificaron a ninguno de los supuestos lanzadores ni levantaron acta del incidente.

El único porrazo que L.M.Q ha dicho recordar fue el que el agente J.G.P propinó en la pierna a uno de los jóvenes, que, según su versión, fue en respuesta a una patada del manifestante. Por lo tanto, ha añadido, está amparado por el protocolo antidisturbios. No vio cómo se produjo la brecha en la cabeza de uno de los jóvenes ni el resto de agresiones denunciadas.

El agente acusado de golpear en la cabeza a un joven, J.G.P., ha asegurado que le propinó un porrazo pero en las piernas, y que fue a consecuencia de dos patadas y puteñazos que le había propinado el joven. Ni la Fiscalía, ni las acusaciones ni la defensa han preguntado a los agredidos, que han comparecido como testigos, si antes habían atacado a los mossos. La abogada de la Generalitat, que defiende a los agentes, ha formulado sus preguntas a acusados y testigos en castellano pese a la obligación de hacerlo en catalán de forma preferente.

“Estábamos limpiando el portal. No golpeé en la cabeza a nadie, golpeé a una persona en las piernas y estaba de pie”, ha aseverado J.G.P., que era el responsable del grupo. Versión opuesta sostienen las acusaciones, que señalan a este antidisturbios y a un compañero suyo como los autores de “repetidos golpes” en brazos, piernas y las manos con las que se cubría la cabeza un manifestante.

Otros dos agentes acusados de golpear en la cabeza a otro jóven, D.M.L. y D.V.Y., han seguido la misma línea de defensa y han negado cualquier golpe en la cabeza, como afirman la Fiscalía y los agredidos. D.V.Y ha afirmado que en el portal “hubo muchos empujones” y que utilizó su porra contra la “pierna izquierda” de una persona, que no ha logrado identificar como ninguno de los denunciantes. D.M.L ha negado incluso que usara su porra.

“Lluvia de golpes”

La versión de los tres jóvenes denunciantes, que han declarado como testigos, ha sido opuesta a la de los agentes. Han relatado que la zona estaba tranquila en el momento en que los antidisturbios bajaron “ bruscamente” de la furgoneta, tras lo que se refugiaron en el portal. Allí, han explicado, recibieron una “lluvia de golpes” –los tres han emprado la misma expresión. La intervención policial les provocó varias lesiones, aturdimiento y la incapacidad psicológica de acudir a manifestantes durante varios meses.

La Fiscalía pide hasta siete años de cárcel para dos agentes y un año para los otros tres. Las acusaciones populares, que ejercen los letrados Anaïs Franquesa y Eduardo Cáliz, elevan las penas a ocho años para dos de los agentes; siete para otros dos y tres para el inspector. La Generalitat, que defiende a los mossos, solicita su libre absolución. El juicio seguirá este jueves con varios testigos y el próximo miércoles con los peritos, cuando quedará visto para sentencia.

Casi cuatro años después de los altercados que sucedieron al desalojo y reokupación de Can Vies, la Justicia sigue examinando lo sucedido en los alrededores de este emblemático centro social del barrio de Sants de Barcelona. Y no sólo en lo que se refiere a los manifestantes, sino también en las supuestas agresiones cometidas por antidisturbios de los Mossos d'Esquadra. A partir del próximo 30 de abril se sentarán en el banquillo siete agentes acusados de agredir gratuitamente a tres jóvenes.

El escrito de una de las acusaciones particulares, al que ha tenido acceso este diario, pide quince años y medio de cárcel para cada uno de los antidisturbios acusados –un sargento, un cabo y cinco agentes– por tres delitos contra la integridad moral y otros cuatro de lesiones.

Según la acusación particular, los agentes rodearon a gritos de “os vamos a machacar”, “hijos de puta” y “no os váis a escapar” a los tres jóvenes, uno de ellos con un 66% de discapacidad, cuando volvían de una de las manifestaciones de Can Vies el 28 de mayo de 2014. Destaca además que los agentes “acorralaron” a los tres jóvenes y que les golpearon con sus porras en la cara, los genitales y las piernas. Dos de los tres jóvenes precisaron de diez y 35 días de baja para recuperarse de las heridas, según los informes forenses.

Una vez golpeados, abunda el escrito, los agentes esposaron a los jóvenes y les empujaron hacia una pared de la calle de las Roses. Los tres fueron detenidos pero no fueron conducidos a un centro médico sino a la comisaria de la plaza de Espanya, después a la de Les Corts, hasta que finalmente recalaron en el Hospital Clínic.

De hecho, a consecuencia de la detención se abrió una causa que terminó con penas de dos años de prisión, nueve meses y cuatro meses respectivamente para los jóvenes por los delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Los jóvenes eludieron la prisión al carecer de antecedentes penales.

Las protestas y altercados por el desalojo de Can Vies comportaron la detención de 84 personas. De los casos que llegaron a juicio por algún delito –básicamente desórdenes públicos o atentado a la autoridad– una mayoría se resolvieron con sentencias condenatorias a penas que no implicaron el ingreso en prisión de los condenados por los altercados.

Por el lado de los Mossos, además de este caso, un agente fue condenado a una pena mínima por aporrear la cabeza de un joven sin motivo. Y está pendiente de juicio el caso de los antidisturbios que acorralaron y aporrearon a manifestantes dentro de un portal de Sants.

Nueva absolución en un caso de Can Vies. La titular del juzgado de lo penal 18 de Barcelona ha exculpado a cuatro jóvenes de los delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad por los que la Fiscalía reclamaba tres años y medio de cárcel para cada uno. La magistrada no ve acreditado que los jóvenes lanzaran piedras a furgones antidisturbios por las contradicciones en el relato de los hechos de los agentes de los Mossos d'Esquadra que comparecieron durante el juicio.

Sólo uno de los agentes que participó en el juicio señaló a los acusados como las personas que lanzaron piedras contra las furgonetas de los Mossos el 28 de mayo de 2014. Lo vio, según su versión, porque bajó del furgón para desmontar una barricada, algo que entró en contradicción con el mosso que conducía el furgón, que afirmó que en el momento del impacto todos los agentes se encontraban en su interior y ninguno había descendido.

El resto de agentes dijeron que sólo escucharon varios impactos y que vieron correr a un grupo de personas, sin poderlas identificar. Asimismo, la jueza destaca el cambio de versión policial en el juicio respecto al atestado del día de los hechos: si en 2014 los Mossos escribieron que los acusados intentaron huir por la calle Olzinelles, durante el juicio afirmaron que lo hicieron por la calle Burgos.

La magistrada considera probado que un grupo de alborotadores que no ha podido ser identificado lanzó varias piedras a furgonetas policiales, en el marco de una noche de barricadas y cargas de los antidisturbios. No obstante, no ve “acreditado” que los cuatro acusados participaran en los disturbios. Todo lo contrario: la jueza da total credibilidad a la versión de los acusados, que negaron cualquier relación con los hechos. Dos de ellos además se refugiaron en un bar para evitar los disturbios.

El abogado de dos de los jóvenes, Eduardo Cáliz, de la organización antirepresiva Alerta Solidària, ha considerado la sentencia “un golpe a la táctica criminalizadora” de la Fiscalía hacia los movimientos sociales así como un “cuestionamiento” de la actuación de los Mossos d'Esqudra. “¿Quién compensa a estos jóvenes por los tres años que han estado con la espada de Dámocles de la petición de cárcel?”, ha lamentado.

Las protestas y altercados por el desalojo del emblemático centro social okupado de Can Vies comportaron la detención de 84 personas. De los casos que llegaron a juicio por algún delito –básicamente desórdenes públicos o atentado a la autoridad– una mayoría se resolvieron con sentencias condenatorias a penas mínimas.

Las condenas tuvieron en común que se basaron en buena medida en el testimonio de agentes de los Mossos d'Esquadra, lo que llevó a muchas defensas a recurrir ante la Audiencia de Barcelona. En algunas causas, los magistrados de la Audiencia dieron la razón a las defensas y revocaron las condenas impuestas en primera instancia.

Entre los juicios que terminaron absolución también destacó el del casteller Sergi Rubia, que tras pasar 23 días en prisión preventiva acabó exculpado debido a la “confusa, imprecisa e incompleta” identificación por parte de los Mossos. Los sucesos de Can Vies también llevaron a juicio agentes de los antidisturbios de la policía catalana. Uno de ellos fue condenado a una pena mínima por aporrear la cabeza de un joven sin motivo. Y está pendiente de juicio el caso de los antidisturbios que acorralaron y aporrearon a manifestantes dentro de un portal de Sants.

Han tardat tres anys però es van succeint els judicis contra actuacions dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra després del desallotjament del centre social de Can Vies, al barri de Sants de Barcelona. Si fa una setmana es va asseure a la banqueta l'agent que va colpejar el cap d'un jove, en els propers mesos ho faran cinc antiavalots acusats de clavar cops de porra a un grup de manifestants dins d'un portal.

La Fiscalia demana set anys de presó per a dos dels cinc agents per dos delictes contra la integritat moral i dos de lesions, tres anys i mig per a dos antiavalots per un delicte contra la integritat moral i un de lesions, i un any per al comandament de l'operatiu per un contra la integritat moral. També reclama la inhabilitació dels agents durant dos anys i tres mesos. Les acusacions particulars eleven les penes màximes fins als nou anys, i una d'elles demana que els agents no puguin tornar a ser policies en cap cos d'Espanya.

