La Junta de Gobierno Local de Calahorra ha adjudicado la parcela municipal ubicada frente al supermercado Lidl a la mercantil cántabra INMUVE S.A. por el precio de 3.010.000 euros, un 19,59 por ciento más más que el tipo de licitación. El pasado mes de febrero, se ponía a venta esta parcela situada en la carretera de Logroño y la calle Castilla y León y dentro del Sector urbanístico 12 'Variante Norte I', por 2,5 millones de euros.

Esta superficie tiene la clasificación de suelo urbano consolidado para uso terciario destinado a impulsar nuevas actividades económicas, que contribuyan al fomento de la actividad empresarial y comercial, a la generación de empleo en Calahorra y a la dinamización del tejido productivo local. Entre los usos permitidos en esta parcela se incluyen comercios, oficinas, servicios, hostelería y ocio.

Con esta venta, el Ayuntamiento de Calahorra busca favorecer la implantación de actividades comerciales y empresariales que contribuyan al crecimiento económico de la ciudad y a la creación de empleo.

La sociedad INMUVE se dedica a actividades inmobiliarias y dispone de dos años, desde la formalización del contrato de compra-venta, para solicitar la licencia de conjunta de urbanización del vial y de la edificación del 50 por ciento de la parcela.

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Asimismo, la Junta de Gobierno Local tambíen ha concedido la licencia de primera ocupación de ‘Centro de Día para personas mayores’ a la Consejería de Salud y Políticas Sociales. El nuevo Centro se encuentra en una parcela de 10.000 metros cuadrados en la zona del hospital de Calahorra, junto a la residencia de personas mayores ‘Los Manitos' y que se preveía que estuviera listo en 2024.

Se trata de un edificio en planta baja con tres alas (norte, este y oeste) y abierto hacia el sur, abrazando al jardín central del propio centro. Contará con una capacidad de 60 plazas.

La silueta de la fábrica de Inquinosa en Sabiñánigo se alza todavía hoy como un recordatorio persistente de uno de los mayores desastres industriales de Europa. Lo que en su día fue el epicentro de la producción de lindano es hoy un esqueleto de hormigón y hierro que, pese a los planes de las administraciones, se resiste a desaparecer. El proceso para borrar esta 'zona cero' de la contaminación sigue siendo un camino tortuoso tras más de tres décadas, marcado por la complejidad técnica y un baño de realidad presupuestaria que ha transformado una promesa de derribo inminente en un desafío de décadas.

El proceso de desmantelamiento, tras años de avances comedidos como el control de vertederos de Bailín y Sardas, comenzó a acelerarse en agosto de 2020, cuando el Gobierno de Aragón, entonces con el socialista Javier Lambán al frente, declaró la urgencia para la expropiación forzosa necesaria para llevar a cabo las obras de acceso a la antigua fábrica de Inquinosa, en Sabiñánigo. La superficie ocupada por la antigua fábrica también fue declarada como “suelo contaminado”.

Hasta ese momento, la gestión de la ruina estaba hipotecada por la logística: el único acceso era un camino privado de la empresa Ercros, lo que obligaba a trámites diarios que ralentizaban cualquier labor de mantenimiento.

La construcción de este nuevo acceso, finalizada en junio de 2023 con una inversión de 660.000 euros, fue recibida con entusiasmo por el Consistorio. La alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández, destacaba entonces la importancia de este paso previo y señalaba que el vial no solo facilitaría el tránsito de maquinaria pesada para el desmantelamiento, sino que en el futuro quedaría integrado en el entramado urbano para ampliar el polígono de Aurín. Hoy, sin embargo, el vial está cerrado y sin uso. La alcaldesa explica que se construyó para acceder a la fábrica y no atravesar el casco urbano y además había un proyecto avanzado de desmantelamiento con un presupuesto de casi 6 millones de euros.

Sin embargo, tras la euforia de la inauguración del vial en 2023, las cifras empezaron a ensombrecer el calendario. Aunque Aragón ya ha destinado más de 85 millones de euros a la lucha contra el lindano desde la década de los 90, el consejero de Medioambiente en funciones, Manuel Blasco, descartó el proyecto en 2025 al ser preguntado en una sesión de control en las Cortes de Aragón y se escudó en un informe técnico de 2016 que cifraba en más de 500 millones el coste para revertir definitivamente toda la contaminación y un plazo de 25 años.

Actuaciones quirúrgicas

A pesar de que en 2023 se presupuestaron 6 millones de euros para avanzar en los trabajos, actualmente el proyecto se ha fragmentado en actuaciones quirúrgicas, como derribos parciales de edificaciones menores, como los vestuarios, que además de lindano contenían amianto y la contención hidráulica que trata de evitar que la contaminación llegue al río Gállego, incluyendo la redacción de proyectos para crear barreras hidrogeológicas y tratar las aguas pluviales antes de que se filtren al subsuelo. Además, se aplican ensayos de 'biorremediación' (uso de microorganismos para limpiar el suelo) con la esperanza de aplicarlos a gran escala. Se están invirtiendo 1,2 millones de euros en seguimiento hidrogeológico y barreras para proteger el agua del río Gállego, garantizando el suministro a las poblaciones de aguas abajo.

La UE aprobó en 2024 un proyecto liderado por Aragón para la descontaminación del lindano, por el que la comunidad aragonesa contará con 400.000 euros para este proyecto que pretende avanzar en la aplicación de técnicas biológicas de descontaminación de suelos. La pasada semana los diez socios europeos del proyecto Naturem para la descontaminación de residuos de lindano que lidera Aragón mantuvieron la última reunión en la que la alcaldesa de Sabiñánigo participó telemáticamente y en la que se comparten avances y técnicas innovadoras mediante una red colaborativa.

La alcaldesa de Sabiñánigo valora positivamente la investigación para la mejora de los suelos con bacterias que degradan los residuos que ya no se pueden trasladar con técnicas ya utilizadas, así como los trabajos de cambio de lámina que protegía las balsas de los vertederos. No obstante, Berta Fernández, lamenta que siguen “sin fecha para el desmantelamiento” y que no saben “cuándo seguirán los trabajos para seguir descontaminando”. A la regidora municipal le gustaría avanzar más rápido en todos los procesos, pudiendo compatibilizar algunos proyectos como el del estudio de suelos y el desmantelamiento. “Me gustaría ver una apuesta más decidida que actualmente no veo y hay que derribar la fábrica que está en pleno casco urbano. Nosotros dimos la cara y queremos cerrar este capítulo que ha marcado a la localidad”.

Calendario futuro

Tras el derribo del edificio de vestuarios en 2025, ya que se encontraba en riesgo de derrumbe por la caída de un árbol, las barreras que se van a poner en funcionamiento, tanto en Sardas como en Bailín en 2027 son barreras biorreactivas con bioestimulación con bacterias autóctonas.

En 2026-2027 se está trabajando en el estudio de los tecnosuelos (suelos artificiales con suelos afectados y residuos de los emplazamientos -como sedimentos de las balsas de escorrentía y carbón activo agotado- y otros productos de bajo valor económico), con una triple finalidad: restauración paisajística, descontaminación de suelos y rocas y reducción de escorrentías del vaso viejo de Bailín.

Según el Gobierno de Aragón, por el momento se están analizando varios aspectos por separado: análisis de biodisponibilidad de material particulado, tolerancia de especies vegetales a distintas concentraciones de HCH, ensayo de nascencia, ensayos de infiltración-capilaridad, etc. Está previsto que en 2027 se pueda iniciar algún piloto de campo en suelos.

Marco legal europeo exigente pero no determinante

En este contexto, el papel de la Unión Europea ha sido relevante, aunque no determinante en términos de solución final. La normativa comunitaria obliga a controlar y reducir la presencia de contaminantes peligrosos como el lindano, especialmente a través de directivas como la del agua o la regulación sobre contaminantes orgánicos persistentes. Estas normas exigen a España garantizar que masas de agua como el Gállego alcancen un buen estado químico y evitar nuevas emisiones de sustancias peligrosas. Sin embargo, no existe una orden concreta que obligue a eliminar completamente la contaminación histórica en un plazo determinado. El enfoque europeo se centra en la prevención, el control y la mejora progresiva, no en la resolución inmediata de problemas heredados de décadas anteriores.

Donde sí ha tenido un impacto claro es en la financiación y en el impulso a la investigación. Los proyectos europeos han permitido desarrollar tecnologías y adquirir conocimiento que difícilmente se habrían conseguido únicamente con recursos propios. Aun así, ese apoyo no sustituye la necesidad de una intervención sostenida por parte de las administraciones nacionales y autonómicas.

El proyecto NATUREM, desarrollado en el marco del programa Interreg Europe, tiene como objetivo principal mejorar las políticas públicas de gestión de suelos contaminados mediante el uso de soluciones sostenibles basadas en la naturaleza. Para ello, reúne a una red de socios europeos formada por el Gobierno de Aragón (España), como entidad líder, junto con regiones y organismos de distintos países, entre ellos Sajonia-Anhalt (Alemania), Île-de-France (Francia), Yugozapaden (Bulgaria), Helsinki-Uusimaa (Finlandia), la región de Bohemia del Sur (República Checa) y la administración ambiental de Macedonia del Norte, además de otros organismos regionales y agencias especializadas hasta completar una decena de participantes.

A través de esta cooperación internacional, el proyecto busca intercambiar conocimientos, desarrollar experiencias piloto y fomentar técnicas como la biorremediación y la fitoremediación, con el fin de sustituir o complementar los métodos tradicionales, más costosos y menos sostenibles.

De este modo, NATUREM contribuye a la restauración de los suelos contaminados, la protección de la salud humana y el avance de las estrategias ambientales de la Unión Europea a largo plazo. En este contexto, el caso de Sabiñánigo se convierte en un ejemplo clave dentro del proyecto, ya que su grave problema de contaminación por lindano sirve como referencia para aplicar y evaluar estas nuevas soluciones, al tiempo que se beneficia del intercambio de experiencias con otras regiones europeas que enfrentan desafíos similares.

El Ayuntamiento de Calahorra ha puesto a la venta una parcela municipal, situada en la carretera de Logroño y la calle Castilla y León y dentro del Sector urbanístico 12 'Variante Norte I', por 2,5 millones de euros. Es uno de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local celebrada de urgencia este martes.

La parcela, cuya superficie es de 13.739 metros cuadrados, está ubicada frente al supermercado Lidl y el precio de salida de licitación es algo más de 2,5 millones de euros. Tal y como explican desde el Cosnsitorio, se trata de una parcela que tiene la clasificación de suelo urbano consolidado para uso terciario destinado a impulsar nuevas actividades económicas, que contribuyan al fomento de la actividad empresarial y comercial, a la generación de empleo en Calahorra y a la dinamización del tejido productivo local.

Entre los usos permitidos se incluyen comercios, oficinas, servicios, hostelería y ocio. El plazo para presentar proposiciones es de 30 días a contar a partir desde la publicación del anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Con esta venta, “el Ayuntamiento de Calahorra busca favorecer la implantación de actividades comerciales y empresariales que contribuyan al crecimiento económico de la ciudad”. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas estarán disponibles para su consulta en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es).

Y además, la Junta de Gobierno Local también ha acordado la permuta del edificio de la calle Palacio 35, propiedad municipal, por el inmueble de la calle Arrabal 4 y el solar en la calle Arrabal 6, de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. Con esta operación el Ayuntamiento de Calahorra se convierte en el único propietario de todo el antiguo Seminario conciliar. 