Una càmera de TV3 va gravar els fets, que van passar el 27 de maig de 2014. El relat tant de la Fiscalia com de les acusacions particulars és similar. Després d'una nit de manifestacions i disturbis pel desallotjament de Can Vies, un grup de persones es trobava al número 10-11 de la plaça de Sants. Hi havia joves, veïns de l'immoble i periodistes. Quan faltaven deu minuts per la mitjanit, els cinc antiavalots acusats van començar a córrer en direcció a la plaça, el que va provocar que el grup entrés precipitadament al portal.

Els cinc agents “van accedir al portal bruscament”, assenyala l'escrit d'acusació de la fiscal, que remarca que els acusats “van expulsar” del portal a una periodista que anava acreditada. Després, continua el ministeri públic, dos agents van colpejar amb les seves porres “repetidament” a braços, cames i mans a un jove amagat a l'interior del portal.

Afegeix la Fiscalia que dos agents van anar a per dos joves que s'havien salvaguardat a la part dreta de la porteria. En aquest cas, segons la fiscal, a un jove el van colpejar amb les seves porres a la cama, cosa que va provocar que caigués a terra. A l'altre jove li haurien pegat també amb la porra a peu, espatlla, tòrax i cap.

“El comandament del dispositiu –conclou la fiscal– va presenciar l'agressió sense fer res per impedir-ho ni recriminar les conductes als altres acusats”. A més, acusa el cap de l'operatiu de no identificar les víctimes ni de redactar cap atestat sobre els fets.

“Tots els agents actuaven de comú acord, de forma coordinada, abusant del seu càrrec i amb ànim compartit d'atemptar contra la integritat moral dels detinguts així com de lesionar la seva integritat física”, assenyala l'escrit d'un de les víctimes, representat per l'advocada Anaïs Franquesa.

Per la seva banda, l'escrit d'acusació del lletrat de dos joves, Eduardo Cáliz, d'Alerta Solidària, recorda que els fets no es van posar en coneixement de la Divisió d'Afers Interns del cos “per depurar les responsabilitats derivades del tracte proferit a les persones que s'havien refugiat al portal ”.

La defensa dels agents, han informat fonts jurídiques, encara no ha presentat escrit de defensa. A més, la Fiscalia reclama indemnitzacions que ascendeixen a 91.200 euros donada la gravetat i el temps de baixa de les víctimes –un dels joves va estar minvat fins a 40 dies.

Han tardado tres años pero se van sucediendo los juicios contra actuaciones de los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra tras el desalojo del centro social de Can Vies, en el barrio de Sants de Barcelona. Si hace una semana se sentó en el banquillo el agente que golpeó la cabeza de un joven, en los próximos meses lo harán otros cinco antidisturbios acusados de aporrear a un grupo de manifestantes dentro de un portal.

La Fiscalía pide siete años de cárcel para dos de los cinco agentes por dos delitos contra la integridad moral y dos de lesiones, tres años y medio para otros dos antidisturbios por un delito contra la integridad moral y uno de lesiones, y un año para el mando del operativo por uno contra la integridad moral. También reclama la inhabilitación de los agentes durante dos años y tres meses. Las acusaciones particulares elevan las penas máximas hasta los nueve años, y una de ellas pide que los agentes no puedan volver a ser policías en ningún cuerpo de España.

Una cámara de TV3 grabó los hechos, que sucedieron el 27 de mayo de 2014. El relato tanto de la Fiscalía como de las acusaciones particulares es similar. Tras una noche de manifestaciones y disturbios por el desalojo de Can Vies, un grupo de personas se encontraba en el número 10-11 de la plaza de Sants. Había jóvenes manifestantes, vecinos del inmueble y periodistas. Cuando faltaban diez minutos para la medianoche, los cinco antidisturbios acusados empezaron a correr en dirección a la plaza, lo que provocó que el grupo entraran precipitadamente en el portal.

Los cinco agentes “accedieron al portal bruscamente”, señala el escrito de acusación de la fiscal, que remarca que los acusados “expulsaron” del portal a una periodista que iba acreditada. Luego, continúa el ministerio público, dos agentes golpearon con sus porras “repetidamente” en brazos, piernas y manos a un joven escondido en el interior del portal.

Añade la Fiscalía que otros dos agentes fueron a por dos jóvenes que se habían salvaguardado en la parte derecha de la portería. En este caso, según la fiscal, a un joven le golpearon con sus porras en la pierna, lo que provocó que cayera al suelo. Al otro joven le habrían dado también con la porra en pie, hombro, tórax y cabeza.

“El mando del dispositivo –concluye la fiscal– presenció la agresión sin hacer nada para impedirlo ni recriminar las conductas a los demás acusados”. Además, acusa al jefe del operativo de no identificar a las víctimas ni de redactar ningún atestado sobre lo sucedido.

“Todos los agentes actuaban de común acuerdo, de forma coordinada, abusando de su cargo y con ánimo compartido de atentar contra la integridad moral de los detenidos así como de lesionar su integridad física”, señala el escrito de uno de las víctimas, representado por la abogada Anaïs Franquesa.

Por su lado, el escrito de acusación del letrado de otros dos jóvenes, Eduardo Cáliz, de Alerta Solidària, recuerda que los hechos no se pusieron en conocimiento de la División de Asuntos Internos del cuerpo “para depurar las responsabilidades derivadas del trato proferido a las personas que se habían refugiado en el portal”.

La defensa de los agentes, han informado fuentes jurídicas, todavía no ha presentado escrito de defensa. Además, la Fiscalía reclama indemnizaciones que ascienden a los 91.200 euros dada la gravedad y el tiempo de baja de las víctimas –uno de los jóvenes estuvo mermado hasta 40 días.

Agressió intencionada o cop fortuït? Això és el que haurà de decidir el tribunal de la secció 7 de l'Audiència de Barcelona, que ha deixat aquest dimecres vist per a sentència el judici contra l'agent dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra que va clavar un cop de porra a l'orella d'un jove, Iván J., després del desallotjament del centre social de Can Vies, al barri de Sants de Barcelona.

L'agent ha reconegut que va colpejar el jove, però ha al·legat que en realitat l'impacte anava dirigit a les cames. El canvi de trajectòria del cop de porra cap a l'orella es va produir, segons la seva versió, perquè va ensopegar amb la seva companya antiavalots present en el moment dels fets –l'altra agent que es veu a la fotografia que acompanya aquesta informació.

“No vaig ser conscient d'on anava el cop”, ha dit l'agent, abans d'assegurar que “en cap moment” volia colpejar al jove al cap i que després de fer-ho, al veure que l'Iván sagnava, no va insistir més. A més, ha explicat que l'actuació policial es va produir perquè l'Iván els va insultar, extrem rebutjat per la víctima, la Fiscalia i els testimonis que no eren policies presents en el moment dels fets. Tots ells destaquen que la plaça de Sants estava tranquil·la i que l'Iván no va increpar els agents.

La Fiscalia demana pel mosso tres anys de presó per un delicte de lesions. L'acusació particular exercida pel jove, representat per la lletrada Montse Fernández, sol·licita sis anys perquè a més de les lesions veu un delicte contra la integritat moral de l'Iván. La mateixa pena reclama l'acusació popular pilotada per l'advocat Andrés García Berrio del centre Iridia per a la defensa dels Drets Humans.

Tal com va explicar a aquest diari diumenge passat, l'Iván ha relatat davant el tribunal que anava amb la seva bici per la plaça de Sants després de sortir de la feina. Sense previ avís, ha exposat, l'agent antiavalots el va colpejar amb la porra a les cames, i immediatament després va venir el cop de porra a l'orella per part de l'acusat. Fins a quatre testimonis han avalat la versió de l'Iván.

El relat d'un bomber, que en el moment dels fets es trobava fora de servei en una terrassa de la plaça de Sants, ha estat especialment comprometedor per l'agent acusat. “Li va donar directament al cap. Vaig pensar que l'havia matat”, ha assegurat. Ha afegit que els agents no van atendre l'Iván tot i que sagnava i que després de l'agressió es van replegar a les seves furgonetes.

Només han donat suport a la versió de l'acusat dos companys seus antiavalots. L'agent que es trobava al costat de l'acusat en el moment del cop de porra ha dit que l'antiavalots va arribar, es va enganxar a ella i que “de sobte” va veure que hi havia “molta sang”. També ha afirmat que l'Iván els va cridar “fills de puta us mataré” i que els va colpejar amb la seva bicicleta. Preguntada per la fiscal sobre per què no va arrestar o presentar denúncia contra el jove per l'incident, ha assegurat que va ser “impossible” detenir-lo “per com estaven els ànims”, sense més concrecions.

Iridia demana una reunió a Interior pels antiavalots

A la sortida del judici, l'advocat García Berrio ha reclamat al conseller d'Interior, Jordi Jané, una reunió per tractar els últims casos judicials en els quals s'han vist implicats antiavalots dels Mossos d'Esquadra.