Edificio, declarado Bien de Interés Cultural en 2021, será rehabilitado por el Ayuntamiento de Calahorra con la ayuda del ‘Programa 2% Cultural’, convocada por los Ministerios de Vivienda y Agenda Urbana, Transportes y Movilidad Sostenible y de Cultura. El presupuesto de reforma supera los 9,2 millones de euros.

Además, esta permuta conlleva unos gastos de compensación económica, ya que los inmuebles de la calle Arrabal tienen una mayor superficie y su valor económico es superior al de la calle Palacios por lo que el Ayuntamiento de Calahorra deberá abonar 4.596, 83 euros euros a la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

En 1998, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, aprobó una disruptiva Ley del Suelo. El objetivo era abaratar los costes, sin que a la larga se trasladase al precio de las viviendas. Se legisló un cambio de paradigma: todo es urbanizable, salvo que se diga lo contrario. El resultado de aquella norma es conocido. En los siguientes años comenzaron a producirse suelos y casas en una escalada prácticamente constante hasta el estallido de la burbuja financiera, con unos precios nunca vistos antes.

Aquella época de grúas en los skylines y crédito fácil culminó con una crisis financiera, las antiguas cajas de ahorros quebradas, rescates bancarios y miles de familias desahuciadas. El alquiler empezó a ganar peso, mermando cada vez más ese país de propietarios, y los conocidos como 'fondos buitre' aterrizaron en España. Pero de la ola desarrollista que promovió Aznar quedó también una herencia de planes en el limbo, terrenos a medio desarrollar y grandes esqueletos de edificios sin terminar.

El doctor en Ciencias Económicas y Empresariales Ignacio Ezquiaga lleva tiempo investigando la situación del mercado de la vivienda y la crisis actual que, explica, es “una herencia de la burbuja y la crisis financiera”. El experto ha publicado recientemente un artículo en la revista Ciudad y Territorio en el que explora la paradoja de la escasez de oferta y los suelos vacantes. Según las estimaciones del Ministerio de Vivienda, a partir del planeamiento vigente en 2023, actualizado con imágenes vía satélite, en todo el Estado hay suelos vacantes, urbanizables y en desarrollo, sin incluir los finalistas ni los ejecutados, sobre los que estaba previsto levantar casi 6,8 millones de viviendas.

Como muestra la siguiente tabla, Andalucía es la comunidad donde más viviendas no ejecutadas se acumulan, por encima de los 1,3 millones, seguida de las dos Castillas, en el entorno de las 800.000 cada una, y la Comunitat Valenciana, con más de 775.000 casas sin ejecutar. Pero no son las únicas con cifras abultadas. En Murcia hay casi 620.000, Catalunya supera el medio millón. Madrid ronda las 430.000.

Estos datos desdicen el socorrido mantra de que en España falta suelo. “Lo dicen los promotores porque tendrían que ir con un helicóptero para verlos. No están a la venta y nadie se los ofrece”, justifica Ezquiaga, pese a ser terrenos “muy preparados, a los que les queda muy poco para ser finalistas, prácticamente la parcelación y la licencia”. Ello, en un contexto en el que organismos como el Banco de España estiman un déficit de 700.000 viviendas, con una producción que se sitúa en el entorno de las 100.000 al año en los últimos ejercicios.

“La paradoja es cómo es posible que haciendo falta tantas viviendas no se construyan más. Es una pregunta tonta, pero es lo relevante”, plantea el experto, también autor del libro El sistema ya no financia burbujas. “Se dice que hay que aumentar la oferta para que bajen los precios, pero por mucha demanda que haya, nadie hace viviendas si no hay una demanda solvente, porque nadie las financia. Nadie da dinero sin un análisis en profundidad como ocurría en la década de los 2000”, desarrolla.

Hay una segunda contradicción: pese a una gran “demanda insatisfecha, hay muchos suelos y esqueletos vacantes”, añade. Tantos que darían para construir casi siete millones de casas. Muchos de esos terrenos están en zonas poco atractivas, esas donde la gente no quiere vivir, en otro clásico enunciado que justifica el medio millón de viviendas que fueron acumulándose tras el estallido de la burbuja y que han quedado desfasadas. Pero buena parte de los planes no ejecutados se concentran en grandes áreas metropolitanas, donde se podrían sumar unos 2,5 millones de casas, según los trabajos de Ezquiaga.

Solo en las siete mayores ciudades de España por población, hay suelos en desarrollo para más de 735.000 potenciales viviendas. El caso más llamativo es Málaga, con notables tensiones por el turismo, donde están sin ejecutar un número de casas —307.899— mayor que el stock de viviendas principales —218.245—. En Madrid, podrían levantarse casi 150.000 viviendas más; en Murcia, 111.000; y en Zaragoza, más de 100.000. Entre las siete, incluyendo Sevilla, Valencia y Barcelona, habría casas para incrementar el parque de viviendas para uso residencial más de un 20%.

En Barcelona, como se puede apreciar en la tabla, el número de potenciales viviendas no ejecutadas es testimonial. Esto puede responder a varios factores. “Es un municipio muy limitado desde el punto de vista urbanístico, porque no tiene mucho sitio”, explica Ezquiaga. También hay una parte de voluntad política, porque los mayores propietarios de suelos vacantes de España son los ayuntamientos, que acaparan más de una cuarta parte.

“Son los principales tenedores de suelos calificados como urbanizables, porque aquí se exige a los promotores entregar un porcentaje para VPO, algo que los consistorios han olvidado. Por eso son tan responsables de la crisis actual y, sobre todo, de la solución”, indica el catedrático, que pone como ejemplo el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, donde una parte muy importante de esos suelos son propiedad de los ayuntamientos: “¿Dónde estaban? ¿Por qué salen ahora? Una parte es la voluntad política”.

El segundo gran tenedor de suelo es la Sareb, el conocido como 'banco malo' que se creó en 2012 para dar salida a los activos tóxicos de la banca: viviendas y suelos que las entidades rescatadas financiaron con tasaciones sobrevaloradas y se quedaron a medias o sin vender tras el estallido de la burbuja, sin que los promotores hubieran devuelto los préstamos. En otro artículo sobre 'Los suelos vacantes y la sombra del legado de la crisis bancaria: el caso de la Sareb', publicado en Funcas por el mismo autor, se recoge que esta sociedad cuenta con más de 18.500 viviendas sin terminar, más de 43.000 edificables en suelos sectorizados y otras 71.000 potenciales casas en solares finalistas.

“En muchos casos, para pasar la fase de desarrollo hace falta invertir en urbanización, también por parte de las administraciones, en transporte público, por ejemplo, lo que implica un gasto. Sareb no era una promotora y su único mandato era vender, así que no podía invertir en esos suelos, que se han ido desvalorizando y abandonando”, explica Ezquiaga.

El pasado verano, el Gobierno anunció que transferiría del 'banco malo' a la nueva empresa pública Casa 47, uno de los ejes de las políticas residenciales del Ministerio de Vivienda, más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos, con capacidad para que se edifiquen sobre ellos otras 55.000 casas.

El otro gran bloque de suelos sin vender está en manos de los fondos oportunistas que llegaron a España tras el estallido de la burbuja y se hicieron con paquetes de viviendas, entre los que se incluían algunos de estos terrenos, que necesitaban inversión y daban peor rentabilidad que el residencial y que, según el experto, han tenido “encapsulados”.

Para Ezquiaga, la solución al bloqueo de estos suelos, al menos los que están en zonas residenciales atractivas o donde hay más carencia de vivienda, pasa por incentivar la construcción y desincentivar ese encapsulamiento actual.

“El ayuntamiento de Cartagena, del PP, ha detectado 42 solares con licencia en el caso urbano, que están abandonados y nadie desarrolla. Con una ley del año 1964, ha ejecutado un proceso de expropiación forzosa. Ha dado a los propietarios un año para comenzar a edificar y, si en ese tiempo no lo han hecho, saldrán a subasta para que los compre alguien que sí edifique. Si fueran socialdemócratas se los quedaría el consistorio y edificarían ellos, pero como son liberales dejan que sea el sector privado quien lo haga. En cualquier caso, castiga a quien retiene suelo”, pone como ejemplo.

Según el consistorio cartagenero, esta estrategia ya ha tenido como resultado la solicitud de licencias para 170 nuevas viviendas y una residencia y en noviembre se aprobó la subasta de los primeros 12 solares.

Con todos estos datos, el economista considera que “si se lograra tocar las teclas para revertir ese proceso de aislamiento de los suelos, para que vuelvan al mercado, el precio bajaría claramente, aunque se tarde unos años en construir viviendas en ellos”. “Hay que invertir lo suficiente”, concede, pero “los ayuntamientos son los primeros que deberían verse interpelados, porque tienen el 26% de ese stock”.

El Gobierno valenciano que preside Juan Francisco Pérez Llorca (PP) con el apoyo de Vox dará más ventajas a los promotores para la construcción de vivienda a costa de suelo público destinado inicialmente para equipamientos públicos como centros escolares, deportivos, ambulatorios o zonas verdes. También se avanza en la privatización del control y catalogación de vivienda protegida y permitirá construir más pisos de dimensiones reducidas sin compensarlo a cambio con más suelo dotacional.

Con el pretexto de la acuciante necesidad de vivienda como única fórmula, según los populares, para frenar la escalada de precios (han descartado otras medidas como el tanteo y retracto o topar los alquileres), el Consell ha colado en el decreto Simplifica aprobado el pasado 26 de diciembre una serie de medidas que pueden contribuir a un nuevo ladrillazo en la Comunitat Valenciana.

Un decreto que ha encontrado serios reparos en el informe de la Abogacía de la Generalitat que entre otras cosas desaconseja la técnica del decreto ley para modificar disposiciones reglamentarias recordando diversas resoluciones del Consell Jurídic Consultiu. Esta fórmula del decreto ley evita, precisamente, el dictamen del mencionado organismo.

En cuanto a los cambios normativos, se modifica la disposición adicional cuarta de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), lo que implicará que la calificación provisional y definitiva de las viviendas de protección pública (VPP) se podrá hacer a través de una Entidad Colaboradora Urbanística de la Generalitat (ECUV), dejando en manos de esas entidades privadas la calificación provisional y definitiva de las VPP, así como su desclasificación en caso de incumplimiento.

Entre las funciones que desempeñarán las ECUV está el cumplimiento del régimen de VPP y de normas de diseño, habitabilidad, accesibilidad universal y calidad, y de la legislación de la calidad de la edificación.

En este sentido, fuentes de la Conselleria de Vivienda han explicado que “el Consell introdujo por primera vez en el nuevo decreto de VPP la posibilidad de presentar solicitudes calificación de viviendas de protección pública mediante certificado de entidades de colaboración ECUV”. Esta novedad del decreto regulador de las viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana fue “muy bien acogida por el sector promotor, dado que con esta medida se garantiza la agilidad en la tramitación de las calificaciones de viviendas así como la seguridad jurídica”.

En definitiva, han añadido que “con la modificación propuesta se pretende armonizar el marco normativo, proponiendo la modificación de la disposición adicional cuarta del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, que regulaba las funciones de las entidades colaboradoras de la administración, ampliando estas funciones además de aquellas relacionadas con las funciones urbanísticas de los ayuntamientos, a las relacionadas con la calificación de viviendas de protección pública competencia de la Generalitat a través de la consellería competente en materia de vivienda”.

Viviendas en suelo destinado a colegios o ambulatorios

También se modifica la disposición adicional 12 de la LOTUP de forma que se crea la figura de los Proyectos Habitacionales Locales (PHL) por los que los ayuntamientos podrán edificar viviendas de VPP, además de en suelos patrimoniales de su propiedad, en todo tipo de suelos de dominio público destinado en el planeamiento a toda clase de equipamientos (escolares, sanitarios, deportivos …).

Si esto sucediera, se prevé que el ayuntamiento inicie procedimientos de modificación del planeamiento urbanístico para que en el plazo de tres años se recuperen en otros terrenos los suelos dotacionales perdidos a fin de restablecer el equilibrio entre dotaciones y aprovechamiento urbanístico.

Está por ver la fórmula por la cual se permitirá construir vivienda protegida en esos suelos destinados inicialmente a dotaciones púbicas que en muchos casos llevan años paralizados y convertidos en solares. Si las promociones las construyeran promotores privados y si el suelo se otorgará como una concesión o se optará por la fórmula favorita de los constructores y avalada por el PP, la permuta de terrenos. Esta opción sería la más polémica puesto que el terreno pasaría a ser propiedad del promotor a cambio de un porcentaje de las viviendas construidas, que serían para la administración.

Al respecto, fuentes de la Conselleria de Territorio han explicado que la Generalitat tiene entre sus objetivos “generar suelo y agilizar trámites con el objetivo de impulsar la construcción de viviendas en un contexto marcado por los elevados precios”. Además han añadido que “las últimas medidas van encaminadas a cumplir ese compromiso del Consell en colaboración de los departamentos de Vivienda y Urbanismo”.

Con esta reforma se quiere dar “herramientas a los ayuntamientos para poder realizar cambios más ágiles en cuanto al suelo dotacional y poder construir viviendas en suelos que en principio eran para instalaciones municipales con el condicionante de que se recupere ese suelo en otras zonas”, han insistido.

Viviendas protegidas más pequeñas

Otra de las novedades se incluye en la disposición transitoria cuarta de la LOTUP, de forma que se elimina la única condición que había puesto la Generalitat para no aplicar el límite máximo de viviendas que se podía construir en un ámbito urbanístico. Cabe recordar que con el primer decreto Simplifica aprobado en diciembre de 2024 ya se modificó este mismo apartado quedando redactado de la siguiente manera: “Cuando los planes aprobados al amparo de la legislación anterior contengan a la vez un coeficiente limitativo del número máximo de viviendas edificables y otro del número máximo de metros cuadrados de edificación, se aplicará exclusivamente este último. Siempre que no se introduzcan modificaciones en la ordenación estructural del correspondiente ámbito de planeamiento urbanístico”.

Con la nueva redacción desaparece lo relativo a las modificaciones en la ordenación estructural y por lo tanto cualquier obligación de cumplir los estándares urbanísticos relativos a las cesiones dotacionales mínimas exigidas, incrementándolas proporcionalmente al aumento de viviendas (y por ende de habitantes) previsto en ese nuevo desarrollo urbanístico residencial. Es decir, con los mismos metros cuadrados autorizados se podrán hacer más viviendas (por lo tanto más pequeñas) y a pesar de suponer una mayor densidad de población, no se prevén más dotaciones públicas como zonas verdes o deportivas.

Ni tan siquiera se deberá cumplir con los estándares de los elementos de la red primaria descritos la Ley, como es el caso de las previsiones legales establecidas para la “red primaria” en cuanto a parques públicos, zonas verdes y dotaciones propias de la ordenación estructural

Por último, la modificación del anexo IV de la LOTUP implica la posibilidad de minoración de los estándares de todo tipo (reserva plazas de aparcamiento en zonas residenciales o de dotaciones en suelos industriales).

Críticas del PSPV

Al respecto, la diputada del PSPV en las Corts, María José Salvador, considera que “el PP con su segundo decreto de Simplificación, avanza en sus planes de convertir el territorio valenciano en el todo urbanizable y consolida un modelo puramente especulativo con el suelo, bajo el pretexto de la necesidad de vivienda”.

Para Salvador, “se privatiza el proceso de calificación de la Vivienda de Protección Pública (VPP), dejando en manos de los promotores la toma de decisiones y el control de la legalidad”. Además, considera que la figura de los Proyectos Habitacionales Locales, “convierte suelo dotacional en un bien patrimonial, en un activo inmobiliario lucrativo que se pueda vender al mejor postor para construir vivienda donde podía ir un colegio”.

La diputada socialista añade: “Se hace desaparecer la obligatoriedad de cumplir unos estándares urbanísticos mínimos relativos a la cesión de suelo dotacional. Es decir, un modelo de ciudad con más especulación, menos suelos, más densificación, y menos dotacional público para zonas verdes, parques e instalaciones públicas. El modelo territorial debería ser fruto del consenso, pero Pérez Llorca ha decidido la fórmula del Decreto Ley que incluso la abogacía de la Generalitat cuestiona en su informe”.

Respuesta de la Conselleria de Vivienda

Sebastián Fernández, Secretario Autonómico de Vivienda, ha salido al paso de las acusaciones de Salvador y ha defendido que en lo relativo a las ECUV “la modificación propuesta por el Consell a través del Decreto Ley introduce, en este caso, es una armonización de la legislación vigente con el nuevo decreto de VPP aprobado por el Consell en diciembre de 2024, que ya incluía en su articulado la posibilidad de presentar solicitudes de calificación de viviendas de protección pública mediante Certificado ECUV, además de hacerlo a través de certificado de garantía de colegio profesional, o simplemente mediante la presentación del proyecto para la evaluación por parte de los servicios territoriales de vivienda”.

Según Fernández, “el Consell no privatiza nada, sino que amplia las alternativas a los promotores públicos o privados de viviendas protegidas para la solicitud de calificación, equiparando, en el caso de la ECUV, el papel que las entidades colaboradoras de la administración desempeñan en materia de licencias municipales, también al ámbito de la calificación de viviendas de protección pública de las que es competente la Conselleria de Vivienda” y ha asegurado que “fue el Botànic el que privatizó la presentación de licencias municipales”.

Respecto a los PHL, ha comentado que “ninguna iniciativa de este tipo pondrá en peligro dotaciones esenciales por cuanto que, en todo caso, los ayuntamientos tendrán un plazo de tres años para impulsar las modificaciones del planeamiento que garanticen el equilibrio entre dotaciones” y ha destacado que “esta medida representa la extensión a todo el territorio de la Comunitat Valenciana uno de los instrumentos urbanísticos extraordinarios recogidos en la ley 2/2025 que el Consell aprobó para contribuir a la reconstrucción de los municipios DANA, los PRL”.

La desertificación ocupa un 70 % de la provincia de Toledo. En realidad se mueve entre la aridez, ausencia de humedad por falta de agua o evaporación rápida que dificulta el crecimiento de vegetación, y la desertificación que sobreexplota los recursos naturales, sobre todo el agua dulce.

En una porción de ese territorio se sitúa la ciudad de Toledo. Ahora su Ayuntamiento se plantea hacer un Plan de Ordenación Municipal (POM) que, por lo conocido hasta el momento, solo contempla el futuro crecimiento de la ciudad a la antigua usanza: despilfarro de suelo, máxima concentración de viviendas. Sobre estas bases surgieron las periferias urbanas de las ciudades del siglo pasado.

En ellas  las condiciones de habitabilidad de las viviendas y la traza de los barrios se hacían para 'estar y pasar'. Nada de servicios, nada de zonas verdes, nada de espacios de convivencia o socialización. Se iba a dormir y nada más. Fue la lucha vecinal la que consiguió atemperar con sus  reivindicaciones las condiciones extremas de los barrios de las periferias.

Un ejemplo en Toledo de ese tipo de barrios son Palomarejos o la urbanización Buenavista y siguienets, donde los bloques de viviendas se alzan siguiendo el trazado orográfico en una especie de unidad indescifrable. Los habitantes no cuentan,el bienestar cotidiano no importa o importa poco. Como máximo alguna mínima concesión para disimular, pero que no atente contra el beneficio final.

El Código Técnico de Edificación (CTE)  será obligatorio a partir del año 2026. El Código impone que entre 2028 y 2035 ningún edificio público, pero también privado, podrán emitir dióxido de carbono a la atmosfera. Esto, enunciado así, no indica mucho, salvo que habrá que poner en marcha procesos de rehabilitación en gran escala  de inversión que rondaría los 30 mil millones de euros y de trabajo, mucho trabajo.

Acometer  procesos de rehabilitación gigantescos permitiría ahorrar suelo, no abrir barrios nuevos por abrir, no crear espacios construidos sin las debidas garantías que primen el bienestar ciudadano antes que los ingresos por licencias municipales  o los márgenes de las constructoras. El 80% de los edificios españoles tienen más de 40 años y sus eficiencias energéticas y de calidad habitacional es escasa. El  volumen de inversión y de trabajo necesario sería histórico. Deben, en consecuencia, ocupar una parte del Plan de Ordenación Urbana de cualquier pueblo o ciudad.

Los ayuntamientos y las comunidades autónomas deberán ser los principales impulsores de esa transformación. Los barrios de Toledo en el año 2040 no deberían guardar nada más que un parecido físico lejano con los barrios actuales. El cambio además debe ser clave en una ciudad que a su vez es patrimonio de la humanidad, incluyendo sus exigencias de impactos de todo tipo. El nuevo POM que impulsa el Ayuntamiento para Toledo se va a realizar en un territorio que se mueve entre la aridez y la desertificación. ¿Contemplará el POM  todas estas variables para obtener barrios habitables en los que sobresalgan los valores ciudadanos y la atenuación de los efectos del cambio climático?

Cualquier plan de ordenación de una ciudad debe abandonar postulados antiguos y obsoletos para situarse en una nueva dimensión: afrontar los retos del cambio climático en un lugar seriamente afectado por la aridez y la desertificación. Y como objetivo prioritario de cualquier proyecto urbano atender al bienestar de las personas, a la oferta de servicios, a espacios verdes amplios y preparados para condiciones climáticas extremas,  a la movilidad que recorte emisiones toxicas y acorte tiempos para las gestiones ordinarias.

Si no se contemplan las peculiaridades constructivas heredadas del pasado y se busca corregir en el caso de Toledo sus ingentes errores ningún Plan servirá para mejorar la calidad de vida de la ciudad de Toledo.

El gres porcelánico se ha convertido en uno de los materiales más elegidos para los suelos de casas y negocios por su gran resistencia, su baja absorción y su capacidad para soportar el uso diario sin cambios visibles. Se utiliza tanto en exteriores como en interiores, en cocinas, baños o pasillos, porque es duradero y fácil de mantener. Aun así, si se quiere conservar su aspecto original durante años, conviene seguir unas pautas de limpieza que respeten el material y eviten que pierda brillo o se dañe con el tiempo.

Aunque el gres porcelánico aguanta bien la humedad y los productos de limpieza, no se comporta igual que otros tipos de suelo. Usar limpiadores inadecuados o técnicas agresivas puede dejar marcas, reducir el brillo o provocar una capa de residuos difícil de quitar. Por eso, saber cómo limpiarlo correctamente y qué productos conviene evitar es fundamental para que dure más y mantenga su buena apariencia.

El objetivo no es usar tratamientos especiales ni complicarse con productos caros, sino aplicar rutinas sencillas que mantengan el suelo limpio y sin desgastes. Con una limpieza adecuada y constante, el gres porcelánico puede conservar su aspecto y sus propiedades originales sin necesidad de abrillantadores ni productos adicionales.

Limpieza básica y mantenimiento cotidiano

Antes de fregar, lo primero es quitar el polvo, la arena y las pequeñas partículas que se acumulan con el uso. Si se frotan con agua, pueden actuar como una lija y rayar la superficie. Para evitarlo, basta con barrer con una escoba de cerdas suaves o pasar la aspiradora con cepillo para suelos duros. Este paso es especialmente importante en zonas muy transitadas, donde la suciedad se acumula más rápido.