El lletrat ha exposat que els mecanismes de control intern “no funcionen” i que, en el cas de l'Iván, el caporal no va demanar explicacions als agents sobre els fets. García Berrio ha mostrat la seva disposició de treballar conjuntament amb la conselleria per “resoldre una qüestió que afecta els drets de la ciutadania”.

¿Agresión intencionada o golpe fortuito? Esto es lo que tendrá que decidir el tribunal de la sección 7 de la Audiencia de Barcelona, que ha dejado este miércoles visto para sentencia el juicio contra el agente de los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra que aporreó la oreja de un joven, Iván J., tras el desalojo del centro social de Can Vies, en el barrio de Sants de Barcelona.

El agente ha reconocido que golpeó al joven, pero ha alegado que en realidad el impacto iba dirigido a las piernas. El cambio de trayectoria del porrazo hacia la oreja se produjo, según su versión, porque tropezó con su compañera antidisturbios presente en el momento de los hechos –la otra agente que se ve en la fotografía que acompaña a esta información.

“No fui consciente de dónde iba el golpe”, ha dicho el agente, antes de asegurar que “en ningún momento” quería golpear al joven en la cabeza y que tras hacerlo, al ver que Iván sangraba, no insistió más. Además, ha explicado que la actuación policial se produjo porque Iván les insultó, extremo rechazado por la víctima, la Fiscalía y los testigos que no eran policías presentes en el momento de los hechos. Todos ellos destacan que la plaza de Sants estaba tranquila y que Iván no increpó a los agentes.

La Fiscalía pide para el mosso tres años de cárcel por un delito de lesiones. La acusación particular ejercida por el joven, representado por la letrada Montse Fernández, solicita seis años porque además de las lesiones ve un delito contra la integridad moral de Iván. La misma pena reclama la acusación popular pilotada por el abogado Andrés García Berrio del centro Iridia para la defensa de los Derechos Humanos.

Tal y como explicó a este diario el pasado domingo, Iván ha relatado ante el tribunal que iba con su bici por la plaza de Sants tras salir del trabajo. Sin previo aviso, ha expuesto, la agente antidisturbios le golpeó con la porra en las piernas, e inmediatamente después vino el porrazo en la oreja por parte del acusado. Hasta cuatro testigos han avalado la versión de Iván.

El relato de un bombero, que en el momento de los hechos se encontraba fuera de servicio en una terraza de la plaza de Sants, ha sido especialmente comprometedor para el agente acusado. “Le dio directamente en la cabeza. Pensé que lo había matado”, ha asegurado. Ha añadido que los agentes no atendieron a Iván pese a que sangraba y que tras la agresión se replegaron en sus furgonetas.

Solo han respaldado la versión del acusado dos compañeros suyos antidisturbios. La agente que se encontraba junto al acusado en el momento del porrazo ha dicho que el antidisturbios llegó, se pegó a ella y que “de repente” vio que había “mucha sangre”. También ha afirmado que Iván les llamó “hijos de puta os voy a matar” y que les golpeó con su bicicleta. Preguntada por la fiscal sobre por qué no arrestó o presentó denuncia contra el joven por el incidente, ha asegurado que fue “imposible” detenerle “por cómo estaban los ánimos”, sin más concreciones.

Iridia pide una reunión a Interior por los antidisturbios

A la salida del juicio, el abogado García Berrio ha reclamado al conseller de Interior, Jordi Jané, una reunión para tratar los últimos casos judiciales en los que se han visto envueltos antidisturbios de los Mossos d'Esquadra.

El letrado ha expuesto que los mecanismos de control interno “no funcionan” y que, en el caso de Iván, no se pidieron explicaciones a los agentes sobre lo sucedido. García Berrio ha mostrado su disposición de trabajar conjuntamente con la conselleria para “resolver una cuestión que afecta a los derechos de la ciudadanía”.

L'Iván J. va sortir de la feina el 27 de maig de 2014 a les vuit del vespre. A l'arribar amb la seva bici es va trobar amb la plaça de Sants de Barcelona blindada pels antiavalots dels Mossos d'Esquadra per les protestes després del desallotjament del centre social de Can Vies. Un agent se li va abalançar i li va clavar un cop de porra al cap que li va ferir l'oïda esquerra. “No sabia ni el que era Can Vies”, recorda l'Iván tres anys després.

Tot va passar en qüestió de segons, però va quedar documentat en les fotos que va fer Pedro Mata, del col·lectiu FotoMovimiento. “El mosso només va venir i me la va clavar”, rememora l'Iván sobre el moment de l'agressió. L'agent va reconèixer el cop però va assegurar que va ser “involuntari”. El pròxim dimecres la secció setena de l'Audiència de Barcelona jutjarà l'antiavalots.

“A la plaça hi havia menys de deu persones i cap tumult”, explica l'Iván. Abans que el mosso acusat li donés un cop de porra al cap, una altra antiavalots li va pegar a les cames. “Els vaig preguntar què passava i van tornar a colpejar-me. Sort que la gent que estava per allà em va ajudar”, assegura el jove.

L'acusació particular exercida per l'Iván, representat per l'advocada Montse Fernández, sol·licita sis anys de presó per l'antiavalots -tres per un delicte contra la integritat moral i tres per un de lesions- i quatre anys d'inhabilitació. La mateixa pena demana el centre Iridia per a la defensa dels Drets Humans, personat a la causa com a acusació popular.

La Fiscalia comparteix la visió dels fets de l'Iván. En el seu escrit d'acusació, el fiscal relata que el mosso acusat va actuar “amb la intenció de menyscabar la integritat física” del jove i que li va pegar al cap amb la porra causant-li una ferida a l'orella esquerra. Remarca el fiscal que l'antiavalots va clavar el cop de porra “sense que hi hagués cap provocació” per part de l'Iván. “L'ambient a la plaça era tranquil i sense cap conat de violència”, afegeix.

El ministeri públic demana tres anys de presó per a l'antiavalots per un delicte de lesions i quatre anys d'inhabilitació. També sol·licita una indemnització de 467,28 euros pels vuit dies que l'Iván va estar impedit, quantitat que reclama assumir a la Generalitat com a responsable civil subsidiària, així com la quantitat que es determini després del judici per les seqüeles provocades. “Vull que es faci justícia, la indemnització arriba un punt que fins i tot és secundari”, assevera el jove, que ha patit seqüeles tant físiques com psicològiques arran de l'agressió.

El seu cas és la primera de les polèmiques actuacions dels Mossos durant el desallotjament de Can Vies que arriba a judici. Dotze agents més estan pendents d'asseure's a la banqueta: cinc d'ells per donar cops amb la porra a tres manifestants dins d'un portal el 27 de maig, i els set restants per lesionar a uns joves -que van ser condemnats a una pena mínima de presó per fer barricades- el dia després.

Per la seva banda, la defensa de l'antiavalots reclama la seva absolució en considerar que l'agressió està eximida de càstig penal a l'efectuar-se en legítim exercici del càrrec, tot i que el reglament policial recull que els cops de porra s'han de donar de cintura cap avall.

A més, en la seva declaració com a imputat del novembre del 2015, l'agent va assegurar que el cop va ser “involuntari”. El mosso no va ser expedientat i segueix en els antiavalots. “En qualsevol feina si ho fas malament et sancionen. En els Mossos no hauria de ser igual?”, es pregunta Iván.

Iván J. salió del trabajo el 27 de mayo de 2014 pasadas las ocho de la tarde. Al llegar con su bici se encontró con la plaza de Sants de Barcelona blindada por los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra por las protestas tras el desalojo del centro social de Can Vies. Un agente se le abalanzó y le propinó un porrazo en la cabeza que le hirió el oído izquierdo. “No sabía ni lo que era Can Vies”, recuerda Iván tres años después.

Todo pasó en cuestión de segundos, pero quedó documentado en las fotos que hizo Pedro Mata, del colectivo FotoMovimiento. “El mosso solo vino y me arreó”, rememora Iván sobre el momento de la agresión. El agente reconoció el golpe pero aseguró que fue “involuntario”. Este miércoles la sección séptima de la Audiencia del Barcelona juzgará al antidisturbios.

“En la plaza había menos de diez personas y ningún tumulto”, explica Iván. Antes de que el mosso acusado le aporreara en la cabeza, otra antidisturbios le golpeó en la piernas. “Les pregunté qué pasaba y volvieron a arrearme. Suerte que la gente que estaba por allí me ayudó”, asegura el joven.

La acusación particular ejercida por Iván, representado por la abogada Montse Fernández, solicita seis años de cárcel para el antidisturbios –tres por un delito contra la integridad moral y tres por uno de lesiones– y cuatro años de inhabilitación. La misma pena pide el centro Iridia para los Derechos Humanos, personado en la causa como acusación popular.

La Fiscalía comparte la visión de los hechos de Iván. En su escrito de acusación, el fiscal relata que el mosso acusado actuó “con la intención de menoscabar la integridad física” del joven y que le golpeó en la cabeza con su porra causándole una herida en el oído izquierdo. Remarca el fiscal que el antidisturbios propinó el porrazo “sin que existiera provocación alguna” por parte de Iván. “El ambiente en la plaza era tranquilo y sin conato de violencia alguno”, añade.