Para el fregado diario, lo ideal es usar agua tibia y un poco de detergente de pH neutro, es decir, un limpiador suave que no sea ni ácido ni alcalino. Estos productos eliminan la suciedad sin dañar el suelo. Conviene evitar ceras, siliconas y abrillantadores, ya que crean una película que atrapa el polvo y hace que el suelo se vea apagado con el tiempo. Lo mejor es fregar con una fregona o un paño de microfibra bien escurrido, sin recurrir a estropajos ni esponjas abrasivas, incluso si el suelo parece resistente.

Después de fregar, se recomienda aclarar con agua limpia para eliminar cualquier resto de jabón. Así se evitan las marcas al secarse y se mantiene el acabado original. Si se seca con un paño o se deja ventilar, mucho mejor. En suelos rugosos o con textura, este paso ayuda a que no se acumule la humedad en los relieves. La frecuencia depende de su uso, en cocinas o pasillos puede hacerse cada día, mientras que en habitaciones con menos paso bastará con dos o tres veces por semana.

Limpieza profunda y tratamiento de manchas específicas

A veces, el fregado habitual no es suficiente para eliminar la suciedad más resistente. En esos casos, lo importante no es insistir con fuerza, sino elegir el producto adecuado. Si las manchas son de grasa o aceite, funcionan mejor los limpiadores con base alcalina suave, que ayudan a disolverlas sin dañar el acabado. En cambio, las marcas de cal o los cercos de agua dura se eliminan con productos desincrustantes o vinagre blanco diluido, siempre usados con moderación.

En los suelos con acabado brillante, conviene evitar estropajos o cepillos duros, ya que pueden dejar pequeños arañazos visibles cuando les da la luz. Para estos casos, un paño de microfibra húmedo suele ser suficiente. Los suelos mates o con textura rugosa permiten una limpieza algo más enérgica con un cepillo de cerdas suaves, que ayuda a llegar a los recovecos sin estropear la superficie. Después de aplicar el limpiador, lo ideal es enjuagar bien con agua limpia y dejar secar al aire o con un paño seco.

Las juntas entre las baldosas también acumulan suciedad y grasa con el tiempo. Mantenerlas limpias mejora la apariencia general del suelo. Para ello basta con usar un cepillo pequeño y un poco de detergente neutro. Es preferible evitar utensilios metálicos o productos muy fuertes, que podrían dañar los bordes del gres. En zonas exteriores o de mucho tránsito, una limpieza ocasional con agua tibia y un jabón suave ayudará a mantener el suelo como nuevo sin necesidad de recurrir a productos agresivos.

El éxodo de población desde la Comunidad de Madrid hacia Guadalajara y Toledo sigue siendo uno de los principales retos que Castilla-La Mancha debe afrontar en materia de vivienda. Dos años y medio después de que elDiario.es Castilla-La Mancha contase cómo las zonas castellanomanchegas que limitan con Madrid se habían convertido en grandes receptoras de población procedente de la capital y alrededores, el problema parece estar igual.

Y es que, para Rafael Santiago, presidente de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL) en Castilla-La Mancha, uno de los principales problemas en materia de vivienda para Castilla-La Mancha es que la vecina comunidad madrileña “se está desbordando”.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, Rafael Santiago reconoce que no todo es malo en esta vecindad: “Esa cercanía que hace que nuestra actividad económica sea boyante. Pero también tiene un peaje”, refiriéndose al precio de la vivienda.

El experto afirma que las zonas limítrofes con la comunidad vecina, como son el Corredor de La Sagra en Toledo y el Corredor del Henares en Guadalajara, son las principales zonas que se ven afectadas por “los cambios culturales, económicos y demográficos que experimenta Madrid”.

Por tanto, Santiago cree una de las soluciones al problema del precio de la vivienda en Castilla-La Mancha es tomar “decisiones estratégicas” entre las dos comunidades. “No puede ser que nosotros intentemos controlar que no suba el precio de la vivienda cuando Madrid está construyendo mucho y es insuficiente”, por lo que aboga por establecer una comunicación fluida entre territorios, de tal manera que las decisiones que puedan afectar a los precios y la tensión del mercado de la vivienda no se tomen unilateralmente por una comunidad autónoma sin tener en cuenta el parecer de otra “que va a padecer” las consecuencias.

Alcaldes, zonas tensionadas y suelo sostenible

Rafael Santiago pone también el acento en el “desfase” entre la necesidad de vivienda y el suelo disponible (y sostenible) para la edificación residencial. “En España ahora mismo tenemos suelo suficiente como para construir seis millones de viviendas y según el Banco de España necesitamos 600.000 para este 2025. Si no se consigue construirlas, hay que ver cuáles son las causas”.

En su opinión, “no todo el suelo está en disposición de soportar una edificación residencial”. El suelo, dice, debe ser “sostenible” y cumplir con ciertos estándares de calidad urbana. El problema es que donde hay suelo no siempre hay demanda. “Muchos de esos suelos urbanos están en zonas no tensionadas, donde no está la demanda”, insiste.

A eso hay que sumar el diseño de pueblos o ciudades que plantean algunos ayuntamientos y que terminará en una situación no viable jurídicamente hablando. Le ocurrió a Toledo que tuvo que retroceder en su normativa urbanística hasta el año 1986 y que todavía sigue intentando desarrollar un Plan de Ordenación Urbana acorde al siglo XXI y a las necesidades de la ciudad.

Y es que no siempre el suelo donde se quiere construir es sostenible, o al menos no lo es en la medida en que los ayuntamientos quieren que lo sea para dotarlo de vivienda. El presidente de COSITAL advierte que se toparán con la negativa de los tribunales. Ya ha ocurrido, no solo en Toledo, incluso con pronunciamientos del Tribunal Supremo, cuando en Ávila se intentó modificar el Plan de Ordenación Municipal para construir seis mil viviendas a casi diez kilómetros de la ciudad y sin haber agotado el suelo disponible, más cercano al casco urbano.

La importancia de Gicaman

Precisamente para traducir esa disponibilidad de suelo en nuevas viviendas, Rafael Santiago propone que la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN) que, entre otras funciones, gestiona las viviendas protegidas en Castilla-La Mancha, tome mayor protagonismo y se ocupe de los suelos municipales para construir vivienda pública.

Para el presidente de COSITAL Castilla-La Mancha, esta empresa debe ayudar a los ayuntamientos, “especialmente a los más pequeños”, para adjudicar terreno para la construcción de vivienda de promoción pública.

Por eso, la actuación más urgente que él realizaría para solucionar el problema de la vivienda en Castilla-La Mancha pasa por que “todo el suelo público que tenemos en las administraciones, sobre todo a nivel municipal” se ceda a GICAMAN, para que, dotada de los medios necesarios, “pueda ser capaz de gestionar todo ese suelo y en el plazo de dos años, se tenga vivienda pública a un precio razonable”.

“En España se está llegando a la emergencia habitacional”

Coincidiendo con la Semana de la Arquitectura, que termina precisamente este domingo, COSITAL Castilla-La Mancha organizó en Toledo unas jornadas en las que se analizó cuál es la situación de la vivienda en España.

Según la radiografía de José María López Cerezo, presidente Asociación Española de Promotores y Gestores Públicos, la conclusión es que en España se está llegando a una situación de “emergencia habitacional”, a consecuencia del exceso de esfuerzo que tienen que realizar las familias para comprar o alquilar una vivienda. Y es que el 40 % de los inquilinos en España destina más del 30 % de sus ingresos al alquiler, superando así el umbral que indica una sobrecarga excesiva en este gasto.

Y eso, para López Cerezo, “provoca daños”. Por un lado, el experto advierte que ese hecho pone en peligro de pobreza o exclusión social a las familias. Por otro, señala que se ve dañada la economía, ya que destinar un porcentaje tan elevado de ingresos a la vivienda impide destinarlo a otros consumos o al ahorro.

La principal causa de esos precios elevados tiene que ver en su opinión con el parón en la construcción de vivienda tras la crisis de 2008: en España se construyeron durante la primera década de los años 2000 unas 389.000 viviendas al año. En la segunda década (ya tras la crisis), la construcción pegó un frenazo, con solamente 45.000 viviendas nuevas por año. Ya 2024 dejó 100.000 casas nuevas, de las que aproximadamente 25.000 son públicas. Y el experto culpa al escaso gasto en viviendas protegidas en nuestro país: en vivienda solo se destina el 0,21% del PIB.

A juicio de López Cerezo, también hay otros componentes, como la falta de suelo e incertidumbre regulatoria y la falta de seguridad jurídica para que los propietarios pongan su vivienda en alquiler.

Cantabristas ha expuesto su “perplejidad” ante el anuncio del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) de que “encargará un estudio” para conocer cuánto suelo industrial vacío hay disponible en Cantabria: “Están reconociendo que llevan años ejecutando una política industrial sin disponer de datos que sostengan sus acciones”, ha expresado Paulu Lobete, secretario general de Cantabristas.

“Siempre hemos denunciado la falta de planificación de la política industrial de Cantabria, pero confirmar que se mueven en este nivel de desconocimiento es alarmante”, ha sentenciado. 

En concreto, el Gobierno de Cantabria ha afirmado públicamente que encargará en las próximas semanas, por 120.000 euros, un inventario para conocer cuánto suelo industrial hay actualmente disponible en la comunidad. “Esta decisión parece haber sido tomada tras la presión ejercida por el vídeo de Cantabristas que se ha viralizado en redes sociales”, han señalado desde esta formación. En el citado vídeo, este partido visitaba varios polígonos industriales supuestamente ocupados para evidenciar que en todos ellos hay aún suelo industrial vacío por desarrollar.

En opinión del portavoz cantabrista, esta decisión del Gobierno revela “su desconocimiento sobre el suelo industrial del que dispone”. Además, para Lobete esto entra en “completa contradicción” con la insistencia del Gobierno de Cantabria en la supuesta necesidad de crear más polígonos industriales. 

“Es inadmisible que los diferentes consejeros de industria (tanto el actual del PP como los anteriores del PRC) lleven años vendiéndonos que hay que construir más y más polígonos cuando realmente ni siquiera tenían un control del espacio disponible en los polígonos que ya hay construidos y dependen de ellos”, ha concluido Lobete.

Actualmente en Laredo se está desarrollando una importante movilización vecinal contra un proyecto que plantea construir un macropolígno industrial de más de medio millón de metros cuadrados que amenaza con expropiar 57 viviendas y más de 300 terrenos.

“Convencida la testadora que, por falta de estudios, no ha podido cumplir en este mundo la misión que Dios le confiara, por no tener en su tiempo la mujer derecho a cursar una carrera, lo cual ha sido el mayor dolor de su vida, quiere ahora que se ha reconocido aquel derecho que no sufra otra mujer lo mismo, para lo cual establece en Estepona una Fundación para costear los estudios de mujeres pobres de dicho pueblo, dando preferencia a las carreras de Leyes y Filosofía y Letras”.

Una placa recuerda a los vecinos y vecinas de Estepona cuál fue la voluntad post mortem de Antonia Guerrero. Está colocada en la plaza que lleva su nombre y cita un párrafo de su testamento, otorgado ante Juan Gil Quinzá, notario de Ontinyent (Valencia), el 30 de septiembre de 1926. Aunque el testamento se quemó durante la Guerra Civil, la inscripción se reproduce en los asientos registrales de varias fincas de Estepona.