El ministerio público pide tres años de prisión para el antidisturbios por un delito de lesiones y cuatro años de inhabilitación. También solicita una indemnización de 467,28 euros por los ocho días que Iván estuvo impedido, cantidad que reclama asumir a la Generalitat como responsable civil subsidiaria, así como la cantidad que se determine tras el juicio por las secuelas provocadas. “Quiero que se haga justicia, la indemnización llega un punto que hasta es secundario”, asevera Iván, que ha sufrido secuelas tanto físicas como psicológicas a raíz de la agresión.

Su caso es la primera de las polémicas actuaciones de los Mossos durante el desalojo de Can Vies que llega a juicio. Otros doce agentes están pendientes de sentarse en el banquillo: cinco de ellos por aporrear a tres manifestantes dentro de un portal el 27 de mayo, y los siete restantes por lesionar a unos jóvenes –que fueron condenados una pena mínima de cárcel por hacer barricadas– el día después.

Por su lado, la defensa del antidisturbios reclama su absolución al considerar que la agresión está eximida de castigo penal al efectuarse en legítimo ejercicio del cargo, pese a que el reglamento policial recoge que los porrazos se tienen que dar de cintura para abajo.

Además, en su declaración como imputado de noviembre de 2015, el agente aseguró que el golpe fue “involuntario”. El mosso no fue expedientado y sigue en los antidisturbios. “En cualquier trabajo si lo haces mal te sancionan. ¿En los Mossos no tendría que ser igual?”, se pregunta Iván.

El servicio gratuito contra la violencia institucional (SAIDAVI) del centro Iridia de defensa de los derechos humanos ha denunciado y documentado 14 casos de presuntas malas prácticas por parte de policías y funcionarios de prisiones catalanas. Algunos de ellos encaran su recta final antes de llegar a juicio, como el caso del que afecta a un agente antidisturbios de los Mossos d'Esquadra.

La Fiscalía pide para él tres años de prisión por golpear con la porra en la cabeza a un joven que la tarde del 27 de mayo de 2014 pasaba con su bicicleta por la plaza de Sants de Barcelona, durante una de las manifestaciones en contra del desalojo del centro social okupado Can Vies. La acusación particular ejercida por el joven, representado por el centro Iridia, eleva la pena a seis años de cárcel.

“Sin que existiera provocación alguna por parte del joven, [el mosso] le propinó un fuerte golpe con su defensa reglamentaria [la porra] en la cabeza”, concluye el fiscal en su escrito de acusación de cara al juicio que está previsto para el 21 de junio en la Audiencia de Barcelona.

Sobre este mismo caso, además, el informe denuncia que la conselleria de Interior no ha tomado medidas “cautelares” sobre el agente. En este sentido, Iridia reclama a la conselleria un “mecanismo de denuncia de la violencia institucional” específico para la ciudadanía en paralelo a la vía judicial, y que se cree un equipo especializado en derechos humanos en la División de Asuntos Internos (DAI) del cuerpo.

Respecto a la Policía Nacional, el informe documento el intento de dos agentes de captar un confidente, que actualmente investiga un juzgado de Barcelona. Asimismo, critica la presencia “permanente” de antidisturbios en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y las identificaciones “por motivos étnicos”.

Sobre la Guàrdia Urbana de Barcelona, el estudio recoge el agente imputado por dar una patada un mantero. En el plano de recomendaciones, Iridia pide mejorar los mecanismos implantados en el último año en la unidad de deontología y asuntos internos del cuerpo para investigar los casos de violencia institucional.

El informe también dedica un apartado destacado a analizar las prisiones catalanas y casos como el de Raquel, la interna que se suicidó tras pasar por el régimen de aislamiento y denunciar malos tratos. Iridia representa a la familia de la interna en la reclamación contra la conselleria de Justicia porque, a su juicio, los funcionarios de la prisión de Brians actuaron de forma negligente. El estudio señala otros siete casos de posibles malos tratos de presos encerrados en régimen de aislamiento.

Asimismo, el informe también se muestra crítico con el Poder Judicial. De la Fiscalía dice que no es suficientemente “proactiva” a la hora de investigar las denuncias por violencia institucional, y sobre los jueces lamenta la “falta de celeridad” a la hora de conservar pruebas clave, como imágenes de cámaras de seguridad que se borran periódicamente.

Fa dos anys que Franz Estartús, de 22 anys, espera una trucada que li confirmi la data del seu judici. Arrossega des de l'abril de 2015 una acusació fiscal de tres anys i mig de presó per desordres públics i atemptats contra l'autoritat, però intenta fer vida normal. Segueix anant a les classes de Ciències Polítiques de la UPF, entrena un equip de nens al club de futbol del seu poble, Tiana, i pensa en quin màster estudiarà l'any que ve. “Has de refer la teva vida... I al final passen els mesos com si res, et permets almenys pensar a mitjà termini”.

Una dotzena de persones relacionades amb les protestes de Can Vies van ser condemnades en els mesos posteriors als aldarulls, amb penes d'entre 6 mesos i gairebé 4 anys de presó. Però igual que Franz Estartús, molts dels casos que van derivar de les 84 detencions durant els tres dies de protesta pel tancament de Can Vies estan encara pendents de judici, dos anys després.

La via legal és tan sols un dels temes pendents en relació a Can Vies. També s'arrossega el judici polític: el 20 d'abril de 2016 la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat va votar a favor de la demolició de Can Vies, a proposta del PP i amb el suport de PSC, CiU i Ciutadans. La moció va trobar l'abstenció d'ERC i el 'no' de Barcelona en Comú i la CUP.

De fet, el govern municipal “s'oposa frontalment a l'enderrocament”, segons fonts del consistori. Des de l'Ajuntament de BComú s'insisteix que els aldarulls de després del desallotjament de Can Vies van difuminar el que havia suposat aquest centre autogestionat, que arrossega gairebé 20 anys d'història. “Can Vies ha estat l'inici de molts projectes col·lectius del barri: cooperatives, assemblees, activitats...” , explicava dies després dels incidents Ruben, un dels integrants de la plataforma en suport a Can Vies, que agrupa diverses entitats veïnals. Són precisament aquestes associacions veïnals les que han de prendre el pes en la negociació amb l'Ajuntament de Barcelona.

El quart tinent d'alcaldia, Jaume Asens, reconeixia en declaracions a Catalunya Plural que les coses estaven molt “reconduïdes” entre les associacions —“qui ha de decidir sobre Can Vies”, insisteix— darrerament però que aquests avenços havien estat dinamitats en els últims dies per la moció presentada a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. “Les comissions no poden enderrocar edificis, això li correspon al govern. Nosaltres ja havíem criticat els fets en el seu dia, i seguirem. Les associacions no han de patir”, destaca Asens, que recorda que tres governs diferents no han pogut arreglar el tema i que aquest demana “prudència” i treballar sense “apriorismes”.

El tinent d'alcaldia assegura que es cobriran algunes de les principals demandes del veïnat, com per exemple una rampa d'accés al calaix de les vies (encara no s'ha arribat a la fase d'obres). I també que Can Vies sigui un equipament públic, fins i tot juvenil, com es reclama des del barri. Si la proposta tira endavant s'haurà de modificar el Pla General Metropolità (PGM). “Els disturbis van deixar una ferida oberta al barri. Nosaltres no volem instrumentalitzar Can Vies, el que hem de fer és trobar un equilibri amb els veïns, per tant, la resolució del conflicte s'adoptarà al barri, amb el teixit associatiu. Sobretot respectant la convivència, tot i que és cert que ja no es produeixen els problemes d'abans amb festes i demés”, explica Asens, que va estar implicat en el seu moment —arran de les mobilitzacions— en la defensa d'una fotògrafa acusada de llençar pedres durant els fets de Can Vies.

Franz es remou a la cadira, encara que està acostumat a explicar la seva història. Ho ha fet per diverses comarques catalanes al costat del seu amic Adrià Aragonès, company en el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), que també viu pendent de la data del judici. Després de la detenció, el SEPC va muntar una campanya de suport que pretenia pressionar les institucions judicials i forçar l'absolució dels dos joves, de 22 i 27 anys. Fa menys d'una setmana els diputats de la CUP al Parlament es van fotografiar amb el cartell d'aquesta campanya, que resa “Franz i Adrià Absolució”.

L'estructura del SEPC els va permetre tenir un advocat d'Alerta Solidària, l'Organització Antirepressiva de l'Esquerra Independentista, també van tenir una concentració de suport a la Ciutat de la Justícia durant la seva detenció, i el seu cas ha tingut visibilitat pública gràcies a la campanya. No obstant això, la barreja de persones detingudes durant els tres dies de protestes pel tancament de Can Vies impedeix donar un nombre exacte de judicis en curs, ja que molts han portat els seus casos en silenci. No hi ha hagut una comunicació conjunta. Franz va compartir furgoneta en la seva detenció amb Guus, un holandès del qual no ha sabut res més i que, segons la seva versió, tornava de casa de la seva nòvia en el moment que el van detenir. Va al·legar no tenir cap coneixement de Can Vies, ni tampoc del barri de Sants. No va ser l'únic estranger en aquesta mateixa situació.

“Fa anys que s'estableix la següent dinàmica: en els casos de detencions en el marc del dret a la manifestació se solen formular acusacions fiscals en base a les versions dels Mossos d'Esquadra”, assegura Eduardo Cáliz, advocat d'Alerta Solidària i encarregat dels casos de Franz i Adrià.