Guerrero murió en 1928 y ahora, casi un siglo después, lo que queda de su legado acaba de salir a subasta pública: siete parcelas (de un total de nueve) con una superficie edificable de 108.799 metros cuadrados, en un lote único. En Saladavieja (conocida por muchos como Las Mesas) se podrán construir hasta 1.125 viviendas unifamiliares, con el atractivo para el promotor de que podrá enladrillar de inmediato, porque en los últimos años el Ayuntamiento ha allanado el camino aprobando Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación y Urbanización y hasta Junta de Compensación.

Es una oportunidad de oro para hacerse con la última gran pastilla de terreno edificable en una de las zonas más golosas de Estepona, municipio estrella del mercado inmobiliario de lujo. “Próximas a la playa y al Puerto Deportivo”, se anuncia la subasta.

El precio de salida es de 66 millones de euros, y se puede pujar hasta el 16 de octubre. El objetivo es atraer a grandes inversores en ladrillo y subir el precio, que podría acabar rondando los 100 millones. Vende la Fundación Antonia Guerrero, que está publicitando la subasta a todo trapo, y está presidida por el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP). El regidor está actualmente investigado por sendos juzgados por un presunto delito de malversación al contratar a una mujer con la que mantenía una “relación íntima” que nunca fue a trabajar, y un caso de presunta violencia de género denunciado por esa misma mujer.

Aunque es una Fundación privada, detrás de la operación que ahora se activa está la mano del alcalde, que tiene un triple control: además de regidor, José María García Urbano (PP) es el Presidente del Patronato que toma las decisiones en la Fundación; las otras dos integrantes son la maestra “en activo más antigua de Estepona” y una “señora designada por la anterior”, según los Estatutos. Todo el proceso se realizará en la notaría del alcalde, que desde hace años dirige Almudena Romero por la incompatibilidad con el cargo municipal. De hecho, el regidor sigue consignando la notaría como su domicilio profesional.

La oposición pide transparencia ante un posible “pelotazo”

¿Por qué vender ahora este legado histórico? La Fundación argumenta en una nota publicada en su web que está obligada y que, además, el momento es propicio. El objetivo sería “acelerar” la financiación de becas, ayudas y convenios, y también evitar los riesgos y tiempos de una promoción inmobiliaria propia que no podría acometer por falta de liquidez. Otros propietarios del sector estarían presionando para acelerar su urbanización, y la Fundación insiste en que no tiene “infraestructura organizativa” ni dinero para asumir el coste en el porcentaje que le correspondería.

La operación es clave para el municipio. Nadie tiene un suelo así en Estepona, que desde hace años está embarcada en un fuerte crecimiento, impulsada por los nuevos desarrollos residenciales y la rehabilitación urbana: fue la ciudad con mayor crecimiento relativo de población en Andalucía en 2022 y la segunda de España, un 4,6%. Una parte sustancial de ese incremento está ligada al mercado inmobiliario de lujo y a los nuevos residentes extranjeros.

A pesar de la escasez de vivienda asequible en la Costa del Sol, y en Estepona en particular, la Fundación subraya que no puede acometer ella misma una promoción social, porque no está entre sus fines estatutarios. Por el contrario, la decisión tiene todos los visos de acabar recalentando aún más el mercado premium al que se destina gran parte de lo que se construye en la zona.

La venta despierta los recelos de la oposición. En agosto, el PSOE ya advirtió de que buscaría los resquicios legales para frenar la operación, que ven como una descapitalización sin beneficio para el pueblo. “Unos pocos están haciendo negocio con un patrimonio que fue legado con un fin claramente social y colectivo, contraviniendo la voluntad de la familia Nadal y, especialmente, de doña Antonia Guerrero, que quiso que esos terrenos sirvieran para mejorar la vida de los esteponeros y no para enriquecer a unos cuantos”, protesta Emma Molina, portavoz municipal del PSOE, que entrevé un “pelotazo”.

Manuel Aguilar (Vox) echa en falta explicaciones para evitar sospechas: “Es una Fundación privada, pero con un fin de bienestar general para los esteponeros, y debería explicar por qué decide vender en un solo lote al que muy pocos pueden optar”. En su opinión, venderlo por parcelas facilitaría un precio mayor.

Como es habitual, García Urbano (en su doble condición de alcalde y de presidente del Patronato) y el Ayuntamiento de Estepona no han respondido a las cuestiones de este medio. Tampoco la Fundación ha respondido al cuestionario remitido a primera hora del lunes por la mañana.

Un legado troceado

Los antecedentes históricos invitan a mirar con lupa. El legado original procede del patrimonio de Guerrero y del matrimonio entre su tía y José Nadal (fallecidos sin descendencia), que fue troceado cuando falleció, en 1973, la heredera común de ambas ramas, Catalina Nadal: tres millones de metros cuadrados repartidos entre la Fundación Antonia Guerrero (500.000 metros cuadrados); la Fundación Nadal (566.000); y seis legatarios parroquiales.

Este tercio acabó malvendido al empresario salmantino Juan José Hidalgo, en una oscura operación intermediada por el Obispado de Málaga y Unicaja. En la Operación Astapa se interceptaron grabaciones relativas a este legado. Desde entonces, los terrenos que Antonia Guerrero quiso destinar a las “mujeres pobres”, los únicos que quedan del legado principal, aparecen cada pocos años como objeto de deseo de inversores con algún proyecto vinculado a una universidad, pero nunca han cuajado.

Patrimonio para facilitar el “acceso a estudios universitarios”

La subasta, sobre la que se venía barruntando desde antes del verano, tiene el visto bueno de la Junta de Andalucía, que le dio el plácet el pasado abril a través de una resolución del Protectorado, la figura por encima de los patronos que vela por los fines fundacionales y la legalidad.

De consumarse, la operación regará de una liquidez extraordinaria a la Fundación, que se desprenderá de un activo histórico al que no puede dar uso directo. Se trata de una fundación privada sin fin de lucro “cuyo patrimonio está afectado de modo duradero” al fin que expresó Antonia Guerrero, según sus Estatutos: “Facilitar el acceso a estudios universitarios de todo orden, especialmente orientado a los habitantes de Estepona” mediante becas y la construcción de una “ciudad del conocimiento”, según sus Estatutos. Y ahí surgen las dudas. ¿Qué va a hacer la Fundación con tanto dinero?

Los Estatutos incluso le marcan cuánto tendría que destinar al fin fundacional cuando se consume la venta: “Al menos, el setenta por ciento de los ingresos obtenidos de las explotaciones económicas (…) y de los que se obtengan por cualquier otro concepto” en un plazo de tres años. Es decir, un mínimo de 46,2 millones de euros deberán destinarse a facilitar los estudios universitarios a los habitantes de Estepona mediante un sistema de becas o una “ciudad del conocimiento” de la que no se conoce proyecto alguno.

El Ayuntamiento de Santander destinará 3,56 millones de euros a ejecutar el proyecto para la reordenación y pavimentación de la zona oeste del Sardinero, con el que también se mejorará la accesibilidad y se pondrán al día los servicios urbanos municipales.

El concejal de Fomento, Agustín Navarro, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado en su reunión de este lunes la licitación de los trabajos, que contarán con un plazo de 12 meses y afectarán a las calles Luis Martínez (oeste), Ramón y Cajal (oeste), Teniente Fuentes Pila, Rocío y Calatayud.

La actuación abarcará no solo la mejora de la pavimentación, sino también la renovación del mobiliario urbano y de las infraestructuras de canalización que dan servicio a los edificios del entorno.

Se prevé integrar el tráfico peatonal, rodado y el espacio de aparcamiento, y renovar el pavimento de aceras y calzadas con la reposición de bordillo.

Este proyecto cuenta con una subvención de un millón de euros procedente del Gobierno de Cantabria, dentro del Plan de Inversiones Municipales 2025-2029.

Según ha indicado el edil en un comunicado, el proyecto es un compromiso de la alcaldesa, Gema Igual, para dar continuidad a la actuación acometida en la parte Este del Sardinero y revitalizar toda esta zona de la ciudad. En una primera fase se renovaron las calles Duque de Santo Mauro, María Luisa Pelayo, Luis Martínez (este), Ramón y Cajal (este) y González de Riancho.

A Menorca hi ha deu cellers que produeixen uns 200.000 litres de vi cada any. Tot i ser un territori de 700 km2, el sector vitivinícola ha experimentat en els darrers anys un creixement destacat a l'illa. Cellers que cullen raïms sembrats a la terra vermellosa i seca de l'illa donen com a resultat una varietat de vins cada cop més reconeguts i apreciats fins i tot fora d'Espanya, en alguns casos aconseguint l'etiqueta d'Indicació Protegida Vi de la Terra - Illa de Menorca. Tot i això, l'obtenció d'aquestes vinyes sovint xoca amb la cura ambiental i la sostenibilitat que s'exigeix en aquest territori com a condició per a les activitats agrícoles. L'illa és un territori reconegut com a Reserva de Biosfera des de fa més de trenta anys i manté una normativa estricta en matèria de cura mediambiental en part gràcies a la ratificació del Pla Territorial Insular el 2023.

Un dels projectes més polèmics és el del celler Torralba Agrícola SL, un emprenedoria que ha presentat recentment –per tercera vegada– davant el Consell Insular de Menorca una sol·licitud per a ampliar les seves instal·lacions gairebé un 1000% en una zona inclosa dins de la Xarxa Natura 2000 –una llista d'àrees de conservació impulsada per la Comissió Europea per a la protecció de biodiversitat– considerada d'Especial Protecció per a Aus. Així mateix, la zona on pretén aixecar-se aquest macro celler està qualificada com d'alt risc d'incendi, segons dades de la Xarxa Forestal i del pla Alerta Foc 2025.

“És el projecte més ambiciós que s'hagi vist per aquesta zona de Menorca des dels hotels a primera línia de platja dels anys 70; és una obra megalòmana”, assenyala a eldiario.es un veí de la zona –que prefereix mantenir-se en l'anonimat–, que ha vist la consolidació i el creixement d'aquest celler com un dels més grans de l'últim lustre. Per la seva banda, un dels productors vitivinícoles de més trajectòria a l'illa –que també demana respectar la seva privadesa– subratlla la importància de buscar “un equilibri entre la protecció ambiental i territorial i les inversions agrícoles, que donen a l'economia de l'illa una empenta cada cop més important, generen ocupació de qualitat i contribueixen a desestacionalitzar el turisme”. Si bé reconeix no haver llegit detalladament el projecte, aquest productor sosté que “l'ampliació de Torralba o de qualsevol altre celler és positiu per al mercat del vi i per a l'illa en general”.

Segons l'expedient que la promotora ha presentat –per tercera vegada– davant el Consell Insular, el celler, situat a la costa sud de Ciutadella i que compta amb un accés privilegiat a una de les cales més sol·licitades de Menorca, actualment ocupa 1.500 m3 –el màxim volum permès per a edificis d'ús agrari construïts sobre terreny rústic protegit– i ara pretén expandir-se fins a ocupar una mica més de 14.420 m³. L'entitat ecologista GOB Menorca presentarà al·legacions: “Aquesta finca va ser una de les que es va beneficiar de la Norma Territorial Transitòria, anterior a l'actual Pla Territorial Insular, que permetia destinar tots els edificis existents a usos turístics. Ara, és clar, no tenen dotacions per a l'activitat agrària que pretenen instal·lar. Però aquest cas és encara més recargolat perquè, després de destinar a usos turístics, van demanar construir dos edificis més per a usos agraris. Ara argumenten que necessiten un celler per processar el raïm. Un celler enorme”.