Anaïs Franquesa, membre del col·lectiu Iridia per a la Defensa dels Drets Humans, advocada en tres casos que encara estan pendents de judici, secunda aquesta afirmació: “En els casos de Can Vies hi ha moltes imprecisions en les acusacions. Les úniques proves de càrrec són les declaracions dels agents de policies, acusant els manifestants de llançar-los pedres o ampolles, però no sol haver-hi proves o testimonis”. En el seu moment, veïns, activistes i advocats van demanar la absolució de vuit acusats en considerar que les detencions es van realitzar de forma “massiva” i “aleatòria”, durant la setmana de les manifestacions. “El fetque les acusacions es basin en el relat policial sense proves objectives és una mala praxi.Si només es té el testimoni dels agents, el procés judicial no té les garanties adequades”, conclou l'advocat Andrés García Berrio.

Durant la setmana de protestes contra el desallotjament i l'enderroc de Can Vies per part de l'Ajuntament de Barcelona, la policia va detenir fins a 67 persones. La resta, fins a arribar a 84, van ser detinguts en dies i setmanes posteriors als altercats, a partir d'enregistraments i de les prop de 300 identificacions que la policia va realitzar la policia aquells dies, entre elles el polèmic encapsulament en l'última de les manifestacions.

—Tornàvem de la manifestació i estàvem cansats. Plovia. Anàvem caminant a casa d'Adrià, jo sóc de Tiana i ell de Reus, però viu en un pis d'estudiants a Sants, als voltants de Mercat Nou. Quan estàvem al carrer Sagunt, vam veure com una furgoneta de la Brigada Mòbil ens barrava el pas per dalt. De seguida ens girem, i vam veure que també ens havien tancat el pas per la part de sota. Estàvem lluny del focus del conflicte d'aquella nit, que era a prop de l'Estació de Sants —Franz relata de memòria la nit de la seva detenció assegut a la terrassa d'un bar proper al Parc del Clot, on farà una xerrada de la seva campanya al cap d'hora i mitja.

Just en aquest punt s'uneixen a la conversa Marc i Mariona. Tots dos militants del SEPC, formen part del grup de suport a Franz i Adrià, són dos dels coordinadors de la campanya. Pau està estudiant dret, Mariona, Ciències Polítiques. Franz i Pau porten la mateixa jaqueta Quechua de color negre. El relat segueix.

—Adrià, que porta anys militant, ens va dir a tots els que estàvem allà que ens calméssim, que havíem de fer cas del que diguessin els Mossos, obeir-los, i sobretot no respondre a cap pregunta perquè ho podrien fer servir després, ens va advertir que jugarien a posar-nos nerviosos, i així va ser. Ens van detenir les sis persones que hi havia en aquell carrer en aquell moment, de forma totalment aleatòria. Aquella nit crec que van detenir més de 30 persones. Van sortir de cacera —segueix Franz. La xerrada va tenir lloc el dia 14 d'abril del 2016.

L'estat d'espera entre la detenció i el judici encara roman. L'última senyal judicial que ha tingut Franz ha estat el text d'acusació de la fiscalia, ja fa més de 10 mesos. El seu advocat assegura que aquesta espera dilatada és una forma de reprimir els moviments socials. “La fiscalia actua amb voluntat política, volen que la gent tingui por de manifestar-se i sortir al carrer. És una forma de reprimir les protestes”, assegura Cáliz.

Anaïs Franquesa, pel contrari, creu que aquest impàs respon a un mer tràmit burocràtic, i no a una forma de pressió. Els casos de Can Vies amb acusacions inferiors a 9 anys de presó per als manifestants no els porta l'Audiència Provincial de Barcelona, sinó un dels 25 jutjats penals. L'Audiència Provincial només s'encarrega dels casos en què hi ha agents de policia acusats.

Franz ha passat per diferents fases durant aquests mesos en terra de ningú, judicialment parlant. Els primers mesos es va recloure a Tiana i va renunciar a buscar feina, a assistir a les classes de la universitat. Pel carrer li donaven ànims, se sentia aclaparat i volia aïllar-se, però no ho va aconseguir: una periodista local va explicar el seu cas amb nom i cognoms, i a Tiana, poble del Maresme de 8.500 habitants, tothom coneixia la seva història. “Moltes vegades no es tenen en compte les conseqüències psicològiques que suposen els mesos d'espera fins al judici, tant per a les persones acusades com per les seves famílies”, respon García Berrio.

Després d'aquell temps, a Franz li va arribar la campanya de suport, les xerrades... L'acceptació de la seva situació a partir de la construcció del relat. Ara està pensant en anar-se'n de casa, fa plans per a quan acabi la universitat, s'està mirant algun màster, segueix entrenant als nens i pensa en viatges per a l'estiu. L'estat d'angoixa absoluta ja ha desaparegut, però tampoc vol ser il·lús. Segueix en alerta, esperant que un dia arribi la trucada del seu advocat amb les cinc paraules que alleujaran o intensificaran la seva angoixa: “Tenim data per al judici”.

Hace dos años que Franz Estartús, de 22 años, espera una llamada que le confirme la fecha de su juicio. Arrastra desde abril de 2015 una acusación fiscal de tres años y medio de prisión por desórdenes públicos y atentados contra la autoridad, pero intenta hacer vida normal. Sigue yendo a las clases de Ciencias Políticas de la UPF, entrena un equipo de niños en el club de fútbol de su pueblo, Tiana, y piensa en qué máster estudiará el año que viene. “Tienes que rehacer tu vida... Y al final pasan los meses como si nada, te permites al menos pensar a medio plazo”.

Una docena de personas relacionadas con las protestas de Can Vies fueron condenadas en los meses posteriores a la trifulca, con penas de entre 6 meses y casi 4 años de prisión. Pero igual que Franz Estartús, muchos de los casos que derivaron de las 84 detenciones durante los tres días de protesta por el cierre de Can Vies están aún pendientes de juicio, dos años después.

La vía legal es tan sólo una de las brechas por cerrar en relación a Can Vies. También se arrastra el juicio político: el pasado 20 de abril de 2016 la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad votó a favor de la demolición de Can Vies, a propuesta del PP y con el apoyo de PSC, CiU y Ciutadans. La moción encontró la abstención de ERC y el 'no' de Barcelona en Comú y la CUP.

De hecho, el gobierno municipal se “opone frontalmente al derribo”, según fuentes del consistorio. Desde el Ayuntamiento de BComú se insiste en que los altercados tras el desalojo de Can Vies difuminaron lo que había supuesto este centro autogestionado, que alberga casi 20 años de historia. “Can Vies ha sido el inicio de muchos proyectos colectivos del barrio: cooperativas, asambleas, actividades...”, contaba días después de los incidentes Rubén, uno de los integrantes de la plataforma de apoyo a la casa, que agrupa varias entidades vecinales. Son precisamente estas asociaciones vecinales las que deben tomar el peso en la negociación con el Ayuntamiento de Barcelona.

El cuarto teniente de alcaldía, Jaume Asens, reconocía en declaraciones a Catalunya Plural que las cosas estaban muy “reconducidas” entre las asociaciones —“quien tiene que decidir sobre Can vías”, insiste— últimamente pero que estos avances habían sido dinamitados en los últimos días por la moción presentada a la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad. “Las comisiones no pueden derribar edificios, esto le corresponde al Gobierno. Nosotros ya habíamos criticado los hechos en su día, y seguiremos. Las asociaciones no tienen que sufrir”, destaca Asens, que recuerda que tres gobiernos diferentes no han podido arreglar tema y que este pide “prudencia” y trabajar sin “apriorismos”.

El teniente de alcaldía asegura que se cubrirán algunas de las principales demandas del vecindario, como por ejemplo una rampa de acceso al cajón de las vías (aún no se ha llegado a la fase de obras). Y también que Can Vies sea un equipamiento público, incluso juvenil, como se reclama desde el barrio. Si la propuesta tira adelante se deberá modificar el Plan General Metropolitano (PGM). “Los disturbios dejaron una herida abierta en el barrio. Nosotros no queremos instrumentalizar Can Vies, lo que tenemos que hacer es encontrar un equilibrio con los vecinos, por tanto, la resolución del conflicto se adoptará en el barrio, con el tejido asociativo. Sobre todo respetando la convivencia, aunque es cierto que ya no se producen los problemas de antes con fiestas y demás”, explica Asens, que estuvo implicado en su momento —a raíz de las movilizaciones— en la defensa de una fotógrafa acusada de lanzar piedras durante los hechos de Can Vies.

Franz se remueve en la silla, aunque está acostumbrado a contar su historia. Lo ha hecho por varias comarcas catalanas junto a su amigo Adrià Aragonès, compañero en el Sindicat d'Estudiants del Països Catalans (SEPC), que también vive pendiente de la fecha del juicio. Después de su detención, el SEPC montó una campaña de apoyo que pretendía presionar a las instituciones judiciales y forzar la absolución de los dos jóvenes, de 22 y 27 años. Hace menos de una semana los diputados de la CUP en el Parlament se fotografiaron con el cartel de dicha campaña, que reza “Franz i Adrià absolució”.