Tot i l'enorme inversió requerida per dur a terme l'obra –fonts consultades per aquest mitjà asseguren que el projecte ronda els 10 milions d'euros– i que el volum de l'edifici supera el que permet el PTI com a màxim per a construccions agrícoles, hi ha una forma legal de donar curs al gran celler que es projecta davant de les costes. “L'atorgament d'una declaració d'interès general podria habilitar la construcció del celler, sempre que compleixi els requisits i la documentació requerida. És un tràmit que s'inicia al mateix Consell Insular aportant els papers i pagant la taxa”, confirmen fonts del Consell de Menorca, que asseguren que la sol·licitud per rebre aquesta declaració va ser redactada el març d'aquest any i va ingressar a la màxima institució executiva de l'illa el 26 de juny passat.

L'empresa ha presentat una sol·licitud per a rebre la Declaració d'Interès General, la qual cosa li permetria construir el seu macro celler

La mateixa consultora

Per poder obtenir l'Interès General cal justificar per què un edifici –en aquest cas, agrícola– hauria d'estar eximit de la normativa urbanística i se li permeti superar en gairebé un 1000% els metres cúbics que marca com a màxim la llei actual d'ordenament territorial a Menorca. Per això cal, entre altres coses, presentar un Estudi d'Impacte Ambiental signat per un equip tècnic adequat que certifiqui davant del Consell Insular que l'empremta de les construccions sobre el paisatge i el terra són mínimes. Per acabar, ha de ser la Conselleria d'Agricultura del Govern qui admeti la necessitat dels nous edificis com a condició sine qua non per al desenvolupament de l'activitat agrícola del celler. Des de la Conselleria sostenen a elDiario.es que l'expedient està en tràmit, encara que no han donat detalls sobre la seva evolució.

Aquest mitjà ha confirmat que l'Estudi d'Impacte Ambiental va a càrrec de la consultora Abril, una empresa especialitzada en disseny de projectes agrícoles i destinada a clients que busquin instal·lar establiments de turisme rural. La consultora, capitanejada per l'enginyer agrònom Antoni Roca, serà l'encarregada de dissenyar el model de l'ampliació de Torralba, alhora que desenvolupa la redacció del document que donarà lloc a un nou Pla territorial insular per encàrrec del PP de Menorca. El mateix Roca ha confirmat a elDiario.es que la seva consultora “només” redactarà el document per a la “modificació puntual” del PTI anunciat pel president del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, en el qual es permetrà –entre moltes altres coses– la construcció sobre sòl rústic i la utilització d'algunes d'aquestes construccions amb finalitats turístics. És a dir, el mateix que pretén fer Torralba Agrícola SL.

En relació amb la participació de la seva empresa a la redacció del pla d'ampliació del celler, l'enginyer s'ha limitat a aclarir que circulen “informacions errònies” segons les quals Torralba SL pretendria ampliar les seves instal·lacions fins a 15.000. A més, ha assegurat que el projecte contempla en realitat una ampliació de 3.400 m3, tot i que aquesta xifra continua duplicant el que permet la llei. Tot i això, d'acord amb Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears, l'emplaçament arribarà als 14.419,88 m3, fet que implica un augment del 1000%.

L'empresa que ha elaborat l'Estudi d'Impacte Ambiental que permetria al celler obtenir la Declaració d'Interès General i, amb ella, augmentar la seva superfície construïda, és la mateixa que redacta per al Consell Insular de Menorca el document que donarà lloc a un nou Pla Territorial Insular del qual podria beneficiar-se el celler

Hi ha un antecedent important a Menorca que comparteix característiques similars amb les aspiracions urbanístiques de Torralba. Una obra megalòmana construïda sobre sòl rústic protegit el 2011 que, tot i haver aconseguit la declaració d'interès general per part de l'administració de Menorca, va acabar clausurada aquest mateix any després de ser declarada il·legal pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) després d'una llarga batalla judicial. És el parc aquàtic Splash! Sud Menorca, ubicat a la urbanització de Biniancolla, que va haver de tancar les portes a principis d'aquesta temporada d'estiu després de mantenir un pols amb l'Ajuntament de Sant Lluís, que va arribar a amenaçar de clausurar l'establiment amb la força pública.

Però les coincidències entre les dues emprenedories no acaben en l'estratègia de cercar una Declaració d'Interès General. Tant l'Splash! Sud Menorca com el pretès macro celler de Torralba Agrícola SL compten amb la intervenció de Marta Vidal Crespo, qui, sent funcionària d'Ordenament Territorial i Urbanisme del Consell Insular de Menorca, aleshores presidit per Santiago Tadeo (PP), va autoritzar la construcció del parc aquàtic després il·legalitzat. Segons la documentació a què ha tingut accés elDiario.es en exclusiva, l'exconsellera insular d'Urbanisme, que ve d'ocupar el mateix càrrec a l'Executiu balear de Marga Prohens, és també des del 13 de gener de 2023 l'advocada representant del celler Torralba Agrícola SL, els propietaris del qual són els empresaris gals Cyril Paillard i Jean Moieux.

La gestió del celler Torralba SL no ha respost a les trucades i propostes d'entrevista que elDiario.es ha fet les darreres setmanes per recollir la seva versió sobre el projecte de macro celler. Per part seva, l'exconsellera Marta Vidal ha rebutjat donar declaracions sobre la seva representació amb el celler emparat en el secret professional. Tot i això, ha reconegut que l'expedient té “una sèrie de deficiències” d'ordre tècnic. “Són alguns detalls que tenen a veure amb el càlcul de paràmetres urbanístics; es tracta de justificar que s'ajusten a normativa de manera més detallada. Ja s'han presentat o s'està a punt”, detalla Vidal.

En Menorca hay diez bodegas que producen unos 200.000 litros de vino al año. A pesar de ser un territorio de 700 km2, el sector vitivinícola ha experimentado en los últimos años un crecimiento destacado en la isla. Bodegas que cosechan uvas sembradas en la tierra rojiza y seca de la isla dan como resultado una variedad de vinos cada vez más reconocidos y apreciados incluso fuera de España, en algunos casos consiguiendo la etiqueta de Indicación Protegida Vi de la Terra - Illa de Menorca. Sin embargo, la obtención de estas vides muchas veces choca con el cuidado ambiental y la sostenibilidad que se exige en este territorio como condición para las actividades agrícolas. La isla es un territorio reconocido como Reserva de Biosfera desde hace más de treinta años y mantiene una normativa estricta en materia de cuidado medioambiental en parte gracias a la ratificación del Plan Territorial Insular en 2023.

Uno de los proyectos más polémicos es el de la bodega Torralba Agrícola S.L., un emprendimiento que ha presentado recientemente –por tercera vez– ante el Consell Insular de Menorca una solicitud para ampliar sus instalaciones casi un 1000%, en una zona incluida dentro de la Red Natura 2000 –una lista de áreas de conservación impulsada por la Comisión Europea para la protección de biodiversidad– considerada de Especial Protección para Aves. Asimismo, la zona donde pretende levantarse esta macro bodega está calificada como de alto riesgo de incendio, según datos de la Xarxa Forestal y del plan Alerta Foc 2025.

“Es el proyecto más ambicioso que se haya visto por esta zona de Menorca desde los hoteles a primera línea de playa de los años 70; es una obra megalómana”, señala a elDiario.es un vecino de la zona –que prefiere mantenerse en el anonimato–, que ha visto la consolidación y el crecimiento de esta bodega como una de las más grandes del último lustro. Por su parte, uno de los productores vitivinícolas de mayor trayectoria en la isla –que también pide respetar su privacidad– subraya la importancia de buscar “un equilibrio entre la protección ambiental y territorial y las inversiones agrícolas, que dan a la economía de la isla un empuje cada vez más importante, generan empleo de calidad y contribuyen a desestacionalizar el turismo”. Si bien reconoce no haber leído en detalle el proyecto, este productor sostiene que “la ampliación de Torralba o de cualquier otra bodega es positiva para el mercado del vino y para la isla en general”.

Según el expediente que la promotora ha presentado ante el Consell Insular –por tercera vez–, la bodega, situada en la costa sur de Ciutadella y que cuenta con un acceso privilegiado a una de las calas más solicitadas de Menorca, actualmente ocupa 1,500 m3 –el máximo volumen permitido para edificios de uso agrario construidos sobre terreno rústico protegido– y ahora pretende expandirse hasta ocupar algo más de 14.420 m3. La entidad ecologista GOB Menorca presentará alegaciones: “Esta finca fue una de las que se benefició de la Norma Territorial Transitoria, anterior al actual Plan Territorial Insular, que permitía destinar todos los edificios existentes a usos turísticos. Ahora, claro, no tienen dotaciones para la actividad agraria que pretenden instalar. Pero este caso es todavía más retorcido porque, después de destinar las casas, los establos, los corrales y las casetas a usos turísticos, pidieron construir dos edificios más para usos agrarios. Ahora argumentan que necesitan una bodega para procesar la uva. Una bodega enorme”.

A pesar de la enorme inversión requerida para llevar a cabo la obra –fuentes consultadas por este medio aseguran que el proyecto ronda los 10 millones de euros– y de que el volumen del edificio supera lo permitido por el PTI como máximo para construcciones agrícolas, existe una forma legal de dar curso a la gran bodega que se proyecta frente a las costas de Macarella: recibir una Declaración de Interés General. “El otorgamiento de una declaración de interés general podría habilitar la construcción de la bodega, siempre y cuando cumpla con los requisitos y con la documentación requerida. Es un trámite que se inicia en el mismo Consell Insular aportando los papeles y pagando la tasa”, confirman fuentes del Consell de Menorca, quienes aseguran que la solicitud para recibir dicha declaración fue redactada en marzo de este año e ingresó en la máxima institución ejecutiva de la isla el pasado 26 de junio.

La empresa ha presentado una solicitud para recibir la Declaración de Interés General, lo cual le permitiría construir su macro bodega

La misma consultora

Para poder obtener el Interés General es necesario justificar por qué un edificio –en este caso, agrícola– debería estar eximido de la normativa urbanística y se le permita superar en casi un 1000% los metros cúbicos que marca como tope la ley actual de ordenamiento territorial en Menorca. Para ello es necesario, entre otras cosas, presentar un Estudio de Impacto Ambiental firmado por un equipo técnico adecuado que certifique ante el Consell Insular que la huella de las construcciones sobre el paisaje y el suelo son mínimas. Por último, debe ser la Conselleria de Agricultura del Govern quien admita la necesidad de los nuevos edificios como una condición sine qua non para el desarrollo de la actividad agrícola de la bodega. Desde la Consellería sostienen a elDiario.es que el expediente está en trámite, aunque no han dado detalles sobre su evolución.

elDiario.es ha confirmado que el Estudio de Impacto Ambiental corre a cargo de la consultora Abril, una empresa especializada en diseño de proyectos agrícolas y destinada a clientes que busquen instalar establecimientos de turismo rural. La consultora, capitaneada por el ingeniero agrónomo Antoni Roca, será la encargada de diseñar el modelo de la ampliación de Torralba, al mismo tiempo que desarrolla la redacción del documento que dará lugar a un nuevo Plan Territorial Insular por encargo del PP de Menorca. El propio Roca ha confirmado a elDiario.es que su consultora “solamente” redactará el documento para la “modificación puntual” del PTI anunciado por el presidente del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, en el cual se permitirá –entre muchas otras cosas– la construcción sobre suelo rústico y la utilización de algunas de estas construcciones con fines turísticos. Es decir, lo mismo que pretende hacer Torralba Agrícola SL.

En relación con la participación de su empresa en la redacción del plan de ampliación de la bodega, el ingeniero se ha limitado a aclarar que circulan “informaciones erróneas” según las cuales Torralba SL pretendería ampliar sus instalaciones hasta 15.000 m3. Además, ha asegurado que el proyecto contempla en realidad una ampliación de 3.400 m3, aunque esta cifra sigue duplicando lo permitido por la ley. No obstante, de acuerdo con Colegio Oficial de Arquitectos de Balears, el emplazamiento alcanzará los 14.419,88 m3, lo que implica un aumento del 1000%.