La estructura del SEPC les permitió tener un abogado de Alerta Solidària, la Organización Antirrepresiva de la Izquierda Independentista, también tuvieron una concentración de apoyo en la Ciutat de la Justícia durante su detención, y su caso ha tenido visibilidad pública gracias a la campaña. No obstante, la mezcla de personas detenidas durante los tres días de protestas por el cierre de Can Vies impide dar un nombre exacto de juicios en curso, ya que muchas han llevado sus casos en silencio. No ha habido una comunicación conjunta. Franz compartió furgoneta en su detención con Guus, un holandés del que no ha sabido nada más y que, según su versión, volvía de casa su novia en el momento en que le detuvieron. Alegó no tener conocimiento alguno de Can Vies, ni tampoco del barrio de Sants. No fue el único extranjero en esa misma situación.

“Hace años que se establece la siguiente dinámica: en los casos de detenciones en el marco del derecho a la manifestación se suelen formular acusaciones fiscales en base a las versiones de los Mossos d'Esquadra”, asegura Eduardo Cáliz, abogado de Alerta Solidària y encargado de los casos de Franz y Adrià.

Anaïs Franquesa, miembro del colectivo Iridia para la Defensa de los Derechos Humanos, abogada en tres casos que están aún pendientes de juicio, secunda esta afirmación: “En los casos de Can Vies hay muchas imprecisiones en las acusaciones. Las únicas pruebas de cargo son las declaraciones de los agentes de policía, acusando a los manifestantes de lanzarles piedras o botellas, pero no suele haber pruebas o testigos”. En su momento, vecinos, activistas y abogados pidieron la absolución de ocho acusados al considerar que las detenciones se realizaron de forma “masiva” y “aleatoria”, durante la semana de las manifestaciones. “El hecho de que las acusaciones se basen en el relato policial sin pruebas objetivas es una mala praxis. Si solo se tiene el testimonio de los agentes, el proceso judicial no tiene las garantías adecuadas”, concluye el abogado Andrés García Berrio.

Durante la semana de protestas contra el desalojo y derribo de Can Vies por parte del Ayuntamiento de Barcelona, la policía detuvo hasta 67 personas. Los que restan hasta llegar a 84 fueron detenidos en días y semanas posteriores a los altercados, a partir de grabaciones y de las cerca de 300 identificaciones que la policía realizó la policía aquellos días, entre ellas el polémico encapsulamiento en la última de las manifestaciones.

—Volvíamos de la manifestación y estábamos cansados. Llovía. Íbamos andando a casa de Adrià, yo soy de Tiana y él de Reus, pero vive en un piso de estudiantes en Sants, en los alrededores de Mercat Nou. Cuando estábamos en la calle Sagunt, vimos cómo una furgoneta de la Brigada Mòbil nos cerraba el paso por arriba. En seguida nos giramos, y vimos que también nos habían cerrado el paso por la parte de abajo. Estábamos lejos del foco del conflicto de aquella noche, que estaba cerca de la Estació de Sants —Franz relata de memoria la noche de su detención sentado en la terraza de un bar cercano al Parc del Clot, donde dará una charla de su campaña al cabo de hora y media.

Justo en este punto se unen a la conversación Marc y Mariona. Ambos militantes del SEPC, forman parte del grupo de apoyo a Franz y Adrià, y son dos de los coordinadores de la campaña. Pau está estudiando Derecho, Mariona Ciencias Políticas. Franz y Pau llevan la misma chaqueta Quechua de color negro. El relato sigue.

—Adrià, que lleva años militando, nos dijo a todos los que estábamos allí que nos calmáramos, que teníamos que hacer caso de lo que dijeran los Mossos, obedecerles, y sobretodo no responder a ninguna pregunta porque lo podrían utilizar luego, nos advirtió que jugarían a ponernos nerviosos, y así fue. Nos detuvieron a las seis personas que había en aquella calle en aquel momento, de forma totalmente aleatoria. Aquella noche creo que detuvieron a más de 30 personas. Salieron de cacería —sigue Franz. La charla tuvo lugar pasado 14 de abril de 2016.

El estado de espera entre la detención y el juicio aún permanece. La última señal judicial que ha tenido Franz ha sido el texto de acusación de la Fiscalía, hace ya más de 10 meses. Su abogado asegura que esta espera dilatada es una forma de reprimir los movimientos sociales. “La Fiscalía actúa con voluntad política, quieren que la gente tenga miedo de manifestarse y salir a la calle. Es una forma de reprimir las protestas”, asegura Cáliz.

Anaïs Franquesa, por lo contrario, cree que este impasse responde a un mero trámite burocrático, y no a una forma de presión. Los casos de Can Vies con acusaciones inferiores a 9 años de cárcel para los manifestantes no los lleva la Audiencia Provincial de Barcelona, sino uno de los 25 juzgados de lo penal. La Audiencia Provincial sólo se encarga de los casos en los que hay agentes de policía acusados.

Franz ha pasado por distintas fases durante estos meses en tierra de nadie, judicialmente hablando. Los primeros meses se recluyó en Tiana y renunció a buscar trabajo, a acudir a las clases de la universidad. Por la calle le daban ánimos, se sentía abrumado y quería aislarse, pero no lo consiguió: una periodista local contó su caso con nombre y apellidos, y en Tiana, pueblo del Maresme de 8.500 habitantes, todo el mundo conocía su historia. “Muchas veces no se tienen en cuenta las consecuencias psicológicas que suponen los meses de espera hasta el juicio, tanto para las personas acusadas como para sus familias”, responde García Berrio.

Después de aquel tiempo, a Franz le llegó la campaña de apoyo, las charlas... La aceptación de su situación a partir de la construcción del relato. Ahora está pensando en marcharse de casa, hace planes para cuando termine la universidad, se está mirando algún máster, sigue entrenando a los niños y piensa viajes para el verano. El estado de angustia absoluta ya ha desaparecido, pero tampoco quiere ser iluso. Sigue en alerta, esperando a que un día llegue la llamada de su abogado con las cinco palabras que aliviarán o intensificarán su angustia: “Tenemos fecha para el juicio”.

La consellera de la Presidència de la Generalitat, Neus Munté, ha assegurat aquest dimarts que el Govern no es retirarà del procés judicial obert contra activistes arran dels incidents pel desallotjament del centre social de Can Vies, al barri de Sants de Barcelona, el maig de 2014.

Aquest dilluns Munté va garantir la “predisposició” del Govern a retirar-se de set processos judicials contra activistes, fruit del pacte d'investidura entre Junts pel Sí i la CUP, tot i que avui ha matisat que “no hi ha cap pacte”, sinó que “fa mesos ”que la Generalitat ja ve analitzant el seu paper en aquest tipus de casos.

Després que els sindicats dels Mossos d'Esquadra advertissin aquest dilluns que si el Govern es retira de processos judicials contra activistes traspassarà una línia vermella per haver “cedit a un xantatge polític” amb la policia com a moneda de canvi, Munté ha volgut llançar un “missatge de tranquil·litat” als agents.

Un dels processos que la CUP considerava que havia aconseguit convèncer la Generalitat perquè es retirés és el de Can Vies, en què quatre joves van ser detinguts per participar en els xocs amb els Mossos d'Esquadra.

Munté, que ha eludit confirmar si el conseller de l'Interior, Jordi Jané, ha manifestat el seu malestar per aquest gest a la CUP, ha indicat que en el cas de Can Vies “no hi haurà retirada”, ja que es van traspassar les “línies vermelles” que el Govern considera que no s'han de franquejar per poder apartar-se del procés.

Segons Munté, en els últims mesos, abans de les negociacions amb la CUP, des de la Conselleria d'Interior ja s'estava analitzant quins criteris havia de seguir la Generalitat en relació amb la seva personació en determinats processos.

El criteri que s'ha seguit en els últims mesos, ha afegit, és que “l'administració no ha de comparèixer com a acusació particular exceptuant dos supòsits: si hi ha lesió dels empleats públics o si hi ha una lesió de béns públics”.

El Mosso d'Esquadra que dio un porrazo en la cabeza de un joven durante los días posteriores al desalojo de Can Vies sigue en su puesto de trabajo como si nada hubiera pasado. A pesar de que la normativa establece que los porrazos se tienen que propinar de cintura para abajo, la conselleria de Interior no lo ha expedientado y el agente sigue formando parte del cuerpo de antidisturbios de la policía catalana. Así se ha puesto de manifiesto en su declaración como imputado este miércoles en el juzgado de instrucción número 3 de Barcelona.

El agente ha reconocido que propinó un porrazo en la cabeza del joven, una agresión que requirió de tratamiento médico y quirúrgico. La explicación que han dado los Mossos es que el golpe de porra en la cabeza iba inicialmente dirigido al glúteo, pero que hubo un cambio de trayectoria ya que la otra agente de la Brigada Móvil que aparece en la fotografía fue a dar una vez al joven de la bicicleta en el mismo momento. Esto provocó, según la versión policial, que el imputado se desequilibrase y que, en lugar de la parte inferior del cuerpo, el porrazo del agente acabara reventando la oreja del joven. Una explicación que, sin embargo, no encaja con la secuencia de imágenes que se tomaron del momento de la agresión.

La abogada Montse Fernández ha considerado que las imágenes corroboran la comisión de un hecho ilícito por parte del antidisturbios imputado. “No hay duda, las pruebas son claras”, ha afirmado la letrada, que ha reclamado a la conselleria de Interior que sancione el agente para no dar una imagen de impunidad. Este miércoles también han declarado como testigos la otra agente que aparece en la fotografía, el cabo del equipo del que formaba parte el agente imputado y el reportero gráfico que captó imágenes de lo que ocurrió.

Por su parte, el abogado del centro para la defensa de los derechos humanos Iridia y de la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura, Andrés García Berrio, consideró que el agente que propinó un porrazo al joven debería estar expedientado y apartado de la Brigada Móvil. “Si en un caso tan claro la consejería no actúa, Interior está dando un mensaje de impunidad”, ha afirmado el letrado.

Caso reabierto por la Audiencia

La Audiencia de Barcelona ordenó al juez reabrir la investigación el pasado abril, al apreciar indicios de delito en el golpe de porra en la oreja. El juez de instrucción había denegado inicialmente la admisión a trámite de la querella formulada por el joven, aunque la Audiencia revocó su decisión y estimó “forzosa” la apertura de una investigación, ya que consideraba que los hechos descritos por el joven y recogidos en las fotografías “revisten sin duda a nivel indiciario caracteres de infracción penal”.

El joven se querelló contra los dos agentes de la fotografía por las lesiones que sufrió en una oreja fruto del golpe en la cabeza propinado por el agente imputado, aunque los protocolos de actuación establecen que los porrazo sólo se pueden dar de cintura para abajo. En su querella, el joven identificó uno de los dos agentes -lo que le pegó con la porra y ha sido imputado- con el código alfanumérico que llevan los antidisturbios, mientras que el otro aún no ha podido ser identificado.

Según la Audiencia, no existen dudas de que el “menoscabo corporal” que sufrió el joven -con lesiones que requirieron un tratamiento médico y quirúrgico-, “se produjo como consecuencia del acometimiento en la cabeza con una porra que llevaba uno de los agentes”.

En el escrito en el que rechazó admitir la querella, el juez sostuvo que los agentes requirieron al joven para que no entrara en la zona de conflicto por los disturbios tras el desalojo de Can Vies, ante lo cual éste, lejos de atender a lo que se le ordenaba, optó por desobedecer, se enfrentó a los agentes y los embistió con la bicicleta que llevaba, por lo que advertía que incluso podría haber cometido un delito de desobediencia. Sin embargo, la Audiencia corrigió el juez y precisó que ni la querella detallaba hechos para acusar al joven de un delito de desobediencia ni “por supuesto” las imágenes permitían llegar a la conclusión de que el querellante agredió los mozos valiéndose de la bicicleta en la que iba.

El Mosso d'Esquadra que va donar un cop de porra al cap d'un jove durant els dies posteriors al desallotjament de Can Vies segueix al seu lloc de treball com si res no hagués passat. A pesar de que la normativa estableix que els cops de porra s'han de propinar de cintura cap avall, la conselleria d'Interior no l'ha expedientat i l'agent segueix formant part del cos d'antiavalots de la policia catalana. Així s'ha posat de manifest en la seva declaració com a imputat aquest dimecres al jutjat d'instrucció número 3 de Barcelona.

L'agent ha reconegut que va propinar un cop de porra al cap del jove, una agressió que va requerir de tractament mèdic i quirúrgic. L'explicació que han donat els Mossos és que el cop de porra al cap anava inicialment dirigit al gluti, però que hi va haver un canvi de trajectòria ja que l'altra agent de la Brigada Mòbil que apareix a la fotografia va anar a donar un cop al jove de la bicicleta en el mateix moment. Això va provocar, segons la versió policial, que l'imputat es desequilibrés i que, enlloc de la part inferior del cos, el cop de porra de l'agent imputat acabés rebentant l'orella del jove. Una explicació que, no obstant, no encaixa amb la seqüència d'imatges que es van prendre del moment de l'agressió.

L'advocada Montse Fernández ha considerat que les imatges corroboren la comissió d'un fet il·lícit per part de l'antiavalot imputat. “No hi ha dubte, les proves són clares”, ha afirmat la lletrada, que ha reclamat a la conselleria d'Interior que sancioni l'agent per no donar una imatge d'impunitat. Aquest dimecres també han declarat com a testimonis l'altra agent que apareix a la fotografia, el caporal de l'equip del qual formava part l'agent imputat i el reporter gràfic que va captar imatges del que va passar.

Per la seva banda, l'advocat del centre per la defensa dels drets humans Iridia i de la Coordinadora per la Prevenció i la Denúncia de la Tortura, Andrés García Berrio, ha considerat que l'agent que va propinar un cop de porra al jove hauria d'estar expedientat i apartat de la Brigada Mòbil. “Si en un cas tan clar la conselleria no actua, Interior està donant un missatge d'impunitat”, ha afirmat el lletrat.

Cas reobert per l'Audiència

L'Audiència de Barcelona va ordenar al jutge l'abril passat a reobrir la investigació, a l'apreciar indicis de delicte en el cop de porra a l'orella. El jutge d'instrucció havia denegat inicialment l'admissió a tràmit de la querella formulada pel jove, encara que l'Audiència va revocar la seva decisió i va estimar “forçosa” l'obertura d'una investigació, ja que considerava que els fets descrits pel jove i recollits en les fotografies “revesteixen sens dubte a nivell indiciari caràcters d'infracció penal”.

El jove es va querellar contra els dos agents de la fotografia per les lesions que va patir en una orella fruit del cop al cap propinat per l'agent imputat, malgrat que els protocols d'actuació estableixen que els cop de porra només es poden donar de cintura cap avall. En la seva querella, el jove va identificar un dels dos agents -el que el va pegar amb la porra i ha estat imputat- amb el codi alfanumèric que porten els antiavalots, mentre que l'altre encara no ha pogut ser identificat.

Segons l'Audiència, no existeixen dubtes que el “menyscabament corporal” que va patir el jove -amb lesions que van requerir un tractament mèdic i quirúrgic-, “es va produir com a conseqüència de l'abraonament al cap amb una porra que portava un dels agents”.

En l'escrit en el qual va rebutjar admetre la querella, el jutge va sostenir que els agents van requerir al jove perquè no entrés a la zona de conflicte pels disturbis després del desallotjament de Can Vies, davant la qual cosa aquest, lluny d'atendre al que se li ordenava, va optar per desobeir, es va enfrontar als agents i els va envestir amb la bicicleta que portava, pel que advertia que fins i tot podria haver comès un delicte de desobediència. No obstant, l'Audiència va corregir el jutge i va precisar que ni la querella detallava fets per acusar el jove d'un delicte de desobediència ni “per descomptat” les imatges permetien arribar a la conclusió que el querellant va agredir els mossos valent-se de la bicicleta en la qual anava.

Con las detenciones de la Operación Pandora todavía recientes, los Mossos d'Esquadra cumplieron el pasado domingo diez años de despliegue en Barcelona en sustitución del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Las competencias de la policía catalana abarcan desde el orden público hasta la protección de los bienes y las personas. Coincidiendo con el aniversario, el cuerpo ha querido mostrarse como una policía de proximidad, cercana y eficaz en distintos medios de comunicación en sus ediciones del pasado fin de semana. Sin embargo, en esta década el cuerpo de los Mossos d'Esquadra también acumula varias actuaciones desproporcionadas. Personas sin ojo como consecuencia de una actuación policial, maltratos en las comisarías, una web para delatar manifestantes, seguimiento y represión de los movimientos sociales son sólo algunos de los puntos negros que tiene el expediente de los diez años de despliegue de los Mossos d'Esquadra en Barcelona. Estos son algunos de los más destacados:

1. Las balas de goma

Un total de siete personas han perdido un ojo por culpa de las balas de goma en Catalunya desde el despliegue de los Mossos. El caso más conocido es el de Ester Quintana, que perdió un ojo como consecuencia de una bala disparada por los Mossos durante la huelga general del noviembre de 2012. La presión de Quintana y las demás víctimas permitió que el Parlament prohibiera las balas de goma en noviembre de 2013. La Generalitat pasó de defender a ultranza los Mossos a reconocer su responsabilidad mediante el pago de indemnizaciones a las víctimas. Sin embargo, la administración sigue sin cumplir todo el plan de indemnización aprobado. El caso de Quintana también provocó la dimisión del director de los Mossos, Manel Prat, aunque en una comparecencia sin preguntas para anunciar su despedida, arguyera “motivos personales”.

2. Desalojo del 15-M de Plaça Catalunya

Otra de las actuaciones de los Mossos gravadas a golpe de porra en la memoria colectiva del tejido social de Barcelona es el desalojo del movimiento 15-M de la Plaça Catalunya de Barcelona el 27 de mayo de 2011. Los audios difundidos por el semanario La Directa mostraron algunas de las técnicas de los antidisturbios: “O generamos pánico o no los sacaremos de aquí”, dijo un responsable de los antidisturbios. El comisario Sergi Pla se hizo famoso por confesar a Jordi Évole que Gandhi también habría salido a porrazos de la Plaça Catalunya. Pla terminaría dimitiendo por frenar un informe sobre las cargas de los Mossos el 14-N, cuando Ester Quintana perdió un ojo.