La empresa que ha elaborado el Estudio de Impacto Ambiental que permitiría a la bodega obtener la Declaración de Interés General y, con ella, aumentar su superficie construida, es la misma que redacta para el Consell Insular de Menorca el documento que dará lugar a un nuevo Plan Territorial Insular del que podría beneficiarse la bodega

Existe un antecedente importante en Menorca que comparte características similares con las aspiraciones urbanísticas de Torralba. Una obra megalómana construida sobre suelo rústico protegido en 2011 que, aun habiendo conseguido la declaración de Interés General por parte de la administración de Menorca, terminó clausurada este mismo año después de ser declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) tras una larga batalla judicial. Es el parque acuático Splash! Sur Menorca, ubicado en la urbanización de Biniancolla, que debió cerrar sus puertas a principios de esta temporada de verano tras mantener un pulso con el Ayuntamiento de Sant Lluís, que llegó a amenazar con clausurar el establecimiento con la fuerza pública.

Pero las coincidencias entre ambos emprendimientos no terminan en la estrategia de buscar una Declaración de Interés General. Tanto el Splash! Sur Menorca como la pretendida macro bodega de Torralba Agrícola SL cuentan con la intervención de Marta Vidal Crespo, quien, siendo funcionaria de Ordenamiento Territorial y Urbanismo del Consell Insular de Menorca, entonces presidido por Santiago Tadeo (PP), autorizó la construcción del parque acuático luego ilegalizado. Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es en exclusiva, la ex consellera insular de Urbanismo, que viene de ocupar el mismo cargo en el Ejecutivo balear de Marga Prohens, es también desde el 13 de enero de 2023 la abogada representante de la bodega Torralba Agrícola SL, cuyos dueños son los empresarios galos Cyril Paillard y Jean Moieux.

La gestión de la bodega Torralba SL no ha respondido a las llamadas y propuestas de entrevista que elDiario.es ha hecho en las últimas semanas para recoger su versión sobre el proyecto de macro bodega. Por su parte, la ex consellera Marta Vidal ha rechazado dar declaraciones sobre su representación con la bodega amparada en el secreto profesional. Sin embargo, ha reconocido que el expediente tiene “una serie de deficiencias” de orden técnico. “Son algunos detalles que tienen que ver con el cálculo de parámetros urbanísticos, se trata de justificar que se ajustan a normativa de manera más detallada. Ya se han presentado o se está a punto”, detalla Vidal.

El Boletín Oficial del Principado (Bopa) ha publicado hoy la convocatoria del procedimiento de competencia para la asignación y reserva de suelo en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia), una infraestructura estratégica para el desarrollo económico del Principado dentro del Arco Atlántico.

Propuestas

Las empresas tienen tres meses para presentar sus propuestas, un plazo que empezará a contar tras la publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Este proceso, que ha sido aprobado por el consejo de administración de Zalia, se desarrollará de forma abierta y transparente.

Nacional e internacional

Está dirigido a compañías nacionales e internacionales con proyectos industriales o logísticos que generen inversión, empleo cualificado e innovación, y que contribuyan a la transición hacia la neutralidad climática, de acuerdo con lo que plantea la Ley de Proyectos de Interés Estratégico (PIER).

Impacto económico

Las propuestas se valorarán teniendo en cuenta el impacto económico del proyecto, la inversión prevista por metro cuadrado, la generación de empleo, el gasto estimado en la localidad y el plazo de inicio y puesta en marcha.

Interés estratégico

También se considerará si la iniciativa es proyecto de interés estratégico (PIER), la solvencia técnica, el grado de innovación, la integración logística (puertos y nodos), la capacidad de almacenamiento, automatización, impacto ambiental, consumo energético, uso de energías renovables y eficiencia en el uso de recursos.

Precio del suelo

El precio mínimo del suelo urbanizado se fija en 102 euros por metro cuadrado, con posibilidad de ajuste de hasta el 36% según inversión, empleo y superficie solicitada. Para suelo no urbanizado, el precio mínimo será de 30 euros por metro cuadrado.

Una comisión evaluadora designada por el consejo de administración de Zalia analizará las propuestas y elevará una recomendación motivada al órgano de gobierno, priorizando los proyectos más viables, innovadores y con mayor impacto económico y social.

Nuevos proyectos

La fase I de Zalia, que suma más de 700.000 metros cuadrados urbanizados y totalmente equipados (electricidad, agua, saneamiento, telecomunicaciones y viales), está lista para recibir nuevos proyectos.

Paralelamente, se trabaja en la planificación conjunta de las fases II y III, con el objetivo de optimizar el espacio disponible y mejorar la conectividad interna para adaptarse a las necesidades específicas de los proyectos seleccionados.

Desenes de persones s'han concentrat aquest matí enfront de l'Ajuntament de Palma per a mostrar el seu rebuig a la llei d'obtenció del sòl aprovada al Parlament.

Sota el lema 'Qui estima Mallorca no la destrueix', desenes de veïns de barris palmesans, com Son Sardina, han reclamat a Cort que no apliqui la possibilitat de construir en sòl rústic sense esgotar l'urbanitzable.

En paraules del representant de l'entitat 'Estimam Son Sardina', Toni Marimón, aquesta mesura serà “la més destructora contra el medi ambient que s'hagi aprovat mai en la història de Mallorca”.

Al seu parer, és “molt negativa” per al canvi climàtic i implica la “destrucció” de molts nuclis, com Son Sardina, Establiments o Sant Jordi.

La concentració s'ha celebrat coincidint amb el ple municipal, al qual han assistit els veïns. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma han intervingut en la sessió plenària per a sol·licitar la retirada de diversos punts que s'emporten a votació per a requalificar solars.

En concret, han reclamat que no es possibiliti la urbanització d'àrees de transició si no s'han esgotat els sòls urbans i els urbanitzables. “Han valorat els efectes o només les bondats per als negocis?”, ha preguntat una representant de la Federació.

En aquest sentit, ha advertit del “risc” que aquesta mesura pugui generar una bombolla immobiliària. Els veïns han apostat abans per “incidir” sobre els 15.000 pisos de lloguer turístic il·legal, una qüestió que, han lamentat, “no s'aconsegueix amb dos inspectors”.

En aquesta línia s'han pronunciat des de l'Associació de Veïns de Son Rapinya, que també han intervingut en el ple per a sol·licitar la revocació de la cessió de dos solars del barri i que es faci un procés “transparent i participatiu”. El de Son Rapinya, han lamentat, és un barri envoltat de bosc que es veu “constantment amenaçat” per “l'afany urbanitzador”.

Desenes de persones han omplert el ple municipal, en el qual també han participat representants de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca (PAH) de Mallorca per a protestar igualment contra la llei d'obtenció de sòl.

Segons han criticat, l'Ajuntament “està disposat a regalar” el sòl públic “en benefici” d'empreses privades, constructors, promotors i immobiliàries, “deixant de costat una vegada més a la majoria de la població de Palma”.

Decenas de personas se han concentrado esta mañana frente al Ayuntamiento de Palma para mostrar su rechazo a la ley de obtención del suelo aprobada en el Parlament.

Bajo el lema 'Qui estima Mallorca no la destrueix', decenas de vecinos de barrios palmesanos, como Son Sardina, han reclamado a Cort que no aplique la posibilidad de construir en suelo rústico sin agotar el urbanizable.

En palabras del representante de la entidad 'Estimam Son Sardina', Toni Marimón, esta medida será “la más destructora contra el medio ambiente que se haya aprobado nunca en la historia de Mallorca”.

A su parecer, es “muy negativa” para el cambio climático e implica la “destrucción” de muchos núcleos, como Son Sardina, Establiments o Sant Jordi.

La concentración se ha celebrado coincidiendo con el pleno municipal, al que han asistido los vecinos. Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma han intervenido en la sesión plenaria para solicitar la retirada de varios puntos que se llevan a votación para recalificar solares.

En concreto, han reclamado que no se posibilite la urbanización de áreas de transición si no se han agotado los suelos urbanos y los urbanizables. “¿Han valorado los efectos o solo las bondades para los negocios?”, ha preguntado una representante de la Federación.

En este sentido, ha advertido del “riesgo” de que esta medida pueda generar una burbuja inmobiliaria. Los vecinos han apostado antes por “incidir” sobre los 15.000 pisos de alquiler turístico ilegal, una cuestión que, han lamentado, “no se consigue con dos inspectores”.

En esta línea se han pronunciado desde la Asociación de Vecinos de Son Rapinya, que también han intervenido en el pleno para solicitar la revocación de la cesión de dos solares del barrio y que se haga un proceso “transparente y participativo”. El de Son Rapinya, han lamentado, es un barrio rodeado de bosque que se ve “constantemente amenazado” por “el afán urbanizador”.

Decenas de personas han llenado el pleno municipal, en el que también han participado representantes de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Mallorca para protestar igualmente contra la ley de obtención de suelo.

Según han criticado, el Ayuntamiento “está dispuesto a regalar” el suelo público “en beneficio” de empresas privadas, constructores, promotores e inmobiliarias, “dejando de lado una vez más a la mayoría de la población de Palma”.

L'Ajuntament de Sant Joan de Labritja ha iniciat un expedient sancionador per una carpa de ioga sense llicència a sòl rústic protegit. La proposta de sanció és de 165.000 euros i preveu la prohibició total de l'activitat.

Segons ha informat el Consistori aquest dilluns, l'activitat es duia a terme de forma organitzada i no tenia les autoritzacions necessàries per al seu exercici.

La inspecció va tenir lloc el 11 de juliol passat per part dels serveis tècnics municipals, agents de la Policia Local i personal del Consell. Durant aquesta, es va constatar que s'estaven impartint classes de ioga en una carpa instal·lada a la finca.

L'expedient identifica com a presumptes responsables els propietaris de l'immoble ia l'empresa, tots vinculats a l'organització i promoció de l'activitat. La inspecció també va revelar l'existència de construccions no autoritzades i caravanes ocupades, així com estructures auxiliars presumptament vinculades a estades turístiques.

Segons l'informe tècnic municipal, l'exercici de l'activitat de ioga en aquesta ubicació constitueix una infracció molt greu, ja que és una activitat permanent en sòl rústic protegit, incompatible amb el planejament urbanístic vigent. A més, durant la inspecció, es va impedir l'accés a l'interior de l'immoble, fet que ha estat considerat una circumstància agreujant en obstaculitzar la potestat inspectora.

La proposta de sanció és de 165.000 euros, acompanyada d'una mesura cautelar de prohibició total de l'activitat.

El Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja ha iniciado un expediente sancionador por una carpa de yoga sin licencia en suelo rústico protegido. La propuesta de sanción asciende a 165.000 euros y contempla la prohibición total de la actividad.

Según ha informado el Consistorio este lunes, la actividad se llevaba a cabo de forma organizada y carecía de las autorizaciones necesarias para su ejercicio.

La inspección tuvo lugar el pasado 11 de julio por parte de los servicios técnicos municipales, agentes de la Policía Local y personal del Consell. Durante la misma, se constató que se estaban impartiendo clases de yoga en una carpa instalada en la finca.

El expediente identifica como presuntos responsables a los propietarios del inmueble y a la empresa, todos ellos vinculados a la organización y promoción de la actividad. La inspección también reveló la existencia de construcciones no autorizadas y caravanas ocupadas, así como estructuras auxiliares presuntamente vinculadas a estancias turísticas.

Según el informe técnico municipal, el ejercicio de la actividad de yoga en esta ubicación constituye una infracción muy grave al tratarse de una actividad permanente en suelo rústico protegido, incompatible con el planeamiento urbanístico vigente. Además, durante la inspección, se impidió el acceso al interior del inmueble, hecho que ha sido considerado como una circunstancia agravante al obstaculizar la potestad inspectora.

La propuesta de sanción asciende a 165.000 euros, acompañada de una medida cautelar de prohibición total de la actividad. En caso de que no se paralice voluntariamente, se contempla la ejecución forzosa del precinto del espacio y la comunicación de los hechos al Ministerio Fiscal en caso de incumplimiento reiterado.

La importancia del conocimiento del suelo para optimizar los cultivos es el tema del trabajo Fin de Master que se ha alzado con el premio que, por primera vez, ha entregado la Cátedra AgroBank ‘Mujer, empresa y mundo rural’ de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

El autor es el investigador pre doctoral de la Universidad de Zaragoza, Manuel Sampériz Sarvisé, que lo ha logrado con un trabajo sobre la caracterización de la variabilidad de los suelos a nivel de cuenca y de parcela dirigido por Asunción Usón Murillo de la Universidad de Zaragoza y encuadrado dentro de un Programa de Desarrollo Rural (PDR).

Este trabajo se realizó en una cuenca regable de 2.400 hectáreas perteneciente a los municipios de Montesusín y Robres, provincia de Huesca, y que se puede replicar a cualquier otra zona, va a facilitar la elaboración de mapas de suelos y la aplicación de modelos predictivos que permitan comprender mejor la variabilidad del suelo y, por tanto, optimizar el manejo del cultivo así como reducir la contaminación ambiental adaptando las prácticas agrícolas a las características específicas de cada unidad edáfica.

Dos años de trabajo ha empleado este joven en su trabajo que pretende mostrar técnicas para estudiar y determinar las características del suelo y, con este conocimiento, mejorar su aprovechamiento, reducir los insumos y optimizar el rendimiento de los cultivos, lo que se traduce en una mayor rentabilidad de las explotaciones y una reducción de la contaminación ambiental de esta actividad.

En la entrevista que Manuel Sampériz ha concedido a AgroalimentariaCLM, ha señalado que el objetivo era “hacer una caracterización del suelo a nivel de cuenca que es la primera parte y a nivel de parcela, primero una visión más general y luego una visión más profunda, de cómo esas unidades afectan al manejo del suelo”.

Esta tesis surge de un “proyecto de desarrollo rural de Aragón en el que se quería hacer un mapa de suelos a bajo coste en una zona que es una cuenca regable de 2400 hectáreas en dos municipios de la provincia de Huesca, el objetivo era obtener un mapa de suelos y que fuera de bajo coste”.

Con este mapa, se podía “tener una conciencia de las unidades de tipo de suelos que había en esa zona para luego poder aplicar modelos de simulación hidrológica”. Con ello se quería conocer “cuáles eran las distintas clases de suelo que se encontraban para, en función de distintos procesos meteorológicos o por el propio riego de las parcelas, evaluar como el agua que se infiltra y los fertilizantes y la contaminación por hidrógeno podría ir a las masas de retorno de agua de la cuenca”.

Es este primer trabajo con el que Manuel Sampériz logra una beca “para un proyecto de colaboración con la universidad y hacer este mapa de suelo”.

A partir de aquí, ya se comenzó a estudiar “una caracterización de parcela para evaluar cómo esas distintas unidades de suelos influían en los cultivos y si se podía dar algún tipo de información a los agricultores para que puedan aplicar manejos de agricultura de precisión y hacerse más sostenible y más rentables”.

Hacer un mapa de bajo presupuesto

Una de las características de este trabajo era que “había muy poco presupuesto porque formas de estudiar el suelo hay muchas, pero con un bajo presupuesto hay muy pocas”, por eso, el trabajo se “fundamentó en la teledetección, es decir, usar imágenes de satélite y toda la información contenidas en esas bandas espectrales para, con esos datos, combinando la elevación del terreno, con la pendiente, poder hacer una primera caracterización inicial de las zonas de la cuenca”.

Con estos parámetros ya “nos enfocábamos el estudio, hicimos calicatas con retroexcavadoras y una serie de sondeos con barrena para alcanzar el mayor número de puntos posibles y luego pasamos a estudiar con los mismos satélites con el índice de cultivo (índice de cultivo es un número que expresa el rendimiento relativo de los cultivos en un área determinada), cómo se desarrollaban esos cultivos en función del suelo e intentar ver algún patrón de desarrollo”, señala.

Con esto ya obtuvieron un primer un mapa de suelos a escala de toda la cuenca, diferenciando las distintas unidades de suelo.

Más información, mejores resultados

Entre las conclusiones que se extrajeron del trabajo está el hecho de que “es posible utilizar esta información de la teledetección y satelital para enfocar el estudio del suelo, además de que el índice de cultivo nos da una información muy clara de cómo se desarrolla ese cultivo”. Esto supone que “con un poco de conocimiento del suelo es muy fácil vincular ese desarrollo de los cultivos con las distintas clases de suelo”, asegura.

Con esta información los agricultores pueden tener una idea más clara y segura de los cultivos que deben plantar en cada suelo. “Si tuvieran más conocimiento, tendrían más facilidad para ver cómo influye en el cultivo y ver cómo la humedad tiene una evolución a lo largo del ciclo de cultivo, si hay una clase de suelo que permite el desarrollo mejor en una fase del cultivo o en otra, y entonces el agricultor tiene que ver si tiene que regar más un suelo y otro o requiere más fertilización”.

“Conocer esto haría más eficientes los suelos, intentando ver cualquier patrón que pueda influir en el desarrollo del cultivo”, asegura. Pero además es que este trabajo es totalmente replicable a otras cuencas o zonas.

A su juicio, sin estas herramientas, el conocimiento de su suelo por parte del agricultor se basa en “prueba/error, y en la experiencia y no es que tengan un conocimiento exhaustivo de que es lo que ocurre a 20 centímetros de profundidad pero sí que saben que un tipo de suelo tienen que regarlo más u otro tipo tienen que regarlo menos, lo que pasas es que cuanto más profundo es el conocimiento, y sobre todo de la variabilidad espacial del suelo, pues, es más fácil va a ser para ello aplicar manejos variables”, asegura.

Todo esto va a influir en la cantidad de agua y de fertilizantes que un agricultor tiene que aplicar en un suelo para los cultivos elegidos, y esto es cada vez más importante, ya que las tendencias son hacer más sostenibles los cultivos con un aprovechamiento del agua y con la utilización de menos fertilizantes. El conocimiento del suelo va a permitir ser más eficientes y sostenibles. 

El suelo es heterogéneo, dentro de una parcela hay distintas clases de suelo, por ello “es importante saber cuáles hay y cuál es el potencial productivo, por ejemplo, desde Europa hay cada vez más restricciones en el uso de los fertilizantes, y la cantidad de fertilizantes la van a reducir. No se trata de reducir la dosis uniformemente en toda la parcela y si tú sabes que tienes una clase de suelo en la parcela que no es tan productiva y otra que sí, pues lo más importante es conocerla muy bien y en la zona poco productiva reducir esa dosis de fertilizantes y aumentarla en la zona productiva y le vas a sacar partido. Es realmente rentabilidad y productividad”, asegura.  

En plena crisis de vivienda pública, y con un decreto para impulsar su construcción recién aprobado, el Gobierno andaluz tiene en marcha la venta de un solar público de 7.065 metros cuadrados para que se construyan pisos de lujo en uno de los mejores y más caros barrios de Sevilla, San Bernardo, tras descartar la idea inicial de hacer ahí la sede para una de sus consejerías.

En total serán 214 hogares de los que ni uno solo será una VPO –justo en plena polvareda por los precios que está alcanzando–, una operación que reportará a la Junta de Andalucía una importante cuantía económica cuando saque el solar a subasta. Pese a ello, insiste en que “no es un pelotazo” urbanístico porque estos fondos se destinarán a servicios públicos.

El paso previo es la recalificación urbanística de esta parcela, tramitación que inició hace meses la Consejería de Hacienda, propietaria de estos terrenos junto a la antigua estación de San Bernardo –también conocida como la de Cádiz– y a tiro de piedra de los Jardines de Murillo.

La iniciativa cuenta ya con el preceptivo informe ambiental positivo mientras se continúa con el estudio de ordenación, que persigue la obligatoria autorización del Ayuntamiento de Sevilla para este cambio de calificación de los suelos: de sistema general de equipamiento a uso residencial.

Para ello, el Ejecutivo andaluz ha presentado un proyecto de Actuación de Transformación Urbanística (ATU) de Mejora Urbana. Con ello, lo que se pretende hacer ver al consistorio (también con un gobierno del PP) es que el nuevo uso será “positivo” para el barrio, al pasar de un solar que lleva años abandonado a un conjunto residencial que rellenará este hueco urbano de la ciudad. Todo ello con el telón de fondo de un intenso debate político sobre la necesidad de construir más vivienda pública, una cuestión de la que el Gobierno de Juan Manuel Moreno está haciendo bandera.

La sede administrativa “no es necesaria”

Tal y como reza la documentación presentada, la Junta “ha desistido” de su idea inicial de construir ahí la sede de una de sus consejerías “por tener cubiertas sus necesidades de oficinas e instalaciones administrativas en otras edificaciones y no ser necesaria para la comunidad autónoma”. La parcela tiene la consideración de suelo urbano consolidado, de hecho es de los pocos espacios que quedan sin urbanizar en la zona.

El Gobierno andaluz se acoge a las facilidades que, para operaciones de este tipo, le confiere una de sus propias normas: la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), aprobada en 2021. El argumento que se esgrime es que la propuesta presentada impulsa “un modelo de ordenación compacta y de diversidad funcional que evite la dispersión urbana”, tal y como esgrime el avance del estudio de ordenación.

No hay precio de salida, pero a nadie se le escapa que un solar de 7.065 metros cuadrados en una de las zonas más golosas de la capital y con capacidad para levantar 214 pisos (con superficie media cada uno de 115 metros) se adjudicará en subasta por una cifra más que considerable. Esto ha llevado ya al PSOE municipal a denunciar el “pelotazo urbanístico” que se va a producir para beneficio de ayuntamiento y Junta, gracias a una recalificación que permitirá “construir viviendas de lujo con precios inalcanzables para los jóvenes sevillanos”.

Dinero para servicios públicos

Fuentes del Gobierno andaluz argumentan, por su parte, que “no es un pelotazo en ningún caso” porque “no se va a enriquecer nadie” y además el dinero que se obtenga de la venta del terreno “se destinará a colegios, hospitales, atención a la dependencia, carreteras, etc.”. Eso sí, se pasa de puntillas sobre la cuestión de la ausencia de VPO, algo que se echa al tejado del futuro promotor: “Es una decisión posterior dado que no son obligatorias por ley”, aunque existen pocas dudas sobre que todas serán de renta libre.

“La Junta de Andalucía gestiona su patrimonio en beneficio de los andaluces, y a los andaluces les interesa vender ese suelo”, que como solar sin uso “no resulta útil”. “Sólo se puede construir un edificio administrativo que la Junta no necesita ni a ningún promotor le interesa invertir en esas condiciones”, subrayan desde la Consejería de Hacienda, a la vez que se apostilla que “si el ayuntamiento le cambia el uso al solar lógicamente será más fácil venderlo” en subasta pública “como ha venido haciendo desde 2019 con los solares e inmuebles infrautilizados”.