La justicia condenó por una falta de lesiones dolosas al subinspector Jordi Arasa por su contundente actuación en el desalojo de la plaza, en la que propinó una treintena de golpes a David Fernàndez (por aquel entonces periodista y cooperativista y después diputado de la CUP en el Parlament).

3. Represión contra Aturem el Parlament

El 15-M también fue reprimido por los Mossos durante la protesta Aturem el Parlament. La Audiencia Nacional absolvió a los 19 manifestantes acusados de atentar contra altas instituciones del Estado porque consideró que los acusados “ejercieron el derecho fundamental de manifestación, sin que pueda imputarse ningún acto que pudiera significar un exceso o abuso”. El tribunal también cuestionó algunas de las pruebas periciales aportadas por la policía catalana. Sin embargo, Parlament, Govern y Fiscalía recurrieron y el Supremo revocó la absolución. Los condenados han solicitado el indulto.

4. Desalojos conflictivos

Otras actuaciones polémicas de los antidisturbios de los Mossos fueron en el desalojo de ocupaciones, como las del proceso anti Bolonia y de Can Vies, bajo gobiernos del tripartit y de CiU, respectivamente. El 18 de marzo de 2009 los Mossos decidieron disolver de forma violenta la manifestación que protestaba contra el plan Bolonia, en una intervención que terminó con un centenar de heridos. También fueron agredidos a golpes de porra varios periodistas gráficos que iban identificados con el brazalete de prensa. La operación se saldó con la destitución del director general de la policía, Rafael Olmos.

En el caso de Can Vies, además de las cargas contra los manifestantes que protestaban contra el desalojo del emblemático centro social barcelonés, la Audiencia Provincial tumbó los testimonios de los Mossos que sirvieron para condenar en primera instancia a tres jóvenes. El tribunal consideró “absolutamente vaga e imprecisa” la identificación de los detenidos que hicieron los Mossos, cuyo testimonio fundamentaba la sentencia que los enviaba a la cárcel. Además, otro juez ha imputado a un agente por propinar un golpe de porra a un joven que iba en bicicleta tras el desalojo.

5. Maltratos en las comisarías

Durante los diez años de despliegue también ha habido vulneraciones de los derechos de los detenidos por parte de los Mossos. El Supremo condenó en 2009 a cinco Mossos a penas de prisión e inhabilitación por delitos de tortura, maltrato, lesiones y detención ilegal a un hombre que detuvieron por error, y a quien llegaron a meter una pistola en la boca para hacerle confesar. No obstante, el Gobierno les indultó, lo que posibilitó su reincorporación al cuerpo.

También acabaron indultados los Mossos condenados en el caso Bikini, que sacó a la luz pública los abusos policiales en la comisaría barcelonesa de Les Corts y provocó la instalación de cámaras en la sala de cacheos de la comisaría. Tres agentes fueron condenados por detener ilegalmente a un hombre y golpearle e insultarle en comisaría, pero el indulto permitió que no entrasen en la cárcel.

No hizo falta el indulto en el caso de Yassir El Younoussi, fallecido el 31 de julio de 2013 en el área de custodia de la comisaría de los Mossos de El Vendrell (Tarragona). La jueza que llevaba el caso no vio indicios de infracción penal en los ocho Mossos y dos miembros del SEM imputados por un posible delito de homicidio imprudente.

6. Juan Andrés Benítez, muerto en el Raval

Una dura intervención de los Mossos d'Esquadra fue una de las causas de la muerte de Juan Andrés Benítez el pasado 5 de octubre de 2013, según reconoce la Audiencia de Barcelona. Más de dos años después, el juicio contra los Mossos acusados está pendiente de celebrarse. Ocho Mossos se sentarán en el banquillo para responder de la violenta reducción que sufrió Benítez. La fiscal pide 11 años de cárcel para seis de los agentes, a quien acusa de delitos de homicidio y contra la integridad moral. Solicita también un año y medio de cárcel para otros dos agentes imputados, por obstrucción a la justicia.

7. Web de delaciones

Tras la huelga del 29 de marzo del 2012, la conselleria de Interior puso en marcha una web de delaciones contra supuestos vándalos. Se colgaron en Internet 68 imágenes de manifestantes durante la huelga, a la espera de que los ciudadanos ayudaran a identificarlos para luego procesarlos. Sólo 22 de ellos fueron identificados, y ninguno acabó denunciado. Pocas semanas después de su inicio, los Mossos tuvieron que retirar la imagen de una de las personas que aparecía en la web al tratarse de un menor de edad. La web duró un mes, tras las críticas que recibió por parte de colectivos en defensa de derechos humanos, abogados y Síndic de Greuges. Sin embargo, CiU, PP y C's avalaron a la web en el Parlament.

8. Operación Pandora

La última operación policial de los Mossos se encuentra también cuestionada por los colectivos de defensa de los derechos humanos. La Operación Pandora, dirigida contra un supuesto grupo terrorista anarquista, ha comportado una veintena de detenciones en sus dos fases. Tras los arrestos de la semana pasada, el movimiento libertario acusó a la policía de querer “criminalizar” el movimiento anarquista y detalló que los agentes sólo incautaron libros, revistas, ordenadores, esprays y banderas. Acusan a la división de información de la policía catalana de idear una operación contra el movimiento libertario para buscar su reacción violenta.

9. Corrupción policial en el caso Macedonia

Los Mossos también aparecen en el caso Macedonia, que investiga una presunta trama de corrupción policial que ha destapado irregularidades tanto en la policía catalana como en la Guardia Civil y la Policía Nacional. Un informe del pasado mes de julio concluyó que los Mossos no investigaron indicios evidentes de corrupción y omitieron al juez datos clave que incriminaban en actos delictivos a un supuesto narco que actuaba como confidente policial.

Por esta causa, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona mantiene imputados al subinspector de los Mossos Antoni S. y a cinco de sus subordinados en una unidad especial anticorrupción, acusados de proteger a supuestos narcos y a agentes de la policía catalana investigados por tráfico de drogas.

Un jutge de Barcelona ha citat com a imputat un agent antidisturbis dels Mossos d'Esquadra per les lesions que li va ocasionar a un jove després del desallotjament del centre social de Can Vies al maig de l'any passat. En una providència, el titular del jutjat d'instrucció número 3 de Barcelona ha citat com a imputat per al pròxim 4 de novembre l'agent dels antiavalots que va ser fotografiat mentre donava un cop amb la seva porra a un jove que passava per la zona amb una bicicleta.

A més, el jutge també ha ordenat a la Divisió d'Assumptes Interns (DAI) dels Mossos d'Esquadra que identifiqui l'agent que apareix en les fotografies de l'incident al costat del mosso imputat, ja que, en el seu cas, no s'aprecia el seu número d'identificació policial. El jutge també ha citat, en aquest cas com a testimonis, al caporal de l'equip del qual formava part l'agent imputat, així com el reporter gràfic que va captar imatges del que ha passat.

El magistrat ha adoptat aquesta decisió després que l'Audiència de Barcelona li ordenés a l'abril passat reobrir la investigació, a l'apreciar que “sens dubte” existeixen indicis de delicte en la patacada que va lesionar a l'orella al jove.

El jove es va querellar contra els dos agents per les lesions que va patir en una orella quan va rebre un cop al cap d'una patacada propinada per l'agent imputat, malgrat que els protocols d'actuació estableixen que els cop de porra només es poden donar de cintura cap avall.

En la seva querella, el jove va identificar un dels dos agents -el que el va pegar amb la porra i ha estat imputat- amb el codi alfanumèric que porten els antiavalots, mentre que l'altre encara no ha pogut ser identificat. El jutge d'instrucció havia denegat inicialment l'admissió a tràmit de la querella formulada pel jove, encara que l'Audiència va revocar la seva decisió i va estimar “forçosa” l'obertura d'una investigació, ja que considerava que els fets descrits pel jove i recollits en les fotografies “revesteixen sens dubte a nivell indiciari caràcters d'infracció penal”.

Segons l'Audiència, no existeixen dubtes que el “menyscabament corporal” que va patir el jove -amb lesions que van requerir un tractament mèdic i quirúrgic-, “es va produir com a conseqüència de l'abraonament al cap amb una porra que portava un dels agents”.

En l'escrit en el qual va rebutjar admetre la querella, el jutge que ara ha imputat al mosso va sostenir que els agents van requerir al jove perquè no entrés a la zona de conflicte pels disturbis després del desallotjament de Can Vies, davant la qual cosa aquest, lluny d'atendre al que se li ordenava, va optar per desobeir, es va enfrontar als agents i els va envestir amb la bicicleta que portava, pel que advertia que fins i tot podria haver comès un delicte de desobediència.

No obstant això, l'Audiència va corregir el jutge i va precisar que ni la querella detallava fets per acusar el jove d'un delicte de desobediència ni “per descomptat” les imatges permetien arribar a la conclusió que el querellant va agredir els mossos valent-se de la bicicleta en la qual anava.

Després dels incidents pel desallotjament de Can Vies, el llavors conseller d'Interior Ramon Espadaler va acordar obrir una investigació interna sobre aquesta patacada en l'orella per determinar si l'actuació policial va ser correcta o no